Justo cuando se cumple un año, Amnistía Internacional acaba de presentar un análisis de los principales efectos adversos que ha habido en materia de derechos humanos en España desde las últimas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las que el mapa se tiñó de azul, tras la victoria del PP en la mayor parte de los territorios. Donde más se ven afectados los ciudadanos y ciudadanas es en la sanidad pública, especialmente en atención primaria, y en materia del derecho a la verdad, justicia y reparación, con las derogaciones de las leyes de memoria o las iniciativas para sustituirlas por las llamadas Leyes de Concordia.
El pasado febrero se derogó en Aragón la ley de Memoria Democrática con los votos de PP y VOX, que gobiernan en coalición desde el año pasado, y desde entonces han ido surgiendo más iniciativas para anular esta misma ley en Baleares, Cantabria o Extremadura. En la Comunidad Valenciana y Castilla y León ha habido otras propuestas ligadas a la sustitución de estas leyes por las llamadas leyes de Concordia.
Todas estas iniciativas tienen sus particularidades pero también cuentan con elementos muy parecidos. Entre ellos, Amnistía Internacional denuncia la invisibilización que hacen de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, sin reconocer la responsabilidad del régimen franquista. La organización también critica la supresión de los censos de las víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación y actuaciones en el ámbito educativo, así como la eliminación de subvenciones a las asociaciones que impulsaron las exhumaciones y la negación de las necesidades específicas de las víctimas de crímenes de derecho internacional.
Amnistía Internacional señala además los cambios significativos que se introducen en los procesos de búsqueda, identificación y exhumación, que no siguen lo promulgado en la Ley de Memoria Democrática estatal, que recoge la responsabilidad directa del Estado y sus obligaciones. En Castilla y León se habla de la creación de la Comisión de Exhumaciones, que ya no contaría con la participación de organizaciones civiles o académicas y que además, pretende prohibir la difusión pública de documentos que puedan revelar la identidad de las personas involucradas. Lo que incluye también a las víctimas y a sus familiares.
Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, explica que las víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos se enfrentan a la impunidad con la que quedaron los crímenes. Según el experto estas propuestas “constituyen un retroceso en la tarea aún pendiente del Estado de abordar su pasado como una cuestión de derechos humanos, y no como una cuestión ideológica y partidista”, algo que ya señaló Fabián Salvioli, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justica, y reparación.
Algunos expertos de las Naciones Unidas ya enviaron hace casi un mes un informe al Gobierno manifestando sus preocupaciones por los retrocesos que suponen estas normativas en el ámbito de la memoria histórica.
La atención primaria, el otro suspenso que Amnistía Internacional otorga a España desde las elecciones de mayo
Según los últimos datos del barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad y analizado por Amnistía Internacional, un 78,6% de las personas que necesitaron atención primaria durante 2023 tuvieron que esperar más de dos días para ser atendidas en su centro de salud. Una situación que contrasta con lo recomendado por el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que recomienda que la cita sea atendida entre las primeras 24 y 48 horas desde que se solicita.
En once comunidades autónomas el acceso a la atención primaria empeoró en comparación al 2022. Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha , Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja son las regiones en las que la situación se deterioró más. Hay siete comunidades cuyo acceso a la atención primaria está por debajo de la media estatal y tan sólo cinco tuvieron un balance positivo, País Vasco, Región de Murcia, Extremadura , Castilla y León y Canarias.
“El gasto público entre 2009 y 2021 solo se incrementó un 5%, frente al 27% que subió el gasto sanitario privado”, señala Jon Sicilia, responsable de relaciones institucionales autonómicas de Amnistía Internacional. Según la organización la atención primaria no recuperó el nivel previo a las medidas aplicadas por la crisis del 2008, “incluso con los fondos extraordinarios por la pandemia”, señala Sicilia.
Esta falta de financiación pública sumada a la falta de personal sanitario “repercute directamente en el tiempo de espera para obtener cita en la atención primaria”, es por eso que desde la organización señalan que es necesario un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto y mejorar así el acceso a la atención primaria.
Garantizar la preservación histórica de la memoria colectiva y el derecho a la salud, las peticiones de Amnistía Internacional
La organización ha hecho una serie de reclamaciones con el fin de mejorar la situación y revertir estos retrocesos, tanto a las distintas comunidades autónomas como a nivel estatal.
Solicitan al Gobierno central cumplir con su obligación de preservar la memoria histórica y colectiva sobre las vulneraciones de derechos humanos, como las cometidas durante el franquismo y la Guerra Civil y una estrategia de refuerzo del sistema sanitario, entre otras cosas.
Entre las peticiones a las comunidades autónomas destacaron la necesidad de aumento en la inversión sanitaria, con especial énfasis en la atención primaria y que adopten procesos que permitir recordar y transmitir “la información sobre las violaciones de derechos humanos sufridas”.
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