No es que sean malos tiempos para la lírica, es que tampoco son buenos para la
épica. Cautivo y desarmado el movimiento memorialista, las tropas
administrativas están alcanzando sus últimos objetivos. Son tiempos de derrota.
No total porque la sociedad nunca lo termina siendo por completo. Esa es la
esperanza. Que tras la resistencia, poner pie en pared, venga, de nuevo, el
paso adelante, la ofensiva civil. Son muchos los indicios de ello. Vamos a
centrarnos en dos: el cumplimiento de los compromisos económicos por parte de
las administraciones, en esta caso la autonómica, y la política de exhumaciones.
1. Las
subvenciones 2013 y 2014
Cercano a
que el año 2015 llegue a su ecuador, del 25 % que faltaba por librar de la subvención
del año 2013 no se sabe nada. Están justificados los gastos hace meses y
adelantada la cantidad en muchos casos, como en el de «Todos (…) los Nombres»,
pero los organismos competentes ni hablan ni se les espera. O por lo menos eso
parece.
Aún más
problemática es la situación de la nonata subvención de 2014. Recordemos que,
cuando ya estaba aprobada una resolución provisional, una orden de la
supe-rioridad envió al limbo de las covachuelas administrativas el uso efectivo
del dinero. Desde entonces, noviembre de 2014, se nos ha venido diciendo
—siempre en voz baja y con sordina— que los problemas burocráticos se habían
solucionado y que, en breve, saldría la resolución definitiva y se harían
efectivas las cantidades.
2. Por supuesto
que de la de 2015 ni está ni se le espera
Esto fue
lo que nos dijo Javier Giráldez,
director general de Memoria Histórica - preferimos este nombre que deja claro a
qué nos referimos frente al más ambiguo de Memoria Democrática- en la reunión
que este Grupo mantuvo con él cuando ocupó el puesto tras el cambio de Gobierno
de la Junta que llevó a la convocatoria de elecciones del pasado mes de abril.
Una situación provisional que se prolonga en el tiempo y, parece, que lo hará
por algunas semanas más.
Entramos
en un contexto que se escapa al mero ámbito memorialista. Aunque le afecte. En
un mundo político y una sociedad con tantos déficits democráticos, siquiera los
formales, la confusión entre
administración y gobierno es completa. Tanta que se identifica la primera
con los intereses del segundo y, mientras que no lo sean, todo es «provisional». Evidentemente las opciones
políticas son las que deciden la orientación de la administración. Pero también
lo es que, en un Estado homologable a las demo-cracias occidentales, debe ser
historia la época de las cesantías y la parálisis de la vida social, que
siempre es más amplia que la gubernamental.
Sin
embargo «la
provisionalidad»,
en lo que respecta a la Memoria Histórica, es el instrumento que pone de
manifiesto que los partidos políticos, incluso aquellos que se dicen de «izquierdas», la consideran una cuestión de
segundo orden.
Nunca apostaron decididamente por ella. Cuando lo hicieron fue por el empuje
del movi-miento asociativo, en el que participaban muchos de sus afiliados, que
ponía a los partidos políticos contra la pared.
Los años
setenta no eran el momento. En los ochenta, la sociedad anestesiada no la
demandaba. A finales del siglo pasado el despertar de una parte de la sociedad,
los primeros síntomas de un régimen que se resquebrajaba y los intereses
electorales la subieron a la cresta de la ola. A regañadientes, con la boca
chica siempre, muchos se montaron al carro. Pero poco habían cambiado en
treinta años. La existencia de un movimiento civil autónomo y potente volvió a
despertar urticarias en las direcciones de las empresas que son los actuales
partidos políticos. Poco tardaron en aprestarse a controlar o desmontar las
asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Por las buenas o por
las malas. En última instancia siempre cabía la posibilidad de pasarse por el
registro e inscribir cuantas nuevas asociaciones fuesen necesarias y
autoproclamarse (a modo de sindicato) «más
representativas».
Así, en Andalucía, precisamente este
año se ha cumplido (enero) la década de
lo que primero fue la oficina del Comisario de la Memoria Histórica de
Andalucía, el antecedente de la actual Dirección General, al rebufo de lo
que estaba haciendo el Gobierno central, por aquel entonces, también gestionado
por el PSOE de Rodríguez Zapatero. Por cierto, que quizás celebrar este
cumpleaños fuera un buen momento para que se
iniciara la buena práctica de elaborar un balance público de la actividad
realizada. Ni siquiera tiene que ser anual, podría ser cuatrienal por eso de
los tiempos electorales. Bueno, si se mantienen. Sería un avance ya que
hasta hoy, tras el «gobierno» de la memoria andaluza por cinco
políticos, ninguno ha considerado necesario hacerlo. También es verdad que
nadie, ni en el Parlamento ni en la calle, ha pedido explicaciones por este
hecho.
La
consecuencia ha sido que años después de
ordenar la elaboración de un mapa de fosas y, tras pasar también un largo
espacio de tiempo antes de ser hecho público en la Web de la consejería
pertinente, no ha experimentado ninguna modificación a pesar de las decenas de
intervenciones realizadas en fosas desde entonces. Vergüenza debe dar tal
actuación que, cuando la comisión de la ONU visitó estas tierras, los
responsables mintieron asegurando que se iba actualizando. Algunos pensamos,
malamente, hay que reconocerlo, entonces que, haciendo de la virtud vicio, es
decir, aprovechando una necesidad, lo que en realidad se pretendía era mantener
«distraídas» a las asociaciones en una faena que
sobrepasaba su capacidad de acción y así se «olvidaban» de otras.
Podemos
poner otros ejemplos de cómo descafeinar la acción memorialista y, por
supuesto, no hacer ningún balance. Uno es el de los «lugares
de memoria»,
un híbrido con el que escabullirse de la figura del Bien de Interés Cultural y,
además, poder contentar a muchos e inaugurar muchas más placas y monolitos. Bueno, pues si hay alguien
interesado en conocer el catálogo actual completo o su localización por
provincias o localidades, se llevará un gran chasco. Simplemente no existe. Ni
en papel ni digital. Otro caso,
desaparecido en los muelles de las brumas administrativas, es el de los «tejedores
de memoria».
¿Quién se acuerda de ellos?, ¿quiénes saben cuántos son y sus nombres?
Hoy,
quince años más tarde, han conseguido prácticamente el objetivo, a tenor por el
encefalograma prácticamente plano del tejido asociativo memorialista. Salvando,
por supuesto, contadas excepciones. La
RMH es una cuestión de segundo o tercer orden en los programas electorales. Se
le dedican unas cuantas líneas y se silencia en las intervenciones públicas.
Renacen las viejas prácticas de las buenas palabras y ningún hecho. Una música
que no es nueva. Lleva muchos años tocándose.
Así que
¿librar el 25 % adeudado de la ayuda de 2013? Claro que es un compromiso. ¿Qué
cuándo se llevará a cabo? Estamos en ello. Recordárnoslo de vez en cuando, ¿en
campaña electoral? Bueno, si queréis, pero tampoco es tan importante.
¿La del
2014? Bueno, conocéis el problema que hubo. ¡Está arreglado! Pero ya sabéis que
las cosas llevan sus trámites. En la administración nada es fácil. ¡No os
podéis imaginar lo complicadas que son las cosas para que queden de verdad
transparentes y justificadas! No os preocupéis que, en breve por supuesto, se
resolverá...
Más
difícil es lo del 2015. ¿Qué están aprobados los presupuestos? Sí, pero ha
habido que ajustarlos. Ya sabéis la presión del Gobierno central en manos de
los fachas del PP. Además todavía no hay Gobierno. Cosas de las elecciones y de
la maldad de los demás partidos que ni comen ni dejan comer. ¡Irresponsables!
En esas estamos. Contentos y sin la dote de la novia. Tampoco, de momento,
parece que ésta vaya a aparecer por el lugar de la boda.
Mientras,
no hay problemas de ningún tipo, incluidos los económicos, en continuar con
políticas comenzadas con anterioridad. Aunque valgan dinero. Lo veremos
ense-guida con un ejemplo sobre la cuestión de las exhumaciones.
3. La
intervención en la fosa de Paterna de Rivera (Cádiz)
Las
exhumaciones de los asesinados fue uno de los elementos constitutivos de las
asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Columna vertebral de
sus actuaciones es, también, uno de los puntos más polémicos que han dividido a
asociaciones, familiares, partidos y administraciones.
Las intervenciones en cementerios, campos y
cunetas fueron una tarea asumida por familiares y, después, las asociaciones
formadas por ellos ante la inacción de la administración democrática en todas
sus facetas: gubernativa, legislativa y judicial.
Un tema, sensible por muchas
cuestiones, que fue afrontado por unos y otros con los instrumentos y medidas
que tenían a su alcance. Fuera del alcance judicial y arqueológico por
encontrarse en «tiempo
muerto» (con perdón),
fueron las propias leyes mortuorias
existentes las que permitieron y deben seguir de momento permitiendo la
intervención: básicamente la autorización del propietario del terreno en donde
se encuentren los restos.
