Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
El parador de San Marcos está en la lista de expedientes que el Gobierno instruye para declararlo como Lugar de Memoria Democrática, una figura que refleja de forma pública la historia de la represión de la Dictadura.
San Marcos fue uno de los campos de concentración de mayor magnitud de la dictadura, con varios campos satélites en la ciudad, entre 1936 y 1941.
Expertos como Carlos Hernández, autor del libro 'Los campos de concentración de Franco', estiman entre 15.000 y 30.000 personas las que fueron prisioneras en el centro de reclusión en que fue convertido el convento durante la Guerra Civil y parte de la posguerra.
Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, confirmó este trámite en la presentación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de León, este martes, en la Facultad de Filosofía y Letras.
Martínez señaló que a pesar del agotamiento del actual mandato del Gobierno está seguro de que «habrá tiempo» para concluir el procedimiento «porque seguiremos gobernando» después del 29-N.
San Marcos no aparece en la lista de los próximos lugares de memoria que publicará el BOE. Hasta ahora, el único campo de concentración reconocido con este distintivo es el de Castuera (Badajoz).
La Cátedra de Memoria Democrática trabaja en la digitalización de los consejos de Guerra de León que están depositados en el Archivo Militar de El Ferrol.
Otra labor desarrollada desde la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, el pasado mes de mayo, es la recopilación de documentación de más de mil leoneses que se exiliaron a Francia, de utilidad en la acreditación de esta condición para los trámites de nacionalidad por la ley de nietos.
El proyecto Human Redhis (Redes de Represión Política, Económica y de Género en la provincia de León) está recopilando una importante base de datos sobre la represión en León. Las fichas de más 4.000 víctimas, desde el alcalde de León Miguel Castaño, fusilado en 1936, hasta personas anónimas están ya en abierto en este portal que se irá alimentando con las más de 40.000 fichas que se han reunido en una base de datos.
Son apenas cuatro meses de andadura de la Cátedra, pero "tiene un buen sustrato" que se apoya en el trabajo que desde los años 90 se desarrolla en el Departamento de Historia Contemporánea. Javier Rodríguez, profesor de la ULE y director de la Cátedra, recordó sus comienzos con la tesis doctoral sobre la represión del franquismo en León y cómo se ha ensanchado el conocimiento con investigadoras e investigadores jóvenes.
La presencia del prestigioso historiador y catedrático Ángel Viñas es un "gesto de gratitud", señaló Rodríguez, pues 'todos los historiadores hemos bebido de su labor de investigación desde 1971" de la memoria democrática.
El secretario de Estado de Memoria Democrática señaló que estás cátedras tienen la misión de contribuir al rigor del conocimiento de la historia y en particular del periodo comprendido entre la Guerra Civil, la Dictadura y la recuperación de la democracia con la Constitución de 1978.
Este trabajo es fundamental, añadió, para "acabar con bulos, mentiras y tergiversación de la historia" y para que llegue a la sociedad la información real. "Nos preocupó bastante hace dos años esa idea que señalaba que un 24% de hombres y un 18% de mujeres no les importaba vivir en un régimen dictatorial y pensamos en hacer algo".
El impulso de políticas públicas para reflexionar sobre la dictadura también tiene como objetivo neutralizar el revisionismo histórico que desde 1995 justifican el golpe de Estado en sintonía con la historiografía franquista con el mensaje de "que la culpa la tuvo la República y Franco hizo muchas cosas buenas por España", como también combatir la "idea de la equidistancia" y de "que no hay que reabrir heridas".
"La democracia nos ha costado mucho pero se puede perder en cualquier momento" recalcó al señalar la importancia de que la memoria democrática llegue a la población, y en particular a los jóvenes, a través de diferentes cauces, desde el decreto de enseñanzas mínimas, que ha incluido estas enseñanzas en 4° de ESO, hasta la celebración de los 50 años del inicio de la democracia con la muerte de Franco y la creación de cátedras en el ámbito universitario.
Actualmente son ya 23 cátedras de Memoria Democrática en las universidades españolas. Martínez reivindicó la labor de transferencia del conocimiento científico de la historia a la sociedad con actividades divulgativas accesibles.
