Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Los trabajos en las fosas comunes del cementerio municipal afrontan su última intervención mientras avanzan las identificaciones genéticas y el Monumento a la Memoria
Minas de Riotinto se acerca a la culminación de los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la represión franquista enterradas en las fosas comunes del cementerio municipal de Santa Bárbara. Las diferentes campañas desarrolladas durante los últimos años han permitido recuperar los restos de 157 personas.
Los trabajos han combinado investigaciones arqueológicas, antropológicas y documentales con análisis genéticos para tratar de poner nombre a las víctimas y facilitar el reencuentro de sus restos con sus familias.
Uno de los casos más significativos ha sido la identificación de Luis Ortega Godoy, conocido como el Cabo Godoy, cuyos restos pudieron ser entregados a sus familiares más de ocho décadas después de su muerte.
El proyecto encara ahora su última fase de excavación. Queda por intervenir una última fosa de pequeñas dimensiones, mientras continúan los trabajos de identificación genética de los restos recuperados en las campañas anteriores.
Un espacio permanente de memoria
Paralelamente, el municipio avanza en la construcción del Monumento a la Memoria, concebido como un espacio permanente de recuerdo y homenaje a las víctimas.
El proceso ha contado con la participación de profesionales e investigadores, entre ellos Alfredo Moreno y Gilberto Hernández, además de distintas instituciones y, especialmente, las familias de las víctimas, que han acompañado los trabajos de recuperación e identificación.
La culminación de las excavaciones permitirá cerrar una de las principales fases de un proyecto iniciado para recuperar los restos de quienes permanecieron durante décadas en las fosas comunes del cementerio y avanzar en su identificación.
El objetivo final es que los trabajos arqueológicos y genéticos queden acompañados por un espacio de memoria que permita conservar el recuerdo de las víctimas y transmitir a las nuevas generaciones la historia de lo ocurrido.
Tras publicar Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista (2015) y Los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022), consideré que mi aportación a la investigación sobre la represión de los periodistas y escritores durante el período 1939-1945 estaba cerrada. El primer libro me permitió plasmar «la banalidad del mal» (H. Arendt) en un colectivo concreto de los perpetradores y el segundo, que incluye una edición facsímil de los sumarios, prueba que mis conclusiones acerca del proceso seguido contra el poeta parten de una base documental.
La cruzada judicial y mediática que padezco desde 2019 no cesó con esa edición facsímil acompañada de un amplio estudio, a pesar de contar también mi defensa con dos sentencias en firme del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta circunstancia, que perdura hasta el presente sin visos de terminar algún día, presupone una descalificación constante de mi labor como catedrático e investigador. La respuesta ha obviado la polémica y, buscando una aportación positiva desde el ámbito académico, se ha concretado en un proyecto de investigación de largo alcance: el análisis de todos los sumarios relacionados con periodistas y escritores durante el citado período (véase consejosdeguerra.es).
El proyecto de carácter individual dio sus primeros frutos gracias a la publicación de Las armas contra las letras (2023) y Perder la guerra y la historia (2025). Ambos volúmenes coeditados por Renacimiento y la Universidad de Alicante han sido completados con un tercero (La colmena, 2026) a la espera de culminar la tetralogía dedicada a estos consejos de guerra con Final de trayecto, ya redactado y a la espera de su publicación en 2027. En total, cerca de mil quinientas páginas para abordar, uno por uno, los sumarios protagonizados por escritores y periodistas con la presencia también de algunos caricaturistas y cineastas que colaboraron en las publicaciones periódicas durante el período republicano.
Foto: J.A. Ríos Carratalá
Al iniciar el proyecto ignoraba su alcance en el marco de la amplia bibliografía sobre la represión franquista durante la Victoria. El término, presente en la documentación oficial de la época, tal vez debiera sustituir al de la posguerra porque esta actividad represiva se produjo bajo un estado de guerra vigente y con mentalidad propia de la misma. De hecho, el parte del 1 de abril de 1939 es uno de los primeros bulos del franquismo y, como tal, digno de un desmontaje mediante la tarea de investigación.
