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| Imagen de la primera exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil en Madrid en el Cementerio de Colmenar Viejo (Foto: William Criollo) |
Espera, paciencia y en muchos casos frustración es lo que en la mayoría de casos sienten los familiares de quienes esperan saber el paradero de los restos de sus familiares mal enterrados en fosas comunes en la región. Décadas y generaciones de aflicción que tras el largo silencio de dictadura, continúan aflorando para quienes ven como el peso del paso del tiempo se suma al de la tierra que cubre los cuerpos de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la posterior represión del régimen de Franco en la Comunidad de Madrid. La por ahora infructuosa búsqueda de los brigadistas internacionales en Montecarmelo ha supuesto un golpe para familias y entidades memorialistas que insisten en continuar y aumentar estas pesquisas al tiempo que apuntan a las otras fosas comunes pendientes de identificar, desenterrar y dignificar en otros puntos de la región. Una acción que requiere de unificar los distintos estudios y retomar las labores de búsqueda que quedaron inconclusas a raíz de la pandemia del Covid-19 y las reticencias de muchos municipios.
En el mapa de fosas comunes de la represión franquista que se extraen del plano elaborado por el Ministerio de Justicia en 2011, en la actualidad bajo la competencia del Ministerio Política Territorial y Memoria Democrática, se encuentran registrados 4.265 enterramientos, con un total de 57.911 víctimas contabilizadas. Se estima que casi 100.000 personas continúan desaparecidas a lo largo y ancho del país. De estas fosas registradas, 326 han sido exhumadas por completo, 899 no han sido intervenidas, 496 fueron trasladadas al Valle de los Caídos y no se especifica el estado de otras 2.263. Un panorama en el que la Comunidad de Madrid contrasta con el número de víctimas que recogen los datos ministeriales en la región que alcanzan las 12.112 personas. Si aumentamos el foco a las fronteras madrileñas, este mapa comienza a verter información más concreta, como la que señala el interés de las autoridades franquistas para desenterrar muchas de ellas para trasladarlas al Valle de los Caídos, que tras la aprobación de la Ley de Ley 20/2022, del 19 de octubre, de Memoria Democrática se denomina de manera oficial Valle de Cuelgamuros. Allí, según los datos de esta cartera ministerial, el monumento acoge a 33.847 víctimas de la guerra, de las cuales más de 12.000 no han sido identificadas. En 2003 se descubrió la presencia en las criptas de civiles republicanos ejecutados por las fuerzas franquistas, que fueron trasladados desde fosas comunes a partir de 1959 sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares, donde fueron trasladadas las 36 fosas que aparecen en el mapa oficial del ministerio, un documento que para entidades y familiares queda incompleta y no refleja la existencia de otras fosas sin identificar.
Entre las que no pueden encontrarse en los documentos oficiales del Ministerio figura la fosa en la que se encontraron los restos de más de 450 brigadistas internacionales en las inmediaciones del cementerio de Fuencarral, donde fueron enterrados durante la Guerra Civil y que, a final de la contienda, las nuevas autoridades franquistas desenterraron y desplazaron estos cuerpos a una fosa a las afueras del camposanto, tal y como se recogen en las actas del antiguo ayuntamiento de Fuencarral antes de su anexión a Madrid, que se encuentran en el Archivo de la Villa. Una sepultura que ha protagonizado un nuevo encontronazo entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la construcción de un futuro cantón en este enclave y las posibles implicaciones sobre este enterramiento tras los trabajos de excavación llevados a cabo por la entidad ArqueoAntro, contratada por el Ministerio y que no han hallado ningún resto óseo en la zona demarcada y autorizada por el Consistorio matritense. Tras la fallida búsqueda, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida criticó al Gobierno por “malgastar” dinero de los españoles para “hacerle oposición al Ayuntamiento”, aunque no se cerraba a autorizar futuras prospecciones en otras zonas. Este impás en la búsqueda de los restos de los brigadistas ha sido un jarro de agua fría para entidades y familiares, pero también supone un impulso para volver a reivindicar la necesidad de la ampliación de la búsqueda de los restos de sus familiares en otros puntos de la región.
Más de 3.000 fusilados y ningún resto exhumado
Cuando las floristerías se preparan para una de sus fechas de mayor carga de trabajo en la conmemoración del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, son muchas las familias que otro año más vuelven a no tener lugar para depositar ninguna ofrenda en recuerdo de sus familiares. En el caso de la capital, son cientos quienes llevan décadas recordando a los suyos sin saber si debajo de sus pies se pueden encontrar los restos de las casi 3.000 personas fusiladas en las tapias del Cementerio de la Almudena, cifras que el propio Consistorio concretó en 2018 cuando el Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena encargó al historiador Fernando Hénandez. Un estudio bajo el título ‘Listado de personas ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid’, establece en 2.934 el número de personas fusiladas o ejecutadas mediante garrote, sumando así 271 nombres a las 2.663 víctimas que se habían registrado previamente en el informe 'Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945)', publicado en 1997 por Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas.