Un conocimiento que ha demostrado con investigaciones como las de Ángel Viñas que "la guerra del 36-39 tiene como origen un golpe de Estado y no fue culpa de la República" y que "la democracia no la trajeron las élites, sino la gente de a pie, como los movimientos obreros, estudiantiles , de mujeres y ciudadanos".
Las miles de huelgas del 76 y 77 , defendió, " fueron las que cambiaron el rumbo hacia la democracia". "Son los olvidados a los que decidimos reconocer porque empoderaron la democracia, a los padres de la Constitución los recordamos todos los años".
"Se le ha reconocido en su pueblo. Fue un acto muy emocionante y estamos muy contentos con el ayuntamiento por el homenaje que le ha rendido. Era una persona muy buena, muy querido por todos y el domingo se vio con un salón lleno de gente". Así hablaba, emocionada, la nieta del alcalde de Canet fusilado por el franquismo, Vicente Ribelles Nebot, tras el homenaje que le realizaba su pueblo natal.
Un emotivo recordatorio que realizaba la administración local después de que la familia pudiera recuperar sus restos el pasado mes de abril de la Fosa 95 de Paterna, donde fue arrojado el 17 de noviembre de 1939 junto a otras 44 personas, también víctimas de la dictadura. "Era una deuda que teníamos con nuestro alcalde, una persona a la que admirar, ya que pese al momento histórico que vivió, defendió a todos sus vecinos por igual, estuvieran en el bando que estuvieran. Por encima de todo para él, es que eran vecinos de Canet y personas. Eso es algo que lo dignifica y era obligatorio recordarlo", afirmaba el alcalde, Pere Antoni, quien contaba a Levante-EMV, cómo Vicente Ribelles impidió el asesinato de mucha gente y el traslado de vecinos de Canet a otras cárceles, pese a tener diferente ideología.
Un momento del homenaje / Ayuntamiento de Canet
Acto emotivo
El acto, que llenó el salón de plenos, estuvo presidido por una gran foto del alcalde fusilado y su esposa, junto a un centro de flores con los colores republicanos. En el homenaje intervinieron personas destacadas dentro de la lucha por recuperar la Memoria Histórica como Isabel Gómez, presidente de la Asociación de familiares de la Fosa 95 de Paterna. Así como el secretario general de UGT País Valencià, Tino Calero. También Pedro Luis Alonso, historiador de memoria histórica y nieto de Ulpiano Alonso, quien fuera responsable del Comité de Control de Altos Hornos durante la Guerra Civil. Por último, el alcalde de Canet, quien emocionado puso como ejemplo a Vicente Ribelles por su coraje, valentía y humanidad.
Germans Martí con el Himno de Riego / Ayuntamiento de Canet
Este recuerdo contó con la participación de los Germans Martí, que con su dolçaina y tabal interpretaron el Himno de Riego y más tarde la Muixaranga, que sirvió para cerrar el acto.
La nieta del alcalde fusilado destapando la placa / Ayuntamiento de Canet
Uno de los momentos mas emotivos de este homenaje fue cuando su nieta, Antonia Abellán ,descubría, bajo la bandera republicana, una placa en honor a su abuelo por el "compromiso con su pueblo", rezaba ésta. Un recuerdo a la que se sumarán dos más, según avanzaba el alcalde para visibilizar otras legislaturas que "merecen ser recordadas".
Los trabajos de exhumación de las víctimas de la represión franquista de las fosas comunes del antiguo cementerio de Cañada Rosal se encuentran en su última fase. El Ayuntamiento impulsa una nueva etapa que se centra en los estudios antropológicos y analistas de los restos que se han recuperado de las víctimas para lograr una aproximación a su identificación, a falta del análisis de ADN que realice la Universidad de Granada, cotejándolos con las muestras genéticas de familiares.
Se han recuperado los restos de 74 víctimas de la represión franquista, según expone Carmen Romero, arqueóloga forense que está trabajando en el proyecto.
Las Niñas de El Aguaucho de Fuentes de Andalucía pueden encontrarse entre los restos recuperados
En las fosas comunes de Cañada Rosal se habían documentado unas 25 víctimas. Las actuaciones de este proyecto han permitido recuperar los restos de 74 personas asesinadas, lo que indica que en estos enterramientos pueden encontrarse víctimas localidades de la comarca: La Luisiana y la pedanía de El Campillo y Fuentes de Andalucía. Entre las víctimas puede estar ‘Las Niñas de El Aguaucho’ de Fuentes de Andalucía, brutalmente asesinadas por los falangistas.
