Desde que fundó la asociación en 2011, la cifra de casos documentados se ha duplicado, sin que ninguno haya llegado a juicio
Esperanza Ornedo lleva casi dieciséis años luchando por otras familias y, como ella misma reconoce, pocas veces habla de la suya. Su historia empieza el 23 de marzo de 1968, cuando nació su hermana en un hospital de Huelva. Nadie atendía a su madre en el momento del parto: fue a base de gritos y de pedir ayuda como consiguió que una matrona la metiera en una habitación y sacara a la niña. Su madre llegó a verla, grande y hermosa, con vida. Horas después, un médico entró en la habitación, dijo que había fallecido y se dio media vuelta sin dar ninguna explicación.
Cuando el padre de Ornedo exigió ver el cuerpo, lo bajaron al mortuorio y le enseñaron un paquete envuelto en vendajes y gasas, sin peso aparente. Sospechó, y pidió unas tijeras para abrirlo. No se lo permitieron: le advirtieron de que eso ya no se podía tocar, que le iba a estropear la carita a la niña. Sus padres, además, tenían seguro de deceso y quisieron darle un entierro propio, pero en el hospital les dijeron que a los bebés como el suyo se los enterraba a los pies de un fallecido cualquiera, en su misma caja, ese mismo día. Su madre salió del hospital, según ha contado Ornedo, «con las manos vacías y con un vacío completo».
La historia quedó enterrada en la familia hasta enero de 2011, cuando la madre de Ornedo la llamó para decirle que estaba viendo en televisión testimonios de mujeres a las que, según contaban, les habían robado a sus hijos, y que su propia historia coincidía con las de ellas. «A mí se me cayó el cielo encima», recordó Ornedo, porque supo enseguida que aquello le tocaba a ella. Semanas después fundaba SOS Bebés Robados Huelva. Cuando empezó a rescatar la documentación de su propia hermana, encontró que estaba falsificada: figuraba un médico como responsable del parto, cuando en realidad, según relató a Huelva24, había sido una matrona.
Doscientos casos, el doble que en 2012
Quince años y medio después, la asociación que fundó tiene documentados 200 casos en la provincia, el doble que el centenar de denuncias que manejaba en 2012. El fenómeno, según ha explicado, no es exclusivo de Huelva: ha ocurrido a nivel nacional. Pero Huelva, pese a no ser una ciudad grande, concentra una de las mayores cifras de familias afectadas del país en relación con su tamaño, según la propia asociación.
Ese mismo 2012, la Audiencia Provincial de Huelva unificó criterio y archivó por prescripción a los 18 imputados que entonces investigaba la Policía. Ninguno de esos casos ha llegado nunca a juicio en la provincia. «Nos partieron por la mitad», recuerda. Y es que entre 2011 y 2012 incluso había existido un grupo específico de la UDEF dedicado al robo de bebés, con el que ella mantenía reuniones directas: ese mismo grupo corroboró, según ha explicado, una denuncia suya: que los libros de inhumación del cementerio de La Soledad estaban siendo sospechosamente transcritos de nuevo, con tinta reciente, en una fecha en la que ya se digitalizaban los registros. El hallazgo constó en el juzgado, pero no impidió que el caso se archivara con el resto.
Cerrada la vía judicial, la de las exhumaciones sigue abierta, aunque el camino ha sido largo. Ornedo sitúa el primer paso en 2018, cuando se reunió con el entonces delegado de Fomento en Huelva, José Manuel Correa, que actuó de enlace entre la asociación y el Gobierno andaluz. Para 2020, las autorizaciones para exhumar ya estaban concedidas: el informe que ese año la asociación entregó al Comisionado de la Concordia de la Junta de Andalucía respondió a un trámite de protocolo solicitado por la propia Junta, centrado en el levantamiento de la fosa común de La Soledad en su conjunto, y no solo de las ubicaciones señaladas por las familias.
Las fosas de La Soledad y los pueblos de la provincia
En agosto de 2025 se excavaron finalmente cinco fosas en ese cementerio, correspondientes a otras tantas familias que pudieron señalar la ubicación exacta porque acompañaron el entierro en su día. Los resultados del laboratorio, según explicó Ornedo, se conocerán en septiembre, cuando la asociación convocará de nuevo a la prensa.
