Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Benito Portela señala en La Ventana de Galicia que desde 1975 el Estado asumió parte de los costes del inmueble, y que esos gastos deben tenerse en cuenta a la hora de fijar una indemnización para la familia Franco
El alcalde de Sada valora como “una victoria de la ciudadanía” la decisión del Tribunal Supremo que vuelve a ratificar la titularidad pública del Pazo de Meirás, un pronunciamiento que, según el regidor, confirma por tercera vez en sede judicial que el inmueble “nunca debió dejar de ser patrimonio público”.
En una entrevista en La Ventana de Galicia, Portela recuerda que ya en 2018 el consistorio votó en contra del dictamen emitido por el Parlamento de Galicia al considerar que la familia Franco “no podía ser poseedora de buena fe”, pues —argumenta— era conocedora de la existencia de “escrituras simuladas” de 1941 que aparentaban una compraventa nunca producida. “Eran conocedores y partícipes de las irregularidades, por lo que la buena fe no se podía aplicar”, sostiene.
Tras la sentencia, uno de los puntos en discusión es el relativo a la posible indemnización a la familia Franco por los gastos de conservación del inmueble durante las décadas de ocupación. El alcalde sostiene que, de producirse una liquidación posesoria, esta debe basarse en un “cómputo riguroso” de las cuentas, recordando que en los juicios quedó probado que el Estado asumió parte de los costes de mantenimiento incluso en 1975: “Había guardias civiles destinados a la seguridad del Pazo, pagados con fondos públicos, protegiendo una propiedad privada de uso exclusivo de la familia”, recuerdan fuentes municipales, que consideran que este hecho debe ser tenido en cuenta en la evaluación económica final.
De cara al futuro, el alcalde de Sada defiende que el Pazo de Meirás debe ser transferido a la Xunta de Galicia, pero mediante una cesión condicionada a los usos de memoria democrática y a la recuperación de la figura literaria de Emilia Pardo Bazán. “La finalidad debe ser que el Pazo sea del pueblo gallego y que se utilice para dignificar la memoria”, señalan. La administración municipal reivindica también su papel histórico en la lucha por la recuperación del Pazo y considera “de justicia” mantener un protagonismo en la gestión o programación de actividades relacionadas con la memoria democrática. “Nuestra participación fue siempre muy activa y así seguirá siendo. Es nuestro deber: honrar la memoria de las víctimas del franquismo”, indican. Para el Ayuntamiento, la sentencia marca el camino para que Meirás se convierta en un espacio de referencia en el estudio y la difusión de la memoria histórica. “Debe recordarse a Pardo Bazán, pero también el hecho de que fue sede oficial de la Jefatura del Estado durante la dictadura franquista. Tiene un profundo significado histórico y debe ser un ejemplo de recuperación democrática”, concluyen.
Agresiones sexuales, rapados, aceite de ricino... La antropóloga Dolores Martín-Consuegra ha documentado una serie de prácticas que la represión franquista llevaba a cabo, especialmente en zonas rurales, y sobre la que se impuso un silencio que sus protagonistas quieren romper
Cuatro mujeres de Oropesa (Toledo) rapadas durante la guerra civil Foto: Mujeres, memoria y justicia
‘Levántate el mandil’ fue la frase que cambió la investigación de Dolores Martín-Consuegra. Esta antropóloga, natural de Herencia (Ciudad Real), se encontraba realizando un trabajo de investigación sobre la hambruna de los peores años del franquismo en su pueblo.
“Al preguntar a una de las paisanas más mayores del pueblo, esa mujer me dijo dos cosas que me perturbaron”, explica Martín-Consuegra. “Una de ellas era que la gente no es que se pasara hambre, sino que se moría de hambre. La otra es que, si te pillaban con artículos de estraperlo, te los quitaban y te tenías que levantar el mandil”.
