Que durante la Guerra Civil hubo víctimas mortales tanto de los sublevados como de los republicanos es un hecho irrefutable. Sin embargo, no todas siguieron después el mismo camino. Unas, ensalzadas como mártires de la contienda, fueron honradas en todos los rincones del país durante 40 años y sus cuerpos fueron buscados y dignificados desde el principio. Las otras, sin embargo, víctimas consideradas enemigas de la Nueva España, fueron relegadas al ostracismo y al silencio y sus huesos aún hoy se buscan en cunetas.
Poco se ha sabido hasta ahora de la gestión que Franco hizo de sus muertos, un proceso “legal, forense e ideológico” al que se acerca la historiadora y antropóloga forense Miriam Saqqa Carazo en el recién publicado Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), en lo que constituye la primera investigación histórica sobre este fenómeno. Asegura la experta que nunca después se ha desarrollado “un proyecto de intervención estatal de igual magnitud”, tampoco para los represaliados por la dictadura.
Su principal revelación no es solo que estas prácticas se dieran únicamente para una parte de las víctimas, construyendo una memoria histórica “sesgada y excluyente”, sino que tras la recuperación física de los cuerpos latía un trasfondo político e ideológico: “La dictadura organizó este procedimiento judicial y forense para convertir a sus víctimas en mártires y caídos, que en su relato se sacrifican por esa nación que pretenden sustentar. Su interés era construir una narrativa nacional a través de estos cuerpos y de sus exhumaciones y tener una justificación propagandística de su represión”, explica Saqqa.
La investigación estudia las exhumaciones que se produjeron del lado de los vencedores entre 1936 y 1951, un periodo temporal en el que la experta, consciente de que no son todos, ha identificado 177 procesos –116 en Madrid– y 3.518 cadáveres recuperados. Los trabajos se realizaron ya incluso desde el primer año de guerra. A medida que el ejército sublevado avanzaba terreno y ocupaba territorios, se iniciaba la búsqueda de las consideradas “víctimas de las hordas marxistas”, como las denominaron en varias de las disposiciones publicadas en el BOE en aquellos primeros momentos.
Ideal de víctima
Ya en octubre de 1936, una orden firmada por Franco dictaba una serie de “normas para el traslado de cadáveres de los muertos en campaña” y especificaba que el objetivo era “dar el máximo de facilidades” a la reubicación “de quienes dieron su vida por la Patria”. Comenzaba así la construcción de ese ideal de víctima, formada por “militares, civiles y religiosos” que las fuerzas nacionales “vinculaban o asignaban a la categoría política e ideológica afín” y que excluyó siempre a las víctimas de la violencia sublevada, expone Saqqa.
De entre todos, algunos eran “caídos ilustres”, entre los que destaca José Antonio Primo de Rivera. El fundador de Falange fue el mártir por excelencia, cuyos restos fueron trasladados de Alicante a El Escorial en 1939 en un cortejo fúnebre a pie que se prolongaría durante diez días en los que los falangistas llevaban su féretro a hombros. Fue este el paradigma de los actos políticos de homenaje, mucho menos ambiciosos, con los que solían culminar las exhumaciones, a los que asistían representantes políticos y religiosos.
La inauguración de los habituales monumentos “a los caídos” que aún permanecen en muchos pueblos, las pequeñas inscripciones en iglesias o cementerios o la conversión de las fosas en “lugares sagrados” hasta que fueran exhumadas fueron algunas de las acciones legislativas que impulsaron los franquistas. Además, se promovió la inscripción de las víctimas –de nuevo, solo de unas– en los registros civiles con técnicas dudosas, que llevaron a que hubiera casos de personas calificadas como “desconocidas” pero aún así registradas como víctimas “de la barbarie roja”.
Implicación de todo el Estado
En la práctica, durante los años de Guerra Civil convivieron las exhumaciones llevadas a cabo por familiares, ayuntamientos y agentes locales con la búsqueda de cuerpos que impulsó la justicia militar franquista, pero fue a partir de 1940, una vez proclamada la victoria sublevada, cuando el proceso se extendió a todo el territorio, se institucionalizó y judicializó. Se hizo a través de la Causa General (CG), un proceso de investigación impulsado por el franquismo para depurar, fijaba literalmente su preámbulo, “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”.
El proyecto, al que los historiadores le han atribuido un carácter eminentemente propagandístico con el objetivo de justificar el golpe de Estado de 1936 y achacar al enemigo “una violencia desmedida”, no solo dio lugar a numerosos juicios y acciones represivas, sino que “monopolizó” la localización de fosas y exhumaciones de las víctimas sublevadas. “Dará plenas facultades a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se encargará de dictar las instrucciones al resto de fiscales de las provincias. Lo que les interesa es obtener información de víctimas y supuestos culpables, para lo que usarán diferentes técnicas”, explica Saqqa.
En ello se implicó todo el Estado: desde los ayuntamientos, que debían remitir los datos de los que constaran como fallecidos, a la Iglesia, la Guardia Civil, el Ejército o incluso Falange. Estos fueron “los principales remisores” de información a la Causa General, en cuyo archivo ha buceado la investigadora. Esa información, que “serviría de base para la apertura de expedientes de exhumación”, sería en muchas ocasiones obtenida a través de interrogatorios a familiares, vecinos y también a detenidos a través de la tortura, lo que convertía a estos agentes también en “represores”.
Las exhumaciones se llevaban a cabo de oficio por la propia Causa General o a instancias de entidades religiosas o de familiares, que tuvieron “un papel muy activo” durante el proceso, tanto en las identificaciones como en la recuperación de los cuerpos. Algunos se organizaron en asociaciones, que tuvieron “un peso político relevante” debido “a su carga ideológica”.
Por ejemplo, la Hermandad de madres y familiares de Héroes caídos en el Cuartel de la Montaña, en Madrid, pidió directamente en 1944 su exhumación para trasladarles a la sepultura construida por la asociación en el cementerio de la Almudena, algo que se reprodujo en muchos camposantos españoles, que fueron contando con lugares especiales de enterramiento para los vencedores. Los trabajos del Cuartel de la Montaña duraron ocho días y las cifras sobre los cuerpos recuperados varían entre fuentes: la CG habla de 170, de los que solo diez fueron identificados. Aún así, todos fueron reinhumados en el nuevo mausoleo.
Hacerlos pasar por víctimas
Esta no fue una práctica excepcional, según desvela Saqqa. “Las identificaciones fueron problemáticas y, de hecho, en muchos casos asignan la atribución de mártir y caído a cuerpos que no lograban identificar”, cuenta la historiadora. Esta “atribución política e ideológica forzosa” es fácil de ver en numerosos casos: por ejemplo, en 1943, en Alamillo (Ciudad Real) fueron exhumados dos cuerpos, “enterrados en época roja”, según el alcalde, que a pesar de no haber podido ser identificados fueron enterrados en el cementerio con “honras fúnebres”.
Lo mismo ocurrió con las exhumaciones de Barajas (Madrid), unas de las más numerosas. Fueron recuperados 95 cadáveres, pero solo se logró identificar uno. Aún así, a todos se les enterró en el “Camposanto de Paracuellos del Jarama”, un lugar simbólico para la dictadura que se convertiría en espacio predilecto de conmemoración de los caídos por Dios y por España. Sin embargo, de las 749 personas a las que por orden de la CG se les dio allí sepultura procedentes de distintos puntos de la comunidad, solo un 16% fueron identificadas. En total, de las más de 3.000 exhumaciones rastreadas por Saqqa, solo lo fueron un 35%.
“Las prácticas que se llevaron a cabo fueron en muchos casos negligentes y los forenses involucrados en el proceso reproducen una carga ideológica que es la que sustenta la dictadura. Todo ello demuestra que hay un interés político, más que un interés por los derechos de sus víctimas o familiares, y que tiene que ver con la construcción de una narrativa que aún sigue utilizándose”, expone la especialista, que pone el foco en cómo el proceso de recuperación de cadáveres y su dignificación “supuso la exclusión radical” de las otras víctimas.
“El franquismo erige una legitimidad para los suyos que niega completamente a los vencidos” hasta el punto de hacer como si no hubieran existido. Así, hurta a sus familias la posibilidad de recuperar y honrar a sus muertos. Caso paradigmático es el de las exhumaciones de la Casa de Campo, en las que se encontraron once cadáveres que no pudieron ser identificados pero, debido a los objetos que portaban, se tuvo que descartar que fueran soldados franquistas. Saqqa piensa que podrían ser jóvenes que participaron en la Operación Garabitas, una ofensiva republicana que se produjo en la zona. En este caso, sin embargo, la Causa General no buscó culpables ni homenajes. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de la Almudena, en una fosa sin nombre, condenados al olvido.
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