dijous, 29 d’octubre del 2015

Andalucía, dispuesta a asumir los costes de justicia gratuita para los casos de niños robados.


http://www.eldiario.es/andalucia/justicia-gratuita-ninos-robados_0_446205761.html


La Junta espera que antes prospere la perseguida petición de los familiares de obtener el reconocimiento de "víctimas", que solo lo puede otorgar el Estado
"Si no, se buscaría otra solución", indican desde la Consejería de Justicia
El Parlamento aprobará una declaración institucional de apoyo a los afectados y sus familiares, según anuncia su presidente, Juan Pablo Durán
De Llera critica que el Gobierno central aún no haya precisado cuántos refugiados sirios llegarán
Las últimas acciones de los afectados por los casos de bebés robados en Andalucía parecen que están generando algún tipo de reacción. Tras el encuentro de las asociaciones con la presidenta de la Junta y antes del encuentro con los grupos parlamentarios, la Consejería de Justicia e Interior ya ha recibido la consigna de dar "un nuevo impulso" a una de las reivindicaciones de este colectivo, el acceso a la justicia gratuita.
"La Junta está dispuesta a asumir los costes de la justicia gratuita", apuntan desde la Consejería aeldiario.es/andalucia. Lo cierto es que, para ello, se requiere un paso previo: que sean reconocidas como víctimas por el Estado español. Son los casos, contemplados en este ámbito, para "las personas víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación o sean consecuencia de su condición de víctimas", según contempla ya la Junta con independencia de la existencia de recursos para litigar. Esa categoría de "víctima" solo la puede otorgar el Estado, insiste la Junta, pero desde Andalucía aseguran que, si no fructifica, "se buscará otra solución".
Las personas afectadas aspiran a ese reconocimiento y han observado pasos, al menos a nivel internacional, en esa línea. Muy recientemente,  la Comisión Europea ha reconocido que los afectados por los casos de bebés robados son "claras víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos". Las familias perjudicadas han tenido que marchar a Bruselas para que se atienda su petición, puesto que llevan años solicitando al Gobierno español ese reconocimiento sin que les hayan concedido la mencionada condición oficial de "víctima" por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales.
En relación a Andalucía, María Bueno, de la Asociación por la lucha de madres de bebés robados de Andalucía (Alumbra), ya atisbó receptividad en la presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz, señalando que les había trasladado que se iba a estudiar el tema de la justicia gratuita. Para los afectados es algo fundamental, ya que "hay casos que ni se han tocado porque las familias no tienen recursos económicos para acudir a la vía judicial" y "muchas familias no denuncian porque no tienen dinero". Este periódico recordaba esta semana el caso de Ascensión López, de SOS Bebés Robados Almería, condenada por un delito de calumnias a pagar 40.000 euros tras acusar a una monja.
En ese misma línea se pronunciaba ya el pasado mes de agosto el diputado del PSOE en el Congreso José Luis Ábalos, quien instaba al Gobierno central, entre otras cuestiones, a establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias, "dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial".
Según explican desde la Consejería de Justicia de la Junta, lo ideal, "lo más lógico y coherente" sería que el Estado les otorgara ese reconocimiento de víctima. "Si eso no prosperara, se buscaría otra solución", añaden desde la Junta a sabiendas de las dificultades que están teniendo las asociaciones y colectivos de casos de niños robados para obtener del Gobierno de la Nación la consideración de víctima para poder acceder a la justicia gratuita.
Las asociaciones afectadas por esta trama denuncian "la indiferencia del Estado español" ante su situación y, aunque el reciente pronunciamiento de Bruselaspodría invitar a un cambio de rumbo en el Gobierno de Rajoy, los precedentes no son buenos. Y es que, según ya publicó eldiario.es, la ONU ya se pronunció en septiembre del año pasado sobre esta circunstancia en un análisis que realizaron sobre las víctimas del franquismo, donde se sugería a España que los afectados por los robos de recién nacidos pudiesen acceder "a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales". El Gobierno tenía tres para cumplir con esas exigencias y "a día de hoy siguen sin implementarlas", explicaba el presidente de la Federación Coordinadora X-24, Francisco González de Tena.

