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Escolar.net
Cuatro denuncias por el caso Fundescam
« Pío está que trina, Granados también
Tomás Gómez, el líder del PSOE en Madrid, ha anunciado no una sino cuatro acciones judiciales ante el escándalo de la financiación irregular de las campañas de Esperanza Aguirre. La primera, que denunciará al PP de Madrid por posible delito fiscal ante la inspección de Hacienda. La segunda, que llevará a Fundescam ante el Tribunal de Cuentas por no haber presentado sus datos desde el 2002, entre otras irregularidades. La tercera, que presentará una denuncia ante la Junta Electoral por presunto delito en los gastos de la campaña de Aguirre. La cuarta, que denunciará el presunto cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción.
Izquierda Unida ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio.
Esperanza Aguirre sigue sin decir ni pío.
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Artículo del director
Parad la porcina campaña contra Camps
Hay que acabar con esto. No son de recibo ni los que gritan “We Camps” ni los que piensan “Mein Camps”. Se empieza incubando la crispación… Es que este país no aprende nunca. Tiene razón ese que habla tan bien, pongamos Pons, cuando asegura que esta “porcina” estratagema de la izquierda fue una campaña de algo inexistente para que el PP no ganara las elecciones de Galicia y ahora que la cosa está ya en los juzgados vuelve a ser una campaña para que no gane las europeas.
Por supuesto que lo de Bermejo fue muy distinto. Un fiscal bravo, que debía haber seguido su vocación de músico en grupo pop en lugar de meterse en Derecho, y que cuando se le pararon los pies rebrotó como político para poner reglamento y orden en los juzgados. ¿Qué hacía él, fines de semana y fiestas de guardar, chaquetón verde y botas camperas, pegando tiros, invitado a veces, si decía que era rojo? Tenía toda la razón el aluvión de medios que exigió su cabeza, porque, ¿cómo un ministro de Justicia va a disparar el ocio sin permiso? Ahí está ahora el ex ministro, calladito en el escaño.
Ni comparar con lo de Trillo, uno de los más vociferantes a la hora de exigir la dimisión del otro. ¿Responsabilidad política por lo del Yak-42? Pero, hombre, si las elecciones en lista única lo condonan todo. ¿Responsabilidad moral? ¿En qué país estamos? Los confesionarios están abiertos para todos y los pecados se perdonan. El que no quiera usarlos, allá él. ¿Que los militares viajaban como ganado? ¿Es que vamos a estar toda la vida poniendo en riesgo la estabilidad con los aliados y tenemos que sacar a colación las comisiones de altos mandos de la OTAN? Las 62 bajas fueron de hombres que juraron entregar su vida por la patria, así que debían saber que se la jugaban.
¿Y lo del presidente de la Generalitat valenciana? ¡Ah!, afecta a la privacidad, afirman reputados analistas con experiencia en situaciones desairadas. Es que el sastre acusica ese no es de fiar, escriben otros. Lo que pasa en este país es que hay mucho hijo y nieto de gente que nunca levantó la cabeza, preocupada toda la vida de no clavarse la azada en los pies, que no quiere comprender. Muchos de ellos estudiamos, sí, pero no supimos elegir colegio y ahora nos dedicamos a embrollar.
Estamos obligados a saber que hay un grupo de emprendedores, da igual en tiempo de crisis o expansión, que son los que mueven la economía. Hijos de buena familia o asimilados con contactos que tapan problemas, resuelven urgencias. Son indispensables, aunque eso suponga contratas con sobreprecio pagado con el dinero de todos. ¿Y dónde, si no, quedaría el derecho al legítimo beneficio? Criticar el enriquecimiento fácil es pura envidia. Además, ¿cuándo el dinero de los impuestos se ha empleado al gusto de todos?
Camps, ahora lo hemos sabido, feliz él de haberlo podido explicar a su señoría, es un político sin dinero ni para gastos personales. Se lo tiene que dar su señora de lo que saca en la botica. Además, lo de “amiguito del alma” en privado se quedó en mero conocimiento en el camino entre el Palau de la Generalitat y el de Justicia. ¿Que además hubo regalos “inaceptables” para el imputado, su mujer y su hija? Tranquilos, ya se ha aclarado. Se devolvieron en la trastienda de esa farmacia solidaria. Pero cómo se va a apuntar fecha y detalle de esas cosas. El Bigotes, el donante, es uno de esos seres con almacén de presentes para amigos, simples detalles. No hay piedad para un político elegante, llamado en privado El Curita, que gana elecciones y al que aclaman como “tío Paco” dos pelotones de humildes, congregados por los patriarcas. Cómo no lo vamos a defender si es un valor sin cargos de la Justicia, razona Rajoy. Algún rival debería usar esa cola que asegura sonrisa perenne, blindada ante las situaciones más tensas.
El delito de cohecho está muy claro en el Código Penal, aunque conviene matizar. Por supuesto que es corrupción cuando el arribista de la izquierda, que los hay, llega a un cargo y acepta un reloj de marca rebozado en oro. ¿Pero cómo va a ser lo mismo para alguien que ha nacido con estas cosas por encima de las mesitas de casa? Y parad ya con los trajes. Debería ser público que los comerciantes se pelean por prestar atuendos. Los llevan y los recogen sin precio alguno porque luego los colocan arrugados con ganancia extra a gente que sabe valorar la distinción de arrugas y el sudor original de seres con la capacidad histórica de gobernar. Por encima de eternas rencillas, hay algo indiscutible: estamos en una democracia, pero aún hay clases.
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Enric Sopena
Cabos sueltos
Rajoy miente: la trama que financia al PP existe
Los voceros/as de Mariano Rajoy han repetido hasta la saciedad -desde que estalló el escándalo Correa- que no podía afirmarse, porque no era verdad, que estuviéramos ahora ante una trama organizada para financiar al PP. “Esto no es Filesa”, han advertido no sé cuántas veces María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y el resto de palmeros genoveses, olvidándose, por cierto, del caso Naseiro, que estuvo en un tris de llevarse por delante a la plana mayor de la derecha.
