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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009
Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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dilluns, 20 d’abril del 2009
dimarts, 7 d’abril del 2009
PP Vice. 06/04/2008. El ex vicepresidente de Castilla y León y diputado popular por Segovia, bajo sospecha por el caso Gürtel.
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Su mujer creó una sociedad fantasma junta a Luis Bárcenas
El ex vicepresidente de Castilla y León y diputado popular por Segovia, bajo sospecha por el caso Gürtel
Correa cobró comisiones por la construcción de la carretera C-626
La trama corrupta de Gürtel también operó en Castilla y León
Anticorrupción investiga al ex presidente balear
¿Gastó Matas sumas millonarias en muebles de lujo y artículos exclusivos?
David Merino les acusa de recibir sobornos
El ex director de DICO ratifica ante la Fiscalía sus denuncias contra Granados y otros importantes alcaldes
El presidente popular de Castilla y León afirma que él "lo tendría muy claro" y dimitiría
¿Dan un paso al frente quienes piden la dimisión de Bárcenas y Galeote?
Según El Mundo, Aznar y Arenas conocían los tejemanejes de la trama corrupta y “nada se hizo”
Agag “presumía entre sus amigos de que iba a participar en un negocio llamado Orange Market”
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Camps se ausentará de las Corts y evitará hablar de Orange Market
El president de la Generalitat ha comunicado a las Corts que no podrá acudir a la sesión plenaria por "compromisos ineludibles de carácter institucional"
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La firma que hizo el informe decisivo para dar las TDT es de los organizadores de la F1 de la hípica
"El Consell no tiene amigos de los que acaban en los juzgados"
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Camps, sobre 'Gürtel': "Proceso en marcha"
El presidente de la Generalitat respondió hoy sobre el auto del TSJ por el que se da cinco días a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa con la frase "proceso en marcha"
La investigación a Orange Market deja la Feria del Turismo sin mostrador del Consell
Rambla responde con críticas al Gobierno
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El PP europeo también contrató con Correa
De la Vega reprocha al PP que sus únicas medidas son "las de los trajes de algunos"
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El TSJ levanta el secreto de sumario para los aforados valencianos
El tribunal da cinco días al fiscal y a las partes para que se pronuncien sobre la competencia del caso
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El PP y la oposición se enfrentan por la ausencia de Camps en las Corts
Conde-Pumpido afirma que Garzón ha actuado de forma "procesalmente correcta"
Benjamín Martín Vasco dimite como portavoz de adjunto del PP en la Asamblea
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dilluns, 16 de març del 2009
PP Vice. 16/03/2009. El sastre de Camps asegura que el presidente del Consell «jamás pagó un euro en la tienda».
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El sastre de Camps asegura que el presidente del Consell «jamás pagó un euro en la tienda»
El chaleco para ir al Vaticano se entregó en la sede de Orange Market
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El sastre vende vivo a Camps
Gritos de "¡trajes para todos!" ante el presidente en Castelló
Un sastre despedido en medio de las facturas falsas
"Yo iba a tomarle medidas al Ritz, donde él se alojaba"
Alarte: «El presidente ha permitido una red delictiva a su alrededor»
Trillo: José Tomás no es sastre y sus declaraciones son mentiras y ridiculeces
La Presidenta de les Corts dice que hay una "trama orquestada" contra Camps
Rajoy: "El PP defenderá el honor de todos sus militantes porque son inocentes"
Iniciativa pide los contratos con las televisiones de Ulibarri
"Yo iba a tomarle medidas al Ritz, donde él se alojaba"
El PP «sigue confiando» en Camps
El PP anuncia que volverá a denunciar hoy a Garzón ante el CGPJ y el Supremo
Camps, ausente en la reunión de la Junta Directiva del PP
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El PP se autoexculpa de espionaje y deja el caso en manos de los jueces
Aprobado el dictamen del Grupo Popular, que no califica de falsos los partes pero cuestiona su rigor porque "no coinciden con las agendas oficiales".- El PSOE cree que Aguirre engañó a Rajoy para que no indagara en el espionaje
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Animación: Trama de espionaje
Vídeo: PSOE e IU apuntan a Aguirre en la Comisión de Investigación
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Queja doble del PP contra Garzón
ELPAÍS.com / EFE
El portavoz de Justicia, Federico Trillo, anuncia que denunciarán hoy al magistrado ante el CGPJ y el Tribunal Supremo
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"Las cosas se van aclarando"
MARÍA FABRA
Camps dice que "cada semana hay una mentira nueva" pero sigue sin explicar su implicación en la trama corrupta - Gritos de "¡trajes para todos!" en Castellón
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Rajoy carga otra vez contra Garzón
El presidente del Partido Popular ha negado cualquier financiación ilegal de su partido. Francisco Camps es el gran ausente a esta Junta Directiva Nacional del PP
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Los Tribunales Superiores de Valencia y Madrid reciben la información sobre el 'caso Correa'
Audio: Rajoy: "Este partido no se ha financiado ilegalmente"
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Aznar: "Mi buen amigo Sepúlveda"
CADENA SER
El ex presidente presumía de su amistad con el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, que tuvo que dimitir hace dos semanas al ser implicado en la trama de Correa
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La presentación de Aznar (Diario de Pozuelo)
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La Asamblea de Madrid exculpa al Gobierno de Aguirre por el espionaje
El parlamento regional aprueba el dictamen propuesto por el PP.
Mariano Rajoy: "No entro a juzgar a Garzón" pero "va contra el PP"
Mariano Rajoy reitera que "el sumario del juez se abrió casualmente en plena campaña".
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El PP volverá a denunciar al juez
El número dos de Aguirre benefició a la firma de su profesor de pádel
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Váyase, antes de que las cañas de la romería de ayer se le vuelvan lanzas
Por mucho que el PP niegue la evidencia, Camps ya es un cadáver político
Subraya que su partido "no ha recibido un euro de las personas detenidas"
Rajoy se enroca: “No somos inquisidores. Vamos a defender la presunción de inocencia”
La Policía Judicial busca unos archivadores perdidos en los que figurarían sus nombres
¿Viajaron también Rajoy, Aznar, Agag y Arenas por cortesía de Correa?
“Rajoy se ha hecho rubio y tiene los ojos azules”, bromea Cospedal
Una “arrepentida” Aguirre se entrega a Mariano y pone el PP de Madrid a su disposición de cara a las europeas
Los Calvitos
La de Camps y su sastre
Pretende que las elecciones europeas le preparen el camino a la Moncloa
Rajoy quiere protagonizar una victoria igual a la de Aznar
El líder del PP valenciano y El Bigotes han mantenido una tupida red de intereses, iniciada en Génova 13
Orange Market nació con la llegada de Camps a la Generalitat
"Si tú no cuentas lo mío, yo no cuento lo tuyo"
Blanco: el PP “sustenta su unidad en base al principio del carpetazo”
Por el contrario, PSOE e IU apuntan a la presidenta como responsable del espionaje
Aguirre se autoexculpa y concluye que no ha habido seguimientos
El socialista ve paralelismos entre su matrimonio con Sepúlveda y el de Julián Muñoz
Ana Mato emprende acciones legales contra Tomas Gómez por compararla con Mayte Zaldívar
Cualquier excusa es buena para tratar de desprestigiar al magistrado
Campaña de acoso y derribo contra Garzón en plena investigación de la Operación Gürtel
Trillo ve en él "una deliberada voluntad de dañar" a su partido
El PP denuncia de nuevo al magistrado ante el Poder Judicial
El Mundo pide responsabilidades a Rajoy por las "corruptelas" del PP
"Debe afrontar el problema de forma realista si no quiere que afecte a la credibilidad del partido"
“El no pasarán” de Granados evoca implícitamente el vídeo sexual de Pedro J.
“A Ramírez ya le intentaron matar civilmente y no pudieron con él, y tampoco podrán con nosotros”
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“A Ramírez ya le intentaron matar civilmente y no pudieron con él, y tampoco podrán con nosotros”
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diumenge, 15 de març del 2009
PP Vice. 15/03/2009. "Pagaban los trajes de Camps con billetes de 500 euros".
A la Magdalena._
Jueves, 12 de marzo. La Asamblea de Madrid celebra un pleno inusual. Poco después de empezar, todos los diputados regionales del PSOE y de IU se levantan de sus escaños y abandonan el hemiciclo. Es otro gesto de protesta ante el carpetazo a la comisión de investigación del espionaje en Madrid. Sólo quedan en las bancadas de la izquierda las portavoces de ambos grupos, mudas de rabia ante el nuevo atropello: Maru Menéndez e Inés Sabanés. Frente a ellas, entre risas, el grupo popular. ¿Todos? No. Hay una ausencia notable, no es un cualquiera. El escaño vacío pertenece nada menos que al que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre. Se trata de uno de los espiados, Alfredo Prada. El día antes, en la última sesión de la comisión de investigación, su sucesor al frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados, lo ha tachado de mentiroso. No es que secundase la protesta, aunque pocas veces Prada ha estado tan de acuerdo con la izquierda madrileña como en su valoración política sobre el apresurado cierre a la comisión. Pero el ex vicepresidente no estaba allí por otra razón: a esa misma hora, tenía una cita mucho más importante en Génova 13.
Prada llegó tres horas más tarde al pleno, pero llegó. Se sentó en su escaño a las siete de la tarde, después de una larga reunión con Mariano Rajoy a cuenta, precisamente, del carpetazo al caso de espionaje. Aguirre se había comprometido con Rajoy a abrir una comisión en la Asamblea de Madrid a cambio de que el PP nacional parase la investigación interna que había iniciado el partido. Pero esa comisión, en la que nadie había puesto tampoco muchas esperanzas, ha resultado ser aún peor de lo poco previsto: un paripé, una burla, una comedia tan mala que Esperanza Aguirre la aguantó sólo tres días en cartel, y al cuarto la clausuró. El PP de Madrid no sólo bloqueó la mayoría de las peticiones de documentación de la oposición, sino que también impidió que declarasen ante ella los principales afectados: los espiados. Ni Alfredo Prada ni el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ni la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores han podido testificar. Ni siquiera Ignacio González, el único espiado que el PP de Madrid reconoce como tal, declaró en ella.
La conversación entre Alfredo Prada y Mariano Rajoy, a solas en el despacho del presidente del PP, fue larga. Tenían cosas de que hablar. Rajoy le transmitió su apoyo y respaldo ante lo ocurrido, ante la persecución que está sufriendo por parte de sus supuestos compañeros de partido en Madrid. Prada se ha reafirmado en público sobre la veracidad de los partes del espionaje que le atañen, tendrá que enfrentarse el miércoles 18 a una decisión difícil en el pleno de la Asamblea de Madrid: qué votar sobre las conclusiones de la comisión de investigación, un aparente trámite cuyo marcador final admite apuestas; podría haber sorpresas.
Prada el jueves tendrá tres opciones. Votar sí, lo que supondría admitir unas conclusiones que le calificarán implícitamente como mentiroso, pues el PP pretende negar que ese espionaje haya siquiera existido. Votar no, lo que implicaría saltarse la disciplina de voto y abrir una nueva batalla interna. O no acudir al pleno ese día con cualquier excusa. La misma difícil decisión atenaza también a Carmen Rodríguez Flores, la otra espiada que se sienta en la bancada popular en la Asamblea. Rodríguez Flores protagonizó el 12 de febrero una tensa reunión interna del grupo popular en la Asamblea, en la que exigió a Aguirre que le ayudase a descubrir quién le había espiado. Ahora se siente decepcionada y, según parlamentarios cercanos a ella, parece estar dispuesta a votar no. Pronto se verá.
Lo que todos en el PP dan por seguro, tanto en Génova como en la Comunidad de Madrid, es que Mariano Rajoy no reabrirá esa investigación interna, que seguirá suspendida en el limbo de los justos. Su raquítico apoyo mediático no le deja mucho más margen, pues los medios que marcan la opinión entre sus votantes están cada vez más entregados a la lideresa. Sólo si Gallardón insiste mucho, la comisión interna tendría alguna posibilidad de revivir, y ni aún así. Los marianistas justifican la probable decisión de Rajoy argumentando que ahora no es el momento para otra guerra interna, que hay que mirar al futuro, a las europeas. Y la paz en el mundo.
