n nuevo documental de RTVE reconstruye el funcionamiento de esta institución franquista que sobrevivió a la dictadura y que recluyó a miles de mujeres sin que hubieran cometido delito alguno.
Los testimonios de sus supervivientes revelan un sistema de disciplinamiento moral, violencia sexual, trabajo forzado y castigos psiquiátricos que permaneció activo hasta 1985.
Madrid--Actualizado a
Se cumplen 85 años de la creación del Patronato de Protección a la Mujer, un organismo estatal fundado por la dictadura franquista en 1941 que, durante más de cuatro décadas, privó de libertad a miles de niñas y jóvenes. Cualquier mujer podía acabar bajo la tutela de esta institución. El Patronato sobrevivió a la muerte de Franco, a las primeras elecciones democráticas y a la aprobación de la Constitución. No desapareció hasta 1985. Ahora, la nueva serie documental El Patronato, de RTVE Play, reconstruye su funcionamiento a través testimonios y la investigación de Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón, Inmaculada: La muerte que precipitó el final del Patronato.
Lo resume bien una de las supervivientes: "No éramos descarriadas, éramos basura". Bastaba con que su comportamiento se apartara ligeramente de las convenciones morales impuestas por la dictadura, que sus familias las considerasen rebeldes o que alguna autoridad apreciara en ellas lo que entonces se denominaba "peligro de corrupción" para encerrarlas en aquella institución de tortura.
Ni siquiera era necesario que hubieran desafiado conscientemente aquellas normas; también fueron internadas niñas que habían sido violadas por sus propios padres, abuelos, tíos... adolescentes embarazadas y jóvenes cuya expresión de género u orientación sexual contravenía el modelo de feminidad que el régimen pretendía imponer a toda costa.
Para comprender cómo pudo mantenerse durante tanto tiempo una organización de semejantes características es necesario situarla en el entramado político, religioso y cultural de la dictadura franquista. La historiadora Carmen Guillén, una de las especialistas que intervienen en el documental, define el Patronato como una de las expresiones más duraderas del nacionalcatolicismo y de la convergencia de intereses entre el Estado y la Iglesia en materia de género.
Ambas instituciones compartían una concepción de la mujer basada en la obediencia, la abnegación y el sometimiento al marido y a los hijos. La virginidad antes del matrimonio, la disponibilidad sexual dentro de él y la maternidad como contribución al futuro de la nación constituían los principales atributos del régimen. Cualquier conducta que contrariara ese reparto de funciones se interpretaba como una amenaza al orden moral y, por extensión, al político.
El Patronato fue uno de los vehículos mediante los cuales aquella doctrina adquirió dimensión material. Su organización, de estructura piramidal y presencia en todo el territorio español, dependía del Ministerio de Justicia, cuyo titular presidió el organismo hasta su desaparición. Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco, ostentó en paralelo su presidencia de honor. Bajo su autoridad funcionaba una extensa red de establecimientos gestionados por congregaciones religiosas, entre ellas las Adoratrices, las Oblatas, las religiosas del Buen Pastor y las Cruzadas Evangélicas. Muchas de las cuales, por cierto, siguen administrando una parte importante de recursos externalizados para la atención de personas vulnerables o mujeres víctimas de violencia.
La sociedad como extensión del sistema de vigilancia
El funcionamiento del Patronato tampoco puede entenderse sin la colaboración, activa o pasiva, de una sociedad profundamente reprimida y coaccionada por el terror de la dictadura. La vigilancia sobre las mujeres partía sin duda del ámbito familiar, pero continuaba en las escuelas y se extendía al espacio público, donde los propios vecinos vigilaban sus conductas, estableciéndose una suerte de sistema de delación ciudadano.
Paca Blanco, superviviente, recuerda en el documental que fue internada por decisión de las mujeres de su familia. Su padre había sufrido la represión franquista y había sido condenado a trabajos forzados. Ella creció en un entorno atravesado por el miedo, pero también por la inquietud política de una generación que comenzó a participar en las movilizaciones obreras y estudiantiles de los años sesenta. Su familia terminó enviándola a un reformatorio de Villalba para que saliera convertida en una joven "como Dios manda".
La clasificación moral de las mujeres
Una vez que una chica ingresaba en el circuito del Patronato, comenzaba un procedimiento destinado a determinar el grado de su supuesta peligrosidad moral. Durante los primeros días permanecía aislada, encerrada, mientras las responsables del establecimiento examinaban su comportamiento, como si fueran animales. Posteriormente eran sometidas a distintas pruebas médicas, psicológicas e intelectuales a partir de las cuales decidían su destino dentro de la red institucional. Entre otras cosas, se les practicaban exámenes ginecológicos para determinar, en función de si conservaban su "virginidad", si eran "completas" o "incompletas".
