Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Los hermanos Salvador y Manuel del Amo Jiménez vuelven a su tierra 82 años después de su muerte en una prisión franquista.
De Orduña (Vizcaya) a Villagonzalo (Badajoz).
El día 31 de julio de 2023, a las 20h en la Casa de la Cultura de Villagonzalo, tendrá lugar un Acto cívico de homenaje a Manuel y Salvador junto con familiares, amigos, vecinos y asociaciones de memoria histórica.
El hijo de Manuel del Amo, Pedro del Amo (cuya muestra de ADN ha sido primordial en el proceso de identificación) con 95 años, verá descansar los restos de su padre en el cementerio del pueblo que lo vio nacer, acompañado de sus seres queridos. Una vez realizado el acto de homenaje, a las 21h los restos de Manuel serán trasladados y reinhumados en el cementerio de Villagonzalo y los de Salvador al día siguiente 1 de agosto de 2023, lo serán en el cementerio de Badajoz donde descansa su esposa.
Ambos eran campesinos, humildes y de izquierdas. Manuel fue condenados a muerte (y posteriormente le fue conmutada la última pena por la de 30 años de prisión), por ser afín al gobierno legítimo de la II República. Salvador corrió una suerte similar, condenado a 20 años de prisión por "Auxiilio a la Rebelión". Después de pasar por varias instituciones penitenciarias en Extremadura (Castuera, Mérida, Cáceres), ambos fueron trasladados a la Prisión Central de Orduña (Vizcaya) para cumplir su pena.
Salvador tenía 52 años cuando murió el 13 de marzo de 1941, estaba casado con Dionisia Donoso y tenía tres hijos. Su hermano Manuel murió un mes después, con 48 años, el 5 de abril de 1941. Oficialmente, la causa de la muerte fue “miocarditis”, pero en realidad fue por “avitaminosis” (enfermedad producida por la falta o escasez de vitaminas, es decir, por hambre). Anteriormente, la esposa de Manuel, Antonia Cano Castañeda, había sido fusilada el 26 de septiembre de 1936 junto a otras mujeres, siendo “desaparecida” en las tapias del cementerio de Villagonzalo tras la ocupación franquista de la localidad. Con la muerte de Manuel, dejaron huérfanos (y pobres, tras incautarles sus bienes por la Ley de responsabilidades políticas) a cuatro hijos de corta edad en un ambiente hostil. Pedro es el único de ellos que vive.
Más de la mitad de los 4.000 presos que pasaron por la Prisión Central de Orduña eran extremeños. Esta prisión franquista se levantó en 1937 en el Colegio de los Padres Jesuitas, primero para albergar a prisioneros de guerra leales a la República y después, a partir de 1939, para todo tipo de presos que fueran calificados por los fascistas como desafectos al régimen. Las condiciones de vida eran inhumanas: torturas, hambre, humillaciones, esclavitud y muerte.
La mayor parte de los presos extremeños provenían del campo de concentración de Castuera (Badajoz) y del campo de concentración de Santo Domingo (Mérida), de los cuales al menos 127 fallecieron en la prisión desde su llegada hasta 1941, según el registro de aquella. Después de identificarse los restos, gracias a la colaboración de las familias y de la labor de Gogora - Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, por fin dos de aquellos extremeños, los hermanos Manuel y Salvador del Amo Jiménez, vuelven a su pueblo, Villagonzalo (Badajoz).
El acto ha sido organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tierra de Barros (AMHD) y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca (ARMH-Mérida y comarca), junto con los familiares de Manuel y Salvador. En el proyecto han colaborado el Ayuntamiento de Villagonzalo, el PREMHEx (Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura –Consejería de Cultura, Diputaciones de Cáceres y Badajoz, junto con la UEX), así como Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que se ha encargado de todo el trabajo de exhumación e identificación de los restos de las víctimas, así como de su entrega a los familiares.
Al día siguiente, 1 de agosto de 2023, se llevará a cabo el entierro y homenaje a Salvador, en el Cementerio de San Juan de Badajoz (viejo), a las 11 horas.
Este tipo de actos, en cumplimiento de las leyes de memoria histórica regional y estatal, sirven para cerrar heridas y dar un merecido reconocimiento público a familiares y víctimas: Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.
·Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx)
·Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tierra de Barros (AMHD-Tierra de Barros)
·Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca (ARMH-Mérida y Comarca)
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ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX).
