https://www.lamarea.com/2017/09/13/la-onu-exige-espana-acelere-la-busqueda-desaparecidos-franquismo/
Naciones Unidas afea al Gobierno del PP su actitud con las víctimas de los familiares desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, y le pide que en 90 días entregue un plan de trabajo para ejecutar medidas concretas a favor de este colectivo.
Apertura de una fosa común. MÓNICA PATXOT
Naciones Unidas ha dado a España un plazo de 90 días para que presente un calendario de trabajo actualizado con las medidas concretas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y el franquismo. La ONU también exige al Gobierno español que indique las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas. “Hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas ni ha asumido un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema”, lamenta el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en su último documento, presentado esta misma semana ante el Consejo de Derechos Humanos.
El informe tilda de “preocupante” que los familiares de las víctimas estén “librados a su propia suerte” a la hora de investigar los crímenes del franquismo. “Las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debería satisfacer de acuerdo al derecho internacional”, incide el documento.
El grupo de expertos de la ONU lamenta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya hecho caso a las recomendaciones que el organismo efectuó en 2013. Así, admite estar “consternado” porque no se haya velado por garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura. “Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad basado en una serie de factores y argumentos contrarios a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España, incluida la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, prosigue.
Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que proporcione un “mayor apoyo institucional y financiero a los familiares”, en particular en relación a la localización e identificación de personas previstas en la Ley de Memoria Histórica. Y va más allá: estas tareas “deben ser asumidas como una obligación de Estado”.
En este sentido, la ONU exige que el Estado español asuma un “rol activo” en las exhumaciones e identificación de restos, y que esto no dependa exclusivamente de algunas comunidades autónomas, asociaciones privadas o particulares.
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