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El jefe de la patronal financió las campañas de Aguirre con 192.200 euros
Empresarios afines al PP donaron casi 800.000 euros a Aguirre
Pero resulta que, de nuevo, Rajoy y sus colaboradores más cercanos mienten. El diario Público ha demostrado que esa trama existe en el PP y que viene de bastante lejos. ¿O no es parte de esa trama Fundescam, una fundación fantasmagórica, dedicada, en la práctica, a recaudar dinero con el fin de hacer frente así a campañas electorales, como por ejemplo las dos protagonizadas por Esperanza Aguirre el año 2003 y, como mínimo, también las generales del 2004? Tales fondos, además, fueron a parar parcialmente al bucanero Francisco Correa.
Suculentos contratos
Los generosos mecenas del PP depositan sus donaciones con la intención de recuperar el dinero entregado y, por supuesto, para multiplicarlo más tarde gracias a suculentos contratos, teledirigidos desde la cúpula del poder político. De modo que hemos conocido cómo un selecto grupo de empresarios de postín inyectaban dinero a las arcas populares.
A primera vista
Todo este tinglado es a primera vista ilegal y probablemente delictivo. Han participado en semejante mercadeo nombres y apellidos de multimillonarios emergentes, como Gerardo Díaz Ferrán; su cuñado, Arturo Fernández y otros empresarios, entre los que figura Antonio Basagoiti, padre, siendo presidente de Unión Fenosa. Díaz Ferrán es en la actualidad presidente de la CEOE. Fernández, de la CEIM.
El empresario aguerrista
Díaz Ferrán es aguerrista desde hace años. Sabemos -merced a una indiscreción suya- que con singular énfasis califica de “cojonuda” a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque en ocasiones le haya bailado el agua a José Luis Rodríguez Zapatero, urgido quizás por la endeblez de algunos de sus negocios transoceánicos, sabemos asimismo que él culpa al presidente del Gobierno de la situación económica, según aseguró ante un micrófono que, ay, estaba abierto.
El catering que crece y crece
Tanto Díaz Ferrán como Fernández comparten con Aguirre su fiebre ultraliberal. Adoran al mercado y denigran al Estado. Pero ocurre que sin el Estado estos liberales no habrían amasado una fortuna como la que han llegado a tener. ¿Cuántas concesiones procedentes del ámbito político ha obtenido Fernández, que le permiten que su ya inmenso catering, siga creciendo y creciendo sin parar? Su Grupo Cantoblanco es omnipresente, en buena parte gracias a la sombra de las administraciones públicas.
El deterioro
Continúa imparable el deterioro del PP. Continúa su vinculación con numerosos sucesos de corrupción y sin que Rajoy dé un puñetazo encima de la mesa y diga rotundamente basta, caiga quien caiga. Rajoy empieza a ser cómplice –al menos por pasividad- de una situación insoportable. Es una situación, por lo demás, que contribuye eficazmente a que se visualice con nitidez cómo la mayoría del empresariado apoya a la derecha. Por algo será. A la hora de votar, pues, que nadie se equivoque. Faltan pocos días.
Enric Sopena es director de El Plural .
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El PP se defiende atacando
Estudia demandar al socialista Tomás Gómez por "injurias y calumnias" y asegura que la noticia sobre la financiación irregular es "falsa".
EUROPA PRESS - Madrid - 23/05/2009 19:22
El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, anunció hoy que el Partido Popular está estudiando presentar una querella contra el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, por un delito de "injurias y calumnias".
Este último aseguró esta mañana que cada día hay más sospechas de "posibles cohechos en la Comunidad de Madrid" y que existen sospechas "para relacionar la financiación del PP con la concesión de contratos a empresas que financiaron la campaña electoral de 2003", entre otras acusaciones.
Güemes afirmó que la noticia sobre la posible financiación irregular publicada por Público es, a su juicio, "falsa".
"La actividad de la Fundación Fundescam es y ha sido siempre absolutamente legal, las aportaciones que se realizan se han hecho y se han gestionado de acuerdo con la Ley de Fundaciones y los fondos siempre se han dedicado a los fines de la fundación", explicó el secretario de Comunicación, que añadió que éstos "nunca se han dedicado a la financiación de campañas electorales".
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El PSM denunciará al PP de Madrid
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IU pide a la fiscalía que actúe de oficio
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Se reavivan las sospechas del 'tamayazo'
"Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el líder socialista de Madrid
La noticia con la que ayer desveló Público cómo el actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, financió al PP de Madrid a través de la desconocida fundación Fundescam en 2003, el año del tamayazo, cayó ayer como un mazazo en las filas de la izquierda, que exigió una investigación inmediata y anunció acciones legales: "Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, quien observa indicios de "cohecho" en el caso Fundescam y lanza un aviso:
"Si se demuestra que hay empresas amigas de Esperanza Aguirre que financian al PP para que luego la Comunidad de Madrid les adjudique obras y servicios, será motivo suficiente para que la presidenta se largue a su casa". Desde el PP, fuentes muy próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy "ni siquiera conocía la existencia de Fundescam", informa María Jesús Güemes.
Gómez aseguró que su partido actuará en los tribunales contra los conservadores por presunta financiación ilegal a través de Fundescam, que depende orgánicamente del PP madrileño. "Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo en referencia al ascenso de Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid tras el tamayazo, la traición protagonizada por los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que el 10 de junio de 2003 impidieron con su voto la proclamación de Rafael Simancas como presidente y forzaron así la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas que ganó el PP. Los socialistas madrileños precisarán esta mañana qué tipo de acciones acometerán contra el PP.
Desde IU, la portavoz de la federación en Madrid, Tania Sánchez, exigió la dimisión de Aguirre y anticipó que su organización estudiará hoy si acude a la Fiscalía. El portavoz parlamentario de la formación, Gaspar Llamazares, se preguntó "a qué espera la Fiscalía Anticorrupción" para actuar de oficio y acusó al PP de haber incurrido en "flagrante ilegalidad".
"Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo Gómez en referencia a Aguirre
Llamazares no cree que los 790.000 euros recaudados por Fundescam entre una docena de empresas con Díaz Ferrán a la cabeza fueran fruto de donaciones "gratis et amore" [por amor], sino que los donantes "pagaban favores" y recibían luego "trato de favor". Varios de los empresarios que donaron dinero a Fundescam tenían adjudicados en 2003 y 2004 contratos públicos de la Comunidad de Madrid. La ley de financiación prohíbe a los partidos recibir "directa o indirectamente" donaciones de personas físicas o jurídicas con adjudicaciones de cualquier Administración pública. Gerardo Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003. Luego, obtuvo más de la Comunidad de Madrid.
