Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
El 14 de junio, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, el cementerio de La Salud acogerá un acto promovido por la Cátedra de Memoria, colectivos memorialistas y familiares
Un acto de la Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba ante las exhumaciones de las fosas.
Más de 2.200 personas fusiladas, procedentes de 43 provincias y de 16 países. Son los represaliados que, del total de más de 4.000 que fueron arrojados a las fosas de los cementerios de Córdoba, han sido identificadas con nombres y apellidos por testimonios, documentos y archivos históricos, y fueron ejecutadas tras el golpe de 1936 y por la represión franquista. Todas ellas serán objeto de un homenaje en Córdoba este sábado 14 de junio, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, según la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
En dicho acto, promovido por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba junto a la Asociación Dejadnos Llorar, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la Federación Andaluza de Memoria Democrática, se rendirá homenaje a las víctimas de la represión franquista, recordando que en los cementerios de Córdoba fueron arrojadas personas no solo de esta provincia sino de toda Andalucía, de otros muchos puntos de España y también del extranjero, como pone de manifiesto el análisis hecho por la Cátedra sobre los datos existentes.
Víctimas de 289 municipios
Ese análisis pone de manifiesto que hubo 2.203 personas fusiladas que fueron enterradas en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba. Procedían de un total de 289 municipios, 43 provincias y, además de España, hay víctimas de otros quince países.
La mayoría de los represaliados eran de la provincia de Córdoba -1.398-, con 1.082 de municipios y pedanías de la provincia y 316 de la capital. Pero también fueron ejecutadas en los cementerios cordobeses personas de otras provincias andaluzas: 124 de Jaén, 66 de Sevilla, 60 de Málaga, 43 de Granada, 16 de Almería, 13 de Cádiz y otras 12 de Huelva. En total, hubo víctimas de 194 poblaciones de Andalucía.
Igualmente, también se ha identificado la procedencia de otros represaliados de fuera de la comunidad autónoma, con 141 de otras 35 provincias españolas, y 39 víctimas más de 15 países. En el caso de 291 personas más, se sabe que fueron fusiladas y arrojadas a las fosas en Córdoba pero se desconoce su origen, según los datos recopilados por la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO.
Exhumaciones en el cementerio de la Salud
“Todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba, todas las provincias andaluzas y las catorce comunidades autónomas dispondrán de un panel con los nombres de las víctimas fusiladas en Córdoba y que figuran en los expedientes del Archivo Histórico Municipal de la capital cordobesa”, avanzan los promotores de la organización del acto que tendrá lugar este sábado.
Un acto en el que, además de recordar a las víctimas, las asociaciones de familiares y colectivos memorialistas quieren reivindicar ante las autoridades la continuación de las exhumaciones en el cementerio de San Rafael, donde actualmente no se está trabajando en excavaciones.
El contrato actual para estos trabajos vencerá a finales de 2025 y los colectivos memorialistas y familiares instan a las administraciones a renovar el acuerdo para que los trabajos no se paren y puedan proseguir en 2026 y hasta concluir el total de las exhumaciones, además de realizar el cruce de pruebas de ADN de los restos y sus familiares para poder identificar a las víctimas.
“Conseguiré que todos sepan lo que nos han hecho aquí dentro”. Esta fue la última frase con la que Consuelo García del Cid dijo adiós con 16 años a sus compañeras del reformatorio Adoratrices de Madrid tras 24 meses de internamiento por rebelde. Ahora tiene 66 años y asiste al acto que la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha convocado este lunes por la tarde para pedir disculpas a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución pública española que desde 1941 hasta 1985 dijo “proteger y educar a las mujeres consideradas en riesgo moral”. Pero ella y sus compañeras interrumpen el acto, al que también asisten como público la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su predecesora, Irene Montero, para rechazar las disculpas al grito de “Verdad, justicia y reparación. Ni olvido ni perdón”, mientras sujetan pancartas que rezan “No”.
Esta protesta no entraba en las previsiones de los organizadores, pero la rabia levanta a las víctimas de las butacas e impide el cierre del acto que estaba programado. El Patronato de Protección a la Mujer establecía contratos con centros regentados por congregaciones religiosas y sobrevivió a la muerte del dictador Francisco Franco. Con la promesa de acabar con la prostitución clandestina de menores, formó parte del sistema de control social centrado en el adoctrinamiento físico y mental de las ciudadanas.
