Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Durante la Transición se promulgaron varias leyes para la devolución de inmuebles, pero los bienes muebles y las obras de arte quedaron en un limbo. La ministra Maroto ha hecho entrega oficial de los lienzos este viernes
Alguien fue a una exposición de la Colección Artística de Paradores, que se celebró en 2015 en la sede madrileña de la Fundación Mapfre, y vio un cuadro que le resultaba familiar: el Retrato de joven caballero, de Cornelis van der Voort. Y le resultaba familiar por una razón de peso: el cuadro había pertenecido, hace mucho tiempo, a su familia.
Ese alguien era un tataranieto del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano, cuya colección de arte fue incautada en 1937, un año después de su muerte, como represalia política por el incipiente régimen franquista. La familia localizó otro cuadro propiedad del tatarabuelo, el Retrato de la Reina María Cristina, de Luis de la Cruz y Ríos, y comenzó a mover hilos en 2018 para recuperar lo que creía que era suyo por derecho. Este viernes los cuadros han sido devueltos en un acto celebrado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la presencia de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Serán cedidos a la pinacoteca bilbaína, con el que la familia tiene fuerte vinculación, por un tiempo de dos años. Una vinculación en la que el director de la institución, Miguel Zugaza, tiene la intención de profundizar e investigar. Es la primera restitución de este tipo que se produce en democracia y sienta un precedente jurídico.
“Reparamos una injusticia que ha durado 85 años y demostramos la prioridad del Gobierno por recuperar la memoria histórica”, dijo la ministra. La motivación de la familia, sin embargo, no tiene tanto que ver con la memoria histórica, sino con recuperar el patrimonio familiar, según aclara uno de sus tataranietos, Ramón de la Sota Chalbaud. “No es un tema político”, dice. Las dos obras, que estaban colgadas en un lugar destacado del Parador de Almagro, Ciudad Real, sin que se supiera de dónde habían salido, se encontraban en un estado de conservación “excelente”, según el museo, y solo han requerido tratamientos de puesta a punto. También han sido objeto de diversos estudios para determinar su autoría, pues anteriormente habían sido atribuidas a otros autores.
La ministra Reyes Maroto preside el acto de restitución de dos cuadros incautados durante la Guerra Civil. En la foto posa con la familia y autoridades.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA
“El caso tiene mucha importancia”, señala el abogado Rafael Mateu de Ros, socio fundador de Ramón y Cajal Abogados, que se han ocupado del asunto, “durante la Transición se promulgaron varias leyes para la devolución de bienes inmuebles, como sedes de partidos y sindicatos que habían sido incautadas durante la guerra y el franquismo… pero no para los bienes muebles”. Sienta, por tanto, un precedente en el ordenamiento jurídico actual para nuevas reclamaciones. Para lograr la devolución hubo que llevar a cabo una investigación reconstruyendo la “cadena de legitimidad” para demostrar que, efectivamente, los cuadros pertenecían a la familia. En el libro Entre Hendaya y Gibraltar, de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y figura prominente del Régimen, se describe cómo el Ministerio de Industria del Gobierno franquista de Burgos estaba decorado con “muebles y cuadros magníficos de la familia De la Sota”. De Burgos las obras se trasladaron a Madrid, donde piezas como La Piedad, de Luis Morales, acabaron decorando otros despachos ministeriales.
La historia comienza en plena Guerra Civil, cuando la colección, como tantas otras, es incautada por el bando franquista, y sus piezas empiezan a diseminarse por la estructura capilar del Estado. El empresario De la Sota, que hizo fortuna en la minería, la exportación de hierro, la siderurgia y la naviera (fundó los Astilleros Euskalduna), sobre todo durante la I Guerra Mundial, había estado fuertemente implicado en el Partido Nacionalista Vasco, hasta llegar a ser diputado en 1918. La incautación de la colección es descrita por Arturo Colorado Castellary, autor de Arte, botín de guerra(Cátedra), como “un caso específico de la política franquista de revancha contra el enemigo”.