Preguntada en un acto oficial, Esperanza Aguirre se negó a responder sobre Fundescam, fundación que ella misma preside y que depende orgánicamente del PP de Madrid. También la dirección estatal del partido calló oficialmente. Pero al subrayar que Rajoy ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula conservadora remarca su doble estrategia sobre la corrupción: mientras que en Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado Francisco Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su suerte a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.
CCOO pide "limpiar Madrid"
El caso de Fundescam, que no presenta cuentas desde 2002, "es la gota que ha colmado el vaso", apostilló Tomás Gómez. Lo hizo durante la clausura del congreso regional de UGT. Al cierre del cónclave sindical no acudió Arturo Fernández, que donó 57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas.
Frente a la beligerancia del líder socialista madrileño, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se atrincheró en la cautela. De la Vega se limitó a expresar su confianza en que todos los partidos se sitúen "en el marco de la ley", y declinó pronunciarse sobre la información difundida por Público.
El secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de "extremadamente grave" lo ocurrido
No sólo PSOE e IU exigieron responsabilidades. El secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de "extremadamente grave" lo ocurrido, reclamó la unidad de los partidos para "limpiar" Madrid de sospechas y expresó su preocupación por "esa mezcolanza de la economía y la política, ese doy para que me des".
Como informó Público el martes, Special Events, pieza clave en la trama del caso Gürtel, endosó en 2003 y 2004 a Fundescam facturas de las campañas del PP madrileño por valor de 300.000 euros.
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El sastre ratifica ante el juez que Camps no pagó los trajes
El testigo repasó decenas de facturas y tiques en el tribunal - Tomás declara que sólo Costa preguntó cómo abonar la ropa
. G. G. / J. M. L. / Madrid - Valencia - 22/05/2009
Francisco Camps no pagó los trajes. Así lo dijo ayer José Tomás, ex responsable de tienda en Milano y Forever Young, ante el juez instructor del caso Gürtel en Valencia. Los trajes, que el propio Camps encargaba, según Tomás, los pagó siempre, entre 2006 y 2008, Pablo Crespo, hombre de Francisco Correa, en efectivo o a través de sociedades de Álvaro Pérez. Lo repitió varias veces a lo largo de un interrogatorio que duró más de cinco horas entre mañana y tarde.
La oposición pide la dimisión del presidente "por mentir"
Empresas de la red corrupta saldaron las facturas del presidente valenciano
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Tomás ratificó la declaración que realizó en marzo ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional y ante la Fiscalía Anticorrupción. En síntesis, que en las tiendas "jamás" pagaron en metálico ninguno de los políticos imputados en la investigación, ni el presidente de la Generalitat; ni Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; ni Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; ni Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo. Añadió que sólo Costa, en una ocasión, pagó con Visa un par de vaqueros y que la secretaria de Costa se había interesado por la manera de hacer frente a los pagos.
Buena parte de la comparecencia se centró en el reconocimiento de facturas y tiques de caja aportadas al proceso por el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, que Tomás tuvo que identificar y relacionar con los artículos adquiridos para regalo por parte de los miembros de la trama. Se mostró muy prolijo en la descripción de las prendas adquiridos por la trama y pagados en efectivo por Crespo, y en alguna ocasión por transferencias de Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, también imputado.
El interrogatorio recayó preferentemente sobre el presidente, especialmente en las fechas de sus compras. Y los intentos de precisión provocaron la protesta del testigo. En un momento determinado, Tomás alegó que hacía casi cuatro años de los hechos y pidió que se hicieran cargo: "Yo intento recordar lo más que puedo...". De nada sirvió a las defensas de los imputados tratar de presionar al testigo sobre imprecisiones entre la declaración que realizara ante la policía primero y ante Garzón después. Tomás se mantuvo en que ni Camps ni los demás imputados pagaron los trajes. También fue interrogado por alguna de las conversaciones telefónicas aportadas por la policía al sumario, entre ellas la que mantuvo con Pablo Crespo para comentarle que le habían llamado declarar de la Fiscalía Anticorrupción. Además, confirmó que el presidente Camps le había estado llamando al móvil en reiteradas ocasiones en las fechas en que fue llamado a declarar por Anticorrupción, José Tomás aseguró estar contento y tranquilo, afirmó que no había recibido amenazas, que Camps había sido siempre muy correcto con él, que sabía hace cinco días -por razones que no explicó- lo que el presidente iba a declarar ante el juez y que aún así, sabiendo que Camps trataría de desacreditar su versión, él se había mantenido en "la verdad".
A unos metros de donde el sastre declaró, dos miembros del Gobierno de Camps salieron para denunciar "un montaje mediático". Rafael Blasco, consejero de Inmigración, calificó a Tomás de "auténtico desastre" porque además de ser el eje de "una calumniosa campaña de difamación contra el presidente Camps", llega a la declaración "acusado de haber falsificado facturas". Tomás, por su parte, aseguró que estudiará las querellas oportunas y que no está imputado en ninguna causa.
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El fiscal pide para Fabra dos años de prisión por falsear documentos
El ministerio público constata la falsificación hasta en seis ocasiones
MARÍA FABRA - Castellón - 23/05/2009
La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama dos años de prisión y una multa de 6.000 euros. Según el escrito de acusación del fiscal, en el que solicita la apertura de juicio oral, Fabra acordó manipular documentación con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios", plaguicidas y herbicidas. Una de las empresas beneficiarias de las autorizaciones era Artemis 2000, de la que era socia su entonces esposa, María Amparo Fernández.
Carlos Fabra Carreras
A FONDO
La juez de Nules debe decidir si abre juicio al presidente de Castellón
Anticorrupción considera también autores de este delito al entonces amigo de Fabra, el empresario Vicente Vilar, y a la ex esposa de éste, Monserrat Vives. Y dice de los tres que "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada". Vives era, entonces, socia de la ex esposa de Fabra, a la que, sin embargo, el fiscal excluye de su escrito de acusación al considerar que "no constan indicios de los que pueda desprenderse su participación". De la misma manera, considera que no debe ser juzgado ni el ex director general del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía, ni una de las personas que trabajaba para el laboratorio de la fábrica de Vilar. Sin embargo, sí pide un año de cárcel para el impresor Manuel Martínez, al que acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos falsos.
Según el fiscal, "consta que hasta en seis ocasiones fueron falsificados los sellos y firmas en la documentación" presentada ante el Ministerio de Agricultura entre diciembre de 2001 y agosto de 2002.
