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Si Camps estigués en una empresa privada aniria a la presó i hauria de tornar els diners. A la Generalitat, potser acaba de Ministre de Rajoy o de Conseller d'Administració d'alguna empresa, com Zaplana.
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Ocio público en quiebra técnica
Proyectos Temáticos, sus filiales y Cheste cerraron 2007 en causa de disolución por las pérdidas. El desequilibrio obliga a la Generalitat a hacer constantes aportaciones de capital
Víctor Romero, Valencia
Hay acuerdos del Consell que, como la Navidad, se han convertido ya en clásicos de la gestión pública. Cada ejercicio, a lo largo del año, el Gobierno valenciano autoriza a la Conselleria de Economía a realizar aportaciones y reducciones simultáneas de capital en la mayor pare de sus empresas de ocio. La última de estas operaciones recibió luz verde el pasado 5 de diciembre. El Ejecutivo abrió la puerta a que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana recibiese una inyección en su capital social social de 59,9 millones de euros. A la vez minoró el valor de sus acciones en 54,4 millones de euros. De un plumazo, Sptcv enterró casi 10.000 millones de las antiguas pesetas. Un apunte contable que en la práctica significa que es dinero que ya nunca podrá recuperarse, sea cual sea la evolución de la sociedad. La del 5 de diciembre de 2008 no ha sido la única reducción de capital que ha sufrido la SPTCV. Es una constante que se repite cada ejercicio desde hace algunos años. La razón es la habitual acumulación de pérdidas, que lleva la empresa a la UCI contable. Una vez más, la Sindicatura de Comptes destaca en su informe del ejercicio de 2007 esta circunstancia. "A 31 de diciembre, la sociedad tiene el patrimonio neto negativo por lo que se encuentra en el supuesto de de disolución establecido en el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, a no ser que el capital social se aumente o se reduzca en la medida suficiente". El mismo informe recoge que la Generalitat tenía previsto inyectar 60 millones de euros en 2008 para "corregir el desequilibrio patrimonial" y financiar la sociedad. Así ha sido. La reducción de capital coincide además con las pérdidas de Sptcv en 2007, 54,4 millones de euros, un 12% más que en 2006.
La Conselleria de Economía mantiene que Sptcv es básicamente una firma inversora, con muchas limitaciones para generar ingresos propios y cuya financiación depende de su capacidad de endeudamiento y de las aportaciones de la Generalitat. Es cierto. La firma que nació como sociedad instrumental para impulsar Terra Mítica y la Ciudad de la Luz ha ido sumando encargos: El Auditorio de Torrevieja, el Centro de Congresos de Alicante, el de Benidorm y, también, el de convenciones de Castelló. Además, la empresa ha sufrido el impacto en sus cuentas de la suspensión de pagos de Terra Mítica y la todavía incapacidad del parque temático de Benidorm de repartir dividendos entre sus accionistas. Pero en los resultados consolidados de Sptcv también influyen las limitaciones que tiene la Ciudad de la Luz para consolidarse en el mercado audiovisual y alcanzar umbrales de rentabilidad.
Proyectos en Castelló
Otros factores que influyen en el lastre contable de Proyectos Temáticos son las pérdidas que generan algunas de su filiales. Aerocas, la empresa que supervisa la construcción del Aeropuerto de Castelló, también cerró 2007 con una patrimonio neto inferior al 50% del capital social, es decir en el supuesto de disolución que marca la ley para las sociedades limitadas. El Síndic señala igualmente que Aerocas necesitaba de ampliación y reducción de capital. No obstante, Aerocas consiguió en 2007 reducir sus pérdidas, que pasaron de 8,3 millones en 2006 a 4,1 millones el año pasado. En la misma situación de quiebra técnica se situó en 2007 otro de los proyectos ideados por Carlos Fabra en Castelló y que ha sido asumido por la Generalitat: Mundo Ilusión. La diferencia en este caso es que el parque temático está paralizado y sin visos de desarrollo. Condicionado por el devenir urbanístico de los terrenos donde se ubicaría (entre Orpesa y Cabanes del Mar) Mundo Ilusión sigue siendo en estos momentos lo que su nombre indica: Una ilusión.
