diumenge, 21 de desembre del 2014

Los archivos españoles en la querella argentina contra el franquismo



Posted: 20 Dec 2014 04:40 PM PST
La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo es mucho más que un proceso de justicia, tiene un valor muy importante en la recuperación del relato histórico y en la recuperación de una memoria colectiva, hasta ahora relegada por la Transición y la Ley de Memoria Histórica al ámbito privado y al pasado. Como prueba el verdadero nombre de esta Ley: ”por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”. Obtener reparación y justicia por la dictadura no es una cuestión individual ni prescrita, es clave para resignificar la Historia oficial, que no sólo ha silenciado cada verdad, sino que ha banalizado el franquismo, se ha apropiado del lenguaje y ha determinado la categoría válida de víctima, excluyendo a los sobrevivientes de la dictadura como interlocutores con la administración o poderes públicos. Y desde luego que no es una cuestión anclada al pasado, porque una democracia plena hoy en día es incompatible con la cultura de la impunidad que hemos heredado.
Los archivos españoles pueden tener un papel clave en la recuperación de esa historia colectiva y ser además garantes del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero para eso es necesario que las políticas en materia de Derechos Humanos sean transversales a todas las políticas públicas, incluidas las archivísticas. La puesta en práctica de las políticas de acceso y desclasificación de archivos con fondos relativos al estudio de nuestro pasado más reciente está sujeta a la arbitrariedad, a una falta de voluntad de garantizar el derecho a la información y a la custodia cómo máxima archivística.
Uno de los ejemplos más recientes sobre la función de los archivos como garantes de justicia es el del National Security Archive de EE.UU., que utiliza la Ley de Libertad de Información para investigar y publicar documentos desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos relacionados con la política exterior de dicho país. El NSA aportó pruebas esenciales en el juicio por genocidio al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (cuyo régimen contó con el apoyo de Estados Unidos) y en el que además una de sus archiveras, Kate Doyle, tuvo un papel crucial en dicho proceso judicial como perito, declarando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro Documental de la Memoria Histórica podría ser un referente en nuestro país en la labor del Gobierno en fomentar la función social y democrática de los archivos y la promoción de la memoria histórica. Y ahora, en el momento clave que se encuentra la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, el CDMH podría ser además garante del derecho a la justicia. Quedaría no sólo ligado al concepto más extendido de archivo-memoria sino de archivo-justicia. Pero tanto su dependencia administrativa, que dificulta la continuidad de los planes operativos en detrimento de la Memoria Histórica, como indican los constantes cambios en la estructura orgánica de los departamentos ministeriales cuando se produce un cambio de gobierno (en 2012 el Gobierno del PP reorganizó el antiguo Ministerio de Cultura -ahora agrupado con Educación y Deporte- con la supresión de la dirección general del Libro, Archivos y Bibliotecas y su absorción en dos direcciones generales que ya existían), como su misión, hace que la función como garante en procesos de justicia y reparación no cumpla las necesidades de la ciudadanía.
Pero la Querella Argentina puede incidir también en las políticas archivísticas, o por lo menos, en la voluntad de archiveros y documentalistas para ser parte indispensable de este proceso. Del 18 al 30 de mayo de 2014 una comisión judicial vino desde Argentina a España en el marco de dicho proceso (el único abierto en el mundo).
La comisión judicial estaba formada por la jueza Maria Servini de Cubría, quien instruye la causa, y el fiscal Ramiro González con sus secretarios judiciales, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de la República Argentina (Buenos Aires).
El objetivo principal del viaje era tomar declaraciones a querellantes que por motivo de edad y o condición física no pueden desplazarse a un Consulado argentino a prestar declaración. Dentro de la agenda de la comisión judicial se realizó una visita al Archivo Histórico Nacional con el fin de conocer fuentes documentales para el estudio de la Guerra Civil y la dictadura y establecer un protocolo de peticiones de documentación que permita la investigación y la fundamentación de querellas.
La directora del AHN, Carmen Sierra y la Jefa de Referencias, Esperanza Adrados, nos recibieron junto con la comisión judicial, a los abogados de la Querella Ana Messuti, Maximo Cástex, Carlos Slepoy, Jacinto Lara (APDHE) y quien escribe como documentalista (auto)especializada en memoria histórica.
Carmen Sierra y Esperanza Adrados explicaron el tipo de fondo que conserva el AHN relevante para la Querella, las políticas de acceso a la documentación, ejemplos de expedientes y una demostración de búsqueda de documentación relativa a personas en la base de datos de uso interno del archivo.
Tras algunas peticiones por parte de la Jueza y el Fiscal de búsquedas sobre querellantes, quedó patente que el fondo del AHN era insuficiente para las necesidades informativas de la Querella, con el desconcierto de quien tiene como referente en materia de archivos y memoria, el Archivo Nacional de la Memoria argentino. Hay que recordar que el ANM depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta dependencia funcional determina la misión y los objetivos del archivo, destacando para la materia que nos ocupa uno de sus tres objetivos: “articular los objetivos de Memoria, Verdad y Justicia mediante la generación de acciones conjuntas entre las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, entre los países del MERCOSUR y en el plano internacional“.
En nombre de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina, entregué un dossier al Fiscal y a la Jueza sobre las fuentes documentales para el estudio de la Guerra Civil y la dictadura. Dicho dossier permite conocer los tipos de archivos que hay y qué fondo contienen relevantes en el marco de la querella.
En octubre de 2014, la Fiscalía emitió un dictamen de más de trescientos folios, en los que interesaba no sólo la imputación de la mayor parte de las personas que finalmente fueron imputadas por el Auto resolutivo del Juzgado de fecha 30 de octubre de 2014, sino que además interesaba que se practicaran una serie de medidas probatorias entre las que destaco las relativas a la figura de los archivos como garantes en procesos de justicia:
§ Se remita copia autenticada de toda la documentación, tanto de los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex Presidente Lluís Companys i Jover.
§ Se requiera a las autoridades del Archivo Histórico Provincial de Málaga que remitan en soporte digital toda la información relativa a los represaliados mencionados en la causa durante el período de tiempo fijado como objeto de investigación.
§ Se requiera a las autoridades del Archivo Histórico Nacional y al Centro Documental de la Memoria Histórica que remitan en soporte digital toda la información que obren en sus registros respecto de las víctimas mencionadas en autos y sus legajos -que obren en soporte informático.
§ Se requiera a los Arzobispados la remisión de la documentación que obre en sus registros relativa a la colaboración de la Iglesia Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977
El Ministerio Público argentino confirma con su dictamen la necesidad de cooperación de los Archivos españoles para garantizar el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y familiares de la dictadura. Nos encontramos en un momento político y social histórico, en el que 2015 puede ser un año clave, no es extraño que la Querella Argentina esté en un momento muy importante donde las organizaciones políticas, sociales y sindicales se posicionan públicamente ante ésta, hay una necesidad colectiva de recuperar la dignidad y la voz propia. Y los archivos pueden ser claves en conseguir ambas.
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