El ensayo Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O.), de Esther López Barceló, Marta García Carbonell y María Palau Galdón, desenmascara la violencia y la explotación de miles de mujeres en España durante el Franquismo y la Transición
Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón.Cortesía de la editorial
El 19 de septiembre de 1983, durante el primer año del primer gobierno de izquierdas de la democracia, Inmaculada Valderrama apareció muerta en el patio del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, dependiente del Patronato de Protección de la Mujer, en San Fernando de Henares (Madrid). Tenía 14 años. El relato oficial se construyó alrededor de una caída accidental: la adolescente habría muerto al intentar huir del reformatorio descolgándose con unas sábanas desde un tercer piso. Pese a las negligencias y contradicciones en las declaraciones de los testigos, su historia —una alegoría del silenciamiento de la violencia sistemática contra las mujeres durante el franquismo y la Transición que se alarga hasta nuestros días— quedó archivada como un suceso más.
Cuatro décadas después, el libro Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del K.O.), de Esther López Barceló, Marta García Carbonell y María Palau Galdón, con prólogo de Nerea Barjola, reconstruye y esclarece no solo el caso, sino el sistema que lo hizo posible. “Todas las investigadoras que trabajamos sobre el Patronato de Protección a la Mujer siempre hemos estado obsesionadas con la historia de Inmaculada. Conocíamos aquella pequeña noticia de EL PAÍS sobre la muerte de una joven al caer de un tercer piso en un reformatorio de San Fernando de Henares, pero nunca supimos quién era Inmaculada ni qué había pasado con ella”, explica Marta García Carbonell.
El ensayo también da cuenta de las dificultades de investigar en España. “En el caso de Inmaculada no ha habido ningún cuidado ni custodia de los archivos. Los archivos públicos que deberían conservar la documentación no la tienen; o guardan una carpeta vacía, o apenas dos páginas de una investigación que tendría que ser mucho más extensa”, añade García Carbonell.
Las investigadoras denuncian una grave negligencia en la custodia de la documentación sobre la muerte de Inmaculada. El Consejo Superior de Protección de Menores no tenía su expediente y la Policía apenas conservaba una carpeta vacía con su nombre. En las órdenes religiosas, el silencio es aún mayor: “Han sido varias las investigadoras que se han puesto en contacto con las congregaciones y nunca han facilitado documentación”, afirma Esther López Barceló.
Las autoras de Inmaculada han logrado reunir documentos y entrevistar a antiguas trabajadoras del reformatorio, al forense Alfonso Cabeza y a la familia de la menor. “La familia desconocía por completo la parte judicial. Sus hermanos se enteraron por nosotras, en noviembre de 2025, de que el caso se había cerrado como suicidio. Nunca nadie les explicó qué había pasado ni les comunicó el cierre de la investigación. Todo se archivó rápido, sin hacer mucho ruido, como si aquí no hubiera pasado nada. Y ese ‘aquí no ha pasado nada’ continúa hasta hoy”, opina García Carbonell.
Durante años, el Patronato de Protección a la Mujer, la institución más longeva del franquismo, ha sido un punto ciego en el relato de la Transición. Creado en 1941 bajo la presidencia de Carmen Polo, esposa de Franco, su objetivo oficial era adoptar “medidas protectoras en favor de las mujeres que se desenvuelvan en medios nocivos o peligrosos”. Su función real era disciplinar cuerpos, controlar sexualidades y castigar cualquier desviación del modelo de feminidad nacionalcatólico.
Bastaba con ser una joven “caída”, “desviada” o susceptible de “caer”: vestir falda corta, fumar, besarse con un chico, mantener relaciones sexuales o quedarse embarazada fuera del matrimonio, ser lesbiana, mostrar comportamientos “rebeldes”, haber sido violada o sostener opiniones políticas disidentes. Miles de mujeres fueron encerradas: solo en 1964, más de 41.000 pasaron por instituciones vinculadas al Patronato. Ninguna fue condenada por un tribunal. “En el caso de Inmaculada tampoco hubo juicio, ni sentencia, ni defensa”, asegura Esther López Barceló. El ingreso se producía mediante decisiones administrativas, informes policiales o peticiones familiares. Aunque dependía del Ministerio de Justicia, buena parte de los centros del Patronato los gestionaban por órdenes e institutos religiosos femeninos. Congregaciones como las Adoratrices, Oblatas, Trinitarias o las Cruzadas Evangélicas administraban reformatorios, maternidades y hogares donde las internas quedaban sometidas a disciplina religiosa, aislamiento y trabajo forzado. El reformatorio Nuestra Señora del Pilar, donde murió Inmaculada, estaba regido por las Cruzadas Evangélicas. El Estado delegaba así el control y castigo de miles de mujeres en una red de instituciones católicas que actuaban como brazo moral y disciplinario del franquismo y, durante años, también de la democracia. Unos reformatorios que eran cárceles.
El Patronato pervertía el sentido del léxico: la protección funcionaba como castigo.
El caso de Inmaculada no ocurrió durante el franquismo. Ocurrió en democracia. La parábola oficial de la modernización española se resquebraja: una menor muere en un centro del Estado en 1983, bajo tutela pública, sin juicio previo, sin condena y sin expediente completo. Inmaculada murió encerrada sin haber cometido delito alguno, cuando la Constitución impedía retener a nadie más de 72 horas sin resolución judicial.
