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Resulta molt difícil d'entendre com i per què no estan imputats en aquest judici Aznar i Trillo. Però no tant com que tant l'un com l'altre segueixin a primera línia de la política quan són els responsables d'aquella catàstrofe. Com uns sers tan execrables segueixen on són.
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Yak42
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El juicio por el caso del Yak-42 -
EL JUICIO POR LAS IDENTIFICACIONES FALSAS DEL YAK-42 COMIENZA SIN DOCUMENTOS CLAVE
Trillo fue informado ya el primer día de la dificultad de identificar los cadáveres
El general Navarro le dijo en Turquía al ministro que había cuerpos "muy quemados"
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 25/03/2009
El 27 de mayo de 2003, un día después del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, el entonces titular de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, acudió al tanatorio de Trabzon (Turquía), donde charló con el general de división Vicente Navarro, principal acusado en el juicio que se inició ayer en la Audiencia Nacional.
Federico Trillo
La catástrofe del Yak-42
A FONDO
El ministro instó a seguir con las identificaciones antes de la repatriación
El jefe del Ejército sugirió no entregar a las familias los cadáveres dudosos
Navarro, a quien se imputa un delito continuado de falsificación de documento oficial por la errónea identificación de 30 de las 62 víctimas (todas las que no fueron identificadas con el acuerdo de los forenses turcos), declaró ayer que Trillo no le dio instrucciones y ni siquiera le ordenó que identificara los cuerpos.
"El encargo era la recuperación y repatriación [de las víctimas]. [Pero] cuando vi el [buen] estado de los cadáveres, decidí identificarlos, para acortar el duelo familiar y por respeto a mis compañeros. Sabíamos que era lo deseable", declaró.
Esta versión no coincide, sin embargo, con la que ofrece un testigo de la conversación entre Navarro y Trillo: el entonces embajador de España en Turquía, Manuel de la Cámara.
"Al descender [del monte Pilav, lugar del accidente] el ministro y quienes le acompañábamos nos dirigimos directamente al tanatorio, pero no entramos en su interior", explica el embajador en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. "Poco después salió el general Navarro, quien informó [de] que se habían formado varios equipos de forenses turcos, españoles (y después ucranianos) para trabajar lo más rápidamente posible en la identificación de los cadáveres y se estaba avanzando a buen ritmo, aunque ya nos anunció que algunos eran difíciles de reconocer porque estaban muy quemados. El ministro recomendó que siguieran trabajando, al estar previsto que los cadáveres fueran recogidos al día siguiente para su traslado a España", agrega
De la Cámara.
El documento del diplomático deja así en evidencia que algunos cuerpos estaban irreconocibles por las quemaduras; que Trillo fue informado de la dificultad de identificarlos; y que instó a Navarro a que prosiguiera la tarea, anunciándole que al día siguiente debían ser repatriados en tres aviones de transporte.
Este informe, fechado el 20 de septiembre de 2004, forma parte de la investigación interna que ordenó el entonces ministro de Defensa, José Bono. Pero no está incluido en la causa que se juzga en la Audiencia Nacional.
¿Por qué? El juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, dividió el caso Yak-42 en dos sumarios: uno sobre la contratación del avión y otro sobre las identificaciones. En el primero de ellos, llamó a testificar al actual presidente del Congreso, José Bono, quien reclamó a su gabinete los documentos de la investigación interna sobre la contratación del Yak-42. Y los entregó al juzgado. Pero el juez no quiso citar a Bono en el segundo sumario y los informes sobre las identificaciones se quedaron en Defensa.
Entre ellos, la nota informativa que se reproduce en esta página, fechada el 30 de junio de 2004 y firmada por el entonces jefe de la cúpula militar, Félix Sanz. Relata una conversación con el ex jefe del Ejército de Tierra general Luis Alejandre, quien le contó la reunión que, en la mañana del 28 de mayo de 2003, mantuvieron en la sala de juntas aneja al despacho del ministro los miembros del Consejo de Dirección del departamento. Durante la misma, Alejandre, "conocedor de que no había seguridad en la identificación de todos los cadáveres", habría propuesto "entregar a los familiares únicamente aquellos identificados de forma positiva y trasladar los demás a un tanatorio a la espera de que dicha identificación positiva se produjera".
El tribunal rechazó ayer citar como testigos a Bono, Manuel de la Cámara, Alejandre, el ex presidente José María Aznar o el propio Trillo, entre otros muchos.
En este último caso, con un argumento muy revelador: el testimonio del ex ministro de Defensa sólo sería relevante si lo pidieran las defensas y no las acusaciones, como era el caso. Un hipotético reconocimiento de que Navarro y sus dos ayudantes (el comandante José Ramírez García y el capitán Miguel Sáez García) actuaron siguiendo "órdenes tajantes" de Trillo favorecería a los acusados, en vez de perjudicarlos, razonó el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. Aunque tampoco sería el caso, advirtió, pues la obediencia debida no exime de la comisión de un presunto delito.
Si quedaban dudas, Bermúdez agregó: "Saber la verdad es algo ajeno al proceso penal. Este juicio no es para indagar todo lo que ocurrió, sino para aclarar si hubo alteración de documento público y si tuvo relevancia penal". Aunque a las familias de las víctimas les cueste asumirlo.
Comparecencias de los acusados
General Vicente Navarro.
- "He elaborado tres listas, me bailaron los números, puede ser".
- "Por parte turca, evidentemente, hubo muchas manipulaciones, cambios de saco, de número, de embalajes...".
- "No soy infalible".
- "Con el paso del tiempo y de las horas, el hedor era, más que el olor a pescado, absolutamente insoportable, y caían como chinches los chicos vomitando. Desde el principio era un personal no cualificado".
- "Firmé sin saberlo porque estaba todo en turco. Si llego a saberlo, ¿cómo voy a firmar?" [Sobre el acta de entrega de los cadáveres, hecha con las autoridades turcas, que ponía en duda las identificaciones].
- "Nombres a medio partir, un galón, una graduación, un uniforme, una exclusión por empleos (si hay tres sargentos, y tengo dos, éste es el tercero)". Elementos de los que se valió para la "segunda ronda" de identificaciones].
- "No era negro, sino un canario mulatoide"
[Sobre la confusión en la identificación de un fallecido de raza blanca con otro de raza negra].
Comandante José Ramírez.
- "El general nos dio la lista con todos los cadáveres identificados y nos dijo que volvíamos a casa". "No tenía por qué dudar".
Capitán Miguel Sáez.
- "No hacía falta ser médico".
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El coordinador de la recuperación de cadáveres del Yak dice que Trillo le pidió traerlos "cuanto antes"
Un enfermero asegura que tuvieron que "darse prisa" en el enferetrado para llegar al funeral.- Segunda jornada del juicio por los errores en las identificaciones con la comparecencia de varios testigos
ELPAÍS.com - Madrid - 25/03/2009
"Había que darse prisa para salir y acabar con el enferetrado porque había que llegar a tiempo al funeral de Estado que se iba a oficiar en la base de Torrejón", ha afirmado hoy Antonio González, uno de los capitanes enfermeros enviado a Turquía tras el accidente del Yak-42, durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Otro de los testigos que han declarado ante el juez, el general José Antonio Beltrán, que coordinó la recuperación de los cuerpos, también ha insistido en que fueron apremiados para cerrar la operación y ha asegurado que "la única orden" que recibió del ex ministro Federico Trillo fue que trabajara para "cuanto antes" traerse los cadáveres a España.
"Me pudo bailar algún número... No hay ningún general infalible"
El largo duelo del Yak-42
De acuerdo con unos documentos de Defensa a los que ha tenido acceso EL PAÍS, sólo un día después del siniestro, Trillo recibió la información de que los trabajos para reconocer los cuerpos serían muy complicados porque algunos estaban muy quemados. Estos datos se los transmitió el general Vicente Navarro, pero Trillo aceleró los trámites para que se pudiera celebrar el funeral 48 horas después y entregar los féretros a las familias.
González ha relatado que se desplazó desde España el mismo día del accidente en un avión en el que también viajaron Trillo, el general José Antonio Beltrán (coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres) y dos de los acusados: el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. "No recibí ninguna instrucción concreta", ha indicado al ser preguntado por el fiscal Fernando Burgos, si alguna de esas autoridades o superiores con las que se desplazó dieron algún tipo de orden para realizar la misión.
Con número, sin nombre
Por su parte, el general Beltrán, tras detallar su estancia en Turquía, ha indicado que allí no se trató la cuestión de que si antes de partir debían estar todos los cadáveres identificados. El coordinador de la recuperación de los cuerpos ha matizado que "todos los féretros tenían número, pero no tenían nombre" y ha reconocido que firmó un documento turco o acta, "preparado" por los turcos, en el que se señala que algunos cadáveres no están identificados. "No debía firmar eso, pero bueno lo firmé y lo asumo", ha lamentado. Beltrán ha admitido que se fió del general Vicente Navarro quien le dijo que los 62 cadáveres estaban identificados.
En la sesión de ayer se interrogó a los tres acusados, el general Navarro, el comandante Ramírez y el capitán Sáez, que trasladaron la culpabilidad a las autoridades turcas. Navarro, al que se le imputa un delito de falsificación oficial por los errores en la identificación de 30 de los 62 cuerpos de los militares fallecidos en el siniestro ocurrido en Turquía en 2003, admitió que hubo errores en la entrega de los cadáveres y afirmó que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, no le ordenó identificarlos sino que fue él mismo quien tomó las decisiones para no prolongar el duelo de las familias. Pese a que los familiares de las víctimas solicitaron la comparecencia del ex titular de Defensa, además de las del ex presidente José María Aznar y el ex ministro socialista José Bono, el tribunal volvió a descartarlas ayer por considerar que su testimonio no era "relevante".
Navarro se quejó ayer de los obstáculos que les plantearon los equipos de forenses turcos e incluso alegó que el acta para repatriar los cadáveres lo firmó sin leer un párrafo que explicaba que la mitad de los cuerpos no fueron identificados, porque estaba escrito en turco. "No nos queremos quitar de encima la responsabilidad. Llevo seis años preguntándome qué ocurrió. Había tres listas y pude haber bailado números", aseguró Navarro. Ramírez y Sáez declararon en la sesión vespertina del juicio que su trabajo se limitó a anotar las lesiones de los cadáveres y "describir" lo que tenían delante.
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Vídeo: Comienzan a declarar los testigos en el juicio del Yak-42
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El general Beltrán dice que Trillo le ordenó que repatriara los cadáveres del Yak "cuanto antes"
Un capitán reconoce que los cadáveres viajaron sin identificar y aegura que "había que darse prisa" para llegar al funeral de Estado
El general José Antonio Beltrán lo ha asegurado en la segunda sesión del juicio sobre la incorrecta identificación de 32 cadáveres en el juicio del Yak 42
AGENCIAS/JAVIER ÁLVAREZ/CADENA SER/ 25-03-2009
El general José Antonio Beltrán, que coordinó la operación de recuperación de los 62 cadáveres del accidente del Yak-42, ha afirmado este miércoles que las "únicas" instrucciones del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, fue la de coordinar los trabajos en Turquía para "cuanto antes traernos los cadáveres a España".
La acusación Las declaraciones de los acusados
AUDIOS: Reportaje: Accidente del Yak-42
AUDIOS: Cospedal dice que ha habido una "tremenda manipulación" con el Yak-42
AUDIOS: Miguel Ángel Sencianes: "Nosotros no creemos al General Navarro, sabemos que había traductor"
AUDIOS: Francisco Cardona "Que no me digan que no hay restos de ADN porque lo vi con mis propios ojos"
AUDIOS: Navarro: "Firmé sin saberlo porque estaba todo en turco"
AUDIOS: Granada Ripollés: "Le preguntaría a Trillo que por qué tanta prisa"
Bermúdez limita el acceso al juicio del Yak 42
La Audiencia Nacional incia este martes el juicio por los errores en la identificaciones del Yak 42
General Navarro: "Firmé sin saber que no estaban identificados porque estaba en turco"
El general Beltrán, tras detallar su estancia en Turquía, ha indicado que allí no se trató la cuestión de que si antes de partir debían estar todos los cadáveres identificados.
En este sentido, ha matizado que "todos los féretros tenían número, pero no tenían nombre" y ha reconocido que firmó un documento turco o acta, "preparado" por los turcos, en el que se señala que algunos cadáveres no están identificados. "No debía firmar eso, pero bueno lo firmé y lo asumo", ha lamentado el general, que declaró como imputado en la fase de instrucción de este caso.
Ante esta situación, el general Beltrán ha admitido que se fió del general Vicente Navarro -uno de los tres acusados- quien le dijo que los 62 cadáveres estaban identificados.
Tras recalcar que su prioridad al llegar a Turquía era repatriar los cuerpos a España, estuvieran o no identificados, Beltrán ha desvelado que fue el propio Trillo, en Turquía, quien le pidió personalmente que se hiciera cargo de la coordinación de todo el proceso de repatriación.
Este alto mando militar ha subrayado que en Turquía su máxima preocupación eran "las familias y los compañeros fallecidos, aunque ellos no lo crean". A preguntas del teniente fiscal, las defensas y las acusaciones, el alto mando militar ha confesado que en Turquía no se trabajó a gusto y que hubo muchas dificultades, y ha agregado que la delegación española regresó a España sin ningún documento turco.
El general Beltrán ha explicado que una vez en Madrid, en la base aérea de Torrejón, donde llegaron los tres Hércules con los féretros a bordo, dio novedades a Trillo y asistió al funeral de Estado que se celebró a media tarde.
Un capitán reconoce que los cadáveres viajaron sin identificar
El capitán contradice al general. Antonio González ha comparecido como primer testigo en el juicio del Yak-42 y ha aportado datos que contradicen al general Navarro. El capitán enfermero ha reconocido que cuando regresaban a España con los cadáveres, no estaban identificados. Por el contrario, el principal acusado en el juicio por las irregularidades en las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres de los militares muertos en el accidente aseguró ayer que firmó las actas elaboradas por la policía turca en turco convencido de que estaban identificados. Navarro aseguró que fue dos meses después cuando lo supo, al leer una traducción que revelaba que los cadáveres viajaron sin identificar.
"Yo pensaba que seguían sin identificar", ha dicho Antonio González en una segunda sesión del juicio plagada de contradicciones. Este mando militar también ha reconocido que los trabajos se hicieron con prisas para llegar a tiempo al funeral de Estado que se iba a oficiar en la base de Torrejón. "Había que darse prisa para salir y acabar con el enferetrado", ha afirmado.
Este testigo, el primero que ha comparecido en la vista oral, ha relatado que él se desplazó desde España el mismo día del accidente en un avión en el que también viajan el ex ministro de Defensa Federico Trillo, el general José Antonio Beltrán (coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres) y dos de los acusados: el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.
Su trabajo allí consistió en tomar notas de los "datos objetivos" de los cadáveres: envergadura, el peso, documentación o las chapas con nombre. González ha insistido en que su labor consistía en recoger esas pruebas para ayudar a la identificación de los militares fallecidos. Cuando les encomendaron la misión de trasladarse a Turquía, González ha subrayado que entendió que iban a "recoger los cuerpos para trasladarlos a España" y no que "la misión principal fuera la de identificarlos".
Tras su declaración, ha testificado el capitán enfermero Jesús Javier Couceiro, que también formó parte del equipo médico enviado a Turquía tras el accidente del Yak-42. Couceiro ha admitido que en Turquía, antes de regresar a España, "nos dijeron que todos los cuerpos estaban identificados".
El tercero aporta pocos datos
El tercero en declarar, el teniente coronel, José Benito del Valle, uno de los expertos en accidentes que viajó a Turquía apenas ha aportado datos al tribunal. Ni sabía ni recordaba nada de lo ocurrido.
La acusación
Acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).
El fiscal, Fernando Burgos, pide cinco años de cárcel para el general Navarro y cuatro años y medio de cárcel para Sáez.
Las declaraciones de los acusados
El capitán médico Sáez: Negó haber recibido ninguna instrucción de sus superiores para repatriar "rápidamente" de Turquía los cadáveres de las víctimas del accidente aéreo. Aseguró que recibieron ninguna instrucción concreta por parte del general Navarro sobre la labor que debían desarrollar en el terreno y señaló que tanto él como Ramírez actuaron "por mimetismos a los forenses turcos" haciendo lo que ellos hacían.
El general Vicente Navarro: "No me lo explico. He elaborado tres listas, me han bailado números, puede ser. Hubo muchísimas manipulaciones, cambios de saco, cambios de número y cambios de embalaje, ahí debe estar la concatenación (de errores)", en referencia a los miembros de la policía turca.
