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Per a fer oposició a Zapatero val tot. També prendre com a ostatge l'alumnat o passar-se pels collons els drets de pares o professorat. Seguint amb l'estratègia repressivopreventiva -com la guerra genocida d'Iraq que ells van promoure- ara toca control a directors. No basta enviar les SS a controlar i a entrar a les classes a veure què fa el professorat; ara s'acollona més amunt en l'organigrama.
Per seguir el desficaci, el forense conseller -més que conseller forense-, entestat a destruir el sistema educatiu públic per millor poder fer-li l'autòpsia, es va llençar a parlar en anglès: es veu que ara toca prendre el pèl també a la representació del poble valencià. Pel que es diu, en tres mots va demostrar que el seu anglès és tan dolent com el d'un xiquet de Segon d'ESO.
Però segueix sense dimitir. Si continua avançat per la senda que ha inventat, ja no podrem demanar-ne només la dimissió. Caldrà demanar el suïcidi. El seu i el de la Fallera Major.
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Educación endurece el control a los directores para frenar su protesta
EZEQUIEL MOLTÓ
La inspección evaluará su "colaboración con los órganos de la administración"
El Consell, que preside Francisco Camps, intenta desactivar la protesta de los directores de instituto contra la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, una orden que ha puesto en pie de guerra a la enseñanza pública. La Consejería de Educación, que dirige Alejandro Font de Mora, endurecerá para ello el examen anual para revalidar a los directores de centros.
La consejería ha puesto énfasis en que, entre los criterios que se evaluarán sobre la tarea de cada director, figura "la colaboración con los órganos de la administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos del centro".
Los sindicatos, especialmente el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), mayoritario en la enseñanza pública, relacionan directamente esta vuelta de tuerca con la oposición de los directores a la Ciudadanía en inglés, con la que el PP pretende boicotear la asignatura, y entienden que se trata de un "castigo" hacia los equipos directivos hostiles que, por primera vez en la historia, han encabezado manifestaciones ante el Palau de la Generalitat y han protagonizado encierros.
Directores de instituto recuerdan que los criterios de selección "son más o menos los mismos desde hace tres años" y achacan a la LOE "la potestad de la comunidad autónoma para delimitar esos criterios". Apuntan, de todas maneras, que esta vez el proceso de reválida y los criterios para ejecutarlo "se han presentado antes". Será el inspector quien decida si continúa en el cargo cada uno de los 250 directores a final de curso y, por primera vez, con sólo uno de 11 criterios de selección que se evalúe negativamente no repetirá mandato. "El año pasado se podían suspender tres o cuatro ítems, pero si la evaluación global era positiva superabas la prueba", recuerda Vicent Mauri, portavoz del STEPV.
Precisamente hoy arranca en la Universidad de Alicante el I Congrés de Direcció de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, organizado por el Cefire de Alicante y la consejería, bajo el lema El lideratge educatiu en el segle XXI. Las jornadas son interpretadas por varios directores como otro intento más de "desviar" la atención y "torpedear" otra reunión que la permanente de directores de las tres provincias tenía previsto celebrar en estas fechas para hacer balance del "caótico" inicio del curso. Sin embargo, decenas de directores de Castellón y Valencia llegaron anoche a Alicante para participar en estas jornadas "oficiales y oficialistas" para evitar que se ofrezca una versión "distorsionada" de la realidad educativa.
Por otro lado, en Alicante anoche se reactivó la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, tras dos años de inactividad por desavenencias internas, A instancias de la FAPA Enric Valor, sindicatos, asociaciones de padres, alumnos y profesores decidieron volver a "reactivar" esta plataforma debido a la "gravedad" de la situación en la que se encuentra la escuela pública que está "enferma", según palabras de Dory Martínez, presidenta de la federación de padres. Durante la reunión se trató también la "locura" de la obligatoriedad de impartir en inglés la asignatura Educación para la Ciudadanía y se fijaron todo un rosario de manifestaciones y actos de protesta que se darán a conocer en los próximos días.
Ajeno a la polémica y a las críticas, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reiteró ayer su apoyo a que se imparta Ciudadanía en inglés y mostró su confianza en que "saldrá adelante entre todos" porque "todo lo que sea mejorar el conocimiento de una lengua extranjera está bien", y dijo que la fórmula aplicada en la Comunidad Valenciana "enriquece el sistema educativo".
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Unas protestas que se propagan
E. M.
El otoño caliente en la enseñanza amenaza con prolongarse hasta el invierno. Los actos y protestas contra la política educativa del Consell se propagan y se van sucediendo casi de manera espontánea. Anoche alumnos, profesores y padres del instituto Lluís Vives de Valencia protagonizaron un nuevo encierro contra la "perjudicial" política educativa del Consell y advirtieron de que las movilizaciones "no son cosa de un día". Hoy se celebrará una asamblea en este instituto de Valencia para fijar y concretar un nuevo calendario de movilizaciones, al igual que en el Cavanilles de Alicante y en el Politécnico de Castellón.
Ayer al mediodía, centenares de estudiantes salieron a la calle en Valencia exigiendo la dimisión del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, por el "caos desatado" por obligar a impartir Ciudadanía en inglés. Bajo el lema Que la crisis la paguen los ricos, no la educación pública, se congregaron unos 5.000 jóvenes, según el Sindicato de Estudiantes.
Las plataformas en defensa de la Enseñanza Pública están recibiendo "decenas" de peticiones de profesores de Alcoi, Altea, Villena o Alicante dispuestos a impartir sus clases en el patio para "solidarizarse" con los compañeros obligados a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, una acción que "está abierta a todos los profesores y no sólo los afectados por esta asignatura", recuerdan en un comunicado los miembros de la plataforma.
Las movilizaciones, lejos de amainar tienden a prolongarse: el sector educativo medita convertir la concentración del próximo día 27 en Valencia en una manifestación. Y anoche, en Alicante, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública anunció "encierros y caceroladas" en los centros en la primera semana de noviembre y una concentración frente al edificio Prop de la Generalitat en Alicante para la segunda semana de noviembre.