El objetivo era amplio: “Redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”, en referencia a las que fumaban, las que se manifestaban, las que desobedecían, las que mendigaban, las que eran hijas de delincuentes y madres solteras o las se quedaban embarazadas sin pasar por el altar. En resumen, las “descarriadas” para el franquismo, según ellas mismas se definen.
La gran mayoría de las mujeres recluidas eran menores. El miedo, la deshumanización y la violencia cobraban fuerza. Este lunes, en la Fundación Pablo VI de Madrid, donde ha tenido lugar el acto, se han conocido algunas historias de las miles que sufrieron las víctimas supervivientes, una de ellas la de Churra. Pasó por uno de estos centros al quedarse embarazada. “Trabajé durante la gestación y también la semana después de dar a luz. Sufrí el intento de robo de mi bebé. Ningún menor debería pasar por esto”, denuncia.
El público y supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer sujetan carteles de protesta durante el acto en la Fundación Pablo VI en Madrid.ANDREA COMAS
“Limpiábamos el suelo de rodillas, vi morir a niños. La comida no la tragaban ni los cerdos. Trabajaba a destajo en el taller sin cobrar hasta que logré huir con mi hijo en 1977″, apunta otra mujer. Aseguran haber vivido rodeadas de insultos y humillaciones.
Leire terminó en el reformatorio María Goretti de Canillejas, en Madrid, tras confesar que su padre abusaba sexualmente de ella. La dejó embarazada y la volvió a violar estando tutelada. “Yo no había hecho nada”, insiste. A María Jesús, interna en la comunidad Oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel Alto, en Madrid, tampoco la protegieron.
Su madre trabajaba todo el día para sacarla adelante, mientras ella se quedaba al cuidado de su abuela materna, que la maltrataba. Por ello, decidió llevarla a un centro religioso. “Pensó que estaría a salvo porque prometieron cuidar de mí, pero trabajaba a destajo y pasaba hambre. Nos frotaban la vulva con ortigas si nos meábamos en la cama”, recuerda.
Micaela Ortiz estuvo al cuidado de la misma congregación, pero en Segovia. Todavía puede sentir las duchas frías, oler las lentejas con gusanos y revivir la obligación de salir a pedir limosna. “¿En nombre de qué Dios se hace esto a criaturas que no habían cometido ningún delito?“, se pregunta. Muchas entraron a los centros siendo creyentes, pero salieron ateas, con una losa que las ha acompañado de por vida.
El presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, reconoce las experiencias duras y dolorosas que estas ciudadanas vivieron en el Patronato de Protección a la Mujer. “Funcionó como un mecanismo social y de represión, privando a muchas de su libertad con los principios morales y sociales del momento. Las mujeres eran infravaloradas y quedaban relegadas a un segundo plano”, explica. Pero sus palabras no sientan bien entre las víctimas que consideran que no hay contexto, ni etapa histórica que justifique lo ocurrido.
Díaz Sariego entiende el rechazo de las disculpas. “Las heridas de las personas requieren mucho tiempo de sanación, queremos verlo como una necesidad de expresar rabia por un sufrimiento profundo”, expresa después de pedir perdón de nuevo, como acto de justicia y ejercicio de responsabilidad histórica y moral. Unas disculpas a las que también se suman Carmen Ortega, superiora Provincial del Santísimo Redentor y sus homólogas en las Adoratrices y en las Hermanas Terciarias Capuchinas, Antonia López y Mati Mena.
“Es una oportunidad para recordar aquello que en el pasado no hicimos bien. Reconocemos nuestra participación en lo que han vivido y queremos decirles que creemos en su testimonio y que nos duele profundamente lo que vivieron. Fue más una cárcel que un medio de promoción humana”, insiste Díaz Sariego.
Las supervivientes recuerdan electroshocks y aislamientos en celdas de castigo. Algunas como Expósito recibían inyecciones de cardiazol y trementina. Ella había perdido su nombre. Así lo decidió su madre, que se resignó a bautizarla por miedo a que fuese vejada por las vecinas que le habían rapado la cabeza en la plaza del pueblo a modo de castigo tras haber tenido una hija con un dirigente anarquista.
