dimecres, 19 d’agost del 2026

Exigen a España desclasificar documentos sobre el asesinato de Federico García Lorca

 https://hoydia.com.ar/mundo/espana-desclasificar-doc-asesinato-lorca/

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó un pedido al Gobierno de Pedro Sánchez para que revele documentación vinculada con el crimen del poeta, al cumplirse 90 años de su asesinato.


La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamó al Gobierno español la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el asesinato de Federico García Lorca, al cumplirse este lunes 90 años de la muerte del poeta y dramaturgo.

La organización presentó un escrito ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido al presidente Pedro Sánchez, en el que cuestionó que el Estado continúe manteniendo bajo reserva documentación vinculada con los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

La ARMH puso especialmente el foco en los archivos relacionados con el asesinato de García Lorca, ocurrido en agosto de 1936, durante los primeros meses de la Guerra Civil española. Según la entidad, existen documentos que permanecen ocultos y cuya publicación permitiría avanzar en el conocimiento y esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el crimen.

Críticas a la ley de secretos oficiales

En su presentación, la asociación también cuestionó la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada durante el régimen franquista y firmada por el propio Francisco Franco.

La organización recordó que distintos gobiernos españoles anunciaron en reiteradas oportunidades su intención de reemplazar esa normativa por una legislación adaptada al sistema democrático. También señaló que la Ley de Memoria Democrática de 2022 contemplaba la promoción de una nueva ley sobre secretos oficiales.

Sin embargo, según la ARMH, el compromiso no se concretó dentro del plazo establecido. El proyecto legislativo fue presentado posteriormente, pero no avanzó en el Congreso de los Diputados.

Reclamo por los archivos de la dictadura

En el marco del aniversario número 90 del asesinato de García Lorca, la organización reclamó que se haga pública toda la documentación estatal relacionada con su muerte y con las consecuencias que tuvo el crimen.

La entidad extendió el pedido a los documentos vinculados con otros crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Su argumento es que mantener esos archivos bajo secreto representa una forma de protección para los responsables de los hechos y profundiza el perjuicio sufrido por las víctimas y sus familiares.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, sostuvo que la democracia española continúa utilizando una normativa de secretos oficiales creada durante el franquismo y cuestionó que, décadas después de la recuperación democrática, todavía permanezcan ocultos documentos sobre los crímenes de aquella etapa.

Un documento sobre el crimen de García Lorca

Silva también reveló que la propia asociación mantuvo durante seis años bajo resguardo un documento en el que, según explicó, el Estado franquista reconocía el asesinato de García Lorca.

De acuerdo con su relato, el documento fue entregado de manera confidencial a la organización en 2009 y recién pudo hacerse público en 2015, con el objetivo de preservar la identidad de la persona que había decidido entregarlo.

Para la ARMH, ese antecedente demuestra la necesidad de terminar con la reserva de documentación oficial relacionada con los crímenes de la dictadura. La organización sostiene que los informes estatales sobre esos hechos deberían ser accesibles públicamente como parte de una política de memoria, verdad y reparación.

El reclamo coincide con las nueve décadas transcurridas desde el asesinato de García Lorca y vuelve a poner en el centro del debate español la apertura de los archivos de la dictadura y el acceso a documentación histórica que todavía permanece bajo secreto.

El retroceso silencioso de la ley de memoria democrática allí donde gobiernan el PP y Vox

 https://es.ara.cat/dosier/retroceso-silencioso-ley-memoria-democratica-gobiernan-pp-vox_1_5825654.html


Andalucía, tierra natal de Lorca, se añade a las comunidades que quieren sustituir las leyes de memoria por "leyes de concordia"

Los dirigentes del PP y Vox durante la ronda de reuniones de Prohens con todos los partidos
Roger Hernandez Pujol
17/08/2026 - 07:01 h.

BarcelonaHace exactamente 90 años que el poeta Federico García Lorca fue fusilado en las afueras de Granada, en un lugar entre los municipios de Alfacar y Víznar que todavía nadie ha podido confirmar con exactitud. Su desaparición no es una excepción: es el símbolo más conocido de un fenómeno que continúa abierto en todo el Estado y que, ahora mismo, vive un retroceso silencioso allí donde el PP y Vox comparten gobierno. Justo cuando se cumple el aniversario de la muerte de Lorca, la Junta de Andalucía –la comunidad autónoma de donde era el poeta y la que tiene más fosas comunes de todo el Estado, con más de 3.000 personas enterradas solo en el barranco de Víznar– ha puesto fecha de caducidad a la ley que ampara la búsqueda de los desaparecidos del franquismo.

