La presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han materializado este miércoles el acuerdo para declarar el fuerte franquista de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática. Se trata de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos. Entre los objetivos del convenio firmado, se incluyen impulsar un Proyecto Memorialista, la creación de un Centro de Interpretación Histórica del fuerte (que incorpore los espacios emblemáticos) y visitas guiadas al público.
Legalmente, el Fuerte de San Cristóbal ya era definido como un Lugar de Memoria por una ley foral, pero con el acuerdo alcanzado este miércoles entre el Ejecutivo navarro y el Estado, será declarado también por la ley de Memoria Democrática, lo que, según destacan desde el Gobierno navarro “va a suponer poder hacer una declaración con más soporte institucional de cara a esa recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria y el desarrollo de actividades en torno a ella”.
Según ha adelantado Chivite, el protocolo supondrá “mejorar e intensificar las actividades” que hasta ahora el Gobierno de Navarra ya ha impulsado, como el 'Recorrido de la Memoria', la 'Exposición Ezkaba 1938-2018', el proyecto 'Escuelas con Memoria', la actividad 'Botellas de la libertad' o un escape room. El denominado como 'cementerio de las Botellas', lugar de enterramiento en una de las laderas del monte Ezkaba (donde se enterraba a las personas con su identificación en el interior de una botella), también será señalizado como Lugar de Memoria. A pesar del plan incluye intervenciones en el inmueble, no se han dado detalles de cómo serrehabilitación delóndel espacio.
La presidenta del Gobierno de Navarra ha declarado que el acuerdo supone un paso, junto con España, hacia “la convivencia, la memoria y la democracia”, frente avance del negacionismo y el autoritarismo “ultra” que pretende “reescribir la historia”. “La violencia fue consustancial a la dictadura franquista. Quienes defienden el silencio y pasar página son precisamente los que llevan sobre su pasado y sus ideas lo indefendible”, afirmaba con rotundidad.
María Chivite ha valorado como un paso importante “recuperar espacios como el Fuerte desde un compromiso humanista, histórico y democrático” para el desarrollo del “proyecto memorialista, las actividades y las visitas”. Además, ha incidido en que su Gobierno y el de España están “firmemente comprometidos para recuperar la historia y la verdad”.
El ministro Torres, siguiendo la estela de la presidenta navarra, ha calificado la firma del convenio como “un día grande para Navarra y para el conjunto del país” y ha afirmado: “Si esas personas [víctimas del Fuerte de San Cristóbal] estuvieran aquí aplaudirían este protocolo y la reparación de la dignidad”.
A la firma también se suscribe el Ministerio de Defensa, propietario del fuerte, aunque, según ha declarado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, “se abre la posibilidad en un futuro” de que alguna parte cambie de titularidad por “razones determinadas”. La duración del acuerdo es de cuatro años prorrogables, aunque no se han detallado acciones prácticas concretas, que se “firmarán en el momento oportuno” mediante otros acuerdos.
El impulso de este convenio formó parte del acuerdo que alcanzó EH Bildu en 2022 con el Gobierno de España para la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Congreso. A cambio de los votos de EH Bildu, el Gobierno de España también se comprometía a la cesión del Palacio de La Cumbre en Donostia, ambos espacios vinculados a la represión franquista y al terrorismo de Estado.
Campo de concentración para presos republicanos
Excavado en la cima del monte Ezkaba a finales del siglo XIX, el Fuerte de San Cristóbal fue reconvertido tras el golpe militar de 1936 en prisión y campo de concentración para presos políticos republicanos. Miles de detenidos llegados de toda España fueron internados en condiciones extremas de hacinamiento, hambre, enfermedad y violencia sistemática desde 1936 hasta, al menos, 1943.
En este contexto tuvo lugar, el 22 de mayo de 1938, la mayor fuga carcelaria de la Europa contemporánea: 795 presos escaparon del penal tras un motín organizado por militantes comunistas, aunque solo tres lograron alcanzar Francia. El resto fue capturado o ejecutado en los montes cercanos.
Por el fuerte pasaron cerca de 7.000 presos y más de 2.000 murieron como consecuencia directa de la represión y las condiciones inhumanas de reclusión, dejando un rastro de fosas comunes y víctimas aún hoy parcialmente sin identificar.
