Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La portavoz socialista, Patricia Puerta, durante una intervención en el pleno del Ayuntamiento de Castelló.
La alcaldesa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, ha eliminado del borrador de presupuestos municipales la partida destinada a la exhumación de víctimas del franquismo. Se trata, según la portavoz socialista Patricia Puerta, de un “desprecio absoluto por las familias que sólo quieren localizar a sus seres queridos y darles una despedida digna”. El anterior gobierno municipal, bajo la batuta del Acord de Fadrell formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, destinaba cada año una partida de 30.000 euros a un convenio con el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC) para exhumar e identificar a las víctimas del franquismo.
Sin embargo, en el borrador de presupuestos la partida ha desaparecido. El PSPV-PSOE recuerda que el GRMHC es un colectivo, formado por historiadores y activistas memorialistas, que trabaja “para restaurar la dignidad y la reparación moral de las personas que fueron asesinadas durante la dictadura franquista”.
La alcaldesa del PP gobierna en Castelló con Vox desde las pasadas elecciones municipales. El presupuesto diseñado por el PP y Vox “nos muestra lo que ya nos temíamos, la eliminación de los 30.000 euros que, desde el Acord de Fadrell, reservamos en 2023, aunque ya teníamos claro, desde que Carrasco fue investida como alcaldesa, que iba a dejar de lado a las familias y colectivos que tanto han trabajado por acabar con el dolor que generó la dictadura”, afirma la portavoz socialista, Patricia Puerta.
“Ya teníamos claro que el PP no necesitaba a Vox para mostrar lo poco que le interesa cumplir con las propias leyes de memoria democrática, como así nos han demostrado en la Diputación de Castelló, donde gobiernan en solitario”, ha agregado Puerta.
El PP y Vox cuentan con mayoría en Castelló. Los grupos municipales tienen hasta el próximo 5 de enero para presentar enmiendas y el próximo 12 de enero se reúne la comisión plenaria extraordinaria para el debate y la votación. El próximo.18 de enero, según el calendario oficial, tendrá lugar el debate del proyecto de presupuesto.
La mayoría del PP y el partido de extrema derecha, previsiblemente, eliminará la partida dedicada a las exhumaciones de víctimas del franquismo. En un pleno celebrado el pasado mes de septiembre ambos partidos votaron en contra de una moción del PSPV-PSOE de apoyo a las exhumaciones.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló considera que la posición de Begoña Carrasco es “reprobable” al quedar actualmente descendientes que siguen buscando a sus seres queridos. Patricia Puerta asegura que la eliminación de la partida presupuestaria es una “falta de respeto a las familias”. “Aquí no se trata de revancha, sino de humanidad”, concluye.
Entrevistamos a una de las profesionales de la subsecretaría de Derechos Humanos sobre el trabajo que se realiza previo, durante y después, en el marco de los procesos judiciales. ¿Cómo es declarar lo sufrido, más de 40 años después? ¿Cómo golpea en las familias de la víctima?
En una entrevista que realizamos en diciembre del año pasado, charlamos con Lorena Schwab, Licenciada y Profesora de Psicología egresada de la UNLP, formación con perspectiva de género y Derechos Humanos. Nos explicó el trabajo que se hace desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el área de acompañando a testigos que son parte de estos juicios de lesa humanidad.
Junto al Codesedh (Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos), estos profesionales del área bonaerense conforman un equipo de varios años de experiencia que paulatinamente fue cambiando las funciones y encontrando su especificidad en el contexto de los juicios, acompañando psicológicamente a víctimas y familiares del terrorismo de estado. “Particularmente nuestro equipo acompaña en instancias judiciales, pero también en otras instancias como por ejemplo una búsqueda de identidad, o personas que se presentan espontáneamente en la Subsecretaría, entre otras”, explicó
Sin embargo el mayor trabajo del equipo es en este tipo juicios, a requerimiento de los tribunales. En La Plata, por ejemplo, se viene llevando adelante (ahora congelados por la Feria judicial) los juicios por los crímenes cometidos en las Brigadas de Lanus, Banfield y Avellaneda, también por los casos en la Caballería de 1 y 60 y Comisaría Octava, además de otros que se realizaron durante estos años como el de los niños torturados en el “Hogar de Belén”, en Banfield.
Es en este tribunal platense donde ejerce su mayor trabajo el equipo de la Subsecretaría, además de otros trabajadores que se desempeñan en otros juicios en la provincia.