Una expresión, la de levantarse el mandil, que alude de forma velada a unas agresiones sexuales de la que hasta entonces no tenía constancia. Fue entonces cuando la antropóloga decidió continuar con la investigación, preguntando a más y más mujeres del pueblo, para descubrir todo un sistema de represión que tenía a la mujer en el centro. Lo ha contado estos días, coincidiendo con el 8M, durante un acto en Villacañas (Toledo).
Rapados y aceite de ricino: “Era tremendamente violento”
La antropóloga se enteró rápido de otras prácticas como la del rapado de cabello. “Cortaban el pelo mujeres, incluso a las niñas, con un pasado ideológico de izquierdas. Era muchas veces por los llamados 'delitos de consorte', asociados en algunos casos a presuntos delitos políticos cometidos por su marido”. Un castigo que tenía por objetivo exponerlas delante de todo el pueblo. “Era una forma de humillación pública. Les iban preguntando '¿Por qué vais rapadas?' y ellas tenían que responder: ”Por putas“. El rapado era un acto ”tremendamente violento“ que podía llevar asociado agresiones sexuales.
Estas prácticas no fueron exclusivas de Herencia. La investigación comenzó ahí, pero se extendió por otros municipios de Castilla-La Mancha: Alcázar de San Juan, Camuñas, Villafranca de los Caballeros, Turleque, Lillo, La Guardia, La Solana, Manzanares, Alhambra, Villarta de San Juan, Tomelloso, Tembleque, Los Llanos, Dos Barrios, Belmonte o Puertollano, que confirmaron sus resultados.
Además, también tuvo constancia de que prácticas como la del rapado se dieron de forma sistemática en todo el territorio español. “Esto se ha producido en toda España, en el territorio insular también. Se alentaban este tipo de prácticas”, afirma Martín-Consuegra, que ha recogido los resultados de sus averiguaciones en la 'Investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática'.
El castigo del rapado casi siempre iba acompañado por la ingesta forzada de aceite de y otros gestos que reforzaban la humillación de las víctimas.
Esto se ha producido en toda España, en el territorio insular también. Se alentaban este tipo de prácticas
“Imagínate. Domingo, termina la misa de las 12. Una procesión de señoras va desfilando bajo los efectos del aceite de ricino, defecando, vomitando, delante de sus paisanos, de sus madres, de sus padres, de sus hijos, hijas, es decir, todo lo que quieras imaginarte”, relata Martín-Consuegra.
La humillación se completaba colgando del cuello de las víctimas un cartel que rezaba ‘peladas por putas’. En otras ocasiones se las dejaba un pequeño mechón atado con un lazo rojo y en otras se pintaba un círculo azul en la cabeza de la mujer rapada.
“Entre todos se delataban”
¿A qué respondían este tipo de prácticas? ¿Qué llevaba a unos vecinos a someter a sus vecinas a estas humillaciones? La antropóloga hace un paralelismo con los tribunales de la Inquisición española, cuando unos vecinos se acusaban unos a otros.
Había gente que creía en la “necesidad de exterminar al rojo” y a sus descendientes, pero también había gente que necesitaba delatar a los demás para lavar su imagen. “En un mundo de miedo, si delatabas a un rojo, a lo mejor te veías más libre de sospecha. Entre todos se delataban”. Y eran las mujeres quienes, en muchas ocasiones, sufrían las consecuencias de las sospechas que recaían sobre sus maridos.
El estudio llevado a cabo por Martín-Consuegra ha constatado que los “procesos normalizadores” de la violencia de género en el pasado se han naturalizado en el presente. Es decir, el silencio sigue imperando y cuesta sacar a la luz estas situaciones. “Esta acción normalizadora, unida a los complejos entramados vinculados con la vergüenza, la honra y el honor, continúa ejerciendo una influencia importante en el silencio actual de las víctimas de violencia de género”, concluye el estudio.