El caso andaluz, entre la ley de memoria y la de "concordia"

En el año 2022 el Estado aprobó la ley 20/2022 de memoria democrática, la norma que amplió la ley de memoria histórica del año 2007 y que impone a todas las administraciones públicas un "deber de memoria": buscar y exhumar víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, retirar simbología franquista del espacio público y también mantener mapas públicos de fosas. Sobre la primera norma del año 2007, 12 de las 17 comunidades autónomas aprobaron sus propias leyes de memoria –como la que Andalucía validó en el año 2017, sin ni un solo voto en contra–, que despliegan y financian este deber histórico en cada territorio. Así pues, son las comunidades las que subvencionan excavaciones, gestionan los mapas de fosas y tramitan las ayudas a las familias.

Es precisamente esta ley andaluza la que ahora está en peligro. El 2 de julio Juan Manuel Moreno (PP) fue investido presidente de la Junta con los votos de Vox. El pacto de gobierno entre los populares y el partido de extrema derecha preveía la aprobación de una "ley de concordia" que debe sustituir la ley de memoria andaluza del año 2017. La diferencia entre una y otra es clara –si tomamos de ejemplo las normas que han planteado otras comunidades donde gobierna el PP y Vox–: mientras que la ley de memoria parte del reconocimiento específico de las víctimas del franquismo, las leyes de concordia tienden a borrar esta especificidad y hablan, en genérico, de "todas las víctimas de la violencia" de ambos bandos –una equiparación que pone al mismo nivel los crímenes de una dictadura y los de un conflicto bélico.

En la práctica, esto se traduciría en tres cambios: la administración deja de tener la obligación de impulsar exhumaciones por iniciativa propia y pasa a depender de que lo solicite la familia; los presupuestos dedicados a excavaciones se reducen o desaparecen como partida específica, y los mapas públicos de fosas dejan de tener carácter vinculante. En Andalucía, esta incertidumbre ya se nota sobre el terreno: en Córdoba, el consistorio ha tenido que recurrir a contratos menores de emergencia para no detener las excavaciones en la fosa de La Salud, donde se calcula que puede haber enterradas hasta 4.000 víctimas, contando también la fosa vecina de San Rafael.

Un patrón calcado

El caso andaluz no es un caso aislado: es el quinto capítulo de una serie que se repite casi calcada allí donde el PP y Vox comparten gobierno. El mecanismo es siempre el mismo: se deroga la ley autonómica de memoria y se sustituye por una "ley de concordia"; el gobierno español recurre esta eliminación al Tribunal Constitucional (TC) invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que permite suspender cautelarmente la decisión impugnada mientras resuelve el fondo.

Las Baleares, el País Valenciano, Cantabria y Extremadura son los casos más consumados. En Baleares, la derogación aprobada el marzo pasado con los votos del PP y Vox quedó suspendida por el TC en julio, después de que Memoria de Mallorca denunciara que el gobierno de Marga Prohens ya había mantenido la ley en una "inactividad deliberada" durante tres años antes de derogarla. En el País Valenciano, el Constitucional ha suspendido cautelarmente varios artículos de la ley de concordia aprobada en 2024, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. En Cantabria, el PP derogó la ley de memoria en noviembre del año 2024 con el apoyo de Vox, y el TC también suspendió cautelarmente esta derogación mientras resuelve el recurso. Extremadura es el caso más reciente: la derogación formaba parte del pacto de investidura de María Guardiola desde 2023 y se concretó en octubre de 2025; el recurso del gobierno español es de hace poco más de un mes.

Pero es Aragón quien rompe la narrativa de que el TC siempre protege estas leyes mientras resuelve. La comunidad fue la primera en derogar la ley de memoria, en febrero de 2024, y el tribunal suspendió la derogación aquel junio. El problema es que el plazo legal de cinco meses para ratificar la suspensión caducó el 29 de octubre de 2024 sin sentencia sobre el fondo: la derogación aragonesa es, hoy, vigente de facto, a pesar de que el recurso continúa abierto.

El "Plan de Concordia" de PP y Vox en Aragón –que también evita mencionar a Franco o la Guerra Civil– mantiene un presupuesto de solo 110.000 euros propios para exhumaciones, en un territorio con más de 1.000 fosas documentadas en el mapa de fosas de esta comunidad. La supresión del carácter vinculante de los mapas de fosas es una medida que también incluían las propuestas de Castilla y León y el País Valenciano.