Gastos de la Fórmula 1
El circuito de Cheste es otro de los complejos de ocio vinculados a la Generalitat que ha visto cómo sus números rojos empañan sus balances. En su caso ha sufrido el impacto económico del Circuito de Fórmula 1 de Valencia, pues algunos de los gastos de organización del Gran Premio se han asignado a Cheste. El pasado mes de julio, la Generalitat se vio obligada a realizar una operación acordeón (ampliación y reducción simultánea de capital) por valor de 22 millones de euros para reequilibrar el patrimonio de la sociedad. La situación del Circuito de Cheste puede considerarse distinta a la de otras mercantiles de ocio. El recinto cuenta con una importante actividad comercial derivada de los torneos que alberga. Sin embargo, esto no evitó que cerrase el ejercicio de 2007 también en situación de desequilibrio patrimonial "de acuerdo con la normativa mercantil", afirma la auditoría elaborada por Mazars recogida en los anexos del informe de la Sindicatura de Cuentas. Pese a que los números rojos se ha convertido en tónica habitual en las empresas de ocio dependientes de la Generalitat, el Ejecutivo de Francisco Camps defiende con ardor su política de grandes proyectos y eventos. Se basa su argumentación en la capacidad de generación de actividad económica, empleo y proyección de la Comunitat Valenciana con repercusiones positivas sobre el gasto turístico y la afluencia de visitantes. Sin embargo, la crisis económica también afectará en 2009 a este sector de la Administración pública. Por primera vez en una década el gasto en ocio será menor que en en 2008. Aún así el color verde no llegará a las cuentas de resultados.
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La Ciudad de la Luz tuvo 22 millones de pérdidas y acumula 130 de deudas
El Síndic detecta anomalías en el 95% de los contratos fiscalizados
RTVV pierde 23 millones por los derechos del Valencia, Levante y Villarreal
Cacsa replica que la reparación de las inundaciones del Palau de les Arts costó 5,5 millones menos de los 22 estimados
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dijous, 25 de desembre del 2008
dimarts, 23 de desembre del 2008
La Generalitat Valenciana de Camps té tal deute que no alçarem cap en més d'un decenni.
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I mentre, segueixen per davant en expectativa de vot. I és que la dreta espanyola no té votants sinó còmplices.
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auditoria a la generalitat 2007
El Síndic corrige al Consell y eleva a 25.000 millones el gasto y deuda imputados al futuro
Recalca que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización de la población que pide Camps. Todavía quedan 562 millones en facturas en los cajones tras aplazar el pago de 847 hasta 2015.
J. G. G./V. R./C. A., Valencia
El informe de la Sindicatura sobre la gestión de la Generalitat en 2007 corrige escandalosamente al alza el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que se reconoció oficialmente en la Cuenta General. Frente a los 20.985,1 millones declarados a 31 de diciembre de 2007 -la mayoría, deuda, a pagar a partir de 2011-, el organismo auditor, que presidente Rafael Vicente, revela que la información de la memoria "no recoge" compromisos derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe de, "al menos, 3.358,4 millones". Sin embargo, en el apartado concreto dedicado a los gastos imputados al futuro, el Síndic advierte que "también deben estimarse e incluirse los importes correspondientes a la facturación realizada por Ciegsa".