Cifras que más allá del papel resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas que solo conocen el desgraciado final de sus vida, pero no el paradero de sus restos. Para Tomás Montero, representante de la asociación Memoria y Libertad, quedan todavía esperanzas para encontrar respuestas a las dudas con las que durante años han tenido que lidiar. Montero señala a Madridiario la ubicación de su última esperanza, un solar acotado por los responsables de la necrópolis donde se ubica un gran osario que nunca ha llegado a estudiarse “está tapado por una capa de hormigón y ahora sirve de vertedero”, se lamenta. Desde la entidad memorialista se quejan de la falta de implicación de las distintas instituciones para analizar los restos bajo esa losa: “Parece que a nadie le interesa saber qué hay allí debajo”, subraya a este medio, al tiempo que reclama “dignificar esta zona y que los restos reposen de una forma más honrada”. A final de mes y como acto reivindicativo para pedir la exhumación de este osario, desde Memoria y Libertad han organizado una actividad cultural para simbolizar el desentierro de los restos allí ubicados con la participación del artista plástico Miquel García, donde los familiares irán descubriendo los nombres de las víctimas fusiladas en el cementerio de la Almudena.
Entierros de cuarta y silencio a las familias
Tomás Montero relata el particular viacrucis de aquellas familias que llegaban a conocer el desgraciado final de sus seres queridos. La mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en Madrid capital entre los años 1939 y 1944 se realizaron mediante fusilamiento en las cercanías del cementerio de la Almudena. Como es sabido, los prisioneros varones provenientes de las cárceles de Madrid eran trasladados a Porlier, donde se les leía la diligencia de ejecución antes de ser entregados al pelotón, compuesto por militares o guardias civiles, un panorama en el que muchas familias desconocían los últimos días de estas víctimas, “a lo que hay que sumar el clima de miedo, si preguntabas mucho corrías el riesgo de terminar preso”, subraya Montero.
Todavía hay un osario que nunca se ha investigado
En camiones eran llevados al cementerio, cruzando el puente de Ventas hasta el muro sur. Tras ser fusilados y confirmada su muerte con el tiro de gracia ejecutado por el jefe del pelotón, los cuerpos eran llevados al depósito del cementerio, donde se colocaban en ataúdes de muy baja calidad. Tras la ejecución, un oficial del cuerpo de Sanidad Militar firmaba el certificado de defunción, el cual era enviado por el Juzgado Militar de Ejecutorias al Registro Civil. En general, el mismo día de la ejecución, las autoridades del cementerio completaban y firmaban una orden de inhumación para una sepulturas conocidas como de caridad, lo que implicaba que eran gratuitas. Pasados 10 años del entierro en estas sepulturas y salvo que los familiares solicitaron un cambio a otra sepultura, como una temporal de tercera clase, los cuerpos eran exhumados y trasladados al osario o fosa común “no eran notificados, si las familias se enteraban era por insistencia o mera coincidencia”, señala Montero a este medio.
Un atlas de las víctimas en Cuelgamuros accesible a final de año
Entre las iniciativas que buscan rescatar la memoria de las víctimas del franquismo exhumadas sin conocimiento de sus familias y llevadas a Cuelgamuros surge tras un intenso trabajo de documentación e investigación el Atlas de la Desaparición, donde se recopilarán las historias de las familias que llevan años buscando a sus familiares así como las ubicaciones exactas de las foss desenterradas. Óscar Hernández, que forma parte del equipo que impulsa este proyecto, la Oficina de Investigación Documental, que desde su inicio recibió el apoyo Medialab - Matadero, apunta que esta labor podrá ser accesible al conjunto de los interesados a final del año cuando, a través de una web, se podrá buscar el nombre de las víctimas y conocer su historia: “Aunamos investigaciones anteriores y nuevas, con los testimonios de más de 60 familias de víctimas”, apunta Hernández a este medio.
Una tarea en la que se han introducido en los archivos del antiguo Valle de los Caídos y los registros de entrada de las inhumaciones que allí eran llevadas por las autoridades del régimen. En el proyecto ha trabajado Manuel Correa, artista y cineasta colombiano radicado en Madrid, que en su país natal participó en iniciativas para explorar la memoria y la reconstrucción posconflicto en este país latinoamericano.
Un informe elaborado y un trabajo inconcluso
Un mapa completo y real con el número de fosas y su estado actual es lo que vienen reivindicando entidades y familiares, que se remiten a un informe realizado por la ArqueoAntro el pasado 2022 en el que aumentaban la cifra de fosas en la región de 54 a 322. Para Javier Iglesias, antropólogo de esta entidad, el trabajo de investigación en la región se enfrenta a varios condicionantes: “No hay Ley de memoria democrática ni otra norma que proteja esos lugares”, señala a este medio, inconveniente al que suma además la complejidad para acceder a muchos de los archivos “en algunos ni nos respondían”, sentencia. Un informe que identificó estas 322 fosas en la Comunidad de Madrid, donde se estima que yacen al menos 15.906 personas. De acuerdo con los datos preliminares del mapa, 215 de estas fosas corresponden a la retaguardia republicana, seis a la retaguardia franquista, siete al periodo de posguerra y 62 están asociadas al frente de batalla.
Otra de las herramientas que utilizaron fue otra fuente de información: la Causa General del franquismo, el proceso judicial fue instaurado en 1940 por las autoridades franquistas con el fin de investigar "los crímenes cometidos en todo el país durante la dominación roja". Según Martín, la Causa General "es una valiosa fuente de información", aunque señala que es "completamente parcial", ya que el régimen dictatorial solo reconocía a las víctimas de su propio bando, “pidieron información a todos los ayuntamientos de la región que nos sirvió para hacer una primera criba”, aunque advierte que en los lugares donde sucedieron las batallas, “donde hubo un frente había fosas y entre las trincheras seguramente queden cuerpos sin identificar”. Un trabajo que para la entidad arqueológica se ha visto frenado por trabas y dificultades” puestas por los municipios de la región. Una labor que queda parada por la falta de subvenciones y la espera, una vez más, de las familias de estas víctimas .
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