Más dinero para identificar a las víctimas del franquismo en Andalucía, un reproche de la Junta al Estado sin amparo legal

 https://www.eldiario.es/andalucia/dinero-identificar-victimas-franquismo-andalucia-reproche-junta-amparo-legal_1_11818813.html

• La ley andaluza deja exclusivamente en manos de la Junta el análisis de las muestras de ADN en las fosas comunes del franquismo, que tiene conveniado con la Universidad de Granada. Pese a que el Ministerio ha transferido 200.000 euros en dos años, el Gobierno de Moreno solicita más apoyo y recrimina al propio Estado que genere más trabajo al dedicar su presupuesto en Andalucía a financiar exhumaciones

• — Andalucía admite retrasos en la identificación genética de víctimas del franquismo y pide financiación al Estado

Trabajos con restos de represaliados en la fosa común de Pico Reja. S.C. Aranzadi

Javier Ramajo

Sevilla —

13 de diciembre de 2024 21:24 h

Actualizado el 14/12/2024 05:30 h

1

Seguir al autor/a

“La Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados”, dice el artículo 13.3 de la Ley andaluza de Memoria Histórica aprobada en 2017. Recientemente, con motivo de una concentración de colectivos memorialistas denunciando los retrasos que se producen para la identificación genética de las víctimas de la represión franquista, el Gobierno de Moreno lamentaba que esta cuestión la viene asumiendo “casi en su totalidad” y pedía al Gobierno central un compromiso para acompañar el “esfuerzo presupuestario” de la Junta. La Administración General del Estado, sin tener por qué, ha destinado 200.000 euros en los dos útimos años a apoyar financieramente esos trabajos que se vienen realizando desde 2018 en la Universidad de Granada y que acumulan una notable demora, llegando a provocar que cada vez más familias, al menos en la bahía de Cádiz, se dirijan a laboratorios privados para conocer la verdad.

Para la Junta, el Gobierno central “sólo dedicó 100.000 euros a este cometido el pasado ejercicio”, según protestó el pasado mes de abril el anterior consejero con competencias en la materia, Arturo Bernal. La última queja de la Junta en este sentido se centra en que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “dirige prácticamente la totalidad de su financiación para actuaciones en materia de memoria democrática en la comunidad autónoma andaluza a las exhumaciones” y eso, claro, exige mayor tarea para la identificación genética con los familiares de las víctimas que pretenden darle una sepultura digna y cuya espera se viene alargando.

Efectivamente, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha venido financiando exhumaciones en Andalucía “casi en solitario”, según fuentes de este departamento, con 2,4 millones a entidades locales a través de la FEMP entre 2020 y 2023, y 1,9 millones a la propia Junta de Andalucía a través de la Conferencia Sectorial entre 2021 y 2024. “Lo único que hace la Junta es autorizar actuaciones, mientras los plazos se van dilatando hasta casi comprometer la financiación”, han venido apuntando fuentes de las asociaciones de familiares, que aseguran que en identificaciones “se ha recortado el presupuesto cuando más cuerpos hay recuperados”.

En ese sentido, la Junta, para 2025, ha sumado 7.000 euros al presupuesto anual para todas las cuestiones de memoria democrática tras recortarle medio millón en los últimos seis años. “Vamos a seguir centrados en la exhumación, la identificación y la atención a los familiares de las víctimas”, decían hace apenas unos días fuentes de la Junta consultadas por este periódico y donde esgrimían con detalle las dificultades del proceso de identificación genética.

3.500 víctimas exhumadas con financiación estatal

“Desde que la Junta de Andalucía planteó por primera vez esta necesidad, la Secretaría de Estado ha realizado ya sendas transferencias de 100.000 euros cada una a la Junta en los ejercicios 2023 y 2024”, comentan fuentes de ese departamento en relación a las tareas que la comunidad autónoma tiene conveniadas con la Universidad de Granada y donde la Junta viene concentrando ciertamente su presupuesto (800.000 euros en 2023, según dijo el consejero Bernal en aquella comparecencia parlamentaria).

