Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Las tres víctimas, José María Fernández, Jaime Fernández y Antonio Freije, permanecieron en el anonimato durante décadas, pero un trabajo del historiador Miguel Freire rescata su recuerdo
Los primeros fusilados oficiales tras el estallido de laGuerra Civilespañola se registraron en el Protectorado de Marruecos el 17 de julio de 1936, coincidiendo con las primeras horas del golpe de Estado. Tan solo unas semanas más tarde, el 27 agosto, los militares golpistas llevaron a cabo las primeras ejecuciones en Lugo por sentencia del Consejo de Guerra.
Este jueves se cumplirán 90 años de aquellas muertes, que tuvieron como escenario el solar en el que actualmente se ubica la comandancia de la Guardia Civil, justo a espaldas del antiguo cementerio de Magoi, convertido años después en el Gran Hotel Lugo. Un trabajo del investigador Miguel Freire —de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica— rescata la figura de estos tres civiles que, a pesar de permanecer durante décadas en el anonimato, forman parte de la historia lucense.
Uno de ellos, José María Fernández Rodríguez, era natural de la localidad coruñesa de Ares, hizo el servicio militar y en octubre de 1933 se instaló en Lugo con su mujer escocesa, Isabelle Innes. Sus padres, José María y Damiana, residían en el aquel momento en Cuba, donde trabajaban en empresas de tabaco.
La vida de Pepe, como lo conocían sus allegados, era una vida tranquila y estable. Trabajaba de contable en la farmacia deCardero, que estaba ubicada en el número 17 de la Plaza de la República, lo que hoy es el fondo de la Praza Maior. También trabajaba como empleado de banca en la ciudad y dirigía un programa en la radio local, donde además enseñaba inglés los sábados por la tarde. Su mujer Isabelle también era profesora de inglés.
La pareja tuvo una hija, Daisy, que en 1936 tenía dos años. Ese verano, vinieron a visitarlos desde Liverpool la madre y la hermana de Isabelle —Maggie y Daisy Grant—, quienes permanecieron en la ciudad hasta el 17 de julio, cuando regresaron a su país en el vapor Órbita, que salía desde A Coruña. Justo al día siguiente de su partida estalló en España el golpe de estado.
Denuncia falsa
Cuenta el historiador Miguel Freire que el 20 de julio, José Fernández Rodríguez fue detenido y llevado a la cárcel por una falsa denuncia de la Falange lucense y dos días más tarde fue acusado de "rebelión armada, traición y daños con explosivos". Fue sometido a un consejo de guerra y sentenciado a muerte.
Su mujer lo visitó en la cárcel en dos ocasiones, pero se vio obligada a huir de España y el 17 de agosto embarcó desde Vigo hasta Southampton, con su pequeña Daisy en brazos y embarazada de nuevo. Diez días después, a las seis de la mañana del 27 de agosto, Pepe fue fusilado. Tenía 44 años y ya no pudo conocer a su segunda hija, Joyce, que nació mes y medio después de su muerte.
La familia de Pepe nunca olvidó su historia y hace tan solo tres años, en septiembre de 2023, su nieto, John Price viajó desde Estonia hasta Lugo para conocer dónde había vivido su abuelo, aunque no pudo dejar flores en su tumba al haber desaparecido el antiguo cementerio de Magoi.
En la farmacia de Cardero, donde trabajaba José Fernández también sufrieron represalias el farmacéutico Antonio Cardero Veloso — que había sido gobernador en Córdoba, masón y directivo del denominado Partido Republicano Radical— y el auxiliar de farmacia Alberto Cardero Marión, directivo del Partido Comunista de España (PCE).
El primero fue sancionado por responsabilidades políticas y tuvo que exiliarse en México. El segundo corrió peor suerte. Fue condenado a muerte por el Consejo de Guerra y fue fusilado en Lugo el 13 de febrero de 1937 junto a otras cinco personas del municipio de A Pontenova, entre las que se encontraban el farmacéutico Ángel Pérez Gándaras y el médico José Torviso Bermúdez.