Cambios de dinámica
La posibilidad de tener profesionales de la salud para personas que son convocadas a declarar, siendo víctimas o familiares de víctimas del genocidio no funcionó siempre igual. Hace un tiempo, el primer contacto de las personas llamadas a declarar era con la Policía Federal, quienes llevaban la célula de notificación a las casas. “Eso cambió bastante a pedido de los organismos de derechos humanos, que desde hace muchos años vienen pensando este tipo de acompañamientos”, señaló Schwab. Así, los tribunales lo incorporaron como parte del juicio, entonces generalmente antes de que empiece el juicio ya se notifica a los equipos para que sean parte del proceso: se les consigna un listado de personas que van a testimoniar en ese juicio y ahí empieza su trabajo.
Antes, durante y despues
Todo comienza por buscar a las personas: “depende de los juicios, hay personas que son querellantes o militan en algún organismo de Derechos Humanos entonces ya están en contacto; pero otras por ahí ni siquiera sabían que existía el proceso o nunca habían sido llamados antes a declarar. Así que el primer contacto siempre es con nosotras”, describió sobre el equipo que consta de todas mujeres profesionales.
Respecto a la complejidad que puede tener estos acompañamientos psicológicos en estos hechos tan traumáticos, Lorena resalta de que se trata de un trabajo colectivo: “intentamos que se pueda trabajar en dupla, porque la escucha es diferente y aporta mucho al trabajo, siempre que estén las condiciones”.
La intervención con las personas a declarar se realiza entonces antes en esas primeras convocatorias, pero también durante y después de la declaración. “Sabemos que el llamado a testimoniar despierta mucha ansiedad. Hay personas que lo esperan porque lo han venido siguiendo, pero otras que no saben ni siquiera que hay un juicio por lo que les pasó. Entonces ese primer llamado despierta mucha ansiedad. O muchas veces los hace conectarse con eso que pasó y que lo tenían un poco ahí olvidado”, describe respecto a la complejidad. “Entonces somos muy cuidadosas, trabajamos mucho en eso para que la persona llegue lo mejor posible a ese momento de declarar”.
En ese primer contacto también se evalúa la posibilidad o no de dar testimonio. Al estar juzgando hechos que sucedieron hace más de 40 años, hay personas que ya son de edad avanzada, entonces “a veces concluimos que volver a exponer lo les pasó puede ser contraproducente, y hablándolo con ellas y ellos observamos que no están en condiciones de prestar testimonio”.
A veces es un trabajo de mucho tiempo, quizás está la predisposición a dar testimonio, pero no es el momento adecuado, porque están atravesando otras situaciones importantes en su vida, como algún duelo o alguna enfermedad. Entonces allí el equipo prepara la posibilidad de prestar testimonio, en algun otro tiempo designado.
Al momento del día del testimonio, allí se puede observar a este equipo, recibiendo a las personas que llegan al Tribunal y a su grupo familiar. Sentándose al lado del banquillo donde se da testimonio, observando con atención y cuidado al testigo. Luego de eso, también se mantiene el contacto con todo el grupo familiar, ya que a veces se muestran algunas consecuencias.
La idea de la intervención del equipo también es que puedan trabajar el testimonio en sí mismo: “lo que tienen para decir, lo que quieren decir, lo que pueden decir y cómo querrían decirlo”, sintetiza Lorena. “Siempre apostamos a lo reparatorio para esa persona, que puedan también contar algo de la historia de lo que les ha pasado, ya que a veces en los requerimientos judiciales no lo tienen en cuenta: cómo fue su historia familiar”, dice y agrega que en los últimos años las querellas y la Fiscalía que interviene también tienen presente eso. “Nosotros tratamos de anticiparlo para que puedan intentar elaborar algo de eso”, cierra.
Foto: Gaby Hernández
Las familias
Para el equipo de la subsecretaría, la familia de la víctima también es considerada víctima directa del genocidio: cuando declara un padre, también se acompaña a su hijo, o viceversa. Lo que no se realiza, porque no está en sus incumbencias ni posibilidad son las sesiones de terapia, sino que de ser necesario hacen una derivación: “ayudamos a encontrar un espacio seguro y cuidado para esas personas”.
Respecto a su experiencia en este sentido, Lorena describe: “Hay familias que se han desmembrado, que han tenido que modificar su estructura familiar. Ni hablar de las que se han exiliado, incluso algunas de forma separada. Entonces claramente eso tiene consecuencias que se ven hasta el día de hoy”.
