dissabte, 9 de maig del 2026

Las otras víctimas del verdugo de Peset Aleixandre: 'els 13 de la corda' de Ontinyent

 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2026/05/09/victimas-verdugo-peset-aleixandre-els-129994150.html


El teniente coronel que envió al paredón al rector de la UV también condenó a muerte a 27 en Sagunt, 13 personas en Ontinyent, 18 en Albaida, 8 en Llíria y a tres mujeres de Catarroja

"Matar a mi bisabuela rompió la familia" , explica Estefania Catalá, biznieta de Rosa Font, una vecina de Cullera condenada por Óscar Boán Callejas


Rafael Sarrión Boronat, de Ontinyent. Rosa Font, de Cullera. Juan Pérez Gavidia, de Ayora.

Rafael Sarrión Boronat, de Ontinyent. Rosa Font, de Cullera. Juan Pérez Gavidia, de Ayora. / L-EMV

Isabel Olmos

Isabel Olmos

València

El teniente coronel Óscar Boán Callejas, que presidió el consejo de guerra que sentenciaría a muerte al rector de la Universitat de València, Joan Baptiste Peset Aleixandre, dejó una sangrienta estela de dolor durante los dos años que estuvo en tierras valencianas tras la guerra civil española. Al dolor causado a los descendientes del ilustre médico de Godella, se suma el de decenas y decenas de familias que, de norte a sur de la C. Valenciana, vieron a sus seres queridos desfilar hacia un paredón de fusilamiento. Hace una semana, Levante-EMV, en colaboración con el Faro de Vigo y el investigador valenciano Vicente Muñoz Gimeno, ponía rostro a este militar.

Uno de estos casos fue el tristemente conocido como 'els 13 de la corda' de Ontinyent, trece vecinos de la capital de la Vall d'Albaida que fueron fusilados juntos en un mismo día, el 15 de diciembre de 1939, en las tapias del cementerio de la localidad. Se les conoce por este nombre porque fueron atados a una cuerda y trasladados así, en fila, hasta el lugar de su asesinato. Este caso es, en palabras de Joan Torró, de l'Associació Memorial Democràtic de Vall d’Albaida, uno "de los más traumáticos" vividos en la comarca ya que los juicios se realizaron mientras la localidad recuperaba, después de tres años, sus tradicionales fiestas de moros y cristianos. En las calles, música, y dentro de ayuntamiento, un consejo de guerra presidido por Boán Callejas contra un nutrido grupo de sus vecinos, 13 de los cuales acabarían con pena de muerte. El delito del que se les acusa:  ‘adhesión a la rebelión’. "Fue muy duro para el municipio. Se fusiló a 13 de golpe. "A una de las mujeres de estos hombres no la dejaron subir al cementerio y escuchó las descargas sin poder acceder", explica Torró. El memorialista también destaca que otra de las viudas tuvo que entregar a sus dos hijos a un orfanato durante un tiempo y a los hijos de muchos de ellos les gritaban 'rojos' en las colas de las tiendas y les obligaban a volver a ponerse en la última posición', cuenta Torró.

Además de en Ontinyent, que perdió en total a 92 de sus vecinos con la represión franquista (la mayoría en el Terrer de Paterna), Albaida fue la otra localidad donde se fusiló también en el propio cementerio. Aquí fueron 18 los vecinos que murieron en el paredón, en dos sacas diferentes, el 10 y el 16 de junio. Todos ellos fueron sentenciados por Boán Callejas.

Trabajos de exhumación en el cementerio de Ontinyent para recuperar los restos de los 13.

