- El Gobierno ha comunicado este martes que destina 11 millones a la memoria histórica en el proyecto de los PGE para 2021
- "Que el presupuesto se detraiga de la Justicia para entregarlo a asociaciones en el fondo significa impunidad", señala Arturo Peinado (Encuentro estatal)
- "Este Gobierno debería allanar el camino para que el derecho a recuperar los restos de un familiar no se discuta", indica Emilio Silva (ARMH)
El Gobierno ha comunicado este martes que destina 11 millones de euros a la memoria histórica en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La cifra supone cuatro millones menos que el dinero contemplado para esta partida en los presupuestos fallidos de 2019. Si bien es cierto que es la máxima cantidad jamás presupuestada para este fin. El máximo de José Luis Rodríguez Zapatero para la Ley de Memoria Histórica fue de 6,2 millones de euros en 2011 y Mariano Rajoy dejó con “cero euros” a la ley en los PGE desde 2013 hasta la fecha.
El descenso del presupuesto en casi un tercio de lo prometido hace apenas un año no es una buena señal para las asociaciones de memoria consultadas por cuartopoder. "No parece muy ambicioso", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Sin embargo, lo que más les preocupa es la gestión que el Gobierno haga del presupuesto destinado a las exhumaciones de las fosas comunes. Las exhumaciones son la piedra angular de la norma que ampliará Ley de Memoria Histórica de 2007, la Ley de Memoria Democrática que, según anunció el Ejecutivo, destinará el 60% de su presupuesto a desenterrar los restos de los miles de desaparecidos.
El Gobierno anunció en septiembre, en el marco de esta nueva ley, un plan estatal de exhumaciones del que se haría cargo el Estado junto a otras Administraciones. Mientras se tramitan estos presupuestos, anunció que otorgaría “subvenciones” para que las exhumaciones pudieran comenzar. La idea de que el Gobierno ofrezca presupuesto a otras entidades para que desarrollen investigación y exhumación de los restos no convence a las asociaciones, que consideran que el Estado debería hacerse cargo directamente de la búsqueda de restos de las víctimas. La dirección de estas medidas les trae el mal recuerdo de un aspecto de la Ley de Memoria del 2007: eran las asociaciones de familiares quienes asumían el proceso.
Según Arturo Peinado, del Encuentro estatal de Colectivos de la Memoria histórica y Víctimas del Franquismo, abrir fosas es “una patata caliente” para el Ejecutivo. “Que el presupuesto se detraiga de la Justicia para entregarlo a asociaciones particulares en el fondo significa impunidad. No se hace justicia así”, indica.
La primera subvención para exhumaciones que ya ha realizado el Estado este mes ha sido de 750.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lo que supone traspasar esta tarea ayuntamientos. Es precisamente en estas administraciones donde se ha encontrado más trabas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva 20 años realizando exhumaciones privadas. Su presidente, Emilio Silva, critica la decisión. "En los lugares donde no existe la garantía de ese derecho no puedes mandar a los familiares a darse cabezazos con un ayuntamiento en su contra", lamenta. Pone como ejemplo la exhumación de Timoteo Mendieta que llevó a cabo la ARMH en Guadalajara. Aunque había sido autorizada por la Justicia argentina, se les quería imponer "una tasa de 2.000 euros" a su asociación sin ánimo de lucro.
"Este Gobierno debería allanar el camino para que el derecho a recuperar los restos de un familiar no se discuta. Y de esta manera, puede objeto de discusión de los plenos de los ayuntamientos", critica Silva. Además, considera que el Gobierno se contradice. Al principio, se suponía que no había espacio en los presupuestos actuales para asuntos de memoria histórica y ahora este acuerdo con la FEMP y otras medidas "salen de los presupuestos prorrogados de Rajoy".
Emilio Silva considera que el Estado debería hacerse cargo de las exhumaciones y, en consecuencia, asegura que la ARMH no optará a este tipo de subvenciones. En su opinión el Estado debería garantizar que los familiares, independientemente de su lugar de residencia, pudieran iniciar el proceso de búsqueda y exhumación de su familiar "de manera automática", a través de las delegaciones del Gobierno desplegadas en todo el territorio o de un instituto público de memoria, un modelo que ya existe en Euskadi y que atiende directamente a las familias que quieren iniciar este proceso.
