Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Carolina Martínez, nieta del fusilado en Paterna en 1939 Jose Manuel Elías Murcia, muestra una foto de su abuelo en su casa de Castellón.
Carme Ripolles
Su abuela iba siempre con la misma foto metida en el refajo, la única que le quedaba. De tanto tocarla y mostrarla, se había roto un poco y se había quedado impresa la huella de un dedo en la imagen, cada vez más difusa, de su marido con otros compañeros de la cooperativa. Este lunes, Carolina Martínez ha depositado una copia de la fotografía en el juzgado de instrucción número 5 de Paterna (77.000 habitantes, Valencia). Se le nota emocionada. Acaba de declarar ante la jueza (Raquel Tribaldos) y la fiscal (Susana Gisbert) de Memoria Democrática y Derechos Humanos de Valencia por la muerte de su abuelo José Manuel Elías Murcia, jornalero fusilado en 1939 en el llamado “Paredón de España”, donde fueron registradas 2.238 ejecuciones de represaliados, una vez finalizada la Guerra Civil.
“Desde chiquitina oía hablar de mi abuelo. Yo dormía con mi abuela y me contaba cosas. No me decía que lo habían matado; la verdad es que, pobreta, lloraba mucho, lo añoraba y decía: ‘Me moriré y no lo habremos encontrado”, recuerda Carolina, modista jubilada de 71 años, aún un poco nerviosa por la declaración, pero satisfecha.
Presentó una querella por un delito de lesa humanidad para que se investigara el asesinato de su abuelo, se determine quiénes fueron los responsables y se construya un relato de la verdad judicial. Tomó la decisión definitiva tras confirmar en 2022 por la prueba de ADN que uno de los cadáveres hallados en la fosa común número 94 del cementerio de Paterna correspondía con el joven concejal socialista, sindicalista de la UGT y republicano de la población de Ayora, del interior de Valencia, con cuatro hijos, al que detuvieron y nunca más volvió. Era José Manuel Elías Murcia.
La última carta del abuelo de Carolina Martínez y la fotografía que llevaba su abuela de José Manuel elías Murcia Martinez.CARME RIPOLLES
Así explicaba el propio represaliado a sus padres su fatídico destino en la última carta que envió a la familia: “En un consejo de guerra me han condenado a pena de muerte, pero no se afronten ustedes, no ha sido por robar ni matar a nadie, es solamente por haber tenido ideas políticas, pues me marcho al otro mundo satisfecho de haber tenido unos padres tan buenos y orgullosos de haberme educado hasta llegar a ser un hombre (…)”.
Ante la jueza ha ratificado la querella y ha descrito la muerte de su abuelo. También fue detenida su abuela y el único hijo varón, por lo que quedaron las tres hijas restantes solas en una casa que fue ocupada por soldados y “saqueada por elementos afines al régimen franquista”, unos hechos que marcaron la existencia de su madre y sus hermanas.
La madre de Carolina no olvidó jamás la desaparición forzada de su padre y de sus restos. “Por eso me digo que se tiene que sentir orgullosa, que se diría: ‘Mi hija ha podido lo que no pudimos nosotros’. Mi abuela y mi madre estarían orgullosas”, comenta. “También la jueza me ha dicho que tendría que estar orgullosa de lo que estoy haciendo”, añade la también presidenta de la asociación de familiares de la fosa 94.
La declaración ante la jueza, cuya primera citación fue suspendida hace año, es un “hecho reseñable ya que hasta la práctica totalidad de las más de 120 querellas” presentadas en España “por distintos crímenes durante la dictadura franquista, como desapariciones, torturas o bebés robados, han sido inadmitidos a trámite”, indica una nota de las organizaciones memorialistas y de derechos humanos como Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo, entre otras. Algunos de sus miembros han acompañado a Carolina al juzgado de Paterna.
El maletín de secretario de la UGT en Ayora (Valencia) de José Manuel Elías Murcia, guardado por su nieta.CARME RIPOLLES
Ella tenía claro desde hace tiempo que quería denunciar. Pero le decían que los crímenes habían prescrito, que con la ley de Amnistía de 1977 y la posterior legislación no era posible. Pero después le hablaron del amparo del derecho internacional cuando se trata de crímenes considerados de lesa humanidad.