Experiencia con las víctimas trans
De los juicios mencionados de los últimos años, le consultamos a Lorena sobre algunos más paradigmáticos. Por un lado mencionó lo sucedido en pandemia, que como un gran desafío para toda la justicia se continuó con los procesos judiciales pero de manera virtual. El juicio “Brigadas” mencionado anteriormente es un vasto proceso que está llegando a su final pero ya lleva más de 3 años, donde hay 570 víctimas y 468 testigos. “Si bien nosotras veníamos haciendo acompañamientos a distancia porque hay personas que viven en el exterior, eran casos muy puntuales. Este juicio se hizo desde el inicio completamente de forma virtual, entonces fue un gran desafío repensar también nuestro dispositivo, acompañar desde nuestras casas, y fue bastante difícil” recuerda.
POr otro lado, pero dentro del mismo proceso de “Brigadas”, Lorena contó cómo fue hacer el acompañamiento a mujeres trans y travestis que declararon por primera vez en un juicio de lesa humanidad; donde también por primera vez hubo una querellante trans, que fue Valeria del Mar Ramírez. “Un acompañamiento que fue muy hermoso de hacer, pero esto de haber sido invisibilizadas durante tantos años; ver esos relatos y ayudar a que puedan construir esos relatos por primera vez, que sean escuchadas, que sean tenidas como víctimas fue muy fuerte, fue muy importante. Así que para nosotras también fue un gran desafío y hemos trabajado mucho en eso y seguimos trabajando también”.
Para finalizar Schwab agradeció la entrevista y resumió: “es verdad que muchas veces nuestro trabajo no se ve, y nos gusta mucho lo que hacemos, lo hacemos con mucho compromiso también y está bueno que se sepa de estos equipos que acompañamos y que no es solamente en instancias judiciales, sino que también trabajamos en situaciones que se presentan a demanda. así que estamos ahí para quien quiera consultarnos algo”.
Es una de las 147 víctimas de la represión franquista exhumadas en el cementerio de San Fernando en los trabajos desarrollados entre 2017 y 2022. Con Emilio, ya se han podido identificar a seis de ellas.
Junto con responsables de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) y del equipo técnico que ha intervenido en los últimos años en las fosas comunes del cementerio isleño, la concejala de Memoria Democrática, Pepa Pacheco, hacía entrega días atrás de la sexta víctima del franquismo identificada por ADN en la localidad, casi 87 años después de su fusilamiento.
Se trata de Emilio José Ordaz Martínez, practicante de la Armada de 31 años de edad, asesinado junto a otras cinco personas el 14 de enero de 1937.
Su identificación presuntiva fue expuesta el pasado 18 de julio en una charla por el equipo técnico de Amede, junto a las de Alberto García Martínez y Cayetano Roldán Moreno. Este último, alcalde de la ciudad en el momento del golpe de Estado fascista, fue identificado positivamente gracias a los laboratorios Labgenetics, a los que su familia recurrió para lograr una posible identificación, que resultó positiva en el 99.99999%. Días atrás se le pudo rendir honores y enterrar los restos con dignidad.
Siguiendo el camino ya trazado por la nieta de Cayetano Roldán, Ángeles Fernández Roldán, actual presidenta de Amede, la familia de Emilio Ordaz ha logrado también una identificación positiva en este mismo laboratorio privado de Madrid, y en un porcentaje análogo, confirmándose que el Sujeto 53 hallado durante los trabajos de exhumación en el camposanto municipal efectivamente se correspondía con los restos de Emilio Ordaz.
Desde Amede relatan en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que el elemento que permitió al equipo técnico deducir su identidad fue el descubrimiento de una medalla de oro tipo escapulario con las iniciales ‘E. O.’ y el número ‘928’.
Este objeto, cuyo hallazgo no trascendió a la familia, coincidía con una tradición heredada de padres a hijos, según expresaba María Ángeles Ordaz Romay, nieta de Emilio Ordaz, en entrevista al antropólogo social encargado de este trabajo: “en la familia Ordaz he observado que los varones siempre han llevado una medalla de la Virgen del Carmen con el Sagrado Corazón en el reverso. Mi padre la tuvo toda la vida, mi hermano también al igual que el primo de mi padre. Sospecho que él tendría una medalla similar”.
Junto a la medalla, otros aspectos que resultaban coincidentes con los estudios antropológicos forenses, eran la edad y la estatura, entre otros elementos.