Paquita Beltrán, superviviente, recuerda la humillación que supuso para ella aquel procedimiento. Fue conducida a una sala de reconocimiento donde tuvo que subirse a una camilla para que examinaran sus genitales. La vergüenza, cuenta, le hizo llorar. No comprendía nada.
Para llevar a cabo la clasificación recurrían a instrumentos como el denominado "reloj moral", un sistema de representación gráfica que utilizaba distintos colores para identificar las conductas consideradas aceptables o inmorales. Los tonos rojizos señalaban una supuesta mayor desviación, mientras que los azules se asociaban a comportamientos juzgados más próximos a la moral dominante. El resultado permitía que quienes consultaban un expediente obtuvieran, de un vistazo, una valoración de la joven.
A ello se sumaban "pruebas" de inteligencia que tenían como objetivo vincular la supuesta incapacidad intelectual de las niñas y adolescentes detenidas con su presunta inmoralidad. A partir de esas pruebas se las calificaba con todo tipo de adjetivos denigrantes: imbécil, inútil, retrasada mental, subnormal, etc.
Consuelo García del Cid, escritora, investigadora y superviviente del Patronato, recuerda en el documental que su ingreso se produjo mediante un engaño organizado desde su propio entorno familiar. Una mañana, mientras dormía, recibió la visita del médico de cabecera, que le administró una inyección supuestamente destinada a vacunarla. Después perdió el conocimiento. Cuando despertó, había transcurrido aproximadamente un día y se encontraba en una habitación desconocida, con un intenso dolor de cabeza y la boca seca.
Fue observando las matrículas de los vehículos desde una ventana como comprendió que la habían trasladado a Madrid. Una religiosa le explicó entonces que se encontraba en un colegio de formación. "Nunca piensas que tu familia te lo va a hacer y menos de semejante manera", afirma. García del Cid ingresó en un establecimiento de las Adoratrices entre 1975 y 1976, cuando Franco ya había muerto o estaba a punto de morir, según la fecha exacta de su internamiento. Recuerda haber llorado durante días, sentirse completamente desamparada y llegar a pensar en quitarse la vida.
Castigar el afecto, perseguir la sexualidad
El silencio impuesto en los establecimientos del Patronato impedía que las jóvenes encontraran apoyo entre iguales. Cualquier interacción, además, podía ser interpretada como una señal de homosexualidad, y la homosexualidad era una de las peores cosas con las que podían ser señaladas. Entre los destinos de las internas consideradas homosexuales estaban establecimientos psiquiátricos como el de Ciempozuelos, donde existió un ala vinculada al Patronato, o el de Arévalo, en Ávila. Allí eran sometidas a todo tipo de torturas.
Araceli Ancarro tenía 16 años cuando se quedó embarazada. Tras sufrir un aborto espontáneo y encontrarse con el rechazo de su familia, fue enviada al establecimiento de San Fernando de Henares. Allí conoció a otra joven con la que se llevaba bien. Como tenían prohibido hablar libremente, intercambiaban pequeños papeles escritos. Una religiosa descubrió uno de aquellos mensajes y la castigó encerrada durante aproximadamente una semana. Después fue trasladada por dos policías a un hospital psiquiátrico. Recuerda una sala con numerosas camas y mujeres inmovilizadas de pies y manos. Aquella experiencia, asegura, fue una de las peores de su vida. Su madre terminó consiguiendo que regresara a casa.
Mariona Roca recuerda que, como forma de protesta frente a su internamiento, comenzó una huelga de hambre que terminó poniendo en peligro su vida. El Patronato respondió trasladándola a un establecimiento psiquiátrico. Primero recibió electroshocks. Después fue sometida a tratamientos mediante insulina, una práctica que consistía en provocar episodios graves de hipoglucemia hasta inducir un estado de coma, del que posteriormente se intentaba recuperar a la paciente. Mariona recuerda que el procedimiento se repitió durante meses.
Cada vez que se despertaba tenía más dificultades para recordar lo ocurrido el día anterior, por lo que comenzó a escribir sus experiencias para conservar algún registro de lo que estaba sufriendo. "Me anulaban completamente", explica. Los testimonios recogidos en el documental también describen la aplicación de electroshocks en espacios comunes, ante otras internas, de modo que el sufrimiento de unas mujeres servía para amedrantar a las demás: "Ibas viendo cómo se lo hacían a otras y sabías que después te iba a tocar a ti".
