dijous, 18 de juny del 2026
El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la Policía y la extrema derecha entre 1979 y 1983
Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar violaciones de derechos humanos entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ya tiene cerrado su informe. Las conclusiones identifican a 63 víctimas mortales a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de grupos de extrema derecha enmarcadas en una violencia política heredera del franquismo durante la Transición.
El estudio responde así al mandato de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obligaba al Ejecutivo a impulsar tres comisiones en el plazo de un año: además de las vulneraciones de derechos, otra más para estudiar la represión al pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta ahora a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Las comisiones fueron creadas con retraso en abril de 2024 y los tres informes serán hechos públicos este jueves por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Uno de ellos es el que ha estudiado las posibles “vulneraciones de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” hasta 1983, un margen temporal que queda fuera de la aplicación de la Ley de Memoria, que abarca hasta diciembre de 1978. La comisión que lo ha hecho ha estado formada por catedráticos de Derecho Penal, historiadores y otras voces expertas. El trabajo “trata de corregir” la “indefensión y falta de reconocimiento” de las víctimas, cuyas muertes en muchos casos no fueron investigadas ni juzgadas o no de forma rigurosa. De las 63 víctimas, una treintena lo fueron a manos de la Policía o la Guardia Civil y 33 de la ultraderecha.
El texto explica que la Transición estuvo marcada por la violencia de diferentes actores —entre ellos, ETA, que fue el que más personas mató—, pero específicamente se detiene en aquellas prácticas “antidemocráticas” que tenían por objetivo mantener el régimen anterior o que estuvieran ligadas al mismo. En este marco, el estudio comprende las muertes cuya “causa directa” sea la actuación de agentes policiales mediante el “uso ilegal de la fuerza” y de grupos de extrema derecha que “pretendían frenar el avance democrático mediante el uso del terror”, muchas veces con la “tolerancia” de las autoridades.
El informe asume que la aprobación de la Constitución “no bastó por si sola” para terminar con las prácticas procedentes de la dictadura y asegura que la Transición fue “un espacio gris” en el que siguieron produciéndose intervenciones ilegales, excesos y abusos policiales en manifestaciones, protestas, comisarías, controles... El conocido como “gatillo fácil” es atribuido por los expertos a la falta de depuración de los cuerpos, lo que permitió que, ya en democracia, “se mantuvieran” este tipo de prácticas.
La comisión, que ha mantenido un intenso debate sobre qué casos incluir o no, ha decidido identificar a estas 63 víctimas en base a dos conceptos interpretados en sentido amplio, según el estudio: que lo fueran por luchar por la democracia y como “consecuencia” de un abuso de poder “fruto de un defectuoso y antidemocrático funcionamiento de las instituciones del Estado”. Por años, el más mortal fue 1980, con 28 asesinatos —20 de la ultraderecha—, seguido de 1979, con 22 asesinatos de los cuales 14 fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El trabajo reconoce nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de 63 víctimas, nueve son mujeres.
Entre las muertes provocadas por grupos de extrema derecha figuran las de los jóvenes Yolanda González o Andrés García Fernández, apuñalado este último en 1979 a la salida de un cine del barrio Salamanca en Madrid, considerada “zona nacional” por estas bandas. El joven, de 18 años, era militante comunista. La mayoría de los casos incluidos ocurrieron en Madrid y en diferentes localidades de Euskadi, como la muerte de Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica, en enero de 1980 como consecuencia de la explosión de una bomba a la puerta de un bar de Baracaldo cuyos dueños eran simpatizantes del PNV.
Los autores fueron miembros de Grupos Armados Españoles, una organización que cometió otros dos asesinatos. El Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, el Frente de la Juventud, Falange o el Comando Antimarxista fueron otros de los grupos de extrema derecha que mataron en aquellos años a personas incluidas en el estudio.
En el caso de las actuaciones policiales, figuran muchas llevadas a cabo para reprimir huelgas, protestas o manifestaciones. Están reconocidos los casos de la ecologista Gladys del Estal, Vicente Vadillo, que murió en el contexto de una huelga laboral de transportistas o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años que falleció por el impacto de una bala de goma durante una manifestación vecinal por la falta de suministro de agua en la localidad madrileña de Parla. Hay también varios casos enmarcados en controles de tráfico, “discusiones” o intentos de identificación. Figura, además, el caso Almería, en el que tres jóvenes fueron brutalmente torturados y asesinados al ser confundidos con miembros de ETA.
Sin las víctimas de los GAL
El estudio de estas vulneraciones de derechos hasta diciembre de 1983 soliviantó a la derecha durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El expresidente José María Aznar llegó a decir que se trataba de una norma “hecha y pactada con terroristas” y el PP en su conjunto aseguró que se trataba de una concesión a EH Bildu para incluir a los etarras Lasa y Zabala, víctimas de los GAL, como víctimas del franquismo. En su momento, el Gobierno aseguró que no era el objetivo de la disposición y que las víctimas de la guerra sucia contra ETA quedarían fuera del estudio porque estaba pensado para víctimas que “trabajaron” por la consolidación democrática.
El informe retoma la cuestión y excluye a los miembros de grupos terroristas, que participaran en actividades dirigidas a “subvertir el orden constitucional” o murieran como consecuencia de la manipulación de explosivos. “Esto quiere decir que los miembros de ETA que murieron a manos del Batallón Vasco Español, del GAL o de las actuaciones policiales descontroladas no están abarcados en este análisis”, detalla el documento. La comisión también ha delimitado los casos a aquellos que tuvieron resultado de muerte debido, entre otras cosas, a la escasez de fuentes, pero recomienda que el estudio se amplíe en un futuro a casos de torturas, malos tratos o trato degradante.