Por razones como ser nacionalista, haber enviado un telegrama de felicitación al presidente Wilson de Estados Unidos o haber pisoteado una bandera española en 1893 (hechos, según la familia, no del todo aclarados), el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó, después de muerto, a una multa de cien millones de pesetas, la mayor impuesta por el Régimen, que la familia acabó de pagar en 1982 (faltaban 62 millones), en plena democracia. “Lo curioso del caso es que las actividades por las que se condenó a mi tatarabuelo tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo, y esa ley se dedicaba a lo sucedido a partir de 1934″, señala De la Sota.
'Retrato de la Reina María Cristina', de Luis de la Cruz y Ríos, expuesto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA
Con el paso de los años, antes de la muerte de Franco, la familia ya había ido reclamando sus bienes y consiguió recuperar unos cuantos antes de la llegada de la democracia. Algunas de las obras devueltas, de Goya, El Greco o Morales, fueron cedidas por Ramón de la Sota Aburto, hijo del empresario, a museos del País Vasco desde el exilio. En 1969, en cumplimiento del Decreto de Indulto de 1966, se ordena oficialmente la devolución de las obras incautadas, además del Palacio de Ibaigane, que se recupera solo tras el abono de la pertinaz multa a comienzos de los ochenta. El palacio, también propiedad de la familia, había sido residencia del empresario, hogar de la colección y, posteriormente, cuartel militar. Ahora es sede del Athletic Club de Bilbao. No todo se pudo recuperar, por estar un tercio del patrimonio en paradero desconocido, como estaban los cuadros devueltos esta semana a la familia. “Probablemente, algunas de las obras hayan acabado en manos privadas”, señala De la Sota.
Después de la reclamación de los abogados del despacho Ramón y Cajal a Turespaña, organismo que gestiona los Paradores, la Abogacía del Estado emitió un informe favorable, y el organismo estatal admitió la devolución. Los cuadros no estaban en propiedad, solo en depósito, y no era aplicable la usucapión, es decir, los cuadros no se habían convertido en propiedad del Estado por el mero hecho de haber estado en su posesión durante décadas. La firma del acta de devolución de las obras tuvo lugar el pasado 17 de junio en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Con el precedente sentado por este caso, según el abogado Rafael Mateu, podrían surgir nuevas reclamaciones. “Hay muchos cuadros que están en consulados, embajadas, tribunales, etc., que podrían provenir de una incautación ilícita durante la Guerra Civil”, asegura.
Está en el espíritu de estos tiempos que las obras expoliadas vuelvan a lo que algunos consideran su lugar (y otros no). El Gobierno polaco trata de recuperar dos piezas de Dirk Bouts incautadas por los nazis y que ahora se encuentran en el museo de Pontevedra. Un pisarro del Museo Thyssen es reclamado por la familia Cassirer. Y es común que museos de antiguas colonias reclamen la repatriación de piezas que fueron sustraídas de sus países en la época colonial.
Documentos desclasificados han probado los vínculos con el Tercer Reich de los bancos de Bilbao y Vizcaya (hoy BBVA) y de Minersa. Varias organizaciones judías y de víctimas del nazismo han solicitado sin éxito al banco que pida perdón y aclare sus crímenes.
Imagen de archivo del Banco de Vizcaya en 1950. —PÚBLICO
ACTUALIZADO:
Hace ahora justamente veinte años, el director general del emporio de comunicación alemán Berterlsmann, Günter Thielen, comparecía en Múnich para pedir perdón por el pasado nazi de la empresa y dar a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo por una comisión independiente para esclarecer los vínculos de esa compañía con el Tercer Reich. El gigante internacional germano del periodismo pasaba, de ese modo, a engrosar la lista de empresas del país que no solo reconocían las mentiras diseminadas por la propia corporación durante décadas para ocultar su pasado criminal, sino que abrían al público los archivos completos de la compañía.
La versión "oficial" precedente era que Bertelsmann había sido clausurada por los nazis debido a sus tendencias antigubernamentales. Esta fantasía diseminada por los propios responsables de la empresa fue literalmente pulverizada por un informe de 794 páginas elaborado por una comisión independiente. El concienzudo trabajo de los investigadores, encabezados por el historiador de la Universidad de California Saul Friedlander, acreditó de forma irrefutable que, al contrario de como venían sosteniendo, el imperio comunicacional aceptó varios contratos de impresión otorgados por el gobierno nazi y, en tan solo unos años, creció hasta convertirse en el mayor productor de libros para el ejército alemán durante la guerra, publicando unos 19 millones de ediciones. La mayoría de las publicaciones eran folletos y panfletos destinados a fortalecer la moral y el coraje de los soldados en el frente, pero muchas de las obras también contenían textos extremadamente agresivos sobre extranjeros y judíos.