SE CONTINÚA TRABAJANDO EN MÁS IDENTIFICACIONES PRESUNTIVAS
Entre tanto, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando continúa trabajando para poder hacer públicas nuevas identificaciones presuntivas de algunas de las 141 víctimas del franquismo restantes, exhumadas en sus trabajos desarrollados entre 2017 y 2022 en el cementerio isleño.
Aquellas que cuenten con familiares y que deseen recurrir a nuevos cotejos de ADN tendrán la posibilidad de lograr nuevas identificaciones positivas que contribuyan a poner nombre y apellidos a los restos óseos exhumados.
Hijas, sobrinas y nietas de victimarios de diferentes dictaduras, como la española, la argentina o la chilena, conforman el colectivo Historias Desobedientes, desde donde se posicionan públicamente a favor de las víctimas y en contra de lo que hicieron sus familiares a pesar de los costes que conlleva
Analía Kalinec y su padre Eduadro Kalinec, que cumple condena por crímenes de lesa humanidad, en la foto de portada de su libro 'Llevaré su nombre' (Marea Editorial)
Cuando era niña y su padre volvía a casa, Analía Kalinec gateaba hasta colgarse de su pantalón. Él la levantaba en brazos, la besaba, la hacía cosquillas y se reían juntos en una típica escena en el seno de una familia conservadora argentina de los 80. Hoy estos son recuerdos que duelen y alivian al mismo tiempo, que se enmarañan con emociones contradictorias que Analía tardó en colocar para poder asumir que el hombre al que tanto quiso y al que tanto obedeció es el mismo que cumple pena de cárcel. Que ese hombre, además de su padre, había sido el Dr.K.
Conocido bajo ese apodo en sus años como miembro de la Policía Federal durante la dictadura de la Juntas en Argentina, Eduardo Kalinec lleva 18 años en prisión: “Mi papá cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad”, resume Analía. Kalinec fue detenido en 2005, cuando ya era un comisario retirado, y fue condenado cinco años más tarde en el proceso que juzgó la actividad de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que durante la dictadura sirvieron de espacios de detención, tortura y exterminio de personas, muchas de las cuales continúan a día de hoy desaparecidas.
“Al principio hubo mucho desconcierto, no entendía nada porque no sabía de su vinculación con la dictadura. Incluso pensaba que se trataba de un error”, explica la mujer, que entonces tenía 25 años y acababa de tener a su primer hijo. Sin embargo, entrar en contacto con el dolor del otro lado, el de quienes fueron represaliados, verlo de cerca y sentir lo actual que sigue siendo le cambió. Y a medida que fue conociendo a víctimas del “Dr. K” y familiares de desaparecidos acabó entendiendo que su padre era responsable: “Fue un desmoronamiento muy grande. Es la caída de ese padre tan querido e idealizado y es algo muy difícil de atravesar porque la imagen de padre genocida es casi un oxímoron, o se es una cosa u otra. Sin embargo, asumir esa condición de mi papá fue duro pero necesario”.
Analía Kalinec es una de las integrantes del colectivo Historias Desobedientes. Foto cedida
Lo contrario, asegura, hubiera sido elegir el camino de “la hipocresía” y del “mirar para otro lado”. Porque Analía no es solo hija de un hombre condenado por participar en la represión, es también una hija desobediente, que se ha atrevido a denunciar públicamente las atrocidades cometidas por su padre y a posicionarse al lado de las víctimas. “He elegido conservar recuerdos con él que forman parte de mi historia, pero he tenido la necesidad de explicarle al mundo que soy hija de Eduardo Kalinec pero repudio sus crímenes y no los convalido”, sentencia Analía, que ha contado su historia en el libro Llevaré su nombre (Marea Editorial).
Como ella, otros tantos hijos, hijas y familiares de victimarios vinculados fundamentalmente a las dictaduras latinoamericanas forman parte del colectivo Historias Desobedientes, que agrupa a quienes desde el interior de las familias han decidido romper el mandato de silencio y pelear por la verdad, la justicia y la reparación a pesar de los costes personales y las preguntas sin respuesta que quedan en el aire.
