Memòria Repressió Franquista.
Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
dimarts, 21 de juliol del 2026
El cementeri de Llíria és una de les grans fosses comunes de la repressió franquista al nostre territori.
Impulsan la exhumación de la última fosa en Castell de Ferro con los restos de cuatro represaliados
19 julio, 2026 - 11:42 | E.P.
La investigación llevada a cabo por el historiador José María Azuaga reconstruye las circunstancias de un grupo de vecinos de Lentegí que fueron apresados en una redada

Un equipo de expertos iniciará en los próximos meses los trabajos de localización, excavación y exhumación de una fosa común de la postguerra española en el cementerio municipal de Castell de Ferro, donde se cree que yacen los restos de cuatro personas asesinadas el 26 de julio de 1947.
La investigación llevada a cabo por el historiador José María Azuaga ha permitido localizar esta fosa común y reconstruye las circunstancias de un grupo de vecinos de Lentegí que fueron apresados en una amplia redada en el municipio y trasladados al castillo de Carchuna, que al encontrarse lejos del casco urbano fue utilizado como centro de detención, interrogatorio y tortura.
Varios de ellos fueron trasladados a las inmediaciones de Castell de Ferro y fusilados de forma extrajudicial el 26 de julio de 1947 para ser enterradas a continuación en una fosa común del cementerio, según consta en la memoria del proyecto.
Eran José Villoslada Ruiz, Miguel Fernández Villoslada, Antonio Miguel Medina Franco y una cuarta persona cuya identidad no hemos conseguido establecer.
El proyecto, cuya autorización ya se ha publicado en el BOJA, será desarrollado por el equipo arqueológico y antropológico de la Asociación Científica ArqueoAntro, en colaboración con la Unidad Docente de Antropología Física del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.
El objetivo último es identificar los restos de las víctimas a través de estudios antropológicos forenses y el cotejo de ADN con los familiares que han sido localizados para que les puedan ser entregados y que reciban una sepultura digna.
A menos que apareciera alguna localización nueva, esta sería la última fosa común que queda por excavar en todo el término de Gualchos.
Este mismo equipo de ArqueoAntro iniciará la próxima semana los trabajos de localización y exhumación de una víctima que fue asesinada en Cúllar al poco de entrar las tropas franquistas en el pueblo en abril del 39.
Desmontando el mito de la espontaneidad en la represión franquista del 36
El terror fascista contra la clase obrera organizada contó con la incitación y la planificación sistemática de la cúpula militar para instrumentalizar las “rencillas” locales y exterminar a enemigos políticos.
20 jul. 2026 - 10:24
Tras cumplirse noventa años del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las investigaciones historiográficas contemporáneas han consolidado como un hecho fehaciente que la represión desatada por el bando sublevado en diferentes pueblos y ciudades no fue el resultado de desmanes caóticos o espontáneos, sino una estrategia punitiva minuciosamente planificada desde la cúpula militar con un marcado carácter de clase. Lejos de responder a una violencia ciega, el terror fascista se ensañó de manera sistemática contra la clase trabajadora organizada, los jornaleros y el campesinado con el objetivo explícito de restaurar la jerarquía social previa y aniquilar las conquistas políticas y laborales alcanzadas durante la Segunda República. La resistencia armada de la clase obrera en las calles logró detener parcialmente la insurrección en gran parte del Estado, lo que llevó a los militares rebeldes a aplicar una política de tierra quemada y exterminio en las zonas que caían bajo su control.
El diseño de este exterminio selectivo quedó registrado de forma explícita en las directrices de los propios líderes del alzamiento durante el verano de 1936. A finales de julio de aquel año, el general Emilio Mola proclamó a través de los micrófonos de Radio Castilla de Burgos su rechazo a cualquier negociación con las fuerzas sindicales al declarar que “Podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, y para aniquilarlos”. Esta postura coincidía con la del general Gonzalo Queipo de Llano, quien definió públicamente la intervención militar como un “movimiento depurador del pueblo español”, y con las propias comunicaciones de Francisco Franco, quien dejó por escrito que consideraba preferible “una ocupación sistemática del territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios”. El trasfondo de este ensañamiento institucionalizado era el temor de la oligarquía financiera y terrateniente a que la movilización del proletariado desbordara la vía parlamentaria, por lo que la violencia se utilizó como un escarmiento disciplinador.