I Jornada sobre bebés robados en Andalucía

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, aseguraba en la tarde de este miércoles que las reivindicaciones de los colectivos de afectados por el robo de bebés en Andalucía "van a encontrar una respuesta y un compromiso de los cinco grupos políticos de este Parlamento" ya que está previsto que se apruebe en el pleno de la cámara una declaración institucional de apoyo a los afectados y sus familiares. 

Durán, que inauguraba así en la sede del Parlamento una jornada sobre el robo de bebés en Andalucía organizada por las asociaciones de afectados, se mostraba convencido de que "la voluntad de los grupos parlamentarios es consensuar una declaración institucional lo antes posible para que se pueda leer en el Pleno y que sirva de manifestación clara de apoyo a los afectados y de impulso a las medidas que venís reclamando. Tenéis el compromiso firme de este Parlamento y de los grupos políticos que lo representan de nuestra mano tendida y de nuestra voluntad clara, sincera, cercana y honesta de colaboración con todos vosotros y vosotras", ha dicho el presidente de la Cámara andaluza, según un comunicado del Parlamento.

Bonifacio reposa en Roa de Duero gracias a Ángela.

http://exhumacionvaldenoceda.com/2015/10/29/bonifacio-reposa-en-roa-de-duero-gracias-a-angela/


Bonifacio reposa en Roa de Duero gracias a Ángela

29 de octubre de 2015.- 
Hoy se cumplen 74 años de la muerte en Valdenoceda de BONIFACIO GARCÍA ALCALDE, nacido en Roa de Duero (Burgos). Fue identificado durante el estudio osteológico, por sus características físicas, pero su familia no ha sido localizada. Su hermano estuvo preso con él en Valdenoceda, pero sobrevivió. Identificado en 2010, sus restos fueron enterrados en el panteón que tiene la Agrupación en el cementerio de Valdenoceda. Una ciudadana de Roa compró un nicho en el cementerio de Roa de Duero y consiguió enterrarlo allí, donde seguramente reposan los restos de los padres del propio Bonifacio.
Éste es el relato del entierro de Bonifacio, a finales de abril de este año:
El entierro de Bonifacio Alcalde, muerto en Valdenoceda, cierra otra herida.
Información publicada en el Diario de Burgos sobre el entierro, en Roa de Duero (Burgos), el jueves 30 de abril, de los restos de Bonifacio García Alcalde, cuyos restos reposan en Roa gracias a la solidaridad de Ángela, una raudense que vive en Estados Unidos y que ha comprado un nicho para Bonifacio.
La información hace mención a la Carta Abierta que la Agrupación envió al entonces alcalde (carta que nunca respondió) y a los medios de comunicación de Burgos, carta que enviamos ante la seguridad de que el alcalde estaba detrás de una maniobra para manchar el nombre de Bonifacio. Este alcalde dejó de serlo tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo.
Si quieres leer el texto de la Carta Abierta, pincha en ESTE ENLACE
Imagen1
Bonifacio García AlcaldeRoa de Duero (burgos)idem29/10/1941Soltero

dimecres, 28 d’octubre del 2015

eldiario.es entrevista en su plató a dos víctimas del franquismo que declararon ante la Audiencia Nacional en el juicio por la memoria histórica




"Mi padre recuerda cada día que el franquismo asesinó a sus padres y robó a su hermana"

eldiario.es entrevista en su plató a dos víctimas del franquismo que declararon ante la Audiencia Nacional en el juicio por la memoria histórica
Su historia se representa estos días en la obra "El pan y la sal", en el Teatro del Barrio de Madrid, interpretada por Nuria Espert, José Sacristán, Tristán Ulloa o Alberto San Juan, entre otros
"Cuando los franquistas mataron a mi padre se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas" 

Caridad y voluntariado para desenterrar a las víctimas del genocidio franquista.








http://memoriahistorica.org.es/s1-news/c3-destacado/caridad-y-voluntariado-para-desenterrar-a-las-victimas-del-genocidio-franquista/
Publicado por ARMH
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Caridad y voluntariado para desenterrar a las víctimas del genocidio franquista