El comandante José Ramírez: "El general (Navarro) nos dio la lista con todos los cadáveres identificados y nos dijo que volvíamos a casa". Niega haber recibido ninguna instrucción de sus superiores para repatriar "rápidamente" de Turquía los cadáveres.
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"La prioridad era traerse los cuerpos, identificados o no"
El general Beltrán afirma que Trillo le encargó "traerse cuanto antes los cadáveres a España".
EFE - Madrid - 25/03/2009 14:18
El general José Antonio Beltrán, que coordinó la operación de recuperación de los 62 cadáveres del accidente del Yak-42, ha afirmado este miércoles que las "únicas" instrucciones del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, fue la de coordinar los trabajos en Turquía para "cuanto antes traernos los cadáveres a España".
Beltrán ha sido el tercer testigo en declarar en la segunda sesión del juicio que desde ayer se sigue en la Audiencia Nacional contra tres altos mandos militares.
El general Beltrán, tras detallar su estancia en Turquía, ha indicado que allí no se trató la cuestión de que si antes de partir debían estar todos los cadáveres identificados.
En este sentido, ha matizado que "todos los féretros tenían número, pero no tenían nombre" y ha reconocido que firmó un documento turco o acta, "preparado" por los turcos, en el que se señala que algunos cadáveres no están identificados.
Se fió del general Navarro
"No debía firmar eso, pero bueno lo firmé y lo asumo", ha lamentado el general, que declaró como imputado en la fase de instrucción de este caso.
Trillo le pidió personalmente que se hiciera cargo de la coordinación de todo el proceso
Ante esta situación, el general Beltrán ha admitido que se fió del general Vicente Navarro -uno de los tres acusados- quien le dijo que los 62 cadáveres estaban identificados.
Tras recalcar que su prioridad al llegar a Turquía era repatriar los cuerpos a España, estuvieran o no identificados, Beltrán ha desvelado que fue el propio Trillo, en Turquía, quien le pidió personalmente que se hiciera cargo de la coordinación de todo el proceso de repatriación.
Preocupación por las familias y los fallecidos
Este alto mando militar ha subrayado que en Turquía su máxima preocupación eran "las familias y los compañeros fallecidos, aunque ellos no lo crean".
A preguntas del teniente fiscal, las defensas y las acusaciones, el alto mando militar ha confesado que en Turquía no se trabajó a gusto y que hubo muchas dificultades, y ha agregado que la delegación española regresó a España sin ningún documento turco.
El general Beltrán ha explicado que una vez en Madrid, en la base aérea de Torrejón, donde llegaron los tres Hércules con los féretros a bordo, dio novedades a Trillo y asistió al funeral de Estado que se celebró a media tarde.
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"Había que darse prisa para el funeral"
Declaraciones contradictorias
Audio: Granada Ripollés: "Le preguntaría a Trillo que por qué tanta prisa"
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Contradice la versión del general Navarro: tenía que "recoger los cuerpos", no "identificarlos"
Un capitan reconoce prisas por “llegar a tiempo al funeral” del Yak-42
Así lo acredita una investigación ordenada por Bono cuando estaba en Defensa
Trillo aceleró la entrega de los cadáveres del Yak-42 a sabiendas de la dificultad de identificarlos
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Caso Yak 42: “El general Navarro ha mentido como un bellaco”
El padre de un militar muerto estalla: “Se puede meter su honor en el bolsillo y tirarlo por el váter”
ELPLURAL.COM
El general de Sanidad Vicente Navarro, primer acusado en declarar ante la Audiencia Nacional por el caso del Yak-42, ha admitido que hubo errores en la entrega, no en la identificación, de los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente aéreo.
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“¿De qué Justicia es portavoz Trillo?”
Trillo aceleró la entrega de los cadáveres del Yak-42 a sabiendas de la dificultad de identificarlos
Navarro ha sido el primero en sentarse en el banquillo de la Audiencia en la vista que juzga a los tres altos mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
Culpa a los turcos
El general, que ha respondido a las preguntas del fiscal durante más de una hora, ha atribuido a las autoridades y forenses turcos problemas con la gestión de los cadáveres y ha detallado que los militares españoles nunca tuvieron acceso a las cámaras mortuorias, que no pudieron tomar muestras de los restos y carecieron de un intérprete en todo el proceso.Trasvases de bolsas "No nos queremos quitar de encima la responsabilidad. Llevo seis años preguntándome qué ocurrió (...) Había tres listas y pude haber bailado números", según ha admitido Navarro, quien no obstante ha insistido en que también pudieron cometerse errores en los trasvases de bolsas con restos.
Ordenes de Trillo
Por otra parte, Navarro ha asegurado que cumplió la misión que le encomendó el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, que según ha explicado le pidió recuperar y repatriar los 62 cadáveres, "no traerlos identificados".Sin honor Las declaraciones de Vicente Navarro han creado enorme malestar a los familiares y compañeros del ejército de los militares fallecidos en este accidente aéreo. Francisco Cardona, padre de uno de los militares que falleció en el accidente del Yak 42, ha llegado a indicar en La Ventana de la Cadena Ser que Navarro “ha mentido como un bellaco”.
“No son compañeros”
“Se puede meter su honor en el bolsillo y luego tirarlo por el váter”, ha afirmado Cardona. Por su parte, el presidente de la Asociación de Familias de las víctimas del Yak 42, Miguel Ángel Sencianes, ha afirmado en Hora 14 que no necesita que les pidan perdón sino que les digan la verdad. Asimismo, ha precisado que lo que mayor impotencia le crea es sentir que les llaman "compañeros. “No son compañeros, abandonó sus nombres".
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dimecres, 25 de març del 2009
PP Vice. 25/03/2009. El PP tumba 456 preguntas y deja en el punto de mira Orange Market y la firma del amigo de Castellano.
Trio._
Una altra prova que són demòcrates i trasparents, la Panda Pútrida.
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Ricardo Costa asegura que "efectivamente, sí" se paga todos sus trajes
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 25/03/2009
Cuestión de "trascendencia pública". La Mesa de las Cortes rechazó ayer tramitar centenares de preguntas formuladas por los grupos de la oposición parlamentaria sobre las relaciones de las diversas consejerías con todas y cada una de las empresas citadas por el juez Baltasar Garzón en la investigación de la denominada Operación Gürtel. Sí se tramitaron las preguntas relativas a las relaciones de la Generalitat con Orange Market, empresa de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, imputado por el juez, y con Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, y adjudicataria de contratos públicos por unos siete millones de euros desde 2000.
"Los medios dan trascendencia a unas empresas y a otras no"
¿Por qué? "Porque Taroncher y Asociados y Orange Market tienen relevancia, puede haber interés social en conocer las respuestas, han sido los medios de comunicación los que han dado trascendencia en la Comunidad Valenciana a unas empresas y a otras no", intentó justificar Rafael Maluenda, portavoz adjunto del PP, en defensa de la decisión de la Mesa de las Cortes.
La mesa también rechazó tramitar una interpelación del socialista José Antonio Godoy a Mario Flores sobre la política de licitaciones y adjudicaciones de la Consejería de Infraestructuras. Hace apenas dos semanas, Serafín Castellano respondió a una interpelación formulada en los mismos términos por Mireia Mollà, de Compromís. "Un buen ejemplo de transparencia", ironizó el portavoz socialista Ángel Luna, "parece que hay consejeros interpelables y otros que no lo son, tal vez tengan algo que ocultar".
Tanto Luna como Mònica Oltra, portavoz de Compromís, anunciaron sendos recursos ante el bloqueo de todas las preguntas relativas a las empresas vinculadas a la Operación Gürtel. Oltra anunció que acumulará todas las preguntas rechazadas durante los próximos tres meses para elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra el proceder de Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes. "Tardará siete u ocho años en resolverse y no pasará de ser una censura moral", explicó Oltra, "pero no creo que a la presidenta de las Cortes le guste que el Tribunal Constitucional tenga que ponerla en su sitio aunque ya haya dejado el cargo".
Más prisas mostró Ricardo Costa, portavoz del PP, implicado junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la compra de unos trajes que habrían pagado empresas de la supuesta trama corrupta que investiga Garzón. "¿Se paga usted los trajes?", le espetó un redactor. "Efectivamente, sí", respondió Costa, quien apremió a la Justicia para que "cuanto antes, tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".
Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó mantener el secreto de las actuaciones recibidas de la Audiencia Nacional sobre la operación Gürtel. La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia del TSJ para asumir la investigación, pretende concretar los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, Camps y Costa.
"Los tribunales van a tener trabajo", bromeó Luna. La diputada socialista Ana Noguera recibió ayer una citación para un acto de conciliación demandado por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Fabra solicita a Noguera que se retracte del contenido de un artículo titulado Carlos Fabra, ¿inocente?, publicado por Levante-EMV en noviembre pasado. Según el relato de la procuradora, "es incuestionable el daño y la desazón" que ha sufrido Fabra, quien aparece como un "corrupto que se enriquece a costa de influencias" y al que Noguera "imputa delito de cohecho" entre otras "acusaciones falsas".
Noguera comentó que el artículo "es veraz, incluye alguna dosis de ironía pero ningún elemento inverosímil" y avanzó que no irá al acto de conciliación: "No tengo nada de qué retractarme".
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El PP tumba 456 preguntas y deja en el punto de mira Orange Market y la firma del amigo de Castellano
Impide que el Consell informe de los contratos con 33 empresas del auto de Garzón porque "no tienen trascendencia pública en la Comunitat"
Juanjo García Gómez, Valencia
Del "mayor ejercicio de transparencia en la historia de la Comunitat", como calificó el Ejecutivo las comparecencias de todos los consellers en las que debían informar sobre los contratos con empresas ligadas a la presunta trama corrupta del PP (aunque luego no lo hicieran) se ha pasado al veto masivo para impedir que la oposición conozca en las Corts los compromisos sellados con firmas bajo sospecha. Los representantes populares en la Mesa de la Cámara protagonizaron ayer la mayor censura de iniciativas parlamentarias en la historia de la institución al tumbar 456 de una tacada. De la crema sólo se salvó las que el Ejecutivo permite que queden en el punto de mira de la oposición: Orange Market, la empresa de El Bigotes, y Construcciones Taroncher, cuyo propietario es amigo del conseller de Gobernación, Serafín Castellano.
El argumento esgrimido es el odiado artículo 153.2 que faculta la Mesa a vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana". Con esta base se liquidan las preguntas sobre los contratos de todas las conselleries con 36 empresas, la mayoría incluidas en la investigación de Garzón en la Audiencia Nacional y otras que la oposición ve sospechosas. De este modo, no habrá información sobre, por ejemplo, Special Events, la sociedad matriz de la trama liderada por Francisco Correa, o las firmas del imputado José Luis Ulibarri, que controla 13 licencias de TDT en la Comunitat tras las presiones del Consell a las adjudicatarias y la del Ayuntamiento de Valencia. A la pregunta de cuál era el criterio para distinguir entre estas firmas y Orange Market y Taroncher, ya que la mayoría de las vetadas también están implicadas en la investigación judicial, el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda señaló que no están pensando en el auto sino en las firmas que, a su juicio, tienen "trascendencia en este momento en la Comunitat" y las que no.
"Son los medios de comunicación los que han dado trascendencia a unas empresas y a otras no. Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", indicó, obviando que los contratos con otras sociedades han tenido similar eco. Una victoria "pírrica"Los populares hasta tumbaron una interpelación al conseller de Infraestructuras, Mario Flores, sobre su política general en materia de licitaciones y adjudicaciones alegando que no es materia de política general. El 23 de febrero, en cambio, Castellano tuvo que responder en el pleno a una interpelación sobre su política general en materia de contrataciones. Tanto el síndic socialista, Ángel Luna, como la de Compromís, Mònica Oltra, avanzaron que recurrirán en alzada los vetos y, de persistir el rechazo, ante el Tribunal Constitucional. Se trata de un "gran ejercicio de democracia participativa", ironizó Luna, mientras Oltra defendió que, aunque el TC tarde seis o siete años en darles la razón, vale la pena "poner en su sitio" a los responsables. Será una "victoria pírrica", dijo, ya que seguramente los firmantes de las iniciativas ya no serán diputados cuando el Constitucional resuelva, pero moralmente "será un desprestigio" para la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, por "vulnerar derechos de los diputados".
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Compromís pedirá la dimisión del director de RTVV por "su relación" con Ulibarri
Transparencia en Valencia: ¡rechazan 456 preguntas de la oposición sobre contrataciones sospechosas!
ELPLURAL.COM / EFE
La Mesa de Les Corts Valencianes ha rechazado, por los votos del PP, tramitar 456 preguntas de los grupos de la oposición sobre adjudicaciones de la Generalitat a empresas relacionadas con el caso Gürtel, y una interpelación al conseller de Infraestructuras sobre su política de contrataciones.
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Los portavoces del grupo socialista y de Compromís han anunciado que recurrirán esta decisión y acudirán al Tribunal Constitucional, mientras que el PP ha defendido que en aplicación del reglamento parlamentario no se pueden tramitar preguntas que afectan a personas físicas o jurídicas sin trascendencia en la Comunitat.
Unas sí y otras no
No obstante, el PP sí que ha tramitado las preguntas referidas a las empresas Orange Market y Construcciones Taroncher, debido, según ha dicho el portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Maluenda, a que esas dos empresas sí que pueden tener trascendencia para la Comunitat y "puede haber interés social" por conocer las respuestas a esas preguntas. La oposición también ha destacado el hecho de que recientemente se tramitara una interpelación al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, sobre política general de su Conselleria en materia de contrataciones, y ahora se haya impedido una similar al conseller de Infraestructuras y Transporte.
La culpa es de los medios
Las preguntas de la oposición que el PP no ha tramitado pedían conocer, en cada una de las catorce Consellerias de la Generalitat, si existía algún contrato o relación con todas las empresas que figuran en el auto de la Audiencia Nacional que investiga una trama de corrupción que afecta supuestamente al PP. El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda ha justificado la decisión de la Mesa de admitir las preguntas sobre esas dos empresas y rechazar las demás en que "en este momento" pueden tener trascendencia en la Comunitat, y ha argumentado que han sido los medios de comunicación "los que han dado trascendencia en la Comunitat a unas empresas y a otras no".
Sin trasparencia"
Nosotros hemos respetado ese criterio de los medios de comunicación", ha añadido Maluenda, quien ha defendido el "buen criterio" de la Mesa en su decisión. El portavoz socialista, Ángel Luna, ha lamentado que Les Corts no sean un "ejemplo" de transparencia y de "ejercicio de la democracia participativa", y ha señalado que como primer paso recurrirán la decisión de la Mesa, para a partir de ahí "buscar la vía del recurso de amparo" al Tribunal Constitucional.
"Algo que ocultar"
También ha criticado que no se haya tramitado la interpelación al conseller de Infraestructuras sobre política de contrataciones, cuando sí se pudo interpelar a Castellano sobre lo mismo, y se ha preguntado si es que esta decisión "arbitraria" responde a que tiene "algo que ocultar". La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, ha lamentado que "es casi imposible" preguntar sobre una cuestión que "empieza a ser incómoda" para el PP, y por ello llevarán al Constitucional todas las preguntas que les rechacen en este trimestre, ya que, aunque la sentencia tarde varios años, no tienen "otra forma" de defenderse "de los continuos atropellos".
Dimisión de Pedro García
Oltra también ha anunciado que en la comisión de control de RTVV del jueves pedirán la dimisión del director general del ente, Pedro García, por "aparecer implicado en la trama del caso Gürtel, por su relación" con el empresario José Luis Ulibarri "al permitir el funcionamiento de una radio ilegal" en dependencias de RTVV, y por su "manifiesta falta de independencia". Compromís también ha presentado un recurso a la decisión de la Mesa de no tramitar varias preguntas sobre un posible vertido tóxico en Mislata por parte de una empresa bajo el argumento de que esa empresa privada no tiene trascendencia pública.
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El Tribunal Superior valenciano mantiene el secreto de las actuaciones en la causa contra Camps y Costa
El Poder Judicial archiva las quejas del PP contra Garzón por las filtraciones del caso
R. L./E. P., Valencia
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado mantener el secreto de las actuaciones recibidas del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, derivadas del caso Gürtel, y tener como partes en el proceso al presidente de la Generalitat Francisco Camps, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso.
Faltan por personarse el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme hasta julio de 2007, Rafael Betoret.
La Sala, antes de pronunciarse sobre la competencia de este tribunal para asumir la investigación, pretende concretar con amplitud todos los hechos específicos que se atribuyen a los aforados valencianos, según informó el Tribunal Superior.
