El edificio representa “de forma singular los procesos de destrucción y reconstrucción de la democracia en España desde 1936 hasta la actualidad”, según una resolución que ha suscitado críticas del memorialismo gallego
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la declaración del Pazo de Meirás, situado en el municipio de Sada (A Coruña), como lugar de memoria democrática al considerarlo como “uno de los espacios más significativos para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España”. “Meirás constituye un lugar de memoria democrática por representar de forma singular los procesos de destrucción y reconstrucción de la democracia en España desde 1936 hasta la actualidad”, resume la resolución. Y explica que la “trayectoria histórica” del pazo está “estrechamente vinculada a dos realidades de enorme trascendencia y muy diferente significado: la figura de Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemporánea, y la dictadura franquista, que convirtió el inmueble en uno de sus principales símbolos de poder”.
Esta aguardada declaración de las Torres o Pazo de Meirás se produce mientras el inmueble permanece vetado a las visitas del público y solo se pueden ver, en excursiones organizadas que gestiona de momento el Ayuntamiento de Sada, los jardines, el vestíbulo y la capilla. Este mes de agosto ya no hay posibilidad de reserva porque todas las plazas están ocupadas desde hace tiempo, explica Carlos Babío, uno de los principales artífices de la recuperación del palacete que disfrutaron los Franco durante ocho décadas. Babío —nieto de una vecina que perdió la casa y la tierra en el proceso de apropiaciones y expropiaciones forzosas— destapó en una investigación que duró más de 20 años la base documental sobre la que armaron los abogados del Estado la demanda contra la familia Franco. El histórico memorialista preside la CRMH (Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica) de A Coruña, el colectivo más beligerante en la reclamación del pazo y de la Casa Cornide, otro palacete en manos de los herederos del dictador, en el corazón de la ciudad de A Coruña. La declaración como lugar de memoria de la mansión de Sada ha sido recibida “positivamente”, pero con varias críticas por parte de la CRMH este viernes por la mañana.
Esta declaración, recuerda la comisión, “está vinculada a la lucha de la sociedad y el memorialismo gallego”, y “no se entiende cómo la Secretaría de Estado lo excluyó del proceso”, pese a haber sido “el impulsor y principal actor en la reclamación para que el Pazo de Meirás, junto con la isla de San Simón [Redondela, Ría de Vigo], fuesen declarados lugares de memoria”. “Seguro que, de no haber excluido al asociacionismo memorialista, no se habrían publicado errores reiterados en el relato histórico”, afea la entidad social al Gobierno.
En su comunicado, el colectivo critica varios aspectos de la resolución que ve la luz en el BOE. Uno de ellos es la denominación escogida para el bien, simplemente Meirás, como la parroquia o localidad de Sada en la que se ubica, cuando la forma “histórica y social es Pazo de Meirás”. “Esta modificación atenta claramente contra la identidad del bien”, lamentan los memorialistas.
Además, la CRMH advierte al Estado de que en su relato recoge que en Meirás hubo ampliación de tierras mediante “apropiaciones y expropiaciones”, y recuerda que la parte recuperada [no se reclamaron judicialmente todas las propiedades del conjunto amasado por el caudillo] “es lo que está dentro de los muros”. Ahí “no hubo ninguna expropiación. Solo apropiaciones”, discute a la Secretaría de Estado el grupo que más combatió por recobrar el pazo durante años.
El relato del BOE echa la vista más atrás, antes del golpe militar de 1936, para armar la memoria histórica del lugar. Durante la Segunda República, el Pazo de Meirás “quedó asociado a sectores políticos y sociales contrarios al nuevo régimen democrático y fue asimismo escenario de conflictos agrarios que reflejaban las profundas tensiones sociales y políticas del período”, recoge el boletín. “Algunos miembros de la familia [propietaria] participaron en conspiraciones antirrepublicanas relacionadas con los procesos golpistas de 1932 y 1936, convirtiendo el lugar en un escenario representativo de las fracturas que precedieron a la Guerra de España”, expone la resolución del BOE.
