Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del área, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y del Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes. La primera entidad comunica que los restos de 10 valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio municipal.
La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas represaliadas para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos. En caso de éxito en las pruebas, el procedimiento culminará con la entrega de los mismos a sus allegados. “Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique”, explica Enguix, quien remarca el valor de estas campañas reparadoras impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. “Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anuales”, apunta.
En este caso, la solicitud enviada por la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán busca difundir la identidad de los represaliados cuyos restos ya se han localizado o están en proceso de búsqueda, para que aparezcan familiares que contribuyan a las pruebas genéticas. “La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación”, señala la vicepresidenta.
Víctimas de Portacoeli
La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputación de Valencia para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, en Serra, y que sufrieron sepultura en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrán recuperarse e identificarse si aparecen sus descendientes o parientes.
El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, vecino del Cabanyal, en València; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.
Frente de Levante
La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos descansan junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años de edad en el Hospital de Carabineros de Mas Solers, al igual que las demás víctimas identificadas por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante. El objetivo de la búsqueda es encontrar a familiares que deseen recuperar sus restos y rendirle homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen la localidad natal del soldado valenciano, quien sirvió en el 3 BM (sección de Transmisiones) y falleció el 19 de agosto de 1938.
El punto de partida del proyecto se debe a la investigación de la arqueóloga Irene Estévez. La especialista observó un grafiti con la inscripción “1937” en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes, lo que la motivó a consultar con historiadores locales hasta averiguar que el inmueble prestó servicio sanitario durante la contienda. El examen posterior del archivo municipal confirmó la existencia de las actas de defunción de 19 soldados en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.
El organismo de investigación, creado en 1939 por Franco sobre lo que quedó de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), hace público por primera vez un censo de nombres y trayectorias de los trabajadores purgados por el nuevo régimen
La ciencia española estaba despegando cuando la Guerra Civil lo cambió todo. El avance del franquismo rompió con el proyecto científico de expansión y modernización construido por la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) desde principios de siglo y desmanteló buena parte de su estructura para erigir una institución que representara a la Nueva España. Así nacía, en 1939, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, el que sigue siendo el mayor organismo de investigación del país, vertebró una política nacionalcatólica y truncó las carreras de decenas de profesionales vinculados a la JAE.
Muchos científicos y técnicos fueron apartados de sus puestos, sancionados o encarcelados por sus ideas o por no encajar en las férreas normas que fue imponiendo la dictadura. Medio siglo después de la muerte de Franco, el CSIC ha buceado en su pasado franquista y ha hecho público por primera vez un archivo digital con los nombres y trayectorias que hubo detrás de la depuración. El fondo consta de 510 perfiles —135 de ellos mujeres— sometidos a la purga franquista que salen a la luz tras años de trabajo.
El repositorio, publicado en la web Archivo Memoria y Reparación, se enmarca en el proyecto de investigación iniciado por el propio CSIC para adaptarse a la Ley de Memoria Democrática de 2022. Producto de ese proceso fue la retirada en 2024 de los retratos de su primer presidente, José Ibáñez Martín, y su secretario general, José María Albareda, por participar en la represión. También el cambio de nombres de algunos institutos o la instalación de placas explicativas.
Conocer qué había pasado con los investigadores y técnicos que trabajaban en la JAE cuando las autoridades franquistas comenzaron el proceso de purga era una de las asignaturas pendientes del organismo. La Junta para la Ampliación de Estudios, cuyo primer presidente fue el Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, fue creada en 1907 bajo el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y llevó a la ciencia española a un florecimiento sin precedentes. Promovió las estancias en el extranjero de científicos y creó numerosos laboratorios e institutos abriendo nuevas líneas de investigación.
Sin embargo, con la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, Francisco Franco ordenó crear el CSIC para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias”. El objetivo era, literalmente, “imponer las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”, según el decreto de creación. Aunque el CSIC heredó parte de la estructura, patrimonio y edificios de la JAE, desmanteló laboratorios y centros, construyó “una nueva arquitectura institucional” y persiguió a su personal.
