dimarts, 24 de març del 2026

BARCO PRISIÓN CABO CARVOEIRO, EL BARCO DE LA MUERTE DE LA SEVILLA FRANQUISTA.

 


Los sublevados de julio de 1936, inmersos en una orgía de ejecuciones y detenciones masivas, sembraron la provincia sevillana de cárceles improvisadas, incapaces los centros de detención de albergar el creciente número de presos.
El vapor Cabo Carvoeiro, propiedad de la oligarquía sevillana, surcó las aguas del río Guadalquivir convertido en símbolo de represión. Los sublevados de julio de 1936 sembraron la provincia de Sevilla de centros de reclusión, detenciones masivas, torturas, ejecuciones... De gritos silenciados en las bodegas de una cárcel flotante y presos que restan horas a su fusilamiento. Así el franquismo ganaba una batalla, la del terror, grabada a sangre y fuego en la memoria popular. Aún flota en el recuerdo el Cabo Carvoeiro, el barco de la muerte.
Unos 60.000 asesinados yacen sepultos en más de 600 fosas comunes, sólo en suelo andaluz. Muchos, antes de recibir la muerte a tiros, pasaron por centros de detención. Era el paso previo en una realidad de “sacas y fusilamientos”. Como el Carvoeiro, un “infierno flotante” con desembocadura en las tapias del cementerio. Cualquier día se convertía en el último para presos sin juicio pero con sentencia. Hambre, sol, hacinamiento, insalubridad… No menos de 500 personas tiradas a diario en aquellas entrañas de acero. “Allí dormían como perros” recordaría uno de los niños que accedió al interior.
El 18 de julio, la prisión provincial de Sevilla acogía 320 presos. Cinco días después, 1.438 detenidos quedaban hacinados en un recinto inaugurado en periodo republicano. “Sevilla se convirtió toda en una prisión”, comenta Manuel Bueno Lluch, de la fundación de estudios sindicales de Comisiones Obreras, en la revista Andalucía en la Historia del Centro de Estudios Andaluces. Las autoridades golpistas activaron múltiples centros de reclusión. Caso del cine Jáuregui –donde permaneció Blas Infante hasta su muerte–, el cabaret Variedades o los sótanos de la plaza de España. Ayuntamientos o escuelas servían de improvisadas prisiones en los pueblos y campos de concentración comenzaban a funcionar por toda la provincia.
Y estaba el Cabo Carvoeiro, de la familia Ybarra, cuarta naviera a nivel estatal “y la primera andaluza”. Entre sus “socios”, reseña el investigador, también había “algunos conocidos apellidos de la oligarquía andaluza, como los Pickman, los Lasso de la Vega, los Osborne y los Azque”. Era la “élite económica” que sustentaba al Partido Conservador al sur de la península. Contrarios, y “desalentados”, por la proclamación de una República que observaban “como una amenaza para sus intereses tradicionales”.
Explícita del apoyo que brindan “en cuanto sea preciso” al “glorioso Alzamiento Nacional” es el acta de la reunión de socios de la otra gran sociedad familiar, Hijos de Ybarra, sobre el “movimiento militar que el día 18 se inició en Sevilla y Marruecos para salvar a España de la ruina y el desastre que la política del infamante Frente Popular le estaba ofreciendo”. Para sellar el compromiso están los 80 metros de eslora y 12 de manga del Carvoeiro. El vapor a hélices construido en los astilleros de Newcastle (Reino Unido) en 1909 podía transportar 3.300 toneladas de carga. Sus dos bodegas fueron las celdas de la prisión flotante.
La orden radiofónica de los golpistas era clara, el vapor debía dirigirse a Sevilla. Pero debía permanecer en Bonanza, un paraje del Guadalquivir. Aquel día de la sublevación, en “Coria y La Puebla había una concentración de comunistas”, recuerda Bueno Lluch. El día 24, por la tarde, “el curso del río quedó despejado”. Llega a la capital y descarga las bodegas. Anclado en Triana, ya está preparado para su nuevo cometido. Parte de la tripulación es fusilada. “Los primeros hombres en habitar las bodegas del barco”, ese mismo día, “fueron los 70 detenidos de la columna minera que había osado atreverse a intentar hacer fracasar el golpe en Sevilla”. Poco después, 550 personas atestaban las bodegas.
Justo a los dos meses el Carvoeiro mueve su anclaje hasta Tablada. “El espectáculo debía ser dantesco incluso en aquellos tiempos de guerra”, señala Manuel Bueno. ¿Una cifra exacta de detenidos? “Es prácticamente imposible”, precisa. Aunque las “escasas evidencias documentales” de la cárcel flotante prueban una media de 500, apresados de pueblos de la cornisa del Aljarafe: “Camas, Salteras, Castilleja de Guzmán, Olivares, Castilleja de la Cuesta, Valencina, Umbrete, Bollullos de la Mitación, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Palomares y Coria del Río”.
Otros detenidos llegaban desde la vega del Guadalquivir o la campiña sur de Sevilla, incluso de Huelva y Badajoz. “Un buen número de ellos sólo fueron sacados de allí para ser fusilados en los múltiples escenarios de muerte de los que se llenó la ciudad”. Eran, la mayoría, obreros, militantes, con una media de edad joven. “Sus edades”, cuenta el investigador, “oscilaron entre los 16 años, del panadero de Camas Miguel Expósito Marín, o del vendedor ambulante del barrio de la Macarena Manuel Rodríguez Llauradó, y los 60 años del ferroviario cenetista José Jiménez Ojeda”.
El 8 de diciembre del 36, tras 133 días de servicio a las fuerzas golpistas, el Cabo Carvoeiro perdió su estatus de prisión flotante. Los últimos 290 presos eran trasladados a la plaza de España y la prisión provincial. Constituían, todos, “la gangrena que corroe las entrañas de nuestra querida patria”, en palabras de Queipo de Llano, autoproclamado Jefe de la Segunda División Orgánica. Las familias de los 'rojos' ya no tendrían que acudir al Carvoeiro buscando vida, ofreciendo tímidas viandas. El barco de la muerte pasaba a formar parte del oscuro recuerdo de la represión, de la memoria de la derrota.
-Juan M. Baquero.