Una delimitada realidad histórica, vista desde cerca y de forma meticulosa, depara sorpresas si hasta entonces solo la conocíamos gracias a las monografías que intentan abarcarla mediante una necesaria labor de síntesis. La represión del período 1939-1945 no supone una excepción. Tampoco en lo que respecta a un colectivo poco numeroso como el de los periodistas y escritores que pasaron por los consejos de guerra. En total, los represaliados no llegan a los ciento cincuenta casos y, además, cuentan con la ventaja de que sus protagonistas escapan del anonimato de tantas víctimas coetáneas.
Los procesados de estos sumarios tienen una trayectoria pública en la hemeroteca y los libros. La circunstancia posibilita darles un relato que vaya más allá de la descripción del proceso judicial. Las víctimas ya no solo son cifras, tan importantes a efectos históricos, o nombres de unas listas donde figuran unos pocos datos a efectos estadísticos. Los represaliados pasan a ser protagonistas con voz propia cuyo conocimiento no justifica una monografía específica, pero sí una de las decenas de capítulos a modo de teselas del mosaico desplegado gracias a los citados cuatro volúmenes.
La posibilidad de dar voz a cada una de esas víctimas revela lo parcial de cualquier caracterización previa del colectivo. A partir de casos mejor conocidos por la nombradía del procesado, como es el de Miguel Hernández, los historiadores hemos creado un tipo de represaliado que siendo verídico también resulta parcial o sesgado con respecto a la totalidad. El balance de estos años de investigación es desolador porque, a diferencia de lo que sostienen otras investigaciones, durante la Victoria no hacía falta ser «un Miguel Hernández» para merecer las más duras condenas, incluida la de muerte. La represión desbordó el círculo de quienes se opusieron a los sublevados de forma explícita y consciente.
Imagen de 1935 de Juan Antonio Gaya Tovar (primero a la izquierda), asesinado en agosto de 1936, con su esposa e hijos, entre ellos Juan Antonio Gaya Nuño (1913-1976), condenado a 20 años de prisión. – Foto: Cedida por Recuerdo y Dignidad
La tipología de las víctimas dentro del colectivo analizado abarca casos dispares que van mucho más allá del escritor o periodista comprometido con la causa republicana. Las sorpresas en ese sentido se han sucedido a lo largo de los volúmenes, he intentado explicar las causas que justifican la presencia de unos inesperados protagonistas y el balance revela el verdadero alcance de esta represión: cualquier periodista o escritor que hubiera permanecido, explícita o implícitamente, ajeno al Glorioso Movimiento Nacional durante la guerra era sospechoso. Como mínimo y una vez detenido, debía probar que no se había sumado a la «rebelión militar» en sus múltiples acepciones, incluidas las insólitas, según la jurisprudencia derivada de aquellos consejos de guerra.
Así, aunque parezca absurdo, vemos procesados a un poeta capaz de publicar en la portada de ABC un panegírico dedicado al general Franco con motivo de su cumpleaños o una anciana de ochenta y cuatro años que ingresó en la masonería cuando Benito Pérez Galdós publicó Fortunata y Jacinta. La muestra de más de cien casos revela una llamativa diversidad y los pocos similares al de Miguel Hernández solo representan una parte cuya representatividad conviene matizar. La sinécdoque tantas veces presente en los estudios sobre la represión resulta inexacta, además de sesgada, en relación con un colectivo que incluye protagonistas capaces de romper esquemas previos.
Las fechas de los procesos, comprendidas entre 1939 y 1945, son esenciales para la valoración de los mismos. Los tres primeros años fueron especialmente violentos y en ese período se concentran las penas más duras. A partir de 1942 aparecen algunas medidas de gracia y aquello que antes podía ser motivo de una condena a muerte se convierte en otra de doce años pronto conmutada a seis. El efecto paralizante para asegurar la permanencia del régimen, mediante una represión brutal del enemigo, ya estaba garantizado y cabía comenzar una nueva etapa.