Las revelaciones provocaron un escándalo sin precedentes que, en última instancia, llevaron a Günter Thielen a decir que Bertelsmann AG aceptaba sin reservas el informe de la comisión histórica independiente como el registro oficial de la historia de la compañía durante el Tercer Reich, al tiempo que expresaba su "sincero pesar por las inexactitudes" que los expertos habían descubierto en su historia corporativa anterior. Para llevar a cabo su investigación, los cuatro académicos comisionados tuvieron pleno acceso a los archivos de la empresa Bertelsmann, así como contacto con testigos históricos como Reinhard Mohn, hijo de Heinrich Mohn, director de la empresa durante el Tercer Reich. En opinión de Thielen, "la experiencia les había reforzado porque la precisión histórica y la transparencia son una parte integral de los valores fundamentales de Berterlsmann, que espera servir de ejemplo a otras empresas".
Fue justamente a Berterlsmann a quien se refirió hace unas semanas como ejemplo digno de imitarse la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa, después de que El Nacional de Catalunya publicara una serie de cuatro reportajes de investigación acerca de la participación en los negocios nazis de la compañía vasca Minersa y de los bancos de Bilbao y de Vizcaya. En opinión de Díaz Berzosa, "lo mínimo que podrían hacer los responsables del BBVA si se demuestran sus vínculos con el Tercer Reich sería pedir perdón por colaborar con los nazis".
Los vínculos a los que se refería la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen quedaron, de hecho, absolutamente acreditados este verano mediante testigos y documentos completamente irrefutables divulgados por la prensa. Y esta misma semana se ha sumado a la petición de transparencia y de perdón la sección catalana de la Liga contra el racismo y el antisemitismo, más conocida por sus siglas, Licra. Al decir de su presidente, Isaac Levy, el BBVA no solo debe pedir disculpas por sus negocios sucios con Hitler, sino que debería abrir los archivos, investigar su pasado y dar a conocer los resultados. "Si he de ser sincero, no me sorprendió que esos financieros de los bancos de Bilbao y Vizcaya se subieran al carro del dinero nazi. Lo que me dejó perplejo es que hayan tenido que pasar ochenta años para que sus actividades turbias hayan sido divulgadas", apunta Levy. Antes que él y que Díaz Berzosa, historiadores como Xabier Irujo y políticos como el exsenador del PNV Iñaki Anasagasti o el diputado de Bildu Jon Iñarritu se habían adherido ya a la petición de perdón y transparencia.
Hasta la fecha, tanto los responsables actuales de este banco como los directivos de la empresa Minersa no solo se han negado a realizar declaraciones al respecto, sino que, en el caso del BBVA, se han encastillado en su supuesta ignorancia acerca de unos episodios minuciosamente expuestos por la prensa catalana. "No sabemos nada porque sucedió hace mucho tiempo", han asegurado a Público a través de su departamento de comunicación.
Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial nunca tuvieron dudas de las simpatías nazis de los principales accionistas de los bancos de Vizcaya y de Bilbao de manera que, en ausencia de documentos españoles que acrediten ese vínculo (escasos, destruidos, perdidos o deliberadamente ocultos debido a la manifiesta mala fe de las compañías implicadas), la única prueba documental con la que se cuenta son los papeles desclasificados hace algunos años por los norteamericanos. Estos corroboran inequívocamente la implicación de ambas entidades y de sus directivos en negocios que igualmente envolvían a empresas como la citada Minersa (fundada, entre otros, por Friedrich Lipperheide Henke, un nazi afincado en Euskadi y directamente vinculado al Banco de Vizcaya) o a IG Farben y Sofindus, un conglomerado de empresas que operó desde 1938 a 1945 y que fue puesto a andar por el empresario nazi Johannes Bernhardt. Claro que, a falta de una investigación académica más seria, la información disponible acerca de los vínculos de esas entidades bancarias con los chiringuitos hitlerianos es escasa, fragmentaria o nula y se restringe a las propias revelaciones llevadas a cabo por la prensa.
