diumenge, 14 de desembre del 2008

Judici a Aznar per genocida!

Plataforma de juicio a Aznar.

Aznar

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El documento sobre los vuelos a Guantánamo reimpulsa la iniciativa de juzgar al ex presidente
Nuevo intento de llevar a Aznar a los tribunales por la guerra de Irak

MARCOS PARADINAS
La Plataforma Juicio a Aznar no se rinde. Los últimos documentos aparecidos, probando la connivencia del ex presidente español con los vuelos ilegales de EEUU que trasladaban presos a Guantánamo, han ofrecido un nuevo impulso a la organización. La plataforma se plantea retomar su iniciativa después de Navidades para llevar a juicio a los colaboradores del Gobierno de Aznar en las acciones emprendidas a raíz de los atentados del 11-S en todo el mundo.


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La plataforma, que vio frustrada su iniciativa en 2003, cuenta con 22.200 adhesiones, entre ellas la del ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el secretario general del PCE, Francisco Frutos, o el profesor Carlos Taibo. La organización estudia ahora si personarse en la causa o presentar una nueva querella, que vendrá a acumularse a las actuaciones ya iniciadas en el Juzgado Central de Instrucción número 2.

Con la vista en el 15-E

Según declaraciones realizadas a El Plural por un responsable de la Plataforma Juicio a Aznar, la organización espera retomar su iniciativa el próximo 15 de enero, una vez concluidas las fiestas navideñas. Los documentos recientemente aparecidos sobre el visto bueno de José María Aznar a las escalas en España de los vuelos a Guantánamo pueden ser el impulso necesario para evitar el fracaso que supuso, en 2003, el archivo de las querellas presentadas por cerca de 12.000 ciudadanos.Delito de traiciónEn total, la propuesta se estructurará en tres pilares diferentes. El primero de ellos sigue siendo el que impulsó la acción hace cinco años: El sistema seguido por Aznar para decidir la participación bélica de España, sin autorización de las Cortes, donde reside la soberanía española. Así pues, la plataforma plantea volver a acusar a Aznar del delito de traición, algo que no llegó a buen puerto a 2003. Entonces, Aznar era presidente del Gobierno y el delito de traición necesitaba ser perseguido por una cuarta parte del Congreso y aprobada por mayoría absoluta.

Declarar la guerra sin la Constitución

El equipo jurídico de la plataforma espera que el Alto Tribunal entienda que el artículo 588 del Código Penal, que castiga con penas de cárcel entre “15 a 20 años a los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz" está mal situado y pide que se considera ahora que Aznar ya no forma parte del Gobierno, a pesar de ser aforado por ser miembro del Consejo de Estado.

Consecuencias:

El 11-MLa segunda pata del proyecto pasa por el artículo 590, que va contra “el que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes". Una situación que la plataforma ve reflejada en los atentados del 11-M. La Audiencia Nacional no recogió la guerra de Irak como móvil de los atentados, para no justificar los ataques, pero los terroristas inmolados en el piso de Leganés sí la colocaron como causa en las reivindicaciones que dejaron grabadas.

Ayuda a los bombardeos

Finalmente, el tercer punto que sostendrá la querella, son los crímenes de guerra o los delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado. Aunque en 2003 el Supremo vio inviable juzgar a miembros del Gobierno español por las acciones bélicas de EEUU, la plataforma espera acreditar la ayuda española a los bombarderos estadounidenses, permitiéndoles repostar en el espacio aéreo nacional, aunque se presenta la gran dificultad de encontrar testigos que acrediten estas maniobras militares.

Jornadas de información y adhesión

Según han asegurado a El Plural fuentes de la Plataforma Juicio a Aznar, además de la querella que se espera presentar en enero, la organización celebrará en marzo, coincidiendo con el quinto aniversario de la invasión, una jornadas informativas para insistir en las "razones jurídicas" para llevar a Aznar, junto a los otros protagonistas de la foto de las Azores, George W. Bush y Tony Blair, a los tribunales. En estas jornadas se espera que vuelvan a ofrecer su presencia personalidades como Julio Anguita o Carlos Taibo. La plataforma ha vuelto a abrir un proceso de adhesión a la iniciativa y por el momento cuentan ya con el apoyo de 22.200 personas.

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Aznar se enfrenta a una nueva querella por la guerra

ÁNGELES VÁZQUEZ

La plataforma que la prepara entiende que los nuevos documentos pueden ayudar a juzgarle.

La Plataforma Juicio Aznar tiene un nuevo objetivo: presentar después de Navidades una nueva querella contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar por la participación española en la guerra de Irak. Y los nuevos documentos aparecidos que acreditan la connivencia de su Gobierno con los vuelos estadounidenses con destino a Guantánamo pueden ayudar.
La querella se estructurará en tres ejes, con los que intenta evitar el revés que supuso el archivo de las interpuestas en 2003 por alrededor de 12.000 ciudadanos.

El primero de los argumentos de la acusación será precisamente el utilizado en esas denuncias: la forma en la que se decidió la participación española en la guerra por parte del jefe del Ejecutivo sin previa autorización de las Cortes.

El equipo jurídico de la plataforma defenderá que el delito de traición, cuya persecución sólo puede ser instada por una cuarta parte del Congreso y aprobada por mayoría absoluta, no es aplicable a este caso, pese a que así lo concluyó el Supremo al rechazar las denuncias de 2003.
Lluis Orri, miembro de la comisión jurídica de la plataforma, confía en que en esta ocasión el Alto Tribunal entienda que el artículo 588 que castiga con penas de prisión de entre "15 a 20 años a los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz" está mal ubicado en el Código Penal y que se tenga en cuenta que Aznar ya no forma parte del Gobierno, aunque siga siendo aforado por ser miembro del Consejo de Estado.


El 11-M como represalia

El segundo eje de la iniciativa penal será el artículo 590, previsto contra "el que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes".

Para los miembros de la plataforma esto "desgraciadamente se concretó en el 11-M". Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional no hiciera ninguna referencia a este dato, para no justificar en ningún caso un atentado, los terroristas que se suicidaron en Leganés (Madrid) en abril de 2004 esgrimían la guerra de Irak en las reivindicaciones que dejaron grabadas.

Quieren investigar el viaje de policías españoles a la base de Guantánamo

Y el aspecto más complicado de la querella que se prepara: los crímenes de guerra o los delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado. El Supremo también entendió imposible acusar a Aznar y a su Gobierno de las acciones bélicas cometidas por el ejército estadounidense. Pero Orri espera acreditar el auxilio prestado por España, a través de sus instalaciones militares, a los bombardeos estratégicos perpetrados por la Administración Bush en Irak.

Según la plataforma, los aviones de EE UU repostaban en cielo español. La principal dificultad consiste en encontrar testigos de esta colaboración, por la difícil situación en la que se encontrarían los pocos testigos que podrían declarar cómo se hacían los repostajes.
Un problema que también se plantea en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar el uso de aeropuertos españoles por aviones que trasladaban presos talibanes y de Al Qaeda a Guantánamo.

