El tribunal ha suspendido la vigencia y aplicación de la derogación
El TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Sánchez
Varapalo del Tribual Constitucional al Gobierno aragónes del popular Jorge Azón, que comparte con la ultraderecha de Vox, ya que el Tribunal de Garantías ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la derogación de la ley de memoria democrática que acordó el Ejecutivo de Aragón.
Debido a que la impugnación de Pedro Sánchez invocaba el artículo 161.2 de la Constitución, el tribunal ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma impugnada, desde la fecha de interposición del recurso por parte del líder del Ejecutivo, que fue el pasado 29 de mayo, lo que se traduce que la ley de memoria democrática seguirá todavía en vigor en Aragón hasta que el órgano de de garantías resuelva el recurso.
En su demanda, el presidente Sánchez alegaba que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, que protegen la dignidad de la persona y el derecho a la vida y a la integridad física y moral por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas. Además, también sostiene que la nroma llegar a invadir competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 de la Constitución.
Torres espera que se declara inconstitucional
Tras esta decisión, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que espera que el Tribunal Constitucional declare ahora inconstitucional la Ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, una vez que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
En declaraciones a los medios, Torres ha invitado además a la "reflexión" al Ejecutivo presidido por Jorge Azcón (PP) que, según ha dicho, "no quiso" sentarse con el Gobierno "para llegar a un acuerdo" antes de que el Gobierno presentara el recurso al TC.
Según ha remarcado, con la derogación de la ley de Memoria democrática se "dificulta" a las asociaciones de memoria histórica el "poder acceder a las subvenciones"; "no da publicidad de las exhumaciones"; y "no trabaja con la Justicia con la reparación y la verdad".
Por último, el ministro ha lamentado que los presidentes autonómicos del PP aprueben leyes "obligados" por su socio de gobierno, Vox, con normas que "son capaces de eliminar de sus leyes anteriores la condena al franquismo". "Una lástima porque la dictadura, el totalitarismo y el franquismo deben ser condenados por cualquier demócrata", ha recalado.
La denuncia que impulsó el Gobierno
Fue a principios del pasado mes de abril cuando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que el Ejecutivo impugnaría ante el Tribunal Constitucional la ley con la que el gobierno autonómico aragonés había derogado la ley de memoria democrática, lo que para el ministro supuso que era "hacer apología del franquismo". La misma actuación se reproduciría contra las leyes de otros Ejecutivos autonómicos de PP y Vox, como los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Torres anunció que se sentaría a dialogar con las autoridades autonómicas aragonesas, pero su ofrecimiento cayó en saco roto. El vicepresidente aragonés y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, le respondió en una rueda de prensa: Podemos hablar de lo que quiera desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o dar un paso atrás ni quitar un ápice de lo que hemos hecho". Nolasco calificó de hecho la ley de memoria democrática del Ejecutivo estatal como "sectaria y liberticida".
El Gobierno central no solo vio una dimensión nacional de esta batalla. Según el ministro Torres, los protectos de Vox y PP chocaban con el espíritu de las recomendaciones de la ONU y legislaciones internacionales por cuanto olvida, por ejemplo, a los expatriados que acabaron en campos de concentración nazis y elude la obligación de las administraciones de procurar verdad, reparación y garantía de no repetición a las víctimas de desapariciones forzadas.
En opinión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en Aragón la ley aprobada atacaba al "derecho internacional" y retiraba "cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria".
Por parte del Partido Socialista, su portavoz Esther Peña, denunció una "estrategia concertada" para "tirar todo lo avanzado juntos". También lamentó públicamente "el negacionismo y el revisionismo que blanquea la dictadura, niega la existencia de un golpe de Estado como inicio de la Guerra Civil e impide que se conozca la verdad de lo sucedido".
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