Participantes en el acto de reconocimiento y petición de perdón en la Fundación Pablo VI en Madrid.ANDREA COMAS
Estaban “condenadas de por vida”. Así lo resume la psiquiatra María Huertas en su libro Nueve nombres. Es una de las trabajadoras del Psiquiátrico de Bétera, al que Expósito llegó en 1974 junto a más de 200 internas trasladadas en autobuses. El 9 de noviembre de 1977, en la cárcel de Basauri (Bizkaia), María Isabel falleció de shock por quemaduras, tal y como recogió en 2022 la periodista Andrea Momoitio bajo el título Lunática.
El trabajo Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià recuerda a Chelo Alfonso, una de las adolescentes embarazadas encerradas en el reformatorio de las Oblatas. Ingresó con un nombre falso en la clínica La Cigüeña, fue anestesiada al ponerse de parto y cuando se despertó preguntó por su hijo, pero nunca pudo verlo. Pese a todo, la Ley de Memoria Democrática todavía no reconoce a las internas del Patronato de Protección a la Mujer como víctimas de la dictadura. “Iglesia y Estado caminaban de la mano. Es la mayor aberración del siglo XX, la democracia nos debe 10 años de vida”, denuncia García del Cid.
En declaraciones a la prensa, Irene Montero, hoy europarlamentaria de Podemos, ha anunciado que su grupo registrará una petición para que una comisión parlamentaria “esclarezca la verdad” de lo que vivieron las internas y ha reclamado a la Iglesia que entregue “todos los archivos disponibles”.
Denuncian que el Gobierno sigue sin desclasificar los documentos del caso
Fran Braado10/06/2025, 09:15h. Actualizado el 10/06/2025, 09:15h.
La familia de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño asesinado por un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, ha anunciado su incorporación a la querella de justicia internacional que se tramita en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo y la Transición.
El anuncio lo ha hecho público el vocal de la Fundación Manuel José García Caparrós, Joaquín Recio, acompañado por las tres hermanas del joven: Loli, Puri y Paqui García Caparrós. Recio ha explicado que esta acción judicial se suma “como una víctima más” a la causa que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y los primeros años de la democracia en España.
Recio ha recordado que en febrero pasado el Gobierno central entregó una Declaración de Reconocimiento y Reparación en relación con el caso de García Caparrós, aunque ha calificado dicho gesto de “eufemismo”. A su juicio, “en 1977 se comenzó matando y se terminó matando”, y ha señalado que no solo se debe hacer justicia por este caso concreto, sino también por otras víctimas de ese periodo histórico.
El representante de la Fundación ha reclamado “poner luz sobre la no verdad”, denunciando que esta situación no puede continuar, y ha vinculado el caso con los “crímenes de lesa humanidad” que investiga la justicia argentina. La querella, ha señalado, va dirigida contra quienes “manejaban los entresijos de las instituciones franquistas” en los años posteriores a la muerte de Franco.
Segunda carta a Pedro Sánchez
Durante el acto, Loli García Caparrós leyó una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en nombre suyo y de sus hermanas. Se trata de la segunda misiva enviada al mandatario, después de que no obtuvieran respuesta a la primera, remitida en 2018. En la carta, piden ser recibidas oficialmente para abordar el caso de su hermano.
La familia recuerda que en febrero pasado, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno impulsaría la desclasificación total y sin anonimizar de la documentación relacionada con la muerte del joven. También se comprometió, según recuerdan, a modificar la normativa sobre el acceso a archivos y registros para facilitar dicha desclasificación.
Sin embargo, las hermanas García Caparrós denuncian que han sabido en estos meses, a través de la prensa, que el PSOE no ha desbloqueado aún esta situación, lo que califican de “desesperante”. “Hemos esperado muchos años, pero ya no podemos seguir esperando más”, afirman en su carta.
“Manuel José García Caparrós no está solo, tiene su familia todavía aquí”, insisten, al tiempo que recuerdan que “no hay justicia sin reparación” y que “no puede haber víctimas de terrorismo de primera y de segunda”.