Finalmente, con la aprobación de la ley de Memoria Democrática, con las ayudas para exhumar cadáveres en las fosas comunes y la prueba positiva del ADN, y sobre todo, con el gran apoyo de sus dos hijos, que le han animado desde el principio, y de su marido, Carolina ha hecho “lo que tenía que hacer”. La declaración ha sido un hito en su lucha, aunque no signifique que la querella, sobre la que la jueza y la fiscal deben pronunciarse, vaya a prosperar.
El viaje fue abrupto y, para muchos, definitivo. De Canarias a Austria, del Atlántico al interior de Europa. Así terminó el periplo vital de 45 canarios que, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron deportados al campo de concentración y exterminio de Mauthausen. No llegaron allí por azar. La documentación oficialdel Gobierno de Canarias y del Parlamento autonómico subraya que eran demócratas y republicanos, perseguidos tras la Guerra Civil española y empujados al exilio.
Esa historia, durante décadas relegada al silencio, volvió en 2024 al espacio público canario a través de la exposición 186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021, instalada en la Cámara regional como un ejercicio de memoria, justicia y consuelo. El objetivo es claro: que la sociedad canaria conozca el sufrimiento de quienes padecieron el horror de los campos de concentración nazis y mantener viva su memoria.
De Canarias a Mauthausen: una herida repartida por cinco Islas
Las fuentes documentales consultadas por las instituciones canarias fijan una cifra cerrada y contrastada: 45 canarios estuvieron prisioneros en Mauthausen. 28 fueron asesinados y 17 lograron sobrevivir, aunque los supervivientes no pudieron regresar a España a causa de la dictadura franquista. Todas las víctimas documentadas son hombres, y procedían de cinco de las ocho Islas.
La exposición evita la abstracción de los números. A lo largo de seis paneles, reconstruye el itinerario de los prisioneros desde su llegada al pueblo de Mauthausen, a orillas del Danubio, hasta el interior del campo y la cantera donde se realizaban los trabajos forzosos. El recorrido culmina en la “Habitación de los nombres”, un espacio de recogimiento en el que se muestran los nombres y apellidos de las víctimas —fallecidas y supervivientes— junto a sus lugares de procedencia, con la voluntad simbólica de “traerlos de vuelta a casa”.
Entre los casos recordados figura el de Sebastián Perera, concejal socialista en San Cristóbal de La Laguna durante la II República, que tras pasar por las prisiones de Fyffes y Barcelona huyó a Francia y terminó muriendo en un campo nazi. Su historia resume un patrón compartido por muchos canarios: persecución política en España, exilio forzado, captura tras la invasión de Francia y deportación al sistema concentracionario.
El trabajo forzoso y la deshumanización
El eje simbólico de la muestra son los 186 escalones de la cantera de Mauthausen. Allí, los prisioneros realizaban trabajos forzosos en condiciones extremas, convertidos en mano de obra esclava dentro de un engranaje diseñado para anular la dignidad humana. La exposición relata ese proceso sin artificios, apoyándose en datos y documentación que permiten comprender la dimensión del sufrimiento sin recurrir a exageraciones.
Durante el acto institucional de homenaje, la lectura pública de los nombres de los canarios de Mauthausen, acompañada por música en directo, reforzó el carácter humano del recuerdo. Pronunciar cada nombre, indicar su procedencia y devolverlos al espacio público canario fue parte esencial del gesto de reparación simbólica.
Un legado que casi se pierde en el olvido
Las autoridades canarias han insistido en que la historia de los canarios en los campos de concentración nazis es profundamente desconocida. Durante años no formó parte del relato colectivo ni de la memoria institucional. La exposición y los homenajes públicos buscan corregir ese vacío y recordar que estas personas no acabaron en Mauthausen de forma aleatoria, sino por su compromiso con la libertad, la democracia y un proyecto político derrotado por la fuerza.
El trabajo de investigación del autor de la muestra, Eduardo Cabrera, se apoya en archivos oficiales —entre ellos el Memorial de Mauthausen— y en investigaciones realizadas en campos de concentración de Austria, Polonia y Alemania. Su planteamiento es directo: contar la historia tal y como sucedió, con sus luces y sus sombras, para advertir a las generaciones futuras de lo que ocurre cuando el odio y la deshumanización se convierten en discurso dominante.
