dissabte, 22 de juny del 2024

Carpetazo judicial a la investigación sobre el fusilamiento de un antifranquista en Paterna en 1939

 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/carpetazo-judicial-investigacion-fusilamiento-antifranquista-paterna-1939_1_11465717.html

Alberto Pozas

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Un juzgado de Paterna ha archivado la querella por delitos de lesa humanidad que el nieto de un fusilado en el 'Paredón de España' de la localidad presentó contra varios militares franquistas. En su escueta resolución, tomada con el apoyo de la Fiscalía, la magistrada alude a varios preceptos legales que establecen el archivo de una causa cuando no hay autor conocido o cuando el posible culpable está “exento de responsabilidad criminal”. Un caso en el que el Ministerio Público, entre otros argumentos, aludió a la Amnistía de 1977 y a la Ley de Memoria Histórica de 2007 en vez de a la más reciente Ley de Memoria Democrática, que según ha dicho recientemente el Constitucional tampoco avala la apertura de diligencias penales en este tipo de casos.

Según los datos de los investigadores, el paredón de la localidad valenciana de Paterna, el Camí de la Sang y las fosas comunes fueron testigos del fusilamiento de 2.238 personas procedentes tanto de 191 pueblos de la Comunitat Valenciana como de otros 60 municipios del país. En los últimos años, los trabajos de exhumación han permitido que diversas familias de represaliados puedan recuperar los restos de sus padres y abuelos. Políticos, trabajadores y sindicalistas fusilados por las fuerzas dictatoriales durante la guerra y en los años posteriores.

Cuatro nietos de personas represaliadas y fusiladas en Paterna presentaron cuatro querellas el pasado mes de mayo para “continuar su lucha” y acabar con “la anomalía democrática” que, consideran, supone que los tribunales entiendan que estos crímenes han prescrito cuando los restos de los asesinados han sido encontrados recientemente. Acciones penales presentadas en compañía de CeAQUA y representados por la abogada Aràdia Ruiz contra varios militares a los que acusaban de participar en los consejos de guerra. Miembros de Auditorías de Guerra y militares como Reyero, Escobar, Gallardo o Salaya y Antolín.

Según ha podido comprobar elDiario.es, el juzgado de instrucción número 3 de la localidad ha dictado en los últimos días el sobreseimiento de una de las querellas presentada por los familiares de uno de los represaliados, fusilado en 1939. El auto de la magistrada consta de un único párrafo donde alude a dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el que ordena el archivo cuando los acusados aparecen “exentos de responsabilidad criminal” y el que establece el sobreseimiento cuando no exista “autor conocido”. Ningún argumento explica qué lleva a aplicar estos dos artículos.

Los tribunales todavía tienen pendiente resolver sobre las otras tres querellas presentadas por familiares de otros tres represaliados fusilados en Paterna, aunque fuentes del caso esperan que el resto de pleitos sigan el mismo camino. El auto no recoge ningún argumento pero sí alude a la posición de la Fiscalía, que hace una semana ya pidió el archivo del caso aludiendo a tres textos: la Amnistía de 1977, la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 absolvió al juez Baltasar Garzón de prevaricación por investigar los crímenes de la dictadura, encausado por una denuncia de Manos Limpias.

La Ley de Amnistía de 1977

La Fiscalía reconoce que los delitos de lesa humanidad denunciados en este caso no prescriben, pero añade que entraron en el Código Penal español en 2004 y que los hechos denunciados ocurrieron al final de la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura. “A nuestro entender, debe tener eficacia el principio de irretroactividad de las normas que perjudican al reo”, entiende la Fiscalía.

La representante del Ministerio Público también aludió a la sentencia del Supremo que absolvió a Baltasar Garzón, encausado por investigar los crímenes del franquismo gracias a una denuncia de Manos Limpias. Esa sentencia avaló la vigencia y efectos de la Ley de Amnistía de 1977: “En ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores para encubrir sus propios crímenes”, explicó el Supremo. “Ningún juez o tribunal en modo alguno puede cuestionar la legitimidad” de la Transición, dijo.

La fiscal Paula Herrero se apoya en esta sentencia y también en la Ley de Memoria Histórica de 2007, derogada hace casi dos años tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Esa primera norma estableció “mecanismos tendentes al resarcimiento de la memoria, legítima y merecida devolución a las familias de los restos de sus allegados”, pero no el derecho a abrir una investigación penal. “En modo alguno se incluyen medidas de instrucción de un procedimiento penal”, dice la Fiscalía.