La plataforma que cuenta con más de 22.200 adhesiones, entre ellas la del ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el secretario general del PCE, Francisco Frutos, o el profesor Carlos Taibo está estudiando personarse en esta causa o presentar una nueva querella, que, según Orri, terminará acumulándose a las actuaciones iniciadas en el Juzgado Central de Instrucción número 2.

Por un método u otro se denunciará que funcionarios policiales españoles viajaran a Guantánamo a interrogar a presos, pese a la violación de derechos de la que eran víctimas.
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Un informe critica la reconstrucción de Irak

El texto describe la operación como un fracaso de 100.000 millones de dólares condenado por disputas burocráticas.

Reuters - 14/12/2008 09:51

Un informe federal no publicado describe la reconstrucción de Irak liderada por Estados Unidos como un fracaso de 100.000 millones de dólares condenado por disputas burocráticas y el desconocimiento de la sociedad iraquí, informó el domingo el diario New York Times.

El Pentágono emitió informes exagerados sobre los avances en el país para encubrir el fracaso de la reconstrucción una vez que la iniciativa comenzó a estancarse, según el Times, que recibió copias del borrador de parte de dos personas que lo leyeron, pero no están autorizadas a comentarlo públicamente. El informe cita al ex secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell diciendo, por ejemplo, que en los meses posteriores a la invasión de 2003 el Departamento de Defensa "persistió en inventar cifras sobre las fuerzas de seguridad iraquíes".

"¡La cantidad podía aumentar en 20.000 hombres en una semana! 'Ahora tenemos 80.000, ahora tenemos 100.000, ahora tenemos 120.000'", dijo Powell, según el documento. La molestia de Powell era apoyada tanto por el ex comandante de las tropas en terreno en Irak, teniente general Ricardo Sánchez, como por L. Paul Bremer, administrador civil antes de que el Gobierno iraquí asumiera su función en junio de 2004. Powell rehusó referirse a sus comentarios citados en el informe, dijo el Times.


'Lecciones duras'

El informe, "Lecciones Duras: Experiencias de la Reconstrucción de Irak", fue recopilado por la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak, liderada por Stuart Bowen Jr., un abogado republicano que visita Irak frecuentemente y mantiene un equipo de ingenieros y auditores en el país, dijo el periódico. El documento se basa en cerca de 500 entrevistas y más de 600 auditorias, inspecciones e investigaciones sobre las que la oficina de Bowen ha informado durante años.

El esfuerzo de reconstrucción hizo poco más que restaurar lo que había destruido la invasión
La número dos de Bowen, Ginger Cruz, declinó comentar lo informado por el periódico, pero dijo que el documento sería presentado el 2 de febrero en la primera audiencia de la Comisión sobre Contratos en Tiempos de Guerra, creada por una ley patrocinada por los demócratas. Una de las conclusiones del documento es que después de cinco años del mayor proyecto de reconstrucción extranjera desde el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Estados Unidos aún no tiene políticas, la capacidad técnica ni la estructura organizativa necesarias para un proyecto que se aproxime a esa escala, dijo el diario.

El informe concluyó que el esfuerzo de reconstrucción hizo poco más que restaurar lo que había sido destruido durante la invasión estadounidense y posterior saqueo. Además sostiene que el esfuerzo ha fracasado en parte debido a que ninguna agencia del Gobierno de Estados Unidos ha tenido la responsabilidad principal de la campaña.

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Bush se despide de la "necesaria" guerra que él provocó
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Últimos días de oprobio en Guantánamo

Los 250 presos que quedan en Guantánamo, la base de EEUU en Cuba, esperan que Obama tome la decisión de cerrar el campo de detención. El nuevo presidente se encontrará muchas dificultades legales.

ISABEL PIQUER - Guantánamo (Cuba) - 14/12/2008 08:00

Es fácil mirar hacia la Meca en Guantánamo. Pequeñas flechas negras pintadas aquí y allá en el cemento blanco muestran la dirección de la Kaaba.

Es la única referencia geográfica del universo claustrofóbico del campo. Ni los espesos muros de cemento, ni los kilómetros de alambrada, ni las impenetrables puertas blindadas, ni los dobles cerrojos, dejan pasar la brisa del mar cercano ni el calor del sol cubano.

A la luz de un neón que nunca se apaga, algo más de 250 prisioneros esperan su veredicto. En los últimos años, 520 han sido discretamente deportados, a sus países de origen o a terceros. De los que quedan, 18 han sido acusados de delitos terroristas, cinco de ellos de haber participado directamente en los atentados del 11-S.

La mayoría sigue encarcelada por ser "enemigo combatiente", una nueva categoría legal inventada por el Gobierno de George Bush. El resto, como los 17 uigures (la minoría étnica musulmana china) apresados en 2002, sólo aguardan la larga tramitación de su salida.


Las flechas negras que señalan a la Meca son la única

Guantánamo ya no es el Camp X Ray de las famosas fotos de hace seis años, jaulas de alambradas a la intemperie y detenidos arrodillados con monos naranja.

Los monos son los mismos (al menos para el 12% más peligroso, el resto va de blanco) pero la cárcel, o mejor dicho las cárceles, son ahora prisiones de máxima seguridad, parecidas a las llamadas Supermax de Indiana y Michigan.

Cada una tiene un nivel de seguridad: en el Campo 4 los prisioneros más "dóciles" comparten habitáculo y pueden pasearse unas horas; en los 6 y 5, los más conflictivos viven en celdas de aislamiento en constante soledad, aunque pueden hablarse por las rendijas de las puertas; el Campo 7, ubicado en un lugar secreto, aloja a los cinco acusados del 11-S, entre ellos el presunto cerebro de la operación, Khalid Sheikh Mohamed. El Gobierno de EEUU se gasta 60 millones de dólares al año en mantener el complejo donde trabajan 2.200 personas.

«Es surrealista pasar de la cárcel a la playa», admite la abogada de un reo

Esto es lo que Barack Obama ha prometido cerrar. Esto y las comisiones militares, los tribunales especiales creados por el Gobierno republicano en octubre de 2006, en las que muchas pruebas son secretas y se admiten confesiones conseguidas bajo tortura.

Pero cerrar Guantánamo promete ser un serio quebradero de cabeza para el nuevo Gobierno demócrata. "Las comisiones se crearon por orden presidencial, otra orden las puede borrar de un plumazo. Obama no debe esperar un minuto", dice Anthony Romero, director de ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles).

Jennifer Daskal, que sigue este tema para Human Rights Watch, piensa que no va a ser tan rápido. "Obama sin duda tomará la decisión simbólica de cerrar la cárcel y suspender las comisiones antes del 26 de enero, cuando debe celebrarse el próximo juicio (el del niño-soldado Omar Khadr). Podría dejar el tema en manos de un comité de sabios y darse un año de reflexión para examinar los casos uno por uno".