Según el Ministerio, para 2025 el proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla, a nivel estatal, “un incremento de la partida destinada a la la contratación de un servicio de recogida de ADN con diversos laboratorios de la geografía española para alimentar el Banco Estatal y que permita reforzar los trabajos de identificación genética”.

Respecto a las exhumaciones, el Estado también ha aprobado en los últimos tiempos subvenciones nominativas por valor de 1,4 millones a ayuntamientos para grandes fosas como las de Pico Reja, Córdoba, Huelva y Jaén, alguna de las cuales también cuenta con aportaciones local y autonómica. Además de esas actuaciones en los cementerios de las capitales de provincia, con esa financiación estatal se han impulsado como exhumaciones más significativas las de San Fernando o Trebujena (en Cádiz), Castro del Río o Hinojosa del Duque (en Córdoba), Barranco de Víznar o Nigüelas (en Granada), Nerva o Minas de Riotinto (en Huelva) y Osuna o La Algaba (en Sevilla). En el conjunto de intervenciones financiadas por el Gobierno central se han exhumado más de 3.500 víctimas hasta el momento, con algunas intervenciones aún en ejecución o pendientes de inicio.

Después de que el Gobierno andaluz dejara de invertir más de la mitad del presupuesto previsto para el primer plan de memoria democrática, y de que para 2025 haya sumado 7.000 euros al presupuesto anual para todas las cuestiones de memoria democrática tras recortarle medio millón en los últimos seis años, el memorialismo viene también lamentando en todo caso la “falta de información” en la materia. El Grupo Socialista ha propuesto a la Junta presupuestar 500.000 euros más en 2025 para actuaciones relativas a exhumaciones.

Como ya informó este medio, los datos del Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía asumen con números la barbarie fundacional del franquismo. Huelva aparece con 10.378 víctimas estimadas en 137 tumbas ilegales (5.000 personas en la ciudad) y Córdoba señala 5.730 ejecutados en 134 fosas (con 2.460 en 10 enterramientos en la capital). Málaga cuenta 8.317 en 114 (4.288 en 9 enterramientos en la urbe) y Sevilla, por su parte, 12.599 en 171 (3.250 en 7 depósitos en la metrópoli).

Los trabajos en Córdoba pararon en verano y con el nuevo curso retoma la tarea que arrancó 87 años después de los asesinatos con una labor previa de localización. La búsqueda sigue para ‘la causa de los 4.000’ cordobeses y los mil y pico de Huelva, mientras Sevilla sestea con miles de esqueletos mal enterrados en su cementerio y suma con Málaga 4.500 cadáveres recuperados.

La oscura memoria de Santa Isabel, un campo de concentración franquista a 500 metros de la catedral de Santiago

 https://www.eldiario.es/galicia/oscura-memoria-santa-isabel-campo-concentracion-franquista-500-metros-catedral-santiago_1_11890835.html

• Vecinos, historiadores y Ayuntamiento de Santiago de Compostela recuperan el rastro de una de las mayores prisiones franquistas en Galicia, en desuso desde 1946 y demolida 27 años después

• Hemeroteca — El campo de concentración franquista en la desembocadura del Miño por el que pasaron casi 5.000 presos

Una de las escasas fotografías que se conserva del cuartel militar de Santa Isabel, en Santiago de Compostela, que después de la Guerra Civil funcionó como campo de concentración franquista

Daniel Salgado

13 de diciembre de 2024 21:57 h

Actualizado el 14/12/2024 05:30 h

1

Seguir al autor/a

En línea recta no son más de 500 metros los que separan el Pavillón Municipal de Santa Isabel de uno de los centros universales de la cristiandad, la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, donde la catedral alberga –supuestamente– la tumba del apóstol. A pie se pueden recorrer en cinco minutos. El mito y la realidad olvidada en apenas medio kilómetro: el solar que hoy ocupa el concurrido complejo deportivo público, que cuenta con piscina cubierta, gimnasio y canchas, lo ocupó, hasta 1973, un cuartel militar. Entonces se encontraba en ruinas, pero entre 1939 y 1946 fue una de las prisiones más pobladas del universo concentracionario del primer franquismo. Vecinos e historiadores han contado ahora con el Ayuntamiento para instalar un monolito en las inmediaciones e intentar que la zona deje de ser un “lugar de amnesia”.