Trabajos de exhumación en el cementerio de Ontinyent para recuperar los restos de los 13. / A. Perales Iborra

En Llíria y en Sagunt

Como presidente del Consejo de Guerra en Sagunt, este teniente coronel dejó un rastro especialmente violento. Coincidiendo con el desfile de la victoria de Francisco Franco en València, el 5 de mayo de 1939, ordenó el fusilamiento de 27 personas —vecinos de Puçol, Sagunt y el Puig— a las afueras del cementerio saguntino. Pero no fue un caso aislado. Posteriormente, volvió a presidir el tribunal que envió al paredón de Paterna a tres vecinas de Catarroja: Carmen Martínez Fortea, Bárbara Morellá Ribes y Francisca Ballester Noguera, de 35, 41 y 51 años. Fueron acusadas de pertenecer a la Confederación Nacional del Trabajo y de colaborar con la República. En la misma línea represiva, también condenó a muerte a Rosa Font, conocida como La Budella, vecina de Cullera, de 29 años. Militante socialista, había participado en diversas acciones de apoyo al gobierno legítimo.

"Se tiene que saber quienes eran los que, supuestamente, impartían justicia porque destrozaron la vida de decenas de familias como la mía" . Quien habla es Estefanía Català, concejala de Compromís en Cullera y biznieta de Rosa Font, fusilada tras la condena a muerte de Óscar Boán. Font, activista política durante la República y la guerra, dejó tres huérfanos quienes, con el padre también en la cárcel, acabaron en manos de familiares. Una de las hijas de Rosa era la abuela de Estefanía y la otra hija, Armonía, acabó falleciendo en un convento de tuberculosis a los 12 años al no poder asumir la familia su manutención ya que el tercer hijo era muy pequeño. "Se creían superiores por tener poder y lo único que generaron fue dolor, dolor y dolor", explica Catalá sobre los miembros del tribunal que condenó a su bisabuela.

Rosa Font, la 'budella'.

Rosa Font, la 'budella'. / L-EMV

La dureza de la represión de Óscar Boán Callejas se refleja igualmente en el proceso contra el escultor Manuel Silvestre Montesinos (Silvestre d'Edeta ) y otras 27 personas en Llíria. Ocho de ellas fueron condenadas a muerte. No se libraron tampoco de la mano de este teniente coronel los hermanos Juan y Miguel Pérez Gavidia y el edil socialista Elias Murcia Martínez, todos ellos de la localidad valenciana de Ayora. "Cuando la guerra tocaba su fin, Juan fue apresado y trasladado al campo de concentración de Monforte del Cid (Alicante), donde las condiciones infrahumanas obligaban a los presos a alimentarse con hojas de almendro. Tras varias semanas allí, lo liberaron junto a otros compañeros. Algunos aprovecharon para embarcar en Alicante y exiliarse, pero Juan decidió volver a casa. Nada más llegar a Ayora, su cuñado (marido de su hermana Matilde) le denunció. Juan apenas había podido abrazar a su mujer e hijos cuando fue detenido de nuevo. En la prisión de Ayora fue torturado. Tales eran las palizas que no fue capaz de abrazar a su hija Vicenta el único día que permitieron a su familia visitarlo. Poco después, Juan y su hermano Miguel, también detenido, fueron llevados a la Prisión Modelo de Valencia", explica Rafa, nieto de Juan.  Los dos hermanos fueron fusilados en Paterna el 6 de noviembre de 1939, y enterrados en el cementerio de esta localidad, en la Fosa 94.

Según recoge Juan Luis Porcar Orihuela, historiador documentalista de la Universitat Jaume I y miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, el teniente coronel también celebró un consejo de guerra colectivo a vecinos de l’Alcora, algunos de los cuales fueron condenados a muerte y ejecutados. Posteriormente, también condenó a muerte a José Baldayo Balaguer, militante de CNT y FAI, fusilado en Castelló con 28 años.

Víctimas del franquismo presentan un nuevo informe con datos de archivos militares sobre la fosa común de Vegueta para reactivar su exhumación

 https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/victimas-franquismo-presentan-nuevo-informe-datos-archivos-militares-fosa-comun-vegueta-reactivar-exhumacion_1_13200962.html

Homenaje a las víctimas del franquismo en la Fosa Común de Vegueta.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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La Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta (AFFCCV) impulsa una nueva cata arqueológica en dicha fosa para recuperar los restos mortales de víctimas del franquismo. Lo han hecho en esta ocasión presentando un nuevo informe que incluye datos de archivos militares que creen que deben tenerse en cuenta y que aporta el investigador Víctor Manuel Martínez Perera. Asimismo una treintena de asociaciones, sindicatos y colectivos se han sumado a la recogida de firmas que está recogiendo la agrupación con el fin de reactivar esta lucha. 

El autor del informe explica que este trabajo de investigación ha surgido mientras realizaba un Trabajo Fin de Grado para la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos. Él mismo es sobrino-bisnieto del represaliado Pedro Perdomo Pérez (topo de La Isleta), encartado en la causa 1/36 en donde se condena a muerte a Los Cinco de La Isleta; otras seis personas son condenadas a reclusión perpetua.

Sus familiares solicitaron en su momento conocer el contenido de la causa judicial que ponía en requisitoria a Pedro Perdomo; así como conocer por qué fusilaron a sus cinco compañeros, todos ellos trabajadores del Puerto de La Isleta. 

Víctor Martínez incide durante el informe en la Causa Militar 1/36 y destaca en las primeras páginas de esta causa consta en el folio del lugar en donde fueron enterrados los dos soldados fallecidos el 20 de julio de 1936, refiriéndose al Cementerio de Vegueta. También menciona más adelante a otros represaliados que fueron enterrados en el Cuartel número 5 de la fosa primera. 

“Los soldados Francisco Andrade Gómez y Juan Jiménez Moriano quedan sepultados en la Fosa número tres uno y dos nichos respectivamente”, según consta en la Causa 1/36, en la página cinco. Tras seguir avanzando en el análisis de esta causa, se especifica “a dónde fueron a parar los cadáveres de los llamados Luis Cabrera Hernández, José Ramírez Alcántara, Nicolás Cordero Bautista, Antonio Betancor Luzardo y Manuel Ramos Gozález”: “Quedando los primeros en el Cuartel número 5 fosa primera y el llamado Ramos González en el nicho número 1.667 del ensanche”. 

El investigador tiene en cuenta además otro informe de la ARDF Desaparecidos que realizó por medio de los registros del cementerio de Vegueta. “Este informe publica que en julio de 1941 se entierran en la Fosa nº1 a 45 personas y en diciembre de 1953 a 53 personas más, cuando ya que las obras de los nichos ya habían sido realizadas, por lo que la numeración de este Cuartel no cambia y lo forman hasta 32 fosas; se continúa enterrando personas en la fosa nº 1 aunque se hayan realizado las obras, lo cual indica que esa fosa no debería estar por debajo de ese edificio”, subraya. 

El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados entre septiembre de 1936 y principios de 1937 fueron enterrados de forma secuencial en el Cuartel nº 5 y esto incluye además de a “los Cinco de La Isleta”, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a “Los Cuatro de Telde” . 

Imagen del folio 222 vº de la causa 1/36 de fecha 08/09/36 en donde consta
cuatro de los cinco fusilados de La Isleta.

“Dada la proximidad temporal de los fusilamientos de Los Cuatro de Telde en enero de 1937 con los Cinco de San Lorenzo en marzo del mismo año, se podía deducir que Juan Santana Vega y Francisco González Santana pueden encontrarse también en ese mismo Cuartel nº 5. También cabe la posibilidad que estas dos personas fueran enterradas en la fosa nº 2 del Cuartel nº6 al verse colmatada el cuartel nº 5 y continuar a la siguiente, la duda es saber si esa información en el registro es correcta”, añade el trabajo de investigación. 