Trasladados
Otro de los fusilados, Jaime Fernández Alonso, era natural de Nonide, un pequeña aldea de Santa Eulalia de Oscos, en Asturias. Era labrador y estaba casado con Carmen Pérez, con quien tuvo una hija, Rosario, que nació el 20 de abril de 1936. Justo cuatro meses después de que su pequeña llegara al mundo fue arrestado y acusado de "rebelión militar", por haber volado presuntamente el puente de Mazonovo, que unía las localidades de Vegadeo (Asturias) y A Fonsagrada.
Fue sometido a un consejo de guerra y condenado a pena de muerte, sin tener derecho a ser defendido de las acusaciones vertidas en su contra. Jaime Fernández fue trasladado a Lugo, permaneció siete días en prisión y también fue fusilado a las seis de la mañana del 27 de agosto, dejando huérfana a su hija con tan solo cuatro meses de vida.
El otro ejecutado, Antonio Freije Freije, era de la misma aldea que Jaime Fernández. Era teniente de alcalde de Santalla y también fue acusado de volar el puente de Mazonovo para evitar que llegaran las fuerzas golpistas desde Lugo a través de A Fonsagrada.
Fue detenido en Santalla el 10 de agosto y también lo trasladaron a Lugo, donde fue ejecutado 17 días después, dejando cinco hijos huérfanos. Su familia no supo nada más de él. No recibieron ninguna información, tan solo una multa de 10.000 pesetas después de su ejecución. Cuatro décadas después, en 1982, sus allegados se enteraron de su fusilamiento al ver un reportaje en la prensa.
Los cuerpos de los tres primeros fusilados en la capital lucense al estallar la Guerra Civil española no pudieron ser recuperados por sus familias, pero el trabajo de Miguel Freire permite al menos recuperar su historia y una parte del pasado de Lugo.
Un nuevo estudio identifica una red de cárceles, campos de concentración y espacios habilitados mucho más extensa de lo que ha llegado a la memoria colectiva y recupera dibujos, cartas y otros rastros de los presos
Jaume Serra Cardell no tiene suficiente papel para escribir a su familia, así que busca otro soporte: la ropa. Termina llenando de palabras la tela de la espalda de dos camisas. No es el único que acude a las formas más inimaginables de dejar constancia de lo que ocurre tras los muros de la Prisión Provincial de Palma. Ricardo Ordinas Fuster, además de escribir sobre su encierro, lo dibuja. Para ello, utiliza pequeños trozos de papel de fumar que le hace llegar su familia. En uno de ellos identifica por su nombre a los presos que comparten el espacio y deja constancia de la distribución de la celda. Lo que parece una escena cotidiana acaba convertida en una radiografía del hacinamiento, con nombres y cuerpos encajados en un espacio mínimo.
Julio López Bermejo, por su parte, aprovecha los documentos que tiene a mano en las oficinas de la cárcel, donde se encuentra destinado, y utiliza sus reversos para dibujar, convirtiéndolos en un soporte clandestino. De repente, comienzan a florecer decenas de caricaturas tanto de sus compañeros como de los guardias y los capellanes, conformando una colección improvisada que, mucho tiempo después, permitirá recuperar los rostros de quienes compartieron aquella vida penitenciaria. Joan Cortès Cànaves hará algo parecido en Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la época, reproduciendo también el interior del recinto.
Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior. Las cartas están censuradas, los presos tienen limitado cuándo y cuánto pueden escribir y cualquier mensaje considerado inconveniente puede ser destruido. Por eso buscan resquicios: esconden notas en los cuellos de las camisas, entre los dobleces de los pantalones o en los cinturones, dibujan en papeles destinados a otros usos y aprovechan cualquier superficie que pueda sobrevivir a los muros de la prisión.
