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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno está en proceso de elaboración de un Real Decreto para poner en marcha un catálogo detallado de símbolos de la sublevación y la dictadura franquista que las administraciones públicas y otras instituciones estarán obligadas a eliminar. Se trata de una previsión contenida en la Ley de Memoria Democrática, que en su artículo 36 mandata a la Administración General del Estado a confeccionar este inventario de elementos “contrarios a la memoria democrática”, como los califica el texto.
El decreto, que pretende poner fin a la falta de detalle de la norma marco, tiene por objetivos “concretar y definir con precisión el contenido del catálogo” y “precisar plazos y trámites” de cara a garantizar “eficacia y seguridad jurídica” en la aplicación de la medida, tal y como estipula el Gobierno en el texto de la consulta pública que acaba de cerrarse, un proceso en el que ciudadanos y otras administraciones han podido plantear sugerencias.
“Este catálogo es un instrumento esencial para la retirada de aquellos elementos que, de acuerdo con la ley, se consideren contrarios a la Memoria Democrática y facilita las obligaciones de quienes están llamados a retirarlos”, expone el ministerio a la hora de justificar el desarrollo vía decreto.
Así, el Real Decreto pretende regular los procedimientos a seguir para la retirada de símbolos y es el primer paso para la posterior elaboración del catálogo, que se hará “en colaboración con el resto de administraciones públicas”. Fuentes del departamento dirigido por Ángel Víctor Torres explican que en el listado figurarán aquellos símbolos que remitan las comunidades o ayuntamientos y también podrán incluirse los solicitados por asociaciones o víctimas de la dictadura: “Todo ello será visto y revisado por una comisión técnica de expertos y expertas” para pasar, en su caso, al catálogo, especifican las mismas fuentes, que añaden que si “se considera” que falta algún elemento “se incluirá de oficio”.
A pesar de que a la luz de la anterior ley de memoria, de 2007, ya se retiró mucha simbología de las calles, la realidad es que sigue habiendo vestigios franquistas que aún permanecen. Y la voluntad del Gobierno es eliminarlos. Para ello, la nueva norma va más allá y no solo prevé detallar qué elementos hay que retirar mediante el catálogo, sino que establece un procedimiento para obligar a administraciones, entidades o instituciones a hacerlo en caso de que se nieguen, algo que también puede aplicarse, por ejemplo, a un ayuntamiento que rechace voluntariamente eliminar un símbolo, aclaran fuentes del ministerio.
En ese caso, la administración puede “incoar de oficio” el procedimiento de retirada dando trámite de audiencia “a las personas interesadas” y comunicando la resolución en un plazo máximo de seis meses. Si la resolución acuerda la eliminación del elemento, deberá cumplirse en tres meses, estipula la ley, que reserva la posibilidad de “imponer multas coercitivas”, hasta diez sucesivas por periodo de un mes de entre 200 y 1.000 euros (es decir, de entre 200 y 10.000 euros). Además, la norma considera “infracción grave” con sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros el incumplimiento de las resoluciones cuando los símbolos “entrañen descrédito, menosprecio o humillación” de las víctimas.
La simbología que pervive
La ley, que entró en vigor en octubre de 2022, considera “elementos contrarios a la memoria democrática” edificios, construcciones, escudos, insignias, placas o cualquier otro elemento u objeto adosado o situado en la vía pública en la que queden reflejadas exaltaciones conmemorativas de las sublevación militar y la dictadura, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que la sustentaron”, así como unidades civiles y militares que colaboraron con el Eje Alemania-Italia-Japón en la II Guerra Mundial.
Expresamente, la norma hace también referencia a topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos. Y, en general, establece su retirada tanto si están en el espacio público como si están ubicados en edificios de carácter privado o religioso “pero con proyección al espacio o uso público”. También contempla la excepción de aquellos símbolos que son “de estricto recuerdo privado” o cuando concurran razones artísticas.
La ley busca acabar con cualquier rastro de simbología franquista y que, aún no haya sido retirada o intervenida –una posibilidad que ocurre en contadísimas ocasiones–. Porque todavía perviven en España elementos que exaltan la dictadura, sobre todo en forma de placas en viviendas, pero también en nombres de calles, inscripciones o escudos. Son 6.000, según el proyecto DeberiaDesaparecer, puesto en marcha por la Fundación Jesús Pereda de CCOO, que localiza en un mapa los puntos exactos en los que se encuentran en base a las recopilaciones de las administraciones locales o asociaciones memorialistas, investigaciones especializadas y medios de comunicación.
Aunque la mayoría de la simbología identificada se refiere a las típicas placas del Instituto Nacional de Vivienda con el yugo y las flechas, también hay cruces y lápidas “a los caídos”, escudos del águila y unas 600 calles. Ahí se lleva la palma San Pedro del Pinatar (Murcia), el pueblo de España con más nombres relacionados con la sublevación en su callejero, con once. Además, siete pueblos, entre ellos Alberche del Caudillo, en Toledo, o Alcocero de Mola (Burgos), se resisten aún a cambiar sus topónimos franquistas.
De mucha más envergadura son los monumentos como el Monumento a los Caídos de Pamplona, el segundo mayor del país tras el Valle de Cuelgamuros y actualmente inmerso en un debate sobre qué hacer con él, o el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, que la justicia ha obligado a declarar Bien de Interés Cultural (BIC). En ese momento, el ministro Torres ya apuntó a que “no caben” símbolos franquistas en las calles y se mostró partidario de “eliminarlos” o incluso “resignificarlos” en el caso de que tengan valor artístico o histórico.
El ejemplo de Santander
Uno de los casos más señeros en el incumplimiento de la ley es el de Santander, que va camino de dos décadas de mantenimiento en el callejero de nombres asociados al franquismo.
Esto queda puesto de relieve por una situación excepcional ocurrida estos meses. La reforma de la antigua sede del Banco de España, en la capital de Cantabria, ha conllevado un hecho que no ha trascendido en el ámbito local pero que tiene relevancia por su trasfondo político y por constituir una excepción en un Ayuntamiento que durante los últimos tres lustros no ha cumplido la obligación por ley de retirar la simbología franquista de calles y edificios.
Se trata de la gran vidriera cenital, con el águila del escudo franquista, que presidía el patio de operaciones del Banco de España cuando tenía abiertas sus puertas. Ahora que ha sido 'vaciado' para acometer la adaptación del espacio como futura sede asociada del Museo Nacional Reina Sofía, ha sido desmontada y debidamente recogida para su conservación.
El Ayuntamiento de Santander no ha indicado en qué lugar se encuentra guardada una vidriera por cuyo futuro se ha mostrado siempre preocupada la extrema derecha santanderina, al igual que PP y Ciudadanos, quienes se interesaron en el pasado por el “valor artístico” de aquella.
La ironía de la situación se debe a que prácticamente es el único movimiento que ha hecho el Ayuntamiento de Santander en los últimos años, no tanto por cumplimiento de la legislación de Memoria Histórica, sino por la dinámica de las necesidades de las obras que se acometen para el futuro museo donde se ubicará el Archivo Lafuente.
Para salir del impasse producido por la falta de iniciativa de algunas administraciones, como la de Santander, a la hora de cumplir la ley, es precisamente por lo que el Estado está terminando de elaborar un decreto que dejará claro y con detalles a municipios, gobiernos autonómicos y diputaciones qué símbolos vinculados con la sublevación franquista y la dictadura hay que retirar y cuál es el procedimiento a seguir.
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