La providencia, dictada por el magistrado ponente del TSJ, José Flors, recoge la asignación a este procedimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por acuerdo del Fiscal General del Estado.La competencia de Anticorrupción responde a un decreto dictado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que ordenaba a este departamento que continúe con las actuaciones que han llevado a cabo desde el comienzo de la instrucción las fiscales Concha Sabadell y Míriam Segura.
El pasado 17 de marzo, la sala de lo Civil y Penal, en cumplimiento estricto de las normas de reparto, designó al magistrado José Flors como ponente del auto que establecerá si el TSJCV es competente o no para asumir la causa, un día después de recibir las cinco cajas de las que constaba la investigación de Garzón.Servicio de InspecciónDe otro lado, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad archivar las quejas que el PP y el senador de este partido, Luis Bárcenas, presentaron contra el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos del sumario de la "operación Gürtel".
En su informe relativo tanto a ambas quejas, el Servicio de Inspección decía que han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido acceso a los datos publicados, por lo que no se pueden achacar las filtraciones a Garzón.
El síndic del PP reiteraque paga sus trajes
Al igual que afirmó en su momento el presidente de la Generalitat, el síndic del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, reiteró ayer que, "efectivamente", se paga sus trajes, como dijo la semana pasada. Añadió que la investigación judicial por la operación Gürtel no afectará a los resultados del PP en las europeas y que espera que, "cuanto antes, la Justicia tome las decisiones adecuadas y demuestre que las acusaciones que se han vertido son falsas e infundadas".
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Bárcenas: "Lo de mi sueldo es una barbaridad que no se cree nadie"
El tesorero del PP, investigado en la trama, se defiende de las informaciones sobre su elevado patrimonio y las cantidades que cobra
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid - 25/03/2009
"Lo del sueldo de 300.000 euros es una barbaridad que no se cree nadie porque son sueldos que no se pagan en ningún partido político", ha sido la respuesta del senador Luis Bárcenas esta mañana a las informaciones que han desvelado su elevado patrimonio y el alto sueldo que cobra como tesorero del PP. Bárcenas justifica además sus propiedades inmobiliarias en el "patrimonio preexistente", es decir en que son consecuencia de compraventas de inmuebles anteriores. "Cuando se habla de [que tengo] una vivienda en la sierra, es la tercera vivienda que tengo, y cuando habla de la vivienda en la playa, es la segunda", ha explicado el senador. "Existe una cosa que se llama el patrimonio preexistente que es lo que justifica eso".
El senador Luis Bárcenas, que está siendo investigado dentro de la trama de corrupción de empresas lideradas por el empresario Francisco Correa y ligadas a administraciones del PP, ha acudido esta mañana a votar junto al resto del Grupo Popular en el pleno del Senado. Bárcenas ha empezado a faltar a menudo al pleno y a las votaciones desde que estalló el escándalo, a mediados de febrero. A la sesión de ayer no acudió por motivos personales justificados ante el PP.
Al terminar la primera votación de la mañana, Bárcenas, al que ha sido casi imposible ver por el Senado en las últimas semanas ya que sólo baja al pleno a votar, ha hecho corrillo con algunos compañeros de partido como la dirigente catalana Alicia Sánchez-Camacho, que acababa de ganar una votación sobre las cifras del paro, o el portavoz de presupuestos, Francisco Utrera. Posteriormente, ha tenido una conversación a solas de unos cinco minutos con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, también senadora.
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Archivadas dos quejas del PP contra Garzón por el 'caso Gürtel'
EL PAÍS - Madrid - 25/03/2009
El juez Baltasar Garzón abrió una investigación para conocer el origen de las filtraciones de su sumario sobre la trama corrupta que afecta a instituciones del PP. El magistrado llegó a interrogar al letrado Carlos Galán y a su cliente, Isabel Jordán, imputada en el caso, que admitieron haber hablado del caso con varios medios de comunicación.
Es uno de los argumentos que daba el servicio de inspección para proponer el archivo de las quejas contra el juez promovidas por el PP y su tesorero, el senador Luis Bárcenas. La comisión disciplinaria aprobó ayer por unanimidad la propuesta por la imposibilidad de achacar el origen de las informaciones al juez ya que muchas personas tuvieron acceso a los datos publicados.
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La ex esposa del cerebro de la Gürtel desvela que su padre ignoró a un hijo enfermo
“No voy a consentir que Correa vuelva a dar pena ni fuera ni dentro de la cárcel”
Losantos ironiza sobre el descumbrimiento en el PP del "lujo" en el que vive su tesorero
“¡Ahora resulta que nadie conocía a Bárcenas, que están espeluznados!”
Considera que el juez no es responsable de las filtraciones del sumario a la prensa
El Poder Judicial archiva las quejas del PP y de Bárcenas contra Garzón
Bárcenas pide a Hacienda que investigue su patrimonio para "defender" su "honorabilidad"
El tesorero del PP justifica sus 3,3 millones en pisos como “patrimonio preexistente”
Bárcenas: “Lo del sueldo de 300.000 euros es una barbaridad que no se cree nadie”
Fuentes de la investigación tachan de “indignante” la pasividad de jueces y entidades
Los bancos retrasan la información sobre Fabra requerida por la Justicia
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El equipo de Gallardón ocultó al PSOE el contrato con Ingesport
El Ayuntamiento dice que "respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas"
MANUEL RICO - Madrid - 25/03/2009 07:30
Ocultar, según la Real Academia, es “callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir”. Y con esta definición en la mano parece evidente que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón ocultó a la oposición socialista, en diciembre de 2007, que la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid había adjudicado un contrato a Ingesport. Un hecho relevante porque una de las consejeras de dicha sociedad es la concejala Patricia Lázaro y como intermediario de Ingesport actuaba Carlos Martín, amigo de juventud y monitor de pádel de la edil.
Además, Ingesport gestionaba el lujoso spa del hotel NH Eurobuilding y dio un pase gratuito a Lázaro para utilizar las instalaciones a cambio del trato de favor que recibía de la concejala, según la versión ofrecida por el propio Martín en diversos correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario.
Carlos Martín ha utilizado sus contactos políticos para negociar adjudicaciones públicas. Entre esos contactos destaca el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien también dio clases de pádel. Tal y como desveló Público la semana pasada, el monitor reconvertido en intermediario recibió información privilegiada sobre un concurso público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durante una reunión con González.
Petición socialista
El concejal socialista Pedro Sánchez preguntó, a finales de 2007, por los contratos entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Ingesport. Dentro de la labor de control que realiza la oposición, es frecuente que se interese por los beneficiarios de las adjudicaciones públicas. “Es evidente que si preguntas al Ayuntamiento por los contratos que tiene con una empresa determinada, esa pregunta incluye a los organismos y empresas municipales”, explica el propio Sánchez.
Al Gobierno de Gallardón no le debió parecer tan evidente. El 19 de diciembre de 2007, respondió a Pedro Sánchez que el Ayuntamiento de Madrid no había firmado desde 2003 ningún contrato con Ingesport. La realidad es que, a principios de 2006, el Club de Campo otorgó una consultoría por importe de 22.000 euros a dicha empresa. El Ayuntamiento tiene la mayoría del capital y de los miembros del consejo de administración del Club de Campo, que preside el vicealcalde, Manuel Cobo.
Un portavoz del Gobierno de Madrid se amparó ayer en la literalidad de la pregunta del PSOE para explicar que no informasen del contrato con Ingesport: “Se respondió estrictamente a la pregunta de los socialistas, que era sobre el Ayuntamiento, y no sobre las empresas municipales. En todo caso, estará mal planteada la pregunta, no la respuesta. Además, el Club de Campo no depende administrativamente del Ayuntamiento”.
“Se cumplió con la ley”
El consejo de administración del Club de Campo que adjudicó el contrato a Ingesport se celebró el 30 de enero de 2006. Ese día no estuvo presidido por Cobo, sino por la propia Patricia Lázaro, que no se inhibió a la hora de votar pese a su relación de amistad con Carlos Martín.
La adjudicación se realizó apoyándose en un informe técnico de cinco folios, donde se asegura que se pidieron propuestas a tres empresas. La lectura del informe no aclara qué baremos se utilizan para inclinarse por Ingesport. Y el único argumento claro en favor de la empresa elegida es que “diseña un negocio global”. El portavoz municipal sostiene que se “cumplió con los requisitos de publicidad y concurrencia que establecía la Ley de Contratos” vigente entonces, aprobada en 1995.
LOS CORREOS ACUSAN
La relación entre Lázaro y Martín
“Celebrar la victoria” // Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que mantenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, Martín quedó con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”.
“Celebrar la victoria” // Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que mantenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, Martín quedó con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”.
“Me pregunta Patricia...” // El 13 de noviemb re de 2007, Martín le cuenta al presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, que ha tenido una nueva conversación con la concejala: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.
“Los dos polideportivos” // El 25 de febrero de 2008, Martín pregunta en un correo a Sáez si “ha echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”. El monitor de pádel e intermediario ofrece en sus correos múltiples detalles que demuestran que recibía información de la concejala sobre diversos proyectos municipales meses antes de que salieran a concurso. Lázaro sostiene que esa información también se facilitaba a otras empresas y que es “un procedimiento habitual”.
“Todo free” // En un correo de Sáez a Martín se asegura que la concejala podía utilizar el spa del NH Eurobuilding “mientras quiera, todo free”. Lázaro admitió a preguntas de este diario que había disfrutado de un pase gratuito, aunque aseguró que los tratamientos específicos los pagaba ella. La edil se dio de baja del spa hace dos semanas.
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Fachas al Zoo.
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El Rey "nos sale rana" y ZP es "escoria"
Un concejal del PP en Elche arremete contra el PSOE en un foro de Internet
CRISTINA MEDINA - Elche - 25/03/2009
A Rajoy "le van a dar bien dado muy pronto". El Rey Juan Carlos "ha salido un poco rana". "Hay que ir en masa contra esta plaga de chusma", en referencia a los socialistas, y Zapatero es "la mierda de escoria que mora en La Moncloa". Estas son algunas de las afirmaciones que Pablo Ruz, concejal del PP en Elche, ha publicado presuntamente en Tuenti, un foro de amigos en Internet. El cargo público, de 25 años, admite que sus figuras públicas favoritas son Juan Pablo II y la madre Teresa de Calcuta y entre sus políticos favoritos están Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja.
A Rajoy "le van a dar bien dado muy pronto", llegó a escribir el edil Ruz
Las críticas al Rey las publicó con motivo del Día de la Hispanidad y el 8 de febrero del año pasado instó a sus amigos a "ir a votar en masa contra esa plaga de chusma". "Ya habéis visto a todos los actores subvencionados dando su apoyo a ZP en un vídeo... a ver con qué cara se quedan [los socialistas cuando pierdan las elecciones]", añadía. Y el 23 de marzo, es decir, el lunes pasado, hablando de la situación económica, escribió: "En unos meses será lo único que se pueda echar a la boca con esta mierda de escoria que mora en la Moncloa". Todos estos comentarios se difundieron ayer en la web Trajesparatodos que ha creado un internauta ilicitano cuya identidad no ha trascendido. La web, surgida hace unas semanas, es anónima y hace comentarios y publica noticias relacionadas con la política local, autonómica y nacional. Su posición es claramente contraria al Partido Popular y precisamente su fotografía de portada y su nombre hacen referencia al caso de Orange Market y los supuestos trajes que pagó esta empresa al presidente Camps. De hecho, está la foto de la portavoz del PP, Mercedes Alonso, abrazada a Álvaro Pérez, El Bigotes.
El concejal implicado, Pablo Ruz, afirmó que los comentarios que se están vertiendo sobre su persona en esta bitácora "vulneran" su "intimidad, vulneran las condiciones del usuario de la red social Tuenti y lo más grave es que han manipulado" sus textos. Ruz lo niega todo y mantiene que sus textos se han modificado. De todas formas, añade: "Se trata de una conversación privada que mantengo con amigos y al hacerla pública, con manipulación o sin ella, están atentando contra mi intimidad". Ruz acudirá a los tribunales para que los autores "den la cara ya que hasta ahora se están escudando en el anonimato".
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TRAJES PARA TODOS
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Con dos cojones:
El libro de Carlos Fabra niega la masacre del bombardeo de Gernika
La polémica obra está disponible en 20 bibliotecas públicas de Castellón.
PÚBLICO - CASTELLÓN - 25/03/2009 08:00
El libro que justifica el franquismo y que pagó la Diputación de Castellón con dinero público continuará en el mercado está en una veintena de bibliotecas públicas pese a la lluvia de críticas que la oposición ha lanzado sobre la Administración de Carlos Fabra (PP). La publicación no sólo alaba el franquismo, sino que exalta la figura del general golpista Queipo de Llano y justifica el bombardeo de Gernika, una de los peores masacres de la Guerra Civil.
"Había que encontrar un paliativo, una forma de contrarrestar el fracaso enemigo y para ello se montará un maremágnum de propaganda y desinformación a cargo de los hábiles técnicos de la KGB", asegura el coronel José Luis Lapeña, autor del polémico libro. Además, desmiente que el número de víctimas superara el millar: según él, fueron "unas 200, hecho que secomprobó nominalmente".
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dijo ayer no tener opinión al respecto porque no ha leído el libro. Pero remitió a las palabras del Diputado provincial de Cultura, quien defendió la publicación acogiéndose a la libertad de expresión.
El libro también arremete contra catalanes y vascos, de quienes dice que no "han sido dotados de la capacidad de ser conscientes de sus errores, en lo que a sus extravíos y exageraciones, por lo que a su afán separatista se refiere". Por otra parte, el municipio de Dénia anunció ayer que retirará el título de Hijo Adoptivo a Franco.
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Las críticas al Rey las publicó con motivo del Día de la Hispanidad y el 8 de febrero del año pasado instó a sus amigos a "ir a votar en masa contra esa plaga de chusma". "Ya habéis visto a todos los actores subvencionados dando su apoyo a ZP en un vídeo... a ver con qué cara se quedan [los socialistas cuando pierdan las elecciones]", añadía. Y el 23 de marzo, es decir, el lunes pasado, hablando de la situación económica, escribió: "En unos meses será lo único que se pueda echar a la boca con esta mierda de escoria que mora en la Moncloa". Todos estos comentarios se difundieron ayer en la web Trajesparatodos que ha creado un internauta ilicitano cuya identidad no ha trascendido. La web, surgida hace unas semanas, es anónima y hace comentarios y publica noticias relacionadas con la política local, autonómica y nacional. Su posición es claramente contraria al Partido Popular y precisamente su fotografía de portada y su nombre hacen referencia al caso de Orange Market y los supuestos trajes que pagó esta empresa al presidente Camps. De hecho, está la foto de la portavoz del PP, Mercedes Alonso, abrazada a Álvaro Pérez, El Bigotes.
El concejal implicado, Pablo Ruz, afirmó que los comentarios que se están vertiendo sobre su persona en esta bitácora "vulneran" su "intimidad, vulneran las condiciones del usuario de la red social Tuenti y lo más grave es que han manipulado" sus textos. Ruz lo niega todo y mantiene que sus textos se han modificado. De todas formas, añade: "Se trata de una conversación privada que mantengo con amigos y al hacerla pública, con manipulación o sin ella, están atentando contra mi intimidad". Ruz acudirá a los tribunales para que los autores "den la cara ya que hasta ahora se están escudando en el anonimato".
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PÚBLICO - CASTELLÓN - 25/03/2009 08:00
El libro que justifica el franquismo y que pagó la Diputación de Castellón con dinero público continuará en el mercado está en una veintena de bibliotecas públicas pese a la lluvia de críticas que la oposición ha lanzado sobre la Administración de Carlos Fabra (PP). La publicación no sólo alaba el franquismo, sino que exalta la figura del general golpista Queipo de Llano y justifica el bombardeo de Gernika, una de los peores masacres de la Guerra Civil.
"Había que encontrar un paliativo, una forma de contrarrestar el fracaso enemigo y para ello se montará un maremágnum de propaganda y desinformación a cargo de los hábiles técnicos de la KGB", asegura el coronel José Luis Lapeña, autor del polémico libro. Además, desmiente que el número de víctimas superara el millar: según él, fueron "unas 200, hecho que secomprobó nominalmente".
El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dijo ayer no tener opinión al respecto porque no ha leído el libro. Pero remitió a las palabras del Diputado provincial de Cultura, quien defendió la publicación acogiéndose a la libertad de expresión.
