http://www.foroporlamemoria.info/2012/12/entrevista-a-luis-naranjo-director-general-de-memoria-democratica/
El Correo de Andalucía, 08/12/2012 - 10 diciembre 2012
“Necesitamos pruebas de fusilados para un futuro proceso político contra Franco”
Daniel Cela
Luis Naranjo (Córdoba, 1953) es el director general de Memoria Democrática. Estos días ultima una ley que permitirá a la Junta exhumar de oficio a los fusilados de la Guerra Civil y “si es necesario denunciar en los juzgados un delito” vinculado a los crímenes franquistas.
-¿Cuántos muertos dejó la represión franquista en Andalucía?
-Los últimos datos están en torno a 60.000 fusilados y asesinados. Hay muchas otras víctimas (exiliados, torturados). Se habla poco de la tortura, pero fue una práctica muy habitual hasta después de 1975.
-¿Cuántas víctimas nacionales dejó la violencia republicana?
-[Se levanta y regresa con un documento] Antes quiero decir que las víctimas de ambos bandos, del rebelde y del republicano, tienen un culpable: los que impulsaron el golpe de Estado. Sin alzamiento militar, no hubiera habido Guerra Civil. La guerra no fue en absoluto algo inevitable… El dato exacto que me pedías: en torno a 8.400 muertos por la violencia republicana.
-¿Cuántos desaparecidos quedan en Andalucía?
-El número de desaparecidos forzosos ha bajado en los últimos años, no tanto por las exhumaciones como por la investigación archivística y por los testimonios orales. No hay un dato exacto, pero podemos decir que la mitad de esos 60.000 fusilados, diría que más de 20.000 desaparecidos en el sentido legal del término, es decir, que no ha habido una identificación de los restos.
-¿Cuál es el principal objetivo de su departamento y qué herramientas necesita para lograrlo?
-El principal objetivo sería dar respuesta desde el Estado democrático y la Junta a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y de sus familiares, y del conjunto de la ciudadanía andaluza. El derecho a la verdad es un derecho de todos, no sólo de las víctimas directas del franquismo.
-¿Y en qué se materializa eso?
-Esto es una asignatura pendiente que va a costar abordar tiempo y esfuerzos. No hay que engañar a nadie, queda mucho por hacer. El primer paso será la ley andaluza de memoria democrática. La Junta ha estado ausente como poder estatal en el proceso de exhumación. Puntualmente ha firmado convenios, pero de oficio no ha habido ninguna persona jurídica que esté presente en una exhumación. La ley lo primero que hará será establecer la obligatoriedad de la presencia de la Junta de oficio en cualquier proceso de exhumación.
-¿Qué presupuesto manejan?
-La orden de subvenciones última (que nos ha costado pelear, pero lo hemos conseguido) ha puesto sobre la mesa 306.000 euros, el 0,02% del Presupuesto. Esto ya se ha otorgado. En 2013, el gasto ha subido a casi 600.000 euros. Por primera vez incluimos una partida para exhumar (más de cien mil euros) que antes no existía. Luego hay fondos para consistorios y universidades, y también se incluye el salario de mi equipo.
-¿La ley de memoria democrática tendrá memoria económica?
-Claro. Aún no sabemos de cuánto dinero dispondremos, pero quiero aclarar que también contaremos con los recursos públicos de la Junta. Estos deben ponerse al servicio de la memoria democrática, y para eso está la comisión interdepartamental. En ella estarán las consejerías relacionadas con la memoria: Educación, Sanidad, Justicia, Hacienda, Medio Ambiente… Si, como espero, hay una acogida favorable de los consejeros, tendríamos muchos recursos para desarrollar la ley: médicos forenses, arqueólogos… Si podemos utilizar a precio de coste esos recursos humanos de la Junta, abarataríamos mucho las exhumaciones, lo más costoso de la ley.
-¿Hasta dónde llegarán las competencias de esa ley andaluza?
