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Gema Carretero, una vecina de Leganés que viajó a Argentina y declaró ante la jueza María Servini de Cubría, encontró en la puerta de su garaje una pintada que la amenazaba de muerte
Después de que su denuncia se perdiera en el juzgado y meses más tarde se archivara el caso, sufrió un segundo episodio de intimidaciones en su domicilio
Federico Carretero, sindicalista de UGT, fue asesinado por el régimen franquista en 1965
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Gema Carretero lleva más de 22 años buscando justicia para su padre, un sindicalista de UGT asesinado en 1965 por el régimen franquista en Casas de Haro (Cuenca). Tras un largo periplo que le llevó a costearse la exhumación y la autopsia de los restos de Federico Carretero, su padre, para rebatir la versión oficial que alegaba como causa de muerte el suicidio, Gema encontró en la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo algo de luz tras años de frustración.
Pero su implicación en la causa para exigir justicia y reparación a la memoria de su padre, aunque sea al otro lado del Atlántico y muy lejos de encontrar amparo en su propio país, está teniendo un coste personal muy alto para ella y su familia.
Desde el año 2012, cuando Carretero se adhirió a la querella y viajó a Argentina para declarar ante la jueza María Servini de Cubría, viven con miedo incluso en su propia casa. Una mañana su hijo encontró en la puerta del garaje, en un chalé adosado de Legánes (Madrid), una pintada fascista que la amenazaba de muerte: "Puta loca, vas a morir". A la frase le acompañaba una esvástica nazi y otras pintadas en el buzón y la puerta principal.
"¿No es para tener miedo?", se pregunta Carretero con desesperación al otro lado del teléfono. El mismo día que encontró la pintada denunció la amenaza, que se perdió en un juzgado de Leganés después de la declaración de dos personas. En septiembre de 2013, el caso se terminó por archivar.
"Cuando acudimos a la policía, nos sentimos más aliviados porque pensamos que por la vía legal podrían protegernos de alguna manera", dice. Pero el episodio de violencia se repitió un año después. "Nos rompieron las lámparas que tenemos en el exterior y nos rociaron la entrada con un producto abrasivo". El terror de la segunda amenaza les animó a hacer público su desamparo judicial, después de que, tres días antes de recurrir la sentencia que daba carpetazo al asunto, su abogado dejara el caso.
Un letrado de la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo, la organización que acude cada jueves a la Puerta del Sol para reclamar justicia y reparación para las víctimas, recurrió la causa ante la Audiencia Provincial, que ha obligado al Juzgado número 8 de Leganés a reabrirla. En su propia lucha interna contra la sensación de impunidad, Carretero puso en marcha una iniciativa de recogida de firmas –un total de 21.000– para reclamar protección al Ayuntamiento de Leganés, y también al Ministerio del Interior, que fueron entregadas este lunes en el registro del municipio.
El pasado 28 de noviembre, el Gobierno de la localidad aprobó en pleno y por unanimidad, a instancias de Izquierda Unida-Los Verdes, la obligación de apoyar incondicional y públicamente a las víctimas del franquismo. El próximo jueves, la coalición va a solicitar que desde el Ayuntamiento se cumpla el acuerdo plenario y se ponga a disposición de Gema Carretero las medidas de seguridad y protección necesarias.
IU-Los Verdes solicitan protección para Carretero en la misma localidad que tiene al frente de la Policía Local al comisario Jesús González Reglero, mencionado en el auto de la jueza Servini de Cubría como participante en presuntas torturas durante la dictadura, aunque en un segundo nivel de mando. González Reglero, que por el momento no está imputado, luce en su hombro tres laureles enmarcados de comisario principal, el máximo escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. También ha recibido varias condecoraciones, entre ellas, la más importante en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial, y en dos ocasiones, la Medalla Roja.
Argentina pide la exhumación de cadáveres de las fosas
En Argentina, la jueza que instruye el caso ha dado un paso más. Después de imputar a cuatro exagentes y pedir oficialmente la extradición de dos de ellos (los otros ya han muerto), la magistrada ha solicitado a la Justicia española la exhumación del cadáver de una víctima enterrada en una fosa común. Esta semana, además, varios querellantes están declarando por videoconferencia sobre los muchos delitos recogidos en la querella: torturas, violencia, fusilamientos, trabajo esclavo o robo de bebés.
Mientras, en España la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado en contra de la extradición de Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', uno de los expolicías imputados, al entender que los hechos habrían prescrito y que, en cualquier caso, son los tribunales españoles los que tienen la competencia para investigar y enjuiciar los hechos.
El Ministerio Público todavía no se ha manifestado con respecto a Jesús Muñecas, aunque la Audiencia Nacional sí ha desestimado el recurso del agente de la Guardia Civil contra las medidas impuestas por el juez Pablo Ruz que le impiden salir del país.
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