Imagínate. Domingo, termina la misa de las 12. Una procesión de señoras va desfilando bajo los efectos del aceite de ricino, defecando, vomitando, delante de sus paisanos, de sus madres, de sus padres, de sus hijos, hijas, es decir, todo lo que quieras imaginarte
Un silencio que era tal que la antropóloga desconocía la realidad que habían vivido sus paisanas años atrás. “Yo no tenía la menor idea de que esto había sucedido”, reconoce. Y darse cuenta de esas situaciones le supuso “un problema identitario”, ya que conocía tanto a las víctimas como a los victimarios. “¿Con quién me he criado y dónde me he criado?”, se preguntó entonces.
“Que sepan lo que hemos pasado”
Por eso, parte del trabajo que ha llevado a cabo tras hacer la investigación se ha centrado en dar a conocer esta realidad, pero, sobre todo, en dar voz a las víctimas que la sufrieron. En esa labor de difusión, uno de los elementos más importantes fue la grabación de un cortometraje titulado 'Levántate el mandil', en el cual se recogen testimonios reales de mujeres represaliadas en distintos municipios de Castilla-La Mancha.
“Venían a pasar la juerga con ellas. Hacían lo que querían. Me lo contó mi madre. Era muy duro y era muy...”, explica una de las mujeres que relatan lo ocurrido en el corto, sin poder terminar la frase. “¿Por qué paso? ¡Que se cuente! Fue una vergüenza!”, comenta otro de los protagonistas del vídeo, sobrino de un republicano represaliado.
“Hubo un silencio impuesto que se prolongó durante décadas. Muchas vivieron y murieron sin poder nombrar la violencia sufrida”. Por eso, asegura que hay mujeres que, a día de hoy, quieren hablar de lo sucedido, ya que el silencio, impuesto y autoimpuesto, ha causado un “trauma transgeneracional”. “Si tú te has criado con una madre que fue humillada públicamente, que estuvo aterrada, que fue violada y que no ha sido reparada, ese trauma se queda ahí. Y con ese trauma tú crías a tus hijos”.
La antropóloga explica que hablar tiene efectos sanadores. Por eso, cuando hoy en día hace un visionado público de su corto ‘Levántate el mandil’ en los pueblos de La Mancha, todavía se encuentra con gente que quiere hablar. “Quiere contar lo que su madre, su abuela le contó y quiere contar. Si tú te crías en una familia donde todo esto ha ocurrido y no hay una elaboración del shock postraumático, pues hay una transmisión transgeneracional del trauma.
No me importa que se pregone, no me importe que se enteren. Quiero que la gente joven sepa lo que los mayores hemos pasado en ese tiempo
Dolores Martín-Consuegra compara esa necesidad de empoderamiento con el caso de la francesa Gisèle Pelicot. “A ella lo que la empodera es ese reconocimiento público de su realidad como víctima. Es lo que la lleva a decir ‘retransmitan mi juicio’ y después a escribir un libro”.
Como dice otra de las protagonistas de 'Levántate el mandil': “No me importa que se pregone, no me importe que se enteren. Quiero que la gente joven sepa lo que los mayores hemos pasado en ese tiempo”.
El fallo en los tribunales abre una nueva etapa en la ya dilatada historia de este edificio, con algunas cejas arqueadas por la indemnización a los herederos del franquismo
La Sala Primera del Alto Tribunal emitía este jueves una resolución histórica en la que obligaba a los descendientes de Francisco Franco a devolver el Pazo de Meirás y que vuelva definitivamente a la titularidad estatal después de que el dictador se lo apropiara para su uso y disfrute personal. El procedimiento se siguió a instancia de la Abogacía del Estado, con la intervención de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña y el Concello de Sada, contra los hermanos Martínez-Bordiú Franco. Un fallo adoptado por unanimidad que devuelve al patrimonio nacional un edificio histórico y que ratifica la resolución inicial de la Audiencia Provincial, que impone a los Martínez-Bordiú Franco la devolución del inmueble, pero reconoce su derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que "no habían sido poseedores de mala fe". Una sentencia que abre un nuevo capítulo en la historia de esta edificación catalogada como Bien de Interés Cultural y que tiene diferentes ramificaciones históricas y judiciales en las que conviene detenerse.