“No hay más fosas comunes por descubrir”. Con este argumento, el pasado jueves día 8 de octubre el Partido Popular se negó, por tercer año consecutivo, a dedicar una partida de los presupuestos generales a la recuperación de víctimas del genocidio franquista rechazando las enmiendas interpuestas en este sentido.
Sólo la Asociación por la Recuperación de la Memoria histórica (ARMH), que está atendiendo a los familiares de los desparecidos, tiene más de 1.500 solicitudes de exhumación en cola.
news.vice.com / Aitor Fernández / 27-10-2015
Desde 2006 y hasta 2011, el gobierno español había concedido entre 3 y 5,6 millones de euros para actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento moral a las víctimas, pero el PP las eliminó en cuanto asumió el poder.
Algo que choca frontalmente con las recomendaciones de la ONU. En junio del año pasado, la ONU recordó al Estado español su obligación, por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas —que ratificó en 2010—, de atender las solicitudes de los familiares de estos desaparecidos.
La ARMH, que es una entidad sin ánimo de lucro, siguen atendiendo, a contracorriente, las peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas de la Dictadura franquista.
Desde que exhumaron la primera fosa de todo el Estado con métodos científicos, hace ahora 15 años, han investigado más de 3.000 muertes por desaparición forzosa, exhumado 162 fosas comunes y rescatado a 1.350 víctimas.
La entidad, a la que están asociadas más de 500 personas, cuenta con tres trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo por ella han pasado más de 1.200 voluntarios, que representan —según la asociación— el 80% de la financiación que ha hecho posible el trabajo realizado.
“A finales del pasado año la situación era muy complicada y estuvimos a punto de cerrar”, explica René Pacheco, arqueólogo de la ARMH, a VICE NEWS. Sin financiación, el trabajo se había reducido un 75 por ciento y los tres trabajadores se ocupaban de la entidad de forma voluntaria en su tiempo libre.
“Potenciamos la búsqueda de socios y Elogit, un sindicato noruego de electricistas, donó 6.000 euros con los que llevamos a cabo cinco nuevas búsquedas y exhumaciones que ya estaban investigadas y programadas”, añade.
Poco antes de bajar la persiana, en mayo de 2015, la asociación recibió el premio al activismo de los Derechos Humanos de la ALBA Puffin Fundation, dotado con 100.000 dólares (89.700 euros), algo que ha permitido que el proyecto siga adelante.
Crowdfunding para exhumar fosas
El micromecenazgo online fue uno de los métodos que la ARMH se planteó para encontrar financiación, pero al final fue descartado. Al menos, tres iniciativas de crowdfunding han permitido financiar con éxito exhumaciones. Son los casos de Borriol, Valencia, en 2013; en Monte de Estépar, Burgos, en 2014, y en Velilla de Jiloca, Zaragoza, este año.
La ARMH siempre ha sostenido que no deberían ser las propias víctimas, sino la maquinaria del Estado, la que se responsabilice de esta labor.
La exhumación en Monte de Estépar fue dirigida por Francisco Etxeberría, médico forense y director de laSociedad de Ciencias Aranzadi. La intervención permitió rescatar un centenar de cuerpos enterrados en cuatro fosas. La recaudación (15.350 euros) cubrió los gastos, pero no la mano de obra, que fue voluntaria.
“Yo no cobré absolutamente nada, colaboramos voluntariamente porque sólo había dinero para el alojamiento y la comida”, asegura a VICE News Etxeberría.
Uno de los mayores referentes en medicina legal, este médico forense que ha participado en miles de exhumaciones en España y en el mundo prefiere no utilizar esta fórmula de financiación. “Si yo cuento esta fórmula de financiación en Chile o Argentina se quedarían alucinados”, explica.
El 20 de noviembre de 2002 se condenaron de forma unánime en el Congreso los crímenes del Franquismo. En diciembre, el Lehendakari Juan José Ibarretxe hizo una declaración institucional diciendo que se debían apoyar todas las iniciativas en materia de memoria histórica.
Desde 2003, y hasta hoy, los distintos gobiernos de Euskadi, han apoyado aquellas actividades relacionadas con el reconocimiento de los Derechos Humanos y la memoria histórica.
Un Estado irresponsable y descoordinado
“En el País Vasco existe una ventanilla donde se pueden dirigir los ciudadanos, algo único en el Estado español”, relata Etxebarría. Las instituciones vascas han atendido y financiado 3.000 solicitudes, que han sido atendidas gracias a los técnicos de Aranzadi y de la Universidad del País Vasco.