Realizando las
catas en Paterna de Rivera.
Por
supuesto que la intervención debe basarse en un protocolo de buena práctica que recoja todas las variantes de una
exhumación de este estilo. Contamos con varios de ellos, tanto locales,
regionales y nacionales como internacionales. De momento, a tenor con la
experiencia acumulada, en Andalucía podemos encontrar ejemplos afortunados y
desafortunados, independientemente del protagonista de la iniciativa. Sean
familiares, asociaciones o administraciones. Así que no se pueden cargar las
culpas en unos u otros como a veces se ha querido argumentar.
Pero a
medida que ha pasado el tiempo, y dentro de ese principio general de
asimilación, control y desmontaje del asociacionismo memorialista, han
comenzado a aparecer dificultades, cada vez en mayor número. De dos tipos
principalmente: administrativas y por una supuesta judicialización. Las
primeras por el cada vez mayor protagonismo de la administración.
Una
actuación siempre demandada por familiares y asociaciones en el convenci-miento,
por lo menos por nuestra parte, de que ello significaba la asunción de las
exhumaciones como una política activa de memoria, como un compromiso de poner
la maquinaria administrativa a disposición de resolver un problema no creado
por ellas. Ingenuos que somos.
Sin
embargo, pensamos que no ha sido así. Creemos que se ha utilizado como un
instrumento más para reducir el papel de familiares y asociaciones. Un reflejo
más de la histórica, por lo menos hasta cuarenta años atrás, desconfianza de
las estructuras partidarias y estatales hacia la ciudadanía. Hacia la sociedad
que unas dicen represen-tar y otras administrar. Como si el partido encargado
de la administración fuera su propietario, único con capacidad de gestionar y,
por supuesto, decidir. Algo con lo que no estamos de acuerdo y, hoy más que
nunca, no es real ni política ni socialmente. Incluso en una democracia formal,
su concepto debe ser un poco más ancho.
Así que
paulatinamente se ha ido reduciendo por
la vía de los hechos la posibilidad de llevar efectivamente las intervenciones
propuestas por asociaciones y familiares. Se les ha ido arrinconando a pesar de
declaraciones e intenciones. Y eso cuando se hacen. Bastaría recordar que
esta autonomía gobernada por supuestas izquierdas ha sido la única, y no
deseamos que se tenga que repetir, donde miembros
de una asociación se han tenido que poner en huelga de hambre ante el
intento de desplazar a los familiares al grito de “¡los muertos son de todos!”, que parecía querer decir que son de
todos menos de las familias. No queremos pensar qué hubiera ocurrido si tan
esperpéntica situación hubiera tenido lugar en una autonomía gobernada por
irredentos derechistas fachas.
Entre deseos y propuestas de
exhumación y su efectiva realización se ha ido interponiendo un cada vez más
espeso bosque de condiciones de obligado cumplimiento. En muchos casos ni siquiera
respaldadas por una necesidad legal, pero que añaden oscuridad y falta de
transparencia. Por cierto, no desesperamos en que esta palabra tan de moda
termine por llegar al área memorialista de la Junta de Andalucía. Trabajo
tiene. Por ejemplo, podría poner a
disposición pública los informes de las exhumaciones realizadas, así como del
cumplimiento de los plazos de las subvenciones dadas. Y, en fin, de todos
los trabajos resultantes de dichas subvén-ciones. Lo decimos porque nosotros
por no entregar el trabajo en el plazo previsto, una investigación y su
publicación, sufrimos una sanción. Por tres meses, 1.500 euros.
Retomemos
el hilo. Ahora, la vía de los hechos impone una primera comunicación a los
órganos competentes, léase Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), una
resolución de un Comité Técnico, cuyos fundamentos, conocimientos y real
evaluación de los proyectos permanece en la bruma de la trastienda burocrática,
y un acuerdo aprobatorio final. Independientemente de la participación estatal,
o no, en la finan-ciación. Primer permiso que debe ir acompañado de la,
realmente indispensable, autorización del propietario de los terrenos en donde
se quiere intervenir. Algo perfectamente entendible si lo interpretamos como un
renglón más del papel activo del Estado y de la necesidad de garantías en las
intervenciones. Pero no si se quiere utilizar como un arma para desplazar y
reducir el espacio de actuación de familiares y asociaciones. Para convertir en protagonista a la
administración, incluso cuando lo único que hace es apropiarse del trabajo
ajeno. Algo incluso ilegal tratándose de una subvención.