También conocidas como Torres de Meirás, este palacio se encuentra en el municipio de Sada, en la provincia de La Coruña (España), y su estado actual fue mandado construir por la escritora Emilia Pardo Bazán. Tras el final de la Guerra Civil, el inmueble fue usurpado y utilizado como residencia de verano por Francisco Franco hasta su fallecimiento. Fue heredado irregularmente por los Martínez-Bordiú Franco, y la polémica de su titularidad, extendida durante años, les llevó a intentar ponerlo a la venta en una operación que jamás llegó a concluirse. El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña dictaminó que el pazo pertenecía al Estado, declarando nula la "donación personal" realizada a Franco y a su familia al comienzo de la dictadura. Desde el 10 de diciembre de 2020, el inmueble dejó de estar en manos de la familia Franco para integrarse en el patrimonio estatal.
Aunque su apariencia pueda parecerse a a la de una edificación medieval, el edificio actual data de finales del siglo XIX, levantado sobre los restos de una antigua fortificación perteneciente a los Patiño de Bergondo desde el siglo XVI. Con el paso del tiempo, y a través de enlaces familiares, la propiedad fue pasando a manos de los Pardo de Lama y posteriormente de los Pardo Bazán. La construcción original fue destruida por las tropas francesas en 1809 durante la Guerra de la Independencia, y más tarde fue reconstruida por Miguel Pardo Bazán como residencia nobiliaria de la familia. Se trataba de una edificación modesta conocida como La Granja, orientada principalmente a la producción agropecuaria. Su propietario, influido por ideas liberales sobre la modernización agraria, buscaba mejorar los sistemas de explotación de los recursos naturales. Su hijo, José Pardo Bazán, continuó este proyecto impulsando el desarrollo agrícola del mismo. En la capilla del pazo se casó Emilia Pardo Bazán el 10 de julio de 1868. Tras la muerte de su padre heredó la propiedad y, entre 1893 y 1900, promovió la construcción del edificio actual, conocido desde entonces como las Torres de Meirás, con el objetivo de reforzar su prestigio social y el de su linaje aristocrático.
El 'Pazo del Caudillo'
Tras la muerte de Emilia Pardo Bazán en 1921 y el asesinato en 1936 de su hijo Jaime y de su nieto a manos de milicianos de la FAI, la propiedad pasó a manos de su hija Blanca Quiroga de Pardo Bazán y de Manuela Esteban-Collantes, viuda de Jaime. Ambas decidieron donar el pazo a la Compañía de Jesús, aunque establecieron una serie de condiciones que finalmente no fueron aceptadas por la orden religiosa.
Durante la Guerra Civil, más concretamente el 3 de marzo de 1938, se creó la Junta pro Pazo del Caudillo, formada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia de La Coruña, entre otras autoridades, con el objetivo de adquirir una propiedad representativa que pudiera ser ofrecida a Francisco Franco como residencia de verano. La compra se formalizó el 3 de agosto de ese mismo año, cuando la Junta adquirió el pazo por más de 400.000 pesetas a Manuela Esteban-Collantes, viuda de Jaime Quiroga de Pardo Bazán. Tras completarse la operación, la hija y heredera de Emilia Pardo Bazán no pudo acceder al inmueble y sus intentos por recuperar sus pertenencias resultaron infructuosos. La adquisición incluyó además el mobiliario, el legado literario de la escritora y aproximadamente tres hectáreas de terreno.
Más tarde se creó una comisión encargada de acondicionar el pazo y reunir los fondos necesarios para su mantenimiento, que se obtuvieron mediante donaciones forzosas, abusos y coacciones, como cuando la Junta pro Pazo del Caudillo solicitó por carta a los alcaldes que organizasen comisiones locales destinadas a visitar personalmente a los vecinos para animarlos a colaborar, con el argumento de que nadie debía sentirse excluido de participar con "su grano de arena" en la adquisición. Tras la muerte de Franco, fue heredado por sus descendientes llegando hasta el litigio judicial que ahora conocemos.