El libro también arremete contra catalanes y vascos, de quienes dice que no "han sido dotados de la capacidad de ser conscientes de sus errores, en lo que a sus extravíos y exageraciones, por lo que a su afán separatista se refiere". Por otra parte, el municipio de Dénia anunció ayer que retirará el título de Hijo Adoptivo a Franco.
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dilluns, 23 de març del 2009
PP Vice. 23/03/2009. Las pruebas para el traje de Camps.
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Las pruebas para el traje de Camps
El juez Garzón ha acumulado evidencias de la conexión entre las empresas de la trama corrupta de Francisco Correa y dirigentes de la Comunidad Valenciana
EL PAÍS - Madrid - 23/03/2009
Federico Trillo, diputado del PP, ex ministro de Defensa y abogado, ha lanzado su artillería verbal contra un trabajador en paro, llamado José Tomás y recién despedido de la tienda de ropa Forever Young. Trillo le ha llamado mentiroso y ha dudado de su cualificación profesional para defender a su compañero Francisco Camps, el presidente valenciano, sobre quien recae la sospecha de haber aceptado vestuario por 12.000 euros de empresarios que recibieron contratos de la administración donde gobierna.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Tomás conoció la mala noticia de su despido a las 48 horas de declarar ante Baltasar Garzón para explicar sus relaciones comerciales con el clan empresarial de Francisco Correa (encarcelado), quien montó una extensa red de negocios a partir de su magnífica relación con el PP durante el mandato de José María Aznar. El sastre atendía, primero como jefe de ventas de Milano y luego, de Forever Young, a los mejores clientes, entre ellos, algunos jefes de la trama corrupta. Éstos pusieron en contacto a Tomás con Camps.
Las pruebas para el traje de Camps
El juez Garzón ha acumulado evidencias de la conexión entre las empresas de la trama corrupta de Francisco Correa y dirigentes de la Comunidad Valenciana
EL PAÍS - Madrid - 23/03/2009
Federico Trillo, diputado del PP, ex ministro de Defensa y abogado, ha lanzado su artillería verbal contra un trabajador en paro, llamado José Tomás y recién despedido de la tienda de ropa Forever Young. Trillo le ha llamado mentiroso y ha dudado de su cualificación profesional para defender a su compañero Francisco Camps, el presidente valenciano, sobre quien recae la sospecha de haber aceptado vestuario por 12.000 euros de empresarios que recibieron contratos de la administración donde gobierna.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Tomás conoció la mala noticia de su despido a las 48 horas de declarar ante Baltasar Garzón para explicar sus relaciones comerciales con el clan empresarial de Francisco Correa (encarcelado), quien montó una extensa red de negocios a partir de su magnífica relación con el PP durante el mandato de José María Aznar. El sastre atendía, primero como jefe de ventas de Milano y luego, de Forever Young, a los mejores clientes, entre ellos, algunos jefes de la trama corrupta. Éstos pusieron en contacto a Tomás con Camps.
Antes de que Garzón llamara al sastre, el juez ya tenía pruebas para imputar a Correa y los suyos el supuesto delito de sobornar a políticos valencianos con regalos a cambio de contratos millonarios de esa administración autonómica. La trama se instaló en dicha comunidad en 2005, cuando Camps ya gobernaba y Mariano Rajoy, por desconfianza, había cortado relaciones con Correa.
Correa creó para operar en Valencia Orange Market y logró en cuatro años más de cinco millones de euros en contratos de consejerías del Gobierno de Camps. El delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, se hizo amigo íntimo de Camps, a quien llevó hasta el sastre Tomás. En la investigación judicial hay numerosas pruebas sobre las relaciones entre la trama corrupta y el Gobierno de Camps. Son éstas:
- Grabaciones. Un ex edil del PP de Majadahonda (Madrid) que trabajó para Correa grabó conversaciones comprometedoras con los directivos de la trama y las entregó junto a una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. En una de ellas, Isabel Jordán, subordinada de Correa que planificó la expansión en Valencia, admitía: "He hecho trabajos reales para la [Comunidad Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps. Vamos, que tengo yo la factura... que he pagado yo la factura". La investigación demostró que esta frase se basaba en datos reales. En la contabilidad de Easy Concept, otra firma de la red, figura un apunte de 63.220 euros bajo el título "entradas y salidas de Milano". Jordán explicó al juez que eran compras en Milano.
- Pinchazos telefónicos. Los pinchazos telefónicos que ordenó Garzón revelaron que Álvaro Pérez hacía gestiones, algunas privadas, para Camps y Ricardo Costa, el número dos del PP valenciano.
- Facturas. Garzón tiene en su poder documentos de empresas de la trama y de las tiendas Milano y Forever Young que dan pistas sobre lo ocurrido:
- Pagos a cuenta de Orange Market en Milano a principios de 2006 por vestuario para Camps.
- Pagos en Forever Young por compra de ropa para Camps (5.393 euros), Pedro García (3.284), Rafael Betoret (6.700), Ricardo Costa (4.925), Álvaro Pérez (5.798), Pablo Crespo (4.578). Se pagó con transferencias bancarias y cheques de Servimadrid y Diseño Asimétrico (ambas de la red corrupta) entre el 29 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, según la documentación dada al juzgado por Forever Young. Entre éstos figuran algunas notas de pedidos con números 54416, 54417 y 54418 a favor de Camps.
- Pagos a cuenta de Orange Market en Milano a principios de 2006 por vestuario para Camps.
- Pagos en Forever Young por compra de ropa para Camps (5.393 euros), Pedro García (3.284), Rafael Betoret (6.700), Ricardo Costa (4.925), Álvaro Pérez (5.798), Pablo Crespo (4.578). Se pagó con transferencias bancarias y cheques de Servimadrid y Diseño Asimétrico (ambas de la red corrupta) entre el 29 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, según la documentación dada al juzgado por Forever Young. Entre éstos figuran algunas notas de pedidos con números 54416, 54417 y 54418 a favor de Camps.
- Declaraciones de Tomás. En su escrito al servicio de conciliación y arbitraje por su despido, el sastre señala: "A través de los directivos de Orange Market (...) entré en contacto profesional con altos cargos de la Administración valenciana, y así confeccioné trajes para varios, entre otros, el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps. Cada varios meses, y siguiendo la práctica habitual con clientes importantes, una persona de Orange Market se ponía en contacto con el responsable de facturación de la empresa y cuadraba los vales pendientes, que eran abonados por Orange Market mediante transferencias bancarias y, en algún caso, mediante pago en efectivo".
Ante el juez, Tomás explica: "Camps es el destinatario de otras compras en 2008 pagadas mediante transferencia bancaria de 4.040 euros de la empresa Orange Market (Documento 31) a cuyo nombre se realizó también la factura (documento 30). Cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva barbour y una chaqueta fantasía por 2.689 euros".
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Camps se inspira en Pujol contra el acoso judicial
El presidente recupera a Blasco como estratega para recuperar la posición
MIQUEL ALBEROLA - Valencia - 23/03/2009
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está sufriendo un calvario. Los trajes que supuestamente recibió como regalo de Orange Market, empresa que ha obtenido diversos contratos de la Generalitat e instituciones controladas por el PP, han estropeado su impoluta imagen de político íntegro en la Comunidad Valenciana. Pero también en la estructura nacional del PP, donde ha pasado de ser el principal apoyo de Mariano Rajoy a depender de su apuntalamiento.
La cúpula del PP confía en el efecto reparador del ataque al símbolo
Otros, sin embargo, creen que Camps debería recuperar la acción del Consell
Otros, sin embargo, creen que Camps debería recuperar la acción del Consell
Más allá de su imagen, las suspicacias respecto al vínculo del Consell con la trama han sido subrayadas en fosforescente por la relación del bufete de José María Michavila, hermano de su omnipotente jefa de Gabinete, con imputados en la operación Gürtel. Además, su número dos en el partido, Ricardo Costa, está en el mismo saco. Y si le faltaba algo, el amigo de uno de sus consejeros, Serafín Castellano, ha engordado empresarialmente a la sombra de los departamentos que éste ha ocupado desde el año 2000.
La primera reacción de Camps frente a la situación de noqueo en que le dejó el auto del juez Baltasar Garzón fue el cierre de filas y la activación de homenajes. Y en seguida, la ofensiva contra el PSPV. Es decir, contra sus presumibles flancos débiles: la torpeza del alcalde de Elche, Alejandro Soler, que "por error" pagó su promoción electoral con dinero del Ayuntamiento, así como la insinuación de posibles sombras en la gestión municipal del secretario general Jorge Alarte y del portavoz adjunto del PSPV y alcalde de Morella, Joaquim Puig. Y en la recámara, la relación del síndic en las Cortes, Ángel Luna, con el constructor Enrique Ortiz, al que asesoró antes de volver a la política.
En la embestida contra la oposición empieza a aflorar el sello del consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, político ex socialista de larga experiencia y curtido en adversidades, que acaba de ser recuperado como estratega electoral tras haber sido alejado del entorno del presidente. Blasco recibió el encargo de urdir una estrategia que le permita a Camps afrontar la situación y le ha encontrado una a medida: personalizar en el pueblo valenciano el acoso judicial a Camps. Es lo que hizo Jordi Pujol en Cataluña en 1984 ante la querella del ministerio fiscal como antiguo consejero en el caso banca catalana. "Con Cataluña no se juega", advirtió Pujol, y a partir de ahí llegaron los telegramas de adhesión enviados a la Generalitat, los autocares desde las comarcas para la manifestación, los desagravios ofrecidos... Blasco sólo ha tenido que copiarlo y adaptarlo.
A esa consigna le han hecho el coro diversas entidades afines, como el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, presidido por Arturo Virosque, que en un comunicado de adhesión a Camps, afirmó que "estas calumnias no ofenden solamente al presidente de la Generalitat, sino a todo el pueblo valenciano, porque cuando se ofende al presidente, sea del color político que sea, elegido libremente por el pueblo valenciano, se desprecia la inteligencia de los valencianos". Y lo mismo hizo la semana pasada el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, cuando en un acto de apoyo empresarial al presidente revestido de planes de medidas a la economía, proclamó que "quienes tratan de ofender y dañar" a Camps, "ofenden y dañan a todos los valencianos".
En los años del caso Banca Catalana, el PSC, como ahora el PSPV y el resto de la oposición, se exasperó ante "la utilización de las instituciones y de los sentimientos nacionales para interferir el curso de un procedimiento judicial", así como la apropiación de la Generalitat y del nombre de Cataluña (la "usurpación al pueblo de Cataluña"). Sin embargo, Convergència Democràtica de Catalunya no levantó el pie del acelerador. La cúpula del PP valenciano está convencida de que con esto, las debilidades del adversario socialista y la tradicional galvanización del partido ante los ataques externos, Camps podrá capear el temporal como lo hizo Pujol.
Sin embargo, aunque Pujol hizo eso, ésta sólo fue la mitad de su estrategia. Pujol también pasó a la acción con la Generalitat como instrumento para recuperar el resuello con planes de gobierno, se obligó a pactos con la oposición en Cataluña (sobre todo con los socialistas enfrentados con Narcís Serra, a quien apuntó en su proa). Y también con el Gobierno de Felipe González, del que obtuvo, entre otras, financiación para trasladar el puerto de Barcelona. Ante la debilidad, exhibió vitalidad e iniciativa política ante el acoso de la justicia.
En ese sentido, no faltan voces del PP que consideran que lo que procedería es que Camps pasara a la acción con un Consell que funciona bajo mínimos. Remodelar el gobierno de bajo perfil, concentrar áreas, reducir consejerías y abrir el melón del personal contratado y el de la sobredimensión de RTVV para reducir el gasto ante la profunda crisis. Incluso negociar un alto el fuego con los socialistas "intercambiando cromos" y alcanzar acuerdos de gobierno. Son algunas de las sugerencias que ofrecen.
Uno de los principales lastres para gestionar esta crisis, apuntan, es que la cúpula del partido ha crecido en la expansión electoral y carece de experiencias negativas. El mecanismo funcionó a la perfección mientras el partido fue impelido por el movimiento uniformemente acelerado del éxito. Sin embargo, en el cambio de rasante se ha detenido. La cúpula desconoce cómo actuar en una situación adversa y ese desconcierto está inscrito en la expresión de los colaboradores más íntimos del presidente, cuya única esperanza es que surta efecto "la reacción al ataque al símbolo de la Comunidad Valenciana". "Si el presidente se queda en los homenajes, será más vulnerable", mantiene una de las fuentes consultadas.
"Soy el señor Lobo. Soluciono problemas"
Rafael Blasco, como Harvey Keitel (el señor Lobo en la película Pulp Fiction) siempre aparece como la solución divina en el momento más crítico. La tarjeta de presentación del personaje, especialista en gestionar embrollos muy pringosos, parece hecha a propósito para Blasco: "Soy el señor Lobo. Soluciono problemas".
El candidato a la presidencia a la Generalitat, Eduardo Zaplana, fue el primero que en 1995 recurrió a sus servicios. Blasco, arrancado de cuajo de la primera línea de la política del PSPV bajo la sombra de cohecho, conocía como la palma de su mano la selva y la fauna que Zaplana aspiraba a ocupar y someter si, como le decían las encuestas, ganaba las elecciones. El ex socialista obtuvo un pasaje a la rehabilitación a cambio de ayudarle en la campaña electoral y guiarle en el Palau de la Generalitat, en cuyo engranaje se convirtió en una pieza imprescindible. Lo fue tanto que se convirtió en el disco duro de Zaplana.
Pese a que su deuda había sido cancelada, en 2003 Francisco Camps lo nombró consejero de Territorio y Vivienda en su primer gobierno, una de las de mayor protagonismo político por la Ley de Ordenación del Territorio. Podía solucionarle problemas. Y no tardaría el momento. Blasco sería el primero en referirse públicamente a la conveniencia de que la presidencia del PP en la Comunidad Valenciana correspondiera al presidente de la Generalitat, y no a Zaplana, cuya relación quedó rota a partir de ahí. Blasco abrió el fuego y ayudó a Camps a recomponer la estructura de un partido que todavía estaba en manos de zaplanistas. Ahora el señor Lobo ha vuelto a ser requerido para marcar objetivos y argumentarios que rescaten a Camps del purgatorio en el que se ha metido.
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Cobra como senador sólo 5.000 euros mensuales, más lo que le abona el PP como tesorero del partido
ELPLURAL.COM
En los últimos seis años el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha aumentado considerablemente su patrimonio inmobiliario, que ahora supera con creces los tres millones de euros. Las tres viviendas de lujo que posee (en uno de los barrios más caros de Madrid, en una urbanización de lujo en Marbella y en la estación de esquí de Baqueira) no tienen ninguna carga hipotecaria, algo que desde el PP justifican asegurando que el senador por Cantabria recibe, además de su sueldo en el Senado, unos altos honorarios por su función dentro del partido. Además, argumentan que obtuvo grandes ganancias en Bolsa gracias a su inversión en Endesa.
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El sueldo como senador de Luis Bárcenas es de unos 5.000 euros brutos mensuales (sueldo, dietas y complementos). Con estos honorarios se hace difícil imaginar cómo adquirió el tesorero del PP su amplio y lujoso patrimonio inmobiliario, que suma unos 3,3 millones de euros y que, según las informaciones del diario El Mundo, el dirigente popular pagó al contado, sin necesidad de hipotecarse. Desde el PP justifican su capacidad económica asegurando que el partido le retribuye muy generosamente por su cargo de tesorero, y sus honorarios serían incluso superiores a los de Mariano Rajoy, que percibe 5.000 euros mensuales del partido.
Acciones de Endesa
Además, señala el diario, Bárcenas obtuvo cuantiosas ganancias después de la OPA de Enel sobre Endesa, de la que era accionista. El dirigente del PP habría comprado acciones a 8 euros que luego vendió a 40, ganando en la operación unos 600.000 euros. Pero su patrimonio inmobiliario supera con creces esta cifra: en 2002, Bárcenas y su mujer compraron un inmueble de 186 metros cuadrados en Guadalmina (Marbella), con su correspondiente trastero y plaza de garaje. El valor total de esta vivienda roza el millón de euros, según sociedades de tasación consultadas por el rotativo.
Un chalet en Marbella y otro en Baqueira
Este chalet está escriturado a nombre de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, quien está vinculada al sector de la venta de antigüedades, y no tiene ninguna hipoteca, como tampoco la tiene otra vivienda de lujo adquirida por el matrimonio en 2008 en la estación de esquí de Baqueira Verte (Lleida). El inmueble de lujo, de 151 metros cuadrados, cuenta con dos plazas de garaje, u su precio está estimado en 1.057.000 euros aproximadamente y también fue comprado al contado.
