La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.
La Justicia argentina contempla la pena de hasta 30 años de prisión por el delito de crímenes de lesa humanidad
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por la magistrada argentina María Servini termine con
“la impunidad del franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la
anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura;
la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.
1. Rodolfo Martín Villa, "la porra de la Transición"
De manera más específica, la querella pedirá su imputación como ministro de Relaciones Sindicales ycorresponsable de la muerte de cinco trabajadoresen Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.
Martín Villa es señalado como responsable del asesinato de cinco obreros en VitoriaEl resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de 30 años) y alrededor de 150 heridos.
Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en 1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975. Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010. Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública, presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.
2. José Utrera Molina, el suegro de Gallardón

La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen franquista ni siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma parte del
Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.
Utrera Molina firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich
3. Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño

Dentro de todos los casos de torturas denunciados a lo largo de la larga noche de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco,
Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más impactante. De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por
presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al delito de tortura.
En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetaspor una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de AmnistíaEl resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y
beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”. Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares
Antiterrorismo ETA y
Batallón Vasco Español,
autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
4. Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada trayectoria como guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el de Tejero, pero sí su intervención en el 23-F. Él fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento.
Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones pordelitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar”por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.
5. Fernando Suárez, en segunda fila
Fernando Suárez inicia su carrera política, como tantos otros políticos del régimen, en las filas del SEU donde fue jefe de la sección de Oviedo entre 1954 y 1956. Tras pasar por varios puestos de designación política de segundo nivel como director del Instituto de la Juventud o director general del Instituto Español de Emigración, da el salto al Gobierno en 1975 para ocupar
la cartera de Trabajo.Ese mismo año firma, junto al resto de ministros,
la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manotas y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como
responsable directo de crímenes de lesa humanidad.