Lunes, 03 de Noviembre de 2025Tiempo de lectura: 2 min
Sobre la reclamación de rescatar los restos de víctimas del franquismo en Gran Canaria
Por FRANCISCO GONZÁLEZ TEJERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado jueves 7 de mayo, la Agrupación FFCC Vegueta compareció ante los medios con la fuerza que dan las certezas; y el respaldo de treinta y dos organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales de toda la sociedad canaria.
No aportaron opiniones ni consignas; pusieron sobre la mesa documentos oficiales, archivos militares e informes técnicos rigurosos. Un nuevo estudio que arroja luz sobre el paradero de un centenar de personas fusiladas y sepultadas en el olvido institucional tras el golpe fascista del 36.
La ciencia y la historia hicieron su trabajo. Sin embargo, la respuesta del otro lado de la ventanilla pública ha sido un silencio atronador.
Han pasado los días y las tres administraciones directamente interpeladas parecen haber coordinado una estrategia de mutismo absoluto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la administración más cercana al territorio y custodio del cementerio, mira hacia otro lado. El Cabildo de Gran Canaria, que tantas veces ha hecho bandera de la dignidad histórica, calla. Y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuyo propio nombre debería obligarle a actuar de oficio ante tales evidencias, permanece en un cómodo letargo burocrático.
Este silencio no es neutral; es una postura política. Callar ante la contundencia de los nuevos indicios equivale a perpetuar el bloqueo. La colocación de placas conmemorativas y la entrega de medallas ya no es suficiente; los familiares no piden un trozo de mármol con nombres, piden palas, catas arqueológicas y la aplicación estricta de la Ley de Memoria Democrática.
La inacción de estas instituciones deja al descubierto una alarmante falta de voluntad política. Si la burocracia civil y militar ya ha cedido sus secretos a los investigadores, ¿cuál es la excusa ahora? Mantener los ojos cerrados ante el cementerio de Vegueta no va a hacer que el problema desaparezca. Al contrario, convierte a las instituciones democráticas en cómplices de un olvido heredado. Es hora de que el Ayuntamiento, el Cabildo y el Ministerio rompan su silencio, asuman sus competencias y den luz verde a las excavaciones. La dignidad de una sociedad se mide por cómo trata a sus desaparecidos, y en Vegueta, la paciencia ya se agotó. No vamos a parar hasta conseguirlo.
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