Recordar a los canarios de Mauthausen no es un ejercicio de rencor, sino un acto de memoria histórica que interpela al presente. La democracia —han subrayado los responsables institucionales— es frágil y necesita ser defendida cada día. Por eso, Canarias vuelve a mirar hacia Austria para no olvidar a los suyos. Un recuerdo incómodo, pero necesario, para que el pasado no vuelva a repetirse.
Lunes, 09 de Febrero de 2026Tiempo de lectura: 4 min
La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife solicita una prospección submarina
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha solicitado ayuda institucional para investigar una fosa común submarina frente a la costa de Anaga, donde —según numerosos testimonios y fuentes históricas— fueron arrojadas al mar víctimas del franquismo dentro de sacos lastrados.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMH-TF), presidida por Mercedes Pérez Schwartz, ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Memoria Democrática que colaboren en una prospección submarina frente a las costas del macizo de Anaga, entre Santa Cruz de Tenerife y San Andrés.
El objetivo: investigar una posible fosa común sumergida en el Atlántico, donde, según múltiples fuentes, fueron arrojadas víctimas de la represión franquista.
Tecnología militar para investigar el fondo marino
La propuesta incluye el uso del buque de salvamento Neptuno y del vehículo submarino no tripulado Leopard, ambos operados por la Armada Española. Gracias a esta tecnología, la ARMH-TF espera realizar un primer estudio científico del lecho marino para localizar restos humanos o materiales como prendas de vestir, proyectiles o piedras empleadas como lastre, vinculados a los asesinatos cometidos bajo la llamada “ley del saco”.
Esta práctica represiva, documentada desde 1936 en Tenerife, consistía en introducir a los detenidos en sacos lastrados y arrojarlos al mar para hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La asociación recuerda que estas ejecuciones sumarias se realizaron desde prisiones terrestres y barcos-prisión fondeados en la bahía de Santa Cruz.
Testimonios que apuntan al océano
Según relata la ARMH-TF, el fondo oceánico frente a Anaga fue uno de los escenarios más significativos de desapariciones forzadas durante los años iniciales de la dictadura franquista. Presos supervivientes, marineros y reporteros de la época coincidieron en sus relatos sobre los métodos empleados: militantes políticos, obreros organizados y civiles fueron sacados de prisión y lanzados al mar, en su mayoría por la noche, dentro de sacos con piedras.
En el año 2022, como gesto simbólico, se instaló una placa conmemorativa submarina en la zona, pero nuevos elementos han revitalizado la necesidad de una acción concreta. La presidenta de la asociación afirma que en 2025, durante unas prospecciones arqueológicas submarinas realizadas en la misma área, se detectaron lo que podrían ser restos óseos humanos y objetos personales. Estos hallazgos fueron comunicados a la Guardia Civil, sin que hasta ahora se haya emprendido ninguna actuación pública para su verificación o análisis forense.
Un llamamiento amparado por la Ley de Memoria Democrática
La ARMH-TF subraya que esta iniciativa está plenamente amparada por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que obliga a las instituciones del Estado a investigar las desapariciones forzadas del franquismo y a localizar fosas comunes. Además, la norma prevé la creación de un Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, herramienta esencial para reconocer y preservar espacios vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista.
En este marco legal, la asociación solicita también que se inicie el procedimiento para declarar oficialmente la Fosa Marina de Anaga comoLugar de Memoria, lo que permitiría activar mecanismos de protección,investigación y señalización pública, así como un reconocimiento simbólico y jurídico para las familias de las víctimas.
Una urgencia histórica: la desaparición de los últimos testigos
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife destaca la urgencia de actuar antes de que se pierdan los últimos testigos directos de aquellos crímenes. “En 2026 se cumplen 90 años del inicio de esta represión, y los últimos hijos e hijas de los desaparecidos están desapareciendo también. Esta investigación no solo busca restos: busca verdad, dignidad y memoria”, señalan desde la entidad.
Compromiso con la democracia y los derechos humanos
La presidenta de la ARMH-TF ha recalcado que este trabajo se realiza en colaboración con entidades culturales y administraciones públicas.
“Nuestro objetivo es mantener viva la memoria de las víctimas, sensibilizar a la sociedad en los valores de la democracia y fomentar el respeto a los derechos humanos. Estos valores están en el centro de las leyes de memoria aprobadas por amplia mayoría en las instituciones democráticas”, afirmó.