La UGR retoma los trabajos de exhumación de víctimas asesinadas por el franquismo en el Cementerio Municipal de Padul

 https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/ugr-retoma-trabajos-exhumacion-victimas-asesinadas-franquismo-cementerio-municipal-padul


Ciudadanía - IndeGranada Lunes, 23 de Marzo de 2026 
El equipo ‘Universidad y Memoria’ comienza su quinta campaña en el recinto paduleño, donde podrían estar enterradas hasta 40 personas.
Ezpelunante imagen de uno de los restos hallados en una campaña anterior.
Francisco Carrión Jiménez
Ezpelunante imagen de uno de los restos hallados en una campaña anterior.

El equipo interdisciplinar Universidad y Memoria, de la Universidad de Granada (UGR), ha reanudado los trabajos de exhumación de víctimas asesinadas y depositadas en enterramientos ilegales en el Cementerio Municipal de Padul durante el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista.

Tras las intervenciones desarrolladas en 2021, 2022, 2024 y 2025, en las que se recuperaron 27 cuerpos con signos de violencia, comienza ahora una nueva campaña impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Junta de Andalucía. Los trabajos se prolongarán durante, al menos, dos meses. El primer objetivo marcado por la dirección del proyecto es la exhumación de víctimas ya localizadas en la intervención anterior y que no pudieron ser recuperadas entonces debido a los límites temporales establecidos por la financiación previa. 

Según diversos estudios, hasta 40 personas podrían permanecer aún enterradas en estas fosas, registrándose los últimos asesinatos en la década de los cincuenta. De forma paralela a las labores de excavación, el equipo continúa con la búsqueda de familiares descendientes de las víctimas, a fin de realizar entrevistas y recoger muestras de ADN.