'Una sábana remendada': una de las cartas escritas por Jaume Serra Cardell, mostrada en una exposición en Casa de América (Madrid) dedicada al exilio español Casa de América
Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior
Décadas después, aquellos diminutos dibujos, las cartas y los escritos sobre ropa abren una ventana a una realidad que el régimen franquista trató de mantener al otro lado de los muros y rescatan aspectos de la vida cotidiana que difícilmente aparecen en los expedientes administrativos. Son rastros mínimos, pero elocuentes, que han recopilado los investigadores Manel Suárez Salvà y Maria Eugènia Jaume Esteva en un estudio sobre los lugares de la represión franquista en Balears. Entre los documentos conservados hay un dibujo de Ordinas: está fechado el 29 de agosto de 1936, apenas unas semanas después del golpe militar, y representa el patio de la Prisión Provincial de Palma.
Dibujo del patio interior de la Prisión Provincial realizado por Ricardo Ordinas Fuster el 29 de agosto de 1936 Extraído 'Indrets de repressió a les Illes Balears'
73 lugares para encerrar a los “enemigos”
La investigación, encargada por el Govern durante la pasada legislatura progresista, recuerda cómo comenzaron las detenciones sistemáticas de Mallorca tras el alzamiento fascista de julio: no fueron una reacción improvisada al estallido del golpe, sino que respondieron a una planificación previa, siguiendo las instrucciones que el general Emilio Mola Vidal había fijado el 25 de mayo: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.
A partir de ese momento, el informe, de 366 páginas, identifica hasta 73 lugares de reclusión y concentración de presos en el archipiélago -65 en Mallorca, cuatro en Menorca, tres en Eivissa y uno en Formentera- y muestra una red mucho más extensa de lo que sugieren las prisiones que han quedado en la memoria colectiva, como la de Can Mir. Y es que no se trataba únicamente de cárceles: el régimen reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos. La propia arquitectura del sistema revela la improvisación como una característica del mismo: la mayoría de los centros habilitados como prisiones o campos de concentración fueron espacios preexistentes reutilizados, en ocasiones mediante expropiaciones o alquileres a bajo coste.
Vista del antiguo almacén de maderas Can Mir, reconvertido en cárcel franquista a mediados de 1936. En la actualidad, ocupan ese mismo espacio los actuales cines Augusta Fotos Antiguas de Mallorca (FAM)
El régimen franquista reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos
Como documentan Suárez y Jaume, el encierro no solo buscaba aislar físicamente a los presos. También pretendía convertirlos en parias sociales. Heinz Kraschutzki, pacifista y antifascista alemán, recordaba, por ejemplo, la humillación que suponía recibir periódicos dentro de la prisión. La lectura podía ser un entretenimiento, pero también les recordaba diariamente cómo los presentaba la propaganda del nuevo régimen.
“Éramos 'gentuza' que no tenía ningún valor”
Kraschutzki, autor de Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca, lo evocaba así: “Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor”. En algunas ocasiones, y asumiendo un gran riesgo, los presos conseguían introducir en la cárcel periódicos republicanos, una de las escasas vías que tenían para acceder a una información distinta de la propaganda que difundía el nuevo régimen.
Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor
Heinz Kraschutzki— Pacifista y antifascista alemán
La propia prisión se convertía así en un espacio de exclusión. El estudio explica que recibir una visita, un paquete de comida o incluso una carta dependía de que la dirección considerara que el preso aceptaba las reglas del nuevo Estado. Las familias quedaban atrapadas también alrededor de las cárceles, desplazándose para llevar ropa, comida o cualquier ayuda que pudiera evitar que sus familiares murieran de hambre.
La Prisión Provincial de Palma resume esa precariedad. En 1936, el aumento de detenidos obligó a utilizar incluso la capilla como espacio de reclusión. Presos comunes y políticos llegaron a convivir hacinados y las celdas carecían de retretes: los internos tenían que utilizar grandes recipientes conocidos como “zambullos”. Un informe posterior describió el “hedor y emanaciones perjudiciales” provocado por aquellas condiciones. A finales de 1941, había 277 reclusos y cerca de un millar de hombres habían pasado por el centro desde 1936. Diez murieron dentro de la prisión o durante su traslado al Hospital Provincial, víctimas de la mala alimentación, las enfermedades, la angustia y la falta de higiene.