El análisis estructural de este fenómeno, respaldado, entre otros, por las investigaciones del historiador Josep Fontana, demuestra que la impunidad de base otorgada desde la jefatura militar fue la pieza clave que posibilitó el terror cotidiano en los municipios. Fontana constata que, aunque una parte sustancial de las ejecuciones locales fue materializada por falangistas, caciques o partidarios del nuevo régimen por cuenta propia, la incitación y la tolerancia absoluta procedían directamente de la cúspide del mando castrense, lo que despoja de cualquier espontaneidad a los crímenes de la retaguardia. Las fuerzas sublevadas instrumentalizaron el revanchismo social en los pueblos para delegar la delación y el asesinato de trabajadores y asegurar el sometimiento de la población desposeída a través del miedo.
Esta violencia dirigida golpeó con especial dureza al tejido obrero del país, registrando un perfil de víctimas eminentemente obrero y campesino. Los estudios demográficos revelan que la gran mayoría de los fusilados fueron jornaleros del campo, trabajadores asalariados de las grandes ciudades y empleados de sectores estratégicos como el ferrocarril, cuya persecución masiva buscaba paralizar la capacidad logística de las organizaciones obreras. Este descabezamiento político se complementó con la desarticulación sistemática de sindicatos como la CNT y la UGT, la clausura de ateneos libertarios y el desmantelamiento de las Casas del Pueblo.
Radiografía de las más de 3.000 fosas comunes del franquismo
Noventa años después del golpe, se estima que entre 114.000 y 130.000 personas “desaparecidas forzosamente” continúan sepultadas, siendo el Estado español el segundo del mundo en ese ranking.
En el marco del noventa aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española, el balance oficial sobre las fosas comunes de la represión franquista sigue estancado. Según los datos del registro oficial gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el territorio estatal cuenta con más de 3.000 fosas comunes catalogadas, en las cuales se estima que yacen los restos de entre 114.000 y 130.000 víctimas de la violencia desatada por el bando sublevado a partir de julio de 1936.
Organizaciones internacionales de derechos humanos recuerdan que, debido a este volumen de desaparecidos cuyos cuerpos aún no han sido recuperados ni identificados, el Estado español se sitúa históricamente como el segundo del mundo con mayor número de personas desaparecidas de forma forzosa, solo por detrás de Camboya. La distribución geográfica de estas fosas evidencia una marcada asimetría, concentrándose la mayor cantidad de enterramientos colectivos en Andalucía, que acumula más de 1.500 fosas, además de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Asturies, territorios donde en muchos casos, la existencia de estas fosas responde exclusivamente a la limpieza sistemática ejecutada en la retaguardia de los sublevados y no a frentes estables de combate.

La respuesta de las familias de las víctimas frente a este ocultamiento institucional ha transitado por una evolución histórica dividida en tres etapas nítidas. Una primera ola se desarrolló durante la llamada ‘Transición’, concretamente entre los años 1975 y 1981, caracterizada por exhumaciones tempranas realizadas de manera casi clandestina y estrictamente vecinal en localidades de La Rioja, Nafarroa o Castilla y León, donde las propias familias se organizaron con herramientas manuales para recuperar a sus allegados en un clima condicionado por el miedo colectivo y la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977.
La segunda ola y el verdadero giro científico se produjo en octubre del año 2000 en el municipio de Priaranza del Bierzo, ubicado en la provincia de León, cuando la exhumación de la fosa de “Los 13 de Priaranza”, impulsada por el periodista Emilio Silva, incorporó por primera vez metodologías arqueológicas y forenses modernas, un hito que propició la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y situó a la antropología y a las pruebas de ADN como las herramientas principales frente al negacionismo histórico.
La tercera ola de este proceso se consolidó con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, la cual estableció legalmente que la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas constituye “una responsabilidad directa y financiera del Estado español”, permitiendo el despliegue de planes de exhumación masiva con fondos públicos, aunque todavía son decenas de miles las víctimas que siguen bajo suelo.
En los últimos años, el enfoque de los trabajos arqueológicos se ha desplazado hacia las intervenciones en macrofosas de dimensiones industriales ubicadas en cementerios urbanos, desmantelando la narrativa de que los fusilamientos respondían a “desmanes aislados o incontrolados”. Un ejemplo paradigmático fue la culminación de los trabajos en la fosa de Pico Reja, situada en el cementerio de San Fernando en Sevilla, donde los informes técnicos documentaron el hallazgo de más de 1.700 personas asesinadas con claros signos de violencia y arrojadas de manera simultánea bajo capas de cal viva.