Las excepciones

No todos los territorios con pacto PP-Vox han seguido el mismo camino. EnCastilla y León, el PP y Vox iniciaron los trámites para sacar adelante la ley de concordia, pero con la salida del partido de extrema derecha del gobierno autonómico, los populares frenaron esta norma y, de hecho, votaron junto al PSOE no tramitarla. En Murcia, en cambio, donde el PP gobierna con el apoyo externo de Vox, no ha habido derogación formal de la norma porque esta comunidad autónoma no tiene una ley propia. Ahora bien, por ejemplo, el gobierno murciano se niega a enviar al Estado el catálogo de vestigios franquistas que aún quedan en el territorio, un catálogo elaborado por las mismas entidades memorialistas murcianas.

La USC inicia en Ferrol la investigación de las fosas donde fueron enterradas al menos 197 víctimas del franquismo



El grupo Histagra realizará la primera cata arqueológica en el cementerio de Serantes entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre y pide información a familias y vecinos

Adriana Quesada
17/08/2026 17:00
Los trabajos forman parte del convenio suscrito entre la USC y la Deputación da Coruña para investigar las fosas de víctimas de la violencia franquista en Serantes, Beira y Boisaca
Los trabajos forman parte del convenio suscrito entre la USC y la Deputación da Coruña para investigar las fosas de víctimas de la violencia franquista en Serantes, Beira y Boisaca
USC
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El grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) iniciará el próximo 31 de agosto la primera cata arqueológica en las fosas localizadas en el cementerio de Serantes, en Ferrol, dentro del estudio histórico y arqueológico que coordina en este espacio. Los trabajos se prolongarán hasta el 11 de septiembre y buscan avanzar en el conocimiento de los enterramientos de víctimas de la violencia franquista.

Ante el inicio de las actuaciones, Histagra ha hecho un llamamiento a las familias de las víctimas, vecinos de la zona y cualquier persona que pueda disponer de información relacionada con los enterramientos para que aporten datos que permitan completar la investigación histórica. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el grupo a través del correo histagra@usc.gal.

Según la información recopilada hasta el momento, al menos 197 personas fueron asesinadas y enterradas en varias fosas situadas en el cementerio de Serantes. Los nombres de las víctimas identificadas pueden consultarse en el apartado dedicado a esta fosa en la página web de 'Nomes e Voces'.

La investigación se desarrolla en el marco del convenio firmado entre la USC y la Deputación da Coruña, a través del cual Histagra, grupo perteneciente también al Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC), está llevando a cabo diferentes trabajos relacionados con las fosas de víctimas de la represión franquista.

Además de Serantes, el convenio contempla la investigación de las fosas de Beira, en Carral, y Boisaca, en Santiago de Compostela.

Histagra ha destacado asimismo la colaboración de la área de Dereitos Civís de la Deputación da Coruña, de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol y de las familias de las víctimas en el desarrollo de estos trabajos.

Anulan el fusilamiento de Xosé Humberto Baena cincuenta años después de su condena a muerte

 https://www.galiciapress.es/articulo/movimientos/2026-08-16/5985584-anulan-fusilamiento-xose-humberto-baena-cincuenta-anos-despues-condena-muerte


Cincuenta años tuvo que esperar Flor Baena para escuchar de boca del Estado lo que siempre supo: que su hermano Xosé Humberto, el último fusilado de la dictadura franquista, murió inocente. El pasado 16 de julio, el Gobierno declaró nula la sentencia que lo condenó, cerrando así una batalla familiar marcada por el miedo, el exilio interior y una casa incendiada en O Porriño.

Redacción
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Xosé Humberto Baena, último fusilado de la dictadura, y su hermana, Flor, en una imagen de archivo.
Xosé Humberto Baena, último fusilado de la dictadura, y su hermana, Flor, en una imagen de archivo.

Xosé Humberto Baena Alonso, nacido en 1950 y fusilado el 27 de septiembre de 1975, se convirtió en el último ejecutado por el régimen franquista. Su hermana Flor lo recuerda como un joven profundamente solidario, capaz de regalar su bocadillo a un compañero sin comida o sus zapatos nuevos a un limpiabotas que trabajaba bajo la lluvia en la calle Príncipe. Ese carácter, según explica, se tradujo pronto en un compromiso político vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores. Fue precisamente ese compromiso el que, sin buscarlo, marcaría su destino.

 

El primero de mayo de 1975 un policía mató de un tiro al aire a un trabajador vigués durante una manifestación en la que Xosé Humberto no llegó a participar. Aun así, él y varios amigos colocaron una corona de flores y una esquela en el periódico con la frase "Muerto por la represión policial". Ese gesto bastó para que su nombre entrara en las listas de la policía, que comenzó a detener a todos los implicados en el homenaje. Obligado a huir, se trasladó a Madrid con la intención de seguir luchando por sus compañeros.

