dissabte, 25 d’agost del 2018

Una investigación analiza el sistema los trabajos forzados de los cautivos del franquismo

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El historiador Juan Carlos García-Funes localiza, cuantifica y describe los trabajos organizados desde los campos de concentración franquistas
Pamplona/Iruña, 21 de agosto de 2018
Los batallones de trabajo forzado organizados por los sublevados en la Guerra Civil y la posguerra (1937-1945) se convirtieron en “el mayor sistema de trabajos en cautividad de la España contemporánea”. Estos batallones nacieron para derivar parte del ingente número de prisioneros que desbordaban los depósitos y campos de concentración, escogiendo a aquellos cuya desafección a la sublevación militar quedó demostrada o era dudosa. Llegaron a incorporar a decenas de miles de personas (en 1939, rozaron los 100.000), según se recoge en la tesis doctoral defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por el historiador Juan Carlos García-Funes (Segovia, 1986). Entre ellos, no solo hubo prisioneros de la Guerra Civil, dado que, una vez terminada la contienda, también se incorporó a esta forma de explotación a jóvenes (también clasificados como “desafectos”, ahora al nuevo régimen) que debían realizar el servicio militar y a parte de los sancionados por la Fiscalía de Tasas, que perseguía el estraperlo.
En la investigación, dirigida por los profesores del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación Emilio Majuelo Gil y Fernando Mendiola Gonzalo, el historiador ha abordado el trabajo forzado en el sistema de campos de concentración desde la creación en 1937 de su principal institución impulsora (la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra) hasta su progresiva disolución durante la primera mitad de la década de los 40, reparando en su organización, localización, aspectos económicos y vivencias de los prisioneros.
Aunque queda pendiente el complejo reto de conocer el número total de personas afectadas por el sistema de trabajos forzados, la tesis aporta los volúmenes mensuales de mano de obra entre 1937 y 1945. Así, a comienzos de 1939, cerca de 250.000 cautivos estaban encerrados en campos de concentración (alrededor de 100.000 de ellos, derivados al trabajo forzado). El número de cautivos trabajadores no descendió de los 30.000 hasta 1942 y se mantuvo en cifras cercanas a los 50.000 hasta esa fecha. El investigador ha rastreado la existencia de, al menos, 291 batallones de trabajo forzado, a los que se suman decenas de unidades que, sin la estructura de batallón, cumplieron funciones muy diversas durante la guerra, a disposición de los diferentes cuerpos del Ejército, regimientos, comandancias militares y otras entidades castrenses, así como fábricas militares y militarizadas.
TRABAJOS MILITARES Y CIVILES.
Los trabajos forzados iban orientados, en unos casos, a las necesidades logísticas estrictamente bélicas (fortificaciones, apertura de trincheras, recuperación de material, intendencia…); en otros casos, cumplían necesidades militares (carreteras, puentes…) y, una vez acabada la guerra, quedaron para uso civil, o directamente fueron “trabajos civiles” (labores agrícolas, repoblaciones, pantanos…).
El Estado resultó el gran beneficiado de este sistema de trabajo, dado que el Ejército fue uno de los grandes empleadores, seguido de las autoridades civiles y, en menor medida, las empresas, eclesiásticos y particulares. Al tratarse de un recurso limitado, no se prestaba de forma ligera, ni mucho menos gratuita, y correspondía a Francisco Franco, desde el Cuartel General del Generalísimo, la decisión última sobre dónde serían empleados los cautivos y bajo qué condiciones. “Las autoridades civiles, particulares, empresas y eclesiásticos debían pagar al Estado por el uso de los cautivos, además de darles techo y vigilarlos. No obstante, se beneficiaban porque obtenían mano de obra —entonces escasa— más barata, experimentada, disciplinada y profesionales con oficio”, explica García-Funes.
La tesis, calificada con sobresaliente “cum laude”, también ha ahondado en la experiencia subjetiva del trabajo forzado a través de las memorias y autobiografías de quienes experimentaron este tipo de explotación. En ellas, García-Funes ha encontrado testimonios sobre la corrupción, los castigos físicos y psicológicos, las relaciones con la población civil y la situación de los cautivos, “obligados a trabajar largas jornadas en condiciones climáticas y humanas que algunos ni siquiera habían vivido durante la guerra, en las que la humedad, el frío, los accidentes, las enfermedades o las agresiones físicas iban afectando a sus cuerpos”.
BREVE CURRÍCULUM
Juan Carlos García-Funes se licenció en Historia en 2010 en la Universidad Complutense (UCM) y cursó el Máster Interuniversitario en Investigación en Historia Contemporánea en la UCM y la Universidad de Zaragoza (2011-2012), antes de doctorarse en la UPNA, donde, entre 2012 y 2015, ha sido investigador en el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra.
Sus líneas de investigación se relacionan con la violencia franquista durante la Guerra Civil y el primer franquismo, y con el catolicismo social y su vertiente propagandística. Pertenece al Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas y al Aula de Historia Social de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor del libro “A recoger bombas: batallones de trabajo forzado en Castilla y León (1937-1942)”.
Ha participado en el proyecto “Tras las rejas franquistas” (libro documental y exposición del Foro por la Memoria de Segovia 2008), así como en otras exposiciones de carácter divulgativo sobre la violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (“La dictadura de Franco: cuarenta años de represión” y “España en guerra: violencia en las retaguardias”).

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