La agrupación de afectados estudia más de cien casos en Galicia y contó con el asesoramiento de tres abogados
Ayer se constituyó oficialmente la plataforma SOS Bebés Robados Galicia, que ya lleva algunos meses funcionando. La sede social radica en A Laracha (A Coruña) y su presidenta es Estrella Vázquez, quien explica que tienen 110 expedientes de otros tantos casos vinculados a Galicia en los que se pudo producir un delito de detención ilegal.
Del total de asuntos, dos fueron admitidos a trámite por la Fiscalía Xeral de Galicia. Se trata de sendas demandas cursadas por Nuria García Marta, de Carballo, quien busca a un hermano, y Obdulia Veiga Brandón, de Estramil, A Laracha, quien reclama una hija. Las demandas se encuentran en la actualidad en el Juzgado de Instrucción número uno de A Coruña.
La dirección del colectivo mantuvo ayer una reunión con un grupo de afectados -una quincena de familias venidas de toda Galicia- en la Casa da Cultura de A Laracha, encuentro al que acudieron tres abogados -Pablo Arangüena Fernández, María José Castro Rodríguez y Silvia Vázquez Esmorís-, así como Jaume Buj Bello, gerente de una empresa de biotecnología especializada en genética humana y toxicología, quien recogió pruebas de ADN a quienes lo solicitaron.
Cuestión legal y física
La charla tuvo dos partes diferenciadas. Por un lado se abordó la legislación que rige estos casos y sus resoluciones judiciales, como la de la Audiencia Provincial de Madrid, que tipifica estos hechos como «delito permanente», es decir, que no prescribe. Además, los letrados explicaron las dos fórmulas por las que los afectados pueden recurrir: a través de la fiscalía o con una querella en el juzgado con procurador y un abogado.
En la segunda parte de la charla se analizó la cuestión médica. Jaume Buj explicó que la empresa para la que trabaja cuenta con una base de datos de 1.200 personas que supuestamente están afectadas por estos casos. Si alguien quiere entrar en esa base, se le realiza una prueba de ADN por la que hay que abonar 80 euros. El laboratorio analizará el grado de compatibilidad con las muestras ya existentes. Si hay indicios de compatibilidad, se realiza un segundo test, denominado de validez, que debería servir para certificar la relación familiar entre las dos muestras de ADN. Si se pasa estas dos pruebas, los jueces suelen exigir una tercera, consistente en un análisis de ADN mitocondrial -fuera del núcleo de la célula-, antes de admitir a trámite la demanda.
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