Exterior de la Prisión Provincial de Palma en 1960, con la iglesia de los Caputxins al fondo Extraído de 'Indrets de repressió a les Illes Balears'
Las “noches tristes” de Can Mir
La imagen más brutal de ese sistema quizá sea la de Can Mir. El recinto no había sido construido como prisión: era un almacén de madera. La investigación actualiza las cifras de aquel espacio y permite dimensionar la magnitud del hacinamiento y las condiciones en las que fueron recluidos los presos. Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas “tretes” (“sacas”), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento. En total, 192 hombres no sobrevivieron a su paso por la prisión, casi el 10% de los reclusos.
Dentro de aquella nave, los presos apenas podían salir al exterior. Los que conseguían algún trabajo -los conocidos como “peladores de patatas”- podían barrer el patio, descargar camiones o trabajar en la cocina. Era una de las escasas oportunidades para respirar aire libre y, con suerte, intentar ver a sus familiares al otro lado de la valla.
Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, por Can Mir pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas "tretes" ("sacas"), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento
Una de las pocas imágenes existentes del interior de la prisión de Can Mir
La comida tampoco alcanzaba en Can Mir. El menú habitual estaba compuesto por patatas, boniatos, judías y algún hueso hervido. Los presos pasaban hambre y dependían de los paquetes que enviaban sus familias. El estudio explica que esos paquetes llegaban a veces abiertos y con parte de su contenido desaparecido, hasta el punto de que los familiares comenzaron a pegar en las cajas una lista de lo que habían introducido. En aquella cárcel, además, hubo momentos en que incluso se interrumpía el suministro de agua, especialmente durante el verano.
Las “tretes” siguieron un patrón particularmente siniestro. De noche, alguien entraba en la prisión y leía una lista de nombres. A los presos se les decía que iban a ser puestos en libertad. Cuando llegaban a la puerta, en muchos casos les ataban las manos unos a otros con alambre o esposas y los subían a un camión. Algunos eran liberados. Otros eran conducidos hacia la muerte. Más de 300 personas murieron como consecuencia de estas sacas o “tretes”, según el estudio. Entre las prisiones de las que salieron presos para ser asesinados estaban Can Mir, Bellver, Manacor y Can Sales. Cuando terminaron las “tretes” generalizadas, el nuevo gobernador civil, Víctor Enseñat, pronunció una frase que quedó asociada a Can Mir: “Se han acabado las noches tristes en esta casa”.
Un millar de mujeres entre cuatro paredes
La represión tuvo también un escenario específicamente femenino. Can Sales, antiguo hospicio gestionado por las Hermanitas de los Pobres, se convirtió desde 1940 en la Prisión Central de Mujeres de Palma y comenzó a recibir internas procedentes de otros puntos del Estado. Lo que había comenzado con 31 mujeres repartidas en dos dormitorios de unos 66 metros cuadrados terminó convirtiéndose en un espacio que llegó a albergar alrededor de un millar de reclusas entre 1941 y 1942. La alimentación se volvió escasa y de mala calidad y las enfermedades se extendieron entre las internas.
Algunas fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como “rehenes” para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco mujeres -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron sacadas de Can Sales bajo una orden que formalmente decía que quedaban “en libertad, a disposición” del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas en Son Coletes. El documento que ordenó aquella falsa liberación conserva todavía sus cinco nombres mecanografiados y la firma del gobernador civil Mateu Torres Bestard.
En Can Sales, algunas mujeres fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como "rehenes" para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco presas -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron puestas "a disposición" del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas
Galería del castillo de Sant Felip (Maó) Fundació Foment del Turisme de Menorca
Un campo de concentración frente al mar
En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. Un muro de más de dos metros rodeaba las instalaciones y hasta un alambre atravesaba la zona de mar para impedir las fugas. Los barracones estaban alineados junto a la costa y las letrinas consistían en simples barras de madera: las deposiciones caían a una canaleta que las conducía directamente al agua.