“Yo creo que esto debe seguir siendo así, porque el tema es complejo y requiere de gente que sepa: un historiador, un documentalista, un antropólogo… Las instituciones deben tutelar, ofrecer garantías. Y me refiero a todas las instituciones, a todas las administraciones, desde la organización central hasta el ayuntamiento de mi pueblo”, considera este experto.
Etxebarría también sostiene que la participación de la Justicia es necesaria, pero que lo prioritario es recopilar información para generar la documentación. “A la causa argentina hay que ir con documentos y somos los técnicos los que los generamos”, sostiene Etxebarría.
En Argentina, la jueza María Servini instruye la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. “Yo soy partidario de la propuesta que hizo Amnistía Internacional en 2006: la creación de una Comisión de la Verdad formalmente constituida gracias a la voluntad política e independiente de la Justicia.”
Las Comisiones de la Verdad —entidades oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer pasadas violaciones de Derechos Humanos— funcionaron en Chile o Argentina, países donde actualmente se encuentran activos decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.
“En el Sáhara encontramos el caso de civiles torturados y asesinados por las fuerzas marroquíes, los técnicos hemos generado unas pruebas y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz utilizó todas las imágenes e informes para procesar a 11 militares marroquíes por genocidio. Eso es lo normal”, concluye Etxebarría.
“En España no existe un archivo central que controle el número de fosas que se han exhumado, ni el número de solicitudes que se han atendido, por eso es tan difícil saber cómo se está haciendo el trabajo”, afirma a VICE NEWS Francisco Ferrándiz, científico titular delConsejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinador del proyecto “El pasado bajo tierra”.
En “El pasado bajo tierra” científicos de diferentes disciplinas comparan el caso español con otros acecidos en distinto lugares del mundo.
“Hay regiones donde se ha exhumado mucho, como Euskadi o León, y lugares donde no se ha exhumado prácticamente nada, como Catalunya, pero es evidente que ha habido una parón general”, considera Ferrándiz.
El científico argumenta que, además de a la ausencia de subvenciones, hay otros factores como “los protocolos que encarecen las exhumaciones” —aquellos que exigen mayor personal técnico y encarecen demasiado su realización— o “la dificultad cada vez mayor para localizar las fosas.”
La ardua tarea continua
“Me sorprende lo que duró el debate público de la memoria”, sostiene Ferrándiz. Para este científico “se ha hecho mucho trabajo de memoria, pero llega un momento que la empatía pública se agota, la gente se acostumbra a las imágenes y ya no hay tantas cámaras en las exhumaciones, del mismo modo que ya no se habla tanto del tema de los refugiados”, sentencia.
Sin embargo, añade, que los que realmente han olvidado son las instituciones: “El presidente del gobierno nunca ha acudido a una exhumación”.
Francisco Etxeberría recalca que es importante ver cómo el movimiento de memoria histórica vive más allá de las exhumaciones. “Hoy día hay cantantes que componen canciones, artistas que hacen esculturas, escritores que dan conferencias… Es algo imparable. Estamos rodeados de víctimas y entre ellas se cuentan las víctimas del Franquismo.”
“Lo que sorprende fuera de España es que existan tantos desaparecidos”, afirma por su parte René Pacheco. “La falsa imagen de ‘Transición exitosa’ funciona en el mundo y se ha difundido como modelo en muchas universidades”, argumenta Ferrándiz.
“La mayoría de gente en España cree que esta labor [de recuperación] se ha frenado y la sociedad percibe que es un problema menor que afecta a pocas personas”, opina el arqueólogo de la ARMH.
“Creo que todos los partidos, independientemente de su ideología, deberían incluir este tema en sus programas, porque cualquier víctima tiene derecho a la memoria “, afirma Etxebarría, quien confía en que así sea.
“La ARMH ha conseguido financiación, Aranzadi nunca ha parado de exhumar y ayudar en lo que ha podido al resto. Vamos a ver lo que pasará en Andalucía y Navarra, donde se intentan aprobar políticas de memoria. Puede que la financiación estatal vuelva, pero debería hacerlo de forma más estructurada. Pero esto va a seguir, sin duda, a otro ritmo, con otro perfil”, concluye Ferrándiz.
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Fotografía destacada: Imagen por Aitor Fernández