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Los profesores proponen una huelga en diciembre contra EpC en inglés
Stepv, UGT y CCOO presentan un calendario de movilizaciones para frenar la apertura de expedientes a los docentes que decidan darla en castellano o valenciano
EUROPA PRESS Los sindicatos docentes STEPV-Iv, FETE UGT PV y FE CCOO PV propusieron hoy la convocatoria de una jornada de huelga en el sector de la enseñanza durante la primera semana del mes de diciembre para protestar por la orden de la Conselleria de Educación que regula la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y mostrar su rechazo a la política educativa de la Generalitat valenciana, según se dio a conocer en la Asamblea de profesorado que se celebró hoy en el IES Lluís Vives de Valencia. La fecha de esta jornada se consensuará con las Asambleas de Castellón y Alicante, con los padres y madres y con los órganos internos de cada sindicato.Las tres entidades presentaron un calendario conjunto de movilizaciones para proseguir por las protestas iniciadas contra la forma de impartir EpC en la Comunitat, en lengua inglesa, así como para exigir a la Administración que no se abran expedientes a los profesores que decidan darla en una de las dos lenguas oficiales, castellano o valenciano. Al respecto, advirtieron de que si la Conselleria abre un expediente a un profesor por impartir la materia en valenciano o castellano, la huelga será "inmediata".En el calendario propuesto figuran también otras acciones. Así, del 3 al 7 de noviembre se proponen encierros, claustros, recogida de adhesiones y actividades reivindicativas en los centros educativos. El 10 de noviembre se prevén concentraciones comarcales en diversas localidades de la Comunitat, además de las tres capitales de provincia. Del 17 al 21 de noviembre se repetirán las acciones de reivindicaciones en los centros educativos.Del mismo modo, el sábado 29 de noviembre se ha convocado una manifestación general por las calles de Valencia que recorrerá desde la Plaza San Agustín a la Plaza de la Virgen, aunque se trata de una propuesta que los representantes sindicales pretenden acordar junto a los padres y madres en un encuentro que tendrá lugar el próximo martes y en el que les darán a conocer este calendario. Asimismo, los sindicatos mantienen la manifestación del próximo lunes, 27 de octubre, que acordaron en la pasada asamblea de profesores.HABLAR A LOS ALUMNOS DE EPCLos docentes reunidos en la asamblea realizaron diversas propuestas como la de acordar todos los profesores decidir una hora de clase de un día para dedicarla a hablar a los alumnos de EpC, explicarles el programa, la orden que la regula en la Comunitat o entregar un dossier de prensa con las intervenciones del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora. Los dirigentes sindicales acordaron que esta jornada se realizará el martes 4 de noviembre, en línea con las otras acciones previstas para esa semana.Otra de las profesoras propuso, que como ha ocurrido en su centro, en Picanya, los claustros acuerden un manifiesto en el que afirmen que en ese instituto la asignatura se imparte en castellano o en valenciano, y que los profesores de inglés se dedican a tareas propias de su departamento. En el caso de Picanya, también se ha involucrado a los alumnos, de modo que 98 de los 112 estudiantes de ese instituto han solicitado que EpC se imparte en una de las dos lenguas oficiales.Por lo que se refiere a la convocatoria de una jornada de huelga, algunos docentes mostraron su apoyo y el del centro al que representan, e incluso solicitaron que se adelantara porque "hay que dar un paso más, porque si no la gente se cansa". No obstante, otros profesores opinaron que este paro no sería secundado por la mayor parte de los claustros, y que "no se puede agotar el último cartucho".El portavoz del STEPV, Vicent Mauri, criticó que el conseller "continúa con su actitud chulesca e indecente", por lo que consideró que "debería dimitir" y si no, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "tendría que cesarlo a él y a la secretaria autonómica de Educación", Concha Gómez. Para Mauri, estos dirigentes "juegan con el futuro de la educación"."GANAR LA BATALLA"Así, subrayó que sindicatos, padres, profesores y alumnos "tenemos que ganar esta batalla porque, si lo hacemos, las demás serán más fáciles". Al respecto, citó que quedan asuntos pendientes como la Ley de Educación en valenciano y "otros acuerdos que están sin cumplir".En este sentido, aseguró que en las mesa negociadora con los representantes de la Conselleria "no se van a hablar de más temas que no sea la retirada de expedientes, la retirada de la orden, y un calendario de negociaciones". Recordó que ya ha habido casos en los que los representantes sindicales "se han levantado de la mesa", aunque lamentó que el sindicato Ampa "se ha quedado".También intervino el representante de Acción Sindical de FE-CCOO, Miguel Ángel Vera, que manifestó que "la administración se ha puesto nerviosa por las continuas movilizaciones", de modo que "hay que seguir trabajando". Además, hizo un llamamiento a la participación en la manifestación que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre.Por su parte, el representante de Acción Sindical de FETE-UGT, Guillermo Latorre, señaló que EpC "es la gota que ha colmado el vaso", ya que, quedan más asuntos pendientes, entre los que hizo referencia a "los 46 millones de euros que se deben a 27.000 profesores; que algunos miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS) no cobran ni siquiera 1.000 euros; que desde hace 10 años el número de barracones no ha bajado de 1.000; o que el fracaso escolar en la Comunitat Valenciana alcanza ya el 40 por ciento".
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Profesores de Elx imparten la clase en el patio
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Los estudiantes toman calles y facultades
La calle fue ayer de los estudiantes, universitarios y de secundaria. Las reformas académicas promovidas desde Europa, las ministeriales que afectan a la selectividad y las autonómicas como Ciudadanía en inglés sacaron a los alumnos de las aulas.
Maite Ducajú, Valencia Los estudiantes protagonizaron ayer una manifestación por el centro de Valencia, encierros indefinidos en las facultades y concentraciones en los institutos. La jornada movilizó a cientos de alumnos universitarios y de secundaria quienes reclaman que no se encarezca la educación superior y rechazan medidas como que se imparta Ciudadanía en inglés o se pretenda un examen oral de este idioma extranjero en la selectividad. La Unión Europea, los ministerios de Educación y de Universidades así como el Consell y los banqueros o la Iglesia no se salvaron de las críticas.Comandados por el portavoz del Sindicato de Estudiantes -organización convocante de la protesta- que portaba una camiseta con la serigrafía de un Lenin en marcha y por una pancarta en la que se leía "Que la crisi la pague els rics, no l'educació pública", unos 500 alumnos de segundo ciclo de Educación Secundaria y de Bachillerato recorrieron ayer el campus de Blasco Ibañez, desde la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, para acabar ante el Palau de la Generalitat dos horas después y sin incidentes.Estos adolescentes no han tardado en reaccionar ante la crisis económica. Aunque la escusa de la movilización fue el proceso de reformas universitarias, denominado de Bolonia, que supone la convergencia europea, la mayoría de lemas de la manifestación no dejaron lugar a dudas: "El hijo del obrero a la Universidad", "No hay dinero, la tienen los banqueros", "¿Dónde están, no se ven los niñatos del PP?", "Presupuesto militar para gasto escolar", "Queremos un pisito como el del principito", "Que bote, bote, bote, banquero el que no bote", "Beneficios millonarios y madre en el paro".Y, en menor medida, también se escucharon gritos sobre los problemas educativos como "Becas no son hipotecas", "Fuera juegos, sólo educación", "No somos marionetas, somos estudiantes" o "Tenemos dos lenguas, por qué en inglés" en referencia a Ciudadanía y gritos pidiendo que dimita el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora."No tienen dinero para la educación o para la sanidad pero sí para salvar a los mismos que se han enriquecido a costa nuestra todos estos años. Rescatan a los banqueros pero no tiene escrúpulos en echar a nuestros padres" lamentaba un representante del Sindicato de Estudiantes.Guillem, del instituto Consuelo Aranda de Alberic, que cursa segundo de Bachillerato, explicó que "quieren que hagamos en la selectividad un examen oral de inglés y nos van a cambiar el sistema de créditos con lo que nos cobrarán incluso las horas de estudio que estemos en casa. Solo quieren sacar dinero". Del IES de Puzol, varias estudiantes del ciclo formativo de grado superior de Infantil criticaron la falta de centros públicos para niños de 0 a 3 años.El colectivo pretende realizar una huelga general y ya tiene prevista otra manifestación para el día 13 de noviembre.
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educación para la ciudadanía
El esperpento del inglés se instala en las Corts
Enric Morera (Bloc) interviene en inglés en el pleno jaleado por los diputados del Partido Popular
J. G. G./M. D., Valencia
El esperpento por las clases de Educación para la Ciudadanía con traducción simultánea en inglés se ha instalado en las Corts. Y de qué forma. El portavoz adjunto del grupo de Compromís y líder del Bloc, Enric Morera, inició ayer en el pleno su intervención en el debate de una propuesta sobre los trenes de Cercanías hablando en inglés. "Thank you, mister chairman [en referencia a la presidenta, Milagrosa Martínez]. Good moorning, ladies and gentleman", comenzó Morera, quien pasó a explicar, sin dejar la lengua de Shakeaspeare, que la traducción del apellido del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, como "Fountain of Blackberry" era incorrecta. Según aseguró, la conversión adecuada debía ser "Blackberry's Fountain".
Morera trató de este modo de ridiculizar el empeño del Consell de impartir en inglés la asignatura. El día anterior, Font de Mora bromeó con la traducción de su apellido que había visto en una de las pancartas de las movilizaciones en protesta por la decisión del Consell. Pero la referencia de Font de Mora, según Morera, estaba equivocada. El diputado nacionalista añadió que iba a explicar su posición en la propuesta que se discutía y, a continuación, inició en valenciano. "¡Sigue! ¡Sigue!", lo jalearon entonces desde sus escaños varios diputados del PP.