Algunos, muchos, serán puestos libertad; está por ver, dónde, cómo y cuándo. La complicada repatriación de los uigures no presagia una tramitación fácil: esta semana Portugal ofreció acoger a algunos, Alemania también estaría dispuesta aceptar unos cuantos, pese a las tremendas presiones de China. Pero otros, como los cinco del 11-S y otra treintena de prisioneros, capturados en Afganistán, deberán pasar por algún tipo de tribunal.


Consejos de guerra especiales

Todos los abogados de la defensa, civiles y militares, piden que los casos se trasladen simplemente al sistema federal. "Es hora de sacarlo todo a la luz, nuestro sistema funciona", sostiene Suzanne Lachelier, la oficial reservista de la marina, que se encarga de defender a Ramzi Bin al Shibh, uno de los acusados del 11-S.

Se baraja la idea de consejos de guerra especiales, pero eso equivaldría a perpetuar otros tribunales al margen de la ley. "Circulan muchas teorías y creo que ninguna es acertada", opina Shayana Kadidal, del Centro pro Derechos Constitucionales. "En este momento no creo que el equipo de Obama tenga muy claro lo que quiere hacer. Me consta que se barajan todas las opciones", asegura Daskal.

La situación legal es aún más complicada desde que, el pasado junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció el derecho de los detenidos a acudir a las cortes federales para cuestionar su detención y reclamar su puesta en libertad.

Mientras, en la base naval que Estados Unidos "alquiló" al Gobierno cubano en 1903, la vida sigue su ritmo, al margen de lo que pueda pasar en el futuro. "Guantánamo es tristemente bello", dice Lachelier quien viaja a la bahía desde Washington cada dos semanas. "Es surrealista pasar de la cárcel, del abuso de nuestro sistema, a la playa", donde a veces los abogados se toman un descanso.


"Guantánamo es tristemente bello"

El oficial al mando de la prisión, el comandante David Thomas, asegura encantado a los periodistas que "la nueva clase de arte del Campo 4 es muy popular", (hasta ahora sólo podían aprender idiomas) y que, con suerte, "añadirá clases de Geología" a mediados de 2009. "Nosotros seguimos adelante".

La semana pasada, durante las audiencias que se celebraron en el tribunal de Camp Justice por fuera, un hangar de chapa acanalada construido en una antigua pista de aterrizaje, por dentro, una sala de máxima seguridad anónima y funcional los cinco del 11-S, además de Mohamed, Ali Abd al-Aziz Ali, su sobrino, Mustafa Ahmed al-Hawsawi y Walid bin Attash, pidieron declararse culpables y afrontar lo antes posible la muerte.

Una siniestra confluencia de intereses, la de los acusados que quieren morir mártires y la del Gobierno actual por justificar la creación de las comisiones (los carceleros dejaron a los cinco detenidos reunirse durante 27 horas para preparar su petición sin informar a sus abogados, denuncia uno de ellos), que podría complicarle las cosas a Obama, sobre todo si el juez decide acelerar los trámites.


Manipulación emocional

"Hay muchas variables", se limita a decir el coronel Lawrence Morris, jefe de la acusación, sobre la posibilidad de ejecutar a los condenados antes de la llegada del nuevo Gobierno. Mohamed, sus acólitos y Washington saben que si los casos pasan al sistema federal habrá que empezar todo desde cero.

Por primera vez en la sala, tras una mampara de cristal blindado e insonorizado, estuvieron presentes nueve familiares de las 2.973 víctimas del 11-S.

Los abogados de los presos denunciaron la manipulación emocional de su presencia porque todos pidieron mantener las comisiones, ante los 50 periodistas que el Pentágono trajo hasta Guantánamo. Vinieron buscando algún tipo de respuesta por su pérdida.

"No tuve ninguna reacción y me sorprendió, dice Maureen Santora, cuyo hijo bombero murió en las Torres Gemelas. "Vi al hombre responsable de la muerte de Christopher y no sentí absolutamente nada", reconoce Santora.

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Las cárceles secretas del lado oscuro

La Casa Blanca y la CIA organizaron una red de prisiones en el extranjero para evitar la legislación estadounidense.


Un guardia posa con una de las máscaras que usan para protegerse del lanzamiento de basura por parte de los detenidos en la base de Guantánamo -

EFE PÚBLICO - MADRID - 14/12/2008 08:00

Cinco días después de los atentados del 11-S, el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney dejó una frase para la Historia: "También tenemos que trabajar en el lado oscuro, por llamarlo así". Al día siguiente, el presidente George Bush firmaba un decreto presidencial autorizando a la CIA a capturar, interrogar y matar a los miembros de Al Qaeda en cualquier lugar del mundo.
Se decidió que los nuevos enemigos fueran considerados como "combatientes ilegales". Un término que les dejaba fuera de la Convención de Ginebra con respecto al trato a los detenidos. Sin defensa legal y expuestos a las torturas de sus interrogadores.

Para desarrollar ese lado oscuro era preferible evitar el suelo estadounidense y su jurisdicción. EEUU estableció prisiones secretas en varios países aliados a los que trasladaba a los presuntos miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán y Pakistán.

Se decidió que los nuevos enemigos fueran considerados como "combatientes ilegales"

En los documentos clasificados de la Casa Blanca y de la CIA se hace referencia a estas prisiones como lugares negros. Se trata de centros de detención en Afganistán, Marruecos, Jordania, Egipto, Tailandia y Kosovo. El Consejo de Europa denunció que Rumania y Polonia también habían albergado las cárceles secretas entre 2003 y 2005 aunque sus respectivos Gobiernos lo negaron.

Human Rights Watch denunció el uso del aeropuerto de Szymany, en Polonia, y la base aérea de Mihail Kogalniceanu, en Rumania, entre 2003 y 2004.

Fuentes del Pentágono confirmaron a The Washington Post que los aliados europeos pidieron permanecer en el anonimato para evitar represalias terroristas.

La CIA estableció dos categorías para sus detenidos. Una primera para los principales sospechosos de terrorismo, un 30% de los capturados, que fueron destinados a cárceles gestionadas por personal de la CIA en países de la Europa del este, Tailandia y la base de EEUU en Guantánamo.

Los integrantes del segundo grupo, menos peligrosos y sin información valiosa que ofrecer a la CIA, fueron entregados a los servicios de inteligencia de Marruecos, Egipto y Jordania. En los casos de entrega, la CIA se limitó a dar asistencia económica o de asesoramiento en la gestión de los centros.

Marruecos, Jordania y Egipto afirman que en su territorio no se practica la tortura, algo que contradice los informes que ha recopilado durante años el Departamento de Estados norteamericano, en los que se recogen abusos crónicos contra los detenidos.


Tailandia y Kosovo

La CIA se hizo con su primer pez gordo el 28 de marzo de 2002. Las Fuerzas de Seguridad paquistaníes capturaron a Abu Zubaida, presunto jefe de operaciones de Al Qaeda, y se lo entregaron a EEUU. La agencia lo trasladó a su cárcel secreta en Tailandia. En 2003, las autoridades tailandesas exigieron su cierre tras hacerse pública su existencia.

Álvaro Gil Robles, el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pudo ver en 2002 el centro de detención que EEUU utilizaba en Kosovo. "Vi entre 15 y 20 prisioneros vestidos con trajes naranjas como los de los detenidos de Guantánamo. Algunos estaban encerrados en celdas de aislamiento. Algunos tenían barba y había quienes leían el Corán".
En las prisiones secretas gestionadas por la CIA, la agencia aplicó su propio manual: "Técnicas de interrogatorio mejoradas". Un libro de estilo particular que no cumplía con las normas establecidas por Naciones Unidas ni por las leyes militares estadounidenses.

Entre las técnicas aplicadas se incluye el waterboarding o ahogamiento controlado, práctica que impide la respiración del preso vertiendo agua sobre sus vías respiratorias.

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"Muchos presos no sabían nada de Al Qaeda"

Los interrogatorios bajo tortura no sirvieron para obtener datos que evitaran atentados posteriores.

TRINIDAD DEIROS - MADRID - 14/12/2008 08:00

Guantánamo no ha servido para nada. Ni para saber lo que pasó (antes del 11-S) ni para prevenir atentados posteriores como los de Ryad, Casablanca y Madrid". Mohamed Darif se muestra tajante. Este profesor de la universidad marroquí Hassan II, experto en terrorismo, no alberga la menor duda de que el encierro y los interrogatorios a los que se ha sometido a las cerca de 800 personas que han pasado por Guantánamo no han ofrecido información significativa sobre el terrorismo islámico.

En lo que atañe a España y Marruecos cuyas redes terroristas parecen estar íntimamente ligadas nada ha trascendido. Tampoco acerca del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), organización en la órbita de Al Qaeda a la que se considera responsable de los atentados de 2003 en Casablanca y de los del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Las conexiones entre los autores e ideólogos de ambos atentados, y de los dos grupos con la célula española de Al Qaeda, dirigida por Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah implicado también en el 11-S, parecen fuera de toda duda.

Jamal Zougam, uno de los autores materiales del 11-M, conocía a Abu Dahdah y asistía en Tánger a los sermones del imán radical Mohamed Fizazi, condenado a 30 años de cárcel por los atentados de Casablanca. En sus viajes a Alemania, Fizazi predicaba en la mezquita de Hamburgo, de la que era asiduo Mohamed Atta, el líder de los terroristas del 11-S.

Otro de los conocidos de Zougam, Salaheddin Benyaich, está también preso en Marruecos por los atentados en su capital económica.


Los orígenes del GICM

Benyaich es un marroquí afgano. Así se conoce a los marroquíes que, desde la época de la invasión soviética en adelante, acudieron a Afganistán o bien para entrenarse y enrolarse en la yihad, o bien porque estimaban que el régimen taliban era el único que respetaba la sharía, la ley islámica.

El informe Modelos del Terror Global del Departamento de Estado norteamericano atribuía a la primera generación de marroquíes afganos, los que lucharon contra la invasión soviética, la fundación en los años noventa del GICM. Pero, al menos que se sepa, ninguno de los reclusos de Guantánamo de los que la inmensa mayoría fueron detenidos en Afganistán ha aportado datos sobre este grupo ni sobre las otras células terroristas que supuestamente operan en España.
Mohamed Darif recuerda además que "no todos los árabes que estaban en Afganistán tras el 11-S eran terroristas".

"Después de los atentados de Nueva York, se creó un consenso entre los afganos hostiles a los talibanes y, sobre todo, entre los paquistaníes de que la culpa de sus problemas la tenían Al Qaeda y los árabes", explica.

"Esta es la razón por la que el Ejército y los servicios secretos paquistaníes entregaron a los norteamericanos a cientos de árabes presentándolos como combatientes enemigos: muchos eran inocentes", prosigue el especialista.

"Guantánamo no ha servido para nada porque simplemente muchos de sus presos no sabían nada de Al Qaeda".

Darif pone el ejemplo del marroquí AbdellahTabarak, entregado a Rabat tras pasar varios años en Guantánamo. De él "se llegó a decir que era el guardaespaldas de Bin Laden, sólo porque había trabajado en una de sus empresas".

El que estas personas comulgaran con el ideario fundamentalista "no justifica su detención, pues no se puede encarcelar a alguien sólo por sus ideas", zanja.

Hamed Abderraman Ahmed, Hmido, el único ex preso español de Guantánamo, sostiene que ése es su caso.

Este joven, originario del degradado barrio ceutí del Príncipe, viajó a Afganistán en 2001 para unirse a los talibanes pero no a Al Qaeda y vivir de acuerdo con su fe.

Tras el 11-S, la Policía paquistaní lo detuvo en la frontera y lo entregó a los norteamericanos. A principios de 2002, fue recluido en Guantánamo, de donde salió dos años más tarde a petición de España.

Una historia no muy diferente de la de Lahcen Ikassrien, un marroquí que llevaba varios años en España cuando, tras viajar a Afganistán, fue capturado por la Alianza del Norte, enemiga de los talibanes, que lo entregó a los EEUU. Llegó a Guantánamo con una pulsera en su muñeca en la que un soldado había escrito "animal número 64".

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Guantánamo, torturas y otros demonios

Si Hugo Chávez aplicase el simulacro de ahogamiento, Occidente se escandalizaría.

BERNARDO GUTIÉRREZ - 14/12/2008 08:00

Si Hugo Chávez ese monstruo antidemocrático hubiese aplicado contra algún prisionero el waterboarding (simulacro de ahogamiento) que la CIA usó en Guantánamo (según confirmó su director Michael V. Hayden), Occidente se habría echado las manos a la cabeza.

Si Evo Morales ese indígena y cocainómano subpresidente hubiera condenado sin juicio previo a los agentes de la DEA (oficina antidrogas de Estados Unidos) que pincharon las llamadas presidenciales, la comunidad internacional habría puesto el grito en el cielo. Da igual que Hugo Chávez estuviese juzgando a los avezados golpistas de 2002. O que Morales, simplemente, defendiese su soberanía.

Los procedimientos tortura, detención ilegal les habrían deslegitimado. Si esta cruzada chavista o moraliana tuviese lugar en una base militar incrustada en el territorio de otro país, el despropósito sería directamente inconcebible.

Pero Guantánamo es diferente. La niña/prisión de los ojos de la era Bush es otra cosa. La base naval de Guantánamo, esa china yanqui en el zapato de la revolución castrista fruto del entreguismo del primer títere/presidente cubano de la Historia, el estadounidense Tomás Estrada Palma, es sencillamente intocable.

La guerra contra el terror, claro, justifica la larga lista de aberraciones made in Guantánamo. Torturas, waterboardings, falsas acusaciones. Incluso violaciones sistemáticas del Convenio de Ginebra que garantiza el trato a los prisioneros de guerra.

El presidente electo estadounidense ¡Oh Bama de la nueva esperanza! ha prometido cerrar la base de Guantánamo. Y debe hacerlo urgentemente. No sólo para probar que la sombra de la prisión iraquí de Abu Ghraib no es alargada y tropical, sino para convencer a sus aliados internacionales de que otro mundo moral y de ley todavía es posible.