Estas investigaciones periodísticas prueban, entre otras cosas, la cercanía con el Tercer Reich de varios miembros del clan de Neguri, denominación coloquial con la que acostumbra a designarse a la oligarquía de industriales y financieros que alumbraron con el tiempo el BBV, resultado de la fusión del Bilbao y el Vizcaya en 1988. Los de Neguri debían su sobrenombre al hecho de que se concentraban en la margen derecha del barrio homónimo de la ciudad de Getxo. Parte del dinero con el que varios de ellos consolidaron o fundaron sus fortunas procedía de sus negocios con la Alemania nazi y, paralelamente, con las oportunidades que les brindaron sus amistades con el régimen franquista, que es la parte más conocida de la siniestra historia de colaboración con dictaduras sanguinarias de buena parte de la burguesía vizcaína. "El Banco de Vizcaya está vigilando la cuenta de crédito de los alemanes ya que los directivos de la entidad temen que se embarguen activos alemanes", se lee en uno de los documentos secretos de los aliados dados a conocer por El Nacional. El informe fue desclasificado en 1987 y originalmente datado a finales de 1945.
Documento desclasificado número 01
"Sin embargo, las cuentas estarán camufladas y los directores y responsables del banco sin duda ayudarán en este trabajo ya que todos son germanófilos y totalitarios". En otro de los papeles desclasificados por los estadounidenses en ese mismo año puede leerse: "Guillermo Ibáñez, director del Banco de Vizcaya, está ayudando a camuflar el capital alemán en España. Este capital se suele poner a nombre de cierta Mdme. Bergarche y enviado a su familia en Buenos Aires".
Una excepción entre los de Neguri fue la familia de Ramón de la Sota, cercana al PNV, y forzada a exiliarse. Ramón de la Sota y Llano falleció en Getxo el 17 de agosto de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil española. Tres años después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas condenaba a sus descendientes al abono de una sanción de cien millones de pesetas "por conspiración para la rebelión militar", de tal suerte que sus entonces cuantiosos bienes fueron embargados y, entre ellos, cuarenta buques de sus compañías que habían sido usados para evacuar Bilbao. Detrás de la operación, un auténtico atraco político, se hallaban los herederos de su primo y antiguo socio Eduardo Aznar y de la Sota, quienes terminaron apropiándose de todos sus activos con la ayuda de sus amigos franquistas. La Compañía Naviera Sota y Aznar pasó a llamarse tras la Guerra Civil Naviera Aznar y acabó convertida en la mayor flota mercante de España. La dirigía José Luis de Aznar y Zavala, nieto del fundador y una de las personalidades más ricas de la época.
La germanofilia e inclinaciones totalitarias de los Aznar está fuera de dudas, del mismo modo que existen pruebas irrefutables del modo en que se usó su naviera para llevar a América Latina a los nazis perseguidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El propio José Luis de Aznar ayudó incluso a ocultarse en su finca manchega de Cabañeros al nazi Friedrich Lipperheide Henke, quien asentó e incrementó su fortuna mediante la venta a Hitler de fluorita o wolframio a través de sociedades como Somimet o la todavía viva Minersa, y mediante la comercialización y explotación en España de las patentes de IG Farben, el conglomerado nazi de compañías químicas que producía el Zyklon B. Al frente de la junta de accionistas de Minersa siguen hoy aún descendientes de esos criminales como Alejandro Aznar, presidente de Marqués de Riscal, entre otros muchos cargos corporativos.
Los Lipperheide y sus amigos de Neguri (el resto de accionistas de Minersa, la empresa que explotaba, entre otros yacimientos, las minas catalanas de Osor) contribuyeron a sostener el esfuerzo bélico del Führer de un modo determinante proveyendo al Tercer Reich de fluorita y de tungsteno. Ambos minerales eran indispensables para los planes militares de Hitler. El wolframio era utilizado para endurecer el acero y reforzar el blindaje de los tanques y aumentar la capacidad de penetración de sus proyectiles. Y lo mismo sucedía con la fluorita, usada, entre otras cosas, para la fabricación del aluminio y en ciertos procesos necesarios para blindar sus vehículos militares.