Roberto Da Silva carga contra los familiares de los represaliados y asegura que algunos ni siquiera han conocido a su padre: "A tu madre sí, pero tu padre no sabes quien era"
RICARDO GARCÍA | VALLADOLID27 DE JULIO DE 2023, 11:55
El presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, ha realizado recientemente unas polémica declaraciones sobre las fosas franquistas y aquellas personas que todavía hoy tratan de encontrar los restos de sus familiares asesinados durante la Guerra Civil y los años posteriores. Una labor que para Da Silva tan solo responde a intereses económicos, puesto que asegura, en alusión a esas familias, que "queremos rescatar los huesos de los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros pensión".
Durante una entrevista concedida a Radio Evolución, Da Silva se detiene algunos segundos sobre este asunto para cargar con unas declaraciones insólitas contra aquellas personas que buscan los restos de sus antepasados para poder darles sepultura y evitar que caigan en el olvido en fosas comunes perdidas en cualquier lugar remoto. No obstante, el presidente de la IGP Morcilla de Burgos no lo ve así, puesto que asegura que "si tu eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no un Hommo Antecessor, con esos ámbitos de protección de la Memoria Histórica eres capaz de llevar 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal", todo ello con un marcado tono sarcástico.
Sin embargo, estas declaraciones no se quedan aquí, puesto que Da Silva también ironiza en la misma entrevista radiofónica con que muchas de estas personas que buscan a sus familiares ni siquiera han conocido a su padre. "A tu madre sí, pero a tu padre no sabes quien era", apostilla. Por todo ello, también considera que la sociedad tiene una memoria muy "frágil" porque "buscamos en las cunetas y tenemos a los abuelos en los asilos y les dejamos que se nos mueran de asco", todo ello enmarcado en unas aseveraciones cuanto menos sorprendentes.
Palabras las de Da Silva que no han pasado desapercibidas, especialmente en redes sociales, donde han sido ya varios los usuarios los que han criticado su intervención. Entre ellos, el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien opina que el presidente de la IGP Morcilla de Burgos "debería disculparse" porque lo dicho en la entrevista "es un insulto gratuito a las familias que aún buscan los restos de sus seres queridos".
Su ideología, incluso el simple vínculo con personas poco afectas con el nuevo régimen, y su actitud ante la religiosidad fueron los principales ‘motivos’ por los que centenares de educadores fueron sancionados en Nafarroa durante el franquismo. Así lo recoge un libro publicado por el Gobierno.
Vista de un aula del Colegio Público San Francisco de Iruñea, con un retrato de Franco al fondo. (José GALLE/ARCHIVO GENERAL DE NAFARROA)
El magisterio navarro sufrió durante la guerra del 36 y la dictadura un proceso de depuración en el que su ideología y su actitud ante la religiosidad eran ‘motivos’ suficientes para que los docentes fueran sancionados, hasta el punto de ser apartados de la enseñanza, según se recoge en un libro editado por el Instituto Navarro de la Memoria.
El trabajo, titulado ‘El proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra, 1936-1976’, ha sido realizado por Reyes Berruezo, Juan José Casanova y Francisco Javier Ema, y en el mismo se recuerda que la Segunda República española fue denominada ‘La República de los maestros’, por lo que al magisterio «se le culpabilizó de la penetración de las ideas republicanas y socialistas preparando el sustrato ideológico a la depuración de las Escuelas Normales y a la separación de la docencia de los maestros».
Tras recopilarse información extraoficial de los docentes durante el período republicano, una vez iniciada la guerra del 36, la Junta Superior de Educación de Nafarroa se puso a la tarea de depurar a los maestros, de tal manera que a todos se les analizó, aunque «no todos fueron investigados o sancionados». Algunos, más de 30, ni siquiera llegaron a vivir ese proceso porque directamente les ejecutaron.
Todo respondía a «un plan predeterminado» que buscaba expulsar de la docencia de manera definitiva a maestros con plaza y de manera indefinida a los interinos que no comulgaban con el nuevo régimen. A otros les aguardaban sanciones que no les privaban del puesto de trabajo, pero que les dejaban ‘marcados’ al estar en la lista de sancionados.