Petición de justicia sin más demoras
Desde la formación Izquierda Unida, la portavoz adjunta de ‘Con Málaga’ en el Ayuntamiento, Toni Morillas, ha subrayado que hace cuatro meses el PSOE, a través de Montero, se comprometió a una desclasificación sin tachaduras ni omisiones para esclarecer la autoría del asesinato.
Morillas denuncia que persiste una “extraña pinza en el Congreso entre PP y PSOE”, que ha impedido avanzar en esta demanda. “Cuarenta y siete años después del asesinato, sigue impune: no se ha desclasificado el archivo, no se ha reparado a la familia y no se ha hecho justicia”, ha declarado.
Finalmente, la familia y las organizaciones que apoyan esta causa recuerdan que se acerca el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y advierten de que “no se puede conmemorar sin dar luz a tanta oscuridad”. Tras casi medio siglo de lucha, afirman, seguirán exigiendo “verdad, justicia y reparación”.
Desde la Guerra Civil hasta el franquismo, las mujeres fueron víctimas de violencias que iban del escarnio público con rapados y paseos tras ser obligadas a ingerir aceite de ricino hasta las violaciones perpetradas por agresores que salían impunes
Una mujer junto a un niño que forma parte de los "evadidos de Segovia" que llegaban a Madrid huyendo la guerra en noviembre de 1936. (Biblioteca Nacional de España)
¿La violencia sexual durante la Guerra Civil española fue un arma de guerra o un crimen oportunista? Para Adriana Cases Sola, doctora de Historia especializada en la violencia ejercida contra las mujeres durante el siglo XX, tratar de enmarcarla en una sola de las teorías sería un error. Por un lado, es una forma de humillar al enemigo —“hay un mensaje de hombres para hombres en el que a las mujeres se les trata como propiedad”—, pero también es una forma directa de castigar a las mujeres por haber transgredido el rol tradicional femenino durante la Segunda República. “Por ejemplo, el bando franquista aplica unos castigos como el rapado del pelo, la ingesta de aceite de ricino y los paseos para humillar a las mujeres por haber hecho política, por haberse dejado ver”, explica. Pero hay más aristas.
Las humillaciones públicas en las que las despojaban de la ropa y las paseaban rapadas por las calles mientras el aceite procuraba su efecto laxante también eran una forma de castigo vicario, es decir, por ser ‘la mujer de’, ‘la madre de’ o ‘la hermana de’. “Cuando no encuentran a los hombres a los que quieren reprimir, lo que hacen es ejercer la violencia contra mujeres que están relacionadas con ellos”, señala Cases, que también firma uno de los capítulos del libro Las mil caras de la violencia contra las mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista (Comares, 2024). No obstante, apunta que había violaciones que se cometían de forma “oportunista” en un contexto alejado de la ley y con la suficiente impunidad como para cometer este tipo de crímenes.
Una violencia que no entendía de trincheras
Durante estos tres años de guerra, las mujeres sufrieron violaciones a los dos lados de las trincheras. Existe el mito de que el bando franquista alentaba a cometer este tipo de atentados físicos cuando caían los pueblos y ciudades. De hecho, se atribuyen al general franquista Gonzalo Queipo del Llano discursos radiofónicos en la radio de Sevilla en los que alentaba a los soldados a ejercer este tipo de violencia. Al otro lado, en la zona fiel a la República también se perpetraron ataques similares, aunque con matices.
“La violencia que se comete en los primeros meses de la guerra en la retaguardia republicana no está para nada orquestada desde el poder. Son violencias que van sucediendo en varios lugares, y que cuando la República se da cuenta de lo que está pasando, enseguida lo sanciona. Pero desde el bando franquista, tampoco es algo que se alentara”, explica Cases, que aclara que “no había órdenes específicas, pero sí que eran violencias que se toleraban”.
Escarnio público: humillación, deshonra y recuerdo
La desmoralización y la humillación formaron parte modus operandi del bando franquista durante la guerra. La sociedad ha cambiado, pero entonces la melena era un rasgo eminentemente femenino, detalla la historiadora, de modo que raparlas era cometer una especie de desfiguración, igual que ocurrió en Francia tras la II Guerra Mundial con las mujeres a las que acusaron de colaborar (o de tener relaciones) con los alemanes. “Les estaban quitando su feminidad, les estaban quitando su belleza, les estaban privando de sus atributos femeninos”, explica, y añade que “era una vergüenza tremenda para ellas, aunque no para todas, que alguna hubo que se paseó orgullosa y se hizo una foto como queriendo decir ‘No vais a terminar conmigo’”.
