La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica rechaza la tasa impuesta por el Ayuntamiento de la capital alcarreña, al que estudia denunciar por prevaricación
Ahora Guadalajara y PSOE piden la anulación de la tasa y lamentan la actitud “antidemocrática y de obstaculización” del PP para dignificar a las víctimas de la dictadura
Ciudadanos, que en diciembre votó a favor de eliminar el impuesto por las exhumaciones del franquismo, ahora considera que la decisión del Pleno no es “de obligado cumplimiento”
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“No vamos a pagar una tasa que no existe porque fue invalidada por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento”. Ésta es la reacción de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de reclamarle el pago de 2.057 euros por los trabajos de exhumación que esta entidad sin ánimo de lucro desarrolló durante el mes de mayo para localizar en una fosa común los restos de Timoteo Mendieta, miembro de UGT de Sacedón asesinado por los franquistas en el cementerio de Guadalajara.
Estos trabajos también permitieron recobrar los cadáveres de otras 27 personas fusiladas en el camposanto guadalajareño. La acción coordinada por la ARMH se desarrolló dentro de un proceso judicial, auspiciado por el exhorto de la magistrada argentina María Servini de Cubría, que investiga desde abril de 2010 los crímenes de la dictadura franquista en aplicación del principio de justicia universal.
La negativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a abonar la tasa impuesta en concepto de los servicios funerarios realizados en el cementerio se produce después de que el Equipo de Gobierno ‘popular’ calificara públicamente de “ilegales” las exenciones cuando afectan a la recuperación de los cuerpos de represaliados del franquismo. Además, desde el Ejecutivo municipal se cuestionó la legalidad de la moción que la oposición en bloque (Ahora Guadalajara, PSOE y Ciudadanos) aprobó en Pleno el 30 de diciembre de 2016 con el objetivo de eliminar ese impuesto en las exhumaciones de fusilados por la dictadura franquista.
La iniciativa auspiciada por Ahora Guadalajara proponía modificar la ordenanza fiscal que regula los servicios del cementerio municipal en la capital alcarreña. En concreto, incluía una nueva exención específica con la que se liberara del pago del impuesto a las labores de “exhumación e inhumación de los restos de las víctimas de la represión franquista, por razones de interés social y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, afirma a eldiarioclm.es que “lo que nos reclama el Ayuntamiento de Guadalajara es en realidad una multa”. Además, denuncia la “gravedad del uso partidista que este gobierno hace de las decisiones tomadas en el Pleno, es un comportamiento que roza la prevaricación”. Por este motivo, aduce, la entidad que preside no descarta “emprender acciones legales” contra el consistorio que preside Antonio Román.
En cuanto a la supuesta “ilegalidad” de esas bonificaciones fiscales, argumentada por el equipo del PP en base a un informe técnico para justificar dicho cobro, Silva recuerda que “quedamos exentos del pago”, porque tal como recoge el texto de la moción, el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a aliviar de este gasto a las personas obligadas al pago mediante una exención o una subvención creada para cubrir los costes que implique la recuperación de las víctimas.
Se da la circunstancia de que la actual ordenanza sobre servicios funerarios en Guadalajara ya contempla tres exenciones subjetivas sobre derechos de inhumación, estancia en el depósito y en la sala de autopsia que quedan libres del abono de la tasa. Estos supuestos aprobados hace tres años por el Ejecutivo municipal se refieren específicamente “a personas fallecidas que se hubieren encontrado en situación de exclusión social, por carecer de medios ni familiares que se hagan cargo; a los cadáveres que por orden de la autoridad judicial se inhumen en una fosa común y a los cadáveres de soldados pertenecientes a la guarnición de esta Plaza, inhumados en la parcela donada por este Ayuntamiento al Ramo de Guerra”.
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consideran que la determinación del Ayuntamiento responde a razones políticas. “O el informe municipal es falso o la Alcaldía miente, porque si esta exención es ilegal, los otros tres casos también carecen de validez. La actitud del alcalde es ideológica y demuestra una nula voluntad de apoyar a las víctimas del franquismo para normalizar su situación”, asevera Emilio Silva.
Rechazo de la oposición
La pretensión del Ayuntamiento de Guadalajara de cobrar a la ARMH las tasas por la exhumación de Timoteo Mendieta no sólo ha generado un notable revuelo mediático, incluso en el ámbito nacional, sino que ha suscitado el rechazo de todos los grupos de la oposición. También ha colmado la paciencia de los colectivos implicados en la memoria histórica por considerarlo poco menos que una burla.
PSOE y Ahora Guadalajara, que coincidieron en calificar la decisión de Román como “antidemocrática”, exigen la retirada de la obligatoriedad de pago a la asociación. Víctor Cabeza, concejal del PSOE, cree que esta actitud del PP de Guadalajara “de desobediencia y ninguneo de los mandatos del Pleno con el consentimiento de Ciudadanos” es una muestra más de Román “por obstaculizar la dignificación de las víctimas del franquismo”. Además, los socialistas piden al primer edil que rectifique al estimar que los trabajos de exhumación que sirvieron para rescatar los restos mortales de Timoteo Mendieta no costaron nada al Ayuntamiento: “Exigimos a Román que de manera inmediata garantice la exención y en el caso concreto de la exhumación de Timoteo Mendieta busque la fórmula para que la ARMH no deba pagar nada por la realización de esos trabajos”.
En el mismo sentido se expresa Susana Martínez, concejal de Ahora Guadalajara, quien destaca la “excepcionalidad” del caso Mendieta, enmarcado en un proceso judicial: “Este ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido cobrar, poner el cazo y recaudar unas tasas ordinarias por algo que ha sido excepcional. Es un gesto más de desprecio de Antonio Román hacia el Pleno y hacia personas como Ascensión Mendieta, que llevaba 78 años intentando recuperar los restos de su padre”.
Por el contrario, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, que respaldó la moción de diciembre pasado para erradicar la tasa por las exhumaciones, sostiene que “es hora de que el PP supere sus traumas con el colectivo de represaliados del franquismo y sería aconsejable que cumpla con la moción, aunque no es de obligado cumplimiento porque la memoria histórica no es una competencia de este Pleno”, asevera. Una postura que se sitúa en la órbita de la visión del equipo del Partido Popular que considera las mociones como “declarativas”.
Sin ayudas
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Guadalajara reclama a la Asociación por la Recuperación del a Memoria Histórica asumir los costes por la exhumación en las fosas comunes del cementerio municipal. En enero de 2016, cuando se inició el primer intento por encontrar el cuerpo de Timoteo Mendieta, el Consistorio arriacense impuso a esta organización una fianza previa y una tasa de alrededor de 1.700 euros para sufragar los trabajos técnicos que finalmente se frustraron al no poder ser identificados los restos del miembro de UGT asesinado al terminar la Guerra Civil. La asociación recurrió la medida, pero finalmente se hizo cargo de los costes. De hecho, esta organización ha asumido toda la financiación para la exhumación de las fosas comunes en Guadalajara sin recibir ninguna ayuda estatal tal como establece la legislación.
Los trabajos de la segunda exhumación de Mendieta permitieron recobrar en junio los restos del padre de Ascensión y los cadáveres de otras 27 personas fusiladas en el cementerio guadalajareño en 1939. La acción coordinada por la ARMH se desarrolló dentro de un proceso judicial, auspiciado por el exhorto de la magistrada argentina María Servini de Cubría, que investiga desde abril de 2010 los crímenes de la dictadura franquista en aplicación del principio de justicia universal.
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