Treinta años después salen a la luz los informes forenses inéditos de la primera exhumación judicial del franquismo
Tuvo lugar en La Palma en 1994

Cuando se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil, sale a la luz una documentación hasta ahora desconocida que reescribe la cronología de la memoria democrática en España. Más de tres décadas después de la primera exhumación de víctimas del franquismo realizada bajo tutela judicial y con metodología forense —llevada a cabo en la isla de La Palma (Canarias) en 1994— se recuperan los informes judiciales, forenses y científicos de aquella investigación. El hallazgo incluye también imágenes inéditas de la excavación y los testimonios de quienes la hicieron posible.
Todo este material forma parte de Consuelo 1994, un documental que reconstruye aquella intervención pionera, realizada el 7 de mayo de 1994 –trece años antes de la primera ley de memoria histórica de España– en una de las fosas comunes del Pino del Consuelo, en La Palma. Allí se hallaron los restos de cinco personas, entre ellos los del último alcalde republicano del municipio de Los Llanos de Aridane, Francisco Rodríguez Betancort, fruto de más de seis décadas de búsqueda por parte de sus familiares.
El largometraje recupera la historia que acabarían impulsando un procedimiento judicial sin precedentes, situándose como el primer antecedente jurídico de exhumaciones, y aporta las claves de un caso prácticamente desconocido hasta ahora. El tráiler oficial del documental ya puede verse en el este enlace.
Producido por T-REC a partir de una investigación desarrollada por el periodista Javier Rodríguez, bisnieto de uno de los represaliados, y dirigido por el cineasta palmero Besay Viña, aporta nueva documentación a uno de los capítulos fundacionales de la memoria democrática en España.
Los informes cambian la cronología de la memoria democrática en España
Durante las últimas décadas, el relato historiográfico y memorialista ha situado la exhumación de Priaranza del Bierzo (León), realizada el 21 de octubre de 2000, como el punto de partida de las exhumaciones científicas de víctimas del franquismo. Aquel proceso supuso un antes y un después por la aplicación de técnicas arqueológicas y forenses modernas, y dio origen a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Sin restar importancia a ese hito, Consuelo 1994 incorpora una pieza hasta ahora ausente de ese relato. La investigación desarrollada para el documental ha recuperado y analizado el expediente judicial íntegro de la exhumación realizada en el Pino del Consuelo, en La Palma, un procedimiento del que apenas existían referencias públicas.
La documentación demuestra que aquella intervención, impulsada por la búsqueda familiar y autorizada judicialmente, no solo fue la primera en España realizada bajo tutela judicial y forense, sino que aplicó una metodología de carácter científico avanzada para su tiempo.
Aunque entonces no era posible recurrir a pruebas de ADN, los informes describen un protocolo de excavación, recuperación, análisis antropológico y documentación de los restos que sitúa este caso como un precedente directo de las exhumaciones científicas que años después comenzarían a desarrollarse en otros puntos de España.
El episodio se reconstruye a través de los testimonios de los hijos y nietos de Francisco Rodríguez Betancort, cuyas investigaciones han sido fundamentales para recomponer esta historia, junto a médicos y arqueólogos forenses, cronistas, historiadores, archiveros y responsables institucionales en el momento de la exhumación de 1994.
Junto a ellos, el documental incorpora un valioso conjunto de materiales inéditos recopilados durante décadas, desde las imágenes originales del hallazgo de los restos en la fosa del Pino del Consuelo, hasta la documentación gráfica de los objetos recuperados durante la excavación y el acceso, por primera vez, a los informes forenses, judiciales y científicos archivados desde entonces.
El resultado es una reconstrucción documental que permite conocer cómo se desarrolló aquella exhumación pionera y comprender el contexto histórico, judicial y humano que la hizo posible. El largometraje Consuelo 1994 está respaldado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma.