El grueso del espato de flúor español exportado a la Alemania nazi procedía de la cornisa cantábrica y fue comercializado a través de Sofindus. Sin embargo, se extrajeron y vendieron de forma clandestina varios miles más de toneladas de otras minas catalanas como El Papiol (Baix Llobregat) u Osor (la Selva). Lo de El Papiol pertenecía a Sofindus pero los fluoruros de Osor —en parte extraídos por los rojos durante la época de la Guerra Civil en la que la mina estaba colectivizada— fueron vendidos por Lipperheide y sus amigos banqueros. Otros informes de los aliados sugieren incluso que Pérez de Leza llegó a trabajar también para Somimet, sociedad predecesora de Minersa fundada por los directivos del Banco de Vizcaya.
El conglomerado nazi Sofindus llegó a acaparar cerca del 80% de los intercambios comerciales hispanoalemanes. Fue en el 20% restante donde los Lipperheide consolidaron sus activos. También Friedrich, como accionista, ocupó cargos de la máxima responsabilidad en el Banco de Vizcaya. Del mismo modo que sus secuaces de Getxo, murió como un empresario respetable. Su familia de origen alemán acabó convirtiéndose en un notorio ejemplo del modo en que cierta burguesía vizcaína se lucró haciendo negocios con el Führer y trapicheando a la sombra del caudillo. No obstante, la Historia les había absuelto hasta la fecha por desidia, desconocimiento, oscurantismo en la gestión de los archivos, o por la pura mala fe de los herederos de los delincuentes.
Al menos veinte documentos desclasificados dados a conocer este verano proporcionan pruebas e indicios adicionales de la colaboración con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial de los responsables del Banco de Vizcaya y de Bilbao. Hasta el día de hoy, ninguna empresa o banco ha aclarado públicamente, investigado o, menos aún, pedido perdón en el Estado español por su contribución a mantener en el poder al Führer.
Esta misma semana se presentó en Madrid un libro del periodista David de Jong que ahonda en esa idea. En la obra se denuncia la impunidad con la que actuaron las dinastías industriales más ricas de Alemania (Dinero y poder en el Tercer Reich). Según este investigador, las empresas más beneficiadas por las expropiaciones y los trabajadores forzados pagaron compensaciones económicas, "pero nunca asumieron una responsabilidad moral ni tuvieron que reconocer sus malas prácticas". Es justamente a ese ejemplo al que se aferran ahora Minersa y el BBVA.
Las corporaciones mencionadas por De Jong se apropiaron de negocios propiedad de judíos, utilizaron mano de obra esclava y fabricaron armas para el ejército de Hitler. En el caso de la oligarquía de Neguri, robaron compañías propiedad de sociedades leales a la República, traficaron con productos producidos por mano de obra esclava judía y proporcionaron minerales imprescindibles para la fabricación de armas y el esfuerzo bélico de Hitler.
Varios de los casos paradigmáticos citados por el escritor son los de la BMW, que se proveía de esclavos del campo de concentración de Dachau; la Daimler-Benz, que los obtenía de Buchemwald, y Dr. Oetker, Quandt y Volkswagen, que usaron los de Neuengamme.
En 1999, el Gobierno y la industria alemanes se comprometieron en un acuerdo a destinar a partes iguales un total de 5.000 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores forzados, en su mayoría procedentes del este de Europa. Ochenta empresas pagaron el 60% de esos 2.500 millones de dólares que les correspondían, según De Jong.
A su juicio, el problema es que "no tuvieron que asumir ninguna culpa, ninguna responsabilidad moral por lo que habían hecho ni tuvieron que reconocer malas prácticas". Y de esto es de lo que trata su libro, de las empresas que no han respondido todavía de su pasado.
En el caso del BBVA o Minersa, no solo no han mostrado la más mínima determinación de profundizar en las revelaciones llevadas a cabo por la prensa sino que le han vuelto la espalda a los descubrimientos realizados. En opinión de la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, lo que procedería es "seguir el ejemplo de Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero sí un compromiso moral con las víctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendrían que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigación".
Al igual que la asociación barcelonesa Amical de Mauthausen, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también cree que el banco debe emitir una disculpa pública y aclarar su pasado. "Creemos que honraría al BBVA que pidiera perdón si tal y como indica la investigación llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis", indicó un portavoz de la Federación.
"De hecho, es que no sería la primera", prosigue. "BMW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidió perdón en 2000 y estableció un fondo de ayuda para las víctimas del nazismo. Está claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en él. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara".