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NEUS CABALLER

Los servicios mínimos duplican los de 2002 contra Aznar

El pulso vivido en los últimos tres meses entre la Generalitat y todos los agentes del sector de la enseñanza pública contrarios a la política educativa de Francisco Camps -que, además, se oponen de plano a la normativa valenciana que obliga a dar Ciudadanía en inglés sin más medios ni personal- se refleja de lleno en la huelga general convocada para el próximo miércoles 17 en todos los centros públicos. La Consejería de Educación presentó ayer una propuesta del "personal de servicios mínimos" que deja al 40% de los profesores y personal de apoyo sin derecho a poder secundar el paro convocado por la Plataforma per l'Ensenyament Públic.

La Plataforma lleva a Canal 9 al Síndic por manipular la protesta del 29-N
Esta cifra duplica el mínimo de profesores fijado por esta misma Administración en la huelga general en toda España contra el denominado decretazo de Aznar, el 20 de junio de 2002. "En aquella ocasión, la Administración fijó exactamente la mitad de los servicios mínimos que ahora, al establecer un profesor por etapa; y no por ciclo", comentó ayer Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Es decir, que el colegio que tenía que poner dos profesores, ahora requerirá cuatro.

De publicarse estas instrucciones, cerca de 22.000 profesores y personal de apoyo (de un total de 54.000 dependientes de la Consejería Educación) se verán obligados a renunciar al derecho de huelga.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic (integrada por el STEPV, CC OO y UGT y las asociaciones de padres, alumnos, directores e inspectores, además de Escola Valenciana) anunció que recurrirá estos servicios mínimos por "abusivos".

La consejería pretende obligar a "los centros de Infantil y Primaria con una línea donde trabajan 13 profesores a que cinco de ellos presten servicios mínimos", señaló la Plataforma, que también reprochó a la consejería que dirige Alejandro Font de Mora las instrucciones para que la inspección haga "listas" de los padres y alumnos que no piensan asistir a clase el 17-D.
La Generalitat se enfrenta a una huelga general de la enseñanza no universitaria sin precedentes. Es la primera vez que se convoca en todas las etapas y es apoyada por todos los estamentos educativos del sector público, por los partidos de oposición y 300 entidades cívicas.
La protesta ya fue contundente el 29 de noviembre y la Plataforma acusó ayer a Canal 9 de "censurar" las imágenes de 44.000 manifestantes en Valencia que clamaban contra la "política educativa" de Camps. Por ello, recurrió al Síndic de Greuges para que inste a una rectificación por las imágenes emitidas por la televisión autonómica, con una pancarta contra Zapatero que nada tenía que ver con la protesta.

Por otra parte, el consejero Font de Mora añadió ayer más confusión a la polémica al declarar, según la agencia Efe, que los alumnos objetores a la asignatura de Ciudadanía tienen derecho a ocupar otro espacio en el centro y ser atendidos por otros profesores. El Tribunal Superior de Justicia ya suspendió en su día la intención de su departamento de facilitarles la aprobación de la materia mediante un trabajo alternativo.

COLEGIOS DE LA MARINA ALTA EN PIE DE GUERRA.
Instalaciones degradadas, barracones precarios y falta de inversiones educativas. Contra este desolador panorama se manifestaron ayer las comunidades escolares de dos colegios de la Marina Alta, la del Carolina Sala en Pego y la de La Xara en Dénia. En total, unas 700 personas en dos movilizaciones diferentes salieron a la calle y advirtieron a la Consejería de Educación de que habrá nuevas protestas si no se da respuesta urgente a sus demandas. La manifestación de Pego fue la más significativa, con cerca de 500 participantes.

Primera huelga general educativa
- Profesores convocados. Un total de 54.000 entre docentes y personal de apoyo dependiente de la Consejería de Educación en 1.600 colegios e institutos.
- Servicios mínimos. La consejería fija un profesor por ciclo en cada centro de Infantil y Primaria de una línea, lo que supone cuatro profesores, además del director.
- Personal afectado. Los servicios mínimos obligarían a 22.000 funcionarios dependientes de Educación.
- El precedente de 2002. La Administración valenciana estableció unos servicios mínimos para los funcionarios de Educación que reducían al 20% el número de profesores que tenían que permanecer en sus puestos el día la huelga general contra el 'decretazo' del Gobierno Aznar.
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La objeción a Ciudadanía enfrenta a Font de Mora con los inspectores educativos

El conseller defiende la orden lo regula y los técnicos, que la asignatura es obligatoria

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Los sindicatos rechazan que el 40% de docentes no pueda ir a la huelga

Levante-EMV, Valencia La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic tildó ayer de "abusivos" los servicios mínimos de hasta el 40 por ciento del personal en "muchos" centros de Primaria e Infantil impuestos por la Administración educativa ante la convocatoria de huelga docente del 17 de diciembre, por lo que no se ha conseguido un acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos sobre esta cuestión, informaron en un comunicado.

La propuesta presentada por la Administración educativa a los sindicatos ha sido valorada como "abusiva" por los representantes sindicales porque supone que en centros de Infantil y Primaria de una línea dónde trabajan 13 personas como profesorado estén cinco de ellas obligadas a prestar servicios mínimos, es decir, el 40% de la plantilla. La Plataforma, asimismo, mantendrá hoy una reunión para adoptar una "posición común" ante las tres mesas sectoriales (de padres, estudiantes y sindicatos) que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha convocado el lunes para abordar la implantación en la Comunitat de un sistema plurilingüe.

Por su parte, el conseller al ser cuestionado por una posibilidad de suspensión de huelga ante las mesas indicó que la pregunta se debe hacer "a quien ha convocado el evento; nosotros no tenemos ahí nada que decir".
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El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'.

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El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'

MARÍA FABRA

El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps

El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.

El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia

Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.

Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".

El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
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El Gobierno acusa al Consell de retrasar el envío de personal y obstaculizar la investigación a Fabra

El Ejecutivo insta a la Generalitat a proveer con urgencia al juzgado de Nules de funcionarios y material

Carlos Alós, Valencia

El Gobierno de España considera que ha hecho los deberes respecto a la provisión de los medios suficientes para descongestionar los juzgados de Nules, donde se dirimen las causas judiciales abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del Partido Popular, Carlos Fabra. Todo lo contrario que el Consell que preside Francisco Camps. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sostiene que la resolución del caso se eterniza porque la Generalitat dilata el envío de los medios materiales y personales necesarios para desatascar el caso en los juzgados de Nules. Según explica el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, en una respuesta al diputado del grupo parlamentario Esquerra República-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, es el Gobierno de Camps el que "sigue "retrasando" la llegada de los citados medios. El Ejecutivo recuerda en esa misma respuesta que la Generalitat tiene transferidas las competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que esa autonomía no debe convertirse en "arbitrariedad" y mucho menos en "obstaculizar" la labor de los juzgados. En el escrito, conocido ayer, el Gobierno incide en que el Consell debe proceder de forma "urgente" al envío a Nules de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de los juzgados números 1 y 2. La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, señala que el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado ya todas las medidas necesarias para "agilizar y mejorar" el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta al llamado "caso Fabra". Los refuerzos llegarán en eneroEn este sentido, el Gobierno destaca que la petición que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó al Ministerio de Justicia para que enviara un juez y un secretario de refuerzo a cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación a Carlos Fabra fue resuelta en sentido favorable el mismo día en que se realizó y que en ese mismo momento se accedió a los nombramientos, añade.