Con esta iniciativa, la ARMH-TF no solo impulsa una investigación científica y judicial, sino también un acto de justicia histórica y reparación moral que, aunque llegue tarde, sigue siendo imprescindible.
¿Por qué es importante? No eran centros de acogida, eran prisiones morales. laSexta Columna accede a los archivos oficiales para reconstruir el sistema de vejaciones sistemáticas que sufrieron miles de mujeres bajo el control del Patronato. A través de expedientes silenciados y testimonios de supervivientes, el programa saca a la luz un relato de represión y castigo oculto durante décadas.
Fumar, bailar o llevar una falda corta no eran solo gestos de rebeldía; para el régimen, eran motivos suficientes para el encierro. A través del Patronato de Protección a la Mujer, el franquismo castigó cualquier conducta que se alejara de su ideal de "ángel del hogar", ya saben: el hogar es el templo, la mujer, su "ángel custodio".
Nota mental: es fascinante (y un poco inquietante) ver cómo la estética de los años 40 y 50 ha vuelto con tanta fuerza a través de las tradwives de las redes sociales, se rescata una estética de sumisión sin el contexto de la coerción que la sostenía. Se consume el envoltorio (el vestido de flores, el pastel recién hecho) pero se olvida que, para nuestras abuelas, ese envoltorio era a menudo una celda.
El control social durante la dictadura española tuvo un brazo ejecutor implacable para las mujeres: el Patronato de Protección a la Mujer. Lo que bajo el nombre de "protección" se escondía era, en realidad, un sistema de internamiento destinado a corregir a aquellas que osaban transgredir las normas morales y religiosas de la época.
El "pecado" de ser libre
La lista de motivos para ser enviada a uno de sus centros era tan difusa como arbitraria. No hacía falta cometer un delito; bastaba con ser señalada por "mala conducta". Entre las paredes de sus conventos y reformatorios terminaron:
Mujeres rebeldes: Aquellas que no obedecían a sus padres, salían de noche o llegaban tarde a casa.
Víctimas de la exclusión: Madres solteras, mujeres pobres o trabajadoras sexuales.
Disidentes sexuales: Lesbianas o mujeres con una sexualidad fuera del matrimonio.
Simplemente jóvenes: Chicas que vestían minifaldas o iban solas a un bar, gestos vistos como provocaciones intolerables.
Celdas de castigo y el miedo como herramienta
El caso de Paca Díaz ilustra la crueldad de los métodos de "corrección". Su pecado no fue un crimen, sino su carácter: iba a manifestaciones y bailaba rock and roll en minifalda. En una familia marcada por un padre que ya había pisado la cárcel "por rojo", el miedo al régimen hizo que sus propios parientes la entregaran al Patronato.
"Me metieron en una celda de castigo donde no podías ponerte estirada ni de pie", recuerda Paca. "No sabía si era de día o de noche. Pasaban los días sobre ti y salías ciega porque no te había dado la luz. Te pasaban la comida y una lata para tus necesidades hasta que les daba la gana sacarte".
Para Consuelo García del Cid, otra de las supervivientes, el castigo comenzó con el engaño. Fue internada a los 17 años tras una supuesta visita médica para vacunarse contra la gripe. Se despertó 24 horas después, lejos de su Barcelona natal, sin entender dónde estaba.
"Me asomé a la ventana, muerta de miedo, vi que todas las matrículas eran 'M'. En ese momento me di cuenta de que me habían llevado a Madrid", relata Consuelo sobre su llegada a las Adoratrices, uno de los centros más severos de la capital. Su activismo y su espíritu rebelde habían sido suficientes para que su familia, asfixiada por la presión social, decidiera su internamiento.
Una herencia que sobrevivió a la dictadura
Lo más estremecedor de este sistema es que la libertad arrebatada, las humillaciones y el trabajo esclavo no murieron con Franco. El Patronato sobrevivió a la muerte del dictador y extendió su sombra durante diez años más en plena democracia.
Hasta su disolución definitiva en 1985, el paternalismo machista imperante las tildó de "histéricas", "deficientes mentales" o "ignorantes". Fueron, a ojos de sus captores y de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado, las "locas del coño" de un sistema que nunca ha sido reconocido.
