dissabte, 7 de novembre del 2026

El Supremo estudiará si suspende también el voto de los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

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El tribunal descarta extender de forma urgente la paralización del voto a otro grupo de más de 189.000 electores, pero da tres días a las partes para que se pronuncien


El Tribunal Supremo estudiará si suspende también el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos a los que se ha retirado el sufragio para el 29-N. La Sala de lo Contencioso-Adiministrativo descarta adoptar esta medida por la vía urgente, pero en una resolución dictada este viernes, ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición formulada por Iustitia Europa, que reclama que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como hijos o nietos del exilio se extienda a su vez a los descendientes de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. Según los datos de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado, por ese supuesto se han nacionalizado más de 189.000 personas que ya están inscritas en el censo de extranjero.

La petición formulada ahora por el Supremo da cuenta del embrollo jurídico en el que ha derivado la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. Esa decisión acordada por la Sala de lo Contencioso ha dejado sin posibilidad de votar a más de 163.000 nuevos españoles que habían adquirido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria y de la instrucción acordada por Justicia con las directrices sobre cómo había que interpretar la norma. La primera reconoce el derecho de optar a la nacionalidad, entre otros, a los hijos y nietos que la hubieran perdido tras haberse exiliado por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual; mientras que la instrucción amplía esa posibilidad a los hijos y nietos de todos los emigrantes y presume la condición de exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.

Pero la decisión del Supremo ha dejado situaciones paradójicas, como que los españoles que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos pero viven en España, sí pueden votar porque la suspensión solo afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA); como también pueden hacerlo los hijos de quienes tienen el voto suspendido y que se han nacionalizado gracias a ellos. Estos últimos -en muchos casos bisnietos de los españoles que se exiliaron o emigraron en la posguerra- han adquirido también la nacionalidad por la Ley de Memoria, pero por un apartado, el 1.b de la disposición adicional octava, que no está afectado por la decisión del Supremo.

Ese apartado 1.b -llamado Anexo III en los trámites reglados por la instrucción de Justicia- reconoce el derecho a ser españoles de “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad” por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por el apartado 1 de la disposición adicional octava de la propia Ley de Memoria de 2022, denominado Anexo I en los trámites de nacionalización. Según los datos aportados por Exteriores, en el censo del 1 de agosto, el que cuenta para las elecciones del 29-N, hay 189.678 españoles nacionalizados por esta vía, pero esta cifra incluye también a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no está bajo la lupa del Supremo. Los datos aportados por la Abogacía no permiten conocer, por ahora, cuántos han optado a la nacionalidad porque sus padres la obtuvieron con la ley de 2007 y cuántos por la de 2022.

Iustitia Europa reclama al Supremo que extienda a todo el Anexo III la retirada del derecho al voto con el mismo criterio “de prudencia, trazabilidad y pulcritud electoral” que, según este partido, ha empleado para suspender el de sus progenitores. “Si el Supremo ha considerado necesario suspender cautelarmente los efectos electorales del Anexo I mientras se comprueba su situación, debe examinarse con el mismo rigor la cadena de nacionalidad que sustenta las inscripciones del Anexo III”, señala la formación ultra en un comunicado difundido este viernes.

La Sala ha descartado hacerlo como medida cautelarísima (sin escuchar a la parte contraria), pero ha emplazado a las partes a que presenten alegaciones en un plazo de tres días. Los fines de semana y los festivos no son hábiles normalmente en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pero dada la relevancia del procedimiento y con el calendario que marca el adelanto electoral, el Supremo ha acordado habilitar para este caso mañana sábado y todos los sábados, domingos y festivos del mes de noviembre.

Iustitia había reclamado también que el Supremo extendiera la suspensión a los nacionalizados por la ley de nietos que ahora residen en España y, por tanto, están inscritos en el censo electoral general y no en el CERA. Pero los jueces han desestimado esta petición al considerar que no está relacionado con el procedimiento que estudia la sala, que se circunscribe al censo exterior. Tras conocer esta decisión, el partido ha presentado un escrito urgente ante la Junta Electoral Central para que actúe sobre esas inscripciones en el censo.