Expediente de depuración de Gonzalo Rodríguez Lafora.
“Tradicionalmente, se ha dicho que el CSIC era la continuación de la JAE sin ningún tipo de matiz, pero no es verdad. La Guerra Civil y la dictadura provocan una quiebra profunda del proceso de modernización que había iniciado la JAE y el CSIC cambia completamente la ideología y el objeto de la institución”, explica Ana Romero, coordinadora del proyecto e historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC.
La depuración se convirtió entonces en una “herramienta esencial” para la configuración de la Nueva España. No fue algo puntual ni excepcional, sino una política sostenida en el tiempo que tuvo por objetivo apartar de la vida pública y las instituciones a los opositores políticos o personas consideradas incompatibles con el nuevo régimen. El archivo ha descubierto que casi la mitad de los depurados siguieron trabajando y el resto fueron apartados, encarcelados o sancionados.
Aun así, continuar no fue equiparable a que sus trayectorias no se vieran perjudicadas. Rafael Lapesa, por ejemplo, percibió la mitad de su salario durante el tiempo que se tardó en resolver su expediente para confirmarle después como catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Oviedo. El médico Gonzalo Rodríguez Lafora se exilió y el régimen le impuso ocho años de inhabilitación y una multa de 50.000 pesetas, pero a su vuelta su situación fue nuevamente evaluada y pudo acreditar que no había pertenecido a organizaciones de izquierdas, por lo que se acordó su rehabilitación y su nombramiento como jefe de neuropatología del Instituto Cajal.
Sanción vía BOE
En el censo constan nombres destacados, muchos inhabilitados directamente vía BOE, sin posibilidad de defensa: fue el caso del físico Blas Cabrera, separado de su cátedra el 4 de febrero de 1939 y desposeído dos años después de los reconocimientos otorgados por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También el naturalista Ignacio Bolívar y Urrutia, figura central del exilio científico en México; el fundador de la oceanografía española, Odón de Buen, que actualmente da nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española; o el químico Enrique Moles, condenado además a 12 años de cárcel por sus actividades políticas.
Pero, además, el archivo reconstruye los pasos de figuras anónimas, incluso de técnicos o responsables de tareas de gestión y servicios, como el personal de vigilancia de los centros o las mujeres encargadas de las tareas de limpieza. Fue el caso de Ricarda Moreno, que fue señalada por el Servicio de Información y Policía Militar por su participación en el comité organizado durante la Guerra Civil en la Residencia de Estudiantes, donde limpiaba. La consecuencia fue su separación definitiva del trabajo.
Uno de los hallazgos del proyecto es que la depuración no fue un proceso ordenado, homogéneo y lineal, sino que fue adaptándose paulatinamente a la casuística y a las diferentes fases de la dictadura. “Iban haciendo arreglos e incorporando normas cada vez más represivas porque todo se les quedaba corto para lo que querían hacer. Eso es algo que se ve en la grandísima cantidad de situaciones y formas de nombrar los castigos que generó la legislación”, explica Romero.
El archivo ha mantenido la nomenclatura que utilizaron los franquistas precisamente para evidenciar que “hubo un acomodo constante para que nadie quedara fuera del marco represivo”: apertura de expediente, sanción, suspensión de empleo con derecho al 50%, suspensión de empleo y sueldo, prohibición de solicitar vacantes, inhabilitación para el desempeño de cargos directivos, inhabilitación absoluta, destierro o inhabilitación “perpetua” para el ejercicio de la enseñanza son algunos de los tipos de castigo rastreados por el proyecto.