Rajoy también tiene otra excusa: que el caso está aún en manos de la Justicia, pues existe una denuncia de Alfredo Prada y otra de Manuel Cobo en los tribunales, que está investigando el fiscal de Madrid, Manuel Moix. Alguno de los espiados no descarta incluso elevar el tono de su respuesta judicial y pasar de la denuncia a la querella criminal.
Rajoy también tiene otra excusa: que el caso está aún en manos de la Justicia, pues existe una denuncia de Alfredo Prada y otra de Manuel Cobo en los tribunales, que está investigando el fiscal de Madrid, Manuel Moix. Alguno de los espiados no descarta incluso elevar el tono de su respuesta judicial y pasar de la denuncia a la querella criminal.
Más allá de las europeas, de la coartada judicial y de su natural pacífico, Mariano Rajoy tiene otro buen argumento para esconder el sucio asunto de los espías bajo la alfombra: la investigación de Garzón sobre la Operación Gürtel. En Génova, y más aún en Valencia, preocupa mucho esa segunda declaración del sastre de Francisco Camps, que habló este viernes de nuevo con Garzón. El sastre de Milano, de nombre José Tomás (nada que ver con el torero) se juega el ser o no ser imputado, y en el PP temen que su condición final cuando llegue el juicio sea sólo la de testigo, lo cual implicaría que está colaborando con el juez. El sastre es la clave en la trama de Valencia, pues es él quien puede demostrar que las facturas de los trajes a Camps y otros en su corte corresponden de verdad a sobornos de Correa y sus chicos o si, como cuentan desde el PP valenciano, los trajes en cuestión nunca han existido y las facturas eran falsas, un truco de Correa para defraudar a Hacienda.
En el PP también circula otro rumor sobre el sastre: que podría haber hablado con un medio de comunicación, lo que inquieta casi tanto como su nueva declaración ante Garzón.
Con sastre o sin él, lo que está claro es que Esperanza Aguirre le tiene tomada la medida a Rajoy. En el enésimo duelo al sol, es de nuevo el gallego el que pestañea primero. Si sus enfrentamientos se tuviesen que resolver como en la carrera hacia la muerte de Rebelde sin causa, ésa en las que ambos conductores circulan a toda velocidad en dirección a un acantilado hasta que uno de los dos –el que pierde– echa el freno, el presidente del PP ni siquiera se atrevería a subirse al coche frente a la lideresa kamikaze. Aguirre es capaz de despeñarse con tal de no dar su brazo a torcer. O al menos eso cree Rajoy.
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Actualización, 15-3-09, 8:05: El temor del PP estaba fundado, el sastre de Camps ha hablado
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Actualización, 15-3-09, 8:05: El temor del PP estaba fundado, el sastre de Camps ha hablado
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PEDRO MUELAS
¿Cuando lo hace el presidente significa que no es ilegal?
Ayer, justo ayer, hacía un año que Álvaro Pérez, antes conocido por Alvarito en el Partido Popular, ahora Bigotes para todo el mundo, celebraba su boda en el restaurante del edificio Veles e Vents del puerto de Valencia mientras sonaba la mascletà .desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Asistieron entre otros el jefe del Consell, Francisco Camps; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; el secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el director general de RTVV, Pedro García; el director general de la empresa pública Ciegsa, José Luis López Guardiola, y el director general de Feria Valencia, Carlos Vargas. Todos con sus respectivas mujeres, algunas de ellas amigas entre sí. No podía ser mejor demostración de los triunfos de Orange Market en la Comunitat Valenciana logrados después de tener que dejar sus negocios con el PP de Madrid al comenzar la era Mariano Rajoy.
De momento sólo sabemos que, junto a estas buenas relaciones que han ido creciendo y profundizando en la Administración valenciana y en el PP, Orange Market ha ganado unos seis millones por encargos de seis conselleries, empezando por Presidencia, y que su mujer, Noemí Ramal, ha gozado de contratos en la TVV, que dirige su amigo Pedro García, además del privilegio de presentar las campanadas de fin de año. Contratos por un montón de millones, con cuatro o cinco empleados, y eso que a última hora, muy reciente debió de ser, alguien empezó a advertir a las conselleries que la cosa había cambiado. Orange Market, es evidente, era para los consellers y los directores generales y altos técnicos una empresa muy bien colocada en el poder y hasta en Presidencia, como lo prueba el hecho de que Álvaro Pérez llevaba de la mano a Camps al sastre de Madrid José Tomás, siguiéndolo a Milano, primero, y luego a Forever Young. Garzón asegura que los encargos los conseguía con dádivas como las de pagarle los trajes a cuatro altos cargos (Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) y otras sin especificar.
REGALOS DE IMPORTACIÓN.
Ahora sabemos que también importó de la central de Madrid el regalo de coches para agasajar a quienes consideraba piezas clave para su beneficio. Si Correa le pasó un Jaguar al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, aquí Alvarito, tan solícito para todos y para todo, hizo, que sepamos, lo mismo pero con un Mini Cooper descapotable, un capricho para la mujer de un alto cargo que tanto les ha ayudado. Bueno, no son, por ahora, los centenares de miles de euros que soltó la trama en Madrid y en metálico, pero es una nueva pista para los investigadores valencianos del caso, ahora que vienen de viaje las carpetas con los documentos y declaraciones que ha ido sumando la Fiscalía Anticorrupción.
Novedad, también, ha sido el cambio notable de la estrategia de Francisco Camps para abordar las acusaciones del juez Garzón y el terremoto que ha sacudido el PP. Se confirma su intención de no zaherir a Garzón, buscando la discreción frente al histrionismo institucional del primer día. No lo hizo en el Foro del ABC y tampoco en las Corts Valencianes. Y además quiso que se viera así. Pero hubo una notable diferencia: en Madrid, a Camps se le helaba la sonrisa, había un gesto tenso y un guión encorsetado, y eso que se fueron hasta allí los primeros espadas del PP para hacerse la foto y también con la corte de los reclutados, o no, empresarios de Valencia. En las Corts, por el contrario, Camps, seguro de su inocencia, se vino arriba dos días después, se mostró íntimamente convencido. Algo ha pasado en ese ínterin. Puede ser porque desde la oposición se formularon preguntas obvias y de fácil salida y el presidente les tiene cogida la medida, pero sobre todo revela que ya existe una estrategia clara, una respuesta ante el grave problema judicial y político de los trajes. Presidencia da por hecha la imputación, pero va a levantar un cerco alrededor de la figura del presidente que deja fuera a los demás. Los demás pueden ser sospechosos también. Incluso llegan a ver fantasmas. Ven fantasmas de otrora amigos en informaciones periodísticas que creen que han sido filtradas para dañar al presidente. Si antes aquello era un círculo cerrado, ahora es una cúpula cercada. Todos los esfuerzos están encaminados, demasiado tarde, claro, en no contaminar a Camps. Están determinados a cortar los lazos que haga falta con los imputados y con los implicados, hasta con Ricardo Costa, en dar marcha atrás con ese enredante maldito. No son lo mismo los regalos que han recibido unos que otros, por supuesto. Camps pudo cometer un error personal - como alega el alcalde de Elx, Alejandro Soler, ¡menudo escándalo!- pero no un delito. Para delinquir hay que demostrar -tiene que haber una relación directa- el beneficio del soborno, si lo hubo. Están dispuestos a todo con tal de salvar la figura de Camps, a ser posible antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Y de Serafín Castellano ya hablaremos. Espero que no lleguen a pensar lo que expresó Richard Nixon cuando le contestó a Frost: «Cuando lo hace el presidente, significa que no es ilegal.»
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Entrevista: "Me despidieron tras declarar ante Garzón"
ENTREVISTA: Los escándalos que afectan al PP JOSÉ TOMÁS Sastre de Francisco Camps y testigo de la Operación Gürtel
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 15/03/2009
José Tomás García, de 54 años, ha sido despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba por haber tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y ante el juez Baltasar Garzón sobre sus clientes. Entre ellos se cuentan el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros importantes políticos valencianos y empresarios vinculados a la Operación Gürtel, la trama de corrupción del empresario Francisco Correa que afecta a políticos del PP. José Tomás es el sastre de Milano y Forever Young que vistió a Camps y al secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, entre otros.
Francisco Camps Ortiz
El 10 de febrero, Tomás testificó durante nueve horas y media en la Audiencia Nacional. La carta de despido del día 11 menciona sin tapujos las comparecencias del empleado ante la Fiscalía Anticorrupción y ante Garzón y afirma que, como consecuencia, se han percatado de la falsedad de esas facturas (aunque muchas de ellas tienen más de año y medio de antigüedad).
El sastre niega haber falsificado facturas: "Yo no tuve nunca nada que ver con la facturación. Me limitaba a vender, a tomar medidas a los clientes, a mandar confeccionar los trajes, pero nunca vi esas facturas ni ordené que se confeccionaran, ni había oído hablar en mi vida de firmas como Diseño Asimétrico o Servimadrid", asegura.
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"Pagaban los trajes de Camps con un fajo de billetes de 500 euros"
"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"
J. M. L. - Madrid - 15/03/2009
El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.
Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin
"Me despidieron tras declarar ante Garzón"
Camps: "Cada semana hay una mentira nueva"
"Me hizo repetir bastantes trajes. Quería pantalones con un ceñidor detrás que hubo que traer de Italia"
"Le hicimos unos oche trajes. Los primeros costaban 800 euros; los últimos, 1.200"
Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a EL PAÍS. Éste es su relato de los hechos.
La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.
"Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".
Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".
El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140. "Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".
Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas. "Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".
Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps. Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".
Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.
Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".
Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".
El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.
En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.
La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.
Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias". Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.
Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.
"Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".
Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.
El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".
Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".
Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin
- Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.
- La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.
- El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.
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"Cada semana hay una mentira nueva; todo es incoherente"
El presidente valenciano, Francisco Camps, niega que sean ciertas las declaraciones de su sastre, testigo de Garzón, quien dice hoy en EL PAÍS que se "pagaban los trajes de Camps con billetes de 500"
MARÍA FABRA - Valencia - 15/03/2009
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no ha vestido hoy de traje sino que se ha ataviado con un tradicional blusón negro para decir que "yo ya dije en su momento lo que dije y, además, sigo diciendo lo mismo". Y, de la misma manera, se ha negado, otra vez, a responder a las preguntas de los periodistas. Camps ha participado en la Romería de les canyes de Castellón y, antes de iniciar la marcha, sólo ha dicho que "cada semana hay una mentira nueva", en referencia a la entrevista con el sastre José Tomás, publicada hoy por EL PAÍS , en la que explica cómo uno de uno de imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP, "pagaba los trajes con billetes de 500 euros".
La Generalitat ameneza con acciones legales
"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"
Camps: "Cien mentiras no hacen una verdad"
AUDIO - Cadena Ser - 15-03-2009
El presidente valenciano insiste en su inocencia en el Caso Gürtel y en que cuenta con el apoyo de los ciudadanos -
"Cada semana hay una mentira nueva que, además, se contradice con la mentira de la semana anterior, pues si se coteja mentira tras mentira se verá que, al final, todo es una tremenda incoherencia", ha dicho sin dar más explicaciones. "Confío plenamente en la justicia y en la verdad que resplandecerá sobre la mentira y la insidia", ha añadido Camps quien, tras un mes desde que se conoció su implicación en la trama desencadenada en la operación Gürtel, sigue sin aclarar su relación con Orange Market o con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes. "Trajes para todos" han sido los gritos que, procedentes de algunos romeros, tuvo que oír el presidente del Gobierno valenciano. Sin embargo, Francisco Camps ha alegado que "es cuestión de esperar que todo se aclare definitivamente, tener confianza y tener paciencia" y ha añadido que "cuando resplandezca la verdad", será "un gran día de felicidad para la inmensa mayoría de los valencianos y castellonenses".
Quien también ha acudido a la romería ha sido el secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, Alarte, quien ha acusado a Camps de haber sumido al Consell en "una crisis institucional sin precedente" y al que ha exigido que dé explicaciones y deje "que los grupos políticos le pregunten" para "aclarar políticamente qué está pasando".
La Generalitat ameneza con acciones legales
La Generalitat emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del president del Gobierno valenciano, Francisco Camps, "una vez termine
el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente".