Asimismo, se ofrecen visitas a centros educativos y asociaciones culturales que deseen conocer de primera mano el desarrollo de la intervención.


Cataluña buscará restos de decenas de víctimas del franquismo en una fosa en Reus

 

https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/03/23/cataluna-buscara-restos-de-decenas-de-victimas-del-franquismo-en-una-fosa-en-reus/


La intervención, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, la realizará el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, y consistirá en una prospección con georradar que no causará ninguna afectación a los posibles restos que se encuentren en el subsuelo de la zona, según ha informado este lunes la consellería.

En caso de que la búsqueda confirme la localización del pozo, la Dirección General de Memoria Democrática valorará programar una intervención arqueológica posterior para comprobar la existencia de restos humanos y proceder a su exhumación.

El Ayuntamiento de Reus presentó el pasado mes de diciembre los resultados de una investigación documental que confirma la existencia de un pozo en la zona y plantea dos posibles hipótesis de ubicación.

La prospección geofísica se llevará a cabo sobre estos dos puntos concretos.

Un vecino de Reus, Antoni Batlle Mas, dejó constancia en 2001 de la existencia de una posible fosa común en un pozo situado entre la antigua Escuela del Trabajo y la fábrica de tejidos Pich i Aguilera, detrás del antiguo Hospital de Sant Joan, en la calle Jacint Barrau.

Según su testimonio, en 1951 un familiar suyo bajó al pozo para realizar trabajos de comprobación del nivel freático y descubrió una acumulación de decenas de cuerpos. Ante estos hechos, las autoridades de la fábrica habrían ordenado tapiar el pozo.

La hipótesis más plausible es que los cuerpos que pudiera haber en el pozo correspondan a víctimas de la represión franquista en Reus durante los primeros meses de la posguerra.

Las tropas franquistas entraron en la ciudad el 15 de enero de 1939, en la fase final de la Guerra Civil, en el marco de la ofensiva final sobre Cataluña.

Las nuevas autoridades iniciaron un proceso represivo que culminó con la instalación de un campo de concentración de prisioneros de guerra en el edificio de la Escuela del Trabajo y en dos pabellones contiguos.

Un número indeterminado de prisioneros murió a causa de los malos tratos y las duras condiciones de reclusión, y sus cadáveres habrían sido arrojados al pozo. EFE

dpj/pll/ros

El Congreso se prepara para votar la reforma para indemnizar a muertos y heridos por la democracia hasta 1979

 

https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/03/22/el-congreso-se-prepara-para-votar-la-reforma-para-indemnizar-a-muertos-y-heridos-por-la-democracia-hasta-1979/


La Cámara Baja debate este jueves si respalda el decreto que amplía compensaciones económicas a víctimas de represión política hasta 1978, beneficiando a familiares directos y lesionados graves en un nuevo ajuste legal que actualiza importes y criterios de exclusión

Las modificaciones introducidas en la norma permiten que personas como Manuel José García Caparrós, quien perdió la vida a causa de un disparo policial durante la manifestación por el Estatuto de Autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, puedan ser incluidas entre las víctimas indemnizadas. Tal como informó el medio, el Congreso afronta este jueves el debate para decidir si convalida o deroga el decreto ley aprobado por el Gobierno el 3 de marzo, que modifica la Ley de Memoria Democrática y extiende el derecho a compensaciones económicas a quienes sufrieron represión en el periodo conocido como el tardofranquismo, así como a sus familiares directos.

Según detalló el medio, la nueva disposición, vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amplía el rango temporal para acceder a estas indemnizaciones hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor la Constitución. El Pleno del Congreso decidirá sobre el futuro de este ajuste legal, que busca resarcir económicamente a los luchadores por la libertad que resultaron fallecidos o lesionados de manera grave como consecuencia de la represión política ejercida en los últimos años del régimen anterior.