 

Fue en la capital donde, el 14 de julio de 1975, fue detenido bajo la acusación de haber matado a un policía. Su hermana insiste en que la acusación era materialmente imposible, ya que el día anterior se encontraba en la frontera con Portugal y no pudo recorrer esa distancia en tan poco tiempo con el coche que tenían. Según Flor Baena, su hermano quería luchar por el bienestar de los obreros, pero nunca matando a nadie.

 

Un juicio sin pruebas ni garantías

El proceso judicial que llevó a Xosé Humberto ante el pelotón de fusilamiento estuvo marcado, según su familia, por una vulneración sistemática de derechos. Se le aplicó una ley de excepción aprobada después de su detención y se le sometió a un consejo de guerra pese a ser civil. En apenas cinco días fue condenado a muerte sin que se admitiera una sola prueba de descargo, según denuncia su hermana.

 

Tres mujeres y un hombre que presenciaron los hechos aseguraban que el autor material era físicamente distinto al detenido, pero no se les permitió declarar. Tampoco se practicaron pruebas de balística ni de huellas dactilares durante el proceso. Flor Baena relata que su hermano llegó a la última visita familiar con un ojo casi cerrado por los golpes, y que le confesó haber firmado una declaración que desconocía tras ser golpeado.

 

En su última carta a sus padres, Xosé Humberto escribió que le ejecutarían al día siguiente, que quería darles ánimos y que moría pero la vida seguía. Recordó a su padre que le había enseñado a ser valiente, como buen gallego, y pidió que no le taparan los ojos para ver la muerte de frente. Esa carta se ha convertido con los años en uno de los testimonios más citados sobre los últimos fusilamientos del franquismo.

 

El acoso a la familia no terminó con su muerte

La ejecución no puso fin a la persecución de los Baena, sino que la intensificó. Tras el fusilamiento, la policía interceptó el coche fúnebre en O Porriño y enterró el cuerpo en el cementerio de Pereiro sin la presencia de la familia. A su padre le dolió especialmente ese episodio, hasta el punto de fallecer con la duda de si el cuerpo enterrado era realmente el de su hijo, según cuenta Flor.

 

Ya en plena Transición, en 1976, cuando la familia intentó reabrir el caso, su vivienda fue incendiada, con la quema de libros y documentos que su padre conservaba, además de la muerte a tiros del perro familiar. Una de las testigos del crimen se puso en contacto años después con el padre para confesarle el remordimiento que la perseguía, ya que había acudido a comisaría para advertir de que el detenido no era la persona que vio disparar. La respuesta policial, según el relato de Flor Baena, fue una amenaza velada de un oficial que le pidió olvidarse del asunto porque todos eran "los mismos perros con distintos collares", en referencia a los detenidos por delitos similares.

 

El hostigamiento se prolongó incluso hasta los años 2000, cuando el hermano mayor de la familia, Fernando, recibió amenazas mientras servía en el Ejército contra su vida y la de sus hijos si Flor continuaba con sus reivindicaciones. No fue hasta 2002 cuando una abogada laboralista asumió el caso de forma gratuita, movida por una deuda moral que su marido sentía hacia el joven fusilado. Ese impulso resultaría decisivo en el largo camino hacia el reconocimiento oficial.

 

Reconocimiento oficial y memoria pendiente

El 16 de julio de 2025 el Gobierno de España emitió la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal que declara ilegales, ilegítimas y nulas las sentencias dictadas contra Xosé Humberto Baena. Flor Baena describe una mezcla de alegría y llanto al recibir el documento, consciente de que ese reconocimiento no puede devolverle la vida a su hermano. Casi medio siglo después, asegura además haber identificado al verdadero autor material del crimen del que se acusó a su hermano, tras confrontarlo en una reunión vecinal en la que el hombre no lo negó, aunque se negó a confesarlo públicamente.

 

Para Flor Baena, la reparación no estará completa mientras la historia de los últimos fusilados del franquismo no forme parte de los libros de texto, motivo por el que ha remitido una carta a la ministra Mercedes Tolón solicitando su inclusión. Explica que muchos jóvenes de 17 y 18 años desconocen por completo estos hechos, hasta el punto de dudar de que algo así pudiera ocurrir en España. Su mensaje final es que las nuevas generaciones pregunten a sus mayores, porque quienes hoy añoran el franquismo no saben lo que significó vivir bajo aquel régimen.