La Junta de Gobierno no descarta mantener la distinción del fundador de Falange y anular sólo la del dictador. Les fue concedida en marzo de 1939 por su participación en el alzamiento del 36
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Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fueron designados en marzo de 1939 decanos honorarios del Colegio de Abogados de Madrid, por su participación en el golpe y posterior alzamiento militar de 1936. La distinción se ha mantenido durante 74 años, pero para aguar sus tres cuartos de siglo de aniversario, la Asociación Libre de Abogados (ALA) ha planteado la retirada de tales honores tanto al dictador como al fundador de la Falange, en una propuesta que examinará este jueves la Junta General del Colegio.
Todo apunta a que la distinción de Franco será retirada --la actual Junta de Gobierno ha comunicado a ALA que ya se ha aprobado en ese ámbito, aunque no se ha producido ninguna notificación oficial--. Sin embargo, la de José Antonio amenaza con desencadenar un debate en el seno de la Junta General, ya que los actuales rectores del Colegio se inclinan por mantenerla.
Según explicó a Público Miguel Angel Muga, uno de los promotores de la propuesta de la Asociación Libre de Abogados, no hay razón para no despojar a José Antonio de su título, ya que no le fue otorgado para ensalzar sus virtudes como abogado --que lo era--, sino en su condiciónde "mártir de la revolución".
Para Muga, es obligado retirarle su título de decano honorario ya que fue "un golpista y el creador de una organización fascista como Falange". El abogado añadió que la Junta de Gobierno les ha manifestado que ya ha acordado quitársela a Franco --falta la comunicación oficial, por lo que ALA mantiene su propuesta en la Junta General también en relación al dictador--, pero que pretende mantener la de Primo de Rivera, que la obtuvo a título póstumo ya que fue ejecutado en noviembre de 1936 tras ser condenado por rebelión contra el gobierno legítimo de la República durante la Guerra Civil. El letrado señala que en aquellas fechas numerosos países castigaban con pena de muerte ese tipo de delitos.
Según recuerda la propuesta de ALA que se discute este jueves, la concesión de las distinciones se hizo inmediatamente después del triunfo de los militares golpistas, el 28 de marzo de 1939, cuando la Junta de Gobierno Provisional del Colegio de Abogados de Madrid acordó nombrar decanos Honorarios de la corporación a Francisco Franco Bahamonde y a José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia, "precisamente por su participación en el golpe y posterior alzamiento militar".
La Asociación Libre de Abogados define a Franco como "militar golpista y posterior dictador", y a José Antonio, como "fundador y máximo dirigente del partido golpista Falange Española,activo partícipe para llevar a cabo el golpe militar que conllevó la guerra, la represión y posterior dictadura".
Como argumento, en primer lugar ALA destaca las obligaciones jurídicas asumidas por el Estado español por medio de los compromisos y tratados internacionales suscritos respecto de los "deberes y obligaciones de verdad, justicia y reparación para con quienes sufrieron la persecución por el golpe y posterior alzamiento militar".
Asimismo, "porque la referida investidura es un acuerdo jurídico de una corporación colegial, que conlleva una mención de carácter público cuya única finalidad es la exaltación personal y colectiva del golpe de estado, posterior sublevación militar, y guerra que siguió, así como, del régimen dictatorial que posteriormente se instauró y de la persona que se convirtió en dictador del mismo".
Además, entienden que "no corresponde con el espíritu democrático y de defensa de los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos sociales, económicos y políticos que debe presidir el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el mantenimiento de dicho acuerdo y del nombramiento realizado, y la consiguiente consideración honorífica".
Subrayan además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 "exige la remoción de las menciones conmemorativas y de exaltación de la memoria de la sublevación militar y de los alzados ilegalmente que condujeron a la guerra, así como al posterior régimen dictatorial, en el que se produjeron gravísimas vulneraciones de los derechos humanos". Y también lo hacen las resoluciones de Naciones Unidas, el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el conjunto de legalidad internacional sobre las obligaciones de verdad, justicia y reparación para con las víctimas.
Por todo ello, proponen anular el acuerdo de marzo de 1939 y retirar las distinciones honoríficas a Franco y José Antonio. La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de este jueves es una de las dos que suelen celebrarse al año. Se trata de un órgano integrado por los cerca de 50.000 colegiados, y definido en los estatutos como el "órgano soberano de decisión del Colegio".
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