Ayer, tras celebrar la festividad de Santa Rita con los funcionarios de la Diputación, Carlos Fabra cargó contra la Fiscalía y, además de aludir al inicio de la campaña de las elecciones europeas, sostuvo que "la Fiscalía es una institución jerarquizada y se nota que está a las órdenes del Gobierno".
En el escrito de acusación, el fiscal apunta que la manipulación consistía en la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para ello utilizaban tampones falsos que, según el escrito, "en principio fueron proporcionados por Fabra". Después, los encargos se realizaron al impresor Martínez.
Ésta es una de las causas por las que se investiga a Carlos Fabra. En el Juzgado número 1 de Nules, desde hace cinco años, el presidente de la Diputación de Castellón está imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, después de que Vicente Vilar le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
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Alarte: "Nunca dejo que ningún delincuente me pague los trajes"
Camps pide en un mitin que "nada interfiera en el voto"
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Las amistades peligrosas de Camps
J. FERRANDIS - Valencia - 23/05/2009
Cuando a Francisco Camps le preguntaron el pasado mes de febrero en las Cortes por su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, y el empresario José Luis Ulibarri, ambos imputados en el caso Gürtel, el presidente valenciano contestó: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat. Y la verdad es que no tengo muchas personas definidas por su fisonomía". Pero lo cierto es que distintas circunstancias han hecho que Camps se haya rodeado de amistades tan peculiares como comprometedoras para su carrera política. Así, Camps no ha dudado, desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 2003, en contar con el afecto y la complicidad de Carlos Fabra. Un "ciudadano ejemplar", en palabras del propio Mariano Rajoy, capaz de "poner la mano en el fuego" por Camps tras ser imputado de un delito de cohecho por el Tribunal Superior valenciano.
Pero si Camps ha buscado en Castellón el respaldo de Fabra, en Alicante no ha dudado en apoyarse en el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias y uso privilegiado de información en un pelotazo urbanístico que le ha reportado ganancias millonarias.
Aunque la amistad que peores réditos le ha dado ha sido la de Álvaro Pérez, imputado por cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
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El fiscal pide 2 años de cárcel para Carlos Fabra por falsificar documentos y cuños de pesticidas
El presidente de la Diputación dice que la Fiscalía es una "institución jerarquizada que depende del Gobierno"
. Antequera, Castelló
El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha pedido dos años de prisión y multa de 6.000 euros para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por participar en la falsificación de cuños y documentos oficiales del Ministerio de Agricultura con el fin de lograr la aprobación de seis plaguicidas fabricados por Naranjax con sustancias ilegales importadas de China e India. El escrito de anticorrupción supone que Carlos Fabra se enfrenta por primera vez en cinco años de investigación judicial a una petición formal de penas de cárcel. Fabra recibió la noticia de su nuevo varapalo judicial en Cabanes, donde estaba celebrando la festividad de Santa Rita junto a los funcionarios de la institución provincial. El presidente de Castelló aseguró que "se nota que estamos en elecciones" y que "la Fiscalía Anticorrupción es una institución jerarquizada que depende del Gobierno". Además, se quejó de que los medios de comunicación han tenido acceso a la petición del fiscal antes que las partes.En su escrito, Pastor considera que los acusados -Vicente Vilar, gerente de Naranjax, su ex mujer Montserrat Vives, y Carlos Fabra-, "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada" para conseguir del Ministerio de Agricultura el "mayor número posible" de autorizaciones de productos plaguicidas para las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000, esta última administrada al 50% por Amparo Fernández, ex mujer del presidente de la Diputación, y por la ex esposa del industrial. El representante del Ministerio Público pide la misma pena de 2 años de prisión para Vilar y su ex pareja, mientras que para Manuel Martínez Martí, comercial jubilado de una imprenta, solicita un año. A su vez, Pastor interesa el archivo de la causa para Amparo Fernández; Domingo Cadahía, ex director general de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura; y Mohamed Chakir, un químico de Naranjax. El fiscal cree que no "constan indicios de los que pueda desprenderse la participación de estas personas en los hechos relatados". Fabra, su socio Vilar y Vives llevaron a cabo esta supuesta manipulación "simulando" informes técnicos e imitando documentos de laboratorios de India y China. Para dar una apariencia de autenticidad a los expedientes de las empresas asiáticas, los imputados llegaron incluso a fabricar sellos y cuños de caucho que, en un primer momento, "fueron proporcionados por el acusado Carlos Fabra Carreras para, posteriormente, ser proporcionados por el acusado Manuel Martínez Martí", según el ministerio público. Todas las solicitudes que se presentaban en las ventanillas del Gobierno central para su aprobación "fueron firmadas por la acusada Montserrat Vives". En la elaboración de estos documentos intervino también Hamdi el Azouzi, empleado de Naranjax, que actualmente se halla en paradero desconocido. El fiscal solicita a la juez de Nules que se mantengan las órdenes de averiguación de paradero de esta persona y que se abra un proceso separado contra él.
Pastor hace constar además que los cuños y papeles presentados ante el Registro Fitosanitario por Comercial de Industrias Químicas Arcavi fueron falsificados hasta en seis expedientes distintos. Con esta decisión, Pastor se suma al auto emitido por María José Calvo, sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, quien la semana pasada dio un impulso decisivo a la investigación del caso Fabra al convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado, preparando de esta manera la apertura de juicio oral contra todos los imputados tras "apreciar indicios de delito". El fiscal hace constar que Montserrat Vives, Carlos Fabra y Manuel Martínez Martí carecen de antecedentes penales, mientras que Vicente Vilar los posee por estar actualmente encarcelado por la violación de Vives, aunque "no son computables en la presente causa".
Para la Fiscalía Anticorrupción, Vilar, Vives y Fabra son autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial de los artículos 390.2º, 392 y 74 del Código Penal, mientras que Manuel Martínez lo sería del delito de fabricación o tenencia de útiles para cometer la falsificación.
De cara al juicio oral, Pastor pide el interrogatorio de los acusados y varias pruebas documentales. Además, reclama al Ministerio de Agricultura los seis expedientes de productos insecticidas supuestamente falsificados.Los sustancias que Artemis 2000 sacó al mercado con documentación falsa estuvieron circulando por los campos del país durante dos años. El Ministerio de Agricultura abrió una investigación en 2005 -dos años después de que Vilar destapara el escándalo con la presentación de dos querellas en Nules- y terminó prohibiéndolas en 2006 "por resultar peligrosas", tal y como informó Levante de Castelló en aquellas fechas.
