Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.
No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.
El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.
“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.
José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.
Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.
“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.
Una regulación “hiperrestrictiva”
A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.
Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lozano como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.
Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.
Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.
Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.
“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.
Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.
Al igual que Stella y José Lozano, Carlos Mañés también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.
Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.
El traslado de cajas
La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.
Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.
Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.
De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.