En los últimos días ha sido el Tribunal Constitucional el que ha cerrado la puerta a las investigaciones penales sobre los crímenes de la dictadura, también en su tramo final, a pesar de lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. El pleno, con el voto en contra de los magistrados Ramón Sáez y María Luisa Balaguer, inadmitieron el recurso del represaliado Francisco Ventura contra las decisiones de los tribunales valencianos de no investigas las torturas y condenas ilegales a las que fue sometido por su actividad política durante la dictadura.

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Buscan a seis víctimas de la represión franquista en una fosa común en Sena de Luna, León

 https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/19/06/2024/buscan-a-seis-victimas-de-la-represion-franquista-en-una-fosa-comun-en-sena-de-luna-leon/


  • Comenzó ayer la búsqueda de seis víctimas de la dictadura en una fosa común en el paraje Matamala de Sena de Luna, León.
  • La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica comenzó ayer los trabajos en una ubicación de difícil acceso.
  • Tratan de localizar los restos de seis republicanos asesinados en noviembre de 1937.
Buscan a seis víctimas de la represión franquista en una fosa común en Sena de Luna, León

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició ayer las labores de búsqueda de una fosa común donde espera encontrar los restos de seis republicanos que fueron asesinados en noviembre de 1937. La operación ha sido puesta en marcha por la petición de alguna de las familias que han aportado.

Las seis víctimas, detenidas ilegalmente y asesinadas extrajudicialmente eran nacidas en la localidad leonesa de Casares de Arbás y pertenecían a la CNT: Sergio Alonso González, de profesión ganadero, casado con Belarmina Cañó; Laurentino Cañón Morán, jornalero; Lisardo Febrero RodríguezManuel Febrero Rodríguez, soltero; Tomás Rodríguez Martínez y Lorenzo Rodríguez Martínez.

En el día de ayer comenzaron las labores de búsqueda, llevando a cabo catas como una máquina en una zona escarpada y de difícil acceso, donde han señalado algunos de los testimonios ya que las hijas de algunos de ellos subían a dejar flores en ese lugar desde poco después de que los asesinaran.

En esas labores se han encontrado algunos casquillos de Mauser que dan pista de que en esa zona pudieron llevarse a cabo los asesinatos y que al no ser muy numerosos no están señalando que en aquel lugar pudiera haberse llevado a cabo alguna acción de guerra.

Proyecto de la exhumación 

El PP dona via lliure a Vox per suprimir la Llei balear que recorda les víctimes del franquisme



Retrat de Guillem Matas Lladó, afusellat el 10 de maig de 1937 al Fort d'Illetes (Mallorca), mostrat juntament amb les fotografies d'altres víctimes a la protesta duta a terme abans del debat sobre la derogació de la Llei balear de memòria democràtica

Nicolás Ribas

Eivissa —

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En una sessió com poques s'han viscut al Parlament balear, la Cambra va prendre aquest dimarts en consideració la Proposició impulsada Vox per derogar, amb el suport del PP, la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics, aprovada durant la primera legislatura (2015- 2019) dels darrers vuit anys de governs d'esquerra a l'arxipèlag balear. El ple va desenvolupar amb gran tensió política després que Gabriel Le Senne (Vox), president del Parlament, destrossés un retrat d'Aurora Picornell, símbol de la lluita antifeixista i afusellada pels colpistes. Els populars, malgrat que governen en minoria a les Balears, mantenen un pacte d'investidura de 110 mesures amb l'extrema dreta. Entre elles, contemplen l'eliminació d'una llei que, paradoxalment, va comptar amb el vot a favor dels conservadors quan eren a l'oposició.

Durant el debat, que deixa pràcticament suprimida la normativa, Le Senne protagonitzà una escena inèdita després d'arrencar i destrossar un retrat d'Aurora Picornell -una de les dirigents més destacades del Partit Comunista d'Espanya (PCE) a Mallorca- alhora que ordenà retirar les fotografies d'altres víctimes del feixisme que els diputats del PSOE i els ecosobiranistes de Més havien col·locat a les taules.

