Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
El Ayuntamiento de Benicarló está colaborando con la Asociación Benicarlanda por la Recuperación y la Investigación del Legado (ABRIL Benicarló) y el Grupo de Investigación de la Memoria Histórica de Castelló para difundir el listado de represaliados por el franquismo que están enterrados en el Cementerio Civil de Castelló y localizar familiares por si estos quieren iniciar los trámites para reclamar los cuerpos.
La colaboración se enmarca en la nueva campaña de exhumaciones de víctimas de la represión franquista que está llevando a cabo la Generalitat con la ayuda del Grupo de Investigación de la Memoria Histórica de Castelló.
La implicación del Ayuntamiento en esta investigación de familiares cuenta con el visto bueno de todos los grupos con representación municipal, que se reunieron a mediados de diciembre en el Paradero de Turismo para recibir toda la información al respecto, de la mano de los miembros de ABRIL Benicarló.
También este mes de diciembre, el concejal de Cultura, Pedro Manchón, visitó el Cementerio Civil de Castelló con los miembros de la asociación ABRIL Benicarló Jaime Ramia, Joan Ferré y Rafa Domínguez, para ampliar información, visitar el lugar donde están enterrados los 21 vecinos y establecer posibles líneas de colaboración en políticas de memoria.
La alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, ha destacado que «esta colaboración es un paso fundamental para superar la anomalía democrática que supone el hecho de que 80 años después, 21 vecinos continúan en una fosa común en Castelló». «Si conseguimos que las familias sean sabedoras —ha dicho la alcaldesa— conseguiremos que estos 21 vecinos estén donde se merecen, que es donde decidan sus familias».
Paralelamente con la difusión del listado, el Ayuntamiento también se ha comprometido a dignificar la fosa de los morellanos asesinados por la Guardia Civil en aplicación de la «Ley de fugas» y que actualmente están enterrados en el Cementerio de Benicarló. La voluntad del Ayuntamiento es rendirles homenaje con un memorial que recuerdo las víctimas.
Las personas que localizan algún familiar entre los represaliados en Benicarló y quieran gestionar el retorno de los restos, pueden enviar un correo electrónico al Departamento de Cultura a correu.cultura@ajuntamentdebenicarlo.org
Son los días más duros de la historia reciente de Cáceres. Empezaron el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre de 1937. Ese día, el criminal régimen franquista empezaba un baño de sangre con el fusilamiento de 34 personas. La bestia fascista estaba sedienta de venganza y preparó un montaje para justificar el fusilamiento de 196 personas. Fueron 182 hombres y 14 mujeres. Los asesinaron en menos de un mes (del 25 de diciembre de 1937 al 21 de enero de 1938), convirtiendo esas Navidades en una orgía de miedo y horror.
Jornaleros, ferroviarios, maestros, sindicalistas, militantes de partidos que apoyaron al Frente Popular... fueron sus víctimas. En Cáceres había triunfado la sublevación fascista y por lo tanto no hubo guerra. Esta circunstancia les impedía de cara a la galería que los jerarcas militares y falangistas pudieran llevar a cabo las matanzas sistemáticas a las que estaban acostumbrados y con las que habían arrasado la provincia hermana de Badajoz. Decidieron saciar su sed de sangre inventando un complot para justificar la tremenda represión.
El documento de balance que realizó el ejercito tenia por título "Consejos de Guerra y relación nominal de personas fusiladas con motivo del abortado complot del 23 de diciembre en Cáceres dirigido por el cabezilla rojo Máximo Calvo" y en el constaba una “suma total”: 34+12+1+6+11+27+9+16+16+54+7+3=196. En el frío listado aparecen apellidos repetidos que indican la ejecución de padres e hijos o de hermanos. “Esta gran masacre empezó en una fecha muy simbólica, la Navidad, y la Iglesia no hizo absolutamente nada para evitarlo -recuerda el historiador Pepe Hinojosa- y eso que entre las víctimas había personas como el propio alcalde de Cáceres que habían tenido buenas relaciones con el estamento eclesiástico durante su mandato. La Iglesia se limitó a intentar que los reos aceptaran la extremaunción antes de ser fusilados”.
COMPLOT COMUNISTA
La provincia se encontraba bajo el yugo del gobernador militar Ricardo de Rada, un general africanista que se sumó desde el primer momento al golpe de Estado contra la República liderado por Mola y Franco. De Rada, que había sido destinado a Cáceres en julio de 1937, en contacto con sus superiores y especialmente con el general Saliquet, denunció en diciembre la existencia de un supuesto complot comunista para recuperar el control de la provincia. Todo comenzó como represalia por esa supuesta amenaza.