Imagen de 1929 del escritor Pedro Luis de Gálvez con sus dos hijos. Gálvez sería fusilado en 1940 (imagen: editorial Zut/EFE)
Algunos colegas, gracias a muestras más amplias y sin entrar en la casuística de colectivos concretos, deducen una cierta flexibilización en la actividad represiva a partir de 1942. La misma probaría una voluntad del régimen ajena al exterminio de un Holocausto como el descrito por Paul Preston. Supongo que habrá razones de sobra para sostener esta conclusión, pero en lo relacionado con los escritores y periodistas encontramos una evidencia contradictoria: al cabo de tres años ya no había nadie susceptible de ser condenado a treinta años de reclusión o a la pena capital. Todos los aspirantes a semejante destino habían sido juzgados y, a partir de entonces, solo observamos procesos protagonizados por sujetos de menor entidad o aquellos que eran la continuidad de los iniciados durante el período más duro.
La conclusión parece sencilla: a partir de 1942 no hubo en este colectivo condenas extremas porque tampoco quedaban procesados relevantes por su oposición al Glorioso Movimiento Nacional. El cambio de criterio punitivo en la jurisdicción militar, al menos en lo referente al colectivo estudiado, no se debió a una supuesta flexibilidad para evitar el exterminio, sino a la finalización de la tarea propuesta en la represión de periodistas y escritores. Tras una intensa y apenas discriminada actividad represiva, solo quedaban pendientes los flecos, que a veces se solaparon con procesos derivados de la actividad clandestina de quienes no terminaron de aceptar la Victoria.
La tercera sorpresa, a la luz de la bibliografía sobre la represión que no parte del examen exhaustivo de lo sucedido con colectivos concretos, es la activa presencia de la sociedad civil en los sumarios de la jurisdicción militar. A menudo se cita la participación de quienes delataron a los procesados sin aportar, en la mayoría de los casos, una sola prueba. Tampoco eran precisas porque nos hallamos ante un paradigmático ejemplo del «derecho de autor». Los testimonios documentales en este sentido se repiten en los sumarios de periodistas y escritores, pero también encontramos numerosos ejemplos de representantes de los vencedores que procuraron aliviar la situación de los procesados mediante avales, algunos de ellos sorprendentes por el riesgo que comportaba su presentación. Los perdedores ni siquiera podían acercarse a un juzgado militar.
Antonio Otero Seco (1905-1970), condenado a muerte y cuya pena fue conmutada por la de 30 años, y Elías Palma Ortega (1893-1965), condenado a 30 años de cárcel (foto: Libros de la Herida)
La elección de la jurisdicción militar para encauzar toda la represión respondió a un cálculo del régimen donde la sociedad civil, más susceptible de apostar por una mínima reconciliación, aunque solo fuera como una muestra de agradecimiento por el comportamiento de algunos procesados durante la guerra, debía quedar fuera. Así sucedió, con desprecio incluso de unos avales que a menudo resultaron inútiles u obviados por los militares. Los ejemplos se multiplican, son llamativos en ocasiones por la condición de los avalistas y evidencian, una vez más, el papel del Ejército de Ocupación como garante de la dictadura implantada mediante una violencia extrema.
Por lo tanto, a partir del análisis de la totalidad de los casos relacionados con periodistas y escritores durante el período 1939-1945 cabe lanzar al menos tres conclusiones susceptibles de un debate: a) la necesidad de ampliar y diversificar la tipología de las víctimas para valorar los verdaderos límites de la represión como arma de guerra a la búsqueda de un efecto paralizante del enemigo; b) la posibilidad de que las primeras medidas de gracia, al margen de la hipotética flexibilización y circunstancias como las abarrotadas cárceles o el coste económico del mantenimiento de la población reclusa, no probaran la voluntad de evitar el exterminio, sino la constatación del trabajo finalizado, que precisaba pasar a una tarea menos intensa de «mantenimiento» para asegurar la permanencia del régimen; c) la existencia de una sociedad civil, siempre vinculada a los vencedores de la guerra, capaz de un comportamiento que, de haber tenido respaldo en la jurisdicción militar, habría permitido un mínimo de reconciliación, aunque solo fuera la derivada del agradecimiento personal.