El medio recordó que la Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya contemplaba compensaciones para quienes murieron defendiendo la democracia, pero solamente para los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. Estas acciones reparadoras se regularon mediante un decreto ley en 2008, el cual también concedía el derecho a indemnización a quienes, en el ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y libertades públicas, sufrieron lesiones que provocaron incapacidad permanente.

Posteriormente, de acuerdo con las informaciones publicadas, la Ley de Memoria Democrática de 2022, elaborada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, derogó por completo la normativa de 2007. Como resultado, quedaron fuera del amparo legal las víctimas de fallecimientos y lesiones incapacitantes provocadas por la represión política ocurrida durante el tardofranquismo, lo que dejó a un colectivo de afectados sin la opción de beneficiarse de ninguna cobertura económica o reconocimiento institucional.

El decreto ley sometido ahora a debate introduce una nueva disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática. Esta medida responde a la intención del Gobierno de restituir los derechos económicos a las víctimas y a sus herederos directos, extendiendo el periodo cubierto hasta el momento de la entrada en vigor de la actual Constitución. Según la información del medio, la actualización también revisa las cuantías de las indemnizaciones, que no habían sido reformuladas desde 2008.

Las nuevas compensaciones establecen que los beneficiarios de personas fallecidas bajo las circunstancias mencionadas podrán recibir una indemnización de 250.000 euros. En el caso de quienes hayan sufrido lesiones que generaron una incapacidad permanente absoluta, el importe sube a 180.000 euros. Para los casos en los que la represión causó una gran invalidez, la cantidad reconocida asciende a 500.000 euros.

La regulación determina con exactitud quiénes pueden acogerse a estos beneficios. Los destinatarios prioritarios son los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, o, en ausencia de cónyuge, quienes hubieran convivido con el fallecido manteniendo una relación de afectividad similar. Si estas figuras no existieran, la posibilidad de percibir la indemnización se extiende subsidiariamente a los padres, nietos, hermanos y los propios hijos de la víctima, siempre que no se haya obtenido previamente una indemnización por los mismos hechos, de acuerdo con la información reportada.

El texto legal incluye criterios de exclusión. Según publicó el medio, no podrán acceder a estas compensaciones quienes fueran miembros de bandas o grupos armados terroristas, ni sus familiares directos. La medida busca actualizar los criterios ya existentes, garantizando que la compensación económica sirva para reparar a las víctimas de la represión política, y evitando el acceso a estos fondos públicos en situaciones vinculadas con actividades terroristas.

El decreto ley también dispone que todas las cuantías podrán actualizarse conforme a las variaciones legales que correspondan en el futuro. No se permite la acumulación de indemnizaciones por los mismos hechos, estableciendo así un único pago por caso, con el fin de evitar duplicidades.

Actualmente, la reforma permanece en fase de debate en el Congreso. Según consignó el medio, su aprobación o derogación dependerá de la votación de los diputados en la Cámara Baja. El objetivo declarado de la iniciativa es corregir un vacío originado por la derogación de la normativa previa y restablecer la protección económica para quienes padecieron las consecuencias de la represión política hasta los primeros compases de la democracia en España.

Las mujeres de negro: memoria, dignidad y resistencia desde La Barranca

 https://www.diario-red.com/articulo/memoria/mujeres-negro-memoria-dignidad-resistencia-barranca/20260321122058066223.amp.html





Jacqueline con una foto de ella de pequeña y su madre Marina Argentina, asesinada en La Barranca - Robert Astorgano

El documental reconstruye, desde una historia familiar, la lucha de las mujeres que mantuvieron viva la memoria de las víctimas del franquismo en La Rioja, denunciando décadas de silencio, represión e invisibilización y reivindicando su papel clave en la memoria democrática

En un descampado de La Rioja, junto a un barranco que durante décadas guardó silencio, un grupo de mujeres vestidas de negro convirtió el duelo en resistencia. Cada año, durante más de cuarenta años, acudieron al mismo lugar para recordar a sus maridos, padres, hijos y hermanos asesinados en 1936. Hoy, su historia, durante mucho tiempo invisibilizada, emerge con fuerza a través del documental Las mujeres de negro, dirigido por Rober Astorgano.