Nuevas exhumaciones e identificaciones y 269 nuevas fosas en el Mapa: la memoria democrática sigue su camino
- El mapa audiovisual de RTVE.es incorpora 126 contenidos adicionales de imagen, audio y vídeo
- Especial: 'El país de las 6.000 fosas'
Enlaces relacionados
El 12 de noviembre de 2025, RTVE Noticias publicó el primer mapa audiovisual de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo en toda España, que permite geolocalizar y descubrir las más de 6.000 fosas que existen o han existido en nuestro país, y recuperar la memoria de sus víctimas. El proyecto, elaborado en colaboración con la Secretaría de Estado de Memora Democrática, ha sido posible por el excepcional archivo de RTVE, con vídeos y audios de las fosas exhumadas en los últimos 25 años; el trabajo de la red de centros territoriales de RTVE y la colaboración de familiares, asociaciones y profesionales (arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores).
Desde entonces, la redacción de RTVE Noticias y el equipo de DatosRTVE han continuado con la actualización, tanto de los datos que están detrás de la información del mapa, como de sus contenidos audiovisuales. Esta última actualización añade 269 nuevos puntos que localizan lugares de enterramiento irregular, con lo que el Mapa ya recoge un total de 6.306 fosas. También hay 126 contenidos adicionales, entre ellos 39 videos y 76 fotografías.
Algunos de los contenidos tienen un especial interés histórico o periodístico, como las fotografías de la exhumación de la fosa de la Cruz Blanca en Jimena de la Frontera en 1980, una de las "exhumaciones tempranas" llevadas a cabo por familiares al comienzo de la democracia, cedidas por la Casa de La Memoria La Sauceda. O los vídeos grabados con dron de diversas exhumaciones (Orduña, Artaiz, Larrasoaña, Parasimón o Lemoa, entre otras) y cedidos por Ángel Rodríguez Larrarte.
Además, DatosRTVE ha incorporado al proyecto un nuevo contenido: una guía para buscar a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, con acceso a recursos, censos y mapas.
Nuevas exhumaciones
En estos meses, los arqueólogos han recuperado los restos de más víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Por ejemplo, en La Bisbal de Montsant (Tarragona) se han desenterrado los cuerpos de 50 militares republicanos. Murieron durante la Batalla del Ebro en 1938 en el hospital de campaña de la Cova de Santa Llúcia. Un anillo con un sello de la UGT o botones de camisa fueron algunos de los objetivos encontrados.
En la fosa de La Lloba, en Castrillón, se han recuperado al menos 40 cuerpos de víctimas republicanas, asesinadas en noviembre de 1937. Estuvieron presas en la Quinta de Pedregal, una cárcel donde eran torturadas por los sublevados, que utilizaron trincheras (50 centímetros de ancho y un metro y medio de profundidad) para deshacerse de los cuerpos.
"A mi abuelo lo fueron a buscar a su casa, lo llevaron a Pedregal, y saben que salió mal, casi muerto, pero no sabemos nada más de él, se cree que estará aquí y la esperanza nunca se pierde", contaba a TVE Mercedes Iglesias. Carmen González, también buscaba a un familiar. "Si hubiera un huesín, para llevarlo a la tumba de mi madre, sería lo más grande", decía.
Los trabajos en La Lloba aún continúan.
En el cementerio de Beas (Huelva), el arqueólogo Jesús Román dirige las excavaciones que de momento han permitido localizar a 40 víctimas. "El grado de incidencia de muerte violenta los estamos encontrando en todos, con impactos de proyectiles. En la fosa 5 inclusive nos encontamos las vainas dentro de la fosa, lo que quiere decir que seguramente fueron rematados o asesinados en las proximidades o en la propia fosa", ha declarado Román a RTVE.
En el cementerio de Castuera (Badajoz), la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado los restos óseos de trece personas que podrían corresponder a víctimas de la represión franquista.
Y en Son Servera (Mallorca), el Govern inició la primera actuación de excavaciones en la isla del V Plan de Fosas.
Identificados: las hermanas Ferrer y el primero en Pico Reja
También se ha avanzado en la identificación de algunas de las víctimas exhumadas en anteriores campañas.
Es el caso de dos de las hermanas Ferrer, enterradas en la fosa de la Caridad en O Franco (Asturias). Se trataba de tres hermanas, hijas del presidente del Sindicato de las Artes Gráficas de Luarca, Manuel Ferrer. Al comenzar la guerra, el padre logró huir, pero ellas fueron detenidas por los falangistas, vejadas, violadas y finalmente fusiladas.