Sin embargo, la falta de colaboración del Consell ha provocado que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia estén pendientes de que el departamento que dirige desde el pasado 19 de septiembre Paula Sánchez de León destine los medios materiales y personales necesarios, ya que la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Es en este punto donde el Gobierno acusa al Consell de "retrasar" la llegada de funcionarios judiciales a Nules pese a la "repercusión social" que tiene el asunto investigado. Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Paula Sánchez de León aseguraron ayer que el próximo mes de enero llegarán a los juzgados de Primaria Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Nules dos funcionarios a cada uno de ellos. De León ha asegurado en interpelaciones parlamentarias en las Corts que el caso Fabra sólo interesa a la oposición por su impacto mediático, pero no a la opinión pública. Fuentes de su departamento señalaron que el Consell trata a todos los juzgados con el mismo rasero y que no hace distinciones respecto a qué persona puede afectar los asuntos judiciales. Además, añadieron que los planes de refuerzo para dotar de más funcionarios a los juzgados valencianos se ejecutan con carácter semestral y por eso la nueva dotación de personal llegará a Nules en enero. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) aseguraron que el nombramiento de nuevos jueces no puede realizarse hasta que el Consell dote al juzgado de los funcionarios. Hasta el momento han pasado nueve jueces y cuatro fiscales por los juzgados que investigan al dirigente popular.

A pesar del revuelo mediático levantado por este caso que ha llevado a Fabra ante el juez pordiferentes delitos, casi cinco años después el proceso continúa en fase de investigación.

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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes.

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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes

La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre

Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.

Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.

El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.

A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.

Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".

"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.

El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.

Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".

Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec.

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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec

El Comitè de Ministres lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés"

El Consell d'Europa avala la immersió en català, basc i gallec

El Comitè de Ministres, que vetlla pel compliment de la 'Carta europea de les llengües regionals o minoritàries' lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes"

Ult. Act. 11.12.2008 - 20:49 hs

El Consell d'Europa proposa que les comunitats autònomes espanyoles amb llengües cooficials desenvolupin un model d'ensenyament d'"immersió total", tot i que reconeix que en "la majoria" d'aquestes autonomies l'ensenyament d'aquestes llengües es basa en un model bilingüe, que, segons explica, no correspon als compromisos adoptats per Espanya després de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

En un informe donat a conèixer aquest dijous, el Comitè de Ministres, màxim òrgan de decisió del Consell d'Europa, recomana a les autoritats espanyoles, entre d'altres coses, que "prenguin mesures per adoptar un marc jurídic específic de protecció i promoció de l'aragonès i el català d'Aragó" i que "precisi l'estatus", i "arribat el cas adopti mesures de protecció i promoció" de l'amàzic a Melilla, l'àrab a Ceuta, el gallec a Castella i Lleó i el portuguès a Olivenza (Badajoz).
En el document, el Comitè d'Experts de la Carta –que va ser signada per Espanya el 5 de novembre de 1992 i ratificada el 9 d'abril de 2001– avalua la situació de les llengües regionals i minoritàries a Espanya, a partir d'un informe proporcionat per les autoritats sobre el compliment de la Carta i després d'una visita "sobre el terreny" feta entre el 10 i el 14 de setembre del 2007. A més, elabora una anàlisi del seguiment de les recomanacions que el Comitè de Ministres va fer en una primera ronda de seguiment.

En concret, els experts del Consell d'Europa lamenten que les autoritats no hagin solucionat els problemes que recalcaven en les primeres recomanacions sobre la utilització de les llengües cooficials en els serveis públics, que, afirma, està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes".

També consideren "insuficients" les mesures preses a nivell estatal per "garantir que tota part que ho demandi tingui verdaderament la possibilitat d'utilitzar una llengua cooficial durant un procediment judicial o en les seves relacions amb l'Administració".

Amb tot, felicita Espanya per "la seva cooperació" i per "l'alt grau de reconeixement i de protecció del que es beneficien, en el pla dels principis, les llengües regionals o minoritàries", tot i que hi hagi "encara un desajust manifest entre alguns compromisos subscrits i el nivell de protecció assegurada".
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Europa censura la falta de un modelo educativo esencialmente en valenciano

Un informe del Consejo pide la inmersión lingüística en todos los niveles docentes y en todo el territorio

Europa Press, Madrid

El Consejo de Europa propone que las comunidades autónomas españolas con lenguas co-oficiales desarrollen un modelo de enseñanza de "inmersión total", aunque reconoce que en "la mayoría" de estas comunidades la enseñanza de estas lenguas se basa en un modelo bilingüe, que, según explica, no corresponde a los compromisos adoptados por España tras la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En el caso de la Comunitat Valenciana, sostiene que "falta desarrollar un modelo de enseñanza esencialmente en valenciano, en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio".

Visita "sobre el terreno"En el documento, que se hizo público ayer, el Comité de Expertos de la Carta, que fue firmada por España el 5 de noviembre de 1992 y ratificada el 9 de abril de 2001, evalúa la situación de las lenguas regionales y minoritarias en este país, a partir de un informe proporcionado por las autoridades sobre el cumplimiento de la Carta y tras una visita "sobre el terreno" realizada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007. Además, elabora un análisis del seguimiento de las recomendaciones que el Comité de Ministros realizó en una primera ronda de seguimiento.

En concreto, los expertos del Consejo de Europa lamentan que las autoridades no hayan solucionado los problemas que recalcaban en las primeras recomendaciones sobre la utilización de las lenguas cooficiales en los servicios públicos, que, afirma, está "en retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas".

También consideran "insuficientes" las medidas tomadas a nivel estatal para "garantizar que toda parte que lo demande tenga verdaderamente la posibilidad de utilizar una lengua co-oficial durante una procedimiento judicial o en sus relaciones con la Administración".

Con todo, felicita a España por "su cooperación" y por "el alto grado de reconocimiento y de protección del que se benefician, en el plano de los principios, las lenguas regionales o minoritarias", aunque haya "todavía un desajuste manifiesto entre algunos compromisos suscritos y el nivel de protección asegurado".

El documento sostiene que "todas las comunidades autónomas afectadas deberían trabajar, paralelamente al modelo bilingüe, en el desarrollo de un modelo de 'inmersión total'", aunque reconoce que "en la mayoría de las comunidades autónomas la enseñanza de la lengua co-oficial reposa sobre un modelo estructurado de enseñanza bilingüe". No obstante, subraya que la enseñanza en la lengua cooficial no debe ser "en absoluto obligatoria para todos los alumnos", sino accesible para los que la soliciten.