La acusación de Anticorrupción coincide en sus argumentos con el auto dictado hace una semana por la juez de Nules. Según Calvo, existen indicios de que los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían participado en la falsificación de "análisis químicos, sellos y firmas de productos fitosanitarios" no autorizados en España.
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La conspiración Gürtel cambia a Garzón por un sastre en taxi
El Consell pasa de denunciar un montaje contra el PP en la Audiencia Nacional a ver una trama político-mediática con Tomás de estilete
F. Arabí, Valencia
Ni siquiera las conspiraciones escapan al darwinismo. El conseller de Inmigración y estratega de cabecera del PP valenciano, Rafael Blasco, aportó el jueves las muestras de campo que corroboran la capacidad de mutación de los montajes y tramas que pueblan la escena política para adaptarse a las circunstancias ambientales. Blasco y el vicepresidente Juan Cotino -ángeles de la guarda de Camps en el escándalo Gürtel- denunciaron la existencia de un "montaje" político y mediático" en una "trama" orquestada por el Gobierno socialista con apoyo de infantería en algunos medios de comunicación y con el sastre José Tomás como punta de lanza de esa "maquiavélica" estrategia de acoso al Consell. La prueba del algodón, el símbolo de esa alianza sería, para el Consell, la llegada de Tomás en un taxi acompañado por un periodista y un cámara de la televisión Cuatro. Resulta que estos informadores aguardaron, junto a otros de La Sexta, en la Estación del Norte la llegada de quien acudía a declarar al TSJ valenciano como testigo. Una vez pisó suelo valenciano, los de Cuatro se montaron en el vehículo con el sastre a la caza de la exclusiva. Fue "una muestra de audacia por parte del medio", admitió Blasco. Pero acto seguido usó el hecho como una especie de prueba de cargo de la conspiración que está en "fase avanzada", según explicó. El sastre con el taxi acompañado de los informadores sustituye así como icono al juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Filtraciones desde las alturas
Atrás han quedado los tiempos en que el magistrado cazador de venados junto con el ex ministro Bermejo era el estilete de una estrategia de acoso al PP con apoyo del Gobierno. Lo explicó Cotino antes que Blasco en esa misma rueda de prensa montada para desacreditar las declaraciones de José Tomás en las que reiteraba que Pablo Crespo, a través de Orange Market y otras empresas de la trama, pagó los trajes de Camps. "Hay personas que desde puntos muy altos del Gobierno están filtrando partes interesadas", dijo Cotino.
Otro de los vicepresidentes, Vicente Rambla, interpretó la llegada del sastre con los periodistas en el taxi como un prueba de que José Tomás está "tutelado por un grupo de comunicación".
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dissabte, 23 de maig del 2009
dimarts, 19 de maig del 2009
PP Vice 19/05/2009. 2. El PP usó una red de financiación paralela en las elecciones del 'tamayazo'.
"Público", 19/05/2009, portada i pàgina 1._
Una fundación del PP de Madrid recaudó casi un millón de euros entre empresarios y pagó las campañas que dieron el Gobierno a Aguirre.
IGNACIO ESCOLAR ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 19/05/2009 07:30
El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre. El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000. Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña.
Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid
Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento al que ahora ha tenido acceso Público, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.
Correa también facturó a FAES por la campaña de Esperanza Aguirre
Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".
Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.
FAES también pagó
Los empresarios que pagaron al PP ganaron después contratos públicos
En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos". Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público. En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.
El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.
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MARCO SCHWARTZ - 19/05/2009 08:02
Sólo la justicia puede dictaminar si un mecanismo de financiación política es ilegal. Lo que sí se puede afirmar sin necesidad del pronunciamiento de un tribunal, con la información que hoy aporta Público, es que el sistema de abastecimiento de fondos y pago de campañas electorales que montó el PP a través de la fundación Fundescam resulta, como mínimo, opaco e irregular.
Opaco, por cuanto Fundescam dejó de cumplir con su obligación de presentar las cuentas en el registro de fundaciones en el ejercicio del 2003, justo en el que sufragó las campañas electorales del PP correspondientes en el tiempo al escándalo del tamayazo.
Irregular, porque, entre otras cosas, Special Events -empresa que se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel- facturaba a Fundescam bajo dos ítems: el "concepto real" (las campañas electorales) y el "concepto factura", es decir, el ficticio; montaje de cursos, seminarios, etcétera.
Todo este entramado apesta. Y explica por qué el PP se mostró tan reticente para reformar la ley de financiación de partidos, que finalmente salió adelante en 2007. La nueva ley establece que las donaciones que reciban deben someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados y fija un límite de 150.000 euros por donante.
Fundescam -presidida por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuran destacados dirigentes del PP madrileño- recibió importantes aportaciones de empresarios madrileños, algunos de los cuales fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que en este engranaje, como se señalaba arriba, aparezca Special Events. No parece una mera casualidad.
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"¡Ladrón, trajes para todos!"
Declara el 'número dos' de Camps, imputado por recibir trajes por un importe de 7.325 euros de una de las empresas de la red de Correa
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Expertos penalistas creen que la clave para establecer el delito está en demostrar una relación entre la dádiva y las decisiones del funcionario
FERNANDO VARELA - PÚBLICO - 19/05/2009 08:11
El PP lleva semanas restando importancia a los trajes que Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana, aceptó de Álvaro Perez, El Bigotes, uno de los principales implicados en el caso Gürtel. Pero aunque los conservadores lo consideren un asunto menor, basándose en que la factura suma apenas 12.000 euros, expertos en Derecho Penal consultados por Público sostienen que los trajes en cuestión suponen valor económico suficiente como para ser considerados cohecho, siempre que se establezca que el regalo tenía como objetivo influir en las decisiones de Camps.
¿Qué es el cohecho?
El delito de cohecho, precisa Jorge Vizueta, del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, trata de penalizar tanto al que solicita o recibe un regalo o una dádiva por hacer algo como al que lo ofrece. El regalo es, precisamente, lo más característico del cohecho. Puede ser dinero en metálico, pago de servicios, viajes y, por supuesto, prendas de vestir.
¿Importa el valor del regalo?
