Purificación Lapeña es nieta y sobrina nieta de los dos hermanos asesinados en la Guerra Civil, los aragoneses Manuel Lapeña Altabás y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, el primero veterinario, el segundo herrero, desaparecidos en 1936. "Su único delito", haber fundado la CNT en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra, como relató en su momento.
Este miércoles, 25 de enero, la alcaldesa de El Escorial, está llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, ante su negativa a reactivar la licencia de exhumación dictada por un juez en 2016.
Durante estos años, los Lapeña han acudido a varias instancias internacionales. En 2014 demandaron al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no exhumar los restos de los dos hermanos en Cuelgamuros incumpliendo así el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En junio de 2017, interpusieron una denuncia ante Naciones Unidas por vulneración reiterada del derecho a la tutela judicial efectiva.
Su andadura había comenzado en 2008 cuando ellos y otras nueve familias víctimas del franquismo conocieron una tesis doctoral que certificaba que sus familiares estaban en Cuelgamuros.
El primer juicio se celebró en 2016. La familia obtuvo un auto judicial por el cual se reconocía el derecho a dar una digna sepultura a los hermanos Lapeña. Pero esa sentencia judicial sigue sin cumplirse.
El 24 de junio de 2021, tras recabar todos los informes preceptivos, la Junta de Gobierno Local de San Lorenzo de El Escorial, acordaba conceder la licencia de obra, para proceder a exhumar en el interior del Valle, y recuperar los restos de los hermanos Lapeña.
En noviembre de 2021 el Juzgado contencioso-administrativo nº 10 de Madrid, suspendía dicha licencia, pronunciándose el TSJ de Madrid, revocando dicho auto y ratificando la legalidad de la licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Doce meses después, en junio de 2022, la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial rechazaba reactivar dicha licencia, una negativa que le llevará ante el juez este miércoles.
“Reactivar la licencia municipal, representa la única opción de cumplir la resolución judicial, así como el mandato administrativo de Patrimonio Nacional, y su negativa supone un abuso contra la reparación de las víctimas, además de una discriminación respecto de la licencia de obra menor anterior, dictada en el precedente inmediato en el lugar, la exhumación del dictador en el año 2019, pero con todo ello, la finalidad del presente proceso, no es la de inhabilitar al político, sino cerrar una herida”, afirma el abogado Eduardo Ranz.
