Presentaron ante el ministerio la solicitud de reconocimiento como víctimas con la documentación recopilada en el obradoiro de digitalización del archivo municipal
"Hay quien dice que para qué revolver los charcos. Eso, al que le es ajeno, pero al que le toque de cerca... Esto es un fregado para mí, pero estoy contenta de hacerlo y agradecida a quien me ayudó", dice con convicción Mabel Baamonde, representante de una de las tres familias de Vilalba que han iniciado el proceso para que alguno de sus ascendientes obtenga la declaración de reconocimiento y reparación personal como víctimas de la represión franquista en la Guerra Civil y la dictadura, tal y como se recoge en la Ley de Memoria Democrática.
Mabel ya ha presentado los expedientes para reparar la memoria y la figura de su padre, Ramón Baamonde Ramudo, y su tío, Manuel Baamonde Ramudo, quienes incluso estuvieron meses en prisión tras ser acusados, injustamente, de robo a mano armada y asesinato. Y ha conseguido la documentación necesaria a través del obradoiro de empleo de digitalización del archivo municipal del Concello de Vilalba, al igual que en los otros dos casos con la solicitud en marcha: el médico Plácido Orosa Peña -presentada por su hija, Pilar Orosa- y el exconcejal socialista Ignacio Montenegro Codesal -a través de su nieto, el actual edil Ignacio Criado-.
Dos hermanos, un concejal y un maestro, perseguidos
Ramón Baamonde fue concejal del Frente Popular desde 1931 hasta 1936, cuando "vio que le iban encima y escapó por donde pudo", llegando a "casi dos años huido", tal y como explica su hija. Aun así, reconoce que muchas cosas de las que vivió su padre las supo ahora, gracias al expediente. "Ellos no hablaban de eso, porque tenían miedo que los niños dijéramos algo que no viniera a cuento y les trajera problemas. Ahora sí soy consciente de lo mucho que sufrieron y que los trataron como si fueran delincuentes", apunta.
Considera que el hecho de que su padre fuera edil socialista fue el "desencadenante" para que él y su tío, que fue maestro, fueran "políticamente perseguidos". Ramón tuvo un expediente de inhabilitación política en abril de 1941, en el que también figura Ignacio Montenegro. A ambos se les condenó a seis años sin poder ejercer cargos públicos y a multas de 300 y 100 pesetas, respectivamente.
Pero las cosas no quedaron ahí. En 1946, su padre y su tío entraron en prisión tras ser apresados como supuestos miembros de una peligrosa banda de la zona de San Simón. Manuel estuvo tres meses, de febrero a mayo, y Ramón dos, de octubre a diciembre. "Aquello fue un cúmulo de despropósitos. Hasta que la banda siguió cometiendo delitos mientras ellos estaban en prisión y los soltaron", explica Mabel.
"Fueron víctimas y mártires. Lo que más tristeza me causa es saber lo que sufrió y que él no haya podido ver algo de reparación, aunque todo aquello no hay quien lo repare", reflexiona sobre su padre e incluso apunta a cómo el resto de la familia quedaba también señalado. Recuerda cuando su hermana iba a opositar en el 63 tras hacer Magisterio y le pidieron un par de certificados. "El del cura no hubo problema, pero de la Guardia Civil mi padre se vino sin el certificado de penales de mi hermana. No se lo dieron por ser 'hija de'", lamenta.
Un médico republicano
"Mi padre era ingenioso, valiente e inteligente. Un personaje", recuerda Pilar Orosa, hija de Plácido Orosa Peña, nombrado médico titular de Vilalba en 1935. Añade que "era republicano de siempre, muy de izquierdas" e incluso militante activo, lo que sirvió de excusa perfecta para, dos años después, ser destituido de su cargo por el nuevo gobierno local impuesto por el régimen.
"El no contaba nada de aquella época. Muchas de las cosas que sé es por gente que me lo cuenta o porque salió de su expediente del archivo municipal, donde dice que él se sublevaba. Le hicieron paseíllos, le dieron purgantes, lo escondieron en la capilla de Guadalupe... todo esto me lo contaron", relata Pilar.
Pese a no recuperar su titularidad en vida -se le restituyó en 2003 a título póstumo tras una moción del BNG aprobada por unanimidad-, ejerció hasta pasados los 70 años. "La gente le tenía mucha fe, no le cobraba a casi nadie. Me parece genial poder reparar su memoria, pero me emociona más que tanta gente tenga buenos recuerdos de él. Eso tiene que ser por algo", dice.
Un concejal al que destituyeron
El otro expediente que ya está remitido al ministerio es el de Ignacio Montenegro Codesal, concejal del Frente Popular socialista en 1936, desde marzo hasta el 23 de julio, cuando lo destituyeron.
"Estuvo en el pueblo hasta el 41, que fue el juicio y lo condenaron con la inhabilitación y lo desplazaban a Valladolid. Pero tenía un hermano que era militar de graduación alta y pudo interceder para que no se lo llevaran", explica Ignacio Criado sobre su abuelo materno. Y añade: "Quizás no valga para mucho todo eso pero si se puede restituir el haberlo expulsado de esa manera, genial".
Sobre estos casos y otros, desde el Concello se está elaborando un documental para explicar una parte de la historia quizás desconocida y que no debería volver.
Documentos del Archivo Histórico Provincial y un listado en un libro
El obradoiro de empleo de digitalización del archivo municipal de Vilalba permitió elaborar los expedientes, para lo que se valieron también de documentación que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Lugo y de un libro sobre la represión franquista en la provincia lucense de María Jesús Souto Blanco. En esta obra está recogido un listado de personas represaliadas de cada municipio y desde el obradoiro se buscó en los archivos local y provincial toda la documentación referente a ellas.
"O máis fácil é, por exemplo, o caso dun concelleiro, porque hai actas de sesión, despois de que foi destituído ou expedientes de responsabilidade política, con inhabilitacións para cargo público ou multa. Todo iso é proba documental para alegar á hora de facer unha solicitude de declaración de recoñecemento e reparación persoal", explica Emilio Saavedra, director del obradoiro.
El trabajo de campo realizado permitió localizar documentación de más de una treintena de personas y desde el Concello se notificó a todas las familias que podían disponer de ella. "Hai de todo. Algúns queren tela, outros non, outros son ignorantes no asunto... Nós temos varios preparados por se acaso viñesen buscalos os familiares", apunta Emilio.
Una vez presentada la solicitud ante el ministerio —la decaración es una especie de certificado que anula simbólicamente por ser "ilegítimas" resoluciones judiciales hechas en la época—, se resuelve en unos seis meses. Si no hay notificación en ese plazo, se considera estimada.
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