Poco interés de los medios
El informe subraya que "los medios nacionales españoles otorgan muy poco interés a la diversidad lingüística" y la población mayoritaria de lengua castellana "parece todavía no ser suficientemente consciente del carácter multilingüe de la sociedad española". Por ello, apunta, sería necesario "promover las virtudes del multilingüismo y de la diversidad lingüística, tanto en los grupos lingüísticos mayoritarios como en los minoritarios".

Con este panorama, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, habiendo examinado el documento elaborado por los expertos, recomienda a las autoridades españolas que tengan en cuenta "todas las observaciones" del texto.
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dijous, 11 de desembre del 2008

Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán

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Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán

Un informe del Consejo de Europa recomienda a las comunidades bilingües la "inmersión total".

FERRAN CASAS - Barcelona - 11/12/2008 21:39

El Consejo de Europa, una institución que integran 47 estados del continente, hizo este jueves público un informe evaluando el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España. El documento da un espaldarazo rotundo a la política lingüística catalana, singularmente en la enseñanza, y anima a exportarla al resto de territorios con lenguas diferentes del castellano.

El PP, UPyD y la derecha mediática han cuestionado la promoción de las lenguas propias y promovieron un manifiesto “de intelectuales” afirmando la supremacía de la “lengua común” castellana. La Carta (firmada por España en 1992) tiene, según el extenso informe, un cumplimiento discutible pese al reconocimiento jurídico y por eso los expertos elevan recomendaciones en la Justicia, la administración y la educación. Lamentan, además, que en el Estado no se haga más pedagogía de la existencia de lenguas diferentes al castellano.

Según los expertos el País Valenciano, Baleares, Navarra y Euskadi deberían desarrollar un modelo “de inmersión total” en catalán, gallego o euskera en lugar de uno bilingüeb o por líneas que acaba perjudicando a estas lenguas. En Catalunya la inmersión se usa desde los 80 y garantiza un uso mayoritario del catalán al menos en primaria.

El informe, elaborado en base a informes remitidos por las administraciones y el trabajo sobre el terreno, constata los retrocesos de las lenguas propias en el ámbito de los servicios públicos y especialmente las “dificultades” en la escuela en el País Valenciano, Galicia y Baleares.
Muy crítico se muestra con Valencia (de donde aún esperan un informe sobre la función de su Consejo de Cultura) “porque falta garantizar un modelo en valenciano en todos los niveles educativos y todo el territorio”. El Consejo de Europa señala el ámbito de la Justicia como el menos proclive a asumir la realidad plurilingüe y recomienda “tomar las medidas necesarias para garantizar una proporción adecuada del personal”. Lo mismo en la función pública.

En el caso catalán el informe elogia el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes y muestra satisfacción por el funcionamiento de las Oficinas de Garantías Lingüísticas. También la política del gobierno vasco es elogiada.

El Govern, exultante
Bernat Joan Marí, secretario de política lingüística del Govern, emitió a Público una valoración positiva, “no puede ser de otra manera”, del informe. “Plantean que para mantener la pluralidad debemos dominar las dos lenguas y eso sólo se consigue si que la minorizada es la vehicular en la escuela”, afirmó antes de destacar “el renocimiento” al modelo catalán con este “espaldarazo”.
Joan recordó que segregar por lengua, como se hace en el País Valenciano, es nocivo “porque los que estudian en catalán saben castellano al final de su formación y al revés no pasa”.

Algunos temas pendientes de resolver
Los limbos jurídicos: El informe reclama atender lenguas con estatus legal inferior al catalán, el gallego o el euskera. Se trata del asturiano pero tambien del catalán y el aragonés en Aragón. A su vez demanda "aclarar" la situación del portugués en Olivenza, el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta o el gallego en el Bierzo.
La realidad multilingüe: El Consejo de Europa constata que la mayoría castellanohablante en España "no es suficientemente consciente" del carácter multilingüe de su sociedad y de las "virtudes" que ello tiene. Pide al Gobierno que tome medidas para difundirlo y lamenta el "poco interés" de los medios.
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Fraga dimissió per feixista i per ...

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I a Fraga els seus "compinches" li han rigut la gràcia. Es veu que els fills de Franco poden dir el que vulguin però als fills de persones decents se'ls salta a la jugular. La llei de l'embut i la desvergonya d'una extrema dreta amb dret de pernada.
I també la hi deuen haver riguda al senyor de la pirula, a Espe amb els seus epítets contra els qui la criticaren quan evacuà Bombai a corre-cuita, a Rajoy, a Alcaraz, a Pons, a Acebes -"Y quien no crea que el 11M ha sido obra de islamistas es un miserable"-, a Trillo, etc. Soraieta ha dit de memorieta que vol que es trenqui el tripartit català i al dia següent i a l'altre voten amb ERC. I De Cospedal ha acusat el govern de no fer prou -no fer prou i ha caigut el cap actual d'ETA 21 dies després que l'anterior!- per a acabar amb ETA per raó del tema de la il.legalització d'ANV...
Són uns facinerosos, miserables, fatxes, cínics...
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“Tontos de los cojones”
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El PSOE pide al PP que desautorice a Fraga y que éste pida disculpas

Según Mar Moreno las palabras de Manuel Fraga "devuelven al PP a tiempos pasados, en los que se perseguía a los nacionalistas".

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El "diferencial Fraga", por Manuel Rico
Gallardón y su "deuda inmensa" con Fraga
Fraga: "A los nacionalistas habría que colgarlos"
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El presidente Fundador del PP, defensor de que el partido se encamine hacia el centro, replica a Tardá, que llamó "corrupto" al Tribunal Constitucional y gritó "muerte al Borbón".
ERC: "¿Por qué nadie exige la dimisión de Fraga?"

El senador del PP afirmó que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", mientras que tará gritó "muerte al Borbón".

PÚBLICO.ES / EFE - Madrid - 11/12/2008 14:00

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha considerado hoy que las palabras de Manuel Fraga sobre los nacionalistas no sólo son "ofensivas" sino que "están guiadas por un profundo sentido antidemocrático", y se ha preguntado por qué nadie exige la dimisión del senador.
Ridao ha protestado porque existe "una doble vara de medir" para las palabras de Fraga y para las de su compañero de grupo Joan Tardà, a quien el PP pide que abandone el escaño después de que el pasado sábado proclamase "viva la República, muerte al Borbón".

"Es delirante que desde el PP se pidan dimisiones de políticos por expresiones amparadas en la libertad de expresión y que nadie haya exigido lo mismo a Fraga", ha concluido.

Colgar a los nacionalistas
A través de un comunicado, Ridao ha respondido a las afirmaciones que ha hecho el presidente Fundador del PP, al asegurar que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", porque "el nacionalismo, por definición, es lo contrario a la defensa de España".