Se trata del gasto en construcción de colegios que Ciegsa "factura" a la Generalitat y que ésta debe financiar, vía ampliaciones de capital, hasta 2015. A 31 de diciembre del ejercicio pasado, la facturación era de 616,5 millones. Según recalca el auditor, esta deuda con Ciegsa no la tiene reconocida el Consell, por lo que le insta a reflejarla en sus cuentas. Los 3.358 y los 616 millones suponen 3.974,9 millones de gasto imputado al futuro no incluido, lo que da un total de 24.960 millones en compromisos para ejercicios posteriores. La losa, apunta el Síndic, es todavía mayor aunque contablemente ya no correspondería a 2007, ya que en mayo se pactó con las universidades abonarles 891,1 millones hasta 2022. Los 3.358 millones corresponden a las anualidades futuras de la privatización de la atención sanitaria en Manises (1.055,1 millones) y Elx (974,8), así como la regularización de 847,4 millones de facturas en los cajones de Sanidad. En alegaciones, este departamento admitió la rectificación y remitió un nuevo cuadro actualizado. Además, hay 135 millones para la Feria Valencia. El Consell sólo admitió 45,8 millones de inversiones en las universidades cuando asumió 296,1. Finalmente se dejó por contabilizar compromisos derivados con los ayuntamientos para construir colegios por 28,6 millones y cuatro contratos, por 21,4 millones. El incremento de la hipoteca de futuro es espectacular en un año, ya que en 2006 creció en 1.228 millones. En 2007 no subió el 4% que declaró el Consell, sino el 16,5%.
El modelo Aznar, en evidencia
En este informe, que el Síndic entregó ayer a las Corts pero también al presidente Francisco Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps, el auditor recalca por primera vez que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización del parámetro de población, tal como Camps está reclamando a Zapatero, incluso con una campaña que alude al supuesto millón de valencianos que el Gobierno central no reconoce. El Síndic indica que los gastos sanitarios suponen el 41,4% del total (frente al 39,6% en 2006). Entre las causas del aumento del gasto, cita el incremento demográfico, por encima de la media nacional, ya que ha pasado de representar el 10,83% de España en 1999 (año base) al 11,59% en 2008 (excluyendo País Vasco y Navarra), "sin que en el modelo estuviera prevista la actualización de este parámetro".
A esto añade la creciente demanda de servicios sanitarios (la plantilla ha subido entre 2002 y 2007 un 9% y la factura de farmacia, un 25,8%); mayores costes en los tratamientos; pero también la "necesidad de una gestión más efectiva". Como consecuencia de ello, los gastos entre 2002 y 2007 han aumentado un 65% (el resto de programas, un 34,6%), mientras las transferencias corrientes y de capital del Estado subieron un 30,3%. El resto de ingresos, sobre todo tributos cedidos, ha subido un 73%. No obstante, el dato obvia que el sistema de financiación cambió al basarse en los tributos y caer las transferencias, lo que tuvo un impacto en 2003 con la reducción de un 10% de los fondos de Madrid. En 2007, la inyección estatal creció un 12%, según la auditoría.
Un "gran esfuerzo" del Consell
El Síndic reitera un año más que el aumento del gasto sanitario, junto con los "problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente", "no ajustada a la realidad demográfica actual", tiene su reflejo en las llamadas facturas en los cajones, existentes desde que se recibieron las transferencias. Rafael Vicente destacó ayer el "gran esfuerzo" del Consell en regularizar el gasto no contabilizado por falta de presupuesto, nada menos que 847 millones. Pero la regularización sólo supone su reconocimiento, de forma que habrá que ir pagando esta deuda cada año desde 2008 a 2015, no que esté zanjado el problema.
De hecho, todavía quedan 562,9 millones de gasto oculto. Si éstos se suman a los 847, el resultado son 1.410 millones, frente a los 1.224 de 2006. A junio pasado, se habían acordado regularizaciones con proveedores de 992,8 millones.Gerardo Camps destacó ayer que los 562 millones de facturas en los cajones suponen un 54% menos que en 2006 y también consideró que la auditoría señala que, lejos de una mala gestión, como sostiene la oposición, la causa del gasto no reconocido es "el diferencial existente entre el crecimiento de la población y la financiación".
