Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Totes les restes de les víctimes de la repressió franquista exhumades en la campanya de 2024 per part de l’empresa ATICS, han sigut col·locades en el nínxols dels columbaris de l’antic recinte del cementeri civil amb la placa identificativa segons les dades proporcionades pel GRMHC. Les restes estan ubicades a l’angle dels columbaris en la zona de l’antiga fila 1 i fila 14, i en el nou modul construït al centre del recinte. Solament quedaran per traslladar al cementeri de Castelló les restes de la campanya de 2023, trasllat que es realitzarà quan el laboratori Fisabio acabe els treballs genètics i puga tornar les peces que conserva per aquests estudis.
Fins ara la totalitat d’identificacions genètica és de 10 i esperem que les anàlisis genètiques encar en marxa puguin proporcionar noves identificacions.
Se oponen, asimismo, a la retirada de símbolos franquistas, a la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura y al refuerzo de las políticas públicas de memoria
Banderas con simbología franquista durante un acto de "afirmación nacional y en protesta por la Ley de Memoria Democrática" en Madrid (noviembre de 2025) Jesús Hellín / Europa Press
El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.
Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.
Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.
En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.
Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.
Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.
Reconocimiento de las asociaciones de víctimas
Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.
La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.
Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.
Alicante (España), 20 abr (EFE).- Los restos del expresidente del Real Madrid Antonio Ortega, no reconocido de manera oficial por parte de este club de fútbol, serán exhumados junto con los de otro medio centenar de personas fusiladas durante la Guerra Civil española de una fosa en un cementerio de Alicante, en el sureste de España.
Ortega fue presidente del club blanco entre 1937 y 1938, entonces Madrid Football Club, años en los que la liga nacional de fútbol no pudo disputarse a causa de la guerra (1936-1939) y en los que estaba bajo el control de la Federación Cultural Obrera y Deportiva, institución de inspiración socialista.
También fue gobernador civil de la provincia de Guipuzcoa (norte) y líder del batallón de milicias vascas antifascistas antes de ser fusilado en 1939.
"Independientemente de que se le entreguen los restos a su familia, que es el objetivo, sí que nos gustaría que el Real Madrid lo reconociera como presidente", afirmó el alcalde de la localidad de Aspe, Antonio Puerto, en declaraciones a EFE.
Puerto añadió que seguirán trabajando por "la memoria, la justicia y la humanización en algo que creemos esencia: devolver los restos y el descanso de estas víctimas que bastante sufrieron, al lugar donde siempre deberían estar, con sus seres queridos".
Los trabajos por parte del Ayuntamiento de Aspe de exhumación de la fosa IX del cementerio de Alicante, que alberga los cuerpos de 52 personas ejecutadas entre mayo y agosto de 1939 tras la caída de la República (1933-1939), comenzarán en agosto o incluso antes, según Puerto. EFE
El 22 de mayo de 1938 los presos del fuerte protagonizaron la mayor fuga carcelaria de la historia de Europa. Lograron salir 795, pero solo tres lograron recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia
La vicepresidenta segunda Ana Ollo y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, presiden el acto organizado con motivo de la Declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática. ÍÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA
El Fuerte franquista de San Cristóbal por el que pasaron más de 7.000 presos republicanos ha sido declarado Lugar de Memoria por el Estado este miércoles tras su publicación en el BOE. En enero, los Gobiernos navarro y central firmaron un protocolo por el cual, además de la declaración, se convertirá el fuerte en un Centro de Interpretación Histórica (que incorpore los espacios emblemáticos) al que se podrán hacer visitas guiadas.
“Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás”, ha señalado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Ana Ollo. “Los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación. La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron”, ha añadido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
El fuerte de San Cristóbal fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha, si bien solo tres lograron el objetivo de recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados en los montes de alrededor o capturados y devueltos al penal.
En el acto celebrado este martes en el que se ha inaugurado la placa que lo define como Lugar de Memoria ha participado Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el “gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino”, ha dicho.
Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo “los y las jóvenes conozcan lo que pasó”. “No solo en la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual”, ha reflexionado.
Antes del acto, en el Palacio de Navarra se ha constituido la Comisión de Seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.
Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos de San Cristóbal que lograron alcanzar la frontera francesa GOBIERNO DE NAVARRA
En la reunión se ha acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para avanzar en temas como la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación del Fuerte de San Cristóbal y una propuesta de calendario de las medidas urgentes de intervención (a cargo del Estado) para garantizar la seguridad; el régimen de visitas públicas y educativas del monumento o compartir información sobre el futuro proyecto memorialista que está preparando el Gobierno de Navarra. La Comisión ha trabajado un calendario para seguir avanzando en los respectivos temas en los próximos meses.
El objetivo principal de este Protocolo General es fijar el marco general de colaboración entre los dos gobiernos. Además de esa declaración como lugar, el Gobierno de España se compromete a “colaborar en la custodia, vigilancia y conservación del inmueble en tanto la propiedad y/o posesión del inmueble residan en la Administración General del Estado.
A estos efectos, al margen de las visitas públicas, “el acceso al Fuerte de San Cristóbal se deberá autorizar por la Delegación del Ministerio de Defensa en Navarra”, se especifica en el protocolo vigente. Aunque también se apuesta por “favorecer el mantenimiento del régimen de visitas exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como facilitar al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra el acceso y la organización de un régimen de visitas guiadas, complementarias al régimen previsto por la mencionada Ley 16/1985, estableciendo las condiciones adecuadas para ello”. Para garantizar la seguridad de estas actividades el Estado realizará “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”.
Por parte del Gobierno de Navarra –que también contempla la importancia del trabajo con entidades locales y sociales-, se impulsará un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, con la participación de las asociaciones memorialistas, así como la puesta en marcha de “un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte y de sus usos carcelarios. Un proyecto que incorpore espacios emblemáticos como el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, las galerías, las brigadas y los aljibes, así como el cementerio de las Botellas”. También corresponderá a la Administración Foral “implementar un régimen de visitas públicas del monumento, tanto para la ciudadanía, en general, como para el alumnado de los centros escolares de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Defensa como titular del bien, y contando con la participación de la administración local” según indica en el documento legal.
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