Retrato de tres maestras en las escuelas de Untzue. (Alberto OFICIALDEGUI/ARCHIVO GENERAL DE NAFARROA)
¿En qué se basaba la Junta Superior de Educación para sancionar a determinados integrantes del magisterio navarro? Con el objetivo de conseguir «una venganza rápida» se tiró en un primer momento, agosto de 1936, de la información recabada por la Asociación Católica de Padres de Familia desde 1934. Posteriormente se sumó la derivada de la incautación de la documentación de sindicatos y partidos políticos, y se completó con referencias recabadas de las fuerzas vivas de cada localidad, es decir, el cura, la Guardia Civil o jefes carlistas y falangistas.
La ideología de los docentes fue uno de los ‘motivos’ más utilizados a la hora de sancionar. Estar afiliado o ser simplemente simpatizante de fuerzas socialistas, nacionalistas vascas o republicanas era suficiente para quedar marcado.
Especialmente perseguidos fueron los afiliados de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), vinculada al Partido Socialista y parte de cuyos archivos fueron enviados a la Junta Superior de Educación como prueba acusatoria. De hecho, «cualquier modesto afiliado que estuvo solamente unos meses inscrito en el sindicato, aparecía en los cargos como un importante activista internacionalista», se señala en el libro.
Así, el 31,64% de los maestros sancionados por su ideología, 100 de 316, lo fueron por sus vínculos con FETE y el socialismo; seguidos de los 67 (21%) por su relación con el PNV, ANV, ELA o sociedades como Lagun Artea y Euzkotarra; y los simpatizantes de izquierda, que fueron 63 (19,93%). Estas cifras ponen de manifiesto que «las sanciones por motivación política fueron el 90%».
Maestro con sus alumnos en las escuelas de Ibero. (Alberto OFICIALDEGUI/ARCHIVO GENERAL DE NAFARROA)
El factor de la religiosidad
La religiosidad de los docentes también era una cuestión analizada por la Junta Superior de Educación a la hora de depurar el magisterio navarro, de tal manera que «las acusaciones de irreligiosidad o faltas al cumplimiento de los deberes religiosos de los maestros» también fueron determinantes a la hora de establecer sanciones.
En el libro se ofrece una serie de testimonios recabados sobre este aspecto en relación a determinados docentes. El cura de Atarrabia señalaba sobre la maestra Pilar García-Falces que «es creyente, pero es fría, muy fría en la práctica. Se concreta a lo más precisito», lo que le parece imperdonable para una docente «por la ejemplaridad de las niñas».
Algo parecido dice el cura de Zirauki respecto a Honorato Martínez, cuya conducta religiosa «no me merece elogio, pues se ha concretado en oír misa en los días festivos estilo de soldado». Es decir, no se libraban ni los creyentes «tibios», así que es de imaginar lo que opinaban de los que evidenciaban su irreligiosidad.
El regente de una parroquia aseguraba de un maestro que «en religión era ateo práctico, de los de peor especie» y añade que «alguna vez acudía a la iglesia, pero era únicamente en plan turista y de espía para el semanario ‘¡¡Trabajadores!!’ para zaherir al párroco».
Un jefe local de Falange afirmaba sobre otro docente que «es indigno de pertenecer al magisterio, pues su actuación ha sido de lo más disolvente, anti cristiano y además se jactaba de serlo, pues no se ocultaba de manifestar sus ideas delante de todos». Y añadía que «en cuanto a católico no puede ser más detestable y además era continuo propagandista de sus nefandas ideas», que eran, por supuesto, de izquierdas.
La retirada del crucifijo de la escuelas durante los años de la República fue otra de las acusaciones que se hicieron a muchos docentes, «aunque respondiese al estricto cumplimiento de la legalidad republicana que obligaba a todos los maestros», se recuerda en el libro.
Docente junto a sus alumnos sentados en sus pupitres. (Alberto OFICIALDEGUI/ARCHIVO GENERAL DE NAFARROA)
Falta de valores morales
La Junta también puso el énfasis en acusar a muchos maestros «de falta de valores morales o de conductas sociales que hicieran del maestro un ejemplo para la sociedad». En este caso, las maestras eran el gran objetivo y se les acusaba de mala moralidad «por su forma de vestir, por lo que consideraban falta de modestia, maquillajes inadecuados, asistencia al baile o al cine, comportarse con libertad, sus relaciones personales...», se detalla en el volumen. Un comentario sobre la maestra de Ugar señalaba que «se pintorroteaba mucho, aunque abusando en su acicalamiento (un figurín, dicen)».