Por ello, los familiares exigen que las administraciones investiguen a fondo las causas de los juicios sumarísimos en los archivos militares para localizar a todas las víctimas y también “que se reanuden las prospecciones y exhumaciones, abarcando todas las fosas si fuera necesario, para atenuar el sufrimiento de las familias y cumplir con el objetivo de reparación moral de la Ley de Memoria Democrática”. 

Con la investigación se exige a las administraciones que estudien a fondo las causas sumarísimas militares y aprueben el nuevo “Proyecto de Prospección” diseñado en 2025 por la entidad científica ArqueoAntro. El objetivo es investigar todas las fosas posibles para no mantener a las familias en una “continuada represión” por no poder recuperar a sus seres queridos. 

El informe apunta que la solicitud se ampara en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y exige que el Estado asuma su responsabilidad en la búsqueda de los desaparecidos.

Asimismo, incluye un anexo con las firmas de varios familiares de represaliados como Francisco González Tejera, Antonio Moriñigo, María Soledad Pérez, Yguarina Brito y Óscar Vizcaíno.

Un tedioso camino para conseguir la exhumación

En 2012 Francisco González Tejera y Juana del Pino González, familiares directos de los asesinados Francisco González Santana y Juan Santana Vega, dos de los denominados Los cinco de San Lorenzo, presentaron una denuncia y solicitaron la exhumación de los cuerpos y la investigación del caso ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta demanda fue desestimada, al igual que el recurso posterior que se interpuso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En 2013 se presenta un escrito en el Ayuntamiento solicitando la exhumación y más tarde se tuvieron en cuenta dos informes, uno de la Comisión Técnica de Memoria Histórica del Consistorio. 

En 2018, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizan conjuntamente un encargo por medio de un Convenio a la Universidad de Las Palmas de gran Canaria (ULPGC) a través de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico y el Departamento de Ciencias Históricas de dicha universidad. 

En ese período se realizaron una serie de sondeos en la fosa y se localizó los restos óseos de una persona. No obstante, el informe concluyó con resultados negativos respecto a la localización de las víctimas del franquismo. “La fosa es ilocalizable”, señaló el estudio. 

El autor del informe insiste en que en 2018 se zanjó la oportunidad de exhumar esta fosa basándose en un informe técnico. A su juicio, el proyecto de la ULPGC fracasó porque se basó en registros civiles incompletos y testimonios orales contradictorios, ignorando por completo los archivos históricos militares. “Es probable que al aportar la nueva prueba de las informaciones sobre una causa militar se tenga en cuenta para volver a investigar”, apunta Víctor Martínez a este periódico. 

“Yo me baso en que se debería excavar ese cuartel número cinco por las pruebas que yo aporto en el informe de esa causa judicial militar y porque puede ser que los registros estén mal porque hay un lapsus de tiempo en el que no hay registros y se empieza otra vez por la fosa número cinco. También incide en que no hay datos de que si se abrió la fosa del cementerio de Vegueta durante la dictadura (como apunta el anterior informe) no se especifica a dónde los llevaron e incide en que eso se debió haber registrado a dónde se llevaron esos cuerpos si es que sucedió así, porque fue en los años 40 o 50. ”Dudo que lo hayan limpiado porque había otros cementerios ya funcionando“, incide. En cualquier caso, cree que las dudas se despejarían cavando la fosa. 

Las familias siempre han reprochado las ilusiones y esperanzas que se les dieron desde las instituciones en todo momento. No obstante, Francisco González, nieto del sindicalista Francisco González, uno de los cinco de San Lorenzo ha seguido luchando en estos años en los que su padre Diego falleció sin poder recuperar los restos mortales de su padre. González llegó a recurrir el informe. 

En 2024, Francisco González mantuvo una reunión con el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana que le informó de que las solicitudes de familiares de represaliados inhumados pueden ser tramitadas por medio de una agrupación o asociación memorística y más si cabe, por la probabilidad de que existan más familiares relacionados con personas que se encuentren en ese lugar en concreto; estas personas también podrían unirse a esas mismas solicitudes. Por ello nace en septiembre de 2024 la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta (AFFCCV).