Plazas de garaje en el barrio de Salamanca
Pero las adquisiciones inmobiliarias de Bárcenas no acaban ahí: tres meses después de comprar el chalet del Valle de Arán, el tesorero del PP se hizo con una plaza de garaje en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los más caros de la capital, que por supuesto también pagó a tocateja. Un año antes, en octubre de 2007, el matrimonio había comprado, también al contado, otra plaza de garaje en la misma zona. Cada una de las propiedades está valorada en unos 100.000 euros y están escrituradas a nombre de su esposa.
El pisito de Príncipe de Vergara
Por último, la familia Bárcenas reside en un piso de 220 metros cuadrados en la calle Príncipe de Vergara, también una de las zonas más lujosas de la capital. La vivienda, que tampoco tiene carga hipotecaria alguna, tendría un valor aproximado de 1.100.000 euros. La suma de todo su patrimonio ascendería a más de 3.300.000 euros, todo ello sin hipotecar incluso en los tiempos de crisis actuales.
Vínculos con la Operación Gürtel
Bárcenas está siendo actualmente investigado en el marco de la Operación Gürtel ya que el principal imputado en la trama, el empresario Francisco Correa, se jactaba en algunas de las conversaciones intervenidas por la policía de haberle entrego en mano mil millones de las antiguas pesetas. La policía habría puesto en manos de Garzón dos informes en los que se documentan pagos a una persona con las iniciales “L.B.”, por lo que el juez investiga si estas letras se corresponden con el tesorero del PP. Según El Mundo, en los próximos días podría dictarse un nuevo auto judicial que implicaría de manera expresa en la trama al dirigente popular.
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Grabaciones, facturas, pinchazos telefónicos y las declaraciones del sastre lo vinculan con la Operación Gürtel
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Grabaciones, facturas, pinchazos telefónicos y las declaraciones del sastre lo vinculan con la Operación Gürtel
V.V.
La implicación de Francisco Camps en la trama de corrupción de la Operación Gürtel ha sido, sin duda, una de las que más ha molestado al PP, cuya dirección nacional no deja de buscar argumentos para avalar su inocencia. El peor parado ha sido, quizás, José Tomás, el director de ventas primero de Milano y luego de Forever Young, las tiendas donde supuestamente las empresas de la trama de Francisco Correa habrían pagado los trajes para el president. Federico Trillo ha acusado al sastre, que perdió su trabajo dos días después de declarar ante Garzón, de mentir y ha dudado de su cualidad profesional. Sin embargo, las pruebas que obran en poder del magistrado dejan clara la vinculación de Camps con las empresas imputadas en el caso.
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Grabaciones, pinchazos telefónicos, facturas y las declaraciones del sastre José Tomás son las pruebas que maneja el juez Baltasar Garzón y que demuestran las vinculaciones del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la Operación Gürtel. El diario El País recuerda en su edición de hoy como, pese al empeño que los populares están poniendo para restar importancia a la implicación del jefe del PP valenciano -incluso han llegado a denunciar al sastre José Tomás-, Camps cerró contratos con las empresas de la trama y su nombre aparece en diversas declaraciones de personas citadas por el juez.
Pruebas que implican a Camps
Buscando salvaguardar la inocencia del dirigente valenciano, Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, arremetió contra José Tomás, el encargado de ventas de Milano y Forever Young, las firmas en las que las empresas de Correa habría comprado los trajes para Camps. Trillo, que negó que conociera al sastre, advirtió que éste miente sobre sus relaciones con el president, sin embargo, hay numerosas pruebas que demuestran lo contrario.
Grabaciones telefónicas
Al margen de las grabaciones telefónicas en las que una de las subordinadas de Correa, Isabel Jordán, aseguraba haber pagado personalmente una factura de 30.000 euros en trajes para Camps (una afirmación que la investigación apuntó como basada en datos reales), otro de los imputados en el caso, Álvaro Pérez El Bigotes, dejó claro a través de los pinchazos telefónicos que ha investigado Garzón que hacía gestiones, algunas de ellas privadas, para el presidente valenciano y también para su número dos, Ricardo Costa.
Facturas
Por otra parte, Garzón tiene en su poder documentos de empresas vinculadas a la trama y de las mencionadas tiendas de moda que dan una visión de los pagos efectuados. Existen, por un lado, pagos por parte de Orange Market (la filial valenciana de la trama) en Milano en 2006 de vestuario para Camps. También hay pagos en Forever Young de ropa del president y de otros cargos vinculados con la trama como Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Ricardo Costa, Pedro García y Rafael Betoret.
Pedidos para Camps
Estos últimos pagos, que oscilan entre los 3.200 y los 6.700 euros por persona, fueron abonados por transferencias bancarias y cheques procedentes de Servimadrid y Diseño Asimétrico, ambas dependientes del conglomerado de empresas de Correa. Entre las facturas, de los meses de junio y julio de 2007, figuran algunas notas de pedidos a favor del propio Camps.
El sastre confirmó las compras
Además, Tomás explicó ante el juez, y después lo ha hecho en varias ocasiones en la prensa, cómo Camps fue el destinatario de compras en 2008 pagadas por Orange Market mediante transferencias o incluso en efectivo. En declaraciones a la prensa, Tomás aseguró que desconoce si Camps pagó los trajes pero recordó que en ningún caso los pagó personalmente en la tienda, sino que Pablo Crespo era el encargado de correr con estos gastos.
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Lunes, 23 de Marzo de 2009
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diumenge, 22 de març del 2009
PP Vice. 22/03/2009.
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Táctica de intimidación
RAMÓN COTARELO
La respuesta del Partido Popular al incipiente proceso por presuntas corruptelas en su seno no puede ser más dañina para el sistema democrático y la funcionalidad de las instituciones. Casi política de tierra quemada. Empezó siendo un ataque a la legitimidad de las instituciones al poner en cuestión la imparcialidad de la justicia o el funcionamiento de los órganos legislativos (caso de la Asamblea de Madrid) o la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación ha pasado a tratar de amedrentar personalmente a los funcionarios y cargos responsables del funcionamiento de las instituciones.
Nadie puede negar que el Partido Popular como partido y su presidente en concreto han desatado una verdadera persecución del juez Garzón en todos los órdenes con una acumulación de recusaciones y denuncias, así como una sarta de descalificaciones de todo tipo que equivale a un acoso personal. La finalidad sólo puede ser intimidar al magistrado y conseguir su desistimiento como única forma de paralizar la acción de la justicia que está esclareciendo presuntos delitos cometidos por los militantes y cargos del partido.
A ello ha de sumarse la insólita y violenta diatriba del señor Cosidó, portavoz del Partido Popular en asuntos de seguridad en contra del ministro Pérez Rubalcaba y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que ha puesto bajo sospecha de partidismo con una irresponsabilidad que sólo cabe calificar de incendiaria. Después de amedrentar a los jueces, nada puede ser más dañino para el Estado de derecho que sembrar sospechas infundadas sobre la imparcialidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Que estos procedimientos los usen los terroristas está en la naturaleza de las cosas; que recurra a ellos un partido conservador rompe la lógica misma del sistema.
Cierra el ciclo la agresividad del señor Trillo en contra del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por no sancionar al juez Garzón según sus innumerables requisitorias de parte. Que el señor Trillo lo hiciera en un tono impertinente, por decirlo con suavidad, ya es grave, pero que el Partido Popular pretenda que la sociedad española acepte lecciones de ética de ningún tipo de alguien con la ejecutoria del señor Trillo en materia de responsabilidades políticas rebasa los límites de lo aceptable.
Ningún partido democrático puede reaccionar a la apertura de un proceso penal en un Estado de derecho cuestionando las instituciones, especialmente la administración de Justicia, y tratando de amedrentar a quienes las representan y gestionan, porque eso implica una falta de lealtad a las reglas del juego que no puede ir en beneficio sino de quienes, en verdad, no creen en la democracia ni en el imperio de la ley. El Estado democrático, con todo, tiene instrumentos suficientes para contrarrestar estas agresiones y, sobre todo, cuenta con la opinión pública ciudadana mayoritaria, que ayudará a conseguirlo manifestando su apoyo a las personas y cuerpos sometidos a intimidación. El resultado se verá en las próximas elecciones europeas.
Ramón Cotarelo es Catedrático en Ciencias Políticas
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Mar 21
El precio del ninot indultat
Tag: Espías de Madrid, La semana, PP — Ignacio Escolar @ 9:01 pm
« Rajoy, de alfeñique a líder carismático
Pasó la noche del fuego, la nit de la cremá, y en las cenizas de las Fallas Mariano Rajoy enterró el pasado. El líder del PP hizo la mili en Valencia. Dos veces. A los veinte años, cuando por primera vez sintió en su pecho el tamborileo trepidante de los petardos de una mascletá. Y la segunda el año pasado, cuando del congreso del PP en Valencia salió como el Cid, vencedor después de muerto.
Las Fallas, como casi todas las fiestas, nacieron como una celebración pagana, la del gremio de los carpinteros, que una vez al año limpiaban a fondo sus talleres y quemaban los despojos en grandes hogueras. A uno de ellos, un visionario, se le ocurrió vestir con ropa a una de las piezas y colgarle un cartel irónico. Y así, de la sátira, del deseo de la hoguera, nació la tradición. Más tarde, algún obispo, algún Borja, cuadró el santoral y pasó la noche de las hogueras a la noche del 19, al día de San José, patrón de los carpinteros.
El ninot indultat es un invento moderno: de 1934. Desde esa fecha, cada año hay un muñeco que se salva de la quema, que sobrevive a la nit de la cremá para pasar a la historia. Es uno, sólo uno, y se libra del fuego por votación popular. El ganador oficial de este año se llama “queridas mascotas” y es una niña vestida de fallera que juega con un perro, su mascota. El ganador extraoficial va vestido de Milano, con ceñidor italiano, y es un presidente autonómico imputado por aceptar sobornos. No ha sido la votación popular sino su mascota, Mariano Rajoy, quien le ha salvado de la quema, aunque su indulto dista mucho de durar para toda la historia.
De todos los argumentos que ha usado la derecha política y mediática para defender a Francisco Camps desde que Garzón enseñó algunas de sus cartas, desde que el famoso sastre explicó su historia, el más tramposo es el del precio. Un presidente autonómico no se vendería por algo tan barato, por sólo 12.783 euros en trajes y chalecos de fantasía, repiten sus defensores. Camps no es tan tonto como para dejarse comprar por tres trapos cuando además los trajes le podrían salir gratis igual como gastos de protocolo, dicen ahora los mismos que en su día criminalizaron a Pilar Miró. ¿A quién vas a creer? ¿A un sastre que ni siquiera es sastre o a todo un presidente autonómico, con su camisita y su canesú?, repiten desesperados.
Busquemos guía y luz en el marxismo, en los hermanos Marx. Preguntaba Groucho en uno de sus diálogos más celebrados: “Señorita, ¿se acostaría usted conmigo por un millón de dólares?. “Por supuesto”, respondía ella. “¿Y por un dolar”, repreguntaba Groucho. “Qué se cree usted que soy”, contestaba la dama, ofendida. “Eso ya ha quedado claro con la primera pregunta, ahora estamos negociando el precio”.
“Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, decía Ricardo Darín en la genial Nueve Reinas. “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes”, recalcaba en la misma escena Darín haciendo una versión argentina de un dicho universal: todo el mundo tiene un precio. ¿Lo tiene Camps?
De demostrarse las gravísimas acusaciones que se le imputan, que su precio fuese popular, a la medida de todos los corruptos –tarifa Dacia Logan, no Jaguar V8– sería un agravante, no un eximente político: todo el mundo tiene un precio y el de Camps es de sólo 12.783 euros. Todo el mundo tiene un precio y el del presidente de la Generalitat valenciana sería tan barato que a saber qué no haría si la propuesta indecente fuese mayor. Todo el mundo tiene un precio y los había en Valencia que pasaban factura al Ministerio de Trabajo hasta de los chicles Trident. De las facturas de los trajes de Camps, sin embargo, nada se sabe.
El president de la Generalitat, que lleva semanas esquivando las preguntas de los periodistas, no sólo no aclara nada, no explica si pagó o no pagó esos trajes, sino que obliga con ello a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría a elucubrar magistrales teorías económicas sobre la vida y la moneda. “Hay cosas que se pagan en metálico, cosas que se pagan con tarjeta, con transferencia… ¡es la vida misma!”, dice la mala Soraya, que no concreta a cuál de los tres subconjuntos de la vida misma pertenecen los 12.783 euros de Camps. Como dice otro presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, “si se probase que esos trajes se los han regalado sería terrible: quién coge poco, coge mucho”.
Mientras la Justicia aclara si Camps tiene una tarifa alta, baja o inexistente, el precio político que ha pagado Rajoy con su indulto resulta evidente. Por parecidas imputaciones, el PP ha suspendido de militancia o ha obligado a dimitir a la mayoría de los acusados por Garzón. A todos menos a dos: a Camps y a su número dos, el hermano de Kennedy, Ricardo Costa. Rajoy cubre así, con lealtad a la medida, las deudas de su segunda mili: el crucial apoyo de Camps cuando la lideresa amagó con asaltar el congreso de Valencia.
El indulto a Camps no le sale barato a Rajoy: no sólo liga su imagen política a la de un maniquí que puede acabar condenado por su buena percha, sino que también le ha obligado a ser igual de magnánimo con otros a los que no deseaba perdonar. De la misma nit de la cremá han salido indultados otros ninots de cara menos amable para el PP de Génova: los muñecos de la corte de Aguirre. Rajoy ha aprovechado el puente madrileño de San José –con festivalidad y alevosía– para dar carpetazo a la investigación interna sobre el espionaje en la villa y corte.
En Génova, más que por los anacletos, se muestran preocupados por las sombras de corrupción que manchan el gobierno de Aguirre: de la mansión de Granados al profesor de pádel de Ignacio González. En Madrid, donde la policía judicial no descansa, inquieta que la Operación Gürtel crezca aún más y el incendio suba a las plantas donde se pisa moqueta. Es lo malo del fuego: una vez encendida, la hoguera es muy difícil de frenar.
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Traduccion inversa
Por Joan Garí
La larga agonía del ‘President’ Camps
Conforme se incrementan las noticias sobre el caso Camps, nuestra zozobra va en aumento. Teníamos al President de la Generalitat Valenciana por un político insustancial, beato, fachilla, tan estimulante intelectualmente como la merluza hervida. Lo que no nos esperábamos es que fuera un sinvergüenza y, especialmente, que se vendiera presuntamente por medio plato de lentejas. ¡Hombre, Camps, un poquito de por favor!
No le han faltado reflejos, sin embargo, para contraatacar cuando se ha sentido acorralado. Al pobre hombre le acusan de haber aceptado sobornos en especie en forma de trajes, que él se encargó de lucir en todos esos eventos con que ha dilapidado nuestros impuestos: la America’s Cup, la Fórmula 1, la visita del Papa… Una forma sencilla de desmentirlo hubiera sido presentar las correspondientes facturas. En lugar de eso, sin embargo, salió en tromba con todo su gobierno y proclamó, enfundado en un terno que no le tocaba el cuerpo, que quien estaba siendo atacada era “toda la Comunidad Valenciana”. La fórmula debió de gustarle, porque la injertó en uno de sus lacayos, el presidente de la Feria de Valencia, Alberto Catalá. Catalá, que también adjudicó algunos contratillos a Orange Market, repitió el otro día que “quien trata de ofender y dañar a Camps ofende y daña a la Comunidad Valenciana”.
Convendrán conmigo que todo esto, desde el punto de vista zoológico, es muy interesante. En realidad la fórmula original es de Jordi Pujol. Es conocido que, cuando arreciaron sobre el Molt Honorable del norte las acusaciones por el caso Banca Catalana, Pujol se defendió aduciendo que a quien se atacaba en su nombre era a Cataluña. En su lógica, puesto que “Madrid” era la capital de una nación rival a la suya, todo se reducía a un conflicto nacionalista. Pero Camps es más español que el no saber idiomas. No es que no tenga nada que ver con el modelo de derecha tolerante y culta de Convergència i Unió, es que para el hombre de Milano la capital de su única nación es Madrid. Y por eso resulta un poco ridículo clamar ahora que “Madrid” nos ataca.
No, Paquito. Si resultas ser un chorizo, lo serás tú solo, no cinco millones de valencianos. A ver si ahora, además de corrupto, nos vas a salir megalómano.