En estos momentos, en el cementerio municipal se analizan los restos de 74 personas encontradas en dos fosas comunes, mediante un trabajo subvencionado en esta fase por la Diputación Provincial de Sevilla con una ayuda de 70.000 euros. Una actuación que busca ponerles nombres y apellidos a los restos recuperados, con el fin de que los restos sean entregados a sus familiares, y en todo caso, que sean enterrados dignamente.
Un proyecto que arrancó en 2021
Los datos sobre la represión en Cañada Rosal han sido investigados por el historiador y cronista oficial de Cañada Rosal, José Antonio Fílter Rodríguez. En 1936, el municipio como tal no existía, sino que era una pedanía de La Luisiana y sus vecinos decidieron en asamblea mantenerse fieles a la Segunda República, pese a la proximidad de las tropas sublevadas.
La nueva fase cuenta con fondos de la Diputación. Este proyecto en sus diversas etapas ha contado con colaboración y apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la FEMP, la Junta de Andalucía y la institución provincial, además del Ayuntamiento de Cañada Rosal, comprometido con este trabajo de búsqueda de personas represaliadas, de justicia y de reparación.
El Ayuntamiento de Cañada Rosal conmemoró el pasado 31 de octubre el día oficial de los represaliados.
Exhumaciones en Huelva para buscar bebés robados, en una imagen de archivo.
La actuación se centrará en ocho enterramientos de neonatos del cementerio de La Soledad y prevé cotejar con el ADN familiar las muestras que puedan obtenerse
La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte llevará a cabo una actuación en el cementerio de La Soledad de Huelva para la exhumación e identificación genética de restos vinculados a ocho enterramientos de neonatos.
La iniciativa responde a las solicitudes de familiares integrados en la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva y busca determinar si los restos corresponden a los bebés cuyo fallecimiento y enterramiento fueron comunicados a sus familias.
Estudios previos y contratación de un arqueólogo especializado
Antes de la intervención se han realizado estudios técnicos y descriptivos del terreno, en los que se han analizado las características físicas, geográficas y geológicas de la zona, así como las alteraciones que ha experimentado el espacio con el paso del tiempo.
Tras estos trabajos, se han contratado los servicios de Óscar Daniel García Quiroga, arqueólogo especializado en la dirección y ejecución de intervenciones arqueológicas en fosas comunes.
Comparación con el ADN de los familiares
El especialista se encargará de exhumar los restos óseos y, si es posible, extraer muestras para su análisis genético.
Estas se contrastarán con las muestras de ADN aportadas por los familiares, con el objetivo de comprobar la correspondencia entre los restos recuperados y los bebés a los que se atribuyeron los enterramientos.
Durante la dictadura el Gobierno militar prohibió las fiestas, persiguió a los autores de composiciones críticas y sometió a las agrupaciones a un severo control
El carnaval español es mucho más que una celebración popular. A través de sus chirigotas, comparsas y otras agrupaciones, esta expresión artística se ha convertido en un vehículo de denuncia social y política, capaz de señalar las contradicciones del poder, ridiculizar a sus representantes y poner voz a las preocupaciones de la ciudadanía. Precisamente por ese carácter transgresor, la fiesta ha mantenido históricamente una relación tensa con las autoridades menos partidarias a este tipo de expresiones artísticas. Una tensión que alcanzó su periodo más violento durante la dictadura franquista, cuando la prohibición de las celebraciones y la persecución de sus protagonistas trataron de acabar con una tradición incómoda para el régimen.
El caso del Carnaval de Cádiz resulta especialmente ilustrativo. La celebración, que había experimentado un importante desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX, fue prohibida tras el golpe militar de julio de 1936. La orden de suspensión de las fiestas de Carnaval, dictada el 3 de febrero de 1937, fue ratificada mediante una circular del Ministerio de la Gobernación de 22 de febrero de 1940. La prohibición se extendió al conjunto del territorio nacional y continuó formalmente vigente durante décadas, como demuestra un telegrama circular del Ministerio de la Gobernación de febrero de 1966 que recordaba a los gobernadores civiles su aplicación.