-La ley fijará con claridad las competencias de la Junta y su techo será el Estatuto andaluz. Todo lo que tiene que ver con Justicia, la impunidad de los verdugos y del amparo de las víctimas, está fuera de nuestro alcance, es atribución de la estructura penal. Nuestra intención es llegar hasta el límite de las competencias autonómicas.
-Se lo preguntaré de otra forma. ¿Qué le gustaría que la Junta hiciese, pero no puede porque no existe aún esta ley de memoria democrática?
-Hombre, mi máxima aspiración sería la derogación parcial de la Ley de Amnistía (1977).
-¿Pero eso no está en sus manos?
-No, eso no lo puede hacer la Junta de ninguna de las maneras. También me gustaría la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo.
-¿Tampoco tienen potestad?
-Tampoco. Pero, hombre, podemos hacer cosas. Podemos seguir instando a nuestra Fiscalía para que los fiscales estén presentes en los procesos de exhumación, sobre todo porque hay un delito que no ha prescrito. Ése es uno de nuestros objetivos claros. Otro, más realizable a medio plazo, es que la Junta se persone en todas las exhumaciones como autoridad pública. Que haya funcionarios de la Junta o municipales que levanten un acta, que tendrá carácter probatorio de que ha habido un acto de violencia, un asesinato… y también vamos a procurar que la Junta pueda directamente exhumar. Y si es necesario que la Junta denuncie en los juzgados la presencia de un delito…
-¿Cuál es el objetivo de que la Junta se persone como denunciante en un delito que se cometió hace medio siglo?
-El objetivo es poner al poder judicial ante la obligación de definirse ante crímenes de Franco.
-Pero los delitos han prescrito.
-Ésa es la tesis oficial del Supremo, pero no del Tribunal de Estrasburgo, ni de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la Unesco o de Amnistía Internacional… La jurisprudencia internacional defiende la tesis de que no pueden prescribir, son delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Nuestro Tribunal Supremo, con la sentencia a Garzón y alguna otra, adopta la tesis contraria. La Ley de Amnistía y la propia Ley de Memoria Histórica de 2007 señalan que son delitos que ya han prescrito, pero la posición de esta dirección general es que esos asesinatos son imprescriptibles, por tanto vamos a luchar políticamente para que se consideren así.
-”Si un desaparecido se exhuma sin presencia policial lo que desaparece es una prueba del genocidio de la Dictadura franquista”. ¿La Junta aspira a que un tribunal internacional condene a Franco como genocida?
-La Junta aspira a que un tribunal internacional reconozca el genocidio que se cometió en España durante la Dictadura. Denunciar directamente al régimen franquista no es la idea, esa cuestión compete más bien al Parlamento andaluz. Lo que queremos denunciar es la existencia de un plan concebido y sistemático de violencia contra un sector importante de la población por motivos políticos e ideológicos, y eso se llama genocidio. Necesitamos las pruebas de exhumación de los fusilados para un futuro proceso político, bien por parte de la Junta, por parte del Estado, o por parte de una asociación de memoria histórica, para inculpar al franquismo de crímenes contra la humanidad. Para ello, es importantísimo que esté presente un juez o un funcionario público. El Parlamento andaluz podría plantear una moción al Gobierno central para que condene el franquismo como un régimen genocida e inste a la judicatura internacional para que incorpore los tratados de desaparecidos forzosos…
-¿El mapa de fosas de Andalucía, ¿está actualizado, es fiable?
-Es altamente fiable, está abierto y es mejorable. Desde que yo estoy aquí nos han llegado varias solicitudes para incorporar nuevas fosas al mapa. Hay 650 localizadas y otras pendientes de inclusión. Habría que mejorar la localización de las fosas incluyendo coordenadas UTM de radar, porque a veces la ubicación es indefinida, demasiado vaga…
-La ley de Memoria Histórica no tuvo desarrollo reglamentario. La ordenanza de la Junta que obliga a retirar los símbolos franquistas, ¿qué sentido tiene?