Aquella labor de "limpieza" social dejó una herida profunda. Lo que comenzó en la miseria de 1941 terminó siendo una condena de décadas para miles de españolas cuyo único delito fue querer ser libres. Amén.
El régimen franquista persiguió a las personas por su identidad u orientación sexual, las juzgó basándose en los rumores sociales y creó cárceles específicas como Tefía donde las sometía a todo tipo de vejaciones y castigos físicos
Montaje del campo de concentración de Tefía, visita a Franco en Lanzarote (Foto: Familia Hernández Cabrera) y textos del expediente de 'Invertidos'.
Un camión descargó a Octavio GarcíaHernández (1931-2018) con otros presos en mitad de un vasto campo de jable. Puestos en fila y expuestos al fuerte viento desfiló junto a otros reclusos sobre aquel pedazo de desierto. Antes de llegar, los dejaron atados durante horas expuestos al sol en el puerto, después los taparon con una lona y les dieron varias vueltas para desorientarles. Su delito: ser homosexual; su condena: picar piedra, cada día, hasta que cayera el sol, hacer brotar de frutos aquella tierra y aguantar las palizas y los insultos de los guardias.
La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, fue uno de los campos de concentración que albergó los horrores de la represión franquista en Canarias. Junto a delincuentes comunes, algunos presos políticos y a "peligrosos sociales", el régimen persiguió y apresó a personas homosexuales y transexuales. Se estima que del millar de presos que estuvieron recluidos en Tefía, entre 300 y 350 fueron encarcelados por su orientación o identidad sexual. Sin embargo, no fue hasta entrado el siglo XXI cuando dos supervivientes, los canarios Octavio García y Juan Curbelo, pudieron denunciar públicamente el horror.
Octavio García fue uno de los primeros represaliados en hacer público su testimonio. Fue detenido en Gran Canaria en 1954 y condenado sin juicio por ser homosexual a trabajos de fuerza en el campo de concentración de Fuerteventura. Comparó aquel lugar con los campos de concentración nazis, pero sin horno crematorio, según recordó el investigador Miguel Ángel Sosa. Como él, desde el comienzo de la dictadura franquista, las personas del colectivo LGTBI fueron perseguidas, reprimidas y apresadas, aunque no todas acabaron en Tefía.
Entre los presos que fueron enviados a Tefía por homosexuales, también perdura el testimonio de Juan Curbelo (1939-2004), conocido como Juanito El Pionero por su fuerte relación con el Carnaval canario, que fue el primero en contar la represión que sufrió en aquel campo de concentración sin muros. Curbelo fue aprisionado con dieciséis años, cuando aún era menor y a pesar de que la ley no lo permitía. Tanto Curbelo como García contaron que, a las vejaciones y los palos que recibían por parte de los guardianes, se sumó el hambre que pasaron. Llegaron incluso a comer hasta las heces de las cabras.
Octavio García narró cómo lo esposaron como al resto de presos por su orientación sexual y lo pasearon por la calle con las cadenas puestas a ojos de todos los ciudadanos. Además de las vejaciones y el maltrato, "el mero hecho de estar encerrado en un lugar por ser homosexual en sí mismo era una humillación", resalta Víctor M. Ramírez, investigador de la memoria de la disidencias sexo-genéricas de Canarias y autor del libro Peligrosas y Revolucionarias.
Un modelo de persecución financiado por el Estado
"Pasaban hambre, les daban palizas, los humillaban, los ponían a picar piedra, a cargar baldes de agua", expone Miguel Ángel Sosa, escritor y autor de la obra Viaje al centro de la Infamia (2006), donde recoge los testimonios de Juan Curbelo y Octavio García y que sirvió como punto de partida para la serie Las noches de Tefía (2023), en una entrevista con este medio.
Los arrestos contra personas del colectivo por las fuerzas del régimen se apoyaron en leyes como el artículo 431 del Código Penal, que fue aprobado en 1944 y que abrió la puerta a penalizar a quienes ofendieran "el pudor o a las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia". En 1953, se creó en Gran Canaria un juzgado de Vagos y Maleantes con capacidad para resolver casos detectados en todo el archipiélago. Aquel año el régimen franquista abrió la Colonia Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, para obligar a los presos a realizar trabajos forzosos.
Posteriormente, en 1954, el Gobierno modificó la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada durante la Segunda República para perseguir la delincuencia, y recogió abiertamente la penalización de la homosexualidad, equiparando a las personas homosexuales con "rufianes y proxenetas".
En esta reforma de la ley, el dictador Francisco Franco dictó que los hombres homosexuales no podían ser internados en las mismas cárceles que el resto y que debían estar "absolutamente separados". Los condenados debían internarse en campos de trabajo o en "colonias agrícolas".
En 1955, el gobernador civil de La Palmas, Santiago Guillén, solicitó los nombres de todas las personas expedientadas en Canarias por ser considerados "invertidos". Entre los expedientes a los que ha podido acceder este medio, aguardados en el Archivo Histórico de Las Palmas, no solo se señaló a los que habían sido detenidos alguna vez por la policía franquista, sino que se usó también el "rumor público" como argumento para acusarlos si no había antecedentes.
Los informes policiales calificaban a las personas homosexuales con términos como "invertidos en grado máximo", abrían investigaciones sobre su comportamiento por no "alternar con mujeres" y señalaban su "acentuado amaneramiento".
Incluso, un grupo de licenciados en Derecho de Las Palmas pidió al Ministerio de Justicia endurecer la persecución de las personas homosexuales ante el "peligro inminente de perversión de la juventud". Señalaron a los homosexuales como "agentes de destrucción" de los "valores morales" y de ser "una amenaza a la hombría y la mente sana". Además, pedían "una severa sanción" para ellos por "la propagación del mal".
Documento enviado por licenciados en Derecho de Las Palmas al Ministerio de Justicia franquista. Foto: Archivo Histórico de Las Palmas.
Las personas condenadas por homosexualidad también eran enviadas a las prisiones de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, pero Tefía se convirtió en símbolo de la represión hacia el colectivo gracias a los testimonios de Octavio García y Juan Curbelo.
Los barracones donde dormían los delincuentes comunes se separaron de los presos homosexuales después de que descubrieran a dos reclusos manteniendo relaciones sexuales. Como castigo, ambos recibieron una enorme paliza. Los apresados tenían que dormir en el suelo, a veces sobre alguna esterilla y otras, al raso. Además, solo podían asearse una vez a la semana, siguiendo el tiempo marcado por un cronómetro. Cuando se acababa el tiempo, tenían que salir de las duchas o los apalizaban.
La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía estuvo abierta desde 1953 hasta 1966, pero la Ley de Peligrosidad Social continuó persiguiendo la homosexualidad en Canarias.
Los detenidos tenían que enfrentarse a informes de comportamiento, al cabo de un año, iban a un juicio de revisión de la pena y un juzgado decidía si salían liberados o no. La vuelta a casa tras la reclusión, llevó a personas como Octavio García a abandonar su hogar, mientras que otros presos corrieron con la suerte de encontrar apoyo en su familia. Sin embargo, los antecedentes penales les hacía difícil volver a encontrar empleos legales, viéndose empujados a la marginalidad.
"Además de la colonia agrícola, los calabozos, las cárceles, los cuartelillos y hasta las propias familias también podían ser pequeñas Tefías", expone el escritor Miguel Ángel Sosa, en referencia a la discriminación social que existía hacia las personas del colectivo. Esta represión social hizo que la mayor parte de los testimonios murieran con sus víctimas.
Un kioskero de Arrecife, señalado por "afeminado" y homosexual
Los testimonios de Juan Curbelo y Octavio García han abierto la puerta a conocer la represión franquista en Canarias contra las personas del colectivo LGTBI. El campo de concentración de Tefía, ahora convertido en símbolo de la represión sexual en Canarias, está cerca de ser declarado Lugar de Memoria Democrática, pero no fue el único lugar que escondió la violencia contra las personas del colectivo.
El investigador Víctor M. Ramírez ahondó en los expedientes contra personas homosexuales abiertos en el Juzgado de Vagos y Maleantes de Las Palmas. A pesar de que se abrían por homosexualidad, realmente eran expedientes contra disidencias sexuales, una especie de cajón de sastre donde se recogía a las personas transexuales, "como una especie de homosexualidad en grado máximo", puntualiza Ramírez.