En octubre de 2024 se procede, por medio de la AFFCCV a realizar una nueva solicitud de exhumación al Ministerio de Memoria Democrática . A la misma vez se hace un llamamiento público por diferentes medios de comunicación de listados de personas fusiladas que según constan en los registros del Cementerio de Vegueta fueron enterradas en sus cuarteles. 

En fecha 20 de marzo de 2025 y tras mantener diferentes reuniones entre la agrupación es redactado y presentado el Proyecto de Prospección para la localización de víctimas del franquismo inhumadas en las Fosas del Cementerio de Vegueta con el objetivo de que sea impulsada una nueva prospección arqueológica desde el Ministerio. 

Por último, en el informe se explica que han presentado denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y que fue derivada a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, no teniendo respuesta en la actualidad de ese organismo u otro.

“Como ya se ha expuesto desde el inicio de este informe, se quiere hacer constar que hasta el momento no se han realizado todos los trabajos e investigaciones necesarios para localizar los documentos que indiquen los lugares en donde fueron inhumados las víctimas del franquismo fusiladas en La Isleta y enterradas en los cuarteles del Cementerio de Vegueta, como pueden ser las causas de juicios sumarísimos”, incide el documento. 

Por parte de la Agrupación de Familiares Fosa Común Cementerio de Vegueta, se cree que aún se puede hacer más esfuerzo por parte de las administraciones para obtener esta información. Este jueves dará una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de este informe, el número de colectivos que les apoyan y sobre la denuncia en Fiscalía.

La Agrupación señala que entre los colectivos que han firmado la solicitud para la exhumación de la fosa se encuentran CCOO, UGT, Cobas, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Asamblea Reivindicativa Canaria, Asociación de Memoria Democrática Niño Braulio, Asociación Sociocultural y Ambiental La Periferia, Centro Cultural Popular de Canarias, Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, Federación Sindical Canaria, Foro Memoria Histórica de Canarias, Frente Sindical Obrero de Canarias, Fundación Canaria Juan Brito, Intersindical Canaria, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria, Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Plataforma Canaria por la Paz, Podemos Canarias, Radio San Borondón, Red Taknara, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Guerrilla Urbana, Verdes Canarias y Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias.



Por qué es imposible acceder a los nombres de los torturadores franquistas

 

Por qué es imposible acceder a los nombres de los torturadores franquistas?


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El ministerio de Interior continúa custodiando miles de documentos que debería haber transferido a los archivos históricos

Sílvia Marimon Molas5 may a las 20:04

Barcelona Hace unos días el diario alemán Die Zeit ponía al alcance de sus lectores un buscador en línea que permite encontrar en cuestión de segundos si hay algún nazi en la familia. En el estado español se está muy lejos de poder hacer algo semejante. Desde hace años, diferentes investigadores, historiadores y familiares de víctimas del franquismo han hecho instancias y denuncias porque el ministerio del Interior se ha convertido en un muro insalvable para acceder a la documentación. Algunos, incluso, han tirado la toalla y han tenido que dejar de lado la tesis doctoral.

El Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) es uno de los más valiosos para el estudio de la dictadura. A pesar de que su norma reguladora establece que no debería conservar documentación de más de treinta años, el ministerio continúa custodiando grandes volúmenes documentales del ministerio de la Gobernación, su antecesor franquista. Tampoco es que haya transferido grandes volúmenes de información, sino que lo ha hecho con cuentagotas. "Según la ley de patrimonio de 1985 debería hacer transferencias periódicas al Archivo General de la Administración (AGA) y a los archivos históricos provinciales, pero no lo hace", explica Mario Lozano, investigador postdoctoral de la Universidad de Barcelona (UB), que estudia el nombramiento de alcaldes y concejales durante el régimen franquista y la trayectoria que siguieron cuando llegó la democracia. "Conocer tan solo qué tipo de documentación conserva el ministerio del Interior sobre esto es imposible y hemos tenido que hacer la investigación a través de los archivos provinciales y de diputaciones, cosa que se traduce en hacer peticiones a casi cien archivos", asegura Lozano.