La batalla en los tribunales
En los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo por ambas partes ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se había fundado la propiedad del dictador Francisco Franco Bahamonde (donación y compraventa) eran nulos. Las cuestiones sometidas a consideración de la Sala, resumida y fundamentalmente, se referían a la adquisición del Pazo por el Estado por prescripción adquisitiva o usurpación, dado su destino a servicio público de la jefatura del Estado durante más de treinta años; o por el contrario, la posible adquisición por usucapión por los herederos de Franco tras su fallecimiento; así como, si se considerase que el propietario era el Estado, si los hermanos Martínez- Bordiú debían ser indemnizados o no por los gastos necesarios y útiles realizados en la finca durante todos los años en que fueron poseedores.
La sentencia de la Sala reproduce el complejo relato de hechos históricos y jurídicos contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial y a continuación examina los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación formulados por las partes. Respecto de los recursos interpuestos por los hermanos Martínez-Bordiú Franco, la Sala confirma la propiedad del Estado y concluye que desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración, por lo que no ha transcurrido el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía. Además, considera que no concurren los requisitos para que pudiera apreciarse que hubiera una desafectación tácita que despojara al inmueble de ese carácter de bien de dominio público.
La indemnización de salida fue propuesta por la Xunta de Feijóo
El giro de guión más sorprendente de este procedimiento ha venido al conocerse que el Estado deberá indemnizar a los herederos y que ese fallo, según elDiario.es, alude a un informe encargado y elaborado por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo.
En su larga estancia al frente del Gobierno gallego, Feijóo encargó un informe a una comisión de expertos conformada por representantes de diferentes estratos, entre los que se hallaban también emisarios del Ayuntamiento de Sada. El consistorio, de hecho, fue uno de los impulsores de la tediosa batalla legal contra los Franco para devolver al Estado el BIC. La discusión, no obstante, se enquistaba, por lo que la delegación cercana al entonces presidente de la Xunta apostó por un camino que beneficiaba a la familia del dictador, proponiendo la indemnización a los herederos. Y así quedó reflejado en el cuarto apéndice del texto, exponiendo que para recuperar el pazo habría que abonar un millón de euros a los propietarios en concepto de gastos generados durante el tiempo que lo ocuparon desde el 20 de noviembre de 1975.
A juicio del Supremo en su sentencia, antes de la muerte del dictador, el Pazo de Meirás conformaba el servicio público de la Jefatura del Estado, como se ha explicado en líneas anteriores. Así lo recoge la sentencia del Alto Tribunal ahora, que da por bueno un informe en el que se ponía de manifiesto que los familiares de Franco habían ocupado "de buena fe" el palacio coruñés, sin hacer mención al cómo adquirieron dicha propiedad pero quedando reflejado que les llegó por herencia. Así, los tribunales aceptaron la vía de pagar por recuperar el Pazo de Meirás, ratificado ahora por el Supremo con una sentencia que apunta al informe de la Xunta de Feijóo como fundamental para el pequeño triunfo de los Franco. No obstante, en segunda instancia, otro tribunal apuntaba en esta dirección sin que el Gobierno de España manifestara su oposición en dicho momento. Una postura que, según el abogado del Ayuntamiento de Sada, Miguel Torres, en declaraciones al citado medio, no pretendía iniciar una "batalla frontal" con los herederos durante el proceso de recuperación para que éste llegara a buen puerto y "evitar problemas".
La Asociación de Memoria Histórica pide sancionar a los Franco
Por su parte, la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que se debería ir más allá judicialmente contra los Franco. Contactada por este medio, la organización señala, en palabras de su presidente, Emilio Silva, que "lo que ha ocurrido es que han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado y eso ha causado un perjuicio a las arcas públicas".
Por ello, la ARMH ha presentado por registro oficial una reclamación al Gobierno para que se impulsen "todas las medidas necesarias para que los descendientes del dictador Francisco Franco sean sancionados por la apropiación indebida de un bien público". Exigen, además que se recurra ante la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo de indemnizar a la familia del dictador por "suponer una vulneración del honor de las víctimas de la dictadura porque las somete a la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura, que disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política".
