http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/09/07/moncloa-burla-las-medidas-de-la-onu-sobre-desaparecidos-del-franquismo-y-ninos-robados/
María Cristina Moracho Martín, en el centro de la imagen, que busca a su hijo, del que le dijeron que había muerto en el servicio de ginecología del Hospital Clínico, esta mañana, en la concentración en Sol. / L. D.
Actualizado a las 14:30 del 7-09-2014 con la concentración de los familiares de los bebés robados durante el franquismo
Numerosos familiares de bebés robados durante el franquismo y la transición se han vuelto a concentrar en la Puerta del Sol de Madrid el primer domingo de septiembre para reclamar la investigación judicial que en muchos casos se les niega y el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU al respecto. Son casos como el de María Cristina Moracho Martín, una mujer que dio a luz a los siete meses de gestación y le dijeron en el servicio de ginecología del Hospital Clínico que su hijo había muerto. Ella le vio vivo pero no le dejaron verle muerto ni certificaron su defunción porque lo consideraron “un aborto”. Su reclamación judicial ha sido desestimada por la Fiscalía, alegando que la falta de certificación de la muerte del bebé sietemesino había sido “un error administrativo”.
Sobre la creación del banco de datos de ADN para facilitar la búsqueda y los reencuentros de los bebés robados con sus progenitores, Moracho Martín y otros familiares aseguran que el Gobierno no ha cumplido esa recomendación del grupo de trabajo de la ONU, sino que han sido las asociaciones de familiares las que han facilitado sus datos a bancos privados, en muchos casos a la clínica Genómica, que fue la que hace ya tres años les ofreció las tarifas más baratas. Los familiares pagan las pruebas y el mantenimiento del banco de datos. Curiosamente, la directora de ese centro es Rosario de Cospedal, hermana de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien basó gran parte de su discurso en la campaña de 2007 a la presidencia regional en la administración gratuita a todas las niñas de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero e inspiró después la campaña de Mariano Rajoy de 2008 sobre la “famosa niña” que llegaba feliz a la jubilación.
En la concentración de ayer por los niños robados se recogieron cientos de firmas de ciudadanos y se desplegaron decenas de folios plastificados con los nombres y en algunos casos las fotos de los padres y las madres que buscan a sus hijos y de los hijos que buscan a sus progenitores. Policías nacionales y locales vigilaron a los concentrados que permanecieron tres horas junto a la estatua del “rey alcalde” Carlos III.
Cuando apenas falta un mes para que expire el plazo concedido por la ONU al Reino de España para que el Gobierno comunique si ha comenzado a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo sobre los desaparecidos del franquismo y los niños robados, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no quiere hablar ni oír hablar del tema y sólo ha abordado el cumplimiento parcial del derecho de acceso a la información. La Plataforma de la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del franquismo prepara una nueva campaña. El pleno de Naciones Unidas ratificará el miércoles,10 de septiembre, en Ginebra, las exigencias a las autoridades españolas. Todo ello se produce al mismo tiempo que el Ejecutivo español opta a un sillón en el Consejo de Seguridad.
El portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Gómez de la Serna Villacieros -un alto funcionario en excedencia que administra una empresa de consultoría e intervino en 2012 como enviado de Javier Arenas y Ana Mato en la operación dirigida por el abogado Jorge Trías Sagnier para que el juez Pedreira exonerara al tesorero del partido, Luis Bárcenas, del caso Gurtel-, aseguró el 26 de agosto en la Diputación Permanente del Congreso que “hay tiempo más que suficiente” para abordar las recomendaciones.
“Claro que lo hay –le replica el portavoz de la Plataforma de la Comisión de la Verdad, Jordi Gordon- todos los desaparecidos están muertos”. Gómez de la Serna apeló al margen temporal de tres meses que concedió la comisión de la ONU el 2 de julio y que expira el 2 de octubre para rechazar las peticiones de comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Gómez de la Serna dijo que las medidas no son definitivas, que las decisiones de la Transición son válidas y que la Ley de Amnistía de 1977 no es derogable. Pero, no obstante, aseguró que el Gobierno sigue intercambiando información con el grupo de trabajo de la ONU y ha recibido su informe “que todavía no es definitivo, pues ni siquiera figura en la web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. El eminente letrado no dijo la verdad: he aquí el enlace a la web de la ONU y el documento.
Con todo, este Gómez de la Serna quiso demostrar que el Ejecutivo ya está cumpliendo algunas recomendaciones, como la Ley de Acceso a la Información, la tipificación del “delito autónomo de desaparición”, en la que ya trabaja un grupo de expertos del Ministerio de Justicia, y la creación de un banco de datos de ADN sobre los niños robados. Sobre el mencionado archivo de pruebas biológicas ya queda constancia de la iniciativa de las familias y de su administración privada y no pública. Ni el Ejecutivo ni la Fiscalía del Estado han dado pasos efectivos.
Desde la Comisión de la Verdad sobre los desaparecidos del franquismo señalan la falta de un censo de víctimas y de desaparecidos y denuncian la carencia de la política de Estado sobre la materia que reclama la ONU. Según los cálculos más modestos, hay 2.328 fosas sin exhumar en las que estarían los restos de unas 45.000 desaparecidos durante el franquismo. Se trata de personas que fueron fusiladas por oponerse a la sublevación militar franquista que contó con apoyo del nazismo y del fascismo, y por defender la República democrática.
“El Estado tiene que asumir las exhumaciones, las pruebas de ADN de las identificaciones y la investigación judicial de las responsabilidades criminales a que haya lugar -explica Gordon-, algo que todavía no se ha hecho en 36 años de democracia constitucional y que figura claramente en el mandato de la ONU”.
Lo verdaderamente contrastable sobre la “buena voluntad” del Gobierno que manifestó el mencionado Gómez de la Serna en el Parlamento al rechazar la petición de comparecencia de la vicepresidenta y del Fiscal del Estado, es que el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, clausuró hace dos años la oficina que abrió el último Ejecutivo del PSOE en ese departamento para atender a los familiares de las víctimas del franquismo y que la vicepresidenta Saenz de Santamaría eliminó, también hace dos años, el presupuesto de dos millones de euros destinado en 2013 a trabajos de localización y apertura de las fosas comunes y a la exhumación de los huesos de los desaparecidos. Curiosamente esa cantidad equivale al gasto de la campaña del Ministerio de Asuntos Exteriores para ocupar una plaza no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-2016.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada