Buenos Aires, 15 de diciembre de 1983. Solo han pasado cinco días desde su llegada a la Casa Rosada. Pero Raúl Alfonsín tiene claro que el pueblo argentino exige verdad y justicia tras siete años de cruenta dictadura. Por eso, ese mismo jueves dicta dos decretos. El primero, pone en marcha la maquinaria para juzgar a los integrantes de las llamadas Juntas Militares. Y el segundo, constituye la llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). "Sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional", diría Alfonsín meses más tarde. Es una Comisión de la Verdad pionera. Una fórmula que luego se exportaría a lo largo y ancho del planeta. Y que se acaba de articular también en nuestro país.
La puesta en marcha de este órgano dentro de nuestras fronteras llega medio siglo después del fin de la dictadura. Y en medio de una ola reaccionaria que ha normalizado el uso de discursos autoritarios o laudatorios de un pasado sangriento. En Argentina, en Chile o en España. La conocida técnicamente como Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura nace al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática como una "forma de favorecer la convivencia". Lo hace con una misión perfectamente definida, que pasa por escuchar, recopilar, analizar y recomendar para que lo ocurrido en nuestro país durante casi cuatro décadas no "vuelva a repetirse en el futuro".
La primera piedra se colocó hace un año con la activación del Consejo de Memoria. En un primer momento, estaba previsto que este órgano pusiera en marcha la Comisión de la Verdad el pasado verano. Pero la constitución no ha sido una realidad hasta esta semana, cuando se han designado a sus diez integrantes. Al frente, el exmagistrado Baltasar Garzón. Junto a él, otros historiadores, juristas o politólogos: Helen Duffy, Julián Casanova, Araceli Manjón, Manuel de la Rocha, Alejandra Vicente, Silvina Romano, Cristina Monge, Sebastián Martín y Francisco Erice. Además, otro grupo acompañará a los primeros, sobre todo, en las subcomisiones previstas. Todos han sido elegidos por mayoría de tres quintos del Consejo, cuyos vocales son designados, a su vez, por el Gobierno.
España se suma así a la lista de Estados que han apostado por estos mecanismos de carácter extrajudicial tras dictaduras o conflictos armados. Más de una treintena de países a lo largo y ancho del planeta, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional. En Argentina, la Conadep, que presidió el escritor Ernesto Sabato y cuya composición decidieron entre el Ejecutivo y el Congreso. En Chile, justo tras la dictadura, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que encabezó el exsenador y abogado Raúl Rettig y cuyos miembros fueron designados por el presidente Patricio Aylwin. Mismo nombre que se usó en Sudáfrica para investigar, bajo el liderazgo del Arzobispo Desmond Tutu, el apartheid. O en Brasil para estudiar las violaciones de derechos humanos en la dictadura.
Año y medio de plazo
La Comisión de la Verdad española aún no tiene ni un plan de trabajo ni un calendario de sesiones cerrado. Sí se sabe que para estructurar su trabajo se han definido distintos ejes temáticos –desde la violencia y las desapariciones hasta el funcionamiento del sistema represivo, las violencias de género, el exilio, la represión económica y cultural o las consecuencias actuales de la dictadura–. También, que se llevará a cabo un estudio en torno al Patronato de Protección a la Mujer, donde fueron internadas y torturadas miles de mujeres. Una completa investigación que debe estar lista, como máximo, en dieciocho meses. Año y medio para recopilar testimonios o documentación y elaborar un informe final de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas.
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Un plazo que, además, se puede ver ligeramente reducido si en las próximas generales se produce un cambio de Gobierno. Pero que en otras experiencias a nivel internacional ha sido suficiente para completar la tarea encomendada. La Conedep argentina, por ejemplo, dedicó menos de un año a buscar supervivientes, hablar con familiares de desaparecidos o identificar los edificios utilizados como centros clandestinos. Se revisaron registros policiales, se visitaron morgues o se interrogó a miembros de las Fuerzas Armadas. Y se elaboró un exhaustivo informe, titulado Nunca más, en el que se identificaron 8.960 desaparecidos y 340 centros clandestinos y que se convirtió en una pieza clave en el juicio a las Juntas Militares –un proceso judicial al que nunca se ha llegado en nuestro país–.
Los chilenos, por su parte, concluyeron el trabajo en nueve meses. En febrero de 1991, el documento final ya estaba sobre la mesa del presidente Aylwin, quien, tras leer los seis tomos, pidió perdón en una emotiva alocución televisiva: "Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la república, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo".
El llamado Informe Rettig abordaba la violencia vivida desde un punto de vista amplio. Primero, realizando un completo dibujo de la normativa nacional e internacional. Segundo, haciendo una exhaustiva fotografía histórica que ponía de relieve la polarización de la sociedad chilena a comienzos de los setenta. Y tercero, analizando en profundidad las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por agentes del Estado como por grupos opositores que apostaban por la lucha armada. Para su elaboración, se realizó un amplio proceso de escucha que llevó incluso a alguno de los miembros de la comisión a viajar al extranjero para recopilar testimonios. La información aportada en aquel documento también sirvió, como en Argentina, para investigaciones judiciales.