Todos los expertos consultados coinciden en señalar que no todos los regalos son iguales. "Un bolígrafo", señala Vizueta, "no tiene gran valor" a estos efectos, pero "trajes de 12.000 euros, sí". El límite de los correcto no está escrito en ninguna parte; depende de la jurisprudencia y tiene que ver con los usos "socialmente admisibles". María José Rodríguez Puerta, profesora de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona, asegura que "cualquier regalo desborda la ética" pública, pero sólo los que tienen valor económico pueden dar lugar a un delito. Un billete de lotería, argumenta, puede estar dentro de lo socialmente tolerado, pero no una suma en metálico, da igual que sean "1.000 euros o 40.000".
Según Inés Olaizola, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, lo importante no es la cuantía de la dádiva, sino el hecho de que se entregue para que un funcionario público cometa un delito. Por eso es irrelevante, subraya, cuando el regalo se entrega a alguien por "un acto propio de su cargo". Eso ocurre cuando "un médico opera a mi hijo y yo le hago un regalo", explica.
¿Qué hace falta para que un regalo sea cohecho?
En la medida en que el regalo se entrega para que el funcionario público cometa un acto constitutivo de delito, siempre será cohecho, argumenta Olaizola. En el caso de los trajes de Camps, razona, "hay que demostrar" que se recibieron a cambio de un compromiso para favorecer a alguien, se trate de una persona física, de una empresa o de un partido. Con todo, Olaizola no es tan pesimista como algunos de sus colegas, que confirman la dificultad de probar el cohecho. Demostrar la conexión "no es lo más dificil. Es cuestión de indagar", asegura.
"Cualquier regalo desborda la ética pública", asegura María José Rodríguez Puerta
La recepción de regalos está prohibida bajo determinadas circunstancias. Si el regalo se entrega "en consideración a la función" que desempeña quien lo recibe, explica Vizueta, sí se puede castigar; pero si se da alegando sólo amistad, no sería perseguible.
Para Inmaculada Valeije, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Vigo, regalar un jamón de jabugo, que puede tratar de "predisponer una decisión", "lamentablemente se considera un regalo sin más". En su opinión, la principal circunstancia para establecer que existe cohecho sería que "quien realiza el regalo tenga intereses que dependen de las competencias del funcionario público". El mero hecho de aceptar dádivas de quien solicita licencias o contratos ya "es sospechoso" y "pone en entredicho la ética" de quien lo hace.
Valeije llama la atención sobre la práctica de aceptar presentes de alguien, sean maletas de Vuitton o trajes de marca. "El que acepta regalos de los administrados, difícilmente permanece imparcial el día que tiene que tomar una decisión que les afecta", concluye.
¿El cohecho está bien regulado en España?
En este punto, la opinión de los expertos es muy crítica. Rodríguez Puerta explica que la regulación española del cohecho "es muy compleja, poco clara y hace muy difícil la tarea de los tribunales. Las pruebas son complicadas porque todos están interesados en ocultar". "Es muy difícil establecer una vinculación entre la decisión del funcionario y el pago recibido", confirma Valeije.
En cambio, Olaizola sostiene que, "en principio, el delito está bien regulado". Y sólo observa algunos defectos relacionados con la confusión derivada de la redacción de algunos artículos. "Un problema importante en el cohecho", subraya, es que aun "probando los hechos y castigando al funcionario, es mucho más difícil castigar a la empresa que soborna". "Es más una costumbre de los tribunales", señala, que tienen "la mentalidad de sancionar al funcionario corrupto" y no toman en consideración "que hay empresas con gran poder económico capaces de ejercer unas labor corruptora enorme".
Inmaculada Valeije afirma que quien "acepta dávidas, difícilmente permanecerá imparcial"
El vigente Código Penal, explica Valeije, "no responde a las formas refinadas que adopta la corrupción hoy en día". Las penas "son bajísimas" en relación con los tres delitos relacionados con este ámbito: las negociaciones prohibidas, los conflictos de intereses y el cohecho. Hoy en día, tiene más castigo robar 200 euros en la calle que aceptar un soborno desde un cargo público, asegura la profesora de la Universidad de Vigo.
Todos opinan que el proyecto de reforma del Código Penal, actualmente en preparación, no va a mejorar sustancialmente las cosas. "Algo se hace mal cuando el derecho penal no cumple su función y no ataja el delito", concluye Vizueta.
El penalista de Zaragoza es muy crítico con que en España se castigue más el cohecho, un "acto preparatorio" para la comisión de otro delito, normalmente de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), que ese delito mismo.
¿Deberían prohibirse los regalos a funcionarios?
De nuevo la mayoría de los expertos consultados están de acuerdo. Apuestan por la prohibición, porque la dificultad de probar el cohecho consagra una cierta impunidad de los funcionarios públicos que utilizan la administración al servicio de sus intereses personales. "Deberían prohibirse para evitar dudas" y poner fin la "tolerancia" que existe con las prácticas destinadas a "engrasar actos de la Administración", asegura Rodríguez Puerta.
La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona sostiene además que sería muy conveniente "establecer un código ético y castigar como cohecho cualquier regalo con valoración económica". "Hay que atajar las prácticas corruptas" porque "el sistema no ha funcionado", afirma tajante.
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Cuando aparecieron las primeras noticias sobre los trajes del presidente Camps, el muy honorable (es un decir) aseguró que los trajes se los pagaba él. Y el ínclito Trillo, un tipo con una ética a prueba de caída de aviones en Trabzon, explicó que Camps tenía la curiosa costumbre de pagar sus compras en metálico. Pero ahora ya nadie en el PP sostiene que Camps se paga sus trajes. Esa línea de defensa ha muerto.
Cuando surgieron las primeras noticias sobre la amistad entre Camps y El Bigotes, el muy honorable (es un decir) afirmó que prácticamente no conocía a tal señor. Pero resulta que el pollo le hace regalos a la mujer y a la hija del presidente, que los dos machotes se quieren un huevo, que son amiguitos del alma y que les gusta mucho “hablar de lo nuestro”. O sea, de lo suyo. Así que ahora en el PP todos asumen que Camps siempre tendrá un Bigotes a su lado (sin que ello suponga eclipsar la relación entre Bush y El Bigote por excelencia, claro). Esa línea de defensa ha muerto.
