Los cuerpos fueron hallados en una mina de 20 metros y se han identificado gracias a pruebas de ADN de hijos y nietos
Los restos óseos de siete personas asesinadas por el franquismo en 1936 han sido identificados en Cáceres, después de practicar pruebas de ADN a familiares de esas víctimas fusiladas. Los represaliados se encontraban enterrados en una antigua mina de la localidad cacereña de Valencia de Alcántara (5.362 habitantes), conocida como “Terría” a unos 20 metros de profundidad, en un pozo sellado. Los nombres de estas personas son, Amado Viera Amores, por entonces alcalde socialista de Valencia de Alcántara, Eugenio Díaz Borja, Juan Pirón Machado, Francisco Refolio Gómez, Antonio Tejeda Fragoso, Julio Tomás Alfonso Pintor y Diego Vital Díaz, que es el padre del conductor de “El 47″, el autobús de Torre Baró (Barcelona), historia que se ha llevado al cine en las últimas fechas. Todos fueron asesinados en 1936 y sus cuerpos arrojados a un pozo anegado de agua, con el paso del tiempo este lugar se utilizó para tirar animales muertos y escombros, hasta que en 1988 este yacimiento se cerró con hormigón armado.
Según explica el catedrático de la Universidad de Extremadura y responsable de la excavación, Julián Chaves, fueron fusilados por su simpatía, o presunta simpatía, a la II República, “recordamos que en aquel momento, una simple sospecha era suficiente para ser fusilado”, cuenta el profesor.
En esta mina “Terría” los trabajos comenzaron en el año 2017 con el objetivo de encontrar los cuerpos de 37 represaliados, las labores se realizaron estudiando documentos oficiales, aunque el número finalmente fue mayor y se encontraron 49 personas, todos hombres, de los que aún quedan por identificar a 12. Las labores que se han desarrollado durante este tiempo han estado financiadas por la Diputación de Cáceres con un presupuesto de 80.000 euros.
Chaves cuenta que cuando llegaron a los cuerpos los restos estaban mezclados formando un gran mosaico. El análisis de los restos se ha llevado a cabo hueso a hueso y el método fue a través de una muestra de la representación esquelética, con lo que se logró determinar qué hueso pertenecía a cada persona. Posteriormente en el laboratorio se ha intentado secuenciar el ADN de 49 fémures, pero se obtuvieron el resultado positivo de 40. De los 37 fusilados con nombre y apellidos se pudo obtener la muestra genética de 11 casos, lo que permitió identificar genéticamente a siete de las víctimas.
El profesor de la Universidad de Extremadura insiste en que queda por determinar el nombre de 12 personas. “La historia de un pasado traumático no se cierra nunca, vamos a buscar nuevos nichos de documentación para investigar quienes pueden ser”, explica el catedrático. Por su parte desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, su presidente José Manuel Corbacho dice que “es un trabajo a contrarreloj”, del que queda mucho por hacer. “El tiempo va en nuestra contra, ya que cada vez hay menos hijos y nietos de represaliados porque han ido desapareciendo”, asegura Corbacho.
La identificación del padre de Manuel Vital, el cual condujo en mayo de 1978 un autobús de la línea 47 para llevarlo a su barrio de Torre Baró en Barcelona, se ha conseguido al identificar gracias a la información genética de su hijo, Diego Vital Velo. Manuel Vital llegó a Barcelona con 24 años tras nacer en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara y murió con 87 en el año 2010, sin poder conocer dónde estaban los restos de su padre.
En la presentación de los resultados ha estado presente Conchita Viera, hija del alcalde de Valencia de Alcántara Amado Viera, cuyos restos fueron encontrados en las excavaciones. La mujer, que ya ha cumplido 91 años y se quedó sin su padre cuando tenía tres, ha mostrado su satisfacción por cerrar este momento negro de su vida. “Nos contaban que en casa se presentaron un policía y dos falangistas para llevarse a mi padre. Le mataron y le arrojaron a la mina “Terría”. Después nos desahuciaron de nuestra propia casa”, cuenta emocionada. Conchita Viera es una de los símbolos de la memoria histórica en Extremadura, tanto, que la diputación cacereña ha creado un premio con su nombre.
Otra mina en la provincia de Cáceres donde se están llevando a cabo trabajos es en la mina La Paloma de la localidad de Zarza la Mayor (1.134 habitantes). En ese lugar se tuvieron que parar las excavaciones en mayo por problemas logísticos debido a la profundidad que es de 33 metros. En el yacimiento se prevén encontrar una veintena de cuerpos de represaliados, se cree que pudiera albergar restos de 50 víctimas fusiladas en 1936.
Según el catedrático Julián Chaves es un lugar con mucha dificultad, ya que La Paloma son tres minas de mucha profundidad y cuenta con un terreno complicado, “es blando, puede ceder y hay que actuar con mucho cuidado”, explica.
Este proyecto cuenta con un presupuesto de 75.000 euros y según el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales “no va a finalizar hasta que se encuentren los cuerpos”. La intención es la misma que en la mina “Terría” con pruebas de ADN con familiares y analizadas en el laboratorio de genética Biomics del País Vasco.
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura trasladan que están llevando a cabo trabajos en numerosos puntos de la región, como en el sur de la provincia de Badajoz donde la represión franquista fue muy dura. Los asesinados fueron muchos en diferentes pueblos como Cabeza la Vaca o Fregenal de la Sierra, pero también en puntos de la provincia de Cáceres como el municipio de Torremenga. Allí cuenta el presidente de la entidad, José Manuel Corbacho, que tienen constancia de que varios guerrilleros fueron fusilados y enterrados en el cementerio. “Se han llevado a cabo catas para intentar encontrarlos pero sin éxito, por lo que todos los trabajos no tienen el mismo final que lo conseguido en mina ‘Terría’”, trasladan desde la asociación memorialista.
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