Así lo ha anunciado el Gobierno valenciano en el mismo comunicado que ha remitido esta tarde a los medios de comunicación con las declaraciones realizadas a primera hora de hoy por Camps en la romeria de les Canyes de Castellón. (EFE)
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Orange Market: asalto a la Generalitat
El PP ha tratado de ocultar el fuerte arraigo de los hombres de Correa en Valencia
P. X. S. / C. E. C. - Madrid - 15/03/2009
La vinculación de Orange Market con la Generalitat valenciana es una tupida red de intereses y relaciones personales que comenzó años antes de que Francisco Camps se hiciera cargo del Gobierno autónomo y se trasladó a Valencia a hacer negocios cuando Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat. Al mismo tiempo, Mariano Rajoy cortaba toda relación con estas mismas personas en el PP nacional al darse cuenta de que no eran trigo limpio. Mientras surgen las pruebas y testimonios de las relaciones privilegiadas de los tres líderes de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, con la élite del PP valenciano, la Generalitat ha negado en todo momento que la relación vaya más allá de lo "testimonial" y lo "profesional", pero no puede evitar que una montaña de datos apunten a que el PP valenciano y la Generalitat tienen una relación casi orgánica, con unas empresas cuyos responsables están en prisión incondicional por exprimir ayuntamientos y consejerías administrados por el PP.
En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros y en 2005 facturó 2,4 millones
Los tres cabecillas visitaban frecuentemente a los altos cargos de la Generalitat. Francisco Camps y Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano, también investigado) coincidieron en la boda de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que también estaban los otros dos cabecillas de la trama. Fue en un reservado del restaurante del Veles e Vens de Valencia. El Gobierno valenciano tuvo que admitir este dato, pero matizando que Camps sólo fue "a saludar a los novios" y sin poder precisar si se quedó a cenar. Cuando estalló el escándalo, a Pérez le dio tiempo a organizar el bautizo de su hija antes de ser detenido. Camps no acudió. Estaban invitados Camps, Vicente Rambla (vicepresidente valenciano), Ricardo Costa y Pedro García, el director de la televisión valenciana, que sí acudió y fue el padrino.
Por su parte, la mujer de Álvaro Pérez, que trabaja en Canal 9 hace años, ha ascendido en la televisión valenciana hasta recibir el encargo de dar las campanadas de Nochevieja. La investigación de Garzón revela que el director de la televisión oficial también recibió trajes pagados por la empresa Orange Market. El Bigotes no llegó a Valencia por casualidad. Conoció a Camps en la sede del PP en Madrid, en el año 2000, cuando las empresas de Correa eran la tercera pata del PP. Camps trabajaba en el equipo de Ana Mato, coordinadora de participación por entonces y hoy responsable de organización. El ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, alcalde dimitido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tenía tan estrecha relación con Correa que, según su versión, se intercambiaban coches de lujo. El actual tesorero, Luis Bárcenas, era el gerente que firmaba las facturas.
Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat en el año 2003. Entonces Álvaro Pérez y Pablo Crespo fundaron Orange Market para concentrar sus negocios en Valencia. En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros. Al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. Según la investigación de Garzón, el 70% de la facturación de esta empresa procede de contratos con la Consejería de Turismo. Álvaro Pérez ha sido su organizador clave en las dos campañas electorales en las que ha concurrido como candidato. También organizó el congreso del PP valenciano en 2005. Todavía en la campaña de las elecciones de 2008 se le ve en las fotos organizando los mítines de Rajoy. Orange Market ocultó a la Sindicatura de Cuentas las facturas electorales del PP entre 2003 y 2007.
Además de los contratos de Fitur (durante cuatro años seguidos por importes hasta de más de un millón de euros, la más cara de las ofertas presentadas), Orange Market ha obtenido contratos de la empresa pública Vaersa, de la televisión pública valenciana, contratos para la imagen de la comunidad autónoma, para el Open de tenis, la fiesta de la Volvo Ocean Race, una inauguración también de ese evento, un vídeo promocional de un hospital, contratos de la visita del Papa a Valencia o el montaje de las gradas de la fórmula 1.
Mientras, el PP valenciano ha evitado que Camps comparezca en las Cortes para explicar toda esta trama. El propio presidente ha evitado enfrentarse incluso a periodistas. La Generalitat ha amenazado con querellarse contra las "difamaciones", pero sólo ha podido defenderse diciendo que la relación con estas empresas es "estrictamente profesional", "tangencial", que "se ciñe a dos o tres pequeñas relaciones". La cúpula del PP valenciano niega ahora las relaciones personales con el detenido Pérez a pesar de las bodas y bautizos conjuntos y de los regalos en forma de trajes hechos a medida en Madrid. "Yo me pago los tajes" ha sido toda la defensa de Camps contra una montaña de información.
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El 'caso Camps' llega al TSJ en vísperas del cambio de presidente
De la Rúa optará al tercer mandato frente a otra media docena de candidatos
LYDIA GARRIDO - Valencia - 15/03/2009
La causa que implica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una trama de corrupción vinculada al PP llegará en los próximos días al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en vísperas de que se renueve su presidencia. El actual presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, tiene intención de optar a un tercer mandato, pero el envío por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de la parte de las investigaciones que afecta a Camps y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y diputado en Cortes, también aforado, complica su objetivo. Media docena de nombres, entre los que figura el del presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, forman la baraja que manejará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el relevo en el TSJ.
La causa por la supuesta trama de favores desde Administraciones públicas gobernadas por el PP fue remitida el viernes al TSJ por la Audiencia Nacional dado que afecta a dos aforados, el presidente de la Generalitat y el secretario general del PP valenciano, así como a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. La sala de Lo Civil y Penal, que preside De la Rúa, va a estudiar qué hacer con la causa cuando estará a punto de empezar el proceso de selección para presidente del TSJ valenciano. De la Rúa, amigo de Camps, presentará de nuevo su candidatura, a no ser que le fallen los apoyos. En el CGPJ, donde es evidente la lucha de intereses entre las asociaciones profesionales, inquieta la coincidencia.
La condición de aforados de Camps y de Costa obliga a que el asunto vaya directamente a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ, que está formada por cinco magistrados: Juan Luis de la Rúa, como presidente; José Flors, Juan Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres.
Cuando la causa sea convenientemente registrada, cumpliendo con los turnos de reparto establecidos (hay 21 normas para ello) se nombrará ponente. Ese ponente resolverá inicialmente sobre la competencia, es decir, si es o no esa la instancia judicial que debe hacerse cargo del asunto.La competencia del caso, denominado operación Gürtel, se decide sin entrar a valorar los hechos. Y aunque la causa aparente poca discusión por la condición de aforados de los dos principales implicados, Camps y Costa, no está tan claro. Dos razones al menos podrían argumentarse para que el asunto fuera enviado a la sala segunda del Tribunal Supremo. Las dos están relacionadas con los delitos que se describen en el auto de Garzón: cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Una razón consiste en que el supuesto cohecho derivado de que Camps y Costa aceptaran trajes comprados por una empresa satélite de Correa, dirigida por Álvaro Pérez en Valencia, tiene su origen en Madrid. Por tanto, la causa la vería el juzgado competente del lugar donde se cometió el delito. Otra razón se basa en la conexidad de delitos. Es difícil separar la dádiva de los trajes de las adjudicaciones que las empresas de Correa y Pérez consiguieron de la Administración valenciana y del PP valenciano. Cuando eso se produce, se ocupa de la causa el primer tribunal que tuvo conocimiento de los hechos.
Si el ponente de la sala de Lo Civil y Penal del TSJ no esgrime ni esas ni otras razones y se considera competente, la siguiente fase es la que encabeza el instructor. Lo habitual es que el instructor sea la misma persona que el ponente porque la sala en pleno son sólo cinco magistrados. En el caso de que se celebre juicio, el tribunal estará formado por tres de ellos, que no hayan intervenido antes en el asunto. Si el ponente y el instructor son personas diferentes, sólo quedan tres magistrados para formar el tribunal y no existiría posibilidad de responder ante cualquier eventualidad.
El instructor valorará inicialmente si existen indicios de delito suficientes o por el contrario necesita que quien le ha enviado el asunto le aporte más pruebas. Si eso ocurriera, la causa regresaría a Garzón. Si considerara que procede instruir, porque también cabe la posibilidad técnicamente de que proponga a la sala archivar sin practicar ninguna diligencia, determinaría qué declaraciones o pruebas documentales se van a utilizar para alcanzar una propuesta de juicio. Y sería entonces cuando podría llamar a declarar a Camps, Costa y los demás implicados en una trama que pudo llegar incluso a servir para la financiación ilegal del Partido Popular.
En la instrucción participa, como en la de cualquier otro juzgado de lo Penal, el ministerio fiscal. En este caso será, en representación de la Fiscalía Anticorrupción, la misma fiscal que ha llevado el asunto en el juzgado central de Instrucción número cinco de Madrid. Contará con el apoyo del fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, y en su caso del fiscal delegado en Valencia, Jesús Carrasco. Llegados a este punto, la investigación de lo ocurrido terminaría en un auto de imputación y se celebraría juicio. No se vislumbra un proceso rápido ni sencillo.
Es en el inicio de este asunto cuando comienza también la lucha por el relevo en la presidencia del TSJ. Francisco Camps ha hecho ostentación pública de sus buenas y estrechas relaciones con De la Rúa, al igual que Fernando de Rosa, juez en excedencia, consejero autonómico de Justicia y ahora vicepresidente del CGPJ. Fernando De Rosa ya fue corregido por unas declaraciones públicas en las que criticó a Garzón por el caso Gürtel, insinuó que podía incluso estar prevaricando y defendió que se levantara el secreto de sumario para que el PP no estuviera indefenso. Juan Luis de la Rúa ha recibido por parte de Camps y De Rosa muestras públicas de amistad.
De la Rúa lleva diez años como presidente del TSJ. Dos veces en las últimas convocatorias ha optado a una plaza de magistrado del Supremo que no ha conseguido. Ahora, cuando muchos en la carrera judicial creen que debería abstenerse en el caso que implica a Camps por higiene formal, se prepara para optar a un tercer mandato. El proceso se abrirá presumiblemente el próximo mes de mayo. Los últimos episodios de interferencia judicial en asuntos políticos y viceversa han irritado a un sector importante de la carrera judicial. Fernando de Rosa, gran apoyo para De la Rúa, no vive en el CGPJ una situación cómoda tras sus declaraciones.
Pero además, De la Rúa tendrá varios competidores, algunos de ellos serios. Aunque nadie afirma que se va a presentar, porque todos esperan a saber a quién apoya cada asociación profesional, el sucesor más serio de De la Rúa será, presumiblemente, Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia, también de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Aunque oficialmente no ha habido aún un pronunciamiento, es Castellano quien parece contar con el apoyo de los sectores conservadores y a quien se ha considerado prácticamente el relevo natural. Y eso podría dejar fuera a De la Rúa. Junto a él, José Flors, magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal, vinculado a la asociación Francisco de Vitoria, de larga experiencia y gran reconocimiento, sería otro aspirante. También lo serían Francisco José Pérez, magistrado del TSJ en la sala de Lo Social, perteneciente a Jueces para la Democracia, y María Ibáñez, magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, asimismo de Jueces para la Democracia, a la que se asocia con el proyecto más renovador. Ibáñez, junto a otros dos magistrados, impugnó y logró anular el nombramiento de José Francisco Ceres como miembro de la sala de Lo Civil y Penal donde, en cualquier caso, sigue de manera provisional por decisión del propio De la Rúa.
La magistrada es una de las apuestas fuertes de los sectores progresistas y también aspiraría a hacerse con la presidencia de la Audiencia si Castellano consigue llegar al TSJ. Suenan también José María Tomás y Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Valencia y miembro de Jueces para la Democracia, con un importante protagonismo público a cuenta de la Fundación por la Justicia, así como buen conocedor de las esferas políticas, y Luis Manglano, que fuera instructor del caso Naseiro. Cualquiera de estos nombres necesita tres quintas partes de los votos para ser elegidos en el CGPJ.
No hay combinación posible si se excluye la representación de cualquiera de las asociaciones mayoritarias. Es necesario el consenso y dependerá de las plazas de presidencia que estén en juego en ese momento en otros tribunales superiores, como los de Cataluña, Andalucía o el País Vasco. Si no hay acuerdo, De la Rúa puede continuar de forma interina.