Peñagrande: explotación y robo de bebés
El control de la sexualidad femenina encontraba una de sus expresiones más extremas en las mujeres que llevaban a término sus embarazos dentro de los muros del Patronato. La de Nuestra Señora de la Almudena, conocida como Peñagrande, en Madrid, fue uno de sus establecimientos más importantes y a su vez más terroríficos. Allí fueron internadas adolescentes embarazadas, algunas de apenas 12 o 13 años, y mujeres jóvenes que carecían de recursos o que habían sido expulsadas de sus familias.
Paca Blanco recuerda aquel establecimiento como "el horror de los horrores". Los testimonios de las supervivientes describen un sistema que cuestionaba sistemáticamente la capacidad de aquellas jóvenes para ejercer como madres. La pobreza, la edad y el hecho de haber concebido fuera del matrimonio, aunque ese embarazo fuera fruto de una violación, se utilizaban para justificar su supuesta incapacidad y, sobre todo, el robo de sus bebés. Entre las internas circulaban advertencias sobre los menores que eran trasladados a la enfermería y no regresaban. Para algunas, la separación duró décadas. Otras todavía no han conseguido volver a encontrarse con sus hijos. Y, lo que es peor, no saben si algún día lo lograrán.
Mano de obra cautiva
La explotación laboral formaba parte del día a día del Patronato. La investigadora Marta García explica en el documental que distintas empresas que prosperaron durante la dictadura se aprovecharon del trabajo esclavo de las jóvenes recluidas. Las internas realizaban tareas de costura, confección y otras actividades productivas, generalmente sin recibir remuneración alguna. Carmen Guillén señala que las jornadas podían prolongarse entre ocho y diez horas diarias. Daba igual que estuvieran en cinta o recién paridas.
Consuelo García del Cid recuerda el hambre que padecían en las Adoratrices y el sonido de los estómagos de las jóvenes mientras trabajaban en los talleres. En Peñagrande, aun embarazadas, Loli Gómez recuerda que las internas confeccionaron el merchandising para la visita del papa Juan Pablo II a España en 1982. Trabajaban en cadena y, si no terminaban los encargos, no se les permitía amamantar a sus bebés.
De Eva García a Inmaculada Valderrama
El Patronato no desapareció con la muerte del dictador ni con las primeras elecciones democráticas. Tampoco dejó de funcionar cuando se aprobó la Constitución de 1978. Aquel mismo verano, Eva García, de 16 años, fue sometida a un procedimiento por sospechas de homosexualidad después de confesar por carta que sentía algo por una mujer en cuya casa trabajaba. La joven, que había pasado buena parte de su infancia en instituciones religiosas, terminó recluida en el Patronato. Décadas después, Eva se convirtió en la primera víctima de este organismo reconocida oficialmente, gracias a una lucha por la reparación que ha continuado su viuda, Silvia Fernández.
La muerte de Inmaculada Valderrama, de apenas 15 años, constituye otro de los episodios más estremecedores que recupera el documental. La adolescente llevaba una semana internada en el reformatorio de San Fernando de Henares cuando se precipitó desde una tercera planta. La versión oficial apuntó a un intento de fuga, pero las circunstancias de su muerte nunca dejaron de suscitar dudas. Fue encontrada semidesnuda y descalza, unos detalles que, junto con otros aspectos del caso, alimentan las sospechas de su familia. "Nosotros todos pensamos que a mi hermana la mataron", afirma Josefa Valderrama. También Alfonso Cabeza, el médico que practicó la autopsia, reconoce que existen numerosos puntos oscuros. Su muerte desencadenó una protesta vecinal que anticiparía el cierre definitivo de la institución en 1985.
El perdón no sustituye a la justicia
El 9 de junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos organizó un acto público de reconocimiento y petición de perdón a las supervivientes del Patronato. Un gesto que muchas de ellas consideraron insuficiente. Más recientemente, el Gobierno ha dado un paso en el reconocimiento institucional de esta represión. El pasado 28 de octubre entró en vigor la declaración del Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Democrática, después de que en marzo se reconociera oficialmente a 53 de sus víctimas. La resolución reconoció el carácter sistemático de las vulneraciones de derechos cometidas en sus establecimientos y contempla medidas de investigación, documentación y divulgación de lo ocurrido.
Las supervivientes, sin embargo, llevan años reclamando que el reconocimiento vaya acompañado de medidas materiales que hagan efectivas la verdad, la justicia y la reparación. Entre sus principales exigencias están la apertura de los archivos de las congregaciones religiosas, que todavía conservan documentación clave para reconstruir el funcionamiento de los centros, esclarecer el destino de los bebés separados de sus madres y depurar las responsabilidades de quienes participaron en aquella estructura de represión. Conocer lo sucedido no debería depender únicamente de los recuerdos y esfuerzos de las mujeres que consiguieron sobrevivir para contarlo, ni recaer sobre ellas toda la responsabilidad de demostrarlo.


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