Aparte de esas cinco fosas comunes, ha habido exhumaciones en nichos individuales en varios pueblos de la provincia. En Trigueros y en Tharsis, según ha explicado Ornedo, fueron las respectivas familias las que exhumaron por su cuenta, sin la presencia de la asociación, que se enteró después: en el nicho de Trigueros no había ningún bebé; en el de Tharsis, de dos hermanas fallecidas, solo se encontró a una. En Ayamonte la asociación sigue esperando autorización. En Moguer, el caso de Paqui Márquez Orta —sobre el que ya informamos en este periódico— sigue pendiente del resultado del cotejo de ADN.
Alrededor del 90% de los 200 casos de la provincia proceden de partos y fallecimientos en hospitales de la capital, sobre todo el Manuel Lois, según los datos que maneja la asociación, seguido del Provincial de La Merced. La concentración mayor se sitúa entre los años sesenta y setenta, aunque hay casos documentados desde los años cincuenta hasta 2001.
De Huelva a Bilbao, medio siglo después
Enrique Olivert, conocido como Quique, es, según SOS Bebés Robados Huelva, el primer reencuentro confirmado con nombre en la provincia. Nacido en 1965 en el norte de España, fue robado a sus padres al nacer porque no estaban casados, una decisión que entonces tomaron las monjas del hospital. Entregado a una familia de Huelva, ha vivido siempre en la ciudad sabiendo que era adoptado, aunque durante años entendió que aquella adopción se había producido dentro de un marco legal. Tardó dos años en poder consultar la documentación de su propio caso, donde figuraba el nombre de su madre biológica. Al detectar irregularidades, contactó con SOS Bebés Robados Huelva, que le ayudó a confirmar la coincidencia con una prueba de ADN en un laboratorio español. Esperó a que fallecieran sus padres adoptivos para iniciar la búsqueda. Tras más de tres años, en 2012 encontró en Bilbao a su madre y a una hermana, tras 47 años sin verse.
Desde el reencuentro, Quique ha ayudado a otras familias de la asociación a seguir adelante con su búsqueda, convencido de que su caso podía servir de ejemplo para otros. Hoy sigue mantieniendo relación con su familia biológica.
Más allá de las exhumaciones judiciales, la asociación lleva tiempo cruzando datos con un laboratorio internacional de pruebas de ADN genealógico, muy usado para construir árboles familiares, en el que también se inscriben adoptados y familias biológicas que sospechan de una sustracción. El primer reencuentro reconocido en la provincia, el de Enrique Olivert, nacido en Bilbao en 1965 y criado en Huelva, se resolvió de otra manera: él mismo había localizado a la que creía su madre biológica, cuyo nombre figuraba en la documentación de su propio expediente de adopción, y contactó con la asociación para confirmar la coincidencia con una prueba de ADN en un laboratorio español. Ha habido más reencuentros desde entonces, aunque la asociación no puede dar una cifra: varias familias han pedido no hacerlos públicos.
Ornedo insiste en que todavía queda mucho por demostrar. «Yo sé que aquí en Huelva se robaron niños», afirma. A la espera de los resultados de septiembre, sigue reclamando autorización para nuevas exhumaciones en La Soledad. Sigue buscando, dice, la misma verdad que empezó a perseguir por su hermana en enero de 2011.
«Cuando el reencuentro no llega»
Pero no todos los casos que sí se resuelven terminan bien. Ornedo cuenta que ha habido más reencuentros en Huelva de los que se han hecho públicos, pero que en algunos de ellos el hijo localizado no ha querido tener contacto con su familia biológica, y esas familias se han quedado, dice, en el anonimato, sin poder hacer nada. No todos los adoptados que se resisten a buscar lo hacen por lo mismo: algunos, explica, no quieren hacer daño a los padres que los criaron; otros, en cambio, han contactado con la asociación pidiendo ayuda y han dado marcha atrás a los pocos días porque sus padres adoptivos se lo han impedido con amenazas. Para Ornedo, en esa asimetría está la parte más injusta de todo el proceso: el hijo, cuando conoce la verdad, puede elegir; la madre biológica, no. «Está obligada a adaptarse a lo que le quieran dar», lamenta. Aunque a veces el desenlace sea positivo —como en el caso de Enrique Olivert, que sí encontró a su familia y hoy mantiene relación con ella—, la asociación no puede prometer un final feliz ni siquiera cuando el ADN encuentra una coincidencia.
