Tras la primera sentencia de la Fiscalía, las asociaciones lamentan que la Justicia “no se atreve a cumplir la Ley de Memoria” y la defensa de la víctima califica la sentencia de "insuficiente"
La activista Blanca Serra. EP
España mantiene una deuda con las víctimas del franquismo. Una herida abierta que, poco a poco, se va cerrando, pero sobre la que todavía queda mucho por hacer para curarla del todo. El Gobierno actual de nuestro país ha intensificado sus esfuerzos en esta línea con una Ley de Memoria Democrática que ha supuesto un antes y un después en materia de reparación, pero el camino por recorrer todavía es largo.
Esta semana, la Fiscalía concluía una investigación que hablaba muy bien de nuestro país, pero cuyo veredicto dejaba mucho que desear a las distintas asociaciones y a la defensa de la propia víctima que había denunciado, la activista independentista catalana Blanca Serra.
El resultado del órgano judicial dejaba un sabor agridulce a las partes -las directas y las indirectas- y más preguntas que respuestas después de un año de análisis en el que una denunciante de las torturas fue por primera vez escuchada. Asimismo, el proceso dispuso de la declaración de varios peritos y documentación de diferentes instituciones. Sin embargo, todo ello derivó en el archivo de la causa.
La Fiscalía de Barcelona dispone que, efectivamente, Serra sufrió un delito de torturas perpetrados en un contexto de crímenes contra la humanidad y de “persecución y represión política instaurada por el franquismo” y se refiere así a la dictadura: “Régimen institucionalizado de opresión sistemático y generalizado”.
A pesar de ello, el motivo que ha dado la jurisprudencia para no imponer ninguna pena es que desconoce quiénes son los agentes de la Brigada Político-Social que perpetraron estos actos, algo incomprensible a ojos de las asociaciones memorialistas y de la defensa de Serra.
"La Justicia lleva 50 años sin hacer nada"
“No hay voluntad”, resume Nera Fulgido, de CEAQUA, respecto de las líneas anteriores. Expresa en declaraciones a ElPlural.com que la Fiscalía “podría acceder a los documentos, pero no lo hace”. “No se atreven a cumplir con la Ley de Memoria”, refrenda la portavoz.
Emilio Silva, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que “todo avance en la justicia es bienvenido tras 50 años de prácticamente no hacer nada”, pero lamenta que “ya ha habido otros inicios de procesos que han acabado así”.
Podrían acceder a los documentos, pero no lo hacen
Así, en la misma línea de Fulgido, pone de manifiesto que “no sabemos hasta qué punto la Fiscalía ha buscado documentación o si ésta se encuentra protegida por la Ley de Secretos Oficiales del franquismo”. “Es una vergüenza que 50 años después se siga protegiendo a policías franquistas que cobran pensiones especiales incrementadas en un 20% por condecoraciones, como las otorgadas a Martín Villa en 1977”, ejemplifica.
Asimismo, cita como otros ejemplos a Jesús Muñozca o Billy 'El Niño'; y pone sobre la mesa que varios historiadores se encuentran en una campaña para denunciar las trabas que se dan a la hora de intentar acceder a la documentación. “Es un agujero negro sin catálogos claros”, sentencia, añadiendo que esto se mantendrá así, al menos, “mientras no se derogue la Ley de Amnistía”.
"Histórica", pero incompleta: "Falta de voluntad"
Volviendo al caso concreto de Serra, la fiscal dicta que los agentes detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.
Pero hay que tener aquí en cuenta la Ley de Amnistía de 1977 para entender este tipo de resoluciones, lo mismo que la prescripción de delitos. Estos siguen siendo obstáculos, lo mismo que el paso del tiempo, dado que la mayoría de los policías torturadores ya han fallecido.
El ejemplo de Serra es pionero porque se trata de las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policía de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana (Barcelona) que se conoció como ‘casa de los horrores’. Así lo refiere en declaraciones a este periódico Iridia, que ejerce como defensa de Serra. Pero confirma que es "insuficiente".
"La resolución de la fiscalía es histórica por cuanto, por primera vez, una resolución judicial reconoce las torturas realizadas por la BPS en la comisaria de Via Laietana 43 de Barcelona durante el franquismo, certificando que Blanca y su hermana Eva fueron perseguidas y torturadas por su ideología política y razón de género en un contexto de crímenes de lesa humanidad", dice. Y acentúa: "También porque evidencia que el sistema de represión franquista se prolongó más allá de la muerte del dictador, durante la Transición, evidenciando las limitaciones del ámbito temporal de la Ley de Memoria Democrática y la necesidad de incorporar estas vulneraciones de derechos en la tarea de la comisión técnica de la DA 6ª de la Ley".
"Respecto la investigación realizada por la fiscal de la unidad de Barcelona, ha contado con una perspectiva psicosocial poco habitual en la justicia, situando a la víctima en el centro. A pesar de ello, se trata de una investigación insuficiente. Se solicita el sobreseimiento provisional por falta de autor, pero no se ha impulsado ninguna diligencia de investigación para identificado a los responsables a pesar de haber podido acceder a archivos policiales que aportan datos clave para su identificación", relata; lo cual "refleja una falta de voluntad de la Fiscalía para acabar con la impunidad, recayendo una vez más, la exigencia de justicia y reparación recae en las víctimas y la sociedad civil".
En la actualidad, el edificio -que de alguna manera se podría asemejar a la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol en Madrid- sigue siendo polémico a tenor de su futuro, y es que las víctimas del régimen reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en una memoria, algo parecido a lo que ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. No obstante, tanto el Estado como el Ejecutivo de la Generalitat mantienen que el edificio puede ser ambas cosas a la vez.