Este miércoles se entregará una carta abierta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska –con el apoyo de medio millar de profesores e investigadores tanto españoles como extranjeros y la Asociación de Historia Contemporánea española–, donde se reclaman medidas urgentes para garantizar el acceso a la documentación. De hecho, Interior ya ha pedido reunirse con los investigadores, pero estos han pedido la presencia del secretario general técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez, y la publicación de la base de datos con las solicitudes de acceso a la documentación.

El profesor de historia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Pau Casanellas hizo un primer intento de acceder a documentación para su tesis sobre la represión contra organizaciones armadas en 2008. "Era prácticamente imposible. Finalmente, desistí", explica. Terminó publicando el libro Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977 (Catarata, 2014) utilizando vías alternativas, como los archivos de los gobiernos civiles. Hace un par de años, comenzó a trabajar en un libro sobre el sistema de represión y control social desde los años cincuenta hasta el final del franquismo. Para ello, inició los trámites oficiales para acceder al Archivo General del Ministerio del Interior. Hizo la petición en febrero de 2023 y le respondieron en enero de 2024: "Me denegaron el acceso a todo lo que había pedido", dice Casanellas. Los argumentos se basaban en la legislación sobre patrimonio documental y plazos de consulta. Según la ley, deben transcurrir 25 años desde la muerte de la persona y, en caso de desconocerse, 50 años desde la fecha del documento. "Apelaban a límites de 50 años desde la fecha de los documentos, pero en mi caso la cronología no quedaba afectada", asegura. También denuncia la falta de organización. "Me decían que alguna documentación no estaba allí o no estaba descrita", explica Casanellas, que terminó encontrando la información que buscaba, las normas de funcionamiento del servicio de información de la Guardia Civil, en librerías de segunda mano.


Los obstáculos de los familiares

Lo que custodia el ministerio del Interior no es un fondo cualquiera. Su antecesor, el ministerio de la Gobernación, fue un actor clave en el control político y represivo de la dictadura, ya que concentraba las competencias sobre policía, administración penitenciaria, control de asociaciones y vigilancia de la disidencia política. Desde allí se controlaba la red de gobernadores civiles encargada de aplicar las políticas del régimen en el territorio. Además, el AGMI también gestiona documentación histórica proveniente de prisiones, fundamental para investigaciones sobre personas represaliadas y población reclusa durante el siglo XX.

Paloma Calopa buscaba información sobre su tía, Joaquina Rodríguez del Amo, que fue enfermera en Madrid y fue fusilada en el cementerio de la Almudena el 27 de junio de 1940. "Desconocía completamente cómo funcionaban los archivos, y me dirigí personalmente a la sede del ministerio del Interior, con la voluntad de tramitar la solicitud de manera presencial. Una vez allí, expuse mi caso y se me informó que esta opción no era posible y tuve que rellenar un formulario. Me dijeron que me enviarían la documentación, que no me llegó a casa hasta un año y medio más tarde", explica Calopa.