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Cuestiona el cumplimiento del Plan de Estabilidad
La Sindicatura pide al IVEX que documente los expedientes de gasto
El informe eleva a 22,1 millones el coste de las inundaciones en el Palau de les Arts
El Consell gastó 5 millones en los derechos de la Volvo y los ha pagado en 3 años
La Sindicatura de Greuges acata el auto del TSJ y Emilia Caballero asume el mando
El Ivvsa mantiene a 44 empleados en puestos de trabajo "inexistentes" desde hace dos años
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I mentre, segueixen per davant en expectativa de vot. I és que la dreta espanyola no té votants sinó còmplices.
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auditoria a la generalitat 2007
El Síndic corrige al Consell y eleva a 25.000 millones el gasto y deuda imputados al futuro
Recalca que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización de la población que pide Camps. Todavía quedan 562 millones en facturas en los cajones tras aplazar el pago de 847 hasta 2015.
J. G. G./V. R./C. A., Valencia
El informe de la Sindicatura sobre la gestión de la Generalitat en 2007 corrige escandalosamente al alza el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que se reconoció oficialmente en la Cuenta General. Frente a los 20.985,1 millones declarados a 31 de diciembre de 2007 -la mayoría, deuda, a pagar a partir de 2011-, el organismo auditor, que presidente Rafael Vicente, revela que la información de la memoria "no recoge" compromisos derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe de, "al menos, 3.358,4 millones". Sin embargo, en el apartado concreto dedicado a los gastos imputados al futuro, el Síndic advierte que "también deben estimarse e incluirse los importes correspondientes a la facturación realizada por Ciegsa".
Se trata del gasto en construcción de colegios que Ciegsa "factura" a la Generalitat y que ésta debe financiar, vía ampliaciones de capital, hasta 2015. A 31 de diciembre del ejercicio pasado, la facturación era de 616,5 millones. Según recalca el auditor, esta deuda con Ciegsa no la tiene reconocida el Consell, por lo que le insta a reflejarla en sus cuentas. Los 3.358 y los 616 millones suponen 3.974,9 millones de gasto imputado al futuro no incluido, lo que da un total de 24.960 millones en compromisos para ejercicios posteriores. La losa, apunta el Síndic, es todavía mayor aunque contablemente ya no correspondería a 2007, ya que en mayo se pactó con las universidades abonarles 891,1 millones hasta 2022. Los 3.358 millones corresponden a las anualidades futuras de la privatización de la atención sanitaria en Manises (1.055,1 millones) y Elx (974,8), así como la regularización de 847,4 millones de facturas en los cajones de Sanidad. En alegaciones, este departamento admitió la rectificación y remitió un nuevo cuadro actualizado. Además, hay 135 millones para la Feria Valencia. El Consell sólo admitió 45,8 millones de inversiones en las universidades cuando asumió 296,1. Finalmente se dejó por contabilizar compromisos derivados con los ayuntamientos para construir colegios por 28,6 millones y cuatro contratos, por 21,4 millones. El incremento de la hipoteca de futuro es espectacular en un año, ya que en 2006 creció en 1.228 millones. En 2007 no subió el 4% que declaró el Consell, sino el 16,5%.
El modelo Aznar, en evidencia
En este informe, que el Síndic entregó ayer a las Corts pero también al presidente Francisco Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps, el auditor recalca por primera vez que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización del parámetro de población, tal como Camps está reclamando a Zapatero, incluso con una campaña que alude al supuesto millón de valencianos que el Gobierno central no reconoce. El Síndic indica que los gastos sanitarios suponen el 41,4% del total (frente al 39,6% en 2006). Entre las causas del aumento del gasto, cita el incremento demográfico, por encima de la media nacional, ya que ha pasado de representar el 10,83% de España en 1999 (año base) al 11,59% en 2008 (excluyendo País Vasco y Navarra), "sin que en el modelo estuviera prevista la actualización de este parámetro".