No todos los expedientados acabaron en campos de concentración ni presos, pero sí que fueron señalados por el régimen franquista por su orientación o identidad sexual. Tal fue la persecución que la dictadura creó un archivo de "invertidos" donde se recogía un listado de personas homosexuales. La mayor parte de los registrados en Canarias, se dieron en Gran Canaria, un total de 161, y seguidos de Tenerife, con 28. Lo que muestra que la represión del régimen no fue igual en todas las islas. En Lanzarote, Ramírez halló tres expedientes abiertos.
Uno de los expedientes que permanecen en los archivos del Juzgado de Vagos y Maleantes por homosexualidad en Lanzarote, a cuyo contenido ha podido acceder La Voz, se remonta al año 1967. Este archivo muestra el caso de un joven de 26 años, nacido en Arrecife y empleado en un kiosko, que fue expedientado por homosexual. Tras ser denunciado por el padre de un joven de 18 años, menor de edad para la época, con el que supuestamente mantenía una relación, las autoridades franquistas señalaron que el joven tenía "fama de invertido".
En el propio expediente, el lanzaroteño negó que fuera homosexual, pero aseguró tener "tendencia de invertido", y que siempre lo había "procurado ocultar" para "evitar escándalos". Ante el Juzgado tuvo que reconocer que tenía "ademanes algo afeminados" y la Fiscalía pidió que se le declarara como "peligro social". El acusado fue sometido incluso a un informe forense para determinar si era homosexual. El resultado de aquel informe expuso que tenía "modales y voz afeminados", pero que no había "estigmas ni señales evidentes de perversión homosexual". Finalmente, se libró de ser declarado un peligro social porque no tenía antecedentes y tenía trabajo.
El rumor de ser homosexual y el control social
El simple hecho de ser afeminado hacía que muchos hombres fueran condenados. "El rumor de ser homosexual era suficiente para ser señalado, abrirle expediente y vigilarlo para ver si era cierto e, incluso, mandarlo al juzgado. La mera sospecha era suficiente para ser considerado una persona disidente y por tanto ser considerada peligrosa para la sociedad", expone el investigador Víctor M. Ramírez.
El autor de Peligrosas y Revolucionarias explica que la apertura de más expedientes en Gran Canaria que en otras islas tiene una explicación. "Las Palmas [de Gran Canaria] era una ciudad muy dinámica, muy cosmopolita, venían barcos de todo el mundo. El Puerto fue un lugar importante de entrada a la diversidad", añade Ramírez. El auge del turismo en el archipiélago a partir de los años sesenta supuso también la entrada a la isla vecina de "una visión un poquito más abierta", añade. Esta mayor visibilidad en la isla implicó un mayor control social, institucional y, "por tanto, más detenciones".
Junto a la represión de las fuerzas del régimen franquista, el miedo se convirtió en una herramienta más junto a la ley. "Cuando detenían y juzgaban a un homosexual, su entorno lo sabía y eso era también un mecanismo de escarmiento para el resto de la comunidad", explica Ramírez.
La mayoría de expedientes abiertos se dirigen principalmente a hombres, aunque también hay mujeres señaladas por homosexualidad. "En Canarias, no se le aplicó a las mujeres la Ley de Peligrosidad Social, ellas sufrieron más represión por otras vías", añade Ramírez. En esta línea, este investigador explica que si las mujeres "se descarrilaban demasiado", acababan en el Patronato de Protección a la Mujer, un conjunto de centros que eran gestionados por congregaciones religiosas y se usaban para encerrar a quienes no cumplían con el prototipo exigido por el régimen.
Ley de Peligrosidad Social y la despenalización en 1978
En 1970, la Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por la Ley Sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. En ella, se agrupó a las personas homosexuales, con mendigos, "gamberros", "rufianes y proxenetas", migrantes clandestinos, personas que se prostituían o que padecían enfermedades mentales, alcohólicos y drogadictos. La ley tachó a las personas del colectivo de peligrosas y exigió su internamiento en un centro de reeducación. El franquismo, prohibió a las personas homosexuales residir en un lugar determinado, visitar lugares públicos y los sometió a la vigilancia de agentes del régimen.
No fue hasta 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco (1892-1975) cuando se despenalizó en España la homosexualidad tras modificar la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación Social. Aunque solo se eliminó la consideración de las conductas homosexuales como conductas criminales, no fue hasta 1995 que se derogó totalmente la norma.