Unas 1.500 personas, el 98 o 99% presos políticos, llegaron a ocupar las instalaciones en el año 1940. Procedían sobre todo de Levante y de las provincias orientales de Andalucía, las últimas regiones de la península en caer bajo la bota fascista. Jornaleros, profesionales liberales, sobre todo. Algún gallego, pero testimonial. Solo existen datos concretos de ese año, los que se conservaron en el Archivo Municipal de la ciudad y en el que figuraban como “1.500 transeúntes”. “Esa es la foto fija de la cárcel”, relata a elDiario.es el profesor Antonio Míguez Macho, decano de la Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela y miembro del grupo de investigación Histagra, uno de los impulsores de recuperar esta memoria, “porque la información penitenciaria del franquismo”, sobre todo en ese tramo inicial de la dictadura, “es muy fragmentaria. En el cuartel solo había algunas fichas sueltas”.

Lo que conocen mejor los especialistas es la historia del edificio, construido en el siglo XVIII y de valor dentro de la denominada arquitectura militar. A lo largo de los siglos, funcionó intermitentemente como cuartel. Las condiciones no eran las mejores: húmedo y frío, cercado por dos ríos, el Sarela y el de los Sapos. De hecho, en 1925, pleno régimen de Primo de Rivera, los militares se trasladaron al Pazo do Hórreo –actual sede del Parlamento de Galicia– y el cuartel de Santa Isabel, también llamado cuartel dos Sapos, quedó inactivo. En los años de la República sufrió un incendio. Incluso durante la Guerra Civil, con Galicia sometida a los alzados desde casi el inicio, el bando golpista no lo usó. La prisión en la que encerraron a demócratas, obreros y legítimos representantes de las izquierdas estaba entonces en los bajos del Pazo de Raxoi –en la actualidad sede del Gobierno local y de algunas dependencias de la Xunta de Galicia–, en el mismo Obradoiro, enfrente a la catedral. La temida Falcona.

“Son los propios internos de la Falcona los que, obligados a trabajos forzados, se encargan de convertir en prisión el cuartel de Santa Isabel a partir de 1939”, relata Míguez Macho, “la derrota republicana hizo que el franquismo necesitase espacios penitenciarios más grandes”. En 1940, la administración fascista eleva Santa Isabel a prisión central, lo que le da mayor entidad dentro del sistema represivo de Franco, y la sitúa como una de las más grandes en Galicia. No existe documentación de quien la dirigía. “Sobre el mundo de los carceleros hay un enorme vacío. Pero en un lenguaje universal, lo que hubo allí fue un campo de concentración”, argumenta Míguez Macho, “instalaciones que tenían como fin dar salida a importantes contingentes de población reclusa”. A pocos kilómetros de Santiago hubo otro, el de Lavacolla, cuyos internos construyeron –de nuevo trabajos forzados– las pistas del aeropuerto. Hay una tesis, de Rafael García Ferreiro, que estudia la violencia franquista en Santiago de Compostela.

La ayuda de los vecinos a los presos

A Santa Isabel llegaban, ya se dijo, condenados de las últimas provincias resistentes. “Muchos sufrían un periplo penitenciario”, explica, “la política del franquismo era de dispersión. Quería apartar a los presos de su zona de origen, y que no permaneciesen demasiado tiempo en el mismo sitio”. La situación en el cuartel, “dantesca”. Algunos testimonios así lo corroboraron. Por ejemplo, el de Francisco Bejarano, un médico nacido en Valladolid, militante del Partido Comunista, condenado a muerte e indultado, que había pasado por el campo de concentración de Trasancos, en A Guarda, y que, tras su liberación, completada en 1945, se instaló en Ourense. “Él mismo atendía a otros presos durante su estancia en Santa Isabel”, recuerda Míguez Macho, “y relataba una situación de hambre generalizada, problemas sanitarios, dos, tres o cuatro muertes diarias por inanición o enfermedades”.

Otra de la escasas imágenes disponibles del cuartel de Santa Isabel, en Santiago de Compostela

No se sabe el total de personas que murieron en Santa Isabel. Es más, resulta complejo calcular incluso cuántos presos murieron en las prisiones franquistas. “Los reclusos son víctimas de la misma violencia que fusilados o paseados, de los que existe un cálculo más fiable”, aduce el historiador. Histagra, el grupo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela del que forma parte, coordina en estos momentos la elaboración de un censo estatal de víctimas, por encargo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y en cumplimiento de la ley sobre la materia aprobada en 2022.

La “memoria traumática” de Santa Isabel –así la califica Míguez Macho– se había prácticamente disuelto. “La decisión de trasladar la prisión desde Raxoi significaba también expulsarla fuera de la ciudad, ocultar su presencia”, considera. Eran 500 metros, pero, en aquella época, suponían pasar del corazón del casco histórico a un descampado. Los vecinos más próximos estaban en el barrio de Vista Alegre. Fueron ellos los que prestaron algún tipo de auxilio a los internos, mantas, alimentos. Ninguno contaba con familia ni allegados en las proximidades. Cuando el régimen franquista clausuró la cárcel, en 1946, eran 1.000 los presos que sobrevivían en su interior.

Había finalizado la II Guerra Mundial y Franco estaba interesado en asear su imagen exterior. La dictadura se recolocaba en el tablero internacional al tiempo que se dibujaban los bloques de la Guerra Fría. “Hubo entonces muchos indultos con dos objetivos: reducir la población reclusa y limpiar la imagen del país”, dice, “porque había sido aliado del nazismo y el fascismo italiano”. Liberados o trasladados a otras prisiones sus inquilinos, el cuartel de Santa Isabel nunca volvió a ser utilizado. Los niños de la zona jugaban en el misterioso edificio abandonado. En los 60 se levantó en una finca adyacente el primer estadio municipal de fútbol, de nombre también Santa Isabel. En 1973, el cuartel sucumbió a los aires del desarrollismo tecnócrata y a su piqueta. “Era el final del franquismo, y el régimen quería sacarse de en medio determinado pasado más turbulento”, entiende Míguez Macho.

La idea de erigir un monolito en el lugar la impulsó la plataforma vecinal del barrio de Galeras. Histagra se sumó a la iniciativa. Los tres últimos gobiernos municipales –de Compostela Aberta, de Partido Socialista y de BNG con Compostela Aberta– lo asumieron como propio y hace unas semanas lo inauguró la alcaldesa Goretti Sanmartín. Asistieron representantes de todos los grupos municipales. “Queríamos que ese lugar de amnesia pasase a ser un lugar de memoria democrática”, resume el historiador.

Miembros de la corporación municipal de Santiago de Compostela -quinta por la izquierda, la alcaldesa, Goretti Sanmartín- en la inauguración del monolito que recuerda la vieja cárcel de Santa Isabel Concello de Santiago

La pasajera 2.388 del Stanbrook, el último barco en huir de Franco: “Hubo gente que se suicidó por no poder subir”

 https://www.eldiario.es/sociedad/pasajera-2-388-stanbrook-ultimo-barco-huir-franco-hubo-gente-suicido-no-subir_1_11896289.html

• María Egea Muñoz de Zafra tiene 90 años, pero tenía cinco cuando embarcó a bordo del carguero británico que transportó hacia el exilio a republicanos españoles al final de la Guerra Civil en una hazaña que pasaría a la historia

• — El supuesto bulo de Urtasun sobre Miguel Hernández: “Dejarlo morir en la cárcel es asesinato por omisión”

María Egea cuando era niña, en varias fotos familiares en Argelia. Fotos cedidas

Marta Borraz

13 de diciembre de 2024 21:57 h

Actualizado el 14/12/2024 05:30 h

15

Seguir al autor/a

La primera vez que María Egea Muñoz de Zafra volvió a pisar España habían pasado 18 años desde que la abandonó. Regresó para conocer a su familia, a sus tíos y sus primos, a los que no recordaba porque con solo cinco años, esta mujer que hoy tiene 90, partió del puerto de Alicante junto a sus padres y su hermano hacia el exilio en el famoso carguero británico Stanbrook. Dejaban atrás su Cartagena natal, sus vidas, sus anhelos y a su gente querida. Y lo hacían porque la militancia socialista y republicana de su familia los ponía en peligro ante lo que se venía: la implacable y violenta represión franquista.