Esas cuotas de poder que tendrá que resolver el CGPJ van a estar sobre la mesa cuando la causa que implica a Camps empiece su procedimiento en el TSJ valenciano. Para algunos, incluso, lo más sano y garantista, lo menos ruidoso y sospechoso, siquiera formalmente, sería que el Supremo se ocupara de Camps y de Costa.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que se reunió el viernes con De la Rúa y los magistrados del TSJ, puntualizó ayer que "al señalar que el juzgado de Garzón podía funcionar sin la presencia del juez", criticada por el PP, "se refería exclusivamente a que la ausencia del citado magistrado de su juzgado durante tres días, ausencia debidamente autorizada por el propio Consejo, no afectaba en este momento a la tramitación procesal del denominado caso Gurtel, dado que el trabajo pendiente, fundamentalmente de reprografía, antes del envío de la causa a otros tribunales, correspondía ser realizado por el personal de la oficina judicIal".
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Camps niega que sean ciertas las declaraciones de su sastre
José Tomás cuenta en El País que los trajes del presidente valenciano los pagaba el ex dirigente del PP gallego, Pablo Crespo, encarcelado por Garzón
LAURA MUÑOZ 15-03-2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha negado lo que cuenta el diario El País sobre su sastre José Tomás, quien ha asegurado que los famosos trajes que lo vinculan a la presunta trama de corrupción, los pagaba el ex dirigente del PP gallego y administrador de Orange Market, Pablo Crespo. Camps ha respondido a esas declaraciones que a él le apoyan los ciudadanos. Tanto el ex director general de la policía, Juan Cotino, que está en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han mostrado su respaldo a Francisco Camps.
El fiscal superior de Valencia no intervendrá
AUDIOS: Camps: "Cien mentiras no hacen una verdad"
AUDIOS: Cotino: "Pregunte a EL PAIS cuánto ha pagado por la información"
La constructora vinculada al Conseller de Camps tiene como principal cliente a la Generalitat
Garzón envía el caso Correa a los tribunales superiores de Madrid y Valencia
Uno de los encarcelados por Garzón pagaba los trajes de Camps
La Generalitat emprenderá "todas" las acciones legales para defender "el honor y la dignidad" de Camps
El jefe del ejecutivo se ha dado un baño de confianza en Castellón, donde ha coincidido con toda la clase política regional en la romería de las fiestas de la Magdalena. Camps ha contestado a su sastre. José Tomás García cuenta en El País la cantidad de encargos que le sirvió durante su relación, que duró año y medio. Desde trajes cuyo valor oscila entre los 800 y los 1.200 euros hasta un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Según la contabilidad en poder de Garzón el montante total de las ventas de Tomás a Camps ascendió a 12.783 euros. El encuentro entre ambos para la toma de medidas de los trajes siempre se llevaba a cabo en el hotel Ritz, donde se alojaba Camps.
Pero según el sastre, el presidente de la Comunidad Valenciana no era el que abonaba las facturas. "Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP gallego y ahora encarcelado por Baltarsar Garzón) venía cada seis meses con un fajo de billetes de 500 euros y pagaba 30.000 o 35.000 euros" afirma José Tomás en la entrevista con el diario.
Añade que cuando empezaron a conocerse las primeras implicaciones, antes de prestar declaración ante la policía, Camps le llamó cuatro o cinco veces muy nervioso para saber si había facturas a su nombre.
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Blanco: "Rajoy tiene un papelón difícil"
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Camps lanza a su Gobierno a defender su "dignidad"
El jefe del Consell asegura que "cada semana se publica una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior"
PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Castellón - 15/03/2009 16:27
La Generalitat emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del president del Gobierno valenciano, Francisco Camps, "una vez termine el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente".
El jefe del Consell ha asegurado esta mañana que "cada semana se publica una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con la presunta trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el magistrado Baltasar Garzón.
Camps ha contestado así al ser preguntado por su supuesta relación con el caso Gürte", después de que el diario 'El País' publique una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps y cuyas facturas están siendo investigadas en la citada trama de corrupción que afecta al PP.
"Una tremenda incoherencia"
El jefe del Consell ha dicho a los periodistas que si "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia". Camps ha hecho estas declaraciones en Castellón, donde, ataviado con el tradicional blusón negro y el pañuelo verde, ha asistido a primera hora de la mañana a la tradicional Romeria de les Canyes, con la que los castellonenses rememoran la fundación de la ciudad.
Camps ha asegurado que confía plenamente en la Justicia y en una verdad que, se ha mostrado confiado, "resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia".
"La verdad resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia"
"En este día de aquí de Castellón, después de tanta mentira, -quiero- decirles que estoy más ilusionado, más fuerte y más contento que nunca, y que veo que al final las cosas se van aclarando y que cada día dicen cosas contradictorias y diferentes", ha declarado. "Es cuestión de esperar, de tener confianza, de tener paciencia, de tener ilusión, de seguir trabajando por el futuro de la Comunitat Valenciana, y de esperar que todo se aclare definitivamente", ha continuado Camps.
El pasado 19 de febrero, Camps ya avanzó, en una comparecencia pública tras la primera aparición de su nombre en varios medios de comunicación por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Gürtel, que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y de su cargo como president de la Generalitat.
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Camps: 'Cada semana se publica una mentira nueva que contradice otra anterior'
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha dicho hoy que cada semana se publica "una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con la presunta trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el magistrado Baltasar Garzón.
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dissabte, 14 de març del 2009
PP Vice. 14/03/2009. Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana.
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¡Por favor, no disparen al pianista!
14 Mar 2009 ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN
En estos días hemos asistido a ataques directos a la actuación instructora de un juez. Ataques que no pueden ser tolerados desde el momento que afectan a su independencia, que es una característica sustancial de la función y el papel del juez en una sociedad democrática. Pero es que la independencia judicial también significa algo mas que trasciende al trabajo diario del juez: “La libertad política, la libertad general de un país, depende esencialmente de dos cosas: de que sean los contribuyentes quienes voten los impuestos, y de que tengan independencia quienes juzgan” (Faguet). La independencia que se adjudica de esta manera a cada titular de los órganos jurisdiccionales se traduce intelectualmente en la libertad de criterio y, parafraseando el verso de Quevedo, en la libertad de decir lo que se siente sin tener que sentir lo que se dice, decidiendo sin miedo a las consecuencias.
Y sin miedo a las consecuencias los jueces de este país instruyen en su juzgados las distintas causas de las que conocen, del mismo modo que instruye ahora el juez Garzón en su juzgado central –como lo hará el juez superior que por turno corresponda en relación a los aforados presentes– el llamado caso Gürtel, una trama de corrupción y chantaje que en las actuaciones aparece vinculada a instituciones y cargos públicos del Partido Popular. Pues bien, este juez, como cualquier otro juez de instrucción, piensa y actúa en soledad. Y, si llega el caso, se puede equivocar también solo, sin ayuda alguna en el ámbito de su intimidad, con la independencia que constitucionalmente profesa y, que con una imagen poética del juez Cooley, consiste también en el derecho a ser dejado solo. Porque, en efecto, la independencia, y no sólo la judicial, es un duro privilegio que sin duda exige a quien lo goza el valor de quedar solo consigo mismo, cara a cara con su conciencia.Por otra parte, el caso citado ha representado también un buen ejemplo de cuánto la independencia judicial tiene que cuidarse de presiones procedentes de focos muy distintos que transitan desde las fuerzas económicas y políticas con reflejo e influencia en determinados medios de comunicación, y sin olvidar hasta las agresiones más o menos sutiles que puedan proceder del interior del propio poder judicial. Los jueces tenemos que ser independientes y ser capaces de independizarnos de todos, salvo del pueblo al que servimos y de donde, no se olvide, emana la Justicia que administramos (artículo 117 de la Constitución); pues, como proclamó Jefferson hace más de 200 años, “la independencia de la voluntad de la nación es un solecismo, un error”.
Ahora bien, nada de todo lo dicho hasta aquí significa que la independencia lleve consigo una asepsia ideológica del juez. Los jueces tenemos una concepción del mundo, con ideas e ideología, convicciones y prejuicios que inexorablemente se traducen en nuestras decisiones y actuaciones, por lo que no se puede atacar a un juez por su ideología socialista, conservadora, liberal o la que fuere. El juez, como ciudadano, tiene naturalmente ideología –aunque muchos todavía no se han enterado– hasta el punto de que constituye lo que Frankfurter llamó la “tercera premisa” de la sentencia, seguida de la ley y del presupuesto de hecho cuya subsunción en ella determina el pronunciamiento judicial. Pero esta libertad de criterio en que consiste la independencia no significa que el juez pueda hacer de su capa un sayo. En nuestro sistema constitucional, el juez no puede implantar el Derecho libre, y ni siquiera la aplicación alternativa del Derecho. El juez está sujeto a la Ley como expresión de la voluntad popular que, al tiempo, es lo que explica la legitimidad democrática de los jueces. En efecto, la decisión fundamental sobre la oportunidad y los concretos contenidos de la Ley procede siempre del poder legislativo que expresa la voluntad general del pueblo. Los jueces, bajo el paraguas de su independencia, quedan siempre sujetos estricta y exclusivamente a la aplicación de la Ley, absolutamente circunscritos al ámbito del principio de legalidad que condiciona toda su actuación.
Quizá conviene recordar a todos -y muy singularmente a determinados dirigentes del Partido Popular– que el Tribunal Constitucional ha hablado de la independencia judicial en numerosas sentencias, tantas que, como muestra, basta este botón que resume su doctrina: “La independencia e imparcialidad de los Jueces y Magistrados constituye una nota esencial de los órganos jurisdiccionales que alcanza protección constitucional en el derecho al juez legal previsto en el art. 24. 2 CE”, pues, si todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley y la Constitución es la primera Ley, que han de cumplir todos los poderes públicos, es manifiesto que se infringe el juez legal cuando se vulnera el modelo de juez ordinario previsto en nuestra Constitución”.
A fin de cuentas, el primer guardián de la independencia ha de ser el propio juez, que debería encontrar cobijo y amparo en el Consejo General del Poder Judicial. Pero, mientras llega el príncipe azul que despierte de su letargo al órgano del gobierno judicial, quizá no sería desaconsejable que procediéramos a colgar de la puerta de entrada de nuestros juzgados de instrucción un cartel como el que figuraba en los salones del antiguo Oeste, para advertir a los forajidos que deambulan por los entresijos de nuestro sistema de partidos, lo siguiente: “Por favor no disparen al pianista… hace lo que puede”.
Alfonso Villagómez Cebrián es Magistrado
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¡Disuélvanse!, por Jesús Maraña
¡Disuélvanse! 13 Mar 2009
Madrid ya no es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las estadísticas que manejaba Dámaso Alonso en su poema de posguerra. La Comunidad de Madrid es hoy un cortijo de más de seis millones de súbditos, o al menos ese es el dibujo que aparentan tener de ella los gobernantes del PP. No cabe otra explicación al fabuloso escándalo que supone la disolución decretada, con publicidad y alevosía, de la comisión de investigación sobre el espionaje político. En total, los trabajos parlamentarios han durado ¡cuatro días!, en su mayor parte dedicados a hablar de la prehistoria y del toro que mató a Manolete. Esperanza Aguirre y sus mariachis no han permitido siquiera que en la Asamblea se escuchen los testimonios de sus propios compañeros espiados, es decir, de las víctimas. O sea, esto es como si un joyero es atracado y la Policía sólo interroga al presunto ladrón y a los tatarabuelos del anterior dueño de la joyería.
La cosa admite pocas bromas, porque lo que retrata en el fondo (y en la forma) es un desprecio absoluto a la ciudadanía y a los controles imprescindibles en un régimen democrático. Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.