En total, 58 hombres murieron allí. El estudio señala que un porcentaje elevado de las muertes se produjo por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre. La falta de higiene, de agua potable y la alimentación deficiente agravaron las enfermedades entre unos presos sometidos a condenas de larga duración. De aquel campo todavía quedan restos físicos: parte del muro, los suelos de algunos barracones, las canaletas que conducían las deposiciones desde las letrinas hasta el mar y dos pozos de agua construidos por los propios presos, que aún conservan las iniciales de algunos de ellos.
En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. 58 hombres murieron allí, muchos de ellos por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre
Aulas y claustros convertidos en cárceles
La represión, sin embargo, no se quedó en las cárceles. Salió de ellas para instalarse en espacios cotidianos como las escuelas, cuyas aulas dejaron de ser espacios para enseñar para albergar a adultos detenidos, como la de Santanyí, La Salle de Llucmajor y la de Santa Margalida.
En Santanyí, la Guardia Civil y Falange utilizaron el colegio como centro de detención durante las primeras semanas del golpe. Diecinueve personas fueron encerradas allí hasta finales de agosto de 1936 antes de ser trasladadas a otras prisiones de la isla. El edificio, construido entre 1926 y 1931 y con una superficie de 1.503 metros cuadrados, continuó funcionando como escuela después de la guerra. La misma construcción que había acogido a alumnos se convirtió así, durante aquellas semanas, en un espacio de encierro.
La Escola Graduada de Manacor se sumó a estos enclaves. Allí fueron retenidas cinco enfermeras catalanas y otros milicianos republicanos tras el fracaso del desembarco del capitán Alberto Bayo en septiembre de 1936. También pasó por allí Magdalena Bassa Galmés, “na Mora”, esposa de Jaume Pompeia, alcalde de Son Carrió. Se negó a facilitar información sobre el paradero de su marido y fue detenida el 4 de septiembre de 1936. Fue liberada ese mismo día y asesinada poco después.
Magdalena Bassa Galmés, "na Mora", se negó a proporcionar información sobre el paradero de su marido, Jaume Pompeia, alcalde republicano de Son Carrió. Fue detenida el 4 de septiembre de 1936, liberada ese mismo día y asesinada poco después
Mientras tanto, el depósito municipal de Palma se convirtió, desde el golpe de Estado, en una de las primeras estaciones de la maquinaria represiva. Entre el 20 de julio y finales de agosto de 1936, alrededor de 60 vecinos de Palma, hombres y mujeres, pasaron por sus calabozos, la mayoría detenidos simplemente como “sospechosos”. Entre ellos figuran Antoni Perales Hernández y Francesc Veny Nadal, arrestados bajo la acusación de ser “políticos”, y Hellmuth Kaiser, señalado por ser “alemán”. Otros cinco fueron detenidos por secundar la huelga convocada por los sindicatos.
La estancia solía ser breve: la mayoría recuperaba la libertad el mismo día y el resto permanecía allí, como máximo, dos días, antes de ser trasladado principalmente a Can Mir o al castillo de Bellver. El depósito siguió funcionando como centro de detención al menos hasta 1938.
Conventos y hospitales
Mientras tanto, en Palma, el franquismo habilitó como espacios de detención el convento del carrer Missió y el de la Pietat; en Porreres utilizó Cals Hermanos; en Artà, el claustro de los franciscanos; y en Inca, el claustro de Sant Domingo. Incluso los barcos se convirtieron en cárceles: el Cala Gat y el Jaume I fueron empleados como prisiones habilitadas junto a espacios tan distintos como el mercado de Felanitx o el cine Moderno de Inca, donde, tal como consta en los registros de la represión en las islas, fueron retenidos, entre otros, los socialistas Jaume Beltran Munar y Antoni Muntaner Sampol.
También hospitales como los de Manacor, el Provincial de Palma -a donde llegaban presos desde todas las islas, mayoritariamente desde Can Mir o de Formentera- y el hospital militar acogieron a decenas de reclusos. El caso de Bernat Colomar Martorell, también recuperado en la investigación, muestra hasta qué punto el encierro podía acabar destruyendo a los propios presos. Electricista de Inca, tenía 30 años cuando fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión, una pena que posteriormente le fue conmutada por 30 años de reclusión. Durante su estancia en Can Mir acabó perdiendo la razón y fue trasladado al manicomio de Palma, donde finalmente murió.