"Todo eso ocurre en un país en el que miles de sus víctimas siguen desaparecidas después de haber sido asesinadas y sus familias jamás han sido indemnizadas por el Estado", explica Emilio Silva. "Indemnizar a la familia del dictador atenta contra el honor de las víctimas del franquismo y las somete a una situación humillante. ¿Alguien imagina que una víctima del terrorismo tuviera que indemnizar a la familia de un terrorista? El maltrato a las víctimas de la dictadura franquista no tiene límites y es perverso que tengan que indemnizar a través de sus impuestos a quienes disfrutan de una fortuna que tiene en su ADN inmensas violaciones de derechos humanos", sentencia Silva.
El Ayuntamiento de Úbeda ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para el estudio antropológico y la posible identificación de los restos de personas represaliadas durante la dictadura franquista que se encuentran en el osario común del cementerio municipal de San Ginés.
Según la documentación histórica aportada por el historiador Luis Lorenzo Gómez, en el osario del cementerio municipal fueron trasladados los restos de 75 personas represaliadas tras la Guerra Civil. Desde el Ayuntamiento se ha explicado que el objetivo es localizar y estudiar los restos para intentar identificarlos en la medida de lo posible, así como corroborar la información histórica disponible. En cualquier caso, se ha señalado que el proyecto supone un primer paso importante para avanzar en verdad, justicia y reparación, independientemente de cuál sea el resultado final de los estudios.
Durante la presentación del proyecto, los dirigentes del consistorio quisieron reconocer el compromiso de los familiares que durante años han solicitado que se investigue y se arroje luz sobre estos hechos, así como el trabajo de las personas y colectivos que han contribuido a impulsar esta iniciativa. Asimismo, se ha adelantado que el próximo 14 de abril se celebrará en la ciudad un acto institucional con una ofrenda floral y actividades culturales vinculadas a la memoria democrática.
Esta actuación contará con una subvención de 25.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dentro de un proyecto global de 31.000 euros, que será completado con financiación municipal. Los trabajos se desarrollarán mediante un convenio de colaboración con el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, que será el encargado de realizar el estudio técnico y antropológico.
Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.
De una fosa a un osario común
En Úbeda, con aproximadamente 30.000 habitantes durante la década de los años 30, se encontraban en activo las principales organizaciones políticas y sindicales de izquierda con un fuerte movimiento obrero. La Guerra Civil desencadenó un alto grado de conflictividad entre golpistas y leales a la República. Al final de la guerra, “la limpieza política en Úbeda fue atroz”, conforme detalla el apartado de Memoria Democrática de la web de la Junta de Andalucía. Tras la victoria franquista, el objetivo de los militares se centraría en la eliminación física de los enemigos políticos sin llevar a cabo procedimientos judiciales legales.
En 1939, el aparato represor crearía cuatro juzgados militares del Ejército de Operaciones del Sur. Aquel órgano generaría miles de informes de conductas psicosociales, practicando centenares de detenciones e interrogatorios entre los vecinos, detalla la Junta. También habilitaría edificios históricos como cárceles improvisadas que complementarían el espacio de la prisión de Úbeda. Los conocidos consejos de guerra se articulaban como meros trámites previos a las condenas a muerte o a largos años de presidio. Las ejecuciones comenzarían en Úbeda en abril de 1939 y se prolongarían hasta junio de 1940. Fusilarían a cientos de personas y los restos de 74 de ellas acabarían en el cementerio de San Ginés.
Según la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la fosa se encontraba en el antiguo corralillo de los ahorcados del Cementerio Municipal, una zona que actualmente está cubierta por unas zonas ajardinadas tras la ampliación del cementerio. Al parecer, muchos de los restos habrían sido exhumados y llevados al osario, aunque también muchos de los restos del osario se destruían. Ahora, ese espacio verá la luz y, con los trabajos de exhumación, los fusilados podrán tener un enterramiento digno.