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Carlos Fabra edita un libro que niega el golpe militar de 1936 y justifica a Franco
El autor defiende que el dictador ayudó a crear en España"un régimen de justicia, paz, orden y armonía para todos"
Alfons Garcia, Valencia
La Diputación de Castelló ha editado un libro del coronel José Luis Lapeña Carrasco (1929-2005) que cuestiona que el levantamiento de 1936 fuera un golpe militar y justifica las actuaciones de Francisco Franco que dieron lugar a la Guerra Civil. Franco, escribe el oficial, colaboró a partir del 18 de julio de 1936 con las demás fuerzas sublevadas "con el fin de dar a España un régimen de justicia, paz, orden y armonía para todos los españoles".
La obra fue presentada por el vicepresidente y diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, durante la Feria del Libro de Castelló, en mayo de 2008, pero pasó sin pena ni gloria. El documento contiene, sin embargo, afirmaciones que pueden ser muy polémicas y que chocan con la historiografía establecida.
El libro, que se llama "España, sueño imposible", sostiene que la guerra no fue "un golpe militar al estilo de los del siglo XIX", sino que se trató un conflicto entre dos partes "con ideas distintas e irreconciliables". En la zona "nacional", prevaleció "la visión del mundo de la clase media española, con sus valores y con sus defectos"; en la "republicana" -nótese la diferencia en los juicios-, se intentó "de cara al exterior disimular una mercancía anarquista, sindicalista o comunista, claramente proletaria, con la bandera de un liberalismo burgués, tranquilo y europeo, que conseguirá engañar durante algún tiempo a muchos ingenuos".
Así, mientras "la conciencia religiosa" dio "razón y sentido a toda una generación de jóvenes" que fueron "a la muerte alegremente por su fe" (los franquistas), la "exaltación revolucionaria" produjo en el otro bando "un espíritu de lucha y una tenacidad dignos de mejor causa".
El "golpe" del Frente PopularSi el alzamiento "nacional" no fue un golpe militar, según Lapeña, sí que lo fue, en cambio, lo que se produjo tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Este triunfo "había dado a trabajadores, parados y revolucionarios, una patente de impunidad alejada de todo principio de orden y autoridad". El Gobierno salido de las urnas, insiste, no hizo "otra cosa que ceder constantemente, ante el empuje revolucionario", que quiso "imponerse y dominar toda España". "Era un auténtico golpe de Estado" que tenía como modelo la revolución rusa.
La tesis del coronel es contraponer un intento de rebelión de corte bolchevique manejada desde Moscú -"la URSS actuaba en España como si esta fuese una República Socialista Soviética más", dice- con la resistencia de las clases medias españolas contra el comunismo y a favor del catolicismo. El autor subraya así el apoyo de Pío XI al "Movimiento Nacional" y la declaración del cardenal primado de Toledo, Isidro Gomá: "Debe reconocerse que la guerra de España es una verdadera cruzada en pro de la religión católica". Lapeña asegura que "el Generalísimo aceptaba las sugerencias en materia de religión porque el pueblo español se lo pedía". Y añade que, después de las preocupaciones en la Iglesia por el "totalitarismo nazi", Franco contestó a Gomá que "jamás permitiría la extensión del racismo hitleriano en España".
Lapeña sostiene en el epílogo que los países europeos acabaron reconociendo esta visión sobre la guerra: "Desenmascarada Rusia, las potencias occidentales acabarán reconociendo el esfuerzo de España frente al comunismo, cuya verdadera fisonomía llegarán a descubrir después de la Guerra de Vietnam".
La obra recorre la historia en busca de "los rasgos esenciales del "homo hispanicus"", pero Lapeña, como subraya Fabra en las páginas de presentación, se explaya en los momentos más cercanos dado su "gran conocimiento de causa".
El "Jefe" de un ejército "único"Así, dice de Franco que, pese a no existir una unidad política en la zona "nacional", él "era el Jefe que ganaría la guerra, como mejor militar". Los distintos grupos de este bando, añade, se unieron en "una alianza asombrosa que supo llevar a la victoria a un ejército único y eficaz". Las tesis de Lapeña se inscriben en la línea revisionista abierta por autores como Stanley G. Payne, Pío Moa y César Vidal desde finales de los noventa, momento que coincide con la redacción del libro del militar de Castelló (1998).
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García informará en las Corts sobre el contrato-programa de RTVV y G.Camps sobre Terra Mítica
El director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Pedro García, comparecerá la semana que viene para informar sobre el contrato-programa del ente público en Les Corts Valencianes, donde también acudirá el conseller de Economía, Gerardo Camps, para hablar de Terra Mítica.
EFE
La actividad parlamentaria de la próxima semana, en la que no habrá pleno, se centrará en el trabajo de las comisiones, de las que se reunirán seis entre el martes y el miércoles, y donde también están previstas las comparecencias del vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la de la consellera de Cultura, Trinidad Miró. El contrato-programa de RTVV está previsto que entre en vigor este año y supondrá un cambio en la forma de financiación que compatibilizará los ingresos de publicidad ligados a la actividad del grupo y las aportaciones públicas.
El responsable de RTVV comparecerá el jueves por la tarde en la comisión de control del ente, a petición del grupo socialista, donde además del contrato-programa hablará de otras cuestiones como el proceso de elección del comité de redacción de la cadena pública y la puesta en marcha del canal 24.9. García también deberá informar a la comisión sobre la manifestación convocada el pasado mes de noviembre por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, un tema que asimismo será objeto de debate en la comisión, que también se pronunciará sobre los criterios informativos de Televisión Valenciana.
La comisión de Economía, en la que tiene que comparecer Gerardo Camps, también se reunirá el jueves por la tarde, para que, a petición del grupo socialista, el conseller informe sobre la evolución y las perspectivas de la inversión que la Generalitat mantiene en Terra Mítica.
La situación actual, perspectivas y plazos de ejecución del proyecto Centro de Ocio Mundo Ilusión de Castellón será otro de los puntos objeto de la comparecencia de Camps, quien igualmente responderá a una pregunta sobre subvenciones a personas desempleadas.
La comparecencia de la consellera de Cultura será el martes en la comisión de Educación y Cultura, donde Compromís le pedirá que informe sobre los trabajos arqueológicos realizados en el proyecto del paso del trolebús por el parque Ribalta de Castellón, y donde también se debatirá una proposición no de ley de EU sobre Educación para la Ciudadanía.
Vicente Rambla, por su parte intervendrá el martes por la tarde en la comisión de Gobernación y Administración Local, a petición del grupo socialista, para dar cuenta de las repercusiones de la sentencia que deja sin efecto el nombramiento de José Marí Olano como Abogado General de la Generalitat. El miércoles será el turno de la comisión de Obras Públicas y Transportes y el jueves por la mañana lo hará la comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo.
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La edición se retrasó durante varios años
EUPV exige la retirada del libro
El PSPV habla de "insulto a los demócratas"
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Trillo dispara de nuevo al pianista
Dirige la estrategia judicial del PP desde hace 20 años, con ataques a jueces que investigan al partido
FERNANDO GAREA - Madrid - 22/03/2009
Federico Trillo-Figueroa recuerda siempre que, cuando él era vicepresidente del Congreso y le solía hacer la vida imposible a Félix Pons, ambos institucionalizaron la hora del té. Entre sorbo y sorbo, en un ambiente muy británico, el entonces presidente de la Cámara le repetía: "Federico, los argumentos son siempre de ida y vuelta". Por eso, mientras en 1995 Trillo defendía al juez Baltasar Garzón de las acometidas del PSOE por su investigación sobre los GAL, ahora es él quien encabeza la ofensiva del PP contra el magistrado para hacer frente al sumario sobre la trama corrupta formada en torno a Francisco Correa. Y, por eso, él fue el ariete contra la corrupción del PSOE en la última legislatura de Felipe González y ahora actúa como abogado defensor del PP.
Federico Trillo
A FONDO
El 'caso Naseiro' fue al final 'caso Manglano' y ahora busca el 'caso Garzón'
Trillo es la línea de continuidad del PP desde que era Alianza Popular hasta ahora. Desde Manuel Fraga a Mariano Rajoy, pasando por José María Aznar y Antonio Hernández Mancha. Es el único dirigente de aquella época que mantiene poder en el partido, capacidad de influencia y peso para decidir la estrategia. Le sigue de cerca Javier Arenas.
Para demostrarlo basta relatar que Trillo viajó el 26 de agosto de 1989 a Perbes (A Coruña), junto a Francisco Álvarez-Cascos, Juan José Lucas y Rodrigo Rato, a visitar a Manuel Fraga para pedirle que designara a Aznar líder del partido y desistiera de proponer a Isabel Tocino. O que ese año redactó los estatutos del PP refundado de Aznar y que en el último congreso del partido, celebrado en Valencia en junio pasado, también ha hecho los estatutos. Con el paréntesis de los ocho años de gobierno de Aznar en los que fue presidente del Congreso y ministro de Defensa, toda la estrategia judicial y cualquier informe legal del partido lo ha hecho siempre Trillo. No ha dejado de ser nunca el nexo entre el PP y los tribunales.
Todo empezó a mediados de los 80, en un despacho del número 21 de la calle de Zorrilla, junto al Congreso, en la asesoría legal de lo que era Coalición Popular, de la que formaba parte AP. Junto a él trabajaban Manuel Pizarro, Miguel Herrero de Miñón, Cristóbal Montoro, Francisco Álvarez-Cascos y, en ocasiones, Mariano Rajoy. De entonces, algunos recuerdan cómo Trillo le hacía la vida imposible a Hernández Mancha, a la sazón presidente del partido. Circulaba una malvada y apócrifa frase sobre Trillo: "Si le dejas solo en una habitación es capaz de apuñalarse a sí mismo". Se atribuye a Aznar, pero podría ser de Cascos, porque en la sede de la calle de Génova aún resuenan los ecos de los enfrentamientos entre los dos compañeros irreconciliables de partido.
La mano de Trillo está en recursos de AP ante el Constitucional en los años 80, tan sonados como el del aborto -con José María Ruiz Gallardón, padre del actual alcalde de Madrid-, el del decreto de expropiación de Rumasa y el que tumbó parte de la ley Corcuera. También en recursos como el que limitó el abuso de las leyes de acompañamiento de los Presupuestos o el que posibilitó decidir entre declaraciones conjuntas o separadas para el IRPF.
Ya con Aznar al frente del PP, Trillo tuvo una intervención destacada en la estrategia para desactivar el caso Naseiro. En plena semana santa de 1990, el partido, entonces en la oposición y en plena transición de líderes, se enfrentó a la detención de su tesorero, Rosendo Naseiro, por orden de un juez de Valencia llamado Luis Manglano. Había pruebas, cintas grabadas y testimonios de financiación del partido e implicación de dirigentes como Eduardo Zaplana. Pero todo quedó en nada porque las pruebas fueron anuladas. Venció la intensa estrategia del PP para desacreditar al juez y a algunos de los testigos. Por ejemplo, llevaron a uno de los implicados, Salvador Palop, concejal del PP de Valencia, ante el psiquiatra López-Ibor para presentar al juez como un desalmado que presiona a un testigo hasta un extremo intolerable. El equipo en el que estaba Trillo no paró hasta convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Algo así como el vaquero que entra en la cantina y no dispara al forajido, sino al pianista. Si se cambia Naseiro por Correa, Manglano por Garzón y Zaplana por Camps se completa la ecuación de la estrategia de manual que ejecuta estos días Trillo. Lo mismo que hizo hace 18 años. En esa época le tocó hacer la vida imposible a Manglano y ahora a Garzón. Cumpliendo la máxima de que los argumentos son de ida y vuelta, para hacer frente a la trama de corrupción, nada mejor que presentar al juez como un corrupto. El pianista era Manglano y ahora es Garzón.
Y como los argumentos van y vienen, tras enterrar el caso Naseiro, Trillo cogió la bandera de la lucha contra la corrupción en la etapa de Felipe González. Él firmó la querella contra la cúpula de Interior por el uso ilegal de los fondos reservados. Él, con argumentos que entonces iban y ahora vuelven, hizo de ariete contra la corrupción del PSOE por el caso Filesa y en defensa del juez Marino Barbero, atacado por los socialistas. Y él dirigió la actuación de su partido por el caso Juan Guerra, por el caso Roldán y por los papeles falsos de Laos. Entre 1996 y 2004 hizo un paréntesis en su carrera como abogado del PP para ser presidente del Congreso y ministro de Defensa. Con él en Defensa, España participó en la guerra de Irak y se produjeron el accidente del Yakolev y los errores en la identificación de los cadáveres de las víctimas. El lunes empieza el juicio a militares por este caso. Él siempre ha sostenido que no debía asumir responsabilidad política alguna.
Tras la catástrofe electoral del PP en 2004, se convirtió en diputado de a pie pero sin abandonar su capacidad de influencia sobre Rajoy. Tuvo papel estelar en la redacción del recurso contra el Estatuto de Cataluña ante el Constitucional y contra leyes como la de Igualdad, la de matrimonios homosexuales y la de violencia de género. Y en la redacción de estatutos de autonomía como el de Andalucía, con argumentos de ida y vuelta calcados de artículos del catalán que él mismo recurrió.
En esa etapa de judicialización de leyes, Trillo también disparó contra el pianista. Con recusaciones en cadena, disparó contra los magistrados del Constitucional que aporreaban las teclas. "Intento de abuso de derecho o fraude procesal, con fundadas sospechas de que las recusaciones se formularon para alterar la composición del Pleno", sentenció con severidad el Constitucional en diciembre de 2007 para rechazar su intento de apartar a tres magistrados de la deliberación sobre los recursos al Estatuto catalán. Utilizó una información sobre una supuesta conversación en el seno del tribunal cuya publicación forzó el propio PP. Ese disparo no alcanzó al pianista. Tampoco el que hizo contra la presidenta, María Emilia Casas, por un informe que hizo su marido. Sí dio de lleno el misil que lanzó contra el magistrado Pérez Tremps, al que apartó de esa deliberación.
En esta legislatura ha ascendido a responsable de Justicia e Interior del PP y su poder crece como negociador de los dos únicos pactos de Estado formalizados: el de justicia y el de terrorismo. Entre argumentos que van y vienen, exige responsabilidades políticas a Bermejo, denuncia a Garzón y arremete contra el jefe de la Policía Judicial, mientras mantiene contacto fluido con el ministro Rubalcaba sobre lucha contra ETA. Y al sastre de Camps le aplica la misma medicina que a Palop para desacreditar su testimonio. Hoy, como cada domingo, Trillo se subirá a la bicicleta para hacer un puñado de kilómetros.
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Valmor recibe fondos públicos para financiar la Fórmula 1
El IVF concede un préstamo al gestor del Gran Premio de Europa
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 22/03/2009
Valmor Sports, empresa encargada del montaje de los elementos efímeros del circuito urbano de Valencia y de los derechos comerciales y deportivos del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que se celebrará en la ciudad de Valencia hasta 2015, solicitó con éxito un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el brazo financiero de la Generalitat, según confirmó un portavoz oficial de la Consejería de Hacienda.
Bancaja controla un tercio de la sociedad que gestiona el evento
Valmor "recibe financiación a través de diversos canales"
Valmor Sports es una sociedad participada a partes iguales por Fernando Roig, que ejerce como presidente, por Jorge Martínez Aspar, consejero delegado, y por Bancaja, la primera entidad financiera de la Comunidad Valenciana.
Valmor Sports surgió como gestor de los derechos deportivos y comerciales del gran premio de Valencia cuando Bernie Ecclestone, patrón mundial del circo de la Fórmula 1, irrumpió en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 para vincular el contrato para organizar un gran premio en Valencia con el triunfo electoral del Francisco Camps y Rita Barberá. "Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él", explicó Ecclestone en una comparecencia pública junto al presidente y la alcaldesa de Valencia el 10 de mayo de 2007.
"Luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podrá hace mejor este trabajo por la fórmula 1". Ecclestone debía anunciar la firma del contrato para organizar un gran premio en Valencia en agosto de 2008, pero dijo: "Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones".
Camps viajó a Londres el 2 de junio, cinco días después de las elecciones, para asistir a la firma del contrato entre Ecclestone y Roig.
El primer gran premio de Europa se celebró en agosto de 2008. La Generalitat invirtió al menos 64 millones de euros para acondicionar el circuito en torno a la dársena interior del Puerto de Valencia.
Valmor cerró el ejercicio con un beneficio en torno a 9.000 euros, según los datos no oficiales ofrecidos por la sociedad a Bancaja.
Ni el Instituto Valenciano de Finanzas ni Valmor Sports cifraron la cuantía del préstamo alegando que la gestora del evento es una empresa privada.Un portavoz de la Consejería de Hacienda explicó que Valmor Sports, "como cualquier otra empresa", solicitó fondos para determinadas "inversiones". La misma fuente evitó precisar el destino de los fondos o cifrar la cuantía del préstamo concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) alegando que nunca se hacen públicos asuntos relativos a empresas privadas.