Personal técnico y religioso del antiguo manicomio provincial de Palma, donde fueron ingresados decenas de reclusos Fotos Antiguas de Mallorca (FAM) / Arxiu de Jaume Escalas Real
Es Pujol, una finca convertida en campo de presos
Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio sitúa allí uno de los enclaves utilizados para recluir a presos durante la Guerra Civil y la posguerra, dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos.
Sus primeras construcciones se remontan a finales de la Edad Media, aunque la mayor parte de los edificios actuales fueron levantados entre el siglo XVI y comienzos del XX. El 26 de febrero de 1940, sin embargo, el lugar adquirió una función radicalmente distinta: abrió allí un campo de concentración de posguerra. Por este campo pasaron al menos 357 prisioneros del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 39, todos ellos presos de posguerra que habían regresado del exilio. Tras ser clasificados en los principales depósitos de la Península, entre ellos Miranda de Ebro (Burgos) o Miguel de Unamuno (Madrid), fueron distribuidos por distintos puntos de España para realizar trabajos forzados.
Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio lo sitúa dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos
En Es Pujol, su destino estuvo ligado a la construcción de carreteras incluidas en el llamado Circuito Estratégico, entre ellas la carretera de Santanyí a Portocolom. La proximidad del campo a las obras no era casual: el propio proyecto justificaba evitar desplazamientos largos a unos hombres que debían recorrer el trayecto de ida y vuelta cada día. En junio de 1940 llegaron a destinarse 150 hombres a estas obras, mientras que otro destacamento de un centenar de presos fue empleado durante un tiempo en los trabajos del Circuito Estratégico del faro de Cap de Ses Salines y en la construcción del camino militar entre el faro y la batería de Salines.
El presupuesto inicial del campamento, aprobado el 23 de abril de 1940, ascendía a 4.710 pesetas para las denominadas obras mayores. Es Pujol era así mucho más que un lugar de encierro: formaba parte de un sistema que utilizaba a los presos como mano de obra para transformar infraestructuras estratégicas de la isla.
El castillo de Sant Felip
En Menorca, una antigua fortificación del siglo XVI acabó convertida en cárcel. El castillo de Sant Felip, en Maó, fue utilizado como prisión entre abril y noviembre de 1939. Las cartas del preso Jaume Bestard Mateu permiten reconstruir incluso el momento del desalojo: “La noticia de mi traslado a La Mola te había causado gran pesar [...] se tenía que vaciar San Felipe y todos fuimos trasladados aquí en La Mola”. No todos terminaron allí: algunos fueron enviados al Hospital de Sang y otros a la Prisión Provincial de Palma. El propio Hospital de Sang ofrece otra imagen insólita: había sido proyectado como un hospital subterráneo y, al quedar inacabado en 1939, las nuevas autoridades lo transformaron primero en campo de concentración de clasificación y después en prisión.
La cárcel de 'La Mola', en la actualidad Santiago Torrado
Una red de represión que ocupó toda la geografía
El nuevo mapa que dibuja el estudio muestra que la represión franquista en Balears no tuvo un único centro ni se limitó a las cárceles. Fue una red que aprovechó edificios existentes, desplazó presos de unos centros a otros y convirtió espacios cotidianos en lugares de encierro. El propio informe considera que la investigación deberá completarse con estudios locales capaces de sacar a la luz otros lugares todavía desconocidos.
Pero quizá los documentos más elocuentes no sean los mapas ni las estadísticas. Son aquellos pequeños rastros que los presos dejaron para demostrar que estuvieron allí: un dibujo hecho sobre papel de fumar, los nombres escritos dentro de una celda, una caricatura escondida en el reverso de un documento, una carta cosida a una camisa o las iniciales grabadas en un pozo de Formentera. La dictadura quiso convertirlos en números. Ellos dejaron, en cambio, sus nombres, sus dibujos y sus palabras.
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