A esto añade la creciente demanda de servicios sanitarios (la plantilla ha subido entre 2002 y 2007 un 9% y la factura de farmacia, un 25,8%); mayores costes en los tratamientos; pero también la "necesidad de una gestión más efectiva". Como consecuencia de ello, los gastos entre 2002 y 2007 han aumentado un 65% (el resto de programas, un 34,6%), mientras las transferencias corrientes y de capital del Estado subieron un 30,3%. El resto de ingresos, sobre todo tributos cedidos, ha subido un 73%. No obstante, el dato obvia que el sistema de financiación cambió al basarse en los tributos y caer las transferencias, lo que tuvo un impacto en 2003 con la reducción de un 10% de los fondos de Madrid. En 2007, la inyección estatal creció un 12%, según la auditoría.
Un "gran esfuerzo" del Consell
El Síndic reitera un año más que el aumento del gasto sanitario, junto con los "problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente", "no ajustada a la realidad demográfica actual", tiene su reflejo en las llamadas facturas en los cajones, existentes desde que se recibieron las transferencias. Rafael Vicente destacó ayer el "gran esfuerzo" del Consell en regularizar el gasto no contabilizado por falta de presupuesto, nada menos que 847 millones. Pero la regularización sólo supone su reconocimiento, de forma que habrá que ir pagando esta deuda cada año desde 2008 a 2015, no que esté zanjado el problema.
De hecho, todavía quedan 562,9 millones de gasto oculto. Si éstos se suman a los 847, el resultado son 1.410 millones, frente a los 1.224 de 2006. A junio pasado, se habían acordado regularizaciones con proveedores de 992,8 millones.Gerardo Camps destacó ayer que los 562 millones de facturas en los cajones suponen un 54% menos que en 2006 y también consideró que la auditoría señala que, lejos de una mala gestión, como sostiene la oposición, la causa del gasto no reconocido es "el diferencial existente entre el crecimiento de la población y la financiación".
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Cuestiona el cumplimiento del Plan de Estabilidad
La Sindicatura pide al IVEX que documente los expedientes de gasto
El informe eleva a 22,1 millones el coste de las inundaciones en el Palau de les Arts
El Consell gastó 5 millones en los derechos de la Volvo y los ha pagado en 3 años
La Sindicatura de Greuges acata el auto del TSJ y Emilia Caballero asume el mando
El Ivvsa mantiene a 44 empleados en puestos de trabajo "inexistentes" desde hace dos años
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diumenge, 21 de desembre del 2008
El prodigiós deute de la Generalitat Valenciana.
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La deuda de la Generalitat y sus empresas supera por primera vez los 14.000 millones
El endeudamiento equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla
Juanjo García Gómez, Valencia
La deuda de la Generalitat y sus empresas comerciales ha superado por primera vez la barrera de los 14.000 millones de euros y se sitúa en 14.075 millones, según los datos correspondientes al tercer trimestre del año que ayer difundió el Banco de España. En sólo tres meses, el endeudamiento ha crecido en 284 millones, 1.324 millones con respecto a septiembre de 2007, lo que supone un incremento anual del 10,4%. El lastre de los préstamos equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla o 156 hospitales como el futuro La Fe. Haría falta el presupuesto de la Generalitat de todo un año para enjugar los créditos, ya que las cuentas autonómicas para 2009 que el jueves aprobaron las Corts ascienden a 14.286 millones.