La parte del aceite de ricino y los paseos ante el resto de vecinos del pueblo o de la ciudad se contemplaban como “ataques al pudor femenino”. “Hay que tener en cuenta que, en esa época, las mujeres eran las depositarias del honor de la familia y desgarrar ese honor era una humillación total para que hubiera un recuerdo, sobre todo en poblaciones pequeñas donde todo el mundo se conoce”, expone.
0 seconds of 2 minutes, 3 secondsVolume 90%
Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.
Violencia en las cárceles franquistas
En los rincones de España en los que la guerra no causó los estragos más profundos porque cayeron ante el bando sublevado al comienzo del conflicto, la represión llegó del mismo modo y, con ella, la violencia contra las mujeres. “En Galicia, por ejemplo, no llega a haber guerra per se, y sí que se conocen casos del rapado de cabello a mujeres, de los paseos, etcétera. O sea que aunque no hubiera guerra, ellos seguían con este tipo de humillaciones”, indica, y matiza que es una violencia que se extiende más allá de la guerra y que llega a las cárceles.
“Durante toda la dictadura tenemos también el testimonio de Lidia Falcón, que también fue víctima de violaciones y torturas en la cárcel ya en los años 60. Estamos hablando de un régimen de terror, no es una cosa solo de la guerra y la posguerra, sino que se siguen cometiendo violaciones y torturas durante toda la dictadura”, afirma Cases y continúa: ”Hay mucha gente que no lo conoce o que piensa que a partir de los años 50 y 60 el régimen empieza a ser más benévolo, pero no es así. Se sigue persiguiendo a enemigos políticos y se sigue cometiendo una violencia brutal en las cárceles y en las comisarías”.
María de los Llanos Pérez, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición, insiste en que esta violencia no terminó con el final de la guerra y cuenta, en conversación con Infobae España, la realidad de las cárceles franquistas para mujeres, en la que ahonda en el capítulo “Las huellas de la violencia sexual en las cárceles franquistas”, del libro Las mil caras de la violencia contra las mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista (Comares, 2024). En él, recoge las memorias que dejaron por escrito las mujeres que estuvieron presas durante la posguerra y destaca la labor de Juana Doña, militante comunista y resistente a la dictadura, que escribió Desde la noche y la niebla, donde relata su paso y el de sus compañeras por diferentes cárceles.
“Las violaciones eran el pan nuestro de cada día, el abuso de poder de los hombres sobre las mujeres, en estas circunstancias adquiría proporciones dramáticas, las llamadas ‘rojas’ eran menos que nada para los machos fascistas”, recogía la mujer que fue una víctima más de estos centros. De hecho, hubo mujeres que incluso sufrieron violencia sexual cuando eran sacadas de la cárcel para ser juzgadas ante un consejo de guerra, explica Pérez.
La experta añade que si algo caracterizaba a esta realidad común a la que se enfrentaban las presas españolas era la impunidad de sus agresores: “He podido rastrear algunos casos de violencia sexual porque quedó plasmada en una serie de expedientes que se le abrían al personal de las prisiones. En la mayoría de estos expedientes se reflejan que estas agresiones eran conocidas y que no hubo intención en pararlas. Al contrario, se puede hablar de permisividad por parte del régimen frente a este tipo de violencia, porque en la mayor parte de los casos, la resolución de estos expedientes fue mayoritariamente la absolución o el sobreseimiento”.
En todos los casos, además, se pone en duda la palabra de las mujeres y la veracidad de su relato, lo que provoca un proceso de atribución de la responsabilidad en la víctima, que se convierte en posible instigadora: “Se encontraban en una situación de total desprotección, no solo en el momento de cometerse la agresión, sino también después, pues tuvieron que continuar conviviendo con los perpetradores tanto dentro de las cárceles como en las puertas de estas. No hubo justicia para ellas, sino encubrimiento para sus agresores”.
0