Por si no
fuera poco, desde hace unos meses también se
intenta convertir en indispensable, en requisito previo, la judicialización de
las exhumaciones. No existe ningún requisito legal que así lo exija. Más
allá de las ganas de actuar, o no, que hayan tenido determinados jueces y
juezas (no vayan a pensar que no somos políticamente correctos), lo cierto es
que en todos los casos han coincidido en que no hace falta ninguna resolución
judicial para realizar la exhumación. Ya se ha dicho: el tiempo excede el
requerido, veinticinco años. Otra cosa es su consideración como crimen de lesa
humanidad y los plazos que significa.
Judicializar
las exhumaciones es otro de los debates que llevamos realizando desde hace
quince años. Nosotros estamos entre
quienes creemos que intervenir en las fosas no va necesariamente acompañado de
la destrucción de pruebas de los crímenes del franquismo. Que la
elaboración por arqueólogos y antropólogos forenses de sus informes mantiene la
prueba testimonial. Que se puede denunciar ante el juzgado pero que la resolución
de este, hasta ahora siempre archivar, independien-temente de que se pueda
recurrir a algún considerando favorable, no puede significar la paralización de
la exhumación.
Utilizar
este argumento, no necesario legalmente repetimos, significa dejar en último
término a los familiares que llevan años esperando la ocasión y que, en
bastantes casos, no tienen mucho tiempo más. Una crueldad, un jugar con los sentimientos que no tiene ninguna
justificación más que el interés de quienes administran a la administración. A
sus componendas, tiempos y objetivos. Es decir, utilizar la administración
de lo público en interés privado. Porque se sabe que resolver estas cuestiones
no es una prioridad para los jueces. Como tampoco la justicia destaca por su
rapidez resolutoria.
Hemos
demostrado durante años que verdad,
justicia y reparación son nuestros objetivos. Pero no son unas palabras
vacías que se utilizan grandilocuentemente para, después, olvidarlas cuando hay
que decirle a un familiar que espere, que sus ansias no son importantes, que
más lo es el titular o el camino, que se le supone bieninten-cionado, de ligar
memoria histórica y justicia administrativa. Que los tiempos de palacio van
despacio.
Hace ahora
un año que, tras un largo camino previo, comenzaban las intervenciones, en
forma de cata, en el cementerio de Paterna de Rivera (Cádiz), propiedad
eclesiástica. Entonces ocupaba la recién creada DGMD, Luis Naranjo de IU. Fue bajo
su mandato cuando se dio el paso de abrir aún más el foso con muchas familias y
colocar a las asociaciones en la tesitura de pasar por sus horcas caudinas o
atenerse a las consecuencias. Conocidos son los resultados que produjo. Por
entonces los familiares de la población gaditana, conjuntamente con miembros de
este grupo, decidieron comunicar sus actuaciones a la DGMD. Sobre todo porque
en un inusitado amor al cumplimiento de los dictados de la administración
socialista-comunista y de subordinación al poder civil, el obispado de Cádiz
exigió el pertinente escrito de autorización.
Nuestro
objetivo es ayudar a las familias y facilitarles el camino, no crearles
problemas. Así que se anduvieron los caminos exigidos y, finalmente, con el
apoyo del Ayuntamiento de Paterna, con equipo de gobierno del PSOE, durante dos
fines semanas se realizaron las catas pertinentes hasta que aparecieron restos
que indicaban, tras la oportuna consulta antropológica forense, que se trataba
de muertos violentamente. En ese momento la dirección arqueológica, siguiendo
las instrucciones de la DGMD y como también antes se había realizado, puso en conocimiento del Juzgado de
Instrucción de Chiclana de la Frontera el hallazgo. Presentación que, sobre la
marcha, el juzgado decidió archivar y así se lo comunicó a quienes la
presentaron. De todas formas, en los días siguientes, desde la DGMD se insistió en el escrito de denuncia
que hasta el presente no se ha resuelto, a pesar de de que los dos directores
generales, tanto Luis Naranjo en julio del año pasado como Javier Giráldez en
marzo del presente, se han interesado por el asunto ante el juzgado.
Mientras,
con vistas a preparar la intervención en esta primavera, las familias, el
arqueólogo y miembros de este grupo contactaron con el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Paterna con el fin de concretar el ofrecimiento de apoyo
económico que había realizado y puesto en práctica durante la cata. En aquella
reunión, celebrada en el otoño del 2014, además de reafirmar el alcalde
paternero su disposición total, las familias informaron de la creación legal de
una Asociación de Familiares y este grupo de trabajo informó de que el
sindicato CGT había destinado 1000 euros
a la exhumación. Así mismo se decidió volver a solicitar el permiso al
obispado, previo paso por la DGMD, para la nueva intervención.