Las detenciones empezaron el 24 de diciembre y afectaron a decenas de personas bajo la acusación de estar implicadas en el supuesto complot. Se puso en marcha uno de los Tribunales de Urgencia en la provincia con el fin de juzgar a un buen número de las personas detenidas. La documentación oficial franquista, según explica la doctora en historia Candela Chávez en ‘Las trágicas Navidades de 1937: detenciones, consejos de guerra y muerte’, recoge que las fuerzas nacionales habían puesto en marcha un operativo para detener a Máximo Calvo, dirigente del PCE, y “en paralelo a la versión oficial, llevar a cabo una de las mayores acciones represivas en la provincia durante la guerra”.
Según Pepe Hinojosa, estudioso del movimiento obrero en la región y vicepresidente de la Asociación Memorial del Cementerio de Cáceres (AMECECA), este supuesto complot, que “no existió porque no aparece en ningún documento”, permitió a Ricardo de Rada, un militar “duro”, máxima autoridad militar franquista, “desatar la represión en la ciudad de Cáceres y en los pueblos cercanos”. Andrés Saliquet, general jefe del Ejército del Centro franquista, participó activamente en el asesinato de 196 personas en menos de un mes. “Una excusa para atemorizar a una provincia que está en la retaguardia porque sí se está colaborando con los comandos guerrilleros”, asegura Hinojosa.
MÁXIMO CALVO CANO
Acusaron de dirigir la supuesta conspiración comunista a Máximo Calvo, dirigente obrero y campesino que había nacido en 1901 en la localidad de Cadalso. Fue jornalero, comerciante y destacado militante del Partido Comunista de España. Llegó a ser alcalde de su localidad natal durante la II República y el máximo dirigente de los y las comunistas en la provincia de Cáceres.
Como tantos extremeños y extremeñas, emigró buscando una vida mejor de la que le ofrecía su tierra. A la vuelta fue llamado a filas, adquiriendo el grado de sargento de Regulares. Resultó herido por lo que causó baja en el ejercito y se incorporó al cuerpo de Carabineros hasta principio de los años treinta cuando regresa a su pueblo donde abre una taberna y realiza trabajos de transportista con una pequeña camioneta.
Llegada la II República adquiere un papel destacado en la política. Es elegido alcalde de su pueblo, obteniendo 108 de los 128 votos. Esto genera las primeras tensiones pues el caciquismo es algo muy impregnado en la sociedad extremeña de la época. Como recuerda el historiador Pepe Hinojosa, en un informe de la Guardia Civil del puesto de Gata realizado en agosto de 1933 ya se indicaba que Máximo Calvo "profesaba ideas comunistas". Su carisma le lleva a ser candidato a Cortes en la provincia de Cáceres por el PCE en las elecciones del 19 de noviembre de ese año.
Fruto de su significación a favor de la clase obrera, una noche un grupo de jóvenes derechistas atacan e intentan asaltar su casa. Con la intención de defender a su familia, responde a la agresión fascista efectuando varios disparos que hieren de muerte a uno de los asaltantes. Al día siguiente se entregó, siendo detenido y trasladado a la prisión provincial de Cáceres. En la cárcel no interrumpió su actuación política. Intentó extender el ideal comunista entre los reclusos, protagonizó protestas contra la situación carcelaria de los presos y se enfrentó a los oficiales que dirigían el penal.
DIRIGENTE DEL PCE EN CÁCERES
Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, una de las primeras medidas fue conceder la amnistía a los presos políticos y de esta iniciativa se benefició Máximo Calvo que abandonaría la cárcel a finales de ese mes. Ya en libertad, vuelve a ser nombrado alcalde de Cadalso. Además es elegido Secretario General del Comité Político del PCE en la provincia de Cáceres. Al triunfar el golpe militar en su provincia, optó por marcharse a Badajoz donde el levantamiento militar había fracasado.
En la provincia pacense fue uno de los organizadores de las primeras milicias republicanas, participando en la batalla de Medellín, donde por primera vez fueron derrotados los fascistas en tierras extremeñas. La labor principal de Máximo Calvo desde la primavera de 1937 fue la de dirigir acciones guerrilleras en la retaguardia franquista, especialmente en la provincia de Cáceres. Tejió una red de enlaces y resistentes en la zona sublevada cacereña para obtener información de los movimientos de tropas y fuerzas para el XIV Cuerpo del Ejército Guerrillero.