Por “vestir pantalones”
Entre los motivos, hubo de todo: ideológicos, de conducta y algunos tan absurdos como el de “vestir pantalones” que se le atribuyó a la doctora en filosofía y letras María del Carmen Pescador del Hoyo. Según el expediente nº 4.138 de responsabilidades políticas elaborado por la Policía de León, se le acusó de haber sido alumna de Claudio Sánchez Albornoz —con el que trabajó hasta 1936 en el Instituto de Estudios Medievales—, de ser prometida de José Yuste Blázquez, apartado de Correos en 1936, y de usar pantalones. Se le sancionó con la prohibición de solicitar vacantes y avanzar en el escalafón durante cinco años y de desempeñar puestos de mando, con un veto especial para trabajar en bibliotecas en contacto con público joven. En 1953 fue nombrada jefa de sección el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
En el fondo se pueden leer casos como el de Santiago Piña, jefe del laboratorio de Espectografía del Instituto Nacional de Física y Química que durante la Guerra Civil continuó trabajando para evitar daños en el material científico. Según declaró, su labor había sido seguir con las investigaciones iniciadas 16 años antes y afirmó que había ingresado en UGT en 1937 para obtener el permiso de libre circulación por el Madrid en guerra. Un tribunal militar le condenó a 20 años de cárcel y murió en 1940 de una bronconeumonía en la prisión de San Antón de la capital.
Varias mujeres en el Laboratorio Foster de Química.
El conservador de entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Federico Bonet, se exilió a Francia y México, donde desarrolló su carrera científica. En su huida al país galo, fue apresado en los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, Bram y Montolieu. Por su parte, Teresa Andrés Zamora, que había sido becada por la JAE, fue cesada definitivamente en 1939 del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Se le acusó de firmar documentos estando vinculada a la organización republicana Cultura Popular. En su exilio en París colaboró con la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial.
En el caso de las mujeres, la investigación calcula que solo un tercio pudieron continuar con sus carreras en el CISC, una circunstancia que, según Romero, se puede deber a varias circunstancias como que el Instituto Escuela, que tenía muchas profesoras en plantilla, no se incorporó al CSIC, y lo mismo ocurrió con la Residencia de Señoritas, que se convirtió en colegio mayor.
Las ausencias y dificultad para encontrar información también han marcado el proceso de investigación del fondo, para el que el CSIC ha hecho un recorrido exhaustivo por 13 archivos y otros censos. Sin embargo, estos “no son neutrales” y fueron también “violentados”, estuvieron sometidos a las políticas de la dictadura y sufrieron saqueos y destrucciones.
Esto explica que no todos los expedientes de depuración hayan sido hallados. Además, hay vacíos de información que tienen que ver con otras cuestiones: muchas de las mujeres que estuvieron en el Laboratorio Foster, el primero de Química destinado a la formación femenina, no pudieron seguir con sus carreras aunque no haya un documento que así lo acredite. “Lo sabemos porque muchas fueron becarias, no tenían un contrato o una relación contractual así que no pasaron por el proceso estricto de depuración”, señala Romero, para la que el trabajo permite concluir que la purga no solo fue un castigo individual, sino una “reconfiguración completa del tejido institucional y científico español”.
El antropólogo Sergio Yanes ha reconstruido durante siete años, a partir de más de 2.000 documentos y 23 entrevistas, las historias de los vecinos de Valbona represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra
A las tres de la madrugada, la Guardia Civil sacó de su casa a Rosario y Joaquina Buenaventura Blesa. Las dos hermanas, que todavía eran niñas, vivían con su familia en la masía de Alcafas Bajas, en Valbona. Los agentes las llevaron hasta el pinar e hicieron con ellas un simulacro de ahorcamiento. La misma Guardia Civil entró posteriormente en la masía y la destrozó con picos. Rosario (1929-2021) y Joaquina (1926-2016) sobrevivieron a aquella noche y vivieron durante décadas en Valbona. Sus historias forman parte de las 96 personas represaliadas que el antropólogo Sergio Yanes ha conseguido documentar en este municipio turolense dentro de su proyecto 'Valbona 1936-1952', una investigación que comenzó hace siete años y que ha permitido reconstruir con nombres, fechas y documentación buena parte de lo ocurrido en el pueblo desde el periodo del Frente Popular hasta la guerrilla de los maquis.