"Tiene un profundo sentimiento antidemocrático"
Para Ridao, "querer colgar a los nacionalistas no sólo es una expresión ofensiva, sino que están guiadas por un profundo sentido antidemocrático, y demuestran la intolerancia de alguien que, queriendo dar lecciones, ha dado una nueva demostración de autoritarismo y de odio hacia quien no piensa como él".
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Los senadores del PP votan con ERC en contra de los Presupuestos y suscriben duras críticas a Aznar

“El Gobierno permitió la entrada de ANV en los ayuntamientos. Os habéis equivocado cuatro años”

Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA"
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La caverna.

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Enric Sopena
Cabos sueltos
¿Dónde sitúa el PP los intereses de Estado y dónde está González Pons?

“Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA”.
Se veía venir y ha llegado ya. Uno de los principales problemas en torno a ETA -según la fanfarria pepera- es ANV, tal como subrayé ayer en la columna de opinión de El Plural. María Dolores de Cospedal -que tiene el honor de ser la sucesora de Ángel Acebes- hace grandes esfuerzos por emularlo. A veces lo consigue. “Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA”, ha declarado De Cospedal, rindiendo así homenaje al simplismo mezclado con una dosis no menor de demagogia.

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Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra...

Por cierto, ¿qué se ha hecho del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons? ¿Dónde está? ¿Padece una afonía grave? ¿Ha pedido a Mariano Rajoy una especie de año sabático, aunque tal vez un poco recortado? ¿Ha vuelto a su casa, que se halla en Valencia, aprovechando que nos encontramos a un tiro de piedra de la Navidad? ¿Lo han marginado Soraya Sáenz de Santamaría, por un lado, y De Cospedal, por el otro? ¿Es cierto que está hasta la coronilla de la actual corte rajoysta? El baúl de los recuerdos ¡Qué lejos parece situado, en el baúl de los recuerdos, el 6 de junio del presente año, cuando el Congreso de Valencia nos fue presentado como la estación término del viaje popular al centro! En el diario Expansión.com de ese día una fan de González Pons, llamada Mercedes F., decía en el foro: “Le deseo mucha suerte, Sr. González Pons.

Siga como hasta ahora y demuestre que hay una derecha civilizada, culta, con sensibilidad social y que sabe hacer frente a los problemas de los españoles (…)”. Mercedes F. añadía: “Con el tiempo espero verle en la Moncloa”. Pues bien, ¿habrá caído en desgracia el flamante vicesecretario de Comunicación del PP, precisamente por su tendencia a figurar como un digno representante de la “derecha civilizada”? Un sofisma ¿Es preciso advertir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que o echa de los Ayuntamientos de Euskadi a Acción Nacionalista Vasca (ANV) o, de lo contrario, habrá que decirle que no está luchando contra ETA?

El planteamiento de De Cospedal es un sofisma. La secretaria general del PP extrae de su razonamiento unas conclusión falsa o, al menos, deliberadamente equívoca. De lo que se trata por parte del PP es proyectar sistemáticamente la sombra de la sospecha. A Zapatero la derecha no le ha otorgado nunca el beneficio de la duda. Y, aun negándolo, ha optado siempre por favorecer su interés partidista en detrimento de los intereses de Estado.

Enric Sopena es director de El Plural
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El PP acusa a Zapatero de no querer echar a ANV de las instituciones
Rajoy rompe la unidad antiterrorista

Rajoy no condena sus palabras y se sale por la tangente
Fraga propone colgar a los nacionalistas "de algún sitio" para ponderar su peso

Y reabre el frente con Gallardón: “Yo no le he oído pedir la dimisión de Pedro Castro"
Una victimista Aguirre insiste en llamar "miserables" a los socialistas que le desean algún mal

El ex presidente de la AVT llama a salir a la calle contra ZP
Alcaraz: “Ha llegado el momento de un nuevo impulso a la Rebelión Cívica. Estamos hartos”

Basagoiti y la COPE coinciden a la hora de desmarcarse de Rajoy y Trillo
El acercamiento de presos al País Vasco abre una nueva brecha en el PP

Al igual que el regidor de Getafe, rectificó pero ahora no le perdona su metedura de pata
Uno de los alcaldes más beligerantes con Castro marcó diferencias biológicas entre los del PSOE y los del PP
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Aznar, Psoe, Moratinos i Guantánamo.

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I De Arístegui aplaudint amb les orelles. No sé si el Govern de Zapatero ha decidit donar un perfil baix a aquesta violació sistemàtica dels Drets Humans, si no ho sabia o no ha volgut saber, però ¿a quin sant diu ara Moratinos, sens dubte per indicació del President del Govern que, si bé n'hi havia permís, cap avió no féu escala? Què passa amb els informes, entre d'altres, d'AI? Mirem cap un altre costat, President? Esperen que, tractant benèvolament aquest tema, el PP apaivagarà el seu furor colpista?

Doncs ja veieu: al matí votant amb ERC al Senat-qui va dir què del Borbó?-, a la tarda exigint l'arbitrària disolució dels ajuntaments d'ANV i a l'endemà tornant a votar amb ERC contra els fons per als ajuntaments. I Fraga volent penjar de no sé on els nacionalistes. Parèntesi declamatiu: d'on caldria penjar, oh Senyor, els nacionalistes españññols?
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Moratinos justifica la connivencia de Aznar con los vuelos a la prisión de Guantánamo
MIGUEL GONZÁLEZ
El ministro confirma el pacto con Bush y lo disculpa por una decisión de la OTAN
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El autor del informe de Guantánamo, ante el juez el día 17
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El documento secreto que revela la complicidad española (ParteI)
DOCUMENTO (PDF - 2,44Mb) - 30-11-2008

El documento secreto que revela la complicidad española (Parte II)
DOCUMENTO (PDF - 702,16Kb) - 30-11-2008
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· "Sin garantías, sin control, sin límites"
· El juez pide las llamadas de teléfono de agentes de la CIA desde un hotel de Ibiza
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El Gobierno Aznar aseguró en 2003 que había derechos humanos en Guantánamo

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, argumentando esta tesis.
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El indignante servilismo de Aznar ante Bush, por Marco Schwartz
Exteriores investigará a quienes ocultaron los vuelos de la CIA
Chacón: "Zapatero nunca autorizó vuelos ilegales"
El juez pide a Exteriores un documento sobre la connivencia de Aznar
Moratinos revela que Aznar aceptó escalas a Guantánamo
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Llamazares le responde que "no es cierto que no hubiera escalas ni presos" y habla de "destrucción de documentos"
Moratinos confirma que “Aznar autorizó escalas con presos desde Afganistán", aunque "estas no tuvieron lugar”
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dissabte, 6 de desembre del 2008

Camps desvia diners de Dependència a residències mentre continua amb les polítiques de grans esdeveniments i propaganda i mentida a C9.

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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude

El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios

J. G. G., Valencia

El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.

La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.

Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.

El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria

Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida

Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.

Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".

Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.

La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.

Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".

El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes

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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas

El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención

Rafel Montaner, Valencia

"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.

De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".

El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".

Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".

Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".

Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"

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modificaciones en vísperas de puente

La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid

Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias

J. G. G.,

Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.

Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.

En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.

Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.

«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».

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El Delegado del Gobierno asegura que el Consell pone obstáculos a la Ley de Dependencia
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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