Era el objetivo número uno de los fascistas en la provincia de Cáceres. Para intentar doblegarlo encarcelan a su mujer e internan a sus hijas en una institución religiosa y a su hijo en un hospicio. Máximo no acepta el chantaje y continua organizando grupos de apoyo logístico que hagan frente al franquismo. Finalmente es descubierto el 27 de diciembre en Almoharín, donde es asesinado por los enemigos del pueblo.
Extremadura Roja, órgano del Comité Regional del PCE, recogía la siguiente despedida en su número extraordinario del 1 de mayo de 1938: "Un héroe muerto por la causa del pueblo, el comandante Máximo Calvo, luchador probado a lo largo de muchos años de lucha cruenta contra la burguesía reaccionaria y los terratenientes semifeudales de Cáceres. Fue encarcelado y apaleado decenas de veces por la Guardia Civil, los esbirros de la burguesía, por destacarse al frente de los obreros y campesinos de Cáceres en defensa de sus intereses. Tu conducta, como la de tantos héroes caídos en la zona facciosa, será espejo donde se miren todos los antifascistas, todos los españoles honrados que ven ultrajada su patria por los crímenes del fascismo invasor".
(Barcelona, 8 de juny de 1926 - Madrid, 7 de gener de 2017)
Va ser poeta, traductora, actriu de doblatge i una dona fermament compromesa en la lluita social i cultural
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El fons personal consta d'originals literaris (poesia, articles i conferències, contes per infants i guions televisius); invitacions, programes i díptics d'actes en què l'autora va participar; llibretes amb textos i material de treball; correspondència; documentació relativa a contractes d'edició, interpretació i gestió de drets d'autor; recull de premsa i obres d'altres autors
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Abast: Entre 1956 i 2015
Procedència: Donatiu dels seus fills: Eduardo, Miguel i María del Mar Sánchez Gatell
Data procedència: 2019
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Conjunt d'aproximadament uns 5.000 llibres i revistes. Les temàtiques dels llibres i revistes són principalment: història del segle XX, Segona República, Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, literatura i bibliografia de l''autora.
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En función de cómo vayan los trabajos de excavación y de exhumación, se actuará durante 3 semanas o se intentará abrir algunas de las otras fosas que por el geo-radar se piensa que podrían existir
En el cementerio de Gandia se han iniciado los trabajos de excavación para buscar las fosas con los restos de personas fusiladas por el franquismo y que se calcula que podrían ser alrededor de 60 represaliados por la dictadura.
En el inicio de las tareas ha querido estar presente el regidor de Memoria Democrática, Nahuel González, acompañado del edil delegado de Cementerio, Miguel Ángel Picornell, de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia, Nuria Martín, y del representante de la empresa que realizará los trabajos de exhumación y experto en la materia, Miguel Mezquida, además de otros familiares de las víctimas.
“Han pasado más de 80 años, a mí me parece que llegamos tarde, pero gracias a las administraciones públicas, a la Diputación que ha subvencionado los trabajos, a la voluntad política del Ayuntamiento, la Generalitat y el gobierno central con esas leyes de Memoria Democrática, permiten que hoy iniciamos la actuación”. González ha agradecido también "el trabajo de empoderamiento, la valentía de las familias en esta situación tan difícil, pero nunca en clave de venganza, sin querer ofender nadie, sino reclamar un derecho humano como es el de poder enterrar sus familiares, que el franquismo fusiló después de la guerra civil en este cementerio; tantas personas de Gandia, asesinadas injustamente. Hoy podemos empezar a darlas un poco de justicia, con la esperanza que la historia no se repita en el futuro”.
Por su parte, Picornell ha recordado que, sin dudarlo, el cementerio posó todas sus herramientas a disposición del proyecto desde el primer momento. “Porque hay mucha gente que tiene heridas abiertas y que necesita cerrarlas y los restos de sus personas queridas merecen una sepultura digna en otro lugar, no en una fundición como la que hoy empezamos a abrir”.
“Hoy es un día de mucha alegría, orgullo, pero también triste; ha sido un camino largo y llevar, el mal que la dictadura hizo a nuestras familias es irreparable, pero hoy abriremos una nueva etapa en la historia de Gandia y por fin nuestras hijas e hijos sabrán el que pasó después de la guerra y el que significa una dictadura, esperamos que esto no se vuelva a repetir”. Martín ha agradecido el apoyo de las administraciones, de sus compañeros y de las personas que desinteresadamente han colaborado.