Los expertos hacen dos recomendaciones más: que haya un reconocimiento institucional de estas víctimas, con “medidas mínimas” como la entrega de declaraciones de reparación como las que el Gobierno otorga a las víctimas del franquismo, que se les incluya en actos oficiales de memoria democrática o que se garantice que sus nombres e historias sean “nombradas y dignificadas públicamente”. Además, el trabajo aconseja la creación de un canal “permanente, accesible y seguro” que permita a familiares y asociaciones presentar casos para que puedan estudiarse e incorporarse.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que el estudio no es un documento “de sanción penal”, sino “de carácter histórico, jurídico y político” que tiene por objetivo “reconocer y reparar” estas violaciones de derechos humanos. Las mismas fuentes aseguran que, como primer paso, se reconocerá el derecho a recibir la indemnización que tramita actualmente el Congreso para familias de fallecidos por su lucha por la democracia. Eso siempre que no hayan recibido ya indemnización, algo que sí ha ocurrido con muchas de las víctimas de la ultraderecha, consideradas víctimas del terrorismo.
22 mil millones de euros
El segundo de los informes que también ha sido ya entregado es el que responde a la obligación de estudiar el grado de cobertura de la “reparación de carácter económico” dirigida a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil con el objetivo de recomendar posibles “déficits subsanables”. La comisión responsable del estudio estaba integrada por miembros de ministerios y comunidades autónomas y su conclusión principal es que desde la reinstauración de la democracia, España ha impulsado de forma “amplia, continua y progresiva” un sistema de reparación económica.
El informe ha revisado la normativa aprobada desde 1976 y ha identificado casi una veintena de Reales Decretos y leyes que impulsaron pensiones o indemnizaciones. Según las cifras aportadas en el trabajo, el total de dinero gastado por la Administración General del Estado ha sido un acumulado de 22.160 millones de euros. De acuerdo con estos datos, aportados sobre todo por el Ministerio de Hacienda,a más de medio millón de personas, 611.828, han recibido algún tipo de compensación económica hasta 2024.
Las ayudas se han dirigido fundamentalmente a militares republicanos y sus familias —tanto profesionales como no—, a aquellas personas que sufrieron mutilaciones por la Guerra Civil y a los llamados “niños de la guerra”, que fueron evacuados de España cuando eran menores de edad. También existe una pensión para los familiares de personas fusiladas o desaparecidas que, según los datos, han llegado a cobrar 113.095 personas —percibida actualmente por 3.582—.
En lo que respecta a las indemnizaciones, figuran dos tipos para personas que sufrieron prisión por motivos políticos y otras para presos que fueron encarcelados por ser LGTBI. En el primer caso, la han cobrado algo más de 60.000 personas y en el segundo, 116. El estudio, sin embargo, no ahonda en el importe de las ayudas o en la media de las pensiones recibidas. La ley estipula que los expresos debieron sufrir privación de libertad durante un mínimo de tres años para recibir una indemnización de 6.000 euros, a los que se añaden 1.202 euros por cada tres años adicionales.
El informe intenta arrojar luz sobre las ayudas aprobadas por las comunidades, pero no todas han respondido a la petición. Solo hay datos de Catalunya, Navarra, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía —la única de la lista gobernada por el PP—. En total, las seis autonomías han gestionado prestaciones económicas “complementarias” a las del Estado central por casi 70 millones de euros, que han sido otorgadas a 26.231 personas.
La comisión hace algunas recomendaciones, pero solo habla explícitamente de ampliar las reparaciones económicas a los militares represaliados durante el tardofranquismo por su cercanía a posiciones democráticas, un ámbito que “no está plenamente cubierto”, según el texto. También menciona específicamente a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, de la represión por creencias religiosas, las represaliadas por su orientación sexual o las víctimas de “la psiquiatría franquista”. En estos casos, aconseja la realización de estudios “en profundidad” para conocer más a fondo su situación.
Las calles del Marqués de la Ensenada
El tercero de los informes aborda la represión y la situación histórica del pueblo gitano en España y concluye que ha existido una “represión institucional” contra este colectivo desde hace al menos seis siglos y que aún dura hoy. La comisión, compuesta por representantes del Gobierno y también de la sociedad civil, explica en su informe que el Estado “consideró la identidad gitana como una amenaza durante más de 500 años” y que su discriminación “se ha mantenido como una política normalizada y socialmente tolerada”.
El informe hace un repaso por la historia de esta exclusión, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad, y aunque reconoce —y detalla— el “avance” en forma de normativa que se ha desarrollado en los últimos años, también hace varias propuestas con el objetivo de “dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Las recomendaciones hacen referencia a distintos ámbitos y se concretan en el impulso de una ley integral, la articulación de protocolos en las aulas, formación de operadores jurídicos, agentes policiales y profesorado o medidas para garantizar que la historia y cultura del pueblo gitano se estudia en las aulas, algo que debería ser obligatorio.
Una de las propuestas que más consenso generó en la comisión fue la de la retirada de calles y plazas dedicadas al Marqués de la Ensenada, que fue el responsable de la llamada Gran Redada, el intento de exterminio de los gitanos en España que se produjo en el siglo XVIII. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado que, aunque el catálogo de retirada de símbolos franquistas no está pensado para estos casos, la idea del Gobierno es impulsar algo similar para que el nombre del Marqués de la Ensenada desaparezca del callejero.
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