Posted: 11 Nov 2014 12:02 PM
PST
La transición española no
fue, tal y como la quieren vender, ni modélica ni pacífica. El régimen
franquista siguió reprimiendo y asesinando en ese periodo como en la
dictadura. El hecho más relevante de esa
represión se dio en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 cuando la Policía
mató a 5 trabajadores y causó más de un centenar de heridos, además de los
dos jóvenes asesinados días después en Tarragona y Basauri en actos
solidarios.
Han pasado 38 años y seguimos
luchando para que el Estado español reconozca y asuma su responsabilidad,
haga justicia y repare las consecuencias. No podemos admitir las
versiones que justifican la actuación y amparan a sus responsables y tampoco
que estos sigan gozando de total impunidad. En algún sentido vamos logrando
desmontar la versión oficial y que se admita aquella lucha como justa y
dirigida a recuperar derechos y libertades, pero también hay que decir que el
Gobierno español del PP se empeña en dar crédito a los informes policiales
para negar aquella actuación como terrorista y con ello no reconocernos como
víctimas del terrorismo. Ejemplo claro es el argumento dado por el
Ministerio del Interior en Trámite de Audiencia hace escasos días para
desestimar la solicitud a la ley integral de víctimas de una madre por la
muerte de su hijo cuando expresa: «el fallecimiento se produjo como
consecuencia del enfrentamiento ocurrido en Vitoria el día 3 de marzo
de 1976 entre los participantes de una concentración prohibida que tenía su
origen en un conflicto laboral y miembros de la Policía». Para decir a
continuación «en el presente caso, en cuanto a acreditar la naturaleza de
acto terrorista del hecho que provocó las lesiones sufridas no existe
sentencia definitiva alguna que así lo declare, ni de la jurisdicción militar
ni de la ordinaria… los hechos examinados no tenían por objeto directamente
la alteración de la paz pública sino reponerla…».
Esta visión de los hechos
dada a día de hoy es inadmisible y en absoluto se ajusta a la realidad.
En cuanto a no haber sentencia sobre los hechos tampoco es del todo cierto,
pues en los sumarios se recoge que «los hechos son en principio
constitutivos de un delito de homicidio…, pero se procederá al sobreseimiento
por no haber motivos suficientes para acusar del delito a determinada
persona». Fue la primera gran burla de la justicia que ha continuado al
impedir que estos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el
franquismo puedan ser juzgados en España y con ello perpetuar la impunidad de
sus responsables. Un modelo español de impunidad sustentado en la ley de
Amnistía de 1977, que viene aplicándose como una ley de punto final.
Ha sido en Argentina donde se
ha abierto un proceso contra el franquismo y sus crímenes, que
pese a las trabas sigue avanzando de manera muy positiva con noticias como la
del pasado viernes en el que se conoció el Auto de la jueza Mª Servini
dictando orden de detención internacional para tomar declaración indagatoria
a 20 exministros, jueces y funcionarios del franquismo. Martín Villa, Utrera Molina, Alfonso
Osorio y compañía tienen que comparecer en Buenos Aires para
declarar ante Servini por su responsabilidad en los actos criminales que se
les imputan. Martín Villa y Alfonso Osorio como parte del Gobierno en marzo
de 1976, y Jesús
Quintana como capitán al mando de la Policía, que ejecutó las
órdenes y masacró a los trabajadores reunidos en la iglesia de San Francisco,
ven cómo se les acaba la impunidad de la que gozaban. La exigencia constante
de verdad, justicia y reparación mantenida a lo largo de estos años empieza a
dar sus frutos y el es- fuerzo desarrollado ha merecido la pena.
Es más que probable que el
Gobierno de Mariano Rajoy, al igual que hizo con las órdenes de extradición
de los torturadores Muñecas y Billy el Niño, no acceda al requerimiento
ordenado por la jueza, pero ello evidenciará, una vez más la nula voluntad de
su partido, el PP, de desligarse del franquismo. Un partido fundado por Fraga
Iribarne, pilar de ese régimen que ocupó relevantes puestos en la dictadura,
y era ministro de Gobernación y máximo responsable de la matanza de Gasteiz.
Todo un azote de los derechos humanos y la libertad. También quedará claro
que España es el único lugar en el que se da cobijo a los criminales
franquistas y en el que no se respeta la legislación internacional de amparo
a las víctimas de vulneración de derechos humanos, a pesar de que la ONU y
otras instancias así se lo están requiriendo.
La orden de detención
dictada por la jueza Servini es un hito en la lucha por la justicia, pero al igual que Argentina logró juzgar en su propio país los
crímenes de la dictadura de Videla gracias a la presión social, tenemos que
conseguir que España juzgue los de la dictadura de Franco, eso sí, con las
debidas garantías internacionales, pues los tribunales españoles por sí
solos no nos merecen la suficiente confianza.
Es necesario un posicionamiento claro y rotundo de toda la clase política y aislar al PP en su amparo a la impunidad. No nos cabe duda de que también la sociedad de Euskal Herria, tal como lo viene haciendo, sabrá realizar un último y generoso esfuerzo para acompañarnos en el derribo total del muro de impunidad levantado para proteger a los criminales franquistas. |
Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
dimarts, 18 de novembre del 2014
Construyendo el relato, derribando la impunidad
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