"La sorpresa fue mayúscula al comprobar que los documentos contenían numerosos fragmentos censurados. En concreto, se habían borrado u ocultado una docena de nombres propios, aunque de manera irregular, ya que algunos nombres sí que aparecen. Hay que tener presente que estos documentos datan de los años 1939 y 1940, es decir, tienen más de ocho décadas de antigüedad. Desde mi punto de vista, se trata de materiales que, por su naturaleza y antigüedad, deberían ser plenamente accesibles y no deberían estar sujetos a este tipo de restricciones", añade Calopa, que ha tenido que visitar muchos otros archivos y explica que la experiencia siempre ha sido positiva. "Como familiar y no como investigadora profesional, considero fundamental que el acceso a los archivos se facilite con criterios de acompañamiento y sensibilidad. Estamos hablando de documentos que afectan directamente la memoria familiar y emocional de muchas personas. En la mayoría de archivos he encontrado profesionalidad, orientación y sensibilidad. Me han enseñado a utilizar los sistemas de consulta, como el microfilm, y a moverme por las bases de datos. Desgraciadamente, esta no ha sido mi experiencia en el caso del ministerio del Interior", dice.

Los retrasos en cumplir las peticiones

Laura Bolaños es doctora de la Universidad Complutense de Madrid e hizo una tesis doctoral sobre la prostitución clandestina durante la posguerra. Para hacer su investigación, pidió expedientes personales y documentación generada por las prisiones donde encerraron sobre todo a prostitutas en el Archivo General del Ministerio del Interior. "Se me pidieron los certificados de defunción y tardaron más de un año en responder a algunas peticiones. Una tesis doctoral dura tres años, ampliables a dos más. En total, cinco años. Con estos retrasos, la investigación se complica enormemente. En otros archivos provinciales donde he consultado la misma información, no he tenido ningún problema", dice Bolaños.

"Que toda esta documentación continúe en el ministerio es una anomalía", denuncia Mario Lozano, porque los archivos ministeriales no están concebidos para custodiar documentación histórica. En el ámbito de la administración central, esta función corresponde a los archivos históricos e intermedios especializados como el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional o los Archivos Históricos Provinciales, vinculados al ministerio de Cultura. "El hecho de que no se hayan transferido dificulta enormemente la tarea porque muchas veces no hay un tratamiento archivístico ni la descripción", dice Lozano. Por lo tanto, buscar un documento puede ser como intentar encontrar una aguja en un pajar. "Ni siquiera dejan acceder a los archivos, no se pueden consultar físicamente, y envían copias muchas veces censuradas y con muchos nombres que son ilegibles", añade. Según un informe de los historiadores, entre 1977 y 1996 –un período de veinte años– se registraron 34 transferencias, con un total de 10.646 unidades. Entre 1996 y 2026 –un período de treinta años– únicamente se hicieron tres transferencias, con un total de 1.881 unidades.

Imposible acceder a los nombres de los torturadores

El 27 de marzo ERC presentó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) sobre la accesibilidad y la transparencia del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), en la que ponía el foco en las dificultades de acceso a la documentación histórica conservada en el archivo, especialmente la relacionada con la represión y las instituciones penitenciarias del franquismo y la posguerra. La respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue negar que haya ninguna opacidad en la gestión del archivo. Tan solo admitió la existencia de dificultades por el volumen de trabajo, pero defendió la tarea de la administración. El hecho, sin embargo, es que las quejas se acumulan.

El 27 de abril el PNB exigió al ministerio del Interior que desclasificara totalmente los documentos de su archivo para poder identificar a los responsables de las torturas y la muerte de Txomin Letamendi en 1950. No son los primeros en pedirlo. La ley de memoria española explicita que las víctimas tienen derecho a la justicia, que se debe garantizar a través de investigaciones públicas que aclaren las violaciones de derechos humanos. Hasta ahora, sin embargo, no se ha podido acceder a los atestados policiales. Blanca Serra, que murió el 11 de abril, intentó averiguar el nombre de los que la torturaron en la comisaría de la Via Laietana a través de una denuncia a la Fiscalía.

"No se trata de documentos calificados de secretos oficiales, y existe el tema de protección de datos con material que se puede considerar sensible", explica Lozano. "Quien decide quién puede acceder y quién no a este material más sensible y quién redacta la normativa interna es la secretaría técnica del ministerio del Interior", añade. En este caso, su criterio ha sido bastante restrictivo en opinión de los investigadores.