Sin resquicios
La máxima prioridad de Aguirre era dar carpetazo a este asunto sin dejar resquicio a que los testimonios pusieran al descubierto esa más que probable relación, sin importarle lo más mínimo el escándalo subsiguiente. Tácticas como culpar al mensajero o a la oposición, o presentar querellas contra medios de comunicación no afines, creen en el Gobierno madrileño que son las pócimas adecuadas para adormecer al contribuyente y meter miedo al periodista. O al menos para sembrar la confusión. Sólo se trata de que el votante, cuando comenta el asunto en la cafetería, pronuncie esas terribles sentencias de “al fin y al cabo todos son iguales”, o “¡cualquiera se fía de los periódicos!”. ¡Ojo!, tanto políticos como periodistas (no todos) tenemos la culpa de que esas tonterías se instalen en el colectivo para desgracia de la higiene democrática.
En un par de días se redactarán las conclusiones de este simulacro de comisión de investigación. Se admiten apuestas: ¿Reabrirá Rajoy el expediente interno por muy alucinógeno que sea el dictamen de la mayoría absoluta del grupo parlamentario del PP madrileño? La respuesta es no. Bastante tiene con evitar las salpicaduras del caso Gürtel en su propio entorno.
En el territorio valenciano, Francisco Camps ha venido a emplear similares armas de defensa. Casualmente, Aguirre y Francisco Camps utilizaron los mismos versos atribuidos (sin pruebas) a Bertol Brecht al enfrentarse al estallido de sus respectivos escándalos: “Un día vinieron por mi vecino porque era comunista, como yo no era comunista no hice nada por él. Un día vinieron por mi otro vecino el judío, como yo no era…” O sea, las víctimas son ellos. A la vista de la falta de pudor con la que ambos han despreciado las funciones del Parlamento y de la prensa libre y la inteligencia de los ciudadanos, les podría resultar más útil lo que Brecht escribió en 1953, con motivo de algunos levantamientos populares en Berlín: “El pueblo ha perdido la confianza del gobierno. ¿No sería más sencillo, en estas circunstancias, que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”
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Nadie sabe nada en el PP
Juan Carlos Escudier
Más en El Confidencial
PP, espionaje, Correa, Jesús Sepúlveda, Francisco Camps
@Juan Carlos Escudier - 14/03/2009
Rajoy no sabe o no le consta y, por supuesto, no conoce. A Correa, el hombre que presuntamente ha dorado el riñón de un grupo numeroso de dirigentes del PP, apenas si lo vio una vez en Génova y quizás le diera una vez la mano, pero conocerle, lo que se dice conocerle, no le conocía. De sus andanzas, Rajoy no sabía nada, por lo que hay que suponer que estuvo muy inspirado el día que ordenó al partido que dejara de contratarle. A Rajoy nada le consta, como no le constaba a Ana Mato, la vicesecretaria de Organización, que Correa le comprara un Jaguar a su entonces marido, Jesús Sepúlveda, allá por 1999 cuando era secretario electoral de Aznar. Le han preguntado al estadista del bigote y no ha respondido, como si no le constara o no conociera. Nadie sabe nada en ese partido. Bendita inopia.
Lo del PP es una tragedia shakesperiana en la que se huele lo podrido de aquí a Dinamarca. Quienes ahora se nos muestran como malolientes cadáveres políticos o carne de banquillo personificaban a comienzos del aznarato la regeneración que iba a librar el país de la corrupción socialista. Se habían acabado los roldanes y las filesas. Llegaba una nueva hornada de políticos de los que podríamos sentirnos orgullosos. Serían tan buenos custodiando las arcas públicas como organizando bodas en El Escorial para la hija del jefe. Eran la honradez con gomina.
En el núcleo duro de los populares, por supuesto, nadie podía imaginar que habría quien utilizaría los contratos públicos para enriquecerse y mucho menos aún los que les nombraron para ocupar puestos de responsabilidad en sus Gobiernos o les abrieron las puertas de los municipios. ¿Cómo iba a constarle a Esperanza Aguirre los tejemanejes de su consejero López Viejo o los del rosario de alcaldes que han tenido que dimitir por culpa del socialista Garzón? Aguirre no sabía nada y si conocía a López Viejo, a Ginés López, González Panero, Tomás Martín, Martín Vasco, Bosch o al propio Sepúlveda era de pasada. Los socialistas deben ser responsables por acción o por omisión, pero eso no va con los populares. Lo explicaba esta semana la presidenta de Madrid a los diputados de la oposición: “No somos como ustedes”. Pues eso.
Aquí nadie sabía nada, sin que eso implique demérito alguno. Estaban a otras cosas, a las importantes, a las que, según su líder, preocupan a los ciudadanos. Detengámonos en Camps, por ejemplo. ¿Cómo iba a saber este hombre que Rajoy había dejado de trabajar con Correa? Y aunque lo supiera, ¿cómo no confundir al Correa original con otro cualquiera si muy posiblemente no conocía al primero ni de vista?
Ello explicaría la abundancia de contratos que le concedió la Administración valenciana, aunque sus procedimientos debían de ser distintos a los que utilizaba en Madrid. Es decir, mientras en Madrid presuntamente repartía comisiones a diestro y siniestro o regalaba coches, en Valencia se atenía escrupulosamente a las bases de los concursos. De no haber sido así, Camps, que es distraído pero sólo con las facturas de su fondo de armario, lo habría detectado y hubiera tomado medidas contra el conseguidor y los supuestos sobornados. Es por eso que en Valencia no ha dimitido nadie.
A nadie le constaba nada, y por esta razón el PP respondió a las imputaciones de Garzón obligando a dimitir a todos los encausados, como si se hiciera de nuevas. Bueno, a todos menos a Camps y a su adjunto Costa porque, como se nos ha dicho, lo suyo, o sea, lo de los trajes de regalo, no se sostenía. En conclusión, que lo de los otros se sostenía perfectamente pero el partido no sabía nada y se enteró por los autos o por la prensa.
Algo parecido ha ocurrido con el supuesto espionaje de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, nadie sabía nada porque para eso eran espías, aunque Esperanza se ha investigado a sí misma y ha concluido en un par de tardes que todo ha sido un montaje y que los partes de seguimiento eran albaranes del Carrefour. ¿Para qué iba a querer saber Aguirre lo que hacían sus rivales políticos en el PP si en ese partido todo el mundo vive feliz en su ignorancia?
Resumamos: Rajoy nunca ha sabido nada. Jamás le ha constado que Esperanza Aguirre, entre otros, estuviera esperando su fracaso electoral en Galicia para travestirse en Bruto y darle matarile; A Aguirre no le constaba que Rajoy fuera un flojo, pero se lo barruntaba ella y todo el partido; ninguno de los bandos del PP conocía que hubiera otros bandos parecidos a los suyos porque los espías, de haberlos habido, eran familiares de Mortadelo; Gallardón no sabe quién es Mortadelo; Ana Mato desconoce la diferencia entre un Jaguar y un BMW; Pizarro no sabe dónde se ha metido; a Aznar no le consta el cambio climático; y de Rato últimamente no sabemos nada. Esto es una tragedia en la que nos vamos a morir todos de risa.
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Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana
El directivo disfrutó el vehículo unos meses y lo devolvió cuando Garzón puso en marcha la operación Gürtel
Levante-EMV, Valencia
La trama de presunta corrupción en la obtención de contratos públicos dirigida por Francisco Correa también tuvo detalles con algún político valenciano y directivo de empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La franquicia valenciana de ese conglomerado de empresas, Orange Market, regaló un coche utilitario de alta gama al máximo responsable de una sociedad pública de la Generalitat Valenciana. El directivo en cuestión disfrutó del vehículo unos meses hasta que, al saltar el escándalo, decidió por precaución devolver el automóvil , con el que ha podido ser vista su mujer. Hasta que el viernes 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón aceleró la ejecución de la operación Gürtel ante el riesgo de fuga al extranjero de Correa, el cabecilla de la trama, alertado por algunas filtraciones sobre la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).
Día de registros
Ese mismo día, la policía judicial entró en las dos oficinas de Orange Market en Valencia y en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), de donde se llevó toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. Setenta y dos horas después, ese lunes, Álvaro Pérez fue llamado a declarar ante el juez Garzón. Orange Market había ocupado ya todos los titulares del fin de semana y el directivo en cuestión no tardó en tomar la decisión de devolver lo que no le había costado un euro. La trama de Correa ha comprado habitualmente coches en Madrid, donde también habría sido adquirido el que acabó en manos del responsable de la firma pública autonómica. La práctica de regalos caros como coches o televisores de plasma era moneda corriente en la forma de operar de la trama para conseguir contratos amañados mediante sobornos a políticos y funcionarios. Lo dice el propio juez Garzón en el auto en el que imputa al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y acusa al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, de aceptar ropa pagada por la firma de Álvaro Pérez, contratista del partido y de la Generalitat, y por otras dos sociedades de Correa.
En el auto también se señalaba que Álvaro Pérez intermedió por Costa. Como "ejemplo" habla de "cuando se encarga de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles". Costa declaró con posterioridad que no necesitó intermediario para vender su vehículo porque se lo compró directamente su dentista, del que no quiso revelar su identidad.
El propio Francisco Correa regaló al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, un Jaguar valorado en 52.190 euros en el año 1999, cuando Sepúlveda era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del partido, entonces dirigido por José María Aznar. Según contó el diario El Mundo, el jefe de la trama pagó el 17 de diciembre de 1999 un total de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario. Ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio, quien necesitó de 22 horas para negar que fuera una dádiva y que pagó el Jaguar a Correa con un BMW usado.
Por aquel entonces, el dirigente popular estaba casado en aquellos tiempos con la diputada y también miembro de la ejecutiva nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del que era presidente del Gobierno, José María Aznar.
El ex alcalde de OrihuelaLa relación de la política con los coches presuntamente regalados tiene antecedentes no muy lejanos en el tiempo ni en el espacio. El ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, fue acusado por el fiscal de disfrutar de dos coches a nombre de empresarios de la construcción. Un Audi A-8, propiedad de Automoción Oleza, concesionaria del promotor Francisco Marcos, y un Bentley, valorado en más de 200.000 euros, del constructor Joaquín Grau, dueño de la sociedad Villas y Bungalows El Cid S. A, mercantil que tenía a su nombre el chalé de medina. El ex alcalde oriolano salió recientemente absuelto de la acusación de cometer varios delitos urbanísticos. En el procedimiento aportó, según la sentencia, facturas de haber pagado el Audi A-8.
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Garzón remite a Valencia y Madrid los casos contra Camps y López Viejo
El envío se retrasó una semana por problemas con el servicio de reprografía
¡Por favor, no disparen al pianista!
14 Mar 2009 ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN
En estos días hemos asistido a ataques directos a la actuación instructora de un juez. Ataques que no pueden ser tolerados desde el momento que afectan a su independencia, que es una característica sustancial de la función y el papel del juez en una sociedad democrática. Pero es que la independencia judicial también significa algo mas que trasciende al trabajo diario del juez: “La libertad política, la libertad general de un país, depende esencialmente de dos cosas: de que sean los contribuyentes quienes voten los impuestos, y de que tengan independencia quienes juzgan” (Faguet). La independencia que se adjudica de esta manera a cada titular de los órganos jurisdiccionales se traduce intelectualmente en la libertad de criterio y, parafraseando el verso de Quevedo, en la libertad de decir lo que se siente sin tener que sentir lo que se dice, decidiendo sin miedo a las consecuencias.
Y sin miedo a las consecuencias los jueces de este país instruyen en su juzgados las distintas causas de las que conocen, del mismo modo que instruye ahora el juez Garzón en su juzgado central –como lo hará el juez superior que por turno corresponda en relación a los aforados presentes– el llamado caso Gürtel, una trama de corrupción y chantaje que en las actuaciones aparece vinculada a instituciones y cargos públicos del Partido Popular. Pues bien, este juez, como cualquier otro juez de instrucción, piensa y actúa en soledad. Y, si llega el caso, se puede equivocar también solo, sin ayuda alguna en el ámbito de su intimidad, con la independencia que constitucionalmente profesa y, que con una imagen poética del juez Cooley, consiste también en el derecho a ser dejado solo. Porque, en efecto, la independencia, y no sólo la judicial, es un duro privilegio que sin duda exige a quien lo goza el valor de quedar solo consigo mismo, cara a cara con su conciencia.Por otra parte, el caso citado ha representado también un buen ejemplo de cuánto la independencia judicial tiene que cuidarse de presiones procedentes de focos muy distintos que transitan desde las fuerzas económicas y políticas con reflejo e influencia en determinados medios de comunicación, y sin olvidar hasta las agresiones más o menos sutiles que puedan proceder del interior del propio poder judicial. Los jueces tenemos que ser independientes y ser capaces de independizarnos de todos, salvo del pueblo al que servimos y de donde, no se olvide, emana la Justicia que administramos (artículo 117 de la Constitución); pues, como proclamó Jefferson hace más de 200 años, “la independencia de la voluntad de la nación es un solecismo, un error”.