La intensa labor investigadora de estos últimos años nos ha permitido contar con un marco para conocer la actividad represiva durante la Victoria. Las cuestiones básicas han quedado esclarecidas en buena medida. Tal vez el actual desafío sea constatar el grado de fiabilidad de las correspondientes conclusiones a la luz de lo desvelado por estudios de colectivos concretos. Los cuatro volúmenes dedicados a los escritores y periodistas aportan luz en este sentido y, sobre todo, han dado una voz propia a cada uno de los represaliados. El deber de la memoria no equivale al de la historia, pero sin el primero la labor de los historiadores queda reducida a un ámbito tan necesario como incompleto.
Fuente: Conversación sobre la historia
Índice de La Colmena
Prólogo: La incertidumbre consustancial al debate histórico, por Antonio Rivera
El sumario de Martín Marco, poeta ultraísta
El himno republicano de los hermanos Anaya Ruiz
La singular trayectoria de Eduardo Bort-Vela
El destino de los Vivero
La denuncia de un perdedor
La «labor mecánica» de Antonio Nicas Amato
El «comité rojo» de ABC
Los sumarios de tres censores de prensa
Elías Palma Ortega, el escritor desconocido
Los sumarios de Ángel M.ª de Lera y Juan A. Gaya Nuño
De Hollywood al juzgado: Baltasar Fernández Cue
Un «periodista liberal»: Carlos Pérez Merino
Un «dibujante retocador» de Heraldo de Madrid
Casos olvidados e ignorados
Carlos Rivera Gómez: apuesto, joven y condenado a muerte
Los «cachetes» nunca perdonados de Pedro Luis de Gálvez
Alejandro Gaos, poeta y catedrático
El destino trágico de un dandi: Antonio de Hoyos y Vinent
Un poeta «con el puño en alto»: Jesús Menchén Manzanares
La trayectoria del alférez (y teniente) Baena Tocón
Dudas finales
Bibliografía
Portada: dibujo realizado por el artista José Robledano en 1941 que representa la vida en el campo de concentración de Valdenoceda, ilustración de portada del libro de Ríos Carratalá.
'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible' es un relato documental del trabajo forense en las criptas de Cuelgamuros, donde intentan identificar los restos de 214 víctimas de la Guerra Civil entre los de más de 33.800 personas que fueron enterradas en el valle.
Por primera vez, un equipo de televisión ha accedido a las criptas de la basílica, a más de 100 metros bajo tierra y muestra las complicadas y exhautivas tareas para la identificación de las víctimas. Este documento audiovisual del área DocumentaRTVE profundiza también en la relación y situación actual con las familias.
Belén Alonso y Manu Diéguez, guionista y realizador del trabajo, respectivamente, han presentado 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible' en la 74ª edición del Festival de cine de San Sebastián. Disponible desde este viernes en RTVE Play y a partir del domingo en RTVE Noticias.
El Gobierno de España y el Ayuntamiento de Redondela reconocen el legado de los presos y de las mujeres que les ayudaron durante el franquismo.
Por Xoán Otero Baamonde 25 septiembre 2026 a las 12:44
IA
Imagen genérica de un ayuntamiento gallego con balcón y luz solar.
Las islas de San Simón y Santo Antón fueron reconocidas como Lugar de Memoria Democrática en un acto que honró a los represaliados por el franquismo y a las mujeres que les ayudaron.