Yanes es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y su relación con Valbona comenzó antes que la investigación: es el pueblo en el que veranea, ya que su pareja es de esta localidad. Su interés por cuestiones históricas le llevó a comenzar un trabajo documental que fue ampliando con entrevistas a vecinos y familiares. A medida que avanzaba, comenzó a organizar toda la documentación en una web que le servía como “bitácora”. La publicación del material permitió que otras personas conocieran la investigación y generó un primer diálogo con quienes tenían interés o podían aportar nuevos datos procedentes de la memoria familiar: “Así empieza. Es una investigación levantada muy a pulso, de forma constante”, resume Yanes.
El resultado reúne 2.103 documentos analizados, 23 entrevistas, consultas a diez archivos y 30 entradas publicadas en la web. El proyecto contabiliza 96 valboneros represaliados sobre una población que rondaba los 700 habitantes. “Al ser una población muy pequeña permite profundizar muchísimo, llegar hasta detalles que tal vez en otras poblaciones no es tan sencillo”, explica Yanes. El principal resultado de la investigación, señala, es haber podido documentar al 100% de la población represaliada de Valbona, aunque no descarta que pueda aparecer alguna persona más. En ese caso, explica que se trataría de algún familiar de una persona que ya ha sido identificada.
Gobierno Civil de la provincia de Teruel, Valbona
El trabajo de Yanes no se limita a elaborar una relación de nombres, sino que busca mostrar las distintas formas que adoptó la represión en el municipio: 34 personas encarceladas por “adhesión a la rebelión”, 19 exiliadas en Francia, cuatro ejecutadas por la Guardia Civil, 28 detenidas, apaleadas o torturadas por este cuerpo, una persona ejecutada en un campo de concentración nazi y entre dos y tres ejecutadas por la guerrilla, además de otras víctimas de la guerra y la posguerra. “Lo que es interesante es cómo en un pueblo tan pequeño tenemos de todo. Esa diversidad de historias es muy interesante. Si eso pasó aquí, ¿qué pasaría en las ciudades más grandes?”, se cuestiona Yanes.
“Tenemos claro que alguien represaliado ha pasado por la cárcel, por tortura, por el exilio, pero las mujeres, por ejemplo, no están documentadas ni forman parte de la memoria oral de la misma manera”, explica Yanes. Una de ellas fue María Hormichea Martín, conocida como “la Jaimona”. Nacida en Valbona en 1895, las declaraciones incorporadas a su expediente la sitúan como una mujer especialmente activa en los ambientes políticos de izquierdas del municipio. Uno de los testimonios la calificó como una de las mujeres de izquierdas “más extremistas”, aunque reconocía que no podía precisar hechos concretos contra ella. Fue condenada a seis años de prisión por estas denuncias de sus vecinos.
Del relato de la “guerra entre hermanos” a los nombres y apellidos
El trabajo sobre Valbona también cuestiona la imagen del pueblo rural como una comunidad homogénea en la que la Guerra Civil irrumpió desde fuera y enfrentó a vecinos que hasta entonces habían vivido en armonía. El dossier de la investigación señala que esa visión, construida en buena medida “desde una mirada urbana” y teñida de nostalgia, tiende a ocultar las diferencias de clase, las relaciones de poder y los conflictos sociales que ya existían en los pueblos antes de 1936.
En Valbona, la investigación permite identificar esas diferencias con nombres concretos. El acceso a la tierra, las posiciones de jornaleros, pequeños propietarios y grandes propietarios y el peso de determinadas familias forman parte del contexto local. También la figura del cacique, representada en este caso por Alberto Ibáñez, alcalde de Valbona y hermano de José Ibáñez Martín, que posteriormente sería ministro de Educación durante el franquismo.