La represión del colectivo LGTBI en Lanzarote
A mediados de los años setenta, se realizaban en las islas redadas en los clubes y bares nocturnos en búsqueda de personas homosexuales. En el Archivo Histórico de Arrecife, la mayoría de las multas impuestas en los años siguientes a la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes se sustentan en delitos contra el orden público o la moral. Panaderos, jornaleros y pescadores acumulan cientos de multas en el registro por haber alterado el orden público y la moralidad. En algunos casos, fueron sancionados por participar en reyertas, pero en muchos de estos expedientes no exponen qué actos cometieron las personas multadas.
Estas sanciones económicas se usaron luego en los expedientes de "invertidos" acumulados en el Gobierno Civil para señalar que los investigados habían sido multados por "faltas a la moral".
La primera mujer trans de Lanzarote
La falta de apertura en Lanzarote, obligó a las personas del colectivo a decidir entre tres caminos: ocultar su realidad y vivir una vida desdichada, aceptar su sexualidad o identidad y vivirla de forma oculta o migrar hacia otros territorios con más aperturismo, pero también, más peligrosos.
Este es el caso de Dulce Suárez Morales (1957-2020), que nació en el barrio de La Vega, en Arrecife, y fue la primera mujer trans con un documento de identidad propio en Lanzarote. Procedía de una familia de pescadores y trabajó en una empresa de electricidad de Arrecife. La lanzaroteña vivió junto a sus padres y bajo el cuidado de sus hermanas en una pequeña vivienda oficial en el barrio de Valterra. En los años setenta, huyó de una isla en blanco y negro con dieciocho años, hacia Gran Canaria y se instaló, como muchos otros lanzaroteños, en el barrio de La Isleta.
"Allí conoció a la que se convertiría luego en su segunda familia, todas esas mujeres y hombres trans, que estaban condenados a la marginalidad", relató su sobrino Francisco Vega hace seis años en una entrevista con el Gobierno de Canarias. Vega todavía recuerda a su tía Dulce con dolor por el sufrimiento que vivió. "Es una historia que me sigue tocando el alma", ha lamentado en palabras a La Voz.
Dulce Suárez en una foto cedida por su sobrino Fran Vega.
La vida de Dulce Suárez en Las Palmas de Gran Canaria se convirtió también en un infierno. La persecución a las personas trans y a las prostitutas en la capital hizo que la lanzaroteña pasara muchas noches en calabozos y que terminara encarcelada. "Lo pasó realmente mal porque la violaron, la maltrataron y la humillaron escupiéndole y orinándole", recordó su sobrino.
Durante su estancia en Gran Canaria, Dulce vivía en la indigencia y con solo el apoyo de amigas y amigos trans con los que compartía una única salida laboral: la prostitución. "Ahí comenzó a socializar y a encontrar su lugar, fueron su segunda familia porque se sintió protegida", afirmó Francisco Vega. La prostitución le trajo consigo agresiones por parte de los clientes, contrajo sida y la llevó a consumir drogas.
En los años ochenta, Dulce volvió a Lanzarote para despedirse de su padre enfermo, a pesar de que no había sentido el apoyo de sus padres a lo largo de su vida. Al volver, decidió establecerse definitivamente en la isla de nuevo, donde años más tarde cuidó de su prima con parálisis cerebral y a su madre. "Si llega a ser otra persona les habría dicho 'ahí te pudras, bastante sufrí en esta casa', pero no lo hizo y no guardó rencor, por eso siento tanta devoción", rememoró su sobrino.
A pesar de que las personas del colectivo LGTBI fueron señaladas, perseguidas, encarceladas e incluso torturadas por su identidad y orientación sexual, no fue hasta 2022, con la Ley de Memoria Democrática, cuando se les reconoció como víctimas.
El testimonio de Octavio García Hernández se puede consultar públicamente gracias al archivo de Memoria Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al escritor Miguel Ángel Sosa, que logró recopilarlo junto al de Juan Curbelo, y sobre todo, a la valentía de Octavio García y Juan Curbelo por querer denunciar públicamente lo que ambos y cientos de personas más sufrieron en Tefía.
Gracias al Archivo Histórico de Arrecife, al Archivo Histórico de las Palmas, a los investigadores y escritores Víctor M. Ramírez y Miguel Ángel Sosa, así como a Francisco Vega por permitirnos acercarnos a la historia de represión sexual en Lanzarote y el resto de Canarias.