Se da la circunstancia de que estas declaraciones de la FCJE han sido atribuidas por su gabinete de comunicación al número 2 de la Federación, Maxo Benalal, un diputado balear investigado por corrupción que, desde hace algunos meses, figura como afiliado de Vox, el partido político heredero de la ideología fascista que hizo posible la colaboración del BBVA y Minersa con los nazis y que convirtió la Península en un refugio privilegiado para los huidos del Tercer Reich tras la derrota de Hitler. Benalal fue incorporado al cargo por el presidente de la FCJE, Isaac Benzaquen, a sabiendas de su posicionamiento político y de las sospechas de corrupción que pesaban sobre él, lo que socaba gravemente la autoridad de la Federación para emitir juicios sobre conductas empresariales. Hasta la fecha, Benzaquen no ha querido realizar declaraciones sobre la participación de las empresas nazis en el exterminio de su pueblo.
La ARMH de Valladolid calcula que se enterraron 166 víctimas de la guerra civil, asesinadas entre diciembre de 1936 y junio de 1938, aunque sospecha que puede haber más restos enterrados
Una de las trabajadoras de la ARMH de Valladolid, en la fosa que se está exhumando en el cementerio de El Carmen. A. Camazón
“El brazo izquierdo de 19 está sobre la pierna izquierda de 20. Y la pierna izquierda de 19 está encima del brazo izquierdo de 20”. Así se trabaja desde este miércoles en el cementerio de El Carmen de Valladolid para localizar los restos de decenas de personas asesinadas en la guerra civil. La Asociación para la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHVa) ha empezado las exhumaciones de la fosa común más grande de la provincia de la que se tiene constancia.
Esperan encontrar al menos a 166 víctimas de la guerra civil, que habrían sido asesinadas tras juicios sumarios entre diciembre de 1936 y junio de 1938, como un guardia civil republicano de Euskadi que fue fusilado en 1938. Se sospecha que puede haber más restos enterrados, porque los esqueletos de algunas personas no presentan signos de violencia compatibles con un fusilamiento, y además están autopsiados, con el cortes en el cráneo, y que podrían corresponder con personas fallecidas en el psiquiátrico de aquellos años, ubicado en un ala del Monasterio de Nuestra Señora de Prado (hoy Consejería de Cultura del gobierno autonómico).
Aunque las víctimas estaban juntas debajo del panteón erigido por UGT y PSOE en los años ochenta, se trata de tres fosas comunes que durante la guerra civil se identificaron como las fosas 5, 6 y 7. Lo que todavía se desconoce es qué espacio corresponde a cada una de las fosas. “Esos seis de ahí podrían ser de Alaejos o de Zaratán”, explica el portavoz de la asociación memorialista, Julio del Olmo. La asociación espera que el trabajo arqueológico vaya mostrando esa gradación en las fosas y eso les permita identificar cada una de las fosas y diferenciar los grupos, ya que individualizar los restos no es factible porque los familiares cercanos ya fallecieron.
Fosa común que se está exhumando en el cementerio de El Carmen. A. Camazón
En total, se trata de un espacio de 19 metros de largo por unos 2,40 de ancho; con fosas de 1,50 metros de profundidad separadas por estrechos pasillos. Con los años, la fosa común terminó siendo un osario, con cientos de huesos humanos por encima: se han retirado unos 600 kilos de huesos procedentes de las reducciones. Los primeros restos se enterraron a unos 50 centímetros de la superficie, aunque después se usó el espacio como osario y se acordonó como un espacio que PSOE y UGT dedicaron “a todas las víctimas”.
A lo largo de los meses, estas fosas se abrían y cerraban, así que las víctimas están en varios niveles: echaban a los fusilados y ponían una capa de tierra o cal. Los restos blanquecinos todavía acompañan a los huesos de las víctimas. Los trabajos durarán unos tres meses y el trabajo será “lo más minucioso posible”. “Eso nos va a servir para saber a qué personas estamos sacando. Ya que se hace después de 80 años y se ha esperado a que murieran los hijos para hacer estos trabajos... por lo menos que el trabajo se haga de la forma más científica posible”, plantea este arqueólogo. Se ha contratado a tres arqueólogos y a una antropóloga forense para que levanten los restos, porque con voluntarios sería “imposible”.