Un portavoz de Valmor Sports explicó que la sociedad "recibe financiación a través de diversos canales" y evitó confirmar siquiera que la empresa haya recibido fondos del IVF.
Jorge Martínez Aspar, consejero delegado de Valmor Sports, confirmó hace dos semanas que Ecclestone mantenía el canon anual por la cesión de la gestión de los derechos del gran premio de Fórmula 1 de Valencia en 18 millones de euros. También apuntó que Valmor Sports negociaba alguna mejora con Formula One Management en las condiciones de la cesión de derechos para poder mantener el precio de las entradas entre 200 euros, las más baratas, y 500 euros, las más caras.
Enrique Pérez Boada, director general del IVF, explicó en su última comparecencia pública que "la crisis de liquidez que se está viviendo en el sistema bancario internacional ha provocado una fuerte contracción del crédito en el sistema financiero español y este hecho está afectando negativamente al tejido empresarial valenciano". "Por ello", seguía el propio Boada, "estamos realizando un importante esfuerzo inversor para paliar los efectos negativos que esta situación conlleva entre nuestras empresas, que requieren un impulso financiero importante para mantener altos niveles de productividad y continuar siendo competitivas".
Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, lamentaba hace poco el exceso de celo de las entidades financieras de la Comunidad Valenciana a la hora de distribuir entre las empresas valencianas una línea de financiación de 200 millones de euros puesta a su disposición por el instrumento financiero de la Generalitat.
El IVF financia hasta el 75% de inversiones desarrolladas por empresas valencianas que puedan repercutir positivamente en la economía regional. En condiciones normales, el préstamo mínimo es de 50.000 euros.
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De la vieja guardia, mantiene su influencia sobre Rajoy
Trillo, abogado del PP
Edita un libro que defiende a Franco y niega que el levantamiento fuera un golpe militar
Fabra, de presunto corrupto a presunto nostálgico del franquismo
Acusa a Fabra de editarlo con el "dinero público" y de no tener ninguna sensibilidad
Esquerra Unida exige la retirada del libro franquista
La relación de Michavila con implicados en el caso Gürtel provoca que el Congreso busque transparencia
El pluriempleo de los diputados estará más regulado
El magnate leonés esta imputado en la Operación Gürtel
La Generalitat Valenciana admite ahora que una emisora de Ulibarri pirateaba a través del ente público
La Roda (Albacete) y Cartagena adjudican obras a empresas de su entorno
¿A qué dedican los populares el Fondo Estatal de Inversión en los ayuntamientos?
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Táctica de intimidación
RAMÓN COTARELO
La respuesta del Partido Popular al incipiente proceso por presuntas corruptelas en su seno no puede ser más dañina para el sistema democrático y la funcionalidad de las instituciones. Casi política de tierra quemada. Empezó siendo un ataque a la legitimidad de las instituciones al poner en cuestión la imparcialidad de la justicia o el funcionamiento de los órganos legislativos (caso de la Asamblea de Madrid) o la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación ha pasado a tratar de amedrentar personalmente a los funcionarios y cargos responsables del funcionamiento de las instituciones.
Nadie puede negar que el Partido Popular como partido y su presidente en concreto han desatado una verdadera persecución del juez Garzón en todos los órdenes con una acumulación de recusaciones y denuncias, así como una sarta de descalificaciones de todo tipo que equivale a un acoso personal. La finalidad sólo puede ser intimidar al magistrado y conseguir su desistimiento como única forma de paralizar la acción de la justicia que está esclareciendo presuntos delitos cometidos por los militantes y cargos del partido.
A ello ha de sumarse la insólita y violenta diatriba del señor Cosidó, portavoz del Partido Popular en asuntos de seguridad en contra del ministro Pérez Rubalcaba y de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, a las que ha puesto bajo sospecha de partidismo con una irresponsabilidad que sólo cabe calificar de incendiaria. Después de amedrentar a los jueces, nada puede ser más dañino para el Estado de derecho que sembrar sospechas infundadas sobre la imparcialidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Que estos procedimientos los usen los terroristas está en la naturaleza de las cosas; que recurra a ellos un partido conservador rompe la lógica misma del sistema.
Cierra el ciclo la agresividad del señor Trillo en contra del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por no sancionar al juez Garzón según sus innumerables requisitorias de parte. Que el señor Trillo lo hiciera en un tono impertinente, por decirlo con suavidad, ya es grave, pero que el Partido Popular pretenda que la sociedad española acepte lecciones de ética de ningún tipo de alguien con la ejecutoria del señor Trillo en materia de responsabilidades políticas rebasa los límites de lo aceptable.
Ningún partido democrático puede reaccionar a la apertura de un proceso penal en un Estado de derecho cuestionando las instituciones, especialmente la administración de Justicia, y tratando de amedrentar a quienes las representan y gestionan, porque eso implica una falta de lealtad a las reglas del juego que no puede ir en beneficio sino de quienes, en verdad, no creen en la democracia ni en el imperio de la ley. El Estado democrático, con todo, tiene instrumentos suficientes para contrarrestar estas agresiones y, sobre todo, cuenta con la opinión pública ciudadana mayoritaria, que ayudará a conseguirlo manifestando su apoyo a las personas y cuerpos sometidos a intimidación. El resultado se verá en las próximas elecciones europeas.
Ramón Cotarelo es Catedrático en Ciencias Políticas
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Mar 21
El precio del ninot indultat
Tag: Espías de Madrid, La semana, PP — Ignacio Escolar @ 9:01 pm
« Rajoy, de alfeñique a líder carismático
Pasó la noche del fuego, la nit de la cremá, y en las cenizas de las Fallas Mariano Rajoy enterró el pasado. El líder del PP hizo la mili en Valencia. Dos veces. A los veinte años, cuando por primera vez sintió en su pecho el tamborileo trepidante de los petardos de una mascletá. Y la segunda el año pasado, cuando del congreso del PP en Valencia salió como el Cid, vencedor después de muerto.
Las Fallas, como casi todas las fiestas, nacieron como una celebración pagana, la del gremio de los carpinteros, que una vez al año limpiaban a fondo sus talleres y quemaban los despojos en grandes hogueras. A uno de ellos, un visionario, se le ocurrió vestir con ropa a una de las piezas y colgarle un cartel irónico. Y así, de la sátira, del deseo de la hoguera, nació la tradición. Más tarde, algún obispo, algún Borja, cuadró el santoral y pasó la noche de las hogueras a la noche del 19, al día de San José, patrón de los carpinteros.
El ninot indultat es un invento moderno: de 1934. Desde esa fecha, cada año hay un muñeco que se salva de la quema, que sobrevive a la nit de la cremá para pasar a la historia. Es uno, sólo uno, y se libra del fuego por votación popular. El ganador oficial de este año se llama “queridas mascotas” y es una niña vestida de fallera que juega con un perro, su mascota. El ganador extraoficial va vestido de Milano, con ceñidor italiano, y es un presidente autonómico imputado por aceptar sobornos. No ha sido la votación popular sino su mascota, Mariano Rajoy, quien le ha salvado de la quema, aunque su indulto dista mucho de durar para toda la historia.
De todos los argumentos que ha usado la derecha política y mediática para defender a Francisco Camps desde que Garzón enseñó algunas de sus cartas, desde que el famoso sastre explicó su historia, el más tramposo es el del precio. Un presidente autonómico no se vendería por algo tan barato, por sólo 12.783 euros en trajes y chalecos de fantasía, repiten sus defensores. Camps no es tan tonto como para dejarse comprar por tres trapos cuando además los trajes le podrían salir gratis igual como gastos de protocolo, dicen ahora los mismos que en su día criminalizaron a Pilar Miró. ¿A quién vas a creer? ¿A un sastre que ni siquiera es sastre o a todo un presidente autonómico, con su camisita y su canesú?, repiten desesperados.
Busquemos guía y luz en el marxismo, en los hermanos Marx. Preguntaba Groucho en uno de sus diálogos más celebrados: “Señorita, ¿se acostaría usted conmigo por un millón de dólares?. “Por supuesto”, respondía ella. “¿Y por un dolar”, repreguntaba Groucho. “Qué se cree usted que soy”, contestaba la dama, ofendida. “Eso ya ha quedado claro con la primera pregunta, ahora estamos negociando el precio”.
“Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, decía Ricardo Darín en la genial Nueve Reinas. “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes”, recalcaba en la misma escena Darín haciendo una versión argentina de un dicho universal: todo el mundo tiene un precio. ¿Lo tiene Camps?
De demostrarse las gravísimas acusaciones que se le imputan, que su precio fuese popular, a la medida de todos los corruptos –tarifa Dacia Logan, no Jaguar V8– sería un agravante, no un eximente político: todo el mundo tiene un precio y el de Camps es de sólo 12.783 euros. Todo el mundo tiene un precio y el del presidente de la Generalitat valenciana sería tan barato que a saber qué no haría si la propuesta indecente fuese mayor. Todo el mundo tiene un precio y los había en Valencia que pasaban factura al Ministerio de Trabajo hasta de los chicles Trident. De las facturas de los trajes de Camps, sin embargo, nada se sabe.
El president de la Generalitat, que lleva semanas esquivando las preguntas de los periodistas, no sólo no aclara nada, no explica si pagó o no pagó esos trajes, sino que obliga con ello a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría a elucubrar magistrales teorías económicas sobre la vida y la moneda. “Hay cosas que se pagan en metálico, cosas que se pagan con tarjeta, con transferencia… ¡es la vida misma!”, dice la mala Soraya, que no concreta a cuál de los tres subconjuntos de la vida misma pertenecen los 12.783 euros de Camps. Como dice otro presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, “si se probase que esos trajes se los han regalado sería terrible: quién coge poco, coge mucho”.
Mientras la Justicia aclara si Camps tiene una tarifa alta, baja o inexistente, el precio político que ha pagado Rajoy con su indulto resulta evidente. Por parecidas imputaciones, el PP ha suspendido de militancia o ha obligado a dimitir a la mayoría de los acusados por Garzón. A todos menos a dos: a Camps y a su número dos, el hermano de Kennedy, Ricardo Costa. Rajoy cubre así, con lealtad a la medida, las deudas de su segunda mili: el crucial apoyo de Camps cuando la lideresa amagó con asaltar el congreso de Valencia.
El indulto a Camps no le sale barato a Rajoy: no sólo liga su imagen política a la de un maniquí que puede acabar condenado por su buena percha, sino que también le ha obligado a ser igual de magnánimo con otros a los que no deseaba perdonar. De la misma nit de la cremá han salido indultados otros ninots de cara menos amable para el PP de Génova: los muñecos de la corte de Aguirre. Rajoy ha aprovechado el puente madrileño de San José –con festivalidad y alevosía– para dar carpetazo a la investigación interna sobre el espionaje en la villa y corte.
En Génova, más que por los anacletos, se muestran preocupados por las sombras de corrupción que manchan el gobierno de Aguirre: de la mansión de Granados al profesor de pádel de Ignacio González. En Madrid, donde la policía judicial no descansa, inquieta que la Operación Gürtel crezca aún más y el incendio suba a las plantas donde se pisa moqueta. Es lo malo del fuego: una vez encendida, la hoguera es muy difícil de frenar.
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Traduccion inversa
Por Joan Garí
La larga agonía del ‘President’ Camps
Conforme se incrementan las noticias sobre el caso Camps, nuestra zozobra va en aumento. Teníamos al President de la Generalitat Valenciana por un político insustancial, beato, fachilla, tan estimulante intelectualmente como la merluza hervida. Lo que no nos esperábamos es que fuera un sinvergüenza y, especialmente, que se vendiera presuntamente por medio plato de lentejas. ¡Hombre, Camps, un poquito de por favor!
No le han faltado reflejos, sin embargo, para contraatacar cuando se ha sentido acorralado. Al pobre hombre le acusan de haber aceptado sobornos en especie en forma de trajes, que él se encargó de lucir en todos esos eventos con que ha dilapidado nuestros impuestos: la America’s Cup, la Fórmula 1, la visita del Papa… Una forma sencilla de desmentirlo hubiera sido presentar las correspondientes facturas. En lugar de eso, sin embargo, salió en tromba con todo su gobierno y proclamó, enfundado en un terno que no le tocaba el cuerpo, que quien estaba siendo atacada era “toda la Comunidad Valenciana”. La fórmula debió de gustarle, porque la injertó en uno de sus lacayos, el presidente de la Feria de Valencia, Alberto Catalá. Catalá, que también adjudicó algunos contratillos a Orange Market, repitió el otro día que “quien trata de ofender y dañar a Camps ofende y daña a la Comunidad Valenciana”.
Convendrán conmigo que todo esto, desde el punto de vista zoológico, es muy interesante. En realidad la fórmula original es de Jordi Pujol. Es conocido que, cuando arreciaron sobre el Molt Honorable del norte las acusaciones por el caso Banca Catalana, Pujol se defendió aduciendo que a quien se atacaba en su nombre era a Cataluña. En su lógica, puesto que “Madrid” era la capital de una nación rival a la suya, todo se reducía a un conflicto nacionalista. Pero Camps es más español que el no saber idiomas. No es que no tenga nada que ver con el modelo de derecha tolerante y culta de Convergència i Unió, es que para el hombre de Milano la capital de su única nación es Madrid. Y por eso resulta un poco ridículo clamar ahora que “Madrid” nos ataca.
No, Paquito. Si resultas ser un chorizo, lo serás tú solo, no cinco millones de valencianos. A ver si ahora, además de corrupto, nos vas a salir megalómano.
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Carlos Fabra edita un libro que niega el golpe militar de 1936 y justifica a Franco
El autor defiende que el dictador ayudó a crear en España"un régimen de justicia, paz, orden y armonía para todos"
Alfons Garcia, Valencia
La Diputación de Castelló ha editado un libro del coronel José Luis Lapeña Carrasco (1929-2005) que cuestiona que el levantamiento de 1936 fuera un golpe militar y justifica las actuaciones de Francisco Franco que dieron lugar a la Guerra Civil. Franco, escribe el oficial, colaboró a partir del 18 de julio de 1936 con las demás fuerzas sublevadas "con el fin de dar a España un régimen de justicia, paz, orden y armonía para todos los españoles".
La obra fue presentada por el vicepresidente y diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, durante la Feria del Libro de Castelló, en mayo de 2008, pero pasó sin pena ni gloria. El documento contiene, sin embargo, afirmaciones que pueden ser muy polémicas y que chocan con la historiografía establecida.
El libro, que se llama "España, sueño imposible", sostiene que la guerra no fue "un golpe militar al estilo de los del siglo XIX", sino que se trató un conflicto entre dos partes "con ideas distintas e irreconciliables". En la zona "nacional", prevaleció "la visión del mundo de la clase media española, con sus valores y con sus defectos"; en la "republicana" -nótese la diferencia en los juicios-, se intentó "de cara al exterior disimular una mercancía anarquista, sindicalista o comunista, claramente proletaria, con la bandera de un liberalismo burgués, tranquilo y europeo, que conseguirá engañar durante algún tiempo a muchos ingenuos".
Así, mientras "la conciencia religiosa" dio "razón y sentido a toda una generación de jóvenes" que fueron "a la muerte alegremente por su fe" (los franquistas), la "exaltación revolucionaria" produjo en el otro bando "un espíritu de lucha y una tenacidad dignos de mejor causa".
El "golpe" del Frente PopularSi el alzamiento "nacional" no fue un golpe militar, según Lapeña, sí que lo fue, en cambio, lo que se produjo tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Este triunfo "había dado a trabajadores, parados y revolucionarios, una patente de impunidad alejada de todo principio de orden y autoridad". El Gobierno salido de las urnas, insiste, no hizo "otra cosa que ceder constantemente, ante el empuje revolucionario", que quiso "imponerse y dominar toda España". "Era un auténtico golpe de Estado" que tenía como modelo la revolución rusa.
La tesis del coronel es contraponer un intento de rebelión de corte bolchevique manejada desde Moscú -"la URSS actuaba en España como si esta fuese una República Socialista Soviética más", dice- con la resistencia de las clases medias españolas contra el comunismo y a favor del catolicismo. El autor subraya así el apoyo de Pío XI al "Movimiento Nacional" y la declaración del cardenal primado de Toledo, Isidro Gomá: "Debe reconocerse que la guerra de España es una verdadera cruzada en pro de la religión católica". Lapeña asegura que "el Generalísimo aceptaba las sugerencias en materia de religión porque el pueblo español se lo pedía". Y añade que, después de las preocupaciones en la Iglesia por el "totalitarismo nazi", Franco contestó a Gomá que "jamás permitiría la extensión del racismo hitleriano en España".