Cuando quedó claro que Camps no tenía facturas y que la amistad con El Bigotes era sólida, el muy honorable (es un decir) esparció la especie de que un presidente no se corrompe “por tres trajes” y que en ningún caso lo iban a imputar; eso sí, sin aclarar cuántos trajes hacen falta para colgarle el cartel de “se vende”. Y, sin embargo, mañana tendrá que sentarse ante el juez imputado por un delito de cohecho, por la sencilla razón de que la cuantía del regalo recibido no es determinante para establecer la existencia del delito. Esa línea de defensa ha muerto.
Pero permanezcan atentos. Seguro que montarán nuevas líneas Maginot.
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"El País", 19/05/2009, pàgina 14._
Em resulta entendridor com s'estimem tots dins el partit de la dreta: "se arropan", s'plaudeixen quatre minuts, posen la mà al foc els uns pels altres. Exemplar. I ja poden donar-se suport perquè la desfilada pels tribunals es preveu llarga i pot acabar deixant-los exànimes.
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Correa apuntó pagos a otro diputado del PP y al ex jefe de gabinete de Cascos
La 'caja B' indica que Jesús Merino, parlamentario y ex vicepresidente de Castilla y León, recibió 220.000 euros en varias entregas, y Álvaro de la Cruz, otros 30.000
JOSÉ MANUEL ROMERO / CARLOS E. CUÉ - Madrid - 19/05/2009
La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.
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Sáenz de Santamaría recuperó a Merino como portavoz adjunto en 2008
De la Cruz trató de lograr contratos del Gobierno de Madrid a través de Bárcenas
Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.
En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.
Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.
En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.
De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.
A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.
Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.
En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.
"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.
Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse.
Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.
Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.
Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.
De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.
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"¡Ladrón!, ¡ladrón!"
Declaran ante el TSJ valenciano los dos primeros imputados del 'caso Camps'. La llegada de Ricardo Costa, mientras declaraba Víctor Campos, suscita algunos gritos de los viandantes
JOAQUÍN FERRANDIS / LYDIA GARRIDO - Valencia - 19/05/2009
"¡Ladrón!, ¡ladrón!" y "¡sinvergüenza!, ¡sinvergüenza!", además de alguna alusión al ya famoso "¡trajes para todos!", han sido los gritos con los que acogieron algunos viandantes, a las 11.15, la llegada de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, al edificio que alberga al Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Valencia, literalmente blindado por la policía para evitar que ningún periodista pueda acceder a su interior mientras declaran los imputados en la trama de corrupción. No pudieron evitar la escena los componentes de un grupo de jóvenes de Nuevas Generaciones apostados en el lugar desde primera hora, aunque intentaron contener a una mujer que increpaba a Costa.
"¡Ladrón!, ¡ladrón!" y "¡sinvergüenza!, ¡sinvergüenza!", además de alguna alusión al ya famoso "¡trajes para todos!", han sido los gritos con los que acogieron algunos viandantes, a las 11.15, la llegada de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, al edificio que alberga al Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Valencia, literalmente blindado por la policía para evitar que ningún periodista pueda acceder a su interior mientras declaran los imputados en la trama de corrupción. No pudieron evitar la escena los componentes de un grupo de jóvenes de Nuevas Generaciones apostados en el lugar desde primera hora, aunque intentaron contener a una mujer que increpaba a Costa.
Ricardo Costa Climent
Francisco Camps Ortiz
El primero en llegar, acompañado de su abogado, poco después de las nueve de la mañana, fue el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, que empezó a declarar a las 10.00 ante el magistrado instructor José Flors. Según la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Campos habría recibido trajes por valor de 4.850 euros pagados por Orange Market, la empresa que organizaba los actos electorales y políticos del PP valenciano presidida por Álvaro Pérez, también imputado, que ha recibido contratos por más de seis millones de euros de la Generalitat Valenciana. Por su parte, Costa habría recibido trajes por valor de 2.400 euros de la trama corrupta.
Camps, el miércoles
Costa se ha limitado a explicar a las decenas de periodistas apostados ante el TSJ que se disponía a hablar con su abogado y que, a la salida, tiene la intención de hacer algún comentario a la prensa. Su declaración está prevista a las doce. El número dos de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, que declarará mañana, llegó acompañado de tres vicesecretarios de la ejecutiva regional del PP: César Augusto Asencio, Marta Torrado y David Serra.
Aunque hoy estaba previsto inicialmente que fuera Camps quien comenzara las declaraciones ante el juez Flors, ayer se trasladó a mañana su comparecencia por problemas de compatibilidad horaria de su abogado, Javier Boix, que tenía otra cita en los tribunales a la hora fijada. Boix ha pasado esta mañana un momento por la sede del TSJ para cumplimentar alguna diligencia y ha abandonado el palacio de justicia.
Miquel Domínguez, concejal del Ayuntamiento de Valencia, revisó personalmente el dispositivo organizado, con vallas policiales en las cuatro esquinas de la sede del TSJ, un edificio histórico que fue Aduana, Fábrica de Tabacos y sede la antigua Audiencia. En los jardines situados enfrente, se han ubicado las lanzaderas y unidades móviles de las televisiones, mientras periodistas y curiosos permanecen apostados ante la entrada.
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Vídeo: Comparece ante el juez el ex vicepresidente Campos
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El juez pedirá todos los contratos con Orange Market
Pueden ser citados la presidenta de las Cortes valencianas y cinco consejeros
L. GARRIDO / M. OLIVARES - Valencia - 19/05/2009
Altos cargos del Gobierno valenciano tendrán que declarar ante el juez y explicar los contratos adjudicados por la Generalitat a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. José Flors, instructor de la parte valenciana del caso Gürtel, dictó ayer una providencia en la que comunica que investigará todos los contratos de la Generalitat con esa empresa y con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien gozaba de la confianza de altos cargos de la administración autonómica, gobernada por el PP.
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Dicha providencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), recoge específicamente que serán citadas a declarar las personas que autorizaron los contratos con Orange Market y aquellas que formaron parte de las mesas de contratación. Eso significa que tendrán que acudir ante el juez, en calidad de testigos, cargos de la máxima relevancia institucional y probablemente decenas de funcionarios.
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Dicha providencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), recoge específicamente que serán citadas a declarar las personas que autorizaron los contratos con Orange Market y aquellas que formaron parte de las mesas de contratación. Eso significa que tendrán que acudir ante el juez, en calidad de testigos, cargos de la máxima relevancia institucional y probablemente decenas de funcionarios.