Martínez no cortó la intervención
El parlamentario nacionalista indicó que no estaba presente el conseller (había salido del hemiciclo momentos antes de intervenir Morera) pero "this afternoon -volvió al inglés-, in the debat of linguistical politic (sic)", hablaría en este idioma extranjero con Font de Mora. Después, en pasillos, bromeó con que lo haría en francés. Finalmente, no se atrevió y se limitó a la lengua de Ausiàs March.
"Ok, thank you -contestó a los diputados del PP que lo interpelaban-, para rematar: "Congratulations for your congress". Durante su intervención de un minuto en inglés, la presidenta no lo interrumpió. Quiso evitar que el conflicto fuera la noticia, aunque el artículo 1 del reglamento es taxativo al señalar que los diputados pueden expresarse en castellano o en valenciano. En cambio, antes de iniciar Morera su segundo turno, Martínez sí le instó a expresarse en uno de los idiomas oficiales pidiéndole que se ajustara al reglamento.
En el turno del PP, el portavoz adjunto Rafael Maluenda, lo piropeó: "Habla muy bien el inglés. Tan bien que se le entiende mejor que a los ingleses. ¡Felicitats!".No es la primera vez que el inglés se instala en las Corts. El pasado 9 de abril, fue el conseller Font de Mora quien intervino en este idioma en una interpelación del PSPV sobre EpC. Pero entonces el vicepresidente primero, el popular José Cholbi, quien presidía la sesión, apenas dejó al conseller pronunciar unas palabras. También llamó la atención por dos veces al portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda y, cuando el conseller le pidió que el tiempo de inglés se lo descontara de la intervención, Cholbi se negó. Las frases de Font de Mora han sido transcritas en ingés en el diario de sesiones. Lo mismo sucederá con el minuto de Morera. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, manifestó ayer en Madrid que el proyecto de Ciudadanía en inglés en la Comunitat "saldrá adelante entre todos", porque "todo lo que sea mejorar el conocimiento de una lengua extranjera está bien".El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, criticó ayer que ni Camps, ni su Font de Mora, "entienden lo que dicen las leyes", ya Ciudadanía es una asignatura "obligatoria para todos los alumnos de toda España, también para los de Valencia, y tiene el mismo valor académico que la asignatura de matemáticas o de lengua".
Peralta mostró también su preocupación porque se utilice esta materia para "hacer juegos florales y bromas que son de mal gusto". Para los sindicatos STE-PV, CC OO y FETE se trata de una "payasada" del conseller al que recuerdan que el que el PP gane las elecciones "no le capacita para imponer una determinada política educativa".
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Un profesor de la lengua extranjera detecta tres faltas en la traducciónde Font de Mora
"Nos aburrimos en clase porque no entendemos nada"
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La escuela no quiere Ciudadanía en inglés
BELÉN TOLEDO
Profesores, padres, directores y estudiantes se quejan de la burla de la Generalitat Valenciana.
BELÉN TOLEDO - VALENCIA - 23/10/2008 23:12
"Dar Educación para la Ciudadanía en inglés es imposible porque los niños no lo entienden. Además es una burla porque están utilizando la educación como arma política contra el PSOE". Con esta frase, Victoria, profesora en el instituto de la localidad valenciana de Picassent, resumió el jueves por la noche el sentir de los cientos de profesores que se reunieron para acordar un calendario de protestas contra la política educativa de la Generalitat valenciana.
Durante la asamblea, docentes llegados de decenas de centros de la provincia de Valencia aportaron ideas sobre la mejor manera de encauzar las movilizaciones. Entre las propuestas, hacer concentraciones en la puerta de los centros a la hora del recreo o elaborar un vídeo explicativo de las razones de la protesta para difundirlo entre los docentes. Hubo también quien hizo una llamada a aquellos que están impartiendo las clases en castellano o en valenciano a que hagan pública su actitud.
La conclusión más inmediata del encuentro fue la convocatoria de una manifestación el próximo lunes en Valencia, Castellón y Alicante. En las semanas siguientes se convocarán concentraciones y actos en las comarcas. El 29 de noviembre habrá una gran marcha en la capital. También se contempló la posibilidad de hacer una huelga. “Pero, de momento, veremos cómo responde la comunidad educativa a estas convocatorias”, explicó Ferran García, de CCOO.
Quejas desde la Universidad
Los profesores no son los únicos que protestan. Todos los actos están convocados por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, compuesta por padres y sindicatos, y apoyada por el Sindicato de Estudiantes, por la asociación de Directores ADIES y el colectivo de inspectores educativos ADIDES-PV. Todos afirman que la inmensa mayoría de la comunidad educativa está en contra de la decisión de la Conselleria. La Generalitat lo niega y asegura que "el seguimiento real es mínimo".
La última novedad en este panorama de protestas ha llegado de la Universidad de Valencia. La Escuela de Magisterio ha hecho público un comunicado en el que expresa su "preocupación por el comportamiento de los responsables del sistema educativo". En el texto recuerdan que Ciudadanía sirve, según la ley autonómica, para que los alumnos "aprendan a exponer sus opiniones y juicios" "No parece lo más adecuado que para ello se utilice el inglés", añade.
El conflicto arrancó en septiembre de 2007, cuando el Gobierno autonómico, del PP, ordenó que la asignatura se impartiera en inglés. El anuncio llegó después de meses en los que este partido mostró su oposición a la materia. El PP refrendó esta opinión en un comunicado hace poco más de un mes.
Los representantes de la comunidad educativa valenciana entienden por ello que la Generalitat trata de boicotear la asignatura. La Conselleria de Educación lo niega y sostiene que es una materia adecuada para que los niños practiquen el idioma. Para llevar la orden adelante se ha llegado a imponer la presencia de dos profesores en clase: uno de Ciencias Sociales para organizar los contenidos y otro de inglés para traducirlos.
Cena y asamblea en el instituto
La cafetería del instituto Luis Vives registró el miércoles por la noche un lleno inusual, si atendemos la hora a la que se produjo. Desde las 9 hasta pasadas las 11, se juntaron las mesas del local para albergar a padres, profesores, equipo directivo y alumnos. Juntos, celebraron un encierro simbólico para mostrar su oposición a la decisión del Gobierno autonómico valenciano de impartir la materia Educación para la Ciudadanía en inglés. “Muy bien montado no está”, reflexionó Joan, uno de los estudiantes presentes. Está en 2º de ESO, el curso al que corresponde la asignatura. “En la clase, cada uno tiene un nivel de inglés. Yo, por ejemplo, no entiendo nada porque estudio alemán de primera lengua extranjera. Otros entienden algo más”, se lamentó. Después de la cena, hubo talleres, como el que montaron dos docentes junto a un grupo de alumnos: en la clase de Informática, crearon un blog para poder expresar sus opiniones. Los profesores aprovecharon para celebrar una asamblea, en la que se discutieron las medidas más adecuadas para encauzar la oposición a las órdenes autonómicas. “La conclusión fue que lo mejor es seguir con actuaciones como ésta, e ir implicando a toda la comunidad educativa”, resumió Josep Lluís, jefe de estudios del centro. Todos insisten en que el conflicto por la asignatura es sólo el detonante de las protestas. “Nos estamos quejando también por temas más importantes”, resumió la directora, Carmina Valiente. “Faltan medios en la escuela pública, que se está degradando de forma intencionada”. El del miércoles en el Luis Vives no fue el primer encierro: la semana pasada, varios centros hicieron este mismo gesto.
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Las temidas y peligrosas Hijas de la Caridad, por Luz Sanchís
Las temidas y peligrosas Hijas de la Caridad
24 Oct 2008
07:12
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LUZ SANCHIS
La oposición a Educación para la Ciudadanía empieza a parecerse a un diálogo de Faemino y Cansado, tipo ¿Y usted qué sabe hacer? A Esperanza Aguirre se le ocurrió inventarse lo del trabajo optativo y lo de las horas de voluntariado. Todo con tal de no cumplir la ley.
Francisco Camps, que también quiere hacer méritos, se trabajó el plus a la creatividad. Se dijo: “La mejor forma de asegurarse que los chavales se pierdan los contenidos es que se la traguen en inglés”. Como ni los profesores ni los alumnos tenían el nivel suficiente, tuvo que tirar de traducción simultánea. Quizá no lo tenía en mente desde el principio pero escaló puestos en el ranking de humoristas. Así, hemos acabado hablando de Citizenship y asistiendo al rebautismo del conseller Font de Mora como Fountain of Blackberry.
Los alegres e hiperactivos muchachos de HazteOir han olvidado que la envidia es pecado y se han propuesto superar a Aguirre, Camps, Cañizares y Rouco Varela. Para ello, nada mejor que ponerse a señalar públicamente a los que cumplen la ley.
La plataforma de agitación virtual ha ampliado su lista de enemigos de los valores y ha colocado, después de Zapatero, a las Hijas de la Caridad, los Maristas, las monjas Irlandesas y las Hermanas Carmelitas. Que el responsable del ranking hable de “estratagemas” es, simplemente, descacharrante.
Los mencionados arriba son, para entendernos, los malos. En la categoría de los que mejor promueven la objeción, los vencedores tienen nombres tan imponentes como Colegio Highlands Montequinto o Hijas de Cristo Rey. Entre los diez primeros puestos no aparece ningún centro valenciano. Gana Aguirre, con siete, seguida de Valcárcel, con dos. Sevilla, a la cola, sólo tiene uno. Camps y Font de Mora no han podido colocar a ninguno de los suyos.
¡Tanto esfuerzo para esto!
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‘Lista negra’ de centros
HazteOir avala a quienes "facilitan o promueven" la objeción a la asignatura
JESÚS BASTANTE - MADRID - 23/10/2008 23:18
La persecución a los centros que cumplen con la ley e imparten Educación para la Ciudadanía continúa. La plataforma HazteOir.org, una de las más radicales en defensa de la objeción de conciencia contra la asignatura, hizo ayer público un Ranking de colegios ante EpC.
El listado denuncia a aquellos centros –en su mayoría miembros de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE)– que, en su opinión, “mantienen una acreditada actitud obstruccionista o directamente coactiva con las familias objetoras”. Al mismo tiempo, avala la actitud de aquellos colegios que se niegan a impartir la asignatura, es decir, que incumplen la ley.
En la lista negra, con 321 colegios de toda España, la plataforma acusa a 34 (casi todos pertenecientes a congregaciones religiosas moderadas) de “hostigar” a los padres objetores. Los sectores contrarios a la asignatura acusan a estos centros de “coacciones, comentarios despectivos o negativas a tramitar declaraciones de objeción de conciencia”.
El semáforo de la objeción
La clasificación es, cuando menos, turbadora. Así, con el "semáforo en verde", aparecen 123 colegios, cuya principal virtud es que "facilitan o promueven la objeción a EpC y prestan a los hijos de los objetores una adecuada atención educativa". El más destacado es el Highlands de Montequinto (Sevilla), propiedad de los Legionarios de Cristo, organización que la pasada semana envió a los padres una carta en la que les animaba a objetar.
El "semáforo en amarillo" (166 colegios) designa a los centros "que no ponen trabas a la objeción", mientras que el "semáforo en rojo" estaría destinado a los colegios que –estando o no de acuerdo con la materia– cumplen la normativa e imparten la asignatura, a la espera del dictamen del Tribunal Supremo. Las Hijas de la Caridad, en Soria, los Maristas de Jaén o el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa ocuparían el "farolillo rojo de esta clasificación".
Desde FERE no se ha querido opinar sobre el listado de esta plataforma, aunque sus responsables recordaban que todos los centros concertados "cumplen la ley, e imparten la materia conforme al ideario católico".
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divendres, 24 d’octubre del 2008
dijous, 23 d’octubre del 2008
Recordatorio ASAMBLEA Juicio a Aznar 25 de Octubre
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Querid@s compañer@s,os escribimos nuevamente para recordaros que este sábado 25 deoctubre la PLATAFORMA JUICIO A AZNAR reanuda sus tareas. Muchos noshabeis escrito confirmando vuestra asistencia y otros lamentando nopoder asistir. Este correo es sólo para confirmaros que la asambleadel sábado será a las 11 de la mañana en Madrid, en el Paseo 15 deMayo, nº19 (Metro Marqués de Vadillo)Os anunciamos también que a partir de ese día ya estarándisponibles los DVDs de las Jornadas de Reflexión y Debate celebradasel pasado mes de febrero.
Mientras tanto, podeis participar en los Foros de la PlataformaJuicio a Aznar (en el anterior correo no llegó bien el enlace)FOROS DE LA PLATAFORMA JUICIO A AZNAR
http://www.larepublica.es/foro/index.php?board=21.0
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Querid@s compañer@s,os escribimos nuevamente para recordaros que este sábado 25 deoctubre la PLATAFORMA JUICIO A AZNAR reanuda sus tareas. Muchos noshabeis escrito confirmando vuestra asistencia y otros lamentando nopoder asistir. Este correo es sólo para confirmaros que la asambleadel sábado será a las 11 de la mañana en Madrid, en el Paseo 15 deMayo, nº19 (Metro Marqués de Vadillo)Os anunciamos también que a partir de ese día ya estarándisponibles los DVDs de las Jornadas de Reflexión y Debate celebradasel pasado mes de febrero.
Mientras tanto, podeis participar en los Foros de la PlataformaJuicio a Aznar (en el anterior correo no llegó bien el enlace)FOROS DE LA PLATAFORMA JUICIO A AZNAR
http://www.larepublica.es/foro/index.php?board=21.0
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dimarts, 21 d’octubre del 2008
Uno de los nuestros.
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Miembros de la dirección del PP arropan a un cargo con condena firme
MARÍA FABRA
El ex alcalde de Vila-real ejerce de presidente local pese a estar inhabilitado
Poco ha durado, ni siquiera públicamente, el alarde de compromiso con la transparencia, la dignidad, el decoro, la buena fe y la moralidad de los nuevos estatutos del PP autonómico. Después de limitar la apertura de expedientes y la suspensión de funciones y militancia a los casos en los que exista sentencia firme, el PP de Castellón celebró ayer una comparecencia pública presidida por la diputada Andrea Fabra en la que participó también el ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación. Vilanova apareció acompañado no sólo por la hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, que acaba de ser designada en el congreso del PP valenciano responsable de la secretaría de Política Social, sino también por el actual alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, que además es vocal de la dirección del PP, designado directamente por el presidente autonómico, Francisco Camps. La presencia de Manuel Vilanova en una rueda de prensa para criticar los presupuestos generales del Estado se debe a que, pese a que presentó su dimisión como alcalde, el PP lo ha mantenido como presidente local.
La sentencia contra Vilanova, que llevó a la pena de un año y seis meses de prisión, más ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, es firme. Según la sentencia, el alcalde demostró una "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de una industria, a sabiendas de que actuaba en contra de las disposiciones legales". Vilanova solicitó posteriormente el indulto, apoyado por 268 alcaldes y concejales, pero fue rechazado por la sala segunda del Tribunal Supremo al considerar que "su conducta posterior a la sentencia firme no da muestras de reconocer que la actuación imputada supone una infracción de la legalidad". Uno de los primeros apoyos con los que contó el ex alcalde de Vila-real fue el del propio Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un fraude fiscal.
La presión que Fabra hizo para que Vilanova permaneciese en el cargo no fue, en todo caso, suficiente, y el ahora ex alcalde presentó su dimisión 50 días después de que se hiciera pública la condena.
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La UE investigará el nuevo puerto de Benitatxell y la ampliación del de Xàbia
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La Fiscalía rechaza que Antonio Rincón salga del caso por el fraude en Terra Mítica como pide su abogado
El edil de San Fulgencio pasará mañana a disposición judicial por un presunto delito de cohecho
Miembros de la dirección del PP arropan a un cargo con condena firme
MARÍA FABRA
El ex alcalde de Vila-real ejerce de presidente local pese a estar inhabilitado
Poco ha durado, ni siquiera públicamente, el alarde de compromiso con la transparencia, la dignidad, el decoro, la buena fe y la moralidad de los nuevos estatutos del PP autonómico. Después de limitar la apertura de expedientes y la suspensión de funciones y militancia a los casos en los que exista sentencia firme, el PP de Castellón celebró ayer una comparecencia pública presidida por la diputada Andrea Fabra en la que participó también el ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación. Vilanova apareció acompañado no sólo por la hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, que acaba de ser designada en el congreso del PP valenciano responsable de la secretaría de Política Social, sino también por el actual alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, que además es vocal de la dirección del PP, designado directamente por el presidente autonómico, Francisco Camps. La presencia de Manuel Vilanova en una rueda de prensa para criticar los presupuestos generales del Estado se debe a que, pese a que presentó su dimisión como alcalde, el PP lo ha mantenido como presidente local.
La sentencia contra Vilanova, que llevó a la pena de un año y seis meses de prisión, más ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, es firme. Según la sentencia, el alcalde demostró una "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de una industria, a sabiendas de que actuaba en contra de las disposiciones legales". Vilanova solicitó posteriormente el indulto, apoyado por 268 alcaldes y concejales, pero fue rechazado por la sala segunda del Tribunal Supremo al considerar que "su conducta posterior a la sentencia firme no da muestras de reconocer que la actuación imputada supone una infracción de la legalidad". Uno de los primeros apoyos con los que contó el ex alcalde de Vila-real fue el del propio Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un fraude fiscal.
La presión que Fabra hizo para que Vilanova permaneciese en el cargo no fue, en todo caso, suficiente, y el ahora ex alcalde presentó su dimisión 50 días después de que se hiciera pública la condena.
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La UE investigará el nuevo puerto de Benitatxell y la ampliación del de Xàbia
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La Fiscalía rechaza que Antonio Rincón salga del caso por el fraude en Terra Mítica como pide su abogado
El edil de San Fulgencio pasará mañana a disposición judicial por un presunto delito de cohecho
diumenge, 19 d’octubre del 2008
La Caverna.
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“Todos los ponferradinos estamos pagando por mantener este servicio el triple de lo que valía con la anterior concesionaria”
Los socialistas de Ponferrada se preguntan por qué la empresa de Ulibarri “que aumenta su clientela anual, no puede pagar a sus empleados”
La oposición en Ponferrada se pregunta sobre un posible “trato de favor” a la empresa de José Luis Ulibarri
¿Ha dejado José Luis Ulibarri de pagar a los trabajadores del transporte público de Ponferrada?
¿Por qué presionó Ulibarri a la víctima del caso Nevenka ofreciéndole un empleo?
La presidenta ha movilizado al PP de Madrid para justificar su enfrentamiento con los sindicatos
Gallardón se resiste a salir a la calle con Aguirre
El cónclave puede terminar en un escándalo mayúsculo si deciden impugnarlo
Bronca previa ante el Congreso del PP de Granada
El Gobierno regional advierte que no admitirá peticiones de "responsabilidad política"
La Fiscalía pide la imputación de la vicepresidenta de Castilla y León por corrupción urbanística
El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha decidido proponer la imputación en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Ávila)...
La hija del general Yagüe pide "respeto" a la memoria de su padre
"Don Pío Moa y Don Ricardo de la Cierva me han dicho que no participó en ninguna matanza, que es un mito"
Aunque la ley de la Memoria Histórica establece que deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos “los escudos, insignias, placas...
Su banco ha quebrado dejando sin ahorros a miles de españoles
El ex presidente de Lehman Brothers en España, el ratista Luis de Guindos, asegura que la crisis “no es un fallo de mercado, sino de Estado"
La quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers ha tenido como consecuencia que su filial en España corra la misma suerte, dejando un agujero...
¿Vuelven los mejores tiempos de Acebes?
Cospedal: "La crisis tiene un nombre, Zapatero, y un adjetivo, incompetencia”
Pero pone el grito en el cielo ante el error de La Sexta con Rajoy
Aguirre no dijo nada cuando Telemadrid vinculó a Zapatero con ETA
La caverna mediática, jaleada por Aguirre, denuncia "juego sucio" contra el PP
Pese a que el aumento de plazas, de inversiones y salarios supera los ocho años de Aznar
Policía y Guardia Civil se manifiestan por una mejora en sus condiciones laborales
"A ellos nunca les afectará la crisis, va siendo hora de ponerles en su sitio"
Los ideólogos de Aznar se suman a la ofensiva contra los sindicatos
Los nuevos Estatutos protegerán a los populares hasta que "haya condena firme"
El PP valenciano blinda a Fabra
Así entienden los obispos la noticia del bebé medicamento de Andalucía
"El nacimiento de una persona ha venido acompañado de la destrucción de otras, sus propios hermanos"
¿Seguirá culpando Rouco al laicismo radical como causante del nazismo?
El Plural evidencia la estrecha relación entra la jerarquía católica y Adolf Hitler
Rouco culpa al laicismo radical del nazismo y el comunismo
La batalla entre Abellán y Melchor Miralles no ha hecho más que comenzar
¿Defraudó el locutor de la COPE a Hacienda?
"Pegar fuego como se hizo la noche del Dos de Mayo, eso sí que era genocidio"
Aguirre sugiere a Garzón que pida ¡el certificado de defunción de Napoleón!
PP, FAES, gestores de empresas quebradas y medios liberales analizan la crisis
Tranqui colega, el Estado es el culpable
El filósofo Paolo Flores d'Arcais le expone a Rouco su gran confusión
“La amenaza totalitaria se hace realidad cuando una institución decide por el ciudadano cómo debe ser su vida”
Presume de su amistad con Bush y Blair y lamenta no dedicarles más tiempo
Ana Botella: “Estoy encantada de tener un marido que se mantiene joven. ¿Qué más puedo pedir a la vida?”
La caverna sigue atacando a la “televisión más próxima al Presidente del Gobierno”
Alfonso Ussía: “Los de La Sexta se olvidan que entre sus principales accionistas destaca Milikito”
Sobre el 11-M: “La verdad será tapada por la clase política porque es algo que ya no interesa”
Alcaraz: “No nos podemos fiar de un Gobierno que miente y el señor Zapatero ha mentido a los españoles”
La mala suerte de Rajoy
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Alcaraz: “No nos podemos fiar de un Gobierno que miente y el señor Zapatero ha mentido a los españoles”
La mala suerte de Rajoy
dissabte, 18 d’octubre del 2008
Una de las nuestras: El fiscal acusa a la vicepresidenta de Castilla y León de prevaricación
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El fiscal acusa a la vicepresidenta de Castilla y León de prevaricación
RAFAEL MÉNDEZ
Pide su imputación por aprobar una gran urbanización en un pinar refugio de cigüeñas en Las Navas del Marqués
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Diputación de Ávila, del PP, decidieron en 1999 urbanizar un pinar de máxima protección. "Sus responsables consideraron los trámites legales que había que cumplir como obstáculos que había que remover". El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, resume así la aprobación de la Ciudad del Golf -1.600 chalés, dos hoteles y cuatro campos de golf- en un refugio de cigüeñas negras.
Ruiz es el cargo político de mayor rango contra el que actúa la fiscalía
Por eso, ayer pidió al Tribunal Superior de Castilla y León que impute por prevaricación a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que firmó la declaración de impacto ambiental. Ruiz se convierte así en el cargo político de mayor rango contra el que actúa el fiscal por un escándalo urbanístico. La vicepresidenta se suma a los 19 imputados en este caso, desde los técnicos que dieron el visto bueno a la obra hasta el alcalde o el ex director de Medio Natural, Mariano Torre.
Para pedir la imputación al tribunal -Ruiz es aforada- el fiscal ha presentado un detallado escrito de 31 folios que reconstruye la génesis de la urbanización desde 1999. Entonces, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta compraron a Unión Resinera 7.600 hectáreas de pinar. Lo hicieron mediante una sociedad pública creada para "proteger el monte" aunque decidió recalificar una parte de pinar para pagar el suelo. La composición de la empresa es "reveladora", ya que estaban como consejeros los altos cargos que luego debían recalificar el terreno.
Pactaron con el promotor, Francisco Gómez, El Paloma, que en 200 hectáreas de pinar maduro protegido por albergar algunas de las pocas cigüeñas negras que quedan en España, construyera una urbanización. Incluso pactaron por escrito con él que si en dos años no estaba recalificado le indemnizarían con 1,5 millones.
Como era previsible, la urbanización salió adelante.
El 10 de febrero de 2004, María Jesús Ruiz, entonces consejera de Medio Ambiente, se reunió con el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y "se comprometió a resolver la declaración de impacto ambiental inmediatamente". Sólo 10 días después, al límite del plazo, la declaración fue aprobada con la firma de Ruiz. Ayer, sin embargo, Ruiz declaró: "Mi única participación es la firma, yo no participo en ninguna otra fase" y declaró que volvería a rubricar la declaración de impacto ambiental, que permitía al promotor talar 35.000 pinos. La urbanización ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior pero la Junta recurrió al Supremo para proseguir la tala. La obra, por el momento, está parada.
"Sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible un desaguisado de tal magnitud", señala el fiscal, que pormenoriza una larga serie de procedimientos infringidos. El fiscal explicó ayer a este diario que "Ruiz firmó la declaración en contra de los censos de cigüeña negra en la zona", y en su escrito apunta que todo estuvo orquestado desde la consejería que ella dirigía. Pese a que los cargos que avalaron la urbanización han declarado en el juzgado que no había cigüeña negra o que la tala no afectaría a la especie, un informe interno de 2003 denunciaba que la urbanización suponía "una grave modificación dentro del área crítica que compromete la potencialidad del área" para la cigüeña negra.
El fiscal considera que Ruiz cometió un delito de prevaricación, al igual que otros cinco cargos de su consejería que colaboraron en la aprobación. En su escrito pide separar en cuatro piezas el caso para facilitar la instrucción. Además del de prevaricación contra la vicepresidenta y los suyos, quiere abrir otra por prevaricación contra los ocho miembros de la comisión de urbanismo que dieron luz verde al proyecto pese a carecer de informe ambiental e incumplir "la legislación de urbanismo"; otra contra el alcalde, el secretario municipal y El Paloma por el pacto previo a los trámites en el que se comprometían a recalificar el pinar, y una cuarta pieza contra el promotor y la empresa que comenzó la tala del pinar pese a que el tribunal ya había declarado ilegal la urbanización.
Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, aplaudió la decisión del fiscal: "Demuestra que la consejera actuó en contra de sus informes técnicos".
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El fiscal acusa a la vicepresidenta de Castilla y León de prevaricación
RAFAEL MÉNDEZ
Pide su imputación por aprobar una gran urbanización en un pinar refugio de cigüeñas en Las Navas del Marqués
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Diputación de Ávila, del PP, decidieron en 1999 urbanizar un pinar de máxima protección. "Sus responsables consideraron los trámites legales que había que cumplir como obstáculos que había que remover". El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, resume así la aprobación de la Ciudad del Golf -1.600 chalés, dos hoteles y cuatro campos de golf- en un refugio de cigüeñas negras.
Ruiz es el cargo político de mayor rango contra el que actúa la fiscalía
Por eso, ayer pidió al Tribunal Superior de Castilla y León que impute por prevaricación a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que firmó la declaración de impacto ambiental. Ruiz se convierte así en el cargo político de mayor rango contra el que actúa el fiscal por un escándalo urbanístico. La vicepresidenta se suma a los 19 imputados en este caso, desde los técnicos que dieron el visto bueno a la obra hasta el alcalde o el ex director de Medio Natural, Mariano Torre.
Para pedir la imputación al tribunal -Ruiz es aforada- el fiscal ha presentado un detallado escrito de 31 folios que reconstruye la génesis de la urbanización desde 1999. Entonces, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta compraron a Unión Resinera 7.600 hectáreas de pinar. Lo hicieron mediante una sociedad pública creada para "proteger el monte" aunque decidió recalificar una parte de pinar para pagar el suelo. La composición de la empresa es "reveladora", ya que estaban como consejeros los altos cargos que luego debían recalificar el terreno.
Pactaron con el promotor, Francisco Gómez, El Paloma, que en 200 hectáreas de pinar maduro protegido por albergar algunas de las pocas cigüeñas negras que quedan en España, construyera una urbanización. Incluso pactaron por escrito con él que si en dos años no estaba recalificado le indemnizarían con 1,5 millones.
Como era previsible, la urbanización salió adelante.
El 10 de febrero de 2004, María Jesús Ruiz, entonces consejera de Medio Ambiente, se reunió con el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y "se comprometió a resolver la declaración de impacto ambiental inmediatamente". Sólo 10 días después, al límite del plazo, la declaración fue aprobada con la firma de Ruiz. Ayer, sin embargo, Ruiz declaró: "Mi única participación es la firma, yo no participo en ninguna otra fase" y declaró que volvería a rubricar la declaración de impacto ambiental, que permitía al promotor talar 35.000 pinos. La urbanización ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior pero la Junta recurrió al Supremo para proseguir la tala. La obra, por el momento, está parada.
"Sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible un desaguisado de tal magnitud", señala el fiscal, que pormenoriza una larga serie de procedimientos infringidos. El fiscal explicó ayer a este diario que "Ruiz firmó la declaración en contra de los censos de cigüeña negra en la zona", y en su escrito apunta que todo estuvo orquestado desde la consejería que ella dirigía. Pese a que los cargos que avalaron la urbanización han declarado en el juzgado que no había cigüeña negra o que la tala no afectaría a la especie, un informe interno de 2003 denunciaba que la urbanización suponía "una grave modificación dentro del área crítica que compromete la potencialidad del área" para la cigüeña negra.
El fiscal considera que Ruiz cometió un delito de prevaricación, al igual que otros cinco cargos de su consejería que colaboraron en la aprobación. En su escrito pide separar en cuatro piezas el caso para facilitar la instrucción. Además del de prevaricación contra la vicepresidenta y los suyos, quiere abrir otra por prevaricación contra los ocho miembros de la comisión de urbanismo que dieron luz verde al proyecto pese a carecer de informe ambiental e incumplir "la legislación de urbanismo"; otra contra el alcalde, el secretario municipal y El Paloma por el pacto previo a los trámites en el que se comprometían a recalificar el pinar, y una cuarta pieza contra el promotor y la empresa que comenzó la tala del pinar pese a que el tribunal ya había declarado ilegal la urbanización.
Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, aplaudió la decisión del fiscal: "Demuestra que la consejera actuó en contra de sus informes técnicos".
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Dependència al PV: La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela.
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Dependència
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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Ensenyament al País Valencià.
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Educació
EpC
EpC al País Valencià.
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
La 'Citizenship' de Camps tropieza con una semana de movilizaciones y paros.
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El PSPV cifra en seis millones el alquiler anual de los barracones
Font de Mora dotará de contenido a la VIU este curso y nombrará rector
Carlos Alós, ValenciaEl alquiler de los barracones en los que estudian unos 30.000 escolares le cuesta al Consell seis millones de euros anuales, a razón de 500.000 al mes y 360 por alumno. Son datos del diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, quien ayer preguntó en el pleno de las Corts al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por el inicio del curso.Font de Mora no respondió a la cifra de Sanmartín, aunque rebatió con los 1.300 millones invertidos desde que Camps preside la Generalitat. Desde la conselleria de Educación señalaron que el coste anual de los alquileres ronda el millón de euros y que la cifra de escolares en barracones en este curso era de 26.407, el 2,9%, remarcaron. Sanmartín acusó al conseller de falta de previsión y éste respondió con un reto: Que el diputado socialista adivinara el número de escolares inmigrantes que iban a llegar el próximo año.
El conseller aseguró que si el Gobierno no regula la inmigración es "muy difícil" planificar la llegada de alumnos "de fuera". "Hace tres años fueron 5.000, después 9.000 y cuando parecía que iba a bajar han venido 11.000", dijo el conseller. Sanmartín tildó de ocurrencias el decreto de derechos y deberes, los planes Exit e Integra o el uniforme escolar voluntario. Afirmó que el único interés que tiene el Consell en que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés es "darle varapalos", al Gobierno y aseguró que los centros públicos absorben en la actualidad el 85% de los escolares inmigrantes.
Deficiencias estructurales Respecto al inicio del curso, el diputado socialista afirmó que había comenzado con las mismas deficiencias estructurales "de siempre". Criticó que haya plazas docentes sin cubrir y el absentismo o el fracaso escolar. Font de Mora dijo que los datos que manejaba el diputado estaban "anticuados y manipulados" y le reprochó que siempre recurriera a los "mismos tópicos, como Ciegsa o los barracones".
El titular de Educación aplaudió que el PSPV apoye el trilingüismo mientras Sanmartín se removía en su asiento y recordó que la ministra de Educación dijo que le parecía bien que EpC se impartiera en inglés. Antes, Font de Mora había anunciado que "en breve" nombrará al rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y que a lo largo del presente curso "aparecerán los primeros contenidos docentes con carácter experimental"para la nueva universidad.
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Educació
EpC
EpC al País Valencià.
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
La 'Citizenship' de Camps tropieza con una semana de movilizaciones y paros.
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El PSPV cifra en seis millones el alquiler anual de los barracones
Font de Mora dotará de contenido a la VIU este curso y nombrará rector
Carlos Alós, ValenciaEl alquiler de los barracones en los que estudian unos 30.000 escolares le cuesta al Consell seis millones de euros anuales, a razón de 500.000 al mes y 360 por alumno. Son datos del diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, quien ayer preguntó en el pleno de las Corts al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por el inicio del curso.Font de Mora no respondió a la cifra de Sanmartín, aunque rebatió con los 1.300 millones invertidos desde que Camps preside la Generalitat. Desde la conselleria de Educación señalaron que el coste anual de los alquileres ronda el millón de euros y que la cifra de escolares en barracones en este curso era de 26.407, el 2,9%, remarcaron. Sanmartín acusó al conseller de falta de previsión y éste respondió con un reto: Que el diputado socialista adivinara el número de escolares inmigrantes que iban a llegar el próximo año.
El conseller aseguró que si el Gobierno no regula la inmigración es "muy difícil" planificar la llegada de alumnos "de fuera". "Hace tres años fueron 5.000, después 9.000 y cuando parecía que iba a bajar han venido 11.000", dijo el conseller. Sanmartín tildó de ocurrencias el decreto de derechos y deberes, los planes Exit e Integra o el uniforme escolar voluntario. Afirmó que el único interés que tiene el Consell en que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés es "darle varapalos", al Gobierno y aseguró que los centros públicos absorben en la actualidad el 85% de los escolares inmigrantes.
Deficiencias estructurales Respecto al inicio del curso, el diputado socialista afirmó que había comenzado con las mismas deficiencias estructurales "de siempre". Criticó que haya plazas docentes sin cubrir y el absentismo o el fracaso escolar. Font de Mora dijo que los datos que manejaba el diputado estaban "anticuados y manipulados" y le reprochó que siempre recurriera a los "mismos tópicos, como Ciegsa o los barracones".
El titular de Educación aplaudió que el PSPV apoye el trilingüismo mientras Sanmartín se removía en su asiento y recordó que la ministra de Educación dijo que le parecía bien que EpC se impartiera en inglés. Antes, Font de Mora había anunciado que "en breve" nombrará al rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y que a lo largo del presente curso "aparecerán los primeros contenidos docentes con carácter experimental"para la nueva universidad.
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Sanitat al País valencià.
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Comunitat Valenciana Sanitat
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La atención primaria se asfixia
Los especialistas piden un cambio en el sistema y aseguran que el actual "está agotado"
Levante-EMV, ValenciaLos médicos de atención primaria han urgido a la Administración a que cambie el actual sistema de atención primaria, ya que el actual "está agotado" y los pacientes exigen más y demandan atención sobre temas como dopaje o infertilidad que necesitan "formación continúa para esos facultativos".
Así lo expresaron ayer el presidente del XXX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco; el presidente del comité organizador, Ramón García-Noblejas, y la presidenta del comité científico, María Dolores Aicart, quienes indicaron de que a este congreso asisten más de cinco mil médicos.Zarco manifestó que la Atención Primaria "está en crisis" y que "sufre una parada evolutiva" por lo que ha considerado el congreso como el "foro ideal de encuentro entre profesionales y políticos" para "reflexionar sobre los pasos a dar para cambiar el actual sistema".
García-Noblejas, por su parte, aseguró que el sistema está "enfermo" y que la Atención Primaria "está casi muerta, pese a que es la base del sistema sanitario" y reivindicó la necesidad de que se invierta en atención primaria y no solo en hospitales, "que no son la panacea".
El especialista criticó la "sobrecarga" burocrática que afrontan los médicos de familia y abogó por "adecuar las consultas, mejorar la retribución y la permanencia" de los profesionales de primaria en su trabajo para lograr mayor estabilidad.
"O se produce un cambio en el concepto y la estructura o termina por desaparecer por la falta de profesionales que huyen de la especialidad de Medicina de Familia por el hospitalocentrismo en el que estamos inmersos", declaró.
Los especialistas destacaron que el médico de primaria es "el interlocutor directo con la población" y que su trabajo es promover, "la atención, promoción y educación en la salud". Y en este sentido indicaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix, y la píldora del día después, no deben ser "más que una herramienta dentro de la prevención".
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Comunitat Valenciana Sanitat
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La atención primaria se asfixia
Los especialistas piden un cambio en el sistema y aseguran que el actual "está agotado"
Levante-EMV, ValenciaLos médicos de atención primaria han urgido a la Administración a que cambie el actual sistema de atención primaria, ya que el actual "está agotado" y los pacientes exigen más y demandan atención sobre temas como dopaje o infertilidad que necesitan "formación continúa para esos facultativos".
Así lo expresaron ayer el presidente del XXX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco; el presidente del comité organizador, Ramón García-Noblejas, y la presidenta del comité científico, María Dolores Aicart, quienes indicaron de que a este congreso asisten más de cinco mil médicos.Zarco manifestó que la Atención Primaria "está en crisis" y que "sufre una parada evolutiva" por lo que ha considerado el congreso como el "foro ideal de encuentro entre profesionales y políticos" para "reflexionar sobre los pasos a dar para cambiar el actual sistema".
García-Noblejas, por su parte, aseguró que el sistema está "enfermo" y que la Atención Primaria "está casi muerta, pese a que es la base del sistema sanitario" y reivindicó la necesidad de que se invierta en atención primaria y no solo en hospitales, "que no son la panacea".
El especialista criticó la "sobrecarga" burocrática que afrontan los médicos de familia y abogó por "adecuar las consultas, mejorar la retribución y la permanencia" de los profesionales de primaria en su trabajo para lograr mayor estabilidad.
"O se produce un cambio en el concepto y la estructura o termina por desaparecer por la falta de profesionales que huyen de la especialidad de Medicina de Familia por el hospitalocentrismo en el que estamos inmersos", declaró.