También se valoraba si eran personas que «se acomodaban a las circunstancias de cada momento para contemporizar con aquellos que gobernaban», las amistades que frecuentaban, si se hospedaban en casa de un significado izquierdista, estar emparentado con persona conocidas de ese espectro político o leer prensa considerada de izquierdas o libros caracterizados de «inmorales o marxistas».
Incluso se señalaba a los docentes que habían empleado en las aulas manuales populares como ‘El niño republicano’ o ‘El Evangelio de la República: la constitución de la Segunda República española comentada para niños’.
¿Y qué sanciones les aguardaban a los docentes que no encajaban con el ideal de maestro de la Junta Superior de Educación de Nafarroa? En el libro ‘El proceso de depuración de la enseñanza pública en Navarra, 1936-1976’ se recoge que la represión sufrida por el personal docente afectó a 407 personas, con diferentes tipos de sanciones.
La separación definitiva de la docencia, es decir, la destitución, afectó a 59 maestros y la indefinida a 84. La separación de la docencia y pérdida de escuela entre opositores e interinos llegó a 113 docentes, mientras que el traslado en la provincia junto a sanción económica se aplicó a 38, con adhesión patriótica a 23 y solo el traslado a 13.
Sanción económica se impuso a 31 docentes, sanciones menores a 8 y fueron expedientados sin sanción un total de 38.
Docente rodeada por sus alumnas de la escuela de San José de Iruñea. (José GALLE/ARCHIVO GENERAL DE NAFARROA)
La destitución y la sustitución indefinida se aplicó especialmente a los maestros «defensores o partidarios de una enseñanza laica y a dirigentes o militantes de organizaciones o partidos integrantes del Frente Popular». Los traslados y las sanciones económicas se centraron en los llamados ‘tibios’ o que cumplieron con la legalidad del momento, además de las personas próximas al nacionalismo vasco.
Algunos recurrieron las sanciones que les habían caído, otros no lo llegaron a hacer, también hubo quien mostró arrepentimiento por comportamientos pasados y los que incluso fueron al frente a combatir por los sublevados para redimir ‘sus culpas’. En ocasiones, esta última fórmula hizo que les permitieran continuar al frente de sus escuelas y en otras, que se les levantara o redujera la sanción al haber buscado su «rehabilitación ofrendando la vida a la Patria».
Las sanciones fueron aplicadas por la Junta a su parecer entre agosto y noviembre de 1936. A partir de ese momento tenían que confluir con las prescritas por las autoridades franquistas y no fueron ratificadas por el Ministerio hasta 1942, aunque algunas revisiones continuaron bastantes años más.
Ese largo proceso de depuración supuso «una sangría en el magisterio navarro», ya que 132 maestros abandonaron la docencia y otros 131 la ejercieron fuera de Nafarroa. Solo 144 de los 407 investigados y/o sancionados continuaron ejerciendo la docencia en el herrialde tras el castigo.
Pero, como se recoge en las conclusiones del libro, sobre todos «cayó el manto del silencio» tras sufrir un proceso represivo que «ocasionó mucho daño y dolor» a una generación de docentes que vio su vida «truncada por un conflicto civil de largas consecuencias».
Fuentes: Rebelión [Imagen de Damián, presos en el penal de San Miguel de los Reyes (1939-1945)]
Una aproximación posible a la represión franquista es el libro Castigar a los rojos (Ed. Crítica 2022), de los historiadores Francisco Espinosa Maestre y el Ángel Viñas, y el jurista Guillermo Portilla; está dedicado al fiscal militar Felipe Acedo Colunga, al que califican como “gran arquitecto de la represión”; firmó la denominada Memoria del fiscal del ejército de ocupación (enero de 1939).
El volumen cifra en 140.159 las víctimas de la represión fascista en la guerra de 1936 y la posguerra; destaca el número de represaliados en Andalucía (51.090), seguido de Castilla y León (16.252), Castilla-La Mancha (13.604), Extremadura (11.551), Asturias (5.952) y el País Valenciano (5.265).
Escenario de los castigos fue el Monasterio de San Miguel de los Reyes, actual sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, ubicada en Valencia y de la que es titular la Generalitat; su nombre tiene origen a mediados del siglo XVI, cuando se establece –en la casa religiosa- la orden de los Jerónimos. “En 1874 el Estado decidió acondicionar San Miguel de los Reyes como Presidio Nacional”, detalla la página Web de la Biblioteca.
