Según el BOE, el mayor vestigio que se conserva de la prisión está fuera de la parcela que considera como Lugar de Memoria. Además, atribuye la propiedad de los terrenos al Ayuntamiento de Madrid, cuando en realidad pertenecen al Ministerio del Interior.
La declaración de la Cárcel de Carabanchel como Lugar de Memoria (LDM) iniciada de oficio por el Gobierno ha dejado un mal sabor de boca al colectivo que lleva casi dos décadas luchando por crear un centro de memoria en los terrenos que un día ocupó el centro penitenciario. Después de ver cómo su solicitud para declararla como LDM decaía sin ningún tipo de explicación, lo publicado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de octubre incurre en ciertas contradicciones y errores que desde la Plataforma por el Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel ponen sobre la mesa.
Luis Suárez-Carreño, integrante de la Plataforma, explica que, por el momento, únicamente se ha incoado el expediente que, previsiblemente, concluirá con la declaración de LDM. “En la misma situación se encuentran la antigua Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y la tapia del Cementerio del Este, donde tantas personas terminaron fusiladas por el franquismo”, añade.
En cambio, la sorpresa para el colectivo llegó hace unos meses, semanas antes de que el Gobierno decidiera publicar en el BOE el inicio de la senda burocrática del expediente. “En noviembre de 2022 nosotros presentamos todos los papeles necesarios para que la Cárcel fuera considerada LDM. En septiembre de este año nos dijeron que el expediente había caducado, sin mayor explicación. Por mucho que lo pedí por diferentes medios y portales, la Administración jamás me ha llegado a enviar el expediente de aquella petición nuestra”, se explaya Suárez-Carreño.
“En última instancia, me contestaron que el Gobierno iniciaría los trámites de oficio, pero nunca he podido ver qué pasó con nuestra petición”, lamenta Luis Suárez-Carreño, de la Plataforma por el Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel
Ello le lleva a pensar que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática jamás tuvieron en consideración la petición de la Plataforma. “En última instancia, me contestaron que el Gobierno iniciaría los trámites de oficio, pero nunca he podido ver qué pasó con nuestra petición”, se queja este activista memorialista, antiguo militante de la Liga Comunista Revolucionaria que estuvo en Carabanchel tras ser condenado por propaganda ilegal y asociación ilícita.
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Una vez publicada en el BOE la información por parte del Ministerio, la Plataforma advirtió algunos errores y “cuestiones incomprensibles”, tal y como las denomina Yenia Camacho Samper, integrante del colectivo e hija del histórico sindicalista Marcelino Camacho. Es ella quien recalca que la resolución tan solo menciona como LDM una de las parcelas que ocupaba la prisión, y no la de superior extensión donde se encontraban la mayor parte de sus dependencias, como el edificio principal construido en los años 40.
El principal vestigio en pie
En el tercer fundamento esgrimido por la Administración en su resolución se recoge que “dicho espacio contiene un elemento o hito material a tener en cuenta, último vestigio existente, que es el pórtico de entrada a la prisión”. Camacho lo desmiente: “El principal vestigio todavía en pie es el antiguo Hospital Penitenciario, el actual Centro de Internamiento para Extranjeros, cuyo cierre también reclamamos desde la Plataforma”.
Más allá de considerar como último vestigio existente el pórtico de entrada, este quedaría fuera de la parcela que la resolución delimita como LDM. “En realidad, el 90% de la infraestructura carcelaria, como las dependencias, el reformatorio, el psiquiátrico y el centro de madres estaba en esta parcela que no han considerado como LDM”, comenta Suárez-Carreño.
Además, la Plataforma también tiene razones fundadas para considerar que quedan todavía zonas subterráneas de la prisión bajo rasante, por debajo de los escombros a los que quedó reducida la Cárcel tras su derribo en 2008. “Nos consta, por testimonios de algunas personas, que debajo había celdas de castigo, por eso queremos que se realice un estudio arqueológico que lo pueda confirmar”, añade Camacho. También reivindican como vestigio un tramo del muro perimetral exterior al norte del terreno que se conserva en pie.
El colectivo critica, asimismo, diversos eufemismos que aparecen en el fundamento segundo de la resolución. En concreto, cuando determinan que en la construcción de la prisión “participaron prisioneros republicanos”, cuando se refieren a “mano de obra esclavizada que de hecho construyó la totalidad del edificio original en los años 40”, apuntan desde la Plataforma. Del mismo modo, critican que no haya referencias a aquellos presos que “murieron apaleados por los guardianes en el centro”, así como la omisión a las luchas de los presos sociales, que llegaron a su cénit con la Coordinadora de Presos en Lucha en los años 1977 y 1978, y su “feroz represión”.
Error en la propiedad del terreno
La resolución atribuye la propiedad del bien incoado al Ayuntamiento de Madrid, cuando en realidad pertenece al Ministerio del Interior. “Es incomprensible, no lo comprendemos. Cualquier persona vinculada un poco a este tema sabe que los terrenos son del Ministerio del Interior. Tal y como están las cosas, en este trámite de audiencia pública, requieren un informe del Consistorio, pero no del Ministerio, lo que no tiene ni pies ni cabeza”, agrega Suárez-Carreño.
Desde su punto de vista, se trata de un “expediente descafeinado” protagonizado por un “reduccionismo” que la Plataforma no llega a entender. “No sabemos si se trata de incompetencia, ineficacia, ignorancia, apatía o negligencia. Quizá lo hacen así deliberadamente por motivos que todavía desconocemos, pero toda la trayectoria de este LDM ha sido muy confusa”, opina el activista por la memoria. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no ha respondido a las preguntas planteadas por El Salto al cierre de la edición de este artículo.
Camacho apunta que la Administración ahora tiene un año de plazo para cursar el procedimiento y determinar qué es lo que exactamente se declarará como LDM. “Todos sabemos que lo más importante que queda de la Cárcel de Carabanchel es su Hospital Penitenciario, hoy convertido en CIE. Crear ahí el centro de memoria que tanto ansiamos sería darle una salida digna”, expresa. Además, el tiempo acucia. Un plan parcial ya aprobado para urbanizar los terrenos podría echar por tierra las aspiraciones de la Plataforma.
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