El Ayuntamiento de Redondela y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática celebraron ayer un acto de homenaje y reparación en las islas de San Simón y Santo Antón. El evento oficializó el descubrimiento de la placa que acredita el archipiélago como Lugar de Memoria Democrática, reconociendo su relevancia como espacio de represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El secretario de Estado, Fernando Martínez, reivindicó el legado de los presos y de las "madrinas" que les auxiliaron, afirmando que "nos dan fuerza para seguir defendiendo la libertad, la democracia y los derechos humanos". Martínez señaló que la memoria de las víctimas es "uno de los principales antídotos para combatir tantos bulos y mentiras que esparcen los herederos del fascismo y de la dictadura".
La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, expresó su "verdadero orgullo" y destacó que este reconocimiento es "una victoria de los colectivos memorialistas y del pueblo de Redondela" por su "constancia y firmeza". Recordó el trabajo de la villa en la recuperación de la memoria desde 1987 y agradeció el papel crucial de las "madrinas", mujeres que arriesgaron sus vidas para ayudar a los presos.
Durante la jornada, se entregaron las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a familiares de 28 represaliados, como parte del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Entre los reconocidos se encuentran cuatro vecinos de Redondela: Diego San José de la Torre, Segundo Freire Rivas, Manuel Blanco Camiña y Manuel Barros Montero. La resolución también registra más de 517 fallecimientos en el penal.
La regidora anunció la inclusión de un Plan de Usos en el Plan General de Ordenación Municipal y exigió "poner fin a los usos banales de este lugar" para respetar la dignidad de las víctimas. El homenaje también reconoció la solidaridad de las "madrinas", mujeres que llevaron alimentos y ropa a los presos y actuaron como enlace con sus familias.
El acto, que contó con la participación de autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y representantes de entidades memorialistas, combinó memoria, reparación y cultura con las intervenciones de María Barros, descendiente de víctimas y madrinas, el escritor Manuel Rivas, la escritora Olga Novo y las actuaciones de Uxía y la violonchelista Margarita Mariño
La Diputación aprueba una subvención de 180.000 euros para terminar el Memorial 2238 de Paterna, con placa de nombres, escultura y centro de interpretación.
Huitanta-set anys després del primer afusellament al Terrer de Paterna, els noms de les 2.238 persones executades per la dictadura franquista en eixe racó del cementeri valencià estan a punt de quedar gravats en acer per sempre. La Diputació de València ha aprovat una subvenció directa de 180.000 euros per a completar el Memorial 2238, l'espai de memòria que la Generalitat va construir al llarg de 2023 però que, fins ara, romania inacabat.
La Junta de Govern de la institució provincial va donar llum verda a l'ajuda este dimarts, a proposta de la delegació de Memòria Democràtica, coordinada per la vicepresidenta Natàlia Enguix. La decisió arriba tres mesos després que Enguix va rebre Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma de familiars de víctimes del franquisme, qui va acudir a demanar col·laboració per a costejar els elements que encara falten en el memorial. El que potser no esperava Belmonte és que la resposta fora tan contundent: la Diputació no finançarà una part del projecte, sinó la seua totalitat.
Un lloc per als que no tenen nom
El cementeri de Paterna va ser, entre 1939 i 1956, l'escenari d'afusellaments massius de la repressió franquista. És el primer en la Comunitat Valenciana en el qual hi ha constància d'un afusellament després de la Guerra Civil —el 3 d'abril de 1939— i el segon amb més afusellats en la postguerra. Disseminades pel cementeri existixen aproximadament 150 fosses, on van ser llançades les víctimes de la repressió franquista després de ser executades al Terrer, un mur situat aproximadament a 500 metres del campo sant.
El memorial ret homenatge als 2.238 afusellats per la repressió franquista entre 1939 i 1956, els cossos dels quals van romandre oblidats en les fosses comunes de Paterna fins que van començar els treballs d'exhumació i identificació, iniciats tardanament en 2012 i que encara continuen. El problema, no obstant això, és un que poques vegades s'esmenta en els debats sobre memòria històrica: el projecte busca donar resposta a la pregunta de què fer amb les restes que s'han exhumat però encara no s'han pogut identificar, perquè el percentatge d'identificació sol ser baix.