El cómic Sant Miquel dels Reis (Ed. Camacuc, 2018), de Manel Gimeno, J. Fonollosa, Pau Valls y Burguitos, recuerda usos en el pasado como asilo de mendicidad, prisión de mujeres, después para presos comunes y, en 1936, como cárcel de la II República; durante unos años también colegio, almacén municipal y –hasta 1966- prisión de la dictadura franquista.
Declarado en 2008 Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno Valenciano, el edificio monacal (establecimiento carcelario durante los años 40 del siglo XX), acogió acciones como la de El túnel: “Parece que cuatro presos huyeron de las celdas en los años 60; después de otra huida, se puso en cuestión la seguridad del recinto y cerró definitivamente”, cuenta el texto ilustrado.
El pasado 2 de mayo la Generalitat publicó una Guía sobre el Presidio de San Miguel de los Reyes (actualizada en abril), con información del monasterio como prisión durante cerca de un siglo; una nota informativa de la Conselleria de Cultura resume el contenido: “El usuario podrá localizar y consultar el proyecto original de Tomás Aranguren y los planos de la primera cárcel, construida en tiempos de la I República”.
Además, “conocer los archivos donde localizar los expedientes tanto de los procesos judiciales como de los presidiarios; acceder a los relatos de la vida en éste, o localizar fotografías de su interior y de la vida desarrollada en la cárcel”.
La Guía detalla que, antes del 18 de julio de 1936 (fecha del golpe de Estado fascista), se hallaban en la cárcel entre 700 y 800 presos; la Causa General de Valencia y su Provincia incluye informes sobre la Prisión Central de San Miguel de los Reyes, “durante el dominio marxista”, firmados en abril de 1941.
Por ejemplo respecto a directores de la prisión como Francisco Huertas Martínez: “Ignorándose su paradero y por referencias se sabe que se hallaba preso en la provincia de Almería”; asimismo Miguel Molín, de quien “se ignora su actual paradero”; o de Mariano del Amo Algara, funcionario que se halla “extinguiendo condena en este establecimiento, ignorándose la condena que sufre (…)”.
El documento de la Conselleria d’Educació hace referencia a La primera década: una aportación al proceso político e ideológico del franquismo y a la historia del Partido Comunista de España (1983), de Carlos Llorens Castillo (el libro dedica dos capítulos al penal de San Miguel de los Reyes); Carlos Llorens, detalla la Guía, no tenía antecedentes políticos (públicos), pero al terminar la guerra fue objeto de depuración (profesional) por parte del Colegio de Arquitectos de Valencia.
Militante clandestino contra la dictadura, Carlos Llorens formó parte del primer “Comité Provincial comunista”, fue detenido en 1942 y estuvo encarcelado hasta 1948.
También se destaca al artista gráfico de origen polaco Mariano Rawicz. Cartelista y autor de fotomontajes, Rawicz trabajó –durante la guerra- para el Ministerio de Propaganda de la II República; finalizado el conflicto fue condenado y encarcelado; “durante algunos meses seremos pues sólo un millar (…); a los meses, somos ya cuatro mil o cinco mil, porque los tribunales militares de urgencia cuidan de que haya abundante carne de presidio”, explica en Confesionario de papel: memorias de un inconformista (los dos autores coinciden en la cifra de reclusos en el monasterio).
Otro texto resaltado es Els afusellaments al País Valencià: 1938-1956, del historiador Vicent Gabarda; además del antiguo edificio monacal, en la edición de 2007 se remarcan centros de reclusión franquistas en Valencia como la Prisión Celular (cárcel Modelo); la Prisión Militar de Monteolivete; la Prisión Nueva de Santa Clara (convento); la provincial de mujeres o las torres de Quart (puerta de la muralla medieval de la ciudad).
Asimismo se remite a testimonios –autobiográficos- de prisioneros como José Cano Coloma en el libro Vientos contrarios (1983); miembro de Izquierda Republicana, José Cano desempeñó la alcaldía de Valencia durante cerca de un año (marzo 1936-febrero 1937), fue juzgado en un Consejo de Guerra franquista y estuvo recluido en la cárcel de San Miguel.
La Guía de recursos incluye los enlaces a fondos gráficos del penal, en gran medida provenientes de donaciones particulares; por ejemplo las fotografías de internos en el monasterio/prisión -durante el periodo 1939-1945- realizadas por el fotógrafo Damián; o las del reportero gráfico José Lázaro Bayarri durante una década (1931-1940).