Faltaban solo cuatro días para el final de la Guerra Civil, cuando en la tarde del 28 de marzo de 1939 el Stanbrook se convirtió en el último barco en trasladar fuera del país a republicanos españoles antes de que las tropas sublevadas entraran en el puerto. La hazaña de su capitán, el galés Archibald Dickson, que en vez de cargar las naranjas y el azafrán que iba a buscar –el buque se dedicaba al comercio de mercancías con la República– decidió subir a bordo a todos los civiles que pudo, en total, 2.645 adultos y niños que huían del avance de los franquistas.

Entre ellos estaba María Egea, que ha hecho esta semana una visita fugaz a Madrid desde París, donde vive desde 1996, para recibir del Gobierno una declaración de reparación que reconoce su historia y la de su familia como víctimas del franquismo. Con su hermano Pedro y sus padres Mateo Egea, que fue concejal del PSOE en Catagena, y María Josefa Muñoz, también socialista, hicieron la travesía de 22 horas rumbo a la ciudad argelina de Orán completamente hacinados en los 70 metros de largo y diez de ancho de la cubierta. “No cabía un alfiler”, señala María Egea, que tenía el número de pasajera 2.388. Reconoce que sus recuerdos “son difusos” debido a su corta edad, pero en casa escuchó después innumerables veces lo que fue aquello.

María Egea Muñoz de Zafra recibe del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la declaración de reconocimiento y reparación. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

“Era un auténtico caos, había muchísima precipitación y tumulto, yo iba de la mano de mi madre y creo que mi padre entró antes que nosotros. Alicante era el último punto al que podíamos ir, es difícil imaginar lo que fue aquella huida”. El Stanbrook se convertiría así en un símbolo de la derrota republicana, del miedo y la desesperación que asoló a quienes sabían que su futuro en España estaría marcado por la persecución. La caída de Catalunya, la descomposición de la resistencia republicana y la toma de Madrid hicieron inminente la victoria franquista y desde hacía días circulaban rumores de que buques ingleses, rusos y franceses iban a sacarles del país, así que el puerto se convirtió rápidamente en un hervidero de gente.

Los que se quedaron

Varios miles de personas se agolpaban en los muelles y llegaban en riadas sucesivas dejando todo atrás y con la esperanza de poder salvar la vida. Otros muchos barcos habían partido de las costas españolas con anterioridad, pero solo el Maritime, que pudo embarcar a muy pocas personas, y el Stanbrook salieron de Alicante. Al carguero finalmente solo subió una pequeña parte de todos los que lo anhelaban y miles de personas quedaron en tierra sumidos en la angustia y el pánico. Muchos fueron capturados por las tropas sublevadas y trasladados a campos de concentración como el de Albatera o Los Almendros.

Exiliados españoles cumpliendo cuarentena a bordo del Stanbrook en 0rán (Argelia), en abril de 1939 Cedida por Casa Árabe

“Todos intentaban subir a bordo, pero la mayoría no pudo. Hubo gente que prefirió tirarse al agua y suicidarse porque no querían que los nacionales los cogieran”, relata María Egea. Su familia fue afortunada y consiguió entrar en el barco al completo. Cree que en ello pudo influir que sus tíos eran Julia Álvarez Resalo y Amancio Muñoz de Zafra, que habían sido diputados socialistas del Frente Popular. Él falleció en la guerra a causa de una enfermedad y ella siguió teniendo un papel activo en la contienda, durante la que fue nombrada gobernadora civil de Ciudad Real, convirtiéndose en la primera mujer española en desempeñar tal cargo.