Del total de préstamos, 12.198 millones corresponden a la deuda estricta del Consell, de los organismos y empresas que computan como Administración pública y de las universidades, mientras que los restantes 1.877 millones son de las firmas públicas consideradas comerciales (al contar con un porcentaje de sus ingresos que son propios, con lo que no todo su gasto va con cargo a impuestos). Es el caso de la empresa pública de la Ciudad de las Artes (Cacsa). La deuda del Consell ha aumentado en el último año un 10,1%, mientras la de las empresas, un 12,3%. El peso del endeudamiento del Ejecutivo sobre la riqueza de la Comunitat (PIB regional) se ha incrementado una décima, al pasar del 11,4% al 11,5%. El porcentaje supone casi el doble que la media del conjunto de las autonomías, que es el 5,8% (ha bajado una décima respecto al trimestre anterior). El lastre ha crecido medio punto en un año, ya que en septiembre de 2007 era del 11%. De este modo, la Comunitat se mantiene como líder en deuda respecto al PIB, mientras que en valores absolutos es la segunda por detrás de Cataluña, con 17.666 millones (22.838 incluyendo las empresas). Andalucía tiene la mitad que la Comunitat (6.867 millones, 7.043 con las firmas), mientras que Madrid suma 9.945 millones, 11.054 con las sociedades. El año en que no iba a subirEn lo que va de año, el dinero que el Consell adeuda a los bancos a largo plazo ha aumentado en 648 millones (761 con las empresas). Inicialmente, este ejercicio el Consell no tenía autorización para incrementar el endeudamiento pero la situación de crisis y la caída del incremento del PIB ha permitido aplicar excepciones, de forma que las autonomías podrán endeudarse un 0,75% de su PIB, más un 0,25% adicional si presentan un plan de inversiones, en 2008 y en 2009. Esto supone unos mil millones cada ejercicio. El problema de la Comunitat es que parte con unos números tan elevados que habrá que ver el margen real de maniobra que tiene para afrontar la dificultad económica.
Aumento similar al resto el último añoEl Consell salió ayer al paso para resaltar los datos positivos del Banco de España. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, aseguró que la deuda de la Comunitat «crece en valores contenidos y en niveles similares a los del conjunto nacional», al subrayar que el aumento de la deuda del Consell en el último año, un 10,09%, es en términos porcentuales el mismo incremento registrado a nivel nacional, el 10,04%.
En contraposición, el director general manifestó que, durante este mismo periodo, se han registrado incrementos del endeudamiento «realmente elevados» en otras comunidades, como Baleares (36,6%), Castilla La Mancha (36,0%), La Rioja (26,3%), Cataluña (26,0%) o Cantabria (21,9%). En el trimestre, la subida de la deuda del Consell ha sido del 1,98%, por debajo de Cantabria (18,9%), Murcia (9,2%) o Castilla La Mancha (3,0%).
Sobre la deuda de las empresas del Consell, Pérez Boada manifestó que los datos desmontan, a su juicio, la acusación de que el Gobierno valenciano «centrifuga» endeudamiento a través de sus firmas (éste no computaría a efectos de la ley de Estabilidad y las autorizaciones de Hacienda para emitir más), ya que «la evolución de la deuda de nuestras empresas es, en términos porcentuales, una de las más bajas de España, estando por debajo de la media nacional».
En concreto, destacó que los préstamos de las empresas públicas valencianas han crecido un 12,3% en el último año, frente al 16,3% de incremento a nivel nacional. En Madrid, la deuda ha bajado desde enero 158 millones pero la de sus empresas ha subido en ese periodo 180 millones.
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La Comunitat acumula una deuda de 12.198 millones de euros
La Comunitat retrocederá un 0,8% en 2009 y crecerá solo un 0,1% en 2010
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La deuda de la Generalitat y sus empresas supera por primera vez los 14.000 millones
El endeudamiento equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla
Juanjo García Gómez, Valencia
La deuda de la Generalitat y sus empresas comerciales ha superado por primera vez la barrera de los 14.000 millones de euros y se sitúa en 14.075 millones, según los datos correspondientes al tercer trimestre del año que ayer difundió el Banco de España. En sólo tres meses, el endeudamiento ha crecido en 284 millones, 1.324 millones con respecto a septiembre de 2007, lo que supone un incremento anual del 10,4%. El lastre de los préstamos equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla o 156 hospitales como el futuro La Fe. Haría falta el presupuesto de la Generalitat de todo un año para enjugar los créditos, ya que las cuentas autonómicas para 2009 que el jueves aprobaron las Corts ascienden a 14.286 millones.