Llevaba varios días encerrada y aquel no había sido su único ingreso. Sus hermanos la recuerdan como una “niña buena y normal”. Como muchas adolescentes, empezó a ir a la discoteca hasta que, con 13 años, se marchó unos días a Madrid con su hermana Antonia. Era lesbiana. “Cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que el caso de Inmaculada explicaba no solo el Patronato de Protección a la Mujer, sino también la Transición y el paso del régimen franquista a la democracia”, explica María Palau Galdón.
Las investigadoras desenmascaran, a través de esta historia, la crueldad y la violencia de un Patronato operativo hasta 1985. “El libro habla de las violaciones de derechos humanos que se daban en esta institución y del sistema represivo político y judicial que ocultó y encubrió la muerte de Inmaculada”, asegura García Carbonell.
El silencio institucional atraviesa el caso. La investigación judicial fue mínima. El procedimiento se cerró con rapidez. La familia nunca fue informada de los detalles. Faltan piezas en los archivos.
“Le hemos hecho llegar el libro en mano a Pedro Sánchez y no hemos obtenido ninguna muestra de preocupación ni interés por reunirse con la familia de Inmaculada. Estamos hablando de un caso gravísimo: somos el país de la anomalía, donde una ley de amnistía funcionó como una ley de obediencia debida, como la ley de punto final argentina. La diferencia es que en Argentina se acabó por juzgar a los victimarios, mientras que en España nadie se ha sentado en el banquillo por ejercer violencia, tortura o ejecutar a alguien bajo el parapeto del régimen franquista”, denuncia María Palau.
La impunidad se ha normalizado. “También están el miedo, la culpa y la vergüenza que las supervivientes han sentido durante décadas. Hablar significaba exponerse a una nueva estigmatización. Ese silencio empezó a romperse en 2012 con el ensayo Las desterradas hijas de Eva, de [la investigadora y activista] Consuelo García del Cid”. Un silencio no solo emocional, también estructural. “Muchas ni siquiera sabían que habían estado encerradas en reformatorios dependientes del Patronato y, por tanto, del Ministerio de Justicia. Para ellas habían estado encerradas con las monjas”.
La arquitectura del reformatorio Nuestra Señora del Pilar estaba concebida para disciplinar. Contaba con una torre destinada a castigar a las jóvenes consideradas problemáticas o rebeldes. Inmaculada estaba en esa torre la mañana de su muerte. El objetivo no era solo corregir a las internas, sino enviar un mensaje al resto de mujeres. “El encierro y el aislamiento cumplían una función aleccionadora dirigida a advertir a las buenas chicas de no desviarse del mandato de convertirse en esposas, madres y cristianas ejemplares”, escriben las autoras.
El caso está lleno de incongruencias: ¿por qué una niña huiría en bragas y descalza? ¿Por qué descolgarse de una ventana cuando las puertas del reformatorio permanecían abiertas varias horas al día? ¿Por qué se fracturó las muñecas cuando, por la altura que la separaba del suelo, no habría tiempo material para que el cuerpo girase? Si se estaba descolgando por la fachada, debería haber caído de espaldas.
Y si se arrojó al vacío —si es que se arrojó—, debía de estar huyendo de un peligro enorme.
El médico forense Alfonso Cabeza determinó en la autopsia que no era posible concluir si se trató de un suicidio, un homicidio o un accidente. Sí certificó, sin embargo, que Inmaculada tenía las muñecas fracturadas. El ensayo lo deja claro: la tesis del suicidio, asumida por el juez, no se sostiene con ninguna declaración. Ni siquiera con las de las cruzadas o las trabajadoras públicas. O fue un accidente. O un homicidio.
El juez, sostienen las investigadoras, incurrió en una negligencia grave al no profundizar en la investigación y concluir que se trató de un suicidio. Nunca se depuraron responsabilidades judiciales ni económicas, pese a que Inmaculada Valderrama murió tutelada por el Estado, en un centro dependiente del Ministerio. En plena democracia.
“La Transición para las supervivientes del Patronato apenas está comenzando. Se las olvidó por completo. Nuestra memoria ha estado tutelada, igual que aquellas niñas encerradas en el Patronato, y se nos ha dicho qué recordar, a quién recordar y cómo hacerlo. Esa memoria tutelada no incluía a niñas menores de edad encerradas por pecar en un organismo que siguió activo hasta 1985”, opina María Palau.
En España no hubo un juicio equivalente a Núremberg. No hubo un proceso de desnazificación. Las mujeres encerradas en esos centros cosían gratis para empresas como Iberia o El Corte Inglés. “Las grandes empresas se lucraron con trabajo esclavo y nunca se creó un fondo de reparación, como sí ocurrió en otros países. En Alemania, esos negocios impulsaron fondos para indemnizar a quienes demostraran haber estado encerrados en aquellos campos. El Estado debería asumir su responsabilidad y exigir cuentas tanto a las empresas como a las órdenes religiosas”, sostiene García Carbonell.
“Porque el Estado no solo les debe 10 años de democracia, sino los 30 anteriores de dictadura. También les debe todo el trabajo esclavo que realizaron en el Patronato, los niños que se perdieron y aún no se han encontrado, y la privación de libertad que sufrieron en estos centros. Queda muchísimo por hacer. Tenemos que seguir hablando del Patronato y luchando para que la verdad de estas mujeres se conozca y se repare”, afirma García Carbonell.
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