La dimensión de estos sucesos “convierte a Meirás en un lugar esencial para la memoria democrática” cuando además, en plena Guerra Civil, se constituye el 3 de marzo de 1938 la denominada “Junta Pro-Pazo del Caudillo”, integrada por el gobernador civil de A Coruña y diversas autoridades provinciales y locales, con “el objetivo de adquirir el inmueble para entregárselo a Francisco Franco”. Una operación financiada “mediante aportaciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y particulares, en un contexto de represión y coacción política”.
Escenario político del franquismo
El Pazo de Meirás fue utilizado como residencia del dictador Francisco Franco desde 1938 hasta su muerte, lo que conlleva que el edificio haya adquirido “una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista”. “El pazo se convirtió en uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura”, resume el BOE, antes de apuntar que no solo fue residencia de Franco, sino que fue “un escenario institucional desde el que se ejerció y proyectó el poder político del franquismo”. Allí, por ejemplo, se celebraban consejos de ministros como el que aprobó, en agosto de 1975, un decreto que endurecía la pena de muerte en los últimos meses de la dictadura.
El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el pazo era propiedad estatal, y declaró nula y sin efecto la donación personal de Franco a su familia. Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.
En marzo, el Tribunal Supremo puso fin al pleito entre el Estado y la familia Franco por la propiedad del pazo, cuando la Sala Civil resolvió que era propiedad del Estado. Este pronunciamiento era el que esperaba el Ejecutivo para que la propiedad estatal fuera definitiva y el edificio pudiera ser rehabilitado para abrirlo entero al público y ser convertido en lugar de memoria. Algo que culmina este viernes con la publicación en el BOE de la resolución que describe el pazo como un inmueble que “permite comprender tanto la apropiación de bienes y derechos producida en un contexto de represión y coacción como la prolongación de determinadas herencias del franquismo durante el período democrático y, finalmente, su recuperación para el patrimonio público como expresión de los valores democráticos, la justicia y la memoria colectiva”.
El memorialismo urge la apertura
“La resolución no recuerda un hecho nada menor”, reprocha en su comunicado la CRMH de A Coruña. El Pazo de Meirás “está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de sitio histórico” desde 2008, “y esto tiene consecuencias, como por ejemplo la apertura al público, que la parte resolutiva olvida”. “No se cita tampoco nada respecto a las medidas de protección y difusión, y la gestión de usos que se darán”, avisa, un hecho —junto a la esperada cesión modal a Galicia— que mantiene desde hace un lustro en vilo no solo a los colectivos por la memoria, sino al Ayuntamiento de Sada, encargado de las únicas visitas que se permiten.
Por todos estos asuntos que no aparecen aclarados sobre el papel o que han causado sorpresa, la CRMH anuncia que “solicitará acceso como parte interesada al expediente administrativo”. “Es necesario saber en qué se basó el Estado para afirmar cuestiones importantes, como el cambio de denominación”, defienden sus miembros, que exigen al Gobierno que abra el pazo en “cumplimiento de la legalidad”.
En la misma línea, el consistorio de Sada reclama “avanzar en la definición de usos y en un modelo de gestión” que convierta el inmueble “en un espacio abierto a la ciudadanía, vinculado a la memoria democrática y a la figura de Emilia Pardo Bazán”. Mientras tanto, la familia Franco sigue este verano llevando a cabo sus planes para retirar de las torres ideadas por la escritora todos los bienes muebles que la Justicia no otorgó al Estado, mientras que algo más de 600 objetos han sido blindados y deben quedar. Según fuentes consultadas en el municipio coruñés, a lo largo de septiembre se espera que los herederos del dictador completen la mudanza.
La propia CRMH, conocedora, por sus años de investigación, de los tesoros históricos que guarda la mansión, difundió a principios de agosto en su cuenta de Instagram la foto de un armario antiguo que había pertenecido a la autora de Los Pazos de Ulloa. “Ayer el Estado se lo entregó a los Franco. Así. Sin más. Con total impunidad”, lamentaba el grupo. “Salió del Pazo de Meirás, junto con otros muchos bienes, rumbo a una casa de subastas de Madrid para que los Franco hagan caja”, aseguraba la Comisión. Y concluía: “Esta indecencia es difícil de digerir. Exigimos explicaciones y responsabilidades políticas de semejante expolio”.
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