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La ley aprobada por el PP y por Vox en las Corts en 2024 y actualmente en el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno central presenta muchos aspectos discutidos por los investigadores y por las asociaciones mientras desde la Generalitat, sin embargo, defienden su utilidad pese a no disponer de datos de fosas pendientes por exhumar o de una planificación prevista
Acto de recuerdo a las víctimas enterradas en el cementerio de Paterna. / Miguel Ángel Montesinos
Manuel Lillo
La derogación en la Ley de Memoria Democrática y la aplicación de la llamada Ley de Concordia ha comportado cambios legislativos significativos y refleja una nueva sensibilidad en el Consell muy diferente a la del anterior ejecutivo.
Fuentes de la antigua Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que durante la anterior legislatura lideró Rosa Pérez Garijo, contabilizan que en las fosas pendientes de exhumación cuando cambió el gobierno autonómico en julio de 2023, como en la número 9 del Cementerio de Alicante, quedaban “unas cincuenta personas”, entre las que se hallan quien fuera alcalde republicano de Elda, Manuel Bellod; o el presidente del Real Madrid durante la Guerra Civil (entonces denominado Madrid Club de Fútbol), Antonio Ortega.
Esta última fosa gracias a una subvención del Ministerio de Memoria Democrática. Otras fosas pendientes estarían en Llíria, “con unas 40 o 50 personas”, además del entorno geográfico que presenció la 'Batalla de Levante', cuando el ejército franquista fracasó en su intento de tomar Valencia entre abril y julio de 1938, alrededor de la conocida como línea de defensa XYZ, especialmente recordada en Almenara, donde tiene dedicado un centro de interpretación.
Muchos antiguos cementerios fueron cerrados y reconvertidos, y en muchas fosas se depositaron cuerpos a posteriori
Estos datos han sido facilitados por integrantes de la anterior conselleria. Actualmente es la de Justicia la que asume las competencias de “concordia”, término con el que se ha rebautizado la “memoria democrática”. Desde el departamento que dirige Nuria Martínez, preguntados por el número de fosas pendientes por exhumar y cuantos cuerpos calculan que quedan por encontrar, se limitan a decir “son muchas las administraciones y entidades trabajando en la materia, por eso es complicado tener una foto fija de lo que hay pendiente por exhumar, máxime cuando además se sigue investigando y siguen apareciendo nuevas ubicaciones”.
Y preguntados, también, por las zonas de exhumación o intervención prioritaria, afirman que “para la Generalitat todas las víctimas son igual de importantes”, y señalan que con las subvenciones “son las entidades locales las que activan las exhumaciones”.
Este aspecto, el de que sean los ayuntamientos los que activen las exhumaciones de cuerpos de víctimas, es uno de los aspectos más criticados por las asociaciones memorialísticas. Felipe Mejías, director del proyecto arqueológico del , en Alicante, afirma “tener la suerte de canalizar subvenciones por el Ayuntamiento de San Isidro”, localidad en la que se halla el antiguo campo (pese a que su denominación coincide con la del nombre de otro municipio adyacente) y donde gobierna el PSOE. De hecho, destaca que “en el primer año del PP y de Vox en el Consell no se sacaron subvenciones y en 2025 solo sacaron la línea de exhumaciones con una dotación de 200.000 euros frente al medio millón anterior”, limitando además la posibilidad de pedirlas a los ayuntamientos, cantidad y procedimiento que coinciden con el que se ha sacado en este 2026.
Trabajos en el antiguo campo de concentración de Albatera, en Alicante. / Pilar Cortés
María José Pérez Galant, presidenta de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante, también señala este “obstáculo” que, sin embargo, reconoce que no siempre obedece al color político del gobierno local de turno. “El Ayuntamiento de Alicante, ya con Luis Barcala (PP) como alcalde, nos atendió en etapa del Botànic a través del concejal Antonio Manresa (Cs), cosa que en el Ayuntamiento de Elche no hicieron con el PSOE en la alcaldía”, detalla. Pese a eso, reconoce que tras el cambio de gobierno en la Generalitat el consistorio alicantino, ahora gobernado en solitario por el PP y con el apoyo externo habitual de Vox, no les ha vuelto a recibir.