Justicia catalogará los vestigios de la Guerra Civil y el franquismo en el País Valenciano.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/28/valencia/1446035814_306201.html



La iniciativa cumple con la ley de Memoria Histórica en la Comunidad Valenciana


Traslado de la estatua ecuestre de Franco
Traslado de la estatua ecuestre de Franco desde el patio del Cuartel General del Ejército de Valencia, a un almacén de Defensa en la ciudad. / JOSÉ JORDÁN
La Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha puesto en marcha el proceso de catalogación de todos aquellos vestigios o símbolos de exaltación de la Guerra Civil o la dictadura franquista presentes en la Comunidad valenciana.
La iniciativa "da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como la Ley de la Memoria histórica".
La norma, aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, recoge en uno de sus artículos (el 15.3) que los Ejecutivos colaborarán con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura", un precepto "al que hasta la fecha no se había dado cumplimiento en la Comunidad Valenciana".
Para la elaboración de ese inventario, la Dirección General de Reformas Democráticas y Libertades Públicas remitirá en los próximos días un "requerimiento" a distintas consejerías de la Generalitat, así como a todas las entidades locales valencianas, para que remitan información "sobre cualquier símbolo o vestigio de ese tipo de cuya existencia tengan conocimiento".
La misma solicitud de colaboración será remitida a todas aquellas organizaciones y asociaciones ciudadanas que tienen entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y desarrollan sus actividades sobre todo en territorio valenciano.
La elaboración del catálogo es el "paso previo imprescindible" para el desarrollo en la Comunidad Valenciana de la ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15.1 encomienda a las distintas administraciones públicas "la adopción de las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
La retirada de los símbolos o vestigios "no será obligatoria cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".

Grupo de trabajo

Para la elaboración del catálogo, la titular de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha ordenado la creación de un grupo de trabajo interno encargado de recopilar la información facilitada por las distintas instituciones y asociaciones a las que se han requerido datos.
Cuando sea necesario, este equipo recabará asesoramiento de otras consellerias de la Generalitat, así como de universidades u otras instituciones académicas, a la hora de valorar si determinados símbolos o vestigios deben ser o no incluidos en el catálogo.
En el Ayuntamiento de Valencia, los grupos de la oposición al anterior gobierno de la popular Rita Barberá hicieron un inventario de nombres de calles dedicadas a figuras vinculadas al franquismo con el objetivo de cambiarles la denominación. El proceso está en marcha pero aun no ha concluido.

Justicia cataloga los símbolos de la Guerra Civil y el franquismo en la Comunitat

  • Este paso es «imprescindible para la retirada de cualquier objeto conmemorativo de exaltación de la sublevación militar y de la represión de la dictadura»

Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha puesto en marcha el proceso de catalogación de todos aquellos vestigios o símbolos de exaltación de la Guerra Civil o la dictadura franquista presentes en la Comunitat Valenciana.
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la iniciativa "da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como la Ley de la Memoria histórica".
Esa norma establece en su artículo 15.3 que el Gobierno "colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura", un precepto "al que hasta la fecha no se había dado cumplimiento en la Comunitat Valenciana".
Para la elaboración de ese inventario, la Dirección General de Reformas Democráticas y Libertades Públicas remitirá en los próximos días un "requerimiento" a distintas consellerias de la Generalitat, así como a todas las entidades locales de la Comunitat, para que remitan información "sobre cualquier símbolo o vestigio de ese tipo de cuya existencia tengan conocimiento".
La misma solicitud de colaboración será remitida a todas aquellas organizaciones y asociaciones ciudadanas que tienen entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y desarrollan sus actividades sobre todo en la Comunitat Valenciana.
El Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, atribuye a la Dirección General de Reformas Democráticas el "impulso" de todas aquellas medidas "que contribuyan a la recuperación de la memoria histórica, en el marco de la normativa vigente sobre la materia".
La elaboración del catálogo es el "paso previo imprescindible" para el desarrollo en la Comunitat Valenciana de la Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15.1 encomienda a las distintas administraciones públicas "la adopción de las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
La retirada de los símbolos o vestigios "no será obligatoria cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".
Grupo de trabajo
Para la elaboración del catálogo, la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha ordenado la creación de un grupo de trabajo interno encargado de recopilar la información facilitada por las distintas instituciones y asociaciones a las que se han requerido datos.
Cuando sea necesario, este equipo recabará asesoramiento de otras consellerias de la Generalitat, así como de universidades u otras instituciones académicas, a la hora de valorar si determinados símbolos o vestigios deben ser o no incluidos en el catálogo.