Violadores de los derechos humanos en la era de Franco España podrían ser juzgados en Argentina

Violadores de los derechos humanos en la era de Franco España podrían ser juzgados en Argentina Publicado: 21 de noviembre 2014 07:48 AM PST Juez Buenos Aires María Servini de Cubría invoca 'jurisdicción universal' para tratar de abusos contra los derechos graves cometidos por el régimen. The Guardian, 02/11/2014 Un juez argentino ha abierto viejas heridas de la dictadura de España al ordenar algunos de los ex ministros del general Franco para enfrentar a la justicia por presuntos asesinatos. Grupos que luchan por la justicia para las personas torturadas y asesinadas bajo Francisco Franco aplaudieron la medida "histórica" ​​para exigir la extradición de 20 funcionarios españoles entre ellos varios ex ministros. También han acogido mueve a investigar las denuncias de que cientos de miles de bebés fueron robados de izquierdas y no casadas madres durante la dictadura. Juez de Buenos Aires, María Servini de Cubría, dictó la detención y extradición invocando órdenes de "jurisdicción universal", una doctrina legal que autoriza a los jueces a tratar los abusos de derechos graves cometidos en otros países. Uno de los abogados de los demandantes, Carlos Slepoy , dijo que era la primera vez que los ex ministros del régimen fueron blanco de jurisdicción universal. "Es histórico", dijo María Arcenegui Siemens, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que apoya a las víctimas de la guerra civil de 1936-1939 España y la consiguiente 36 años de dictadura. "Es un gran día." Las dos personas más importantes dirigidos por Servini son Rodolfo Martín Villa, de 79 años, quien era un alto funcionario en el régimen de Franco y más tarde ministro del Interior justo después de la muerte del dictador, y José Utrera Molina, de 86 años, quien fue ministro de la vivienda durante el franquismo. Villa está acusado de ordenar una redada policial en los trabajadores que protestaban se refugian en una iglesia que dejó cinco muertos en 1976. Utrera está acusado de ser uno de los funcionarios que en 1974 firmaron la orden de ejecución de Salvador Puig Antich, un anarquista catalán acusado de matar a un policía. Utrera es el padre-en-ley del ex ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, quien renunció en septiembre sobre un asunto no relacionado. Gallardón ha dicho varias veces que él admira Utrera, que aún elogia el régimen de Franco . Servini emitió una solicitud para transfronteriza agencia policial Interpol para exigir autoridades españolas llevan a cabo la "detención preventiva con fines de extradición" de los sospechosos. Dos años después de la muerte de Franco en 1975, los líderes españoles firmaron un acuerdo de amnistía visto como esencial para evitar una espiral de ajustes de cuentas, ya que trató de unir al país y conducirlo a la democracia. "La democracia regresó durante la noche ... pero nada fue purgado", dijo Arcenegui. Autoridades españolas todavía invocan la ley de amnistía, al negarse a investigar las supuestas atrocidades de la época de Franco, a pesar de las demandas de las Naciones Unidas que ser desechado. Servini año pasado emitió órdenes de dos ex policías acusados ​​de torturas, pero los tribunales españoles se negó a extraditarlos. Fue sin embargo significativo que se hicieron a los dos hombres a comparecer ante el tribunal para una audiencia de extradición, dijo Arcenegui. Los warrants son parte de una investigación iniciada por Servini en 2010 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio. También tocan en otro de los abusos de la era de Franco - los "bebés robados" .Entre los demás destinatarios de la última orden de Servini es un médico acusado de recibir un bebé recién nacido de su madre en 1967 y de decirle a la mujer que el niño había sido nacido muerto. Grupos de la campaña dicen que cientos de miles de bebés de los opositores al régimen o parejas de hecho se los llevaron al nacer y se les da a las familias adoptivas. Un puñado se han reunido con sus padres biológicos en los últimos años. Más de 2.000 casos se han registrado en los tribunales españoles, aunque muchos se han topado con obstáculos burocráticos, con los hospitales diciendo que cesen en los registros. Los activistas también quieren tribunales para investigar la desaparición de decenas de miles de personas durante la guerra civil y la dictadura. El reconocido juez Baltasar Garzón fue juzgado en 2012 por tratar de investigar esas desapariciones. El Tribunal Supremo lo absolvió de los cargos de abuso de autoridad, pero juzgó que su intento de investigar fue "un error" y no fue autorizada por la ley española. Último movimiento de Servini "pone el problema de la impunidad de los franquistas volver a la intemperie", uno de los demandantes en el caso de ser investigados por Servini, José Galante, dijo a la televisión española. "Este día ofrece la esperanza de que esos criminales serán juzgados en Argentina e incluso en nuestro país." Slepoy añadió: "Estamos convencidos, al igual que muchos jueces y fiscales en España, que estos asuntos deben ser investigados. " Dijo que ahora corresponde al Gobierno español para transmitir la orden de detención a los tribunales para que se notifiquen a los sospechosos. "Si el gobierno impide que, será muy obvio que están protegiendo a ciertas personas", dijo.