Ahora bien, nada de todo lo dicho hasta aquí significa que la independencia lleve consigo una asepsia ideológica del juez. Los jueces tenemos una concepción del mundo, con ideas e ideología, convicciones y prejuicios que inexorablemente se traducen en nuestras decisiones y actuaciones, por lo que no se puede atacar a un juez por su ideología socialista, conservadora, liberal o la que fuere. El juez, como ciudadano, tiene naturalmente ideología –aunque muchos todavía no se han enterado– hasta el punto de que constituye lo que Frankfurter llamó la “tercera premisa” de la sentencia, seguida de la ley y del presupuesto de hecho cuya subsunción en ella determina el pronunciamiento judicial. Pero esta libertad de criterio en que consiste la independencia no significa que el juez pueda hacer de su capa un sayo. En nuestro sistema constitucional, el juez no puede implantar el Derecho libre, y ni siquiera la aplicación alternativa del Derecho. El juez está sujeto a la Ley como expresión de la voluntad popular que, al tiempo, es lo que explica la legitimidad democrática de los jueces. En efecto, la decisión fundamental sobre la oportunidad y los concretos contenidos de la Ley procede siempre del poder legislativo que expresa la voluntad general del pueblo. Los jueces, bajo el paraguas de su independencia, quedan siempre sujetos estricta y exclusivamente a la aplicación de la Ley, absolutamente circunscritos al ámbito del principio de legalidad que condiciona toda su actuación.
Quizá conviene recordar a todos -y muy singularmente a determinados dirigentes del Partido Popular– que el Tribunal Constitucional ha hablado de la independencia judicial en numerosas sentencias, tantas que, como muestra, basta este botón que resume su doctrina: “La independencia e imparcialidad de los Jueces y Magistrados constituye una nota esencial de los órganos jurisdiccionales que alcanza protección constitucional en el derecho al juez legal previsto en el art. 24. 2 CE”, pues, si todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley y la Constitución es la primera Ley, que han de cumplir todos los poderes públicos, es manifiesto que se infringe el juez legal cuando se vulnera el modelo de juez ordinario previsto en nuestra Constitución”.
A fin de cuentas, el primer guardián de la independencia ha de ser el propio juez, que debería encontrar cobijo y amparo en el Consejo General del Poder Judicial. Pero, mientras llega el príncipe azul que despierte de su letargo al órgano del gobierno judicial, quizá no sería desaconsejable que procediéramos a colgar de la puerta de entrada de nuestros juzgados de instrucción un cartel como el que figuraba en los salones del antiguo Oeste, para advertir a los forajidos que deambulan por los entresijos de nuestro sistema de partidos, lo siguiente: “Por favor no disparen al pianista… hace lo que puede”.
Alfonso Villagómez Cebrián es Magistrado
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¡Disuélvanse!, por Jesús Maraña
¡Disuélvanse! 13 Mar 2009
Madrid ya no es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las estadísticas que manejaba Dámaso Alonso en su poema de posguerra. La Comunidad de Madrid es hoy un cortijo de más de seis millones de súbditos, o al menos ese es el dibujo que aparentan tener de ella los gobernantes del PP. No cabe otra explicación al fabuloso escándalo que supone la disolución decretada, con publicidad y alevosía, de la comisión de investigación sobre el espionaje político. En total, los trabajos parlamentarios han durado ¡cuatro días!, en su mayor parte dedicados a hablar de la prehistoria y del toro que mató a Manolete. Esperanza Aguirre y sus mariachis no han permitido siquiera que en la Asamblea se escuchen los testimonios de sus propios compañeros espiados, es decir, de las víctimas. O sea, esto es como si un joyero es atracado y la Policía sólo interroga al presunto ladrón y a los tatarabuelos del anterior dueño de la joyería.
La cosa admite pocas bromas, porque lo que retrata en el fondo (y en la forma) es un desprecio absoluto a la ciudadanía y a los controles imprescindibles en un régimen democrático. Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.
Sin resquicios
La máxima prioridad de Aguirre era dar carpetazo a este asunto sin dejar resquicio a que los testimonios pusieran al descubierto esa más que probable relación, sin importarle lo más mínimo el escándalo subsiguiente. Tácticas como culpar al mensajero o a la oposición, o presentar querellas contra medios de comunicación no afines, creen en el Gobierno madrileño que son las pócimas adecuadas para adormecer al contribuyente y meter miedo al periodista. O al menos para sembrar la confusión. Sólo se trata de que el votante, cuando comenta el asunto en la cafetería, pronuncie esas terribles sentencias de “al fin y al cabo todos son iguales”, o “¡cualquiera se fía de los periódicos!”. ¡Ojo!, tanto políticos como periodistas (no todos) tenemos la culpa de que esas tonterías se instalen en el colectivo para desgracia de la higiene democrática.
En un par de días se redactarán las conclusiones de este simulacro de comisión de investigación. Se admiten apuestas: ¿Reabrirá Rajoy el expediente interno por muy alucinógeno que sea el dictamen de la mayoría absoluta del grupo parlamentario del PP madrileño? La respuesta es no. Bastante tiene con evitar las salpicaduras del caso Gürtel en su propio entorno.
En el territorio valenciano, Francisco Camps ha venido a emplear similares armas de defensa. Casualmente, Aguirre y Francisco Camps utilizaron los mismos versos atribuidos (sin pruebas) a Bertol Brecht al enfrentarse al estallido de sus respectivos escándalos: “Un día vinieron por mi vecino porque era comunista, como yo no era comunista no hice nada por él. Un día vinieron por mi otro vecino el judío, como yo no era…” O sea, las víctimas son ellos. A la vista de la falta de pudor con la que ambos han despreciado las funciones del Parlamento y de la prensa libre y la inteligencia de los ciudadanos, les podría resultar más útil lo que Brecht escribió en 1953, con motivo de algunos levantamientos populares en Berlín: “El pueblo ha perdido la confianza del gobierno. ¿No sería más sencillo, en estas circunstancias, que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”
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Nadie sabe nada en el PP
Juan Carlos Escudier
Más en El Confidencial
PP, espionaje, Correa, Jesús Sepúlveda, Francisco Camps
@Juan Carlos Escudier - 14/03/2009
Rajoy no sabe o no le consta y, por supuesto, no conoce. A Correa, el hombre que presuntamente ha dorado el riñón de un grupo numeroso de dirigentes del PP, apenas si lo vio una vez en Génova y quizás le diera una vez la mano, pero conocerle, lo que se dice conocerle, no le conocía. De sus andanzas, Rajoy no sabía nada, por lo que hay que suponer que estuvo muy inspirado el día que ordenó al partido que dejara de contratarle. A Rajoy nada le consta, como no le constaba a Ana Mato, la vicesecretaria de Organización, que Correa le comprara un Jaguar a su entonces marido, Jesús Sepúlveda, allá por 1999 cuando era secretario electoral de Aznar. Le han preguntado al estadista del bigote y no ha respondido, como si no le constara o no conociera. Nadie sabe nada en ese partido. Bendita inopia.
Lo del PP es una tragedia shakesperiana en la que se huele lo podrido de aquí a Dinamarca. Quienes ahora se nos muestran como malolientes cadáveres políticos o carne de banquillo personificaban a comienzos del aznarato la regeneración que iba a librar el país de la corrupción socialista. Se habían acabado los roldanes y las filesas. Llegaba una nueva hornada de políticos de los que podríamos sentirnos orgullosos. Serían tan buenos custodiando las arcas públicas como organizando bodas en El Escorial para la hija del jefe. Eran la honradez con gomina.
En el núcleo duro de los populares, por supuesto, nadie podía imaginar que habría quien utilizaría los contratos públicos para enriquecerse y mucho menos aún los que les nombraron para ocupar puestos de responsabilidad en sus Gobiernos o les abrieron las puertas de los municipios. ¿Cómo iba a constarle a Esperanza Aguirre los tejemanejes de su consejero López Viejo o los del rosario de alcaldes que han tenido que dimitir por culpa del socialista Garzón? Aguirre no sabía nada y si conocía a López Viejo, a Ginés López, González Panero, Tomás Martín, Martín Vasco, Bosch o al propio Sepúlveda era de pasada. Los socialistas deben ser responsables por acción o por omisión, pero eso no va con los populares. Lo explicaba esta semana la presidenta de Madrid a los diputados de la oposición: “No somos como ustedes”. Pues eso.
Aquí nadie sabía nada, sin que eso implique demérito alguno. Estaban a otras cosas, a las importantes, a las que, según su líder, preocupan a los ciudadanos. Detengámonos en Camps, por ejemplo. ¿Cómo iba a saber este hombre que Rajoy había dejado de trabajar con Correa? Y aunque lo supiera, ¿cómo no confundir al Correa original con otro cualquiera si muy posiblemente no conocía al primero ni de vista?
Ello explicaría la abundancia de contratos que le concedió la Administración valenciana, aunque sus procedimientos debían de ser distintos a los que utilizaba en Madrid. Es decir, mientras en Madrid presuntamente repartía comisiones a diestro y siniestro o regalaba coches, en Valencia se atenía escrupulosamente a las bases de los concursos. De no haber sido así, Camps, que es distraído pero sólo con las facturas de su fondo de armario, lo habría detectado y hubiera tomado medidas contra el conseguidor y los supuestos sobornados. Es por eso que en Valencia no ha dimitido nadie.
A nadie le constaba nada, y por esta razón el PP respondió a las imputaciones de Garzón obligando a dimitir a todos los encausados, como si se hiciera de nuevas. Bueno, a todos menos a Camps y a su adjunto Costa porque, como se nos ha dicho, lo suyo, o sea, lo de los trajes de regalo, no se sostenía. En conclusión, que lo de los otros se sostenía perfectamente pero el partido no sabía nada y se enteró por los autos o por la prensa.
Algo parecido ha ocurrido con el supuesto espionaje de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, nadie sabía nada porque para eso eran espías, aunque Esperanza se ha investigado a sí misma y ha concluido en un par de tardes que todo ha sido un montaje y que los partes de seguimiento eran albaranes del Carrefour. ¿Para qué iba a querer saber Aguirre lo que hacían sus rivales políticos en el PP si en ese partido todo el mundo vive feliz en su ignorancia?
Resumamos: Rajoy nunca ha sabido nada. Jamás le ha constado que Esperanza Aguirre, entre otros, estuviera esperando su fracaso electoral en Galicia para travestirse en Bruto y darle matarile; A Aguirre no le constaba que Rajoy fuera un flojo, pero se lo barruntaba ella y todo el partido; ninguno de los bandos del PP conocía que hubiera otros bandos parecidos a los suyos porque los espías, de haberlos habido, eran familiares de Mortadelo; Gallardón no sabe quién es Mortadelo; Ana Mato desconoce la diferencia entre un Jaguar y un BMW; Pizarro no sabe dónde se ha metido; a Aznar no le consta el cambio climático; y de Rato últimamente no sabemos nada. Esto es una tragedia en la que nos vamos a morir todos de risa.
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Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana
El directivo disfrutó el vehículo unos meses y lo devolvió cuando Garzón puso en marcha la operación Gürtel
Levante-EMV, Valencia
La trama de presunta corrupción en la obtención de contratos públicos dirigida por Francisco Correa también tuvo detalles con algún político valenciano y directivo de empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La franquicia valenciana de ese conglomerado de empresas, Orange Market, regaló un coche utilitario de alta gama al máximo responsable de una sociedad pública de la Generalitat Valenciana. El directivo en cuestión disfrutó del vehículo unos meses hasta que, al saltar el escándalo, decidió por precaución devolver el automóvil , con el que ha podido ser vista su mujer. Hasta que el viernes 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón aceleró la ejecución de la operación Gürtel ante el riesgo de fuga al extranjero de Correa, el cabecilla de la trama, alertado por algunas filtraciones sobre la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).