En fechas más recientes (15 noviembre de 2016), la Generalitat Valenciana rindió homenaje en el monasterio a los presos republicanos de San Miguel de los Reyes; el pasado 8 de junio la actual Biblioteca Valenciana Nicolau Prmitiu –emplazada en el edificio religioso- acogió el archivo personal del guerrillero antifranquista Francisco Martínez López, Quico; entre 1947 y 1951 militó en la segunda agrupación del Ejército Guerrillero, vinculada al PCE; después fue condenado a muerte por la dictadura, y se exilió a Francia (nota informativa Generalitat, 8 junio).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Ayala reconoce la «represión franquista», define la Segunda República como «lamentable» y rechaza financiar la Cátedra de la UBU al considerar que debiera abordar «todo el siglo XX» y no «un momento histórico determinado»
Protesta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica frente al Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO
El Ayuntamiento de Burgos, gobernado por el Partido Popular y Vox, no mantendrá los convenios de colaboración hasta ahora vigentes con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y tampoco financiará la Cátedra de Memoria DemocráticaEduardo de Ontañón impulsada por la Universidad de Burgos (UBU). La decisión, a priori temporal tras la reciente aprobación de la última modificación de crédito, se extenderá a lo largo del mandato.
El pronunciamiento, a cargo de la alcaldesa, Cristina Ayala, llegaba en el turno de ruegos y preguntas del pleno municipal después de que el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, interpelase al equipo de Gobierno sobre dicha cuestión. De entrada, la regidora alegaba que los acuerdos de colaboración con la ARMH, que antes de la sesión se concentraba a las puertas del Consistorio en señal de protesta, no siempre se circunscriben al «término municipal» de Burgos. Por ejemplo, a la hora de financiar el Parque de la Memoria que se prevé levantar en Estépar para homenajear a las víctimas del franquismo allí asesinadas.
Ayala también ha querido poner de manifiesto que las ayudas aprobadas por el PP en tiempos de Javier Lacalle fueron «condición sine qua non» para que el grupo socialista aprobase en su día el presupuesto municipal. Asimismo, ha reprochado a De la Rosa que no incluyese una partida específica en las cuentas de 2023 y optase por su posterior inclusión en la modificación de crédito.
A continuación, la alcaldesa ha cuestionado el «acotamiento en el tiempo» cuando se habla de Memoria Histórica. Pese a reconocer que hubo «represión franquista», también ha calificado la Segunda República de «lamentable». Partiendo de dicha premisa, ha confirmado su negativa a financiar a la UBU porque «hacer una Cátedra exclusivamente de un momento histórico es hacer política».
La regidora también apelaba a la «concordia» de la Transición, cuando «los españoles deciden olvidarse de lo triste», para insistir en que «si tiene que haber una Cátedra puede ser de todo el siglo XX, pero en ningún caso de un momento histórico determinado». A su entender, la Memoria Histórica se basa en «políticas frentistas» promovidas como «marco» desde la izquierda «cuando y donde gobierna» mientras instaba al próximo Ejecutivo central a que «tenga esto en cuenta».
Los restos de las cinco primeras víctimas del franquismo identificadas tras ser exhumados del cementerio de Orduña volverán este próximo sábado 29 de julio junto a sus familias. Cuatro de las víctimas eran de Badajoz y una quinta de Toledo, aunque sus restos llevaban años enterrados en la localidad vizcaína de Orduña junto a otras 66 personas.
Los identificados son los extremeños Fructuoso LLorens Tolesano, Alfonso Tena Prieto, y los hermanos Manuel y Salvador del Amo Jiménez y el toledano Alejandro Gómez Hidalgo.
Este sábado a las 11.30 junto a la escultura "Duintasuna" del Columbario de la Dignidad de Orduña, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, y el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, harán entrega a las familias de los restos identificados de sus parientes.
Al acto asistirán también Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, el alcalde de Orduña, Iker Santocildes, y Lourdes Herrasti antropóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Previamente, a las 11.00 horas, la consejera y el alcalde, recibirán a las familias de los identificados y les acompañarán hasta el cementerio para que puedan visitar el lugar donde han descansado los restos de sus familiares y conocer los detalles de las labores de exhumación e identificación.
Gogora-Instituto vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos sigue trabajando para identificar a las 71 víctimas exhumadas en el cementerio de Orduña.