Se trata de una primera campaña de excavaciones que intentarán localizar algunas de las fosas con más de 60 republicanos de Gandia, la Safor y otras comarcas valencianas fusiladas al cementerio de Gandia, tal y como indican los testigos y los trabajos de geo-radar realizados.
“Hemos establecido el primer sondeo en la zona donde una de las familias implicadas en la búsqueda, la familia Albero, indicó que podrían haber 7 personas fusiladas el 7 de agosto de 1939”. Mezquida ha indicado que, en función de como vayan los trabajos de excavación y de exhumación, se actuará durante 3 semanas o se intentará abrir algunas de las otras fundiciones que por el geo-radar se piensa que podrían existir. “El objetivo principal es encontrar al menos una fosa mínimo. Si todo va bien aquí podríamos tener los mínimos de una fosa a sufrir de mañana o pasado mañana e iremos informando las familias y las autoridades”. Y así irán desarrollándose los próximos 15 días. En el caso de encontrar restos con evidencia de fusilamientos habrá que comparecer también en el juzgado.
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue) la licitación de un contrato que permitirá realizar, en el cementerio municipal de Paterna, la exhumación más grande practicada hasta ahora en el territorio valenciano.
El contrato de indagación, investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico asciende a 662.464 euros para un proyecto que prevé recuperar los restos de 316 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en las fosas 21 y 126 del cementerio de Paterna, la más grande de la C. Valenciana.
En la fosa 21 se buscará a 78 víctimas, una actuación solicitada por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, mientras que en la 126 está previsto recuperar los restos de 238 personas procedentes de cinco sacas de víctimas de fusilamientos entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940.
El contrato se compone de dos lotes. El primero de ellos cuenta con una dotación estimada de 157.537 euros para desarrollar el proyecto en la fosa 21, mientras que el segundo tiene un presupuesto de 504.927 euros, para los trabajos en la fosa 126. La consellera Rosa Pérez Garijo, destacó que el objetivo es «lograr un territorio libre de fosas».
Hacer justicia
Para Pérez Garijo, «este proyecto supone la continuación de un hito que representa realizar las exhumaciones de manera directa desde una institución autonómica con el firme compromiso de hacer justicia y reparar a las víctimas y sus familias».
La Generalitat comenzó los trabajos para la recuperación de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, por primera vez de manera directa, el pasado junio en el cementerio de Castelló y en Monòver, trabajos que han continuado en diciembre con otras exhumaciones en Orihuela y, nuevamente, en Castelló. Próximamente, comenzarán las actuaciones en Segorbe y en la fosa 10 del cementerio de Alicante.
Es la exhumación más grande practicada hasta ahora en el territorio valenciano y el contrato asciende a 662.464 euros
GRAF8023 PATERNA (Comunidad Valenciana), 20/08/2018. Trabajos de exhumación de la fosa 112 de Paterna de represaliados por el franquismo. EFE/Manuel Bruque
EFE
AGENCIAS
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la licitación de un contrato que permitirá realizar, en el cementerio municipal de Paterna (Valencia), la exhumación más grande practicada hasta ahora en el territorio valenciano.
El contrato de indagación, investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico asciende a 662.464 euros, para un proyecto que prevé recuperar los restos de 316 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en las fosas 21 y 126 del cementerio de Paterna, esta última considerada la más grande en nuestro territorio.
Se trata de las fosas 21 y 126 del cementerio de Paterna, esta última considerada la más grande en nuestro territorio
En la fosa 21 se buscará a 78 víctimas, una actuación solicitada por el Ayuntamiento de Quart de Poblet mientras que en la 126 está previsto recuperar los restos de 238 personas procedentes de cinco sacas de víctimas de fusilamientos entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El contrato se compone de dos lotes. El primero de ellos cuenta con una dotación estimada de 157.537 euros para desarrollar el proyecto en la fosa 21, mientras que el segundo tiene un presupuesto de 504.927 euros, que se destinarán a realizar los trabajos en la fosa 126.
La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha destacado la magnitud de esta actuación de su departamento "en la fosa más grande de la Comunitat para lograr el objetivo que nos marcamos al comienzo de esta legislatura: lograr un territorio libre de fosas".