Existe incapacidad para buscar familiares, hacer estadísticas y desarrollar proyectos por parte de nuestra asociación ante la falta de ayudas
De hecho, las críticas no sólo se centran en los gobiernos de la derecha. José Miguel Santacreu, catedrático de Historia en la Universidad de Alicante y uno de los investigadores que más ha trabajado los temas de memoria democrática, apunta que con el cambio en el Consell “las ayudas disminuyeron a los trabajos de investigación”, pero a su vez “el Gobierno central destina una cantidad muy inferior a la que dedicaba anteriormente”.
El investigador Vicent Gabarda, actualmente jubilado y que se dedicó, a través de un convenio entre la Universitat de València y la fundación Fisabio promovido por la Generalitat, a localizar cuerpos para su identificación, lamenta la “ausencia de presupuestos” y la finalización del proyecto que él mismo lideró hasta la extinción de la anterior legislatura. “Exhumábamos muchísimas fosas, actualmente sólo hay dos personas trabajando en un departamento en el que antes trabajábamos ocho y todo va más lentamente”.
La ley de Concordia sirve para que no haya víctimas de primera y de segunda
Este estudioso, que desde los años ochenta se ha dedicado a trabajar en fosas y a consultar los sumarios en los que constan las sentencias a fusilamiento tras la Guerra Civil, señala que “quedan pocas fosas por exhumar”, y sitúa la mayoría de cuerpos por encontrar en localidades como Begís o El Toro, en el interior de Castellón, “en lo que fue la zona de combate” de la citada 'Batalla de Levante'. Sin embargo, en cuanto a víctimas de la represión franquista, “quedan muy pocas fosas”, ya que en Paterna, “en cuyo cementerio fusilaron a más gente, prácticamente no quedan”, mientras que en Alicante “quedaría más trabajo por hacer”.
Uno de los principales problemas a la hora de investigar, explica Gabarda, es que “muchos antiguos cementerios fueron cerrados y reconvertidos, y en muchas fosas se depositaron cuerpos a posteriori” que impedirían localizar a los represaliados. María José Pérez Galant contabiliza restos de unas 200 personas por localizar en diferentes fosas del cementerio de Alicante, y lamenta la “incapacidad” para “buscar familiares, hacer estadísticas y desarrollar proyectos” por parte de su asociación ante la “falta de ayudas” y unas subvenciones que “las sacan con cuentagotas y con cantidades muy escasas”.
Incluir a las víctimas de ETA es una manera de mezclarlo todo y de generar confusión
Otra de las dificultades es la convivencia de restos de personas que sufrieron la represión y muertos posteriores en una misma fosa, hecho que ahuyenta a las empresas, “que reciben subvenciones por represaliados y no quieren excavar en fosas donde van a localizar más muertos corrientes que víctimas del franquismo”. Galant es nieta de un represaliado natural de Rafal y residente en Dolores que militó en el Partido Comunista y cuyo cuerpo sigue sin ser localizado en el cementerio de Alicante.
Derivadas de la 'concordia'
La vigente ley de Concordia, actualmente en el Tribunal Constitucional , incorpora otros aspectos que no han dejado de ser objeto de polémica.
Uno es la ampliación del abanico temporal de las víctimas, que comienza en 1931, cinco años antes del inicio de la Guerra Civil, en el periodo de la Segunda República, que coincide con la primera experiencia democrática española. A su vez, la ley reconoce a las víctimas de otros periodos políticos ajenos al franquismo, como las de ETA, que ya cuentan con un reconocimiento legal propio desde hace décadas a nivel estatal.
Acto de recuerdo a las víctimas del bombardeo del Mercado Central de Alicante, convocado por la Comisión Cívica. / Jose Navarro
Marisa Gayo, diputada autonómica del PP y ponente de la ley, defiende que la ampliación de la ley sirve para “dar seguridad jurídica a todas las víctimas, antes de la Guerra Civil, durante la República y hasta la época de ETA, para que no haya víctimas de primera y de segunda”.