Le Senne es va dirigir a Mercedes Garrido, vicepresidenta segona, i a Pilar Costa, secretària segona de la Mesa, perquè retiressin els retrats de Picornell i les 'Roges del Molinar': “Ja els han tingut una bona estona”, els va proferir, a la qual cosa Garrido li va respondre: “Aquests retrats són aquí com a acte de justícia i com a acte de reparació de dones assassinades per botxins falangistes”. Després d'aquestes paraules, Le Senne va tancar violentament l'ordinador de Garrido i va trencar les imatges de les dones republicanes. “Això no ha passat en 40 anys: la Mesa ha de ser neutral”, va asseverar el president del Parlament, i tot seguit va expulsar les socialistes Garrido i Costa de la Cambra autonòmica. “M'hauria agradat comportar-me d'una altra manera, però no m'han deixat cap alternativa”, es va justificar Le Senne.

La derogació es troba recollida en una Proposició impulsada per Vox en línia del que ha efectuat l'extrema dreta en altres comunitats autònomes en què governa amb el PP. Revocar les legislacions que pretenen garantir els drets de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme es va convertir en un dels compromisos clau que van segellar les dretes i el seu objectiu passa per substituir-les per lleis que han anomenat “de concòrdia”. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, encapçalat per Ángel Víctor Torres, ja ha anunciat que portarà al Tribunal Constitucional l'ofensiva de Vox contra la memòria històrica.

A Balears, entre els al·legats que el partit exposa al document presentat a la Cambra, recrimina que la Llei “atempta contra la igualtat de tots els espanyols”, atès que, segons la seva opinió, “vulnera l'article 14 [de la Constitució] que serveix de clau per als drets fonamentals”. “Aquesta llei procedeix a discriminar i apartar una part del poble espanyol per la seva opinió, les seves circumstàncies personals, socials o històriques, com ara el bàndol en què van lluitar”.

La Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics que pretenen derogar PP i Vox estableix que atès que la democràcia és “una conquesta de la ciutadania”, cal “conèixer d'on venim, commemorar aquesta conquesta, difondre els seus valors i preservar-la davant les amenaces de totalitarisme” que encara l'amenacen. Així, la llei pretén el “reconeixement i garantia dels drets a la reparació, a la veritat ia la justícia de totes les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista”. La norma, a més, suposa no només la condemna de la dictadura franquista sinó que també rebutja qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic. “Només des d'aquesta premissa democràtica podem restablir la memòria de les víctimes”, afirma la llei.

Tot i que la norma reconeix també la repressió practicada pels republicans, que va implicar “sofriments terribles de víctimes innocents”, matisa que hi va haver diferències importants “donades pel context de vencedors i vençuts i la imposició d'una dictadura”. “Són les que van provocar la discriminació que ha patit el col·lectiu de víctimes del franquisme”, destaca el text. Així, els republicans represaliats no van tenir cap procés de reparació fins a la Transició, quan es van aprovar les primeres pensions i les indemnitzacions per a ells. Per això, la Llei de Memòria ressalta que la primera víctima del cop d'Estat del 18 de juliol “va ser la democràcia, i amb ella les persones, les entitats i els col·lectius que s'havien significat a favor de la democràcia o s'havien identificat amb les institucions i els valors democràtics”.

Amb la derogació d'aquesta normativa, quedaran enrere les polítiques públiques de memòria democràtica desplegades pel Govern balear per garantir la reparació d'aquelles persones, grups i col·lectius que van patir repressió durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista, així com aquells que des de diferents ideologies van contribuir a la democràcia; promoure la difusió de la història de les Illes Balears des de la II República fins a lentrada en vigor de lEstatut dAutonomia; garantir que els espais de convivència siguin destinats a “la cultura democràtica i la concòrdia”, així com reconèixer el treball de les entitats memorialistes i associacions de víctimes amb l'objectiu de restituir “la memòria de les víctimes i reclamar justícia”; a més, la norma ha impedit qualsevol manifestació o exaltació de la revolta militar, de la dictadura o del dictador Francisco Franco. La normativa ha permès a la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics dur a terme, a més, un cens de símbols, llegendes i mencions que calia retirar o eliminar.

Pel que fa a les mesures i actuacions adreçades a les víctimes, la norma ha possibilitat la retirada de mencions, vestigis i símbols franquistes, com preveu el seu articulat, així com el desenvolupament del coneixement sobre el període comprès entre la II República i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia; l'impuls i la protecció dels Espais i Itineraris de la Memòria i Reconeixement Democràtics i els monuments de record existents a les víctimes de la Guerra Civil i de la Dictadura franquista, a més d'impulsar mencions de reconeixement per a aquestes víctimes; facilitar informació sobre possibles desaparicions forçades de nens i col·laborar amb l'administració de justícia en aquests casos sempre que afectin ciutadans de l'arxipèlag balear. També ha promogut l´organització d´actes d´homenatge institucional a víctimes i represaliats.