En la 126 está previsto recuperar los restos de 238 personas procedentes de cinco sacas de víctimas de fusilamientos
Para Pérez Garijo, "este proyecto supone la continuación de un hito que representa realizar las exhumaciones de manera directa desde una institución autonómica con el firme compromiso de hacer justicia y reparar a las víctimas y sus familias".
La Generalitat comenzó los trabajos de exhumación para la recuperación de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, por primera vez de manera directa, el pasado mes de junio en el cementerio de Castelló y en Monòver, trabajos que han continuado en diciembre con otras exhumaciones en Orihuela y, nuevamente, en Castelló. Próximamente, comenzarán las actuaciones en Segorbe y en la fosa 10 del cementerio de Alicante.
Por primera vez una web recopila los expedientes que el régimen abrió a los profesionales vinculados a la enseñanza, para que sean "fácilmente accesibles". Recoge también 485.000 consejos de guerra sumarísimos
El laberinto de los archivos, la ausencia de una ley que los regule y la dispersión de muchos documentos dificulta muchas veces el acceso a los registros por parte del ciudadano común. Así nació la asociación Innovación y Derechos Humanos (IHR World) hace cuatro años, con el propósito de facilitar la divulgación de archivos y documentos a través de una página web que contiene 485.136 registros de causas militares, conocidas popularmente como consejos de guerra, de los Tribunales Territoriales Militares de Madrid, Castellón, Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, León y Zamora. También tiene 137.898 registros de soldados trabajadores y soldados escolta de batallones disciplinarios, los llamados esclavos de Franco.
Ahora a ese gran contenido se suman los 564.269 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impulsaron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la Guerra Civil y especialmente en la posguerra. Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, también de la Escuela Normal –lo que hoy sería Magisterio–, pero también profesores que ejercían en universidades, en las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, en las Escuelas Taller o de Comercio, entre otras. También están incluidos ayudantes, auxiliares, administrativos, y "cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente".
Portada de la web de IHR, con 1.284.597 registros de consejos de guerra, maestros depurados, soldados trabajadores de batallones disciplinarios, etc
Con este conjunto de datos la página web de Innovación y Derechos Humanos alcanza 1.284.597 registros que pueden buscarse por nombre y apellido. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración", explica Concha Catalán, integrante de IHR World, en conversación con elDiario.es. "La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación, aunque actualmente esos expedientes están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares", explica.
Este nuevo volcado de datos permitirá a cualquier persona interesada en indagar en la historia de un familiar introducir el nombre del mismo y averiguar en qué archivo del país se encuentra su expediente. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a los expedientes de depuración de los profesionales de la educación", afirma Catalán.
Además de los expedientes en sí, han hecho uso de información recogida en libros e investigaciones, como Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de Maria Antonia Iglesias, la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero o la de Jesús Manuel García Díaz, La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, de 2017.
La represión contra los profesionales de la enseñanza
Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. Decretos posteriores contemplaron el proyecto de creación de miles de escuelas, y los maestros y maestras recibieron una formación por primera vez de carácter universitario. Fueron formados en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, dedicaron tiempo y estudio a la pedagogía.
Como relatan numerosos investigadores, la represión franquista supuso la pérdida de un colectivo de enseñanza muy preparado, con ideas modernas y avanzadas, que fue sustituido por integrantes del clero y profesorado en muchos casos de baja calidad, según se relata, por ejemplo, en el libro Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, coordinado por los profesores de Historia Enrique Berzal y Javier Rodríguez.
En toda España el golpismo consideró a los profesionales de la enseñanza responsables de haber inoculado en la sociedad "el virus republicano". El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con ello y practicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales. Varios investigadores señalan que unos 60.000 profesores fueron depurados, "pero esa cifra se refiere a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra sería mayor", señala Concha Catalán.
Alumnas de las Escuelas Sierra Pambley. El encargado de la Biblioteca Sierra Pambley fue fusilado Fundación Sierra Pambley
Parte de los maestros depurados pudieron volver a ejercer su profesión en la educación pública. Pero al menos un tercio fueron sancionados con un castigo mínimo de un año y medio sin sueldo o expulsados de forma definitiva, teniendo que ejercer como profesores particulares o cambiar de profesión. Otros fueron fusilados. Uno de los próximos retos del equipo de IHR World será especificar el número exacto de depurados guiándose por ese más de medio millón de expedientes.
Los franquistas crearon comisiones que examinaban la trayectoria profesional y privada de cada maestro –con sus filiaciones políticas y sindicales incluidas– y establecían si podía regresar o no a la enseñanza. Dichas comisiones estaban formadas por el director de la escuela o instituto, un inspector, dos vocales y un representante de la asociación de padres, con "probada moralidad católica" y de "solvencia moral y técnica". Necesitaban además informes favorables de personas públicas, como el alcalde, la Guardia Civil o el cura.