Día de registros
Ese mismo día, la policía judicial entró en las dos oficinas de Orange Market en Valencia y en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), de donde se llevó toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. Setenta y dos horas después, ese lunes, Álvaro Pérez fue llamado a declarar ante el juez Garzón. Orange Market había ocupado ya todos los titulares del fin de semana y el directivo en cuestión no tardó en tomar la decisión de devolver lo que no le había costado un euro. La trama de Correa ha comprado habitualmente coches en Madrid, donde también habría sido adquirido el que acabó en manos del responsable de la firma pública autonómica. La práctica de regalos caros como coches o televisores de plasma era moneda corriente en la forma de operar de la trama para conseguir contratos amañados mediante sobornos a políticos y funcionarios. Lo dice el propio juez Garzón en el auto en el que imputa al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y acusa al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, de aceptar ropa pagada por la firma de Álvaro Pérez, contratista del partido y de la Generalitat, y por otras dos sociedades de Correa.
En el auto también se señalaba que Álvaro Pérez intermedió por Costa. Como "ejemplo" habla de "cuando se encarga de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles". Costa declaró con posterioridad que no necesitó intermediario para vender su vehículo porque se lo compró directamente su dentista, del que no quiso revelar su identidad.
El propio Francisco Correa regaló al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, un Jaguar valorado en 52.190 euros en el año 1999, cuando Sepúlveda era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del partido, entonces dirigido por José María Aznar. Según contó el diario El Mundo, el jefe de la trama pagó el 17 de diciembre de 1999 un total de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario. Ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio, quien necesitó de 22 horas para negar que fuera una dádiva y que pagó el Jaguar a Correa con un BMW usado.
Por aquel entonces, el dirigente popular estaba casado en aquellos tiempos con la diputada y también miembro de la ejecutiva nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del que era presidente del Gobierno, José María Aznar.
El ex alcalde de OrihuelaLa relación de la política con los coches presuntamente regalados tiene antecedentes no muy lejanos en el tiempo ni en el espacio. El ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, fue acusado por el fiscal de disfrutar de dos coches a nombre de empresarios de la construcción. Un Audi A-8, propiedad de Automoción Oleza, concesionaria del promotor Francisco Marcos, y un Bentley, valorado en más de 200.000 euros, del constructor Joaquín Grau, dueño de la sociedad Villas y Bungalows El Cid S. A, mercantil que tenía a su nombre el chalé de medina. El ex alcalde oriolano salió recientemente absuelto de la acusación de cometer varios delitos urbanísticos. En el procedimiento aportó, según la sentencia, facturas de haber pagado el Audi A-8.
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Gabriela Bravo dice que la ausencia del juez no impide la salida de las diligencias a los TSJ
Garzón interroga otra vez al sastre de Camps
De Rosa evita coincidir con De la Rúa en el TSJ
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Garzón remite a Valencia y Madrid los casos contra Camps y López Viejo
El envío se retrasó una semana por problemas con el servicio de reprografía
JOSÉ YOLDI - Madrid - 14/03/2009
El juez Baltasar Garzón remitió ayer a los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.
El envío de las copias testimoniadas de la causa y de la exposición razonada para los tribunales superiores se produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes.
Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva maniobra irregular".
Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario -más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío hasta pasadas las dos de la tarde de ayer.
No obstante, y a pesar de haberse inhibido respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo miércoles.
Mientras tanto, la instrucción ha seguido adelante y el juez volvió a tomar declaración ayer a José Tomás, el sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes.
La declaración de Tomás es, junto a la de la imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los aforados valencianos.
En la documentación aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps, según el auto del juez.
Existen otros trajes comprados en la tienda Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange Market ascendería a 8.083 euros.
Las facturas se camuflaban con conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos realizados.
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Correa invitó al Masters de tenis a Ana Aznar y Alejandro Agag
EL PAÍS
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El PP sigue confiando en las conclusiones de la Asamblea
PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 14/03/2009
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó ayer de nuevo dar el más mínimo paso a favor o en contra de reactivar el expediente interno que ella misma dirige para aclarar el espionaje a cargos de su partido desde dentro de la Comunidad de Madrid. Cospedal, que prometió llegar hasta el final caiga quien caiga, fía ahora esa investigación a lo que diga el PP de Madrid, que no tiene ningún interés en que se conozca siquiera la versión de los espiados.
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
En definitiva, en el PP hay dos versiones públicas que son difíciles de combinar. Por un lado, el PP nacional dio desde el principio total credibilidad al espionaje de sus cargos y ordenó un expediente interno que sólo detuvo cuando el PP de Madrid aceptó abrir una comisión de investigación. Ahora, se ha cerrado por imposición del PP de Aguirre precisamente con la tesis contraria: que el espionaje es falso, nunca existió, y que los espiados (del PP) mienten.
Sin embargo, desde el PP nacional en ningún momento se han echado atrás en su convencimiento de la autenticidad de los documentos que prueban el espionaje.
El PP sigue confiando en las conclusiones de la Asamblea
PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 14/03/2009
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó ayer de nuevo dar el más mínimo paso a favor o en contra de reactivar el expediente interno que ella misma dirige para aclarar el espionaje a cargos de su partido desde dentro de la Comunidad de Madrid. Cospedal, que prometió llegar hasta el final caiga quien caiga, fía ahora esa investigación a lo que diga el PP de Madrid, que no tiene ningún interés en que se conozca siquiera la versión de los espiados.
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
En definitiva, en el PP hay dos versiones públicas que son difíciles de combinar. Por un lado, el PP nacional dio desde el principio total credibilidad al espionaje de sus cargos y ordenó un expediente interno que sólo detuvo cuando el PP de Madrid aceptó abrir una comisión de investigación. Ahora, se ha cerrado por imposición del PP de Aguirre precisamente con la tesis contraria: que el espionaje es falso, nunca existió, y que los espiados (del PP) mienten.
Sin embargo, desde el PP nacional en ningún momento se han echado atrás en su convencimiento de la autenticidad de los documentos que prueban el espionaje.
Miembros de la cúpula
"Tenemos que esperar a las conclusiones, y a partir de ahí decir lo que tengamos que decir", dijo ayer Cospedal a la cadena SER, como Mariano Rajoy había dicho el día anterior. A pesar de que las víctimas del espionaje son miembros del Comité Ejecutivo Nacional (la cúpula del PP), la secretaria general del partido lleva una semana repitiendo que ella no es nadie para opinar sobre lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid por no ser miembro de la comisión. Mientras, el resto del PP permanece atónito y en un silencio marcial.
De qué manera pueden satisfacer al PP unas conclusiones que niegan los hechos investigados es algo que queda para el próximo miércoles, cuando se conocerá esa resolución del trabajo parlamentario. Cospedal dio "por descontado" que si hay algún responsable pagará por estos hechos. Pero en esta versión no queda claro si es la comisión de investigación la que debe encontrar responsables. Parece obvio que no lo va a hacer, puesto que niega los hechos mismos.
María Dolores de Cospedal aprovechó también ayer para defender a Ana Mato, vicesecretaria de Organización, con el argumento de que "lo que hace un marido no arrastra a la mujer", en referencia a los supuestos regalos que recibió el ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, de Francisco Correa, jefe de la trama de corrupción vinculada al PP que investiga la Audiencia Nacional.
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Los escándalos que afectan al PP
De la Vega: "El PP tiene que aclarar este barullo de prebendas y presunta corrupción"
L. R. AIZPEOLEA
La vicepresidenta exige desde La Moncloa "explicaciones cuanto antes"
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El espionaje en la Comunidad de Madrid - EL MINISTERIO PÚBLICO RECABA NUEVAS PRUEBAS SOBRE LOS SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS
El fiscal sigue adelante con la investigación del espionaje a cargos del PP en Madrid
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 14/03/2009
La Fiscalía de Madrid sigue adelante con la investigación de los supuestos espionajes al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ambos del PP, durante los meses previos a la batalla por el poder en el partido que perdió Esperanza Aguirre y ganó Mariano Rajoy. La fiscalía entiende que el contenido de los partes es verosímil, por lo que ha pedido nuevas pruebas y el pasado jueves firmó tres oficios recabando distinta documentación.
Trama de espionaje
GRAFICO - El Pais - 05-02-2009
El espionaje en la Comunidad de Madrid - EL MINISTERIO PÚBLICO RECABA NUEVAS PRUEBAS SOBRE LOS SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS
El fiscal sigue adelante con la investigación del espionaje a cargos del PP en Madrid
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 14/03/2009
La Fiscalía de Madrid sigue adelante con la investigación de los supuestos espionajes al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ambos del PP, durante los meses previos a la batalla por el poder en el partido que perdió Esperanza Aguirre y ganó Mariano Rajoy. La fiscalía entiende que el contenido de los partes es verosímil, por lo que ha pedido nuevas pruebas y el pasado jueves firmó tres oficios recabando distinta documentación.
Trama de espionaje
GRAFICO - El Pais - 05-02-2009
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
Mientras el PP de Esperanza Aguirre insiste en que los partes son falsos, basándose en algunos errores que cometieron los espías y que el Gobierno regional ha intentado magnificar con documentación reservada de las actividades del ex consejero de Justicia, los espiados (Cobo y Prada) se han ratificado en que la mayoría del contenido de los seguimientos acredita que sufrieron espionaje y reclaman a la justicia que aclare lo ocurrido.
Los agentes que elaboraron los partes de seguimiento se refieren en ellos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Dos informes periciales encargados por EL PAÍS señalan a uno de los agentes de esa consejería, José Manuel Pinto, como autor de algunos partes. El informe pericial encargado por el Gobierno regional, hecho con fotocopias, niega ese extremo.
Espiado mientras escucha a Aguirre
7-4-2008 La presidenta lanza en el Casino su "no me resigno"
El 7 de abril de 2008, los espías, tras abandonar el seguimiento del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, retoman el otro objetivo, el consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada. "(...) nos desplazamos a la calle Alcalá (Casino de Madrid), en el que se localiza el vehículo [de Prada] estacionado (recepción y almuerzo en el casino)". Prada asiste a un discurso de Esperanza Aguirre donde proclama su "no me resigno" con el que firma la guerra por el liderazgo del PP ante Rajoy. Una foto certifica el acto.
Cobo y Prada "salen a las 14.25"
8-4-2008 Reunión del comité ejecutivo del PP
El 8 de abril de 2008, los espías anotan que el vicealcalde Manuel Cobo y el consejero Prada entran en la sede del PP. Se reúne el comité ejecutivo. Es un hecho público, figura en agendas y previsiones informativas. Pero los espías aportan datos que sólo ellos conocen. "Salen a las 14.25. Seguimos a P, que toma dirección a su trabajo, donde permanece unos pocos minutos y se dirige a su domicilio, sale a los 30 minutos, y lo perdemos".
"Va en un coche que no es suyo"
10-4-2008 Prada clausura un acto de Promomadrid
El 10 de abril de 2008, los espías narran su diaria persecución de Prada y apuntan una cita que les resulta extraña. "Sobre las 14.00 P. se dirige a la calle Suero de Quiñones, número 34 de Madrid (edificio próximo al Auditorio Nacional), en un vehículo que no es el suyo, pero de similares características, donde permanece unos 30-40 minutos (se puede vislumbrar que se trata de un evento laboral por la existencia de varias personas esperándolo)". Prada, en efecto, clausuraba un acto de Promomadrid sobre arbitraje.
"Le hemos perdido"
23-5-2008 Prada y el fiscal Moix en Brea de Tajo
El 23 de mayo de 2008, los espías de la Consejería de Interior de Madrid anotan lo siguiente: "11.00 horas. Se monta. Está en Brea de Tajo. 13.00: Sale de Brea de Tajo. 13.20: se le pierde en cercanías salida" de la carretera. Luego le esperan en su domicilio y trabajo, y al no hallarlo, desmontan el dispositivo. El espiado, aunque no es citado, es Prada, que ese día acude en Brea de Tajo a una exposición de cuadros de los menores internados por la justicia en un centro local. Comparte el acto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ahora investiga el presunto espionaje sufrido por Prada y otros cargos del PP.