Así quedó
la cosa hasta que hace unos días, el jueves pasado, se celebró en Paterna una
nueva reunión, a la que acudió el director general y a la que los miembros de
este grupo no fueron invitados. En ella se informó a las familias de que se consideraba
que, mientras no estuvieran resueltas
por el juzgado de Chiclana las diligencias abiertas el año pasado, la DGMD
creía que no se podía intervenir y que la asociación paternera podía
presentar un nuevo escrito solicitando la resolución de las diligencias
previas. Eso sí, Javier Giráldez se comprometió a que se harían cargo de todo
el proceso de exhumación una vez resuelto el tema judicial.
Este grupo
no sabe exactamente qué significa ese hacerse cargo de «todo». No estuvo presente en la reunión. Además,
la falta de transparencia en la elección
de intervenciones y su financiación ha sido una constante desde que se
eliminaron de la concurrencia pública las intervenciones en las exhumaciones y
tan solo se conocen a posteriori y cuando se considera pertinente. Al
comienzo de este texto hemos dicho que la administración andaluza de la Memoria
Histórica no ha hecho ningún balance de su actividad. Lo que sí tenemos claro
es que la prevista exhumación, a menos que el juez o jueza tenga a bien
desprenderse del tema en un breve plazo, se suspende sine die. Eso sí, ante las próximas elecciones queda de manifiesto
la voluntad del Ayuntamiento, que parece haber tomado las riendas del asunto, y
de la DGMD, ambas ocupados actualmente por PSOE, de proceder a la exhumación
siempre que les dejen. ¡A eso se llama
echar balones fuera!
Ya se ha
explicado por qué consideramos que no se trata sino de una práctica dilatoria
que corresponde al planteamiento general de la cuestión y que no pasa, desde
luego, por considerarlo un tema importante de la política de la Junta de
Andalucía. Ya se vio en el discurso de
investidura de Susana Díaz: ni una mención. También veremos, si logra
formar gobierno, si la DGMD continúa o si es sacrificada por eso de reducir al
mastodonte burocrático autonómico. Ya saben que estamos en tiempos de
austeridad y hay que dar ejemplo. No nos vale tampoco la supuesta
provisionalidad de la administración regional. Esta funciona y, se supone, que
en las perspectivas del nuevo gobierno está continuar con las políticas de
memoria. Aunque sean escasas y excluyentes.
En
definitiva, en estos días hemos asistido
a la demostración del papel cada vez más secundario que tiene la RMH para la
administración andaluza. Una en el aspecto más general. Otra a pie de
tierra, la que pocas veces se conoce. La que pone más al descubierto las
vergüenzas. Cuando hace más de quince años comenzamos a transitar de forma
organizada este camino teníamos claro que no iba a ser de rosas. Ni siquiera si
íbamos a tener muchos compañeros de viaje. Incluso que con algunos de ellos
había que tener mucho cuidado. No nos importó. No tenemos vocación ni de
dirigentes de masas ni de poseer la verdad. Solo tenemos claro algunos
objetivos.
Foto (Paco Fuentes.
El País). Equipo de “todos (…) los nombres” junto al monolito en recuerdo a los
fusilados en la muralla de la Macarena (Sevilla).
Que las famosas
palabras verdad, justicia y reparación, que están de boca en boca, no son
conceptos vacíos. Al contrario, están llenas de contenido, de nombres de
personas, de sus historias, de sus rostros. Por eso hemos impulsado la web www.todoslosnombres.org,
por eso hemos editado investigaciones, por eso reivindicamos la necesidad de
que se reconozca el trabajo esclavo, etc., por eso ayudamos a las familias que
buscan a sus deudos antes de que se les acabe el tiempo. Su prioridad es la
nuestra. Estrategias, tiempos políticos
y demás yerbas se subordinan a ella. ¡Ha pasado ya demasiado tiempo para seguir
jugando con ellas!
No importa caer, no importa que
desmonten lo que no controlan, una y otra vez. Volverán. Los problemas no
desaparecen. Si se
aplazan renacerán de diferente forma, bajo distintos protagonistas, con otros
nombres. Pero volverán. Como las golondrinas de Bécquer. Por eso de la poesía
con la que empezábamos.
Salud y
memoria.