La película no es solo una reconstrucción histórica: es, ante todo, un ejercicio íntimo de memoria. Su origen no está en archivos ni en libros, sino en una fotografía familiar. “El proyecto surgió con una fotografía que tenía mi abuela”, explica el director. “Me la enseñaba y se echaba a llorar, pero nunca me había contado nada. Yo no sabía nada de la historia familiar”.

Esa imagen —la única que su abuela conservaba de su padre, asesinado cuando ella tenía apenas catorce años— fue el punto de partida de una investigación que acabaría convirtiéndose en un proyecto audiovisual, un libro y una exposición.

La Barranca: un lugar de memoria

Entre septiembre y diciembre de 1936, más de cuatrocientas personas fueron asesinadas en La Barranca, en el término de Lardero. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, muchas veces sin identificación.

En ese mismo lugar comenzaron a reunirse, desde entonces, mujeres vestidas de negro. Eran viudas, madres, hijas, hermanas. Su presencia, repetida año tras año, constituyó una forma silenciosa de resistencia frente a la represión franquista.

“Aquí nunca hubo un frente de guerra”, subraya Astorgano en su testimonio. “Se mataron a muchas personas… eso no es una guerra, es un genocidio”.

Durante décadas, estas mujeres custodiaron el terreno, evitaron su desaparición y mantuvieron viva la memoria de los asesinados. Gracias a su perseverancia, en 1979 el lugar fue reconocido como cementerio civil y hoy es el Memorial de La Barranca, uno de los espacios de memoria más importantes del país.

El silencio heredado

Uno de los elementos centrales del documental es el silencio. No solo el impuesto por la dictadura, sino el que se prolongó en muchas familias durante generaciones.

“Era una de esas historias silenciadas… pero no solo en casa. Ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad me habían contado nada de lo que pasó”, afirma el director.

Ese silencio no es casual. Forma parte de una herencia traumática compartida por miles de familias en España, donde la memoria de la represión quedó relegada al ámbito privado durante décadas. El proyecto de Astorgano busca precisamente romper ese silencio desde lo personal.

“Yo quería contarlo por la rabia que me daba que nunca me lo hubieran dicho”, reconoce.

Mujeres invisibilizadas

El documental pone el foco en un aspecto históricamente relegado: el papel de las mujeres en la posguerra. No como protagonistas visibles del conflicto armado, sino como sostenedoras de la vida cotidiana en condiciones extremas.

“El papel de las mujeres ha sido invisibilizado, y más aún el de las viudas, madres e hijas de los perdedores”, explica Astorgano. “Se ha hablado más de los hombres asesinados, pero no de lo que hicieron ellas durante más de cuarenta años”.

Estas mujeres no solo soportaron la pérdida de sus familiares, sino también la represión, la estigmatización y las humillaciones públicas. Muchas fueron señaladas, rapadas o marginadas socialmente. A pesar de ello, mantuvieron una presencia constante en lugares como La Barranca, reivindicando memoria y dignidad.

Su lucha, lejos de ser anecdótica, fue clave para la posterior recuperación de la memoria histórica en España. De hecho, el propio dossier del proyecto las define como “pioneras en la recuperación de la memoria histórica”.

Un proyecto íntimo y colectivo

Aunque parte de una historia familiar —la de su bisabuela Joaquina, una de estas mujeres—, el documental amplía su mirada hacia una memoria colectiva.

“El objetivo ha sido mostrar un retrato íntimo que permita empatizar con las historias”, señala el director.