Aquestes polítiques, que incumbeixen el Govern balear, també s'han fet en col·laboració amb els consells insulars, els ajuntaments, les associacions memorialistes, les associacions de víctimes i les entitats acadèmiques. La llei obliga, de fet, també a la col·laboració de la resta de les administracions públiques amb l'Executiu autonòmic per assolir els objectius de “veritat, justícia i reparació” i estableix el requeriment d'incloure als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma les partides econòmiques necessàries per complir els objectius establerts.

Així mateix, ha ampliat com a condició de víctimes tots aquells grups que van patir la persecució del règim franquista: organitzacions, sectors socials, professionals o culturals; les entitats; els partits polítics: els sindicats; les lògies maçòniques; els moviments feministes o LGTBI; les víctimes dels bombardejos durant la Guerra Civil; les persones que sense cap mena d'adscripció ideològica van patir violència, repressió o mort; els nens i nenes robats (adoptats irregularment sense l'autorització dels progenitors durant la dictadura franquista); la ciutadania balear que hagi patit les mateixes circumstàncies fora del territori de la comunitat autònoma i els familiars fins al tercer grau (o les persones a càrrec que tinguin relació immediata amb la víctima directa).

Seguint amb l'objectiu de fomentar la memòria històrica, la llei ha impulsat la creació d'Espais de la Memòria i Reconeixement Democràtics, és a dir, aquells espais, immobles o paratges del territori balear que revelen interès “per haver desenvolupat fets de singular rellevància pel seu significació històrica, simbòlica o per la seva repercussió a la memòria col·lectiva”. Són llocs emblemàtics per la lluita de la ciutadania pels drets i les llibertats democràtiques en el període comprès des de la proclamació de la II República fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia.

D'altra banda, ha reconegut la importància del moviment memorialista que a Balears, per exemple, duia a terme els treballs d'exhumació abans de l'aprovació de la Llei 10/2016, del 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme, més coneguda com a Llei de Foses, aprovada també durant la primera legislatura del Govern de coalició de Francina Armengol i que continuarà en vigor. Aquestes entitats, l'activitat de les quals es fomenta amb la llei, van ser inscrites al Registre d'Associacions del Govern.

La normativa ha permès a més declarar la il·legalitat dels tribunals i procediments instruïts a l'arxipèlag balear des de la Guerra Civil fins al 1978 “per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just”, com preveu el seu articulat, que inclou totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes de caràcter penal, civil i administratiu, dictades per raons polítiques, a Tribunals Populars i pel règim franquista, la qual cosa inclou les sentències dels Consells de Guerra, Tribunals de Responsabilitats Polítiques, Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i Tribunal d'Ordre Públic (TOP), així com expedients de depuració del magisteri.

Un altre dels aspectes fonamentals ha estat el foment de la investigació científica i divulgació així com la promoció del coneixement de la Memòria Democràtica en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat. L'article 28 compromet el Govern a promoure “projectes de recerca i divulgació en què podran participar les universitats, els centres de professors, les entitats memorialistes i les associacions de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista”, a més d'investigadors particulars, partits polítics, sindicats i fundacions, entre altres, d'acord amb el Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement Democràtics. L'article 29, a més, inclou la promoció per part de la Conselleria d'Educació, de continguts i activitats curriculars i extracurriculars sobre Memòria Democràtica a l'ESO, el Batxillerat i l'Ensenyament de Persones Adultes per tal de “enfortir els valors democràtics”.

Manifestació contra la derogació de la llei

Unes 200 persones, moltes descendents de represaliats del franquisme, es van concentrar a més aquest dimarts a les portes del Parlament balear per clamar contra la derogació de la Llei. Al crit de “sense memòria no hi ha democràcia”, “feixistes, fora del Parlament” i “Memòria, justícia, veritat i reparació” i amb diverses banderes republicanes onejant, la protesta va ser convocada per l'associació Memòria de Mallorca amb l'objectiu de mostrar el seu rebuig a la iniciativa de l'extrema dreta.

A través d'una carta adreçada al PP, el col·lectiu exigí dels conservadors la seva consideració cap a “les més de 2.000 víctimes assassinades” pel feixisme a Balears, “les més de 10.000 víctimes tancades a la presó” durant el període de la Guerra Civil i la Dictadura franquista, les que “van patir condemnes i sentències a mort manifestament injustes”, les que van ser “executades extrajudicialment” i les que “van patir desaparicions forçades”, a més de tenir present “el patiment que estan ocasionant de nou a les seves famílies” .