El viaje a bordo, explica María Egea, fue “muy duro”. Navegaron durante toda la noche con las luces apagadas y en completa oscuridad para evitar ser alcanzados por la aviación y los buques franquistas intentando mantener con extrema dificultad la estabilidad del barco debido al peso de tantísimas personas. Según cuenta la mujer, aún así sufrieron bombardeos durante la travesía, pero “las maniobras del capitán lograron mantener el buque a flote”, esgrime. Así llegaron a tierra africana, a Orán, entonces colonia francesa.

El periplo argelino

Allí empezaría un segundo periplo para María Egea y su familia y para la inmensa mayoría de protagonistas de este exilio masivo. El Stanbrook no tenía permiso para amarrar en el muelle y desembarcar y, mientras Archibal Dickson negociaba con las autoridades oranesas, los embarcados fueron obligados a mantenerse en el carguero hacinados. A los días, mujeres y niños pudieron salir, pero los hombres fueron obligados a quedarse algunas semanas hasta que Orán autorizó su desembarco por cuestiones de salubridad, explica la mujer, que recuerda que fueron tratados “como si portáramos un virus mortal”.

María Egea y su madre, María Josefa. Foto cedida

Ya en tierra, su familia fue separada. Ella, su hermana y su madre fueron trasladadas a la prisión civil de Orán y los hombres jóvenes como su padre a un campo de trabajo forzado en Relizane y posteriormente a otros del sur del país. Fue el destino de muchos exiliados españoles, que tras huir de Franco tuvieron que afrontar el encierro en duras condiciones hasta que en 1943 los campos fueron liberados por parte del ejército estadounidense. Entre los trabajos que Mateo tuvo que realizar estuvo la construcción del ferrocarril transahariano, un ambicioso proyecto que buscaba conectar el Mediterráneo con el Atlántico a través del desierto del Sahara y que nunca llegó a completarse.

Mientras tanto, en la cárcel civil de Orán, mujeres y niños se organizaban como podían. “Con el paso de las semanas comenzamos a poder salir, aunque siempre vigilados, y mi madre encontró un trabajo cosiendo. Al año fuimos liberados y ella comenzó a trabajar de portera. Vivíamos en una habitación de 2 por 2,5 metros y empezamos a hacer vida allí, a ir al colegio...”, recuerda María. Este fue el camino que tomaron parte de los exiliados españoles, otros pasarían a engrosar las filas de la Legión Extranjera Francesa para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, los integrantes de La Nueve, la unidad de españoles que liberó París.

La familia Muñoz de Zafra acabaría reuniéndose y viviendo en distintos puntos de Argelia al tiempo que a su padre, que había trabajado en el ferrocarril en España, le fueron destinando a diferentes estaciones. Así vivieron, juntos, hasta que sus padres en 1975 decidieron emigrar a París. Ella vivió en Argel, donde trabajó dando clase de español y francés hasta su jubilación, cuando se trasladó también a París. “Mi padre siempre nos contaba cosas sobre España, era muy patriota y nos dio ese amor por el país que yo llevo en el corazón”, dice a pesar de que nunca volvió a vivir en él.

Ahora, a sus 90 años y reconocida por el Estado español como víctima del exilio, echa la vista atrás y ve mucho sufrimiento y también gratitud. En su memoria y en su cuerpo está todavía presente la sensación infantil “de humillación” que vivió al llegar a Argelia “porque nadie quería a los rojos, era como si fuéramos monstruos o delincuentes”, pero también hay agradecimiento y “una deuda eterna” con el capitán del Stanbrook, Archibald Dickson, cuyo nombre nunca se le ha olvidado. Ni a ella ni a ninguno de los pasajeros. Su figura, de hecho, ha sido en los últimos años rescatada del olvido y en el puerto de Alicante su busto, que ha sido vandalizado en varias ocasiones, recuerda su hazaña. “Todos los que embarcamos le debemos la vida”, zanja María Egea.