Esta ley, afirma, “sirve para reconocer el papel de todas las víctimas”. A su vez, el hecho de que las víctimas de ETA tengan una ley propia no sería contraproducente, ya que con la ley autonómica estos damnificados también podrán optar a “subvenciones y convenios”. Respecto a las víctimas del franquismo, asegura que el compromiso del Consell “sigue intacto” y apunta que se destinarán 1,18 millones de euros para la identificación y las exhumaciones, así como “para actividades de promoción de la concordia”.
Volviendo a la ampliación de la etapa temporal para incluir víctimas de otra época, el catedrático José Miguel Santacreu entiende que “las víctimas son víctimas en todas las épocas y la memoria democrática debe afectar a todas”, dice recordando que él mismo ha hecho investigaciones sobre represión política y memoria den siglo XIX. Felipe Mejías, que trabaja en el antiguo campo de Albatera, donde estuvo recluido el rector Joan Peset dos años antes de ser fusilado y en el que llegó a haber unos 14.000 presos, cree que incluir a víctimas de ETA “no es acertado”, ya que “es una manera de mezclarlo todo y generar confusión”. Según él, “la concordia pretende difuminar la responsabilidad del franquismo extendiéndola a otras épocas como la II República, cuando también hubo represión, pero sin contextualizarla, como también la hubo en la Transición”.
Las víctimas son víctimas en todas las épocas y la memoria democrática debe afectar a todas
Coincide con esta interpretación Robert Manrique, víctima del trágico atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987 (que causó 21 muertos y 45 heridos) y quien abandonó la Asociación de Víctimas del Terrorismo por considerar que el PP acabó instrumentalizando la entidad. “Si ya hay una ley que atiende a las víctimas del terrorismo, hacer otra y volver a incluirlas es un caso claro de aprovechamiento político”, dice este superviviente.
Por inclusiones como esta, entienden los responsables que desplegaron la ley valenciana de Memoria Democrática en 2017, “se derogó su espíritu disfrazándolo de concordia para que las víctimas del franquismo queden diluidas”, dicen recordando que “se llegaron a tener identificadas a unas 11.000 víctimas de los dos bandos”. Además, justifican que el marco temporal se ciña a la dictadura porque “surgió de un golpe de Estado, no como los periodos anterior y posterior”, y las víctimas del franquismo “nunca pudieron presentar denuncias o exigir averiguaciones”, como sí que pudieron llevar a cabo los damnificados de otras épocas.
Otro debate es el de la resignificación de símbolos franquistas, que se está llevando a cabo en ciudades gobernadas por el PP y por Vox, , que las personas consultadas rechazan. Mejías, por ejemplo, recuerda que el franquismo “se apoderó de símbolos como la cruz o la bandera, y las cruces se erigieron por orden del Gobierno para conmemorar el recuerdo a una parte de los caídos, por lo que no son monumentos inocentes”.
A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, la ley de Concordia parece estar muy lejos de lograr el propósito que refleja su propio nombre.
El Mercado Central de Alicante
Uno de los debates de memoria democrática más recurrentes en la Comunitat Valenciana surge a raíz del bombardeo de la aviación fascista italiana, aliada del bando franquista, en el Mercado Central de Alicante el 25 de Mayo de 1938. Murieron más de 300 personas y en su momento el ayuntamiento se negó, en primera instancia, a incluir el término “fascista” en el memorial para subrayar la ideología de quienes propiciaron el atentado.
No ha sido la única división. La Comisión Cívica de Alicante, encargada de organizar cada año el homenaje por el aniversario, no cuenta con la participación del gobierno municipal, que realiza su propia conmemoración cada año intentando evitar referencias a la motivación política del ataque. Recientemente, además, el alcalde Luis Barcala cuestionó la colocación de una nueva placa en el lugar del atentado, señalando la existencia de otras señalizaciones que recuerdan la tragedia.
Actualmente aún quedan víctimas del bombardeo del Mercado Central enterradas en el Cementerio de Alicante. Teóricamente en fosas reutilizadas con muertos posteriores y entre los que también podría haber, a falta de investigaciones exigidas, féretros vacíos correspondientes a bebés robados, cuyas muertes pudieron ser fingidas de cara a sus familiares biológicos.
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