“Totes elles estan reconegudes a la Llei esmentada i totes elles tenen la consideració de víctimes de violacions dels drets humans amb els drets a la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de no repetició i la memòria”, van argumentar. “Agafin els seus noms i facin-los seus com a persones que ens van precedir en la lluita per la democràcia demostrant així que són un partit democràtic; posicióense al costat de les víctimes, defensin, amb la no presa en consideració de la derogació a petició de l'extrema dreta d'una Llei que només ha atorgat drets i beneficis, que la memòria no és una qüestió de partits polítics sinó de drets humans” , van demanar abans que es debatés i votés al Parlament.

Cal tenir en compte que l'ofensiva de Vox s'emmarca en un context més ampli, i és que són diverses les comunitats autònomes amb governs de conservadors i ultraconservadors (en coalició o amb Vox fora del govern) on han estat derogades les lleis de memòria democràtica o fins i tot substituïdes per altres conegudes com a lleis de la “concòrdia”. Val a dir que també en el cas d'Aragó, el Tribunal Constitucional acaba de suspendre cautelarment la derogació de la Llei de Memòria autonòmica. El ple ha acceptat estudiar les al·legacions de l'Executiu de Pedro Sánchez contra la recent eliminació de la llei que va impulsar el Govern autonòmic de Javier Lambán. És un dels múltiples recursos anunciats pel Govern contra les normes autonòmiques impulsades pel PP i Vox per derogar la normativa regional de memòria històrica.

Amnistia Internacional “alerta” del retrocés

Per part seva, l'associació que treballa en favor dels drets humans, Amnistia Internacional, ha alertat dels “retrocessos” que en aquesta matèria que suposaria la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a Balears. En una nota de premsa, l'organització ha advertit que aquesta iniciativa “posa en risc el dret a la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes de les greus violacions de drets humans” que es van cometre a Espanya, tant a la Guerra Civil com al franquisme.

Segons Amnistia Internacional, aquesta manera de procedir suposa “una preocupant invisibilització de l'esdevingut durant el franquisme, així com de les víctimes que van patir aquestes greus vulneracions de drets humans”. A més, han recriminat que es dissolguin totes les comissions, organismes i institucions creades en virtut de la llei esmentada, igual que totes les normes de rang igual o inferior que contradiguin el text.

dijous, 20 de juny del 2024

Archivadas las dos primeras denuncias por el caso del robo de bebés

 https://www.diariodejerez.es/noticias-provincia-cadiz/Archivadas-primeras-denuncias-caso-bebes_0_503649826.html

El Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz ordenó el archivo por supuesta prescripción de los delitos. La asociación SOS Bebés Robados Cádiz lamenta que "ni siquiera ha dado tiempo a iniciar las actuaciones judiciales"

Europa Press/Cádiz

07 de agosto 2011 - 12:05

El Juzgado de instrucción 1 de Cádiz ha ordenado el archivo de dos denuncias por robo de bebés en los años 70, por supuesta prescripción de los delitos, según ha indicado en una nota la asociación que representa a las familias afectadas por estos casos en la provincia de Cádiz, SOS Bebés Robados Cádiz, que ya ha manifestado su malestar por esta decisión ya que, según apunta, «ni siquiera ha dado tiempo a iniciar las actuaciones judiciales, sino que los han archivado tal como han llegado al juzgado».

En una nota, esta asociación lamenta además que estos expedientes «han sido remitidos al Juzgado por la Fiscalía de Cádiz, quien, además de apreciar la posible existencia de delitos perseguibles, incluso solicitaba la prueba de apertura de uno de los féretros en el que, al parecer, no hay cuerpo alguno».

Respecto a la prescripción de los delitos, el abogado Martín de la Herrán, que asesora a la asociación, ha explicado que «resulta incorrecto considerar prescritos los delitos, ya que se trata de desaparecidos que aún no han aparecido, por lo que el plazo de prescripción no habría empezado a correr, por lo que se trata de delitos de carácter permanente, por cuanto se siguen cometiendo hasta que no cesa la lesión al bien jurídico protegido».

La asociación SOS Bebés Robados Cádiz anuncia el inicio de movilizaciones ante lo que entienden es una «situación manifiestamente injusta, ya que nos cierra la puerta a conocer qué pasó y dónde están nuestros hijos».