-Estamos promulgando el texto definitivo de esa ordenanza municipal. Cuando esté lista se mandará a los ayuntamientos, pero éstos, con su autonomía, la aplicarán o no, o lo harán parcialmente. Es un marco jurídico que se les ofrece y que son libres de incorporar. La intención del vicepresidente Valderas es que, si después de un proceso de negociación, persiste una negativa contumaz de algún ayuntamiento, se podría llegar a la retirada de subvenciones. Esa posibilidad está abierta y mi opinión como director personal es que se lleve a término.
-¿Cuántos símbolos franquistas hay ahora en Andalucía?-Estamos haciendo el catálogo y cuesta trabajo porque hay alcaldes que tardan en responder o no lo hacen. Son algunos centenares, incluyendo el nomenclátor, no sólo símbolos arquitectónicos. Pero también se han retirado más de mil…
-¿También se retirarían esos símbolos de las iglesias?
-Si una iglesia recibe ayudas públicas para su mantenimiento, está obligada a retirar estos símbolos. Si tienen algún valor estético, puede hacerse una excepción por ser patrimonio artístico, pero la mayor parte de los símbolos franquistas no tienen ningún valor estético ni artístico y habría que eliminarlos completamente.
-Cuando el PP dice que la Memoria Histórica aviva el resentimiento, ¿usted qué opina?
-Me gustaría que el PP se identificara plenamente con la democracia. La línea que separa los puntos de vista sobre estos temas no es izquierda y derecha, sino democracia y antidemocracia. El PP debería comportarse como un partido democrático. Hacer que se conozca la verdad de lo que fue una de las dictaduras sangrientas de Europa, sacar de las cunetas a los que defendían la República… ¿es enfrentamiento? Al contrario, eso es lo que asentaría la convivencia democrática.
-En este tema la derecha acusa a la izquierda de revanchista y la izquierda acusa a la derecha de amparar el fascismo. ¿Eso es un debate responsable?
-Lo que es irresponsable es que un demócrata diga que hacer justicia a las víctimas del franquismo es reabrir heridas. ¿Qué ocurrió en Alemania, Francia, Italia cuando acabaron las dictaduras? La derecha allí incorporó a sus planteamientos argumentos democráticos y condenatorios de lo que había pasado… El discurso democrático es conocer la verdad… Las heridas se cerrarán del todo cuando se conozca la verdad. No hay afán revanchista.
-¿La ley de memoria aspira a condicionar la orden de contenidos que estudian los andaluces?
-A la larga queremos cambiar el decreto andaluz de contenidos curriculares para incluir aspectos esenciales sobre la Dictadura, la Guerra Civil y la República. Reformular un apartado concreto, muy pequeño, donde se hablan de estos temas.
-¿En qué sentido?
-Incluyendo el concepto de golpe de Estado o de represión, que no aparecen en la orden del currículum oficial cuando se habla de la Dictadura y la Guerra Civil. Hay que darle un cierto rigor historiográfico a esto, porque no tiene sentido que las escuelas andaluzas aborden el siglo XX en España sin mencionar el concepto golpe de Estado o represión. Ojo, hablamos sólo de incluirlo explícitamente en la normativa, muchos profesores ya lo hacen.
-¿Lo negociarán con Educación?
-Sí, nosotros no tenemos competencias para cambiar un decreto curricular. Queremos establecer un acuerdo con Educación para abordar este tema. Por ahora vamos a elaborar material didáctico complementario sobre la República, la Dictadura y la Guerra Civil y pediremos a Educación que nos permita utilizar los CEP y llegar a los institutos. Los profesores que voluntariamente lo deseen podrán usarlos. Insisto en que son voluntarios, no queremos que los maestros nos tachen de comisarios políticos.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada