Miles de sumarios militares de la dictadura, muchos de ellos rescatados del barro de la ‘riuà’ y conservados en 7.661 cajas en el Archivo General e Histórico de Defensa, permiten a las familias reconstruir la historia de sus antepasados.
Fernando Bustamante
Elena Arrabal Aranda tenía 34 años, trabajaba como portera en un edificio de la calle Ciscar de València y estaba afiliada a la UGT cuando fue detenida por la Brigada de Información franquista. Tenía tres hijos a su cargo, fruto de su matrimonio con Enrique Gamborino Richart, un pintor que durante la Guerra Civil había sido destinado al servicio de escolta de , secretario general del Partido Comunista de España. Tras la entrada de las tropas del general Aranda en València, ambos fueron detenidos y encarcelados por su compromiso con la II República. Ella estaría unos meses; él se recorrería media España durante años en un largo peregrinaje por batallones de trabajo. Como ellos, en la Comunitat Valenciana sufrieron, a lo largo de las siguientes décadas, , con suerte dispar.
Franco lo tuvo claro desde el principio: la resistencia republicana en tierras valencianas hasta el mismísimo final de la guerra a sus artífices. En cuanto las tropas sublevadas entraron en Castelló, el 14 de junio de 1938, y en València y Alicante los últimos días de marzo de 1939, se puso en marcha una articulada principalmente a través de la justicia militar, que llegó a generar hasta 80.000 expedientes con condenas a muerte, penas de prisión, trabajos forzosos o destierro lejos del hogar, entre otros.
El archivo de Elena Arrabal, que se conserva en Madrid. / Fernando Bustamante
Esta cifra, 80.000, abrumadora y desconocida para gran parte de la población, da una idea de la envergadura de la represión franquista en territorio valenciano y puede cuantificarse gracias a los expedientes de los juicios sumarísimos que se conservan en el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid. Creado en 2011, es uno de los ocho archivos nacionales del Ministerio de Defensa y se encarga de reunir, custodiar, conservar, tratar y difundir miles de documentos históricos relacionados con el ámbito militar de buena parte de España, desde expedientes de pensiones y sanidad militar hasta procedimientos de la justicia militar. Muchos de estos fondos documentales, explica su director, el valenciano Guillermo Pastor Núñez, estaban dispersos y «en condiciones y con una custodia que no eran las correctas. Nuestra misión es garantizar su conservación patrimonial».
Aunque Pastor insiste en que «es muy difícil establecer un número con precisión», calcula que, de los aproximadamente 250.000 sumarios militares de toda España que se conservan en el archivo, unos 80.000 estarían relacionados con la persecución ejercida por la dictadura en la Comunitat Valenciana, no solo durante la inmediata posguerra, sino también en las décadas posteriores, cuando los tribunales militares continuaron actuando contra la oposición clandestina y la guerrilla antifranquista de los maquis. De ese conjunto, unos 50.000 expedientes corresponderían a la , en abril de 1939.
Pasillos donde se conservan las 25.000 cajas con los expedientes valencianos. / Fernando Bustamante
Por provincias, de esos 80.000 procedimientos, alrededor de 50.000 corresponden a València, 20.000 a Alicante y 9.000 a Castelló. Todos ellos quedaron bajo la jurisdicción del Tribunal Militar I en 1988, que remitió los expedientes a Madrid para su custodia entre 2008 y 2009, un par de años antes de la creación del Archivo General e Histórico de Defensa, en 2011.
Legajos afectados por la ‘riuà’
En el caso de la provincia de València, los legajos se almacenaban en los sótanos de Capitanía, en la plaza de Tetuán, un espacio especialmente propenso a las humedades que sufrió, además, los estragos de las sucesivas riadas. Cuando los expedientes judiciales llegaron a Madrid, muchos lo hicieron cubiertos de barro y afectados por hongos. El riesgo era evidente: que el papel acabara deshaciéndose con el paso del tiempo y que, con él, desapareciera también la memoria que aquellos documentos habían conservado durante décadas. Nombres, declaraciones, testimonios y hechos que podían perderse para siempre, borrando una parte de la historia de miles de personas y del propio país.
Ahora se conservan en 7.661 cajas de cartón, perfectamente ordenadas e identificadas, en el piso superior del edificio. Los trabajos de conservación realizados por el personal del archivo, integrado exclusivamente por civiles, han permitido reducir el deterioro de los fondos valencianos. «Hemos tomado medidas para evitar la destrucción de muchos documentos. Ya no se hace como se hacía hace años. Aun así, hemos trabajado con los más dañados de València y ya no superan el 10 %», explica Pastor.
Trabajo con uno de los expedientes, dañado por la humedad. / Fernando Bustamante
Desde que el archivo inició las labores de digitalización, hace seis años, se han digitalizado ya cerca de cinco millones de imágenes. «Cuando hacemos una copia, lo que intentamos es que sea óptima y que nos sirva para otras peticiones, de manera que en una semana la persona la pueda tener en casa», explica Pastor.
Familiares de represaliados, historiadores, investigadores y periodistas son los principales usuarios del archivo. Unos buscan reconstruir la historia de sus padres, abuelos o bisabuelos; otros, conocer mejor los o documentar episodios de la Guerra Civil y la dictadura que todavía permanecen poco estudiados. Para muchas familias valencianas, estos expedientes representan la posibilidad de encontrar, casi nueve décadas después, respuestas a preguntas que han pasado de una generación a otra. «Heredamos de los tribunales militares un fichero nominal, que es de donde salen los nombres de la base de datos que utilizamos para identificar y localizar a las personas y a los expedientes», explica Pastor. A partir de un número, un nombre o un código escrito en una caja. «Son expedientes riquísimos», detalla el director del archivo, «documentos repletos de detalles que, a veces, ayudan mucho a las familias».
Otro de los expedientes valencianos que se puede consultar en este archivo. / Fernando Bustamante
Un relato franquista
Todos estos sumarios permiten asomarse al funcionamiento de los tribunales militares y conocer cómo se desarrollaba la persecución de quienes fueron considerados enemigos del régimen. En sus páginas se conservan denuncias, interrogatorios, declaraciones de testigos, informes de las autoridades locales y sentencias que permiten reconstruir lo que les ocurrió a miles de personas sometidas a la justicia militar franquista. Entre los expedientes más conocidos figuran los del rector de la Universitat de València , fusilado en Paterna en 1941, y el poeta Miguel Hernández, condenado a muerte en 1940, pena que posteriormente le fue conmutada por treinta años de prisión. Dos nombres célebres entre decenas de miles de personas anónimas cuyas historias también quedaron atrapadas en aquellos procedimientos.
Pero estos documentos deben leerse con cautela: muchos procedimientos estuvieron marcados por las coacciones, las torturas, las denuncias falsas y la ausencia de las más elementales garantías judiciales. Juicios que, bajo una apariencia de legalidad, sirvieron para dar cobertura a la represión política. Por eso es necesario contrastar su contenido con otras fuentes históricas. «Es muy importante que se normalice acudir a un archivo para conocer lo que le pasó al abuelo o a alguien de nuestra familia. Es bueno», insiste Pastor.
El director del archivo, el valenciano Guillermo Pastor Núñez. / Fernando Bustamante
Presencial o a distancia
El acceso a esta documentación puede realizarse presencialmente o mediante una solicitud por correo electrónico. Para ello, los interesados deben cumplimentar una ficha con los datos del procedimiento, que pueden localizar previamente en la base de datos del propio archivo. Quienes acuden personalmente pueden consultar hasta ocho expedientes al día, mientras que quienes prefieren recibir una copia deben esperar a que el personal prepare la reproducción y se la remita por esa misma vía. Para las familias de las víctimas de la represión franquista, este servicio es gratuito en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
Y cada vez son más quienes recurren a este servicio. La memoria democrática es un tema del que se habla cada vez más, con una presencia creciente en el debate público y un interés mayor entre las familias. Una tendencia que también se percibe en el archivo, donde, según Pastor, se está viviendo «un boom que no había visto jamás», una 'tormenta perfecta' en la que confluyen el interés por conocer el pasado ('La Bola Negra', '¡Cuánta guerra!...) y las posibilidades que abre la inteligencia artificial para transcribir documentos antiguos, localizar nombres y cruzar información entre miles de expedientes. «Hemos pasado de 300 consultas al mes, que ya es bastante, a mil», explica.
Casi nueve décadas después, muchos de los documentos que sobrevivieron a la guerra, a la dictadura y hasta al barro de las riadas valencianas siguen teniendo algo que contar. Para los historiadores son una fuente imprescindible para conocer nuestro pasado y, para las familias, pueden ser mucho más: la oportunidad de saber, por fin, qué ocurrió con un antepasado del que durante años apenas se pudo hablar. Porque detrás de cada uno de aquellos legajos hay una historia, seguramente desconocida, que todavía puede ser recuperada. Como la de Elena y Enrique, dos nombres entre miles que hoy podemos rescatar del silencio gracias a unos papeles que lograron vencer a la dictadura del olvido.
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