Entre diciembre de 1936 y junio de 1938 se realizó una “limpieza ideológica” en Valladolid entre juicios sumarios y asesinatos extrajudiciales. “Van pueblo a pueblo de la provincia, en función de su importancia. Tenemos sentencias como la de Tiedra, donde fueron fusiladas diez personas. Algo parecido sucedió en Laguna de Duero, Tudela de Duero... Son fusilamientos donde se concentran personas del mismo pueblo”, explica Del Olmo, arqueólogo.
Detalle de la fosa que se está exhumando en el cementerio de El Carmen. A. Camazón
Las excavaciones se paralizaron el pasado mes de mayo por la burocracia administrativa: la Junta de Castilla y León tardó meses en tramitar la autorización y los fondos del Gobierno no llegaban. La organización colocó una lona geotextil por encima para proteger los restos, que ya estaban al descubierto.
El gobierno autonómico permitió finalmente el levantamiento de los restos poco después de que la ARMHVa decidiera paralizar los trabajos, pero seguían sin financiación. Al final, la asociación financiará las exhumaciones “como pueda”, “con recursos propios y ajenos que se aportan a la asociación”, mientras esperan los 60.000 euros que ha aprobado el Gobierno. Si no lo arrancaban ahora, lo hubieran tenido que dejar para dentro de 6 o 7 meses. “No conviene que pase tanto tiempo sin realizar las exhumaciones por el deterioro: el frío, la humedad, la lluvia... deteriora los restos. Aunque solo tengamos la aprobación, estamos realizando el trabajo”, explica Julio del Olmo.
El Archivo Militar de Ferrol ha sido la principal fuente de información para la ARMH de Valladolid, que lleva dos décadas trabajando en recuperar la memoria y dignidad de las víctimas de la guerra civil. Además, han recuperado algunas cartas manuscritas de despedida de varios presos republicanos. Un recluso consiguió llevárselas consigo cuando fue puesto en libertad, aunque años después fue detenido y las cartas, interceptadas. Ese hecho, que le costó otros dos años de cárcel, ha permitido que la asociación memorialista consultara décadas después los informes judiciales y las misivas originales.
Trabajadores y voluntarios exhuman los restos de las víctimas de la guerra civil en una nueva fosa del cementerio de El Carmen. A. Camazón
Desde la asociación lamentan la falta de interés político en estas exhumaciones. “Un medio de comunicación publicó todos los nombres y un buscador de esas víctimas y no mucha gente nos ha escrito. Creí que íbamos a tener más familiares que se pudieran poner en contacto porque sabemos con toda precisión que esas 166 personas están ahí. Solo hay un alcalde, el de Alaejos, que nos llamó para preguntar. Ni un otro alcalde se ha puesto en contacto con nosotros, aunque les hemos escrito. Esa es la realidad”, lamenta Del Olmo.
Varios miembros de la asociación comentan la oportunidad que se presenta estos meses para que profesores de Instituto de la capital vallisoletana lleven a sus alumnos a ver los trabajos de exhumación que se están realizando y se les explique el contexto histórico en el que sucedieron estos asesinatos extrajudiciales y juicios sumarios, al igual que en otros países europeos como Bélgica o Alemania.
Fosa que se está exhumando en el cementerio de El Carmen. A. Camazón
Las diez fosas comunes del cementerio de Valladolid
El cementerio de Valladolid tiene diez grandes fosas comunes, de las que todavía faltan por localizarse las tres primeras, que se abrieron justo cuando se inició el golpe de estado y la guerra civil. Las cinco primeras estaban en un cruce de caminos y no fueron afectadas por enterramientos posteriores, salvo un panteón que levantó parte de una fosa. Se inhumaron los huesos de 247 personas, que ahora descansan en el memorial.
En esta ocasión, al empezar a excavar, los arqueólogos dieron con un osario: “Pero no desistimos y seguimos cavando y hemos encontrado a las personas”. Todavía faltan tres fosas, que estarían por el cuadro 46, si los cálculos de la asociación son correctos. De encontrar estas tres fosas, serán las últimas que exhume la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid: no constan más tumbas de víctimas en la provincia.
Placa identificativa del las fosas comunes del cementerio del Carmen ARMHVa