Lapeña sostiene en el epílogo que los países europeos acabaron reconociendo esta visión sobre la guerra: "Desenmascarada Rusia, las potencias occidentales acabarán reconociendo el esfuerzo de España frente al comunismo, cuya verdadera fisonomía llegarán a descubrir después de la Guerra de Vietnam".
La obra recorre la historia en busca de "los rasgos esenciales del "homo hispanicus"", pero Lapeña, como subraya Fabra en las páginas de presentación, se explaya en los momentos más cercanos dado su "gran conocimiento de causa".
El "Jefe" de un ejército "único"Así, dice de Franco que, pese a no existir una unidad política en la zona "nacional", él "era el Jefe que ganaría la guerra, como mejor militar". Los distintos grupos de este bando, añade, se unieron en "una alianza asombrosa que supo llevar a la victoria a un ejército único y eficaz". Las tesis de Lapeña se inscriben en la línea revisionista abierta por autores como Stanley G. Payne, Pío Moa y César Vidal desde finales de los noventa, momento que coincide con la redacción del libro del militar de Castelló (1998).
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García informará en las Corts sobre el contrato-programa de RTVV y G.Camps sobre Terra Mítica
El director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Pedro García, comparecerá la semana que viene para informar sobre el contrato-programa del ente público en Les Corts Valencianes, donde también acudirá el conseller de Economía, Gerardo Camps, para hablar de Terra Mítica.
EFE
La actividad parlamentaria de la próxima semana, en la que no habrá pleno, se centrará en el trabajo de las comisiones, de las que se reunirán seis entre el martes y el miércoles, y donde también están previstas las comparecencias del vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la de la consellera de Cultura, Trinidad Miró. El contrato-programa de RTVV está previsto que entre en vigor este año y supondrá un cambio en la forma de financiación que compatibilizará los ingresos de publicidad ligados a la actividad del grupo y las aportaciones públicas.
El responsable de RTVV comparecerá el jueves por la tarde en la comisión de control del ente, a petición del grupo socialista, donde además del contrato-programa hablará de otras cuestiones como el proceso de elección del comité de redacción de la cadena pública y la puesta en marcha del canal 24.9. García también deberá informar a la comisión sobre la manifestación convocada el pasado mes de noviembre por la Plataforma per l'Ensenyament Públic, un tema que asimismo será objeto de debate en la comisión, que también se pronunciará sobre los criterios informativos de Televisión Valenciana.
La comisión de Economía, en la que tiene que comparecer Gerardo Camps, también se reunirá el jueves por la tarde, para que, a petición del grupo socialista, el conseller informe sobre la evolución y las perspectivas de la inversión que la Generalitat mantiene en Terra Mítica.
La situación actual, perspectivas y plazos de ejecución del proyecto Centro de Ocio Mundo Ilusión de Castellón será otro de los puntos objeto de la comparecencia de Camps, quien igualmente responderá a una pregunta sobre subvenciones a personas desempleadas.
La comparecencia de la consellera de Cultura será el martes en la comisión de Educación y Cultura, donde Compromís le pedirá que informe sobre los trabajos arqueológicos realizados en el proyecto del paso del trolebús por el parque Ribalta de Castellón, y donde también se debatirá una proposición no de ley de EU sobre Educación para la Ciudadanía.
Vicente Rambla, por su parte intervendrá el martes por la tarde en la comisión de Gobernación y Administración Local, a petición del grupo socialista, para dar cuenta de las repercusiones de la sentencia que deja sin efecto el nombramiento de José Marí Olano como Abogado General de la Generalitat. El miércoles será el turno de la comisión de Obras Públicas y Transportes y el jueves por la mañana lo hará la comisión de Derechos Humanos y Tercer Mundo.
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La edición se retrasó durante varios años
EUPV exige la retirada del libro
El PSPV habla de "insulto a los demócratas"
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Trillo dispara de nuevo al pianista
Dirige la estrategia judicial del PP desde hace 20 años, con ataques a jueces que investigan al partido
FERNANDO GAREA - Madrid - 22/03/2009
Federico Trillo-Figueroa recuerda siempre que, cuando él era vicepresidente del Congreso y le solía hacer la vida imposible a Félix Pons, ambos institucionalizaron la hora del té. Entre sorbo y sorbo, en un ambiente muy británico, el entonces presidente de la Cámara le repetía: "Federico, los argumentos son siempre de ida y vuelta". Por eso, mientras en 1995 Trillo defendía al juez Baltasar Garzón de las acometidas del PSOE por su investigación sobre los GAL, ahora es él quien encabeza la ofensiva del PP contra el magistrado para hacer frente al sumario sobre la trama corrupta formada en torno a Francisco Correa. Y, por eso, él fue el ariete contra la corrupción del PSOE en la última legislatura de Felipe González y ahora actúa como abogado defensor del PP.
Federico Trillo
A FONDO
El 'caso Naseiro' fue al final 'caso Manglano' y ahora busca el 'caso Garzón'
Trillo es la línea de continuidad del PP desde que era Alianza Popular hasta ahora. Desde Manuel Fraga a Mariano Rajoy, pasando por José María Aznar y Antonio Hernández Mancha. Es el único dirigente de aquella época que mantiene poder en el partido, capacidad de influencia y peso para decidir la estrategia. Le sigue de cerca Javier Arenas.
Para demostrarlo basta relatar que Trillo viajó el 26 de agosto de 1989 a Perbes (A Coruña), junto a Francisco Álvarez-Cascos, Juan José Lucas y Rodrigo Rato, a visitar a Manuel Fraga para pedirle que designara a Aznar líder del partido y desistiera de proponer a Isabel Tocino. O que ese año redactó los estatutos del PP refundado de Aznar y que en el último congreso del partido, celebrado en Valencia en junio pasado, también ha hecho los estatutos. Con el paréntesis de los ocho años de gobierno de Aznar en los que fue presidente del Congreso y ministro de Defensa, toda la estrategia judicial y cualquier informe legal del partido lo ha hecho siempre Trillo. No ha dejado de ser nunca el nexo entre el PP y los tribunales.
Todo empezó a mediados de los 80, en un despacho del número 21 de la calle de Zorrilla, junto al Congreso, en la asesoría legal de lo que era Coalición Popular, de la que formaba parte AP. Junto a él trabajaban Manuel Pizarro, Miguel Herrero de Miñón, Cristóbal Montoro, Francisco Álvarez-Cascos y, en ocasiones, Mariano Rajoy. De entonces, algunos recuerdan cómo Trillo le hacía la vida imposible a Hernández Mancha, a la sazón presidente del partido. Circulaba una malvada y apócrifa frase sobre Trillo: "Si le dejas solo en una habitación es capaz de apuñalarse a sí mismo". Se atribuye a Aznar, pero podría ser de Cascos, porque en la sede de la calle de Génova aún resuenan los ecos de los enfrentamientos entre los dos compañeros irreconciliables de partido.
La mano de Trillo está en recursos de AP ante el Constitucional en los años 80, tan sonados como el del aborto -con José María Ruiz Gallardón, padre del actual alcalde de Madrid-, el del decreto de expropiación de Rumasa y el que tumbó parte de la ley Corcuera. También en recursos como el que limitó el abuso de las leyes de acompañamiento de los Presupuestos o el que posibilitó decidir entre declaraciones conjuntas o separadas para el IRPF.
Ya con Aznar al frente del PP, Trillo tuvo una intervención destacada en la estrategia para desactivar el caso Naseiro. En plena semana santa de 1990, el partido, entonces en la oposición y en plena transición de líderes, se enfrentó a la detención de su tesorero, Rosendo Naseiro, por orden de un juez de Valencia llamado Luis Manglano. Había pruebas, cintas grabadas y testimonios de financiación del partido e implicación de dirigentes como Eduardo Zaplana. Pero todo quedó en nada porque las pruebas fueron anuladas. Venció la intensa estrategia del PP para desacreditar al juez y a algunos de los testigos. Por ejemplo, llevaron a uno de los implicados, Salvador Palop, concejal del PP de Valencia, ante el psiquiatra López-Ibor para presentar al juez como un desalmado que presiona a un testigo hasta un extremo intolerable. El equipo en el que estaba Trillo no paró hasta convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Algo así como el vaquero que entra en la cantina y no dispara al forajido, sino al pianista. Si se cambia Naseiro por Correa, Manglano por Garzón y Zaplana por Camps se completa la ecuación de la estrategia de manual que ejecuta estos días Trillo. Lo mismo que hizo hace 18 años. En esa época le tocó hacer la vida imposible a Manglano y ahora a Garzón. Cumpliendo la máxima de que los argumentos son de ida y vuelta, para hacer frente a la trama de corrupción, nada mejor que presentar al juez como un corrupto. El pianista era Manglano y ahora es Garzón.
Y como los argumentos van y vienen, tras enterrar el caso Naseiro, Trillo cogió la bandera de la lucha contra la corrupción en la etapa de Felipe González. Él firmó la querella contra la cúpula de Interior por el uso ilegal de los fondos reservados. Él, con argumentos que entonces iban y ahora vuelven, hizo de ariete contra la corrupción del PSOE por el caso Filesa y en defensa del juez Marino Barbero, atacado por los socialistas. Y él dirigió la actuación de su partido por el caso Juan Guerra, por el caso Roldán y por los papeles falsos de Laos. Entre 1996 y 2004 hizo un paréntesis en su carrera como abogado del PP para ser presidente del Congreso y ministro de Defensa. Con él en Defensa, España participó en la guerra de Irak y se produjeron el accidente del Yakolev y los errores en la identificación de los cadáveres de las víctimas. El lunes empieza el juicio a militares por este caso. Él siempre ha sostenido que no debía asumir responsabilidad política alguna.
Tras la catástrofe electoral del PP en 2004, se convirtió en diputado de a pie pero sin abandonar su capacidad de influencia sobre Rajoy. Tuvo papel estelar en la redacción del recurso contra el Estatuto de Cataluña ante el Constitucional y contra leyes como la de Igualdad, la de matrimonios homosexuales y la de violencia de género. Y en la redacción de estatutos de autonomía como el de Andalucía, con argumentos de ida y vuelta calcados de artículos del catalán que él mismo recurrió.
En esa etapa de judicialización de leyes, Trillo también disparó contra el pianista. Con recusaciones en cadena, disparó contra los magistrados del Constitucional que aporreaban las teclas. "Intento de abuso de derecho o fraude procesal, con fundadas sospechas de que las recusaciones se formularon para alterar la composición del Pleno", sentenció con severidad el Constitucional en diciembre de 2007 para rechazar su intento de apartar a tres magistrados de la deliberación sobre los recursos al Estatuto catalán. Utilizó una información sobre una supuesta conversación en el seno del tribunal cuya publicación forzó el propio PP. Ese disparo no alcanzó al pianista. Tampoco el que hizo contra la presidenta, María Emilia Casas, por un informe que hizo su marido. Sí dio de lleno el misil que lanzó contra el magistrado Pérez Tremps, al que apartó de esa deliberación.
En esta legislatura ha ascendido a responsable de Justicia e Interior del PP y su poder crece como negociador de los dos únicos pactos de Estado formalizados: el de justicia y el de terrorismo. Entre argumentos que van y vienen, exige responsabilidades políticas a Bermejo, denuncia a Garzón y arremete contra el jefe de la Policía Judicial, mientras mantiene contacto fluido con el ministro Rubalcaba sobre lucha contra ETA. Y al sastre de Camps le aplica la misma medicina que a Palop para desacreditar su testimonio. Hoy, como cada domingo, Trillo se subirá a la bicicleta para hacer un puñado de kilómetros.
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Valmor recibe fondos públicos para financiar la Fórmula 1
El IVF concede un préstamo al gestor del Gran Premio de Europa
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 22/03/2009
Valmor Sports, empresa encargada del montaje de los elementos efímeros del circuito urbano de Valencia y de los derechos comerciales y deportivos del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que se celebrará en la ciudad de Valencia hasta 2015, solicitó con éxito un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el brazo financiero de la Generalitat, según confirmó un portavoz oficial de la Consejería de Hacienda.
Bancaja controla un tercio de la sociedad que gestiona el evento
Valmor "recibe financiación a través de diversos canales"
Valmor Sports es una sociedad participada a partes iguales por Fernando Roig, que ejerce como presidente, por Jorge Martínez Aspar, consejero delegado, y por Bancaja, la primera entidad financiera de la Comunidad Valenciana.
Valmor Sports surgió como gestor de los derechos deportivos y comerciales del gran premio de Valencia cuando Bernie Ecclestone, patrón mundial del circo de la Fórmula 1, irrumpió en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 para vincular el contrato para organizar un gran premio en Valencia con el triunfo electoral del Francisco Camps y Rita Barberá. "Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él", explicó Ecclestone en una comparecencia pública junto al presidente y la alcaldesa de Valencia el 10 de mayo de 2007.
"Luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podrá hace mejor este trabajo por la fórmula 1". Ecclestone debía anunciar la firma del contrato para organizar un gran premio en Valencia en agosto de 2008, pero dijo: "Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones".
Camps viajó a Londres el 2 de junio, cinco días después de las elecciones, para asistir a la firma del contrato entre Ecclestone y Roig.
El primer gran premio de Europa se celebró en agosto de 2008. La Generalitat invirtió al menos 64 millones de euros para acondicionar el circuito en torno a la dársena interior del Puerto de Valencia.
Valmor cerró el ejercicio con un beneficio en torno a 9.000 euros, según los datos no oficiales ofrecidos por la sociedad a Bancaja.
Ni el Instituto Valenciano de Finanzas ni Valmor Sports cifraron la cuantía del préstamo alegando que la gestora del evento es una empresa privada.Un portavoz de la Consejería de Hacienda explicó que Valmor Sports, "como cualquier otra empresa", solicitó fondos para determinadas "inversiones". La misma fuente evitó precisar el destino de los fondos o cifrar la cuantía del préstamo concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) alegando que nunca se hacen públicos asuntos relativos a empresas privadas.
Un portavoz de Valmor Sports explicó que la sociedad "recibe financiación a través de diversos canales" y evitó confirmar siquiera que la empresa haya recibido fondos del IVF.
Jorge Martínez Aspar, consejero delegado de Valmor Sports, confirmó hace dos semanas que Ecclestone mantenía el canon anual por la cesión de la gestión de los derechos del gran premio de Fórmula 1 de Valencia en 18 millones de euros. También apuntó que Valmor Sports negociaba alguna mejora con Formula One Management en las condiciones de la cesión de derechos para poder mantener el precio de las entradas entre 200 euros, las más baratas, y 500 euros, las más caras.
Enrique Pérez Boada, director general del IVF, explicó en su última comparecencia pública que "la crisis de liquidez que se está viviendo en el sistema bancario internacional ha provocado una fuerte contracción del crédito en el sistema financiero español y este hecho está afectando negativamente al tejido empresarial valenciano". "Por ello", seguía el propio Boada, "estamos realizando un importante esfuerzo inversor para paliar los efectos negativos que esta situación conlleva entre nuestras empresas, que requieren un impulso financiero importante para mantener altos niveles de productividad y continuar siendo competitivas".
Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, lamentaba hace poco el exceso de celo de las entidades financieras de la Comunidad Valenciana a la hora de distribuir entre las empresas valencianas una línea de financiación de 200 millones de euros puesta a su disposición por el instrumento financiero de la Generalitat.
El IVF financia hasta el 75% de inversiones desarrolladas por empresas valencianas que puedan repercutir positivamente en la economía regional. En condiciones normales, el préstamo mínimo es de 50.000 euros.
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De la vieja guardia, mantiene su influencia sobre Rajoy
Trillo, abogado del PP
Edita un libro que defiende a Franco y niega que el levantamiento fuera un golpe militar
Fabra, de presunto corrupto a presunto nostálgico del franquismo
Acusa a Fabra de editarlo con el "dinero público" y de no tener ninguna sensibilidad
Esquerra Unida exige la retirada del libro franquista
La relación de Michavila con implicados en el caso Gürtel provoca que el Congreso busque transparencia
El pluriempleo de los diputados estará más regulado
El magnate leonés esta imputado en la Operación Gürtel
La Generalitat Valenciana admite ahora que una emisora de Ulibarri pirateaba a través del ente público
La Roda (Albacete) y Cartagena adjudican obras a empresas de su entorno
¿A qué dedican los populares el Fondo Estatal de Inversión en los ayuntamientos?
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