La represión, sin embargo, no se limitó a la desaparición de la fiesta de las calles. En Cádiz, algunos de sus protagonistas sufrieron directamente la violencia de los sublevados. Entre ellos se encontraban Guillermo Crespillo Lavié y Manuel Peña Warletta, cuyos cadáveres aparecieron el 2 de agosto de 1936 en la actual plaza de las Viudas. Crespillo había dirigido la chirigota El frailazo y sus tragabuches, una agrupación que destacó por sus letras críticas con la Iglesia y por abordar cuestiones sociales como los sucesos de Casas Viejas.
Aunque no se ha podido establecer un censo completo de las víctimas vinculadas al carnaval, su caso evidencia cómo la represión alcanzó también a personas cuya vinculación con la fiesta constituía una parte destacada de su trayectoria.
Las Fiestas Típicas: la celebración bajo vigilancia de la dictadura que miraba con lupa cada letra
La prohibición absoluta fue dando paso, a finales de los años cuarenta, a una fórmula que permitió recuperar parcialmente la celebración en Cádiz, recogiéndola bajo la denominación de las Fiestas Típicas Gaditanas. El cambio, sin embargo, no supuso la restitución del carnaval en sus condiciones anteriores. Las autoridades franquistas trataron de transformar la fiesta en un acontecimiento más ordenado, institucionalizado y alejado de su tradicional capacidad de crítica. El traslado de las celebraciones al mes de mayo, que se mantuvo hasta 1976, contribuyó a esa transformación. La fiesta quedó sometida a la vigilancia de las autoridades, mientras las agrupaciones debían adaptar sus repertorios a los límites establecidos por el régimen. El control alcanzaba tanto a los contenidos políticos como a las referencias religiosas, sexuales o consideradas contrarias a la moral oficial.
Uno de los instrumentos que permitió mantener este control fue la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, conocida popularmente como Ley Fraga, por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. La norma introdujo algunos cambios respecto al sistema de censura anterior, pero no supuso el establecimiento de una libertad de expresión plena. De hecho, aunque su artículo tercero establecía que la Administración no podía aplicar la censura previa ni exigir una consulta obligatoria, el artículo cuarto contemplaba la denominada "consulta voluntaria". Este mecanismo permitía someter los textos a la valoración administrativa antes de publicarlos y obtener así una autorización que eximía de responsabilidades posteriores ante la propia Administración. En la práctica, esta fórmula terminó convirtiéndose en una herramienta de control sobre las letras carnavalescas, ya que los autores podían presentar sus repertorios para evitar que una copla les acarrease sanciones o problemas una vez interpretada o difundida.
La documentación conservada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz permite comprobar cómo funcionaba este procedimiento. En 1966, por ejemplo, Paco Alba presentó las letras de Los beduinos para su autorización. En 1969, las comparsas Los nuevos aristócratas, de Antonio Martín y Manolo Rosales, y Los fabulistas, de Paco Alba, también tuvieron que someter sus repertorios al control administrativo. En 1974, algunas letras de los cuplés del cuarteto Los cuatro valientes de Texas fueron directamente rechazadas por las autoridades. Estos expedientes evidencian que la intervención no se limitaba a las críticas explícitas contra el régimen, ya que también alcanzaba contenidos que las autoridades consideraban incompatibles con la moral, la religión o el orden público.
La consecuencia era que los autores debían medir sus palabras y recurrir en ocasiones a dobles sentidos, metáforas y alusiones indirectas para trasladar sus críticas sin exponerse a las represalias. El carnaval sobrevivía, pero lo hacía bajo unas condiciones en las que la Administración conservaba la capacidad de decidir qué podía llegar al público y qué debía quedarse fuera del repertorio.
La jornada de reflexión y el intento del PP tumbar una actuación en la provincia de Sevilla
La desaparición de la censura institucional tras la dictadura no ha impedido que, décadas después, las letras carnavalescas sigan protagonizando enfrentamientos con quienes se sienten cuestionados por ellas. Uno de los episodios más recientes se produjo en mayo de este año, cuando el Partido Popular de Sevilla presentó una denuncia ante la Junta Electoral de Zona para intentar impedir que varias agrupaciones interpretasen coplas con contenido político durante un espectáculo organizado en Alcalá de Guadaíra.