Ací radica la raó de ser del Memorial 2238. Servix com a recer per a tots els familiars que no volen que els no identificats tornen al forat on els van llançar, i oferix un espai on honrar la seua memòria mentre s'identifiquen.
"És una reivindicació històrica de familiars de les 2.238 persones que foren assassinades després de la Guerra en el cementeri de Paterna" - Natàlia Enguix, vicepresidenta i responsable de Memòria Democràtica de la Diputació de València
Placa, escultura i un centre d'interpretació
En què es gastaran exactament els 180.000 euros? La subvenció té un abast concret i ben delimitat. L'element més visible serà una placa d'acer inoxidable setinat de nou metres d'ample per un d'alt en la qual apareixeran, en orde alfabètic, els noms dels 2.219 hòmens i les 19 dones afusellats entre 1939 i 1956. La placa s'instal·larà sobre una superfície de formigó lleugerament inclinada a manera de faristol, un detall que convida a llegir, no només a mirar.
El finançament també permetrà instal·lar l'escultura dissenyada per Pablo Sedeño, doctor i professor de la Universitat Politècnica de València. La peça, de formigó armat, ocuparà l'espai central del mausoleu i servirà per a rebre les ofrenes florals col·lectives. A això se sumarà la senyalització de tot l'espai i el gravat del nom dels represaliats baix els columbaris, incloent-hi una referència explícita a les persones no identificades.
Però potser l'actuació més ambiciosa en termes simbòlics siga la posada en marxa del centre d'interpretació. L'espai existix físicament, però estava buit. Ara podrà equipar-se amb mobiliari, panells i contingut audiovisual que reculla la història de les víctimes. La intenció de la Plataforma és integrar-lo en les visites guiades que ja organitza en el Terrer i les fosses comunes, perquè el relat no es quede en l'emoció sinó que tinga també rigor històric.
"La culminació d'un projecte que va sorgir en 2019, quan vàrem començar a ser conscients que moltes de les restes que s'extreien de les fosses comunes no podrien ser identificades" - Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma de familiars de víctimes del franquisme
Una aposta institucional que ha multiplicat la seua inversió
El context pressupostari d'esta decisió no és menor. Enguix recorda que la Diputació de València destinava 356.000 euros a Memòria Democràtica en 2016, any que es va crear la delegació amb Jorge Rodríguez com a president i Rosa Pérez Garijo com a diputada responsable de l'àrea. En els comptes de 2026, eixa xifra ha escalat fins a prop de 2,2 milions d'euros. És a dir, la inversió provincial en memòria històrica s'ha multiplicat per més de sis en una dècada.
Durant una visita al cementeri de Paterna a principis d'abril, Enguix va poder comprovar de primera mà l'estat del memorial i inspeccionar també el projecte d'exhumació de la fossa 34, en la qual la Diputació invertirà un poc més de 55.000 euros addicionals. Va ser eixe contacte directe amb el terreny el que va acabar de convéncer la institució d'assumir el cost íntegre del projecte presentat per la Plataforma.
La vicepresidenta no eludix el marc polític de la decisió: considera que, amb esta ajuda, "la Diputació fa un pas ferm en la consolidació, promoció i defensa dels valors democràtics, perquè sense la veritat i la reparació no pot haver-hi mai justícia i democràcia". I demana a la resta d'administracions que se sumen a una aposta per la memòria que definix com "de totes i tots, plural i democràtica". Una invitació que, formulada en veu alta, sona també a retret velat cap a aquells que encara miren cap a un altre costat.
Amparo Belmonte, per la seua part, avança que la Plataforma agilitzarà en tot el possible els tràmits per a culminar el projecte. Dècades d'oblit, anys de treball i ara, per fi, els recursos per a tancar una ferida que, en rigor, mai hauria d'haver-se obert.