Los cuerpos identificados pertenecerían a Luz y a Mercedes. Se cree que Maura, la hermana pequeña, habría huido de aquella tragedia. Junto a ellas, también se ha identificado a Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena.
El de las hermanas Ferrer es un ejemplo de la represión de las mujeres republicanas durante la Guerra Civil y después. Otro ejemplo es el de las 12 mujeres de la localidad de Cella (Teruel). Fueron ejecutadas el 16 de septiembre de 1936 tras una redada llevada a cabo en el pueblo por falangistas. Como muchos de los hombres pudieron huir, se llevaron a las mujeres. Los cuerpos de seis de ellas fueron identificados en una de las fosas de Albarracín (Teruel). Los familiares se quejan de que el ayuntamiento de Cella no les ceda un nicho para volver a enterrarlas juntas, esta vez con dignidad.
También han sido identificados los restos de José León Trejo, un profesor y exconcejal de la Sevilla republicana, que fue fusilado en 1936. Se trata de la primera identificación positiva de una víctima de Pico Reja, una de las mayores fosas de España, donde entre 2019 y 2023 se recuperaron los restos de 1.786 represaliados por los sublevados.
También volvieron a casa, 90 años después, las dos víctimas de Mesegar de Tajo (Toledo): Agustín-Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera. Tras un proceso de investigación e identificación, que comenzó en el año 2022, los restos fueron entregados a sus familias el pasado 17 de febrero.
En Minas de Riotinto (Huelva), la nieta del cabo de la Guardia Civil, Luis Ortega Godoy, fusilado en 1936 por las tropas franquistas, recibió en nombre de la familia los restos de su abuelo.
En León, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) homenajeó a cuatro víctimas identificadas en la fosa de Mansilla de Mulas. Estuvieron presos en el Hostal de San Marcos, que hoy es Parador Nacional.
También en León, pero en Ponferrada, en la fosa del antiguo cementerio del Carmen se exhumaron unos restos que han sido identificados como los del mítico guerrillero antifranquista Manuel Girón Bazán.
En Cantabria se entregaron a sus familiares los restos de los soldados republicanos Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, fusilados en 1937 y recuperados en 2025 en la fosa del cementerio de Mirones.
En Pontevedra, se pudo identificar a los dos jóvenes enterrados junto a la iglesia de San Vicente de Soutelo. Eran Antonio Delmiro Domínguez González y Manuel Fernández Diz, dos vecinos de Tui.
En Euskadi, el Gobierno vasco entregó a sus familiares los restos de Cosme Ayala Yoldi y Manuel Hernáez Ruidíaz, dos milicianos enterrados en Amorebieta-Etxano. En otra fosa del País Vasco, la de Orduña, Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha identificado hasta el momento ya los restos de 31 personas (más información aquí).
Mucho por hacer
Son sólo algunos de los nombres recuperados para la memoria colectiva, pero queda mucho por hacer.
El Gobierno aprobó en 2025 distribuir 3 millones de euros a las autonomías y la concesión directa de 2,4 millones para diputaciones provinciales y ayuntamientos para las localizaciones y exhumaciones.
Descendientes, asociaciones y arqueólogos se quejan, sin embargo, de las dificultades para obtener los permisos en algunos casos, y de la lentitud y el retraso en los bancos de ADN. "En los últimos años se ha exhumado mucho. - explica Miguel Mezquida, arqueólogo de la asociación científica Arqueoantro - De 2000 a 2016 se exhumaron unas 18.000 víctimas, pero los últimos 10 años han sido muy intensos, con entre 10.000 y 12.000 víctimas exhumadas. La financiación para las identificaciones es menor de la que tendría que existir".
Además, los soldados desaparecidos en el frente quedan a la cola de las investigaciones, según denuncian los familiares.
También hay pasos atrás. Los gobiernos autonómicos formados entre PP y Vox en Extremadura y Baleares han derogado sus leyes de memoria para sustituirlas por leyes de "concordia", como antes hicieron en Aragón y Comunidad Valenciana. En Castilla y León y Andalucía, PP y Vox también han pactado en ese sentido.
"Es un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos", declaró la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver. Las asociaciones temen que se dificulten las exhumaciones y las labores de difusión y concienciación, que forman también parte de las políticas de memoria.
Sin embargo, el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional estas derogaciones, y el Tribunal ha aceptado el recurso y ha paralizado la derogación en Aragón, Valencia y Baleares.