La película recoge 35 testimonios de descendientes, además de material de archivo, fotografías y recreaciones. La estructura narrativa combina lo personal y lo histórico, construyendo un relato coral que pone rostro a las víctimas.

“Quiero personalizar las historias, verles las caras, conocer a las familias… que el espectador pueda sentirlas como propias”, explica Astorgano.

El poder del audiovisual

Uno de los elementos más destacados del proyecto es su apuesta por el lenguaje audiovisual como herramienta de memoria.

“El cine es fundamental porque recoge testimonios en primera persona que quedan para siempre”, afirma el director. “De las 35 personas entrevistadas, cinco ya han fallecido desde el rodaje”.

Esta dimensión adquiere especial relevancia en el contexto actual, donde los últimos testigos directos de la Guerra Civil están desapareciendo. La grabación de sus testimonios no solo preserva su memoria, sino que la hace accesible a nuevas generaciones.

Además, el director destaca el impacto del documental en entornos educativos: “Cuando los jóvenes escuchan a alguien hablar de su padre o de su madre en primera persona, les emociona. Y eso es lo que buscaba”.

Memoria para el presente

Más allá del relato histórico, Las mujeres de negro plantea preguntas de fondo sobre la memoria, el legado y la responsabilidad colectiva.

“Es una forma de mirar hacia atrás para que no se borre lo que tantas veces se ha querido silenciar”, señala Astorgano.

El proyecto no solo pretende recuperar el pasado, sino también contribuir a la construcción de una memoria democrática que evite la repetición de la violencia. En este sentido, la historia de estas mujeres trasciende el ámbito local y se convierte en un símbolo universal de resistencia.

Como recoge el dossier, no se trata solo de una historia riojana, sino de “un relato universal sobre el dolor, la resistencia y la búsqueda de justicia”.

Un legado que perdura

Hoy, el Memorial de La Barranca es un espacio de recuerdo, pero también el resultado tangible de la lucha de aquellas mujeres. Sin recursos, sin reconocimiento y en un contexto de represión, lograron preservar un lugar que el tiempo y el olvido amenazaban con borrar.

Su legado no está solo en el terreno que custodiaron, sino en la memoria que mantuvieron viva. Una memoria que ahora, gracias al trabajo de Astorgano, encuentra nuevas formas de transmisión.

“Es un lugar donde se respira historia”, recuerda el director. “La gente se siente más libre de contar lo que pasó”.

En ese gesto —el de contar, escuchar y recordar— reside la verdadera fuerza de Las mujeres de negro: devolver la voz a quienes durante demasiado tiempo fueron condenadas al silencio.

97 en Boisaca, 190 en Serantes, 18 en Beira: las tres fosas con víctimas del fascismo que investigará la Universidade de Santiago

 https://www.eldiario.es/galicia/97-boisaca-190-serantes-18-beira-tres-fosas-victimas-fascismo-investigara-universidade-santiago_1_13079455.html

Daniel Salgado

22 de marzo de 2026 06:00 h

El grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) inicia los trabajos de estudio y exhumación de una fosa de la resistencia armada antifranquista en el ayuntamiento de Teo.

No fue hasta 1934 que el cementerio municipal de Boisaca, en Santiago de Compostela, comenzó a recibir cadáveres. Las nuevas instalaciones eran la apuesta del consistorio para higienizar los enterramientos de vecinos, que hasta ese momento ocupaban nichos en Bonaval u otros lugares del centro de la ciudad. No acababa de funcionar: la parcela elegida, al norte, resultaba demasiado húmeda y las quejas de las familias se sucedían. Pero a partir de julio del 36, todo cambió. Los muros de Boisaca se convirtieron en escenario principal del terror fascista y sus fusilamientos. Sus terrenos esconden además una fosa común en la que, por lo menos, yacen 97 víctimas. Será una de las tres que investigue y exhume el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela tras firmar un convenio de 150.000 euros con la Deputación de A Coruña. Los trabajos se ejecutarán durante este 2026.

