Hace 31 años, el Papa Juan Pablo II bendecía al régimen de Augusto Pinochet, presentándose junto a él en el balcón de la Casa de la Moneda de Santiago. El respaldo de la jerarquía vaticana al general, basado en la amistad de éste con el entonces secretario de Estado vaticano (y ex Nuncio en Chile), Angelo Sodano, hizo mucho daño a los católicos chilenos. Una herida que, este jueves, el papa Francisco ha reconocido como primer paso de reconciliación.
En el último acto de su visita a Chile de 2018, y antes de partir hacia Perú, Bergoglio se ha encontrado con dos víctimas del régimen de Pinochet, que le entregaron una carta en la que se le solicitaba la ayuda del Vaticano para esclarecer, en la medida de lo posible, las circunstancias de la desaparición de miles de personas en los duros años de la dictadura chilena.
La actitud de Francisco contrasta con la que preside a la Iglesia católica en España, que se ha negado sistemáticamente a cualquier revisión de la memoria histórica. Basta con recordar las calificación episcopal: "Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión, vuelve a hallarse dividida y enfrentada por una utilización de la "memoria histórica, guiada por una mentalidad selectiva", decían los obispos españoles hace 11 años, cuando el Gobierno Zapatero debatía la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
¿Por qué en algunos casos Francisco habla y en otros no? La respuesta está en el interés de las cúpulas eclesiásticas nacionales. La causa es tan sencilla como difícilmente explicable, y la daba hace unos meses el Nuncio de Su Santidad en España, Renzo Fratini: "No creo que sea necesaria la inclusión del Santo Padre en este proceso". En otras circunstancias, tanto en Argentina como en Uruguay, los obispos atendieron las reclamaciones de las víctimas, y las hicieron llegar a Francisco. En España, los obispos no lo consideran "necesario".
Hablan los represaliados
Una de las víctimas de la represión pinochetista, Héctor Marín Rossel, ha contado al Papa que su hermano fue secuestrado el 28 de septiembre de 1973, y desapareció ese mismo día en Iquique. "En sus manos dejo la esperanza de encontrar a nuestros detenidos desaparecidos" clamó ante el Pontífice.
Antes, en el aeródromo de Maquehue (Temuco), que sirvió como centro de detención y tortura durante la dictadura, el Papa celebró una misa que ofreció "por todos los que sufrieron y murieron y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias'. El papa pidió un momento de silencio por tanto 'dolor y tanta injusticia', en medio de la emoción que se palpaba en el ambiente.
El compromiso del Papa Francisco por las víctimas de las dictaduras forma parte de su lucha contra lo que llama "cultura del descarte". Los olvidados son una de las obsesiones de este pontificado: los refugiados, los sin techo, los pueblos originarios... y también, los afectados por los regímenes dictatoriales.
En este sentido, Francisco ordenó la desclasificación de los archivos que el Vaticano guarda sobre la dictadura de Videla en Argentina, para que las familias de los desaparecidos pudieran acceder a toda la documentación. Un gesto que se reprodujo la semana pasada, cuando el obispo castrense anunció la entrega a las familias y asociaciones de víctimas de todos los datos relativos a los 175 nacimientos que se produjeron en la tristemente famosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1975 y 1979.
Hace semanas, el Papa ya hizo lo propio en el caso de Uruguay, tras encontrarse con el nuevo embajador uruguayo ante la Santa Sede, comprometiéndose a desclasificar los archivos que el Vaticano tiene sobre la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). En estos días se discute sobre si los datos sólo estarán a disposición de los familiares de desaparecidos o si se contemplará la posibilidad de un modelo de acceso más amplio, como reclama la sociedad civil uruguaya.
Contraste con España
Argentina, Chile, Uruguay han sido tres de las dictaduras que marcaron la historia de América del Sur en el siglo XX. Sin embargo, la dictadura fascista española del general Francisco Franco no ha merecido tanta actividad reparadora por parte de la Iglesia católica.
Tras la aprobación de la ley de memoria, y dos meses antes de la entrada en vigor de la ley, se produjo la mayor beatificación de mártires en la historia de la Iglesia, con medio millar de asesinados durante la Guerra Civil, en una ceremonia presidida en el Vaticano por el propio Benedicto XVI.
La presencia del monje de Montserrat, Hilari Raguer (al comienzo estuvo el cardenal Sebastián, pero pronto la abandonó) en la Comisión para la Aplicación de la Ley de Memoria Histórica, hizo saltar chispas entre los obispos, que estallaron cuando la citada comisión recomendaba convertir el Valle de los Caídos en un centro de reinterpretación histórica, al tiempo que solicitaba que se cumpliera la ley para que las familias que lo desearan pudieran exhumar sus restos de Cuelgamuros, e instaba a debatir la salida de los cuerpos de Franco y José Antonio.
Costó mucho sudor, y decenas de demandas judiciales, conseguir que, poco a poco, buena parte de las catedrales, basílicas y parroquias españolas retirasen todos los signos franquistas de sus fachadas. Así lo hicieron las catedrales de Almería, Granada, Cuenca o Segovia, por ejemplo, retiraron placas por los 'caídos' o José Antonio tras sentencias de los juzgados. Otras, como Toledo, o templos como el Valle de los Caídos o el Cerro de los Ángeles de Getafe, continúan exhibiéndolas sin pudor. Alrededor de una quincena de diócesis no han respondido a los requerimientos planteados.
Algún cambio
Algunas cosas están cambiando, es cierto. En Madrid, por ejemplo, el cardenal Osoro accedió a que un sacerdote, Santos Urías, participara en la comisión para la memoria histórica, sin mayores problemas, y en algunas diócesis se ha facilitado el acceso de las víctimas del franquismo a los datos que pudiera haber sobre los fallecidos. La Iglesia, oficialmente, ha acatado la ley, aunque las trabas continúan siendo demasiados
Pero, siguen sumándose sinsabores para las víctimas. A la negativa de los monjes del Valle a cualquier exhumación de los restos de las víctimas, se suma el escándalo de los bebés robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia, vinculados a hospitales y congregaciones católicas.
A pesar de que tanto el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, como su portavoz, José María Gil Tamayo, se han reunido con asociaciones de víctimas. y de que, en 2014, se comprometieron a que la Iglesia abriría sus archivos para aquellos particulares que reclamen documentos relacionados con supuestos casos de bebés robados. A pesar de que, además, éste se mostró de acuerdo en que las personas que tengan dudas sobre la posible sustracción de sus hijos en un hospital o clínica privada, o las familias que busquen a sus allegados, puedan acudir a su diócesis para solicitar las partidas de bautismo o de defunción del afectado. Hasta la fecha, y salvo casos contados, esto no se ha producido.
Momento en el que los aliados liberan a los prisioneros del campo de concentración de Mauthausen en 1945. ARCHIVO -
(Aretxabaleta, Gipuzkoa, 1948).