Encuentro de integrantes del colectivo Historias Desobedientes
“¿Había humanidad en ti?”, “¿Alguna vez sentiste compasión?”, le cuestiona a su abuelo Loreto Urraca en el libro Entre hienas, que publicó la editorial Funambulista en 2018. A Loreto ningún amor le unía al padre de su padre, pero sí la sangre y el apellido. Lo primero que sintió cuando supo que era nieta de Pedro Urraca, el policía franquista dedicado a detener republicanos exiliados en la Francia ocupada por los nazis, fue vergüenza. “Me impresionó muchísimo saber la implicación tan grave que había tenido en la represión, fue tremendo ser consciente del daño que había hecho”, afirma.
Acercarse al dolor de las víctimas
Loreto se crio sin saber quién era su abuelo, que vivía en Bélgica y era un desconocido para ella. Lo vio por primera vez en Madrid en 1982, cuando cumplió 18 años, pero no fue hasta 2008 cuando supo que se trataba del cazador de rojos gracias a un reportaje de El País que contaba su verdadera identidad. Desde entonces, Loreto, ha investigado el pasado de su abuelo y ha decidido desafiliarse de su figura, como denomina a “separarme públicamente de él”: “Soy nieta de Pedro Urraca, pero no tengo nada que ver con sus ideas, no tengo esa lealtad familiar”.
Loreto Hurraca, autora de Entre Hienas (Funambulista) y nieta del 'cazador de rojos', Pedro Urraca Foto cedida
Loreto, que ha participado en el reciente documental Urraca, Cazador de rojos, es la única representante en España del colectivo Historias Desobedientes, aunque sí tiene contacto con algunas personas descendientes de falangistas que no están dispuestas a hablar públicamente. “Hay miedo, que es algo de lo que yo me he salvado al tener un padre ausente y una madre ajena a esto, porque saben perfectamente que pueden recibir denuncias incluso por parte de sus familiares, que en algunos casos todavía se identifican con esa ideología. Además, viven en el medio rural, donde el encuentro y la cercanía es mayor”, esgrime la mujer, que pone a disposición de posibles desobedientes españoles la dirección historias.desobedientes.es@gmail.com.
Pedro Urraca junto a su mujer, Hélène, en la plaza de la Concordia de París (Francia). Archivo nacional de Catalunya
Pedro Urraca, conocido como Unamuno, fue el agente de la Gestapo en Francia que detuvo al presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, al que entregó a la autoridades franquistas antes de ser fusilado. Varias décadas después, Loreto ha conocido a su sobrina nieta, Mariona, con la que depositó un ramo de rosas blancas en el Castillo de Montjuic, donde fue asesinado. Y es que parte de su proceso ha sido también acercarse a los descendientes de las víctimas de su abuelo, al que siempre se refiere por su nombre de pila. “La distancia que tenía con Pedro Urraca ha hecho que no me haya sentido culpable, pero dentro de las posibilidades quiero contribuir a reparar el daño causado”, asume.
Abuelo nazi
Conocer a un hombre que había sido prisionero en los campos de concentración de Hitler fue para Ilka Vierkant (Múnich, 1964) un punto de inflexión. “Fue tremendo ver su dolor, que todavía estaba por todo su cuerpo, y que sufriera por algo en lo que mi abuelo estaba implicado. Me di cuenta de que estoy dentro de la Historia y no fuera”, explica la mujer, nieta de Werner Vierkant, que fue a principios de los 40 director de parte de la red de ferrocarriles y miembro del Partido Nazi. “Me di cuenta entonces de que Jon y mi abuelo estaban en el mismo espacio y tiempo. Él fue esclavo en Auschwitz trabajando en el levantamiento de raíles y mi abuelo tuvo que organizar la construcción”.
Werner, al que casi no conocía, murió cuando ella tenía entre seis y siete años. Su padre le había contado que era nazi, pero pasó el tiempo hasta que unió “las piezas del puzzle” y se decidió a alzar la voz: “Es importante que los descendientes de los verdugos hablemos. La mayoría no lo hace porque hay una ley del silencio, pero confrontar con el horror y mirarlo de frente puede contribuir a que no se repita”.
Werner Vierkant con sus dos nietas, en el medio Ilka Vierkant. Foto cedida
Cuando el vínculo de afecto se rompe
A diferencia de Loreto e Ilka, que no tenían vínculo afectivo con sus abuelos, ser desobediente ha tenido para Analía Kalinec un profundo coste personal y familiar. “Fue durísimo porque éramos una familia muy tipo, muy unida”, explica la mujer, que tiene otras tres hermanas. Ello ha provocado su “expulsión literal de la familia” hasta el punto de que en 2022 tuvo que defenderse de una demanda interpuesta por Eduardo Kalinec y dos de sus hermanas para intentar excluirla de la herencia de su madre por “indigna”. “Son vínculos muy primarios que se han truncado. Tengo dos sobrinos que no conozco a quienes junto a mis hijos les dedico el libro para que crezcan y puedan conocer la historia de esa tía de la que seguramente no sepan mucho”, afirma.