El conflicto se originó por la celebración del denominado Carnaval de Primavera, previsto para el sábado 16 de mayo en el Parque Centro de la localidad sevillana. El acontecimiento, organizado por el Ayuntamiento y de acceso gratuito, coincidía con la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo. En el cartel figuraban cuatro agrupaciones: el coro El sindicato, las comparsas DSAS3, de Jesús Bienvenido, y Las jorobadas, además de la chirigota Una chirigota en teoría. Tres de las cuatro formaciones procedían de Cádiz y se encontraban entre las agrupaciones destacadas de la última edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).
El PP sevillano consideró que la celebración del espectáculo durante la jornada de reflexión podía vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), concretamente sus artículos 50.1, 50.2 y 50.3, relativos a las limitaciones de propaganda y a la neutralidad de las administraciones públicas durante los procesos electorales. Sin embargo, su denuncia no se limitaba a cuestionar la celebración del evento o su posible utilización propagandística. Los populares solicitaron expresamente a la Junta Electoral que ordenase al Ayuntamiento impedir que las agrupaciones interpretasen letras con alusiones políticas, tanto de crítica como de alabanza a cualquier administración o formación política.
Para justificar su petición, el partido adjuntó vídeos y transcripciones de cinco piezas concretas de los repertorios. Entre ellas figuraba un tango del coro El sindicato, de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano, conocido como El Canijo, que arremetía contra Alberto Núñez Feijóo por sus declaraciones sobre la supuesta incapacidad de los andaluces para contar. También fueron señaladas tres partes del repertorio de DSAS3, la comparsa de Jesús Bienvenido que había conseguido el primer premio de su modalidad en el COAC de 2026. Su presentación, su popurrí y un cuplé dedicado a Juanma Moreno abordaban la situación de la sanidad pública andaluza y las consecuencias de la crisis de los cribados del cáncer de mama. La quinta pieza incluida en la reclamación era un pasodoble de Las jorobadas, agrupación de Alcalá de Guadaíra, que también criticaba al presidente de la Junta por la gestión de esta crisis sanitaria.
El escrito del PP no pedía únicamente que se impidieran esas cinco composiciones. Su pretensión era más amplia, pues reclamaba que las agrupaciones no pudieran expresar "opinión política de cualquier signo" durante sus actuaciones. Asimismo, solicitaba que el Ayuntamiento identificase a las delegaciones y responsables municipales del espectáculo para poder individualizar posibles responsabilidades si se desobedecía una eventual instrucción de la Junta Electoral. La petición situaba así bajo el foco no solo a las letras concretas denunciadas, sino también a cualquier manifestación política que pudiera producirse durante el certamen.
La Junta Electoral de Zona de Sevilla abrió un expediente el 13 de mayo y trasladó la denuncia al Ayuntamiento, al que concedió un plazo de 24 horas para presentar alegaciones antes de decidir si correspondía adoptar alguna medida. No llegó a dictar una prohibición cautelar sobre las actuaciones. El Consistorio, gobernado por el PSOE, rechazó la pretensión del PP y defendió que el espectáculo llevaba semanas organizado, antes incluso de conocerse la fecha de las elecciones. Su primer teniente de alcaldesa, Jesús Mora, aseguró que no iban a censurar a las agrupaciones y defendió que la libertad de expresión amparaba sus actuaciones. El Ayuntamiento también invocó el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión y de creación artística.
La iniciativa provocó una importante reacción en el ámbito político y carnavalesco. PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía criticaron la denuncia y denunciaron lo que consideraban un intento de limitar la libertad artística. Desde el mundo del carnaval también hubo muestras de rechazo. Pedro Campos, guitarrista de DSAS3, publicó un mensaje en redes sociales en el que ironizaba sobre la repercusión de la iniciativa: «Querían silenciarnos y nos han puesto un altavoz».
La polémica terminó teniendo consecuencias dentro del propio Partido Popular. Bruno García, alcalde de Cádiz y presidente provincial de la formación, aseguró que se había enterado de la denuncia a través de los medios de comunicación y que había pedido a la dirección sevillana que la retirase. El 14 de mayo, el PP de Sevilla anunció que retiraba inmediatamente el escrito y atribuyó lo ocurrido a un problema de "descoordinación interna". El festival siguió adelante y las agrupaciones pudieron actuar conforme a la programación prevista.