Del total de préstamos, 12.198 millones corresponden a la deuda estricta del Consell, de los organismos y empresas que computan como Administración pública y de las universidades, mientras que los restantes 1.877 millones son de las firmas públicas consideradas comerciales (al contar con un porcentaje de sus ingresos que son propios, con lo que no todo su gasto va con cargo a impuestos). Es el caso de la empresa pública de la Ciudad de las Artes (Cacsa). La deuda del Consell ha aumentado en el último año un 10,1%, mientras la de las empresas, un 12,3%. El peso del endeudamiento del Ejecutivo sobre la riqueza de la Comunitat (PIB regional) se ha incrementado una décima, al pasar del 11,4% al 11,5%. El porcentaje supone casi el doble que la media del conjunto de las autonomías, que es el 5,8% (ha bajado una décima respecto al trimestre anterior). El lastre ha crecido medio punto en un año, ya que en septiembre de 2007 era del 11%. De este modo, la Comunitat se mantiene como líder en deuda respecto al PIB, mientras que en valores absolutos es la segunda por detrás de Cataluña, con 17.666 millones (22.838 incluyendo las empresas). Andalucía tiene la mitad que la Comunitat (6.867 millones, 7.043 con las firmas), mientras que Madrid suma 9.945 millones, 11.054 con las sociedades. El año en que no iba a subirEn lo que va de año, el dinero que el Consell adeuda a los bancos a largo plazo ha aumentado en 648 millones (761 con las empresas). Inicialmente, este ejercicio el Consell no tenía autorización para incrementar el endeudamiento pero la situación de crisis y la caída del incremento del PIB ha permitido aplicar excepciones, de forma que las autonomías podrán endeudarse un 0,75% de su PIB, más un 0,25% adicional si presentan un plan de inversiones, en 2008 y en 2009. Esto supone unos mil millones cada ejercicio. El problema de la Comunitat es que parte con unos números tan elevados que habrá que ver el margen real de maniobra que tiene para afrontar la dificultad económica.
Aumento similar al resto el último añoEl Consell salió ayer al paso para resaltar los datos positivos del Banco de España. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, aseguró que la deuda de la Comunitat «crece en valores contenidos y en niveles similares a los del conjunto nacional», al subrayar que el aumento de la deuda del Consell en el último año, un 10,09%, es en términos porcentuales el mismo incremento registrado a nivel nacional, el 10,04%.
En contraposición, el director general manifestó que, durante este mismo periodo, se han registrado incrementos del endeudamiento «realmente elevados» en otras comunidades, como Baleares (36,6%), Castilla La Mancha (36,0%), La Rioja (26,3%), Cataluña (26,0%) o Cantabria (21,9%). En el trimestre, la subida de la deuda del Consell ha sido del 1,98%, por debajo de Cantabria (18,9%), Murcia (9,2%) o Castilla La Mancha (3,0%).
Sobre la deuda de las empresas del Consell, Pérez Boada manifestó que los datos desmontan, a su juicio, la acusación de que el Gobierno valenciano «centrifuga» endeudamiento a través de sus firmas (éste no computaría a efectos de la ley de Estabilidad y las autorizaciones de Hacienda para emitir más), ya que «la evolución de la deuda de nuestras empresas es, en términos porcentuales, una de las más bajas de España, estando por debajo de la media nacional».
En concreto, destacó que los préstamos de las empresas públicas valencianas han crecido un 12,3% en el último año, frente al 16,3% de incremento a nivel nacional. En Madrid, la deuda ha bajado desde enero 158 millones pero la de sus empresas ha subido en ese periodo 180 millones.
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La Comunitat acumula una deuda de 12.198 millones de euros
La Comunitat retrocederá un 0,8% en 2009 y crecerá solo un 0,1% en 2010
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divendres, 12 de desembre del 2008
El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes.
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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divendres, 3 d’octubre del 2008
Borja Mari Costa trasllada a Zapatero tot el pes de la crisi i el declara enemic públic
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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