Por su parte, en el Encuentro estatal de Colectivos de la Memoria histórica defienden que se cree una fiscalía o un juzgado especializado que establezca un mapa de exhumaciones para abordarlo en tres o cuatro años. "No nos parece bien el planteamiento del Gobierno. Quienes deben gestionar el dinero no son las asociaciones, sino un juzgado", indica.
El nuevo presupuesto destinado a la memoria histórica anunciado este martes por el Gobierno, al menos de momento, no ha despertado un gran entusiasmo entre estas asociaciones. "Que el Gobierno haya disminuido el presupuesto de memoria respecto al año pasado significa que va a ir más despacio. Esto sobre todo afecta a la gente mayor, a quienes se les agota el tiempo", concluye Silva.
https://diario16.com/criticas-al-gobierno-por-su-proyecto-presupuestario-para-la-memoria-historica/
Críticas al Gobierno por su proyecto presupuestario para la Memoria Histórica
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reprocha al Ejecutivo de Sánchez que no convierta en un derecho la sepultura digna para las víctimas del franquismo
La Asociación se pregunta, de manera retórica, si hay un límite económico a partir del cual el Estado deja de investigar un crimen o, si puede ocurrir que en un atentado el dinero se acabe antes de que el Estado indemnice a todas las víctimas.
En este sentido a la ARMH se le plantea un interrogante: ¿Por qué hay una partida limitada para ayudar a los familiares de los desaparecidos por la represión franquista? “Si dar sepultura digna a un ser querido es un derecho, no puede existir un techo presupuestario a lo que hay que añadir que el Estado se niega a atender a las víctimas de la dictadora, como si no fueran víctimas, como si fueran inferiores a otras víctimas como las del terrorismo”, afirman.
La previsión del Gobierno de los presupuestos para el año 2021 de una partida de 11 millones de euros destinados a políticas de memoria, de los cuales sólo se dedicará un porcentaje a la búsqueda de personas desaparecidas, no cumple con los criterios de Naciones Unidas con respecto a los derechos de las víctimas del franquismo
Para la ARMH se trata de un techo económico que limita el número de personas que pueden ejercer el derecho a exigirle al Estado la búsqueda de un ser querido y que por lo tanto discrimina a las que puedan acceder a esos recursos limitados frente a las que no puedan hacerlo.
A todo lo anterior, la ARMH añade en su comunicado, que “el Gobierno pretende delegar en las asociaciones de la memoria la responsabilidad de atender a los familiares, algo que no ocurre con víctimas de otras violencias, como las del terrorismo, que son atendidas directa y urgentemente por el Estado”.
“El Gobierno de Pedro Sánchez prometió en octubre de 2019 una partida de 15,2 millones de euros destinada a la memoria y ahora el nuevo Gobierno de coalición la reduce esa partida en casi un 30%”, afirman. “Ninguna de las dos garantiza el derecho de las familias de todas las familias, de los 114.226 desaparecidos del franquismo, a exigirle al Estado que busque, identifique y ayude a enterrar dignamente a los desaparecidos que se opusieron y no colaboraron con la construcción de una dictadura que durante cuatro décadas secuestró las libertades en este país”.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró en la rueda de prensa tras la presentación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que no se podía perder un minuto en ayudar a las familias pero el límite presupuestario y el recorte en la partida propuesta hace un año ralentizará la búsqueda de personas desaparecidas y condenará a muchos familiares a seguir muriendo sin recibir la ayuda de un Estado que se comprometió a resolver todos y cada uno de los casos, sin dosificarlos, cuando ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, afirman desde ARMH.
La vicepresidenta repitió en varias ocasiones que el Gobierno pretendía cumplir con los criterios de Naciones Unidas y esto es lo que dicen en las cuestiones relativas a las personas desaparecidas (Artículo 12 de la convención): “Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes”. Y añade: “Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 (el Estado) iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará una protesta formal ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU por el incumplimiento de sus deberes por parte del Gobierno.