Vigilancia y matrículas de su cita con dos jueces
15-3-2008 (fecha errónea). Almuerzo
Los espías anotan una comida de Prada en el restaurante madrileño Lur Maitea el 15 de marzo de 2008. Cometen un error en el mes. Ocurrió el 15 de abril. Prada invitó al vocal del Poder Judicial José Merino (PP) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas. Sus colaboradores confirman la comida. Y el Gobierno de Esperanza Aguirre posee la factura. Los espías anotaron tres matrículas de vehículos que creían oficiales. Una sí lo era. Es secreta por ser de un alto cargo. Los otros dos son de Martinsa y de un particular. Los espías después van a su dirección general.
Casado y ocho testigos más
13-5-2008 Chinchón
El 13 de mayo de 2008, Alfredo Prada estaba en un acto con sus colaboradores en el parador nacional de Chinchón. Lo saben los espías: "Sobre las 12.20 detectamos el coche de P. en el Parador Nacional de Chinchón". Y lo saben sus ocho compañeros de encuentro, entre ellos, singularmente, el entonces portavoz de Justicia en la Asamblea por el PP, Pablo Casado, y miembro de la difunta comisión de investigación del espionaje. Prada ese día no estaba en León, donde estuvo un mes antes, el 13 de abril, fecha que erróneamente atribuyó este diario al parte del acto de Chinchón. Pero los espías no fallaron.
Premio y conferencia
26-5-2008. 'Madridiario'
Los espías actúan un día más como sombra de Prada: "18.35. Se dirige a Mateo Inurria, 25-27, llegando a este lugar a las 18.45, oficinas de Esade". En efecto, a esa hora clausura un programa en Esade sobre la función pública. "19.55. Sale del anterior ", anotan los espías, y, una vez más huérfanos de toda agenda, sólo saben que se dirige al Palace a las 20.20. "22.10 Sale del Palace. Llega a casa a las 22.20". ¿Qué ha hecho dentro? No lo saben. En el hotel, Madridiario entrega el premio a los personajes más influyentes. Prada es uno de ellos (según muestra Madridiario en la foto adjunta). Y el más espiado.
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La Fiscalía encuentra verosímil el contenido de los partes de seguimiento
14 mar 2009 - 05:09h
El consejero de Interior, Francisco Granados, acusó a Prada de haber mentido al asegurar que los partes de los supuestos espionajes coincidían con su agenda
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De la Vega pide al PP que explique sus "barullos"
Correa, indignado por la difusión de su ficha policial
Garzón vuelve a España pero no habla
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Losantos ataca a Enric Sopena por desvelar su amistad con Jesús Sepúlveda
Losantos acudió a Pozuelo para ayudar a Sepúlveda a ganar las elecciones
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Los agentes que elaboraron los partes de seguimiento se refieren en ellos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Dos informes periciales encargados por EL PAÍS señalan a uno de los agentes de esa consejería, José Manuel Pinto, como autor de algunos partes. El informe pericial encargado por el Gobierno regional, hecho con fotocopias, niega ese extremo.
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El 7 de abril de 2008, los espías, tras abandonar el seguimiento del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, retoman el otro objetivo, el consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada. "(...) nos desplazamos a la calle Alcalá (Casino de Madrid), en el que se localiza el vehículo [de Prada] estacionado (recepción y almuerzo en el casino)". Prada asiste a un discurso de Esperanza Aguirre donde proclama su "no me resigno" con el que firma la guerra por el liderazgo del PP ante Rajoy. Una foto certifica el acto.
Cobo y Prada "salen a las 14.25"
8-4-2008 Reunión del comité ejecutivo del PP
El 8 de abril de 2008, los espías anotan que el vicealcalde Manuel Cobo y el consejero Prada entran en la sede del PP. Se reúne el comité ejecutivo. Es un hecho público, figura en agendas y previsiones informativas. Pero los espías aportan datos que sólo ellos conocen. "Salen a las 14.25. Seguimos a P, que toma dirección a su trabajo, donde permanece unos pocos minutos y se dirige a su domicilio, sale a los 30 minutos, y lo perdemos".
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10-4-2008 Prada clausura un acto de Promomadrid
El 10 de abril de 2008, los espías narran su diaria persecución de Prada y apuntan una cita que les resulta extraña. "Sobre las 14.00 P. se dirige a la calle Suero de Quiñones, número 34 de Madrid (edificio próximo al Auditorio Nacional), en un vehículo que no es el suyo, pero de similares características, donde permanece unos 30-40 minutos (se puede vislumbrar que se trata de un evento laboral por la existencia de varias personas esperándolo)". Prada, en efecto, clausuraba un acto de Promomadrid sobre arbitraje.
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23-5-2008 Prada y el fiscal Moix en Brea de Tajo
El 23 de mayo de 2008, los espías de la Consejería de Interior de Madrid anotan lo siguiente: "11.00 horas. Se monta. Está en Brea de Tajo. 13.00: Sale de Brea de Tajo. 13.20: se le pierde en cercanías salida" de la carretera. Luego le esperan en su domicilio y trabajo, y al no hallarlo, desmontan el dispositivo. El espiado, aunque no es citado, es Prada, que ese día acude en Brea de Tajo a una exposición de cuadros de los menores internados por la justicia en un centro local. Comparte el acto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ahora investiga el presunto espionaje sufrido por Prada y otros cargos del PP.
Vigilancia y matrículas de su cita con dos jueces
15-3-2008 (fecha errónea). Almuerzo
Los espías anotan una comida de Prada en el restaurante madrileño Lur Maitea el 15 de marzo de 2008. Cometen un error en el mes. Ocurrió el 15 de abril. Prada invitó al vocal del Poder Judicial José Merino (PP) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas. Sus colaboradores confirman la comida. Y el Gobierno de Esperanza Aguirre posee la factura. Los espías anotaron tres matrículas de vehículos que creían oficiales. Una sí lo era. Es secreta por ser de un alto cargo. Los otros dos son de Martinsa y de un particular. Los espías después van a su dirección general.
Casado y ocho testigos más
13-5-2008 Chinchón
El 13 de mayo de 2008, Alfredo Prada estaba en un acto con sus colaboradores en el parador nacional de Chinchón. Lo saben los espías: "Sobre las 12.20 detectamos el coche de P. en el Parador Nacional de Chinchón". Y lo saben sus ocho compañeros de encuentro, entre ellos, singularmente, el entonces portavoz de Justicia en la Asamblea por el PP, Pablo Casado, y miembro de la difunta comisión de investigación del espionaje. Prada ese día no estaba en León, donde estuvo un mes antes, el 13 de abril, fecha que erróneamente atribuyó este diario al parte del acto de Chinchón. Pero los espías no fallaron.
Premio y conferencia
26-5-2008. 'Madridiario'
Los espías actúan un día más como sombra de Prada: "18.35. Se dirige a Mateo Inurria, 25-27, llegando a este lugar a las 18.45, oficinas de Esade". En efecto, a esa hora clausura un programa en Esade sobre la función pública. "19.55. Sale del anterior ", anotan los espías, y, una vez más huérfanos de toda agenda, sólo saben que se dirige al Palace a las 20.20. "22.10 Sale del Palace. Llega a casa a las 22.20". ¿Qué ha hecho dentro? No lo saben. En el hotel, Madridiario entrega el premio a los personajes más influyentes. Prada es uno de ellos (según muestra Madridiario en la foto adjunta). Y el más espiado.
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La Fiscalía encuentra verosímil el contenido de los partes de seguimiento
14 mar 2009 - 05:09h
El consejero de Interior, Francisco Granados, acusó a Prada de haber mentido al asegurar que los partes de los supuestos espionajes coincidían con su agenda
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Correa, indignado por la difusión de su ficha policial
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¿Hasta cuándo la justicia seguirá beneficiando a la derecha?
El fiscal jefe de Madrid, Moix, parece el abogado de Aguirre
El diario El País acusaba en su editorial del pasado jueves a Esperanza Aguirre de haber convertido “la investigación del espionaje en una farsa”, mientras que exigía a Mariano Rajoy que se pronunciase, alegando que “los documentos que permitieron conocer el escándalo existen (…) y así lo reconoció Rajoy cuando decidió dejar en suspenso la investigación interna hasta comprobar el desarrollo de la comisión establecida en la Asamblea de Madrid”.
El fiscal jefe de Madrid, Moix, parece el abogado de Aguirre
El diario El País acusaba en su editorial del pasado jueves a Esperanza Aguirre de haber convertido “la investigación del espionaje en una farsa”, mientras que exigía a Mariano Rajoy que se pronunciase, alegando que “los documentos que permitieron conocer el escándalo existen (…) y así lo reconoció Rajoy cuando decidió dejar en suspenso la investigación interna hasta comprobar el desarrollo de la comisión establecida en la Asamblea de Madrid”.
Puntualizaba el editorialista que “ahora ya lo ha comprobado, y le corresponde decidir. Si consiente, la autoridad interna que parecía haber adquirido tras el resultado de Galicia quedará en entredicho de la peor manera imaginable: no por una derrota electoral que desactive los efectos políticos de aquella victoria, sino por el gesto caciquil de su más recalcitrante rival”.
Rajoy ha consentido
Está muy claro que, una vez más, Rajoy ha consentido. El líder del PP no parece dispuesto a desautorizar a “su más recalcitrante rival”. Y, lo que es peor, no parece decidido ni mucho menos a enfrentarse con ella y con quienes están haciendo de la política popular un lupanar. O un patio de vecinos, donde no cesan las malediciencias, las rencillas, las envidias, los insultos y empiezan a abundar las reyertas entre unos y otros.
Bandas mafiosas
En Génova 13 no hay corrientes ideológicas más o menos radicales o más o menos moderadas. Lo que hay de verdad son bandas de carácter mafioso -aunque no sangrientas- que se pelean por llevarse crudo el botín de su rapiña. Y eso no ocurre sólo en la actualidad, pues viene de tiempos que comienzan a ser lejanos, cuando el PP nos era presentado como el paradigma de la honestidad y del honor.
Estas gentes que presumían…
Cuanto ha salido a la luz hasta ahora resulta pestilente. Estas gentes que presumían constantemente de estar en el PP debido a sus valores, a sus creencias y a sus profundas convicciones están demostrando que a su lado los fariseos de los evangelios eran poco menos que angelitos del cielo. Lo cierto es que tenían razón, hace unos veinte años, quienes -como consta en las cintas del caso Naseiro- alardeaban entre ellos, hablando por teléfono, de que se habían metido en política para “forrarse” o para “hacerse ricos”.
Inexplicable
Volvamos al editorial del periódico de Prisa. Su último párrafo era el siguiente: “En este contexto de forzada parálisis política, la pasividad del fiscal que investiga el caso, Manuel Moix, resulta aún más inexplicable. La independencia de la justicia obliga a respetar sus ritmos. Pero el cierre vergonzante de la comisión (…) hace recaer sobre sus hombros mucho más que la simple averiguación de unos hechos: la demostración de que el Estado de Derecho sigue vigente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre”.
Todo lo contrario
¿Pasividad inexplicable la de Manuel Moix? Todo lo contrario. Su pasividad de ahora se explica con relativa facilidad a la luz de su vertiginosa rapidez al pronunciarse públicamente -pocas horas después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre el espionaje- y decir que, según su criterio y con las debidas cautelas, él no advertía indicios que condujeran a acciones delictivas.
No es un fiscal cualquiera
Moix no actuó como fiscal, sino como abogado defensor de la principal implicada que era Esperanza Aguirre. Moix no es un fiscal cualquiera. Es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo por lo que declaró aquellos días habría tenido que ser separado de sus funciones respecto al caso del espionaje. ¿Qué crédito puede tener un Tribunal como el citado que permite que su fiscal jefe tome partido evidente por una de las partes y que, pasado el tiempo, ha sido en cambio más bien pasivo en su trabajo?
El amigo íntimo de Camps
También está contaminado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Su presidente, como sabemos, es amigo íntimo de Francisco Camps, lo que está más que contrastado. Con el añadido de que quien fuera su consejero de Justicia es ahora vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Hasta cuándo y hasta dónde la derecha continuará siendo beneficiada por la justicia? ¡Cuidado! Recordemos de nuevo el caso Naseiro o la escandalosa pasividad a la hora de investigar de verdad a Carlos Fabra.
Enric Sopena es director de El Plural -->
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