En primer lugar, lo harán Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y consejera de Turismo entre 2003 y 2007; Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana; Angélica Such, actual consejera de Turismo; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación; o Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración, que era responsable de Territorio cuando la empresa pública Vaersa adjudicó a Orange Market una campaña publicitaria, en noviembre de 2004, por 138.678 euros en un procedimiento negociado sin publicidad.
Son sólo algunos de los cargos que podrán acudir. Orange Market ha conseguido, al menos, ocho millones de euros de la administración valenciana, una cuarta parte por adjudicación directa, sin concurso.
El instructor pretende así, con la pericial contable y los testimonios, comprobar la relación entre los apuntes de contabilidad, los regalos y los contratos, a través de documentos, declaraciones y grabaciones. Eso podría ampliar la investigación a tráfico de influencias y prevaricación. Vaersa ofreció el trabajo a tres empresas que tenían el mismo administrador único.
Adjudicaciones a Orange Market
- El pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, entre 2005 y 2009. El primero, por 1.344.000 euros. El último, por 916.000 euros.
- Los conciertos y actos con ocasión de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante el pasado mes de octubre por un total de 445.000 euros.
- Una campaña de publicidad para el uso del contenedor amarillo por 140.000 euros en noviembre de 2004. Orange Market incumplió el contrato y cobró la mitad.
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Camps recibe el apoyo de sus fieles antes de declarar en el TSJ
Docenas de cargos populares ovacionan durante cinco minutos al presidente
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Ricardo Costa llega "muy tranquilo" a declarar
El ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el primero en prestar declaración por la supuesta trama de corrupción del PP, asegura que todo ha ido "muy bien"
EFE/LEVANTE-EMV.COM
El secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa, acaba de llegar a la sede del Tribunal Superior de Justicia para prestar declaración como imputado por su relación con la supuesta trama de corrupción de su partido, y ha asegurado estar "muy tranquilo".
Costa está citado por un supuesto delito de cohecho, motivo por el que también ha prestado declaración el ex vicepresidente del Gobierno valenciano entre 2004 y 2007 Víctor Campos, quien ha llegado al Palacio de Justicia una hora y cuarto antes de lo previsto.
Campos ha abandonado el Palacio de Justicia de Valencia tras haber declarado durante media hora como imputado en el denominado "caso Gürtel" ante el magistrado instructor por un supuesto delito de cohecho, y ha reconocido estar "muy tranquilo" porque todo ha ido "muy bien".
Campos ha salido a las 11.45 horas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a la que había llegado a las 09.15 para prestar declaración a partir de las diez y media de la mañana ante José Flors acompañado por su abogado.
El ex vicepresidente del Gobierno valenciano, a preguntas de los periodistas que abarrotan los exteriores del Palacio de Justicia, se ha limitado a reiterar que no iba a hacer declaraciones sobre su imputación en este caso y ha reconocido que no ha visto al secretario general del PPCV, Ricardo Costa, quien está previsto que empiece a declarar a las 12.00 horas.
Campos es el primero de los cinco imputados que entre hoy y el próximo jueves acudirán a declarar ante el magistrado instructor encargado de la causa abierta en Valencia por un supuesto delito de cohecho, entre los que se encuentra el president de la Generalitat, Francisco Camps.
Las declaraciones continuarán mañana con la comparecencia de Camps, a quien seguirán el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret y el responsable de la empresa Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez. El secretario general de los populares valencianos ha llegado al TSJCV a las 11.15 horas, a pie y semblante sonriente, acompañado por el vicesecretario general del PPCV, David Serra, quien ha dicho que Costa está "fenomenal de ánimos".
Tanto Costa como Serra han emplazado a los periodistas a las declaraciones que el primero realizará a su salida de la declaración ante el magistrado instructor del caso, José Flors.
La llegada del "número dos" de Francisco Camps ha estado acompañada de una gran expectación entre los numerosos medios de comunicación que aguardan a las puertas del Palacio de Justicia desde primera hora de la mañana.
Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa.
Costa ha reiterado en diversas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia "para que se aclaren cuanto antes todas las infamias vertidas contra los populares".
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El ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, primer imputado en declarar
Ha asegurado estar "muy tranquilo" tras prestar declaracion durante poco más de media hora Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia por el 'caso Gürtel'
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Ha asegurado estar "muy tranquilo" tras prestar declaracion durante poco más de media hora Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia por el 'caso Gürtel'
Ha asegurado estar "muy tranquilo" tras prestar declaracion durante poco más de media hora Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia por el 'caso Gürtel'
EUROPA PRESS 19-05-2009
El ex vicepresidente de la Generalitat valenciana Víctor Campos ha asegurado estar "muy tranquilo" tras prestar declaracion durante poco más de media hora ante el juzgado instructor del ''caso Gürtel'' en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde acudió a declarar en calidad de imputado por un presunto delito de cohecho.
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Camps ha recibido el apoyo de su Gobierno a dos días de que declare como imputado en el "caso Gürtel". Al acto ha asistido también la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por los consellers de Educación, Alejandro Font de Mora; Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y Bienestar Social, Juan Cotino. Camps no ha querido contestar a las preguntas de los medios sobre su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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Campos, que llegó a las dependencias del Tribunal valenciano sobre las 09.15 horas acompañado de su abogado, el penalista Vicente Grima, indicó que estaba "muy tranquilo" pero que, como ya dijo, no iba a hacer "ninguna decaración".
"No puedo decir nada", insistió Campos, quien además comentó que no había podido ver al secretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, Ricardo Costa, quen llegó al TSJCV sobre las 11.15 horas.
Costa llega "muy tranquilo" para declarar como imputado por el caso "Gürtel"
El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, ha señalado al Tribunal superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde declarará como imputado por el denominado ''caso Gürtel'', rodeado de una gran expectación y acompañado por el vicesecretario de Organización de los populares valencianos, David Serra, y la vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado.
Costa llegó pasadas las once de la mañana a pie desde el Parterre a la calle del Justicia y aseguró a las decenas de periodistas que le esperaban a la entrada del TSJCV que iba a subir a ver a su abogado y que una vez terminara su declaración, atendería a los medios.
Tras acompañar a Costa hasta la entrada del Palacio de Justicia, Torrado y Serra volvieron al exterior de la sede judicial y el vicesecretario de Organización manifestó a los medios de comunicación que había visto "fenomenal de ánimo" al secretario general del PPCV.
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