En algunos casos, los expedientes de depuración llegaban después de que la persona castigada hubiera sido fusilada. Así ocurrió, por ejemplo, con Dióscoro Galindo, maestro fusilado con Federico García Lorca, cuyo expediente de depuración llegó días después de su asesinato, a través de una comisión presidida por José María Pemán, en la que se incluyó un testimonio contra él del cura. A pesar de que ya estaba muerto lo suspendieron de empleo y sueldo, pidieron a la familia que desalojara su casa y a él que entregara las llaves y el inventario de la escuela.
En muchos pueblos a las maestras les raparon el pelo y las pasearon por las calles principales antes de enviarlas al destierro. También hubo castigo para los integrantes de las misiones pedagógicas, que durante la II República llevaron a los pueblos aislados de España bibliotecas, aparatos de música, discos y conocimiento. La represión contra los profesores tuvo lugar en la mayoría de las localidades españolas y aún a día de hoy hay maestros desaparecidos en las cunetas.
Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían, sino en un campo de concentración nazi
Como relata la web de IHR World, "España fue uno de los primeros países europeos en reconocer la importancia de la educación universal" en un momento en el que existía una elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30%, alcanzando el 60% en algunas provincias y afectando especialmente a las mujeres. Desde 1932 y en solo cuatro años se construyeron 9.991 escuelas nuevas, una cifra que "debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas desde 1900 a 1930".
El Gobierno lanzó un programa para seleccionar y formar a siete mil personas con licenciatura sin experiencia docente y se tomaron medidas para mejorar los salarios de los maestros, que obtuvieron el estatuto de funcionarios públicos y vieron su sueldo aumentado en un 15% entre 1931 y 1933.
Con la publicación de este más de medio millón de expedientes con nombres de gente vinculada a la enseñanza depurada, IHR pretende facilitar el acceso a la información para muchas personas que a menudo se ven obligadas a deambular de un archivo a otro, recorriendo cientos de kilómetros, para encontrar pistas sobre sus familiares o para recabar información para sus investigaciones académicas.
Dióscoro Galindo con el grupo escolar de Santiponce, en Sevilla.
"Hacemos lo que tendría que estar haciendo el Estado: bases de datos de acceso fácil y público", explica Catalán, periodista y experta en Big Data, una de las fundadoras de la asociación, "junto con un activista de los derechos humanos y un ingeniero informático, clave para el desarrollo de la web". A lo largo de estos cuatro años de andadura ha habido mucha gente que ha encontrado expedientes de sus familiares represaliados a través de esta web.
"Incluso hay quienes ni siquiera sabían que sus familiares habían sido fusilados o juzgados en consejos de guerra. Un hombre entró en nuestra web para buscar a una persona y encontró a seis. Una mujer supo gracias a este proyecto que una tía suya, que nunca hablaba, que siempre gruñía, que estaba amargada, había estado dos años en la cárcel y la habían maltratado", cuenta Catalán.
Escuela en España antes de 1936. Una maestra entre sus alumnos.
"Nos mueve el dolor de la gente por no poder acceder a la historia de vida de sus familiares más inmediatos. Nos escribe gente cada mes dándonos las gracias porque han encontrado a un familiar y pueden recuperar así una parte de la vida de su abuelo, de su tía o de su bisabuelo", indican desde IHR.
"Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían. Tras esa batalla había cruzado a Francia y terminó preso en el campo de concentración nazi de Gusen, donde falleció. Le dijimos que tenía la posibilidad de pedir indemnización para su madre, que además tenía Alzheimer; le pusimos en contacto con personas especializadas en esto, que, como nosotros, de forma altruista, se encargan de ayudar a quienes pueden acceder a este tipo de ayudas", relatan.
El equipo de Innovación y Derechos Humanos ha impulsado el proyecto de forma altruista, pero necesitan donaciones para poder mantenerlo y desarrollarlo. "Queremos seguir añadiendo más datos. Tenemos un proyecto sobre los juicios sumarísimos a mujeres, con un análisis detallado de todas las mujeres represaliadas en Catalunya por consejos de guerra. Nuestra intención es seguir con este tipo de proyectos. Tenemos acceso a otras bases de datos que aún no hemos podido integrar", explica Catalán.
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