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Mar Ramírez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos
El próximo 1 de noviembre todos tenemos a alguien a quien recordar. Pero en pleno siglo XXI, y cuando han pasado 37 años de la publicación de nuestra Carta Magna, que llevaba a España a un sistema político democrático después de 36 años de dictadura franquista, muchas familias en España no tienen un lugar digno en el que visitar, rezar, hablar… con sus seres queridos fallecidos.
Estas familias perdieron a los suyos “simplemente” por ser defensores de la libertad y la democracia de la Segunda República Española. Gente humilde, campesinos, trabajadores, sindicalistas, intelectuales, funcionarios, profesores, cargos públicos, madres de familia,… fueron objeto de una de las máximas de Franco y sus golpistas: la eliminación sistemática del adversario político. Sin juicios, o con juicios militares sumarísimos sin garantías. Burgos fue una de las provincias con las que más se cebó el terror franquista y donde más víctimas causó, y fue además una provincia en la que no hubo frentes de batalla.
La recuperación de la Memoria Histórica o lo que es lo mismo, la recuperación y el reconocimiento de la brutalidad franquista y sus crímenes, es una asignatura pendiente desde el restablecimiento de la democracia tras la muerte del dictador.
Desde finales de los años setenta, a título privado y sin ninguna cobertura legal, el Partido Socialista de Burgos levantó el monolito de La Pedraja, una de las mayores fosas conocidas en la provincia, y un sencillo monumento en Estépar, sufragado por suscripción de los propios militantes socialistas de Burgos.
Y otros muchos, en silencio y a escondidas, llevaban flores y lloraban a sus víctimas en cunetas y en fosas sin nombres.
La política ha llevado un ritmo diferente a las actuaciones de la sociedad civil, que ya desde los ’80 venía trabajando por recuperar a las víctimas, no en privado, sino con un pleno reconocimiento jurídico: ejemplos destacados son la Asociación de Amigos de Caídos por la Libertad de Murcia, la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia, la Asociación de Brigadistas o la Asociación de ex presos políticos de Cataluña.
Sin embargo, no será hasta el año 2000 cuando eclosionen de forma generalizada las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica, en todas y cada una de las provincias del territorio español. Es en estos momentos, más en concreto en el año 2002, cuando nace la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, formada fundamentalmente por familiares de las víctimas, así como por voluntarios e historiadores burgaleses.
A partir de estos momentos, consciente de esta demanda social, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero inicia en el año 2005 una serie de medidas legislativas que sin ser una solución definitiva encaminaban por primera vez la cuestión: reconocimiento de pensiones a los “niños de la guerra” a comienzos de 2005, retirada de estatuas y símbolos franquistas y la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, hasta culminar en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Asimismo, en 2008 se abre la Oficina de Atención a las Víctimas.
El Partido Popular, a su llegada al gobierno en 2011, deja sin efecto la ley antes mencionada, cierra la Oficina de Atención a Víctimas y suprime las subvenciones que aquella contemplaba para recuperar los restos de los asesinados durante la guerra y la posterior dictadura.
Los movimientos del Partido Popular y su permanente rechazo a cualquier posibilidad de reparación a las víctimas no han hecho mella en las asociaciones, que han continuado recuperando a los asesinados con sus propias aportaciones.
En Burgos, se han recuperado más de 1.000 asesinados en un total aproximado de 30 fosas, entre las que son de destacar la de Villamayor de los Montes, con 46 asesinados; la Andaya, con cuatro fosas y 85 personas; o el monte Castaján, la Lobera, Caleruega, Covarrubias, La Horra, Olmedillo de Roa, Sedano, Vadocondes, Valdenoceda, Villanueva de Odra, Villasana de Mena, Miranda, Carcedo de Bureba, Covanera, y en los últimos dos años, Estépar (con 104 víctimas) y La Pedraja, con más de un centenar de asesinados.
Los historiadores burgaleses estiman en más de 3.000 personas el número de republicanos asesinados, siendo conscientes de que es muy probable que no se pueda recuperar el 40% de ese total (Luis Castro, José Rilova, Departamento de Antropología Social de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos). A esto hay que añadir que Burgos fue una de las provincias en las que más fosas se reabrieron por el Franquismo, para trasladar restos sin consentimiento de sus familiares al Valle de los Caídos.
Burgos vivió y vive una trayectoria muy compleja en lo que a la recuperación de la Memoria Histórica se refiere. No sólo porque fue “Capital de la Cruzada”, sino porque como consecuencia de todo esto los sucesores de los vencedores viven empeñados en homenajearles, como ha sucedido recientemente con la Fundación Juan Yagüe. Tras un intento fallido por la intervención de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos en la legislatura de 2011 a 2015, la Fundación Yagüe ha llevado a cabo, con el legítimo pretexto de homenajear “a las víctimas del terrorismo”, un acto de exaltación a la figura del conocido históricamente como el “carnicero de Badajoz” (Julián Casanova, Mirta Nuñez, Santos Juliá, Vicent Navarro, Paul Preston,…), el general falangista Juan Yagüe. En ambos casos la Fundación Yagüe ha contado con el apoyo del equipo de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Burgos para utilizar dependencias de titularidad municipal.
Sin embargo, la demanda de la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Historica de Burgos, vehiculada a través del actual grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, de ser recibida por el Alcalde de Burgos, sigue sin recibir respuesta.
Las asociaciones de víctimas demandan más contundencia política para obtener el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo. Su finalidad es la Verdad, la Justicia y la Reparación, así como el reconocimiento de la ilegitimidad del golpe de Estado de 1936 y el carácter exterminador de la dictadura.
Mark Twain decía “la Historia no se repite, pero a veces rima”.
La urgencia de atender la cuestión en estas líneas planteada por parte del poder político adquiere una cierta esperanza en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. El partido socialista se ha comprometido a implementar nuevamente la Ley de Memoria Histórica.
El tiempo pasa y la impunidad permanece. Los familiares directos están falleciendo por ley de vida. Y su derecho a encontrar a los suyos, honrarles y enterrarles dignamente no puede demorarse más.
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