Las otras dos también se encuentran en cementerios. La de Serantes, en Ferrol, alberga unos 190 asesinados. La de Beira, en Carral (A Coruña), 18. “Trabajar en cementerios es complejo”, explica a elDiario.es el profesor Antonio Míguez Macho, miembro de Histagra y actual decanao de la Facultade de Xeografía e Historia de la universidad compostelana, “porque han sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Localizar la ubicación exacta de las fosas no resulta fácil”. En el caso de Boisaca, la reconstrucción de lo que allí sucedió se nutre de varias fuentes: la información judicial del bando franquista y la memoria oral principalmente. “Presuponemos que haya más de una fosa, pero no las hemos identificado aún”, dice Míguez Macho.

Lo que sí saben en Histagra es que los cadáveres del lugar eran vecinos de Santiago y de su entorno “en sentido amplio”: Boiro, Ordes, Negreira, Pobra do Caramiñal. La ciudad era cabeza de partido judicial y en ella se dirimían los procesos de los franquistas contra los demócratas. Además, añade Míguez, también depositaron algunos paseados. Sucedió, sobre todo, entre septiembre de 1936 y marzo de 1937. “Los verdugos no solo manejaron cómo se asesinaba”, sostiene, “sino también los espacios de enterramiento”. El régimen jugaba a la confusión, ocultaba los rastros de sus crímenes, dificultaba que las familias honrasen a sus muertos. “La trazabilidad de la fosa de Boisaca es compleja”, afirma sobre un lugar en el que se encuentran, por ejemplo, los restos del Comité de Defensa de la República, conformado por fuerzas políticas y sindicales democráticas después del 18 de julio, prácticamente al completo. Durante la larga noche de piedra de la dictadura hubo también algunas exhumaciones irregulares, clandestinas.

Más obstáculos se interponen en esta excavación. En la década de los 40, el ayuntamiento reformó el cementerio y abrió su gran avenida central, removiendo tierras y tumbas. Y seguían llegando restos de otros cementerios de Santiago -en el 36, reabrió Bonaval, en funcionamiento hasta los 60 y hoy en día un frecuentado parque.

Después de 1977

Existen dos memorias sobre lo ocurrido en Boisaca. A los testimonios orales del 36, recogidos por historiadores locales, hay que sumar una memoria indirecta, la de las personas que en los años 70 se interesaban por lo que había sucedido y preguntaban a sus mayores. “A partir de 1977, empiezan los primeros homenajes a las víctimas”, recuerda Míguez, “y también la instalación de placas en los muros. Pero no son indicativas del lugar exacto de las inhumaciones”.

Con estos materiales diversos y fragmentarios, el equipo de Histagra -ocho personas entre historiadores y arqueólogos, coordinadas por Míguez Macho y el catedrático Lourenzo Fernández Prieto- intentarán reconstruir el sistema represivo, desde los asesinatos hasta los enterramientos, en las fosas de Santiago, Ferrol y Carral. “Buscamos desentrañar la lógica con la que los victimarios manejaron a las víctimas”, señala. Si todo va según lo previsto y las investigaciones se concretan sobre el terreno, habrá una segunda fase: la exhumación completa, el análisis antropológico forense y la identificación génética. “Pero no queremos crear falsas expectativas”, avisa.

Otras 14 fosas excavadas

Las actuaciones, financiadas por la Deputación da Coruña, derivan de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. A juicio de Míguez Macho, esta norma produjo “un salto cualitativo” en la materia. “El Estado asume como deber dar amparo a los trabajos de exhumación”, explica, “y esto facilita una trazabilidad legal. Desde 2023, la Fiscalía ha nombrado fiscales delegados de derechos humanos que abren diligencias por las excavaciones. Aunque no va a haber un seguimiento penal, afianza el papel del Estado”. El grupo Histagra ya ha estudiado y exhumado otras 14 fosas en Galicia y se encarga, por un acuerdo con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la elaboración del censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.