Analía Kalinec (de pie a la derecha) junto a sus hermanas, su madre y su padre, Eduardo Kalinec. Foto cedida
La decisión ha traído también consecuencias familiares para Lisette Orozco, que narra en el documental El pacto de Adriana, el camino que ha recorrido desde que su tía, Adriana Rivas, fuera detenida en 2007 por haber sido agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet, un organismo vinculado a casos de detenciones, torturas y asesinatos “financiado y amparado por EEEUU”, sostiene ella. “Mi familia decía que la habían confundido y que era inocente y yo creí eso al principio, no me podía imaginar que alguien tan humano a mis ojos, a quien admiraba tanto, había podido hacer cosas tan inhumanas”.
Se puso entonces manos a la obra, a buscar información para intentar ayudar a su tía, pero a medida que fue dándose cuenta de donde había estado involucrada “fue como si su figura se me empezara a oscurecer”. Adriana Rivas aprovechó en 2011 la libertad condicional para huir de Chile hasta que en 2018 la detuvieron en Australia y un par de años después aceptaron su extradición a su país. Desde entonces no sabe nada de ella y hay una parte de su familia “negacionista” que siempre defendió “una versión sesgada de la dictadura” y “justificó los crímenes de lesa humanidad” con la que no tiene contacto.
Sin embargo, hoy en día está orgullosa del camino recorrido, de haberse posicionado “contra las vulneraciones de derechos humanos” y a favor “del dolor de las víctimas” para contribuir a “liberar a mis futuras generaciones de la carga del trauma” que ella misma ha experimentado a través de la culpa o la vergüenza. Ella lo llama romper “el daño transgeneracional”. “La familia no se elige, pero sí elegimos nuestro camino y podemos elegir no acompañar el camino de otros cuando eso se trata de mentir o negar los hechos. Me parece esta una forma responsable de vivir”, reflexiona Lisette.
Lisette Orozco posa con el carnet de su tía, Adriana Rivas, como miembro de la DINA de Pinochet. Foto cedida
“Nunca va a dejar de ser mi papá”, dice Ana Laura Gutiérrez al otro lado del teléfono. Hija de Armando Gutiérrez, militar que ejerció en un centro de detención y tortura de la dictadura impuesta en Uruguay entre 1973 y 1985 en el que se acabaron encontrando los restos de dos desaparecidos. Aunque fue con 28 años cuando se enteró de su actividad, “desde muy temprano empecé a cuestionarle por justificar la dictadura”, pero cree que haberse independizado joven ha hecho que el proceso sea más sencillo. “Hay personas que no lo han logrado y creo que tiene que ver con un fuerte peso del patriarcado. Aquí hay hijas abogadas que defienden a sus padres presos por delitos de lesa humanidad”, afirma.
Junto a su hermana, Ana Laura forma parte del colectivo Historias Desobedientes, que, reconoce, le ha ayudado a atravesar la vergüenza de “reconocer ser hija de quien soy” y dejar de cargar por ello “con una mochila que no es mía”. Armando falleció hace tres años y nunca ha dejado de ser alguien contradictorio para su hija. “Era mi papá, lo acompañe hasta el final porque estaba muy enfermo y me necesitaba, pero su persona me genera muchísima contradicción. Mi papá defendió ciegamente lo ocurrido y eso ya le hace parte. Además, el dolor es actual, no han dicho dónde están las 192 personas que en nuestro país aún están desaparecidas”.
Al silencio que mantiene su padre también se refiere Analía Kalinec como uno de los elementos que impiden su vínculo afectivo a día de hoy. “Tiene información sensible que podría aportar y colaborar con sus víctimas y el hecho de que no lo haga y que siga eligiendo el silencio es una forma de reactualizar su crueldad que a mí me hace mal”, sostiene. Ese es el silencio que hace que padre e hija, a pesar de todo, no se puedan encontrar. Porque a pesar de todo, hay brechas que no se han cerrado del todo. “Yo quisiera que él hablara por las víctimas y porque me ubicaría en otro lugar con él, hay algo del anhelo del encuentro que sigue vigente y de ahí el afán de que hable”.
