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El Gobierno pide al Alto Tribunal ampliar de tres a seis meses el plazo para impugnar la norma mientras negocia con la Junta modificar los artículos con los que "discrepa"
Foto de familia en el Parlamento de Andalucía tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. EFE
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado el primer paso para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada hace sólo cuatro meses en el Parlamento de Andalucía sin ningún voto en contra. La semana pasada, durante la última sesión plenaria, la presidenta Susana Díaz y la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, llegaron a un acuerdo para que el Gobierno andaluz reclame al Congreso las actas relativas a la muerte de Manuel García Caparrós, militante malagueño de CCOO, asesinado durante la manifestación de la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Esa petición se hará al amparo de un artículo de la Ley de Memoria que regula la “recuperación del patrimonio documental incautado durante la Guerra Civil y la Dictadura”, precisamente la parte del texto sobre la que el Ejecutivo central ha mostrado “discrepancias”, según un escrito remitido a la Junta, al que ha tenido acceso Público.
El punto de discordia entre Gobierno y Junta es similar al que hace años enfrentó al Estado con la Generalitat de Cataluña al reclamar los famosos “papeles de Salamanca”, toda la documentación relativa a la Guerra Civil en territorio catalán, que se encontraba en el Archivo Histórico, ubicado en la capital charra. La nueva normativa andaluza da potestad a la Junta para “emprender en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía”.
Según fuentes de la Consejería de Presidencia, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, firmaron un acuerdo el pasado 19 de junio en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Junta de Andalucía con objeto de crear un grupo de trabajo en el que ambas administraciones buscarán una salida al conflicto, “tratando de evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad”.
El acuerdo de esta subcomisión fue comunicado al Tribunal Constitucional, invocando el uso del artículo 33.2 de la ley orgánica que regula el TC, según el cual “se amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo”.
Hay pocos antecedentes en los que esta subcomisión, que sirve para dirimir problemas entre Gobierno y comunidades autónomas, no haya desembocado en los tribunales cuando el color político de las administraciones es distinto. El Ejecutivo central y el andaluz tienen más de una decena de litigios en los tribunales, por denuncias cruzadas, muchas de ellas por invasión de competencias del Estado.
La Junta le resta importancia y asegura que la Comisión Bilateral está precisamente para agotar la negociación y evitar otra suspensión cautelar de la norma. Existe un precedente muy similar, de hecho, en la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, de 2011. El Gobierno central también expuso entonces “discrepancias competenciales” e inició los trámites para recurrirla ante el Constitucional, convocando antes a la Junta a un grupo de trabajo para intentar llegar a un acuerdo. El Ejecutivo andaluz se comprometió a “añadir un inciso” a un artículo, “modificar” un apartado de la ley y “eliminar parte de otro.
Pero la Ley andaluza de Memoria es más delicada y el propio Ejecutivo andaluz reconoce que presenta una dificultad añadida: Rajoy ha asfixiado la Ley estatal de Memoria Histórica de Zapatero (2007), dejándola sin presupuesto y, por tanto, sin efectividad real. Mientras que Susana Díaz acaba de aprobar una normativa propia y además ha elevado las competencias memorialistas en el organigrama de su Gobierno, pasándolas del área de Cultura a Vicepresidencia. La Junta, por ahora, es optimista y cree que el grupo de trabajo podrá evitar el recurso ante el Constitucional. Desde el Gobierno, en cambio, advierten de que la salida más factible es que el Ejecutivo andaluz se avenga a “matizar o eliminar” los artículos que hablan de la “recuperación del patrimonio incautado” de la Guerra Civil.
Sin embargo, políticamente es difícil que la Junta ceda en este punto, porque cuenta con el respaldo del Parlamento autonómico, donde se aprobó la ley sin ningún voto en contra. PSOE, Podemos e IU votaron a favor, y PP y Ciudadanos se abstuvieron. Cualquier modificación del texto, además, enfrentaría al Gobierno socialista de Susana Díaz con sus aliados en la izquierda sobre esta materia: Podemos e IU, que no aceptarán que se toque una coma.
El Gobierno central muestra "discrepancias" con dos apartados de la ley andaluza de memoria histórica
El Ejecutivo y la Junta de Andalucía han acordado designar un grupo de trabajo que proponga una solución que evite un recurso ante el Tribunal Constitucional
El motivo del desencuentro es la incorporación al Archivo General de Andalucía del patrimonio documental "incautado" durante la Guerra Civil y la dictadura
OCULTAR PUBLI X
El Gobierno de la Nación ha expresado "discrepancias" sobre dos apartados de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento andaluz relativos a la recuperación de patrimonio documental "incautado" durante la Guerra Civil y la dictadura y ha acordado con la Junta de Andalucía designar un grupo de trabajo que proponga una solución.
La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los dos apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".
En concreto, Junta y Gobierno han decidido poner en marcha un grupo de trabajo al respecto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito el pasado 19 de junio por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.
En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con los apartados dos y tres de la disposición adicional tercera de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en marzo por unanimidad de los cinco grupos del Parlamento andaluz.
La incorporación al Archivo General de Andalucía
En concreto, el primer apartado de la nueva norma que cuestiona el Gobierno establece que la Junta emprenderá "en el plazo máximo de un año" desde la entrada en vigor de la ley "actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica".
Junto a ello, el Ejecutivo central también plantea objeciones a otro apartado que determina que la Junta "impulsará las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía".
Ante las "discrepancias" expresadas por el Gobierno sobre la regulación andaluza, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al TC "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