Indultados en Valbona
“En Valbona no eran vecinos contra vecinos”, explica Yanes. Lo que aparece al revisar los documentos son diferencias de clase y posiciones políticas que la guerra y la posterior represión llevaron a situaciones extremas. Por eso considera que una investigación a esta escala permite “desmitificar historias de la Guerra Civil” y sustituir algunos relatos generales por “hechos, fechas y nombres”.
El expediente de Joaquín Monleón Hormichea es un ejemplo. Secretario de Izquierda Republicana antes de la guerra y después afiliado a la CNT y miembro de la Colectividad, fue detenido al terminar el conflicto y acusado de participar en una muerte, realizar requisas y participar en la destrucción de la iglesia. Desde la prisión negó parte de las acusaciones y trató de aportar su propia versión de los hechos. Para defenderse citó como posibles testigos a varios vecinos de derechas de Valbona, entre ellos Alberto Ibáñez, a quien consideraba una persona de confianza. Sin embargo, el propio Ibáñez, ya como alcalde, terminó firmando una declaración contra él. “Los grandes relatos nos hablan de dos bandos perfectamente definidos y coherencia interna”, explica Yanes.
La represión más allá del 36: el papel de los maquis
Las trayectorias posteriores permiten comprobar también que la represión no terminó necesariamente en 1939. Eleuterio Formentín y su esposa, Nieves Martín, huyeron de Valbona con sus hijos cuando llegaron las tropas franquistas, regresaron después al pueblo y fueron detenidos. Eleuterio pasó por prisión y posteriormente se trasladó a Sabadell; Nieves fue encarcelada y realizó trabajos forzados. Otros vecinos fueron condenados a muerte: Joaquín Mengod Fuertes fue ejecutado en 1941 y Tomás Vicente Izquierdo, en 1939.
Documento que acredita que Eleuterio Formentín cumplió su condena
A partir de 1947, la aparición de los maquis en la provincia de Teruel coincide en Valbona con la huida de varios vecinos hacia la guerrilla y con la creación de una red clandestina de apoyo. Un documento de marzo de ese año recoge que diez valboneros habían “huido al monte” para unirse a los guerrilleros tras las detenciones practicadas en distintos pueblos de la provincia. Entre ellos estaba Onofre Gargallo, que había pasado por prisión y se incorporó posteriormente al 17º Sector de la Agrupación Guerrillera de Levante. Murió en 1948, a los 39 años, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. La red incluía también a personas que ayudaban a los guerrilleros desde las masías: Miguel Escriche y su hijo Manuel fueron detenidos por acompañar hasta los campamentos a personas que huían de Valbona.
La propia guerrilla aparece también atravesada por contradicciones. Manuel Torres Camallonga, “Rodolfo”, terminó colaborando con la Guardia Civil después de ser detenido y murió en un enfrentamiento con antiguos compañeros. Además, entre los casos documentados por Yanes figuran entre dos y tres valboneros ejecutados por la propia guerrilla, acusados de traición. “Dentro de los maquis hubo algunos guerrilleros de Valbona ejecutados por el propio maquis”, explica.
El trabajo de Yanes no se queda en la reconstrucción de los hechos. La investigación también ha generado nuevas aportaciones de familiares y ha permitido recuperar historias que permanecían incompletas. “Ahora la familia puede reinterpretarse a sí misma. Es interesante y es el papel que tiene que tener la investigación histórica”, explica. “Uno de los resultados más habituales en una investigación al detalle es que aparecen familiares que te dan las gracias y que hacen su propio proceso. Eso es la memoria histórica precisamente”. Yanes plantea que este tipo de investigaciones puedan reproducirse a una escala mucho mayor: “Con este trabajo reivindico que se pueda hacer en cada pueblo de España, en cada barrio, microinvestigaciones que lleguen hasta el final del asunto, que puedan indagar muy en profundidad. La historia de nuestros antepasados nos interpela a todos, tiene que ver con nuestro presente”.
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