Los especialistas destacaron que el médico de primaria es "el interlocutor directo con la población" y que su trabajo es promover, "la atención, promoción y educación en la salud". Y en este sentido indicaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix, y la píldora del día después, no deben ser "más que una herramienta dentro de la prevención".
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Varios más de los nuestros.
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Los genoveses
Página no oficial del clan Rato.
Página no oficial Eduardo Zaplana
Página no oficial Esperanza Aguirre
Página no oficial José María Aznar
Terra Mítica
Urbanisme depredador.
Zaplana
Corrupció
Fabra
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Denuncian ante la Fiscalía al director general de la Energía por tráfico de influencias
La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha presentado un escrito ante la Fiscalía con el fin de que ésta determine si Antonio Cejalvo cometió un delito en el proceso de adjudicación del Plan Eólico 14.
EFE
En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Ana Climent, ha explicado que la construcción de los parques eólicos de la comarca del Comtat fue adjudicada por la Dirección General de Energía a una empresa, cuyo estudio de impacto ambiental fue elaborado por una sociedad en la que figura una hermana de Cejalvo.
A su juicio, este último debería haberse abstenido en el procedimiento de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la Zona 14, a pesar de darse el caso de que fue una hermana suya quien dirigió el Estudio de Impacto Ambiental de dicha zona eólica, además de ser administradora única de la empresa que lo elaboró.
Además, se ha denunciado que Cejalvo podría haber influido en la agilización del procedimiento administrativo con el posible fin de evitar que el Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto hubiese tenido que ampliarse o repetirse, a pesar de la existencia de una recomendación efectuada por el Síndic de Greuges.
Por ello, la plataforma considera que en este proceso se han podido cometer otros dos delitos: "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función" y " delito contra las instituciones del Estado".En este último sentido, la Coordinadora considera que Cejalvo podría haber dilatado el envío de documentación y enviar información "falsa e incompleta" al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana.
Climent ha explicado que el origen de la denuncia radica al descubrir que "la persona que firmó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Plan Eólico en la Zona 14 es hermana del alto cargo responsable de la puesta en marcha del Plan Eólico Valenciano".
Además, ha recordado que Antonio Cejalvo también fue director de la Agencia Valenciana de Energía en 2001 y que las empresas beneficiarias del Plan Eólico de la zona 14 se constituyeron poco antes de la adjudicación del plan.En las fechas de la adjudicación, 2002-2003, según ha afirmado Climent, Cejalvo ocupó la Jefatura del Servicio de Energía de la Consellería de Industria.Más tarde se le nombró director de la Agencia Valenciana de Energia y posteriormente director general de Energía, "cargos que ocupa en la actualidad".
Desde estos puestos directivos, según ha manifestado Climent, Cejalvo ha ejercido y ejerce funciones de dirección y control "sobre todo aquello que esté relacionado con el Plan Eólico y, por tanto, influyó en la adjudicación a la promotora de la zona 14 que presentó un Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa cuya administradora única es su hermana".
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La Generalitat dice que las acusaciones son falsas
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Las conexiones de la trama de corrupción de Baleares llegan hasta Alicante
Felipe Armendáriz/J. F. M, Palma de Mallorca
Los presuntos delitos de alcance millonario investigados en el llamado caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB en el anterior Govern balear del Partido , podrían haberse cometido en Mallorca, en la Comunitat Valenciana e, incluso, en el extranjero. La principal encausada, Antònia Ordinas, ex directora-gerente del consorcio dependiente de la conselleria de Comercio y defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, tejió una importante red de empresarios-colaboradores-proveedores del Govern radicados en Baleares, Valencia, Alicante, Nueva York, Hong Kong y otras ciudades importantes. En Valencia, como adelantó Levante-EMV, fue arrestado un empresario que realizaba informes para el consorcio balear bajo sospecha.
En principio se baraja la Audiencia Nacional como instancia competente en la investigación, más por la posibilidad de que españoles hayan delinquido en el extranjero que por la pluralidad de comunidades autónomas donde podría haber actuado la trama.
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El empresario valenciano implicado en la trama balear sólo admite su relación comercial con altos cargos de Matas
Francisco G.C. es el administrador único de la empresa NTC Consultores, sociedad relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene
EFE
La jueza instructora del caso por una supuesta trama de corrupción en el Centro para el Desarrollo Económico de las Islas Balears (CDEIB) en el anterior Govern de Jaume Matas, Piedad Marín, ha tomado declaración hoy en calidad de imputado al empresario valenciano Francisco G.C. y a otros dos testigos.
Francisco G.C. fue detenido en Valencia el pasado 3 de octubre por su supuesta implicación en los hechos investigados, ya que es el administrador único de la empresa NTC Consultores, con sede en la capital valenciana, sociedad al parecer relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene.
Viaene permanece en la prisión de Palma junto a la ex gerente del CDEIB Antània Ordinas, y la mujer de ésta, Isabel Rosselló. Los tres están considerados los principales implicados en la trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de la Conselleria de Industria.
En su declaración, realizada bajo secreto del sumario, el empresario valenciano habría admitido su relación comercial con los ex altos cargos del Ejecutivo de Matas, pero sin entrar en mayores detalles, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.
Los otros dos testigos que hoy han comparecido ante la jueza Piedad Marín y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach son funcionarios de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía, quienes explicaron los mecanismos burocráticos que se seguían en ese departamento con los trabajos encargados a diversos empresarios.
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Un colectivo denuncia a un director general con datos que el Consell dice que son falsos
La plataforma acusa de trato de favor a Cejalvo por la intervención de su hermana en un plan eólico
M. Vilaplana, Alcoi
La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra el director general de Energía, Antonio Cejalvo Lapeña, por un presunto delito de tráfico de influencias por consanguinidad. La entidad lo acusa de no haberse abstenido en el proceso de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la zona 14, a pesar de que fue una hermana suya quien dirigió el estudio de impacto ambiental como administradora única de la empresa que lo elaboró. El Consell sostiene que todas las acusaciones son falsas, porque Cejalvo no era cargo público cuando se adjudicó y desarrolló el plan .
Responsables de la coordinadora, encabezados por su presidenta Anna Climent, explicaron ayer que en las fechas de adjudicación, entre 2002 y 2003, Antonio Cejalvo ocupó la jefatura del Servicio de Energía de la Conselleria de Industria. En mayo de 2002 se le nombró director de la Agencia Valenciana de la Energía y en julio de 2003, ya después de la adjudicación, se hizo cargo de la dirección general de Energía, cargos ambos que sigue ocupando en la actualidad. En este sentido, señalan que como jefe del Servicio de Energía, "intervino y tuvo un papel decisivo en el procedimiento de adjudicación de la construcción de los tres parques eólicos de la zona 14 a la empresa Guadalaviar, influyendo favorablemente en dicha adjudicación, a pesar de que debería haberse abstenido por consanguinidad al ser su hermana, Dolores Cejalvo Lapeña, responsable del estudio de impacto ambiental de dicho proyecto empresarial y administradora única de Green Planet, empresa que elaboró el informe" tras ser subcontratada.
La coordinadora, asimismo, afirma que Antonio Cejalvo, ya como director general de Energía, sometió a exposición e información pública el estudio de impacto ambiental, "cuando no podía intervenir en el procedimiento por tener parentesco de consanguinidad".
Aparte de tráfico de influencias, la coordinadora también ha denunciado a Antonio Cejalvo por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, se le acusa de delitos contra las instituciones del Estado, "por dilatar el envío de documentación y remitir información falsa e incompleta al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana", argumentaron. Estudio ambiental
También señalaron que la hermana de Antonio Cejalvo es secretaria del Colegio Oficial de Biólogos, que sería el encargado de visar el estudio ambiental.Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Eólico, y que también la Unión Europea se ha interesado por la cuestión a raíz de las denuncias de la coordinadora.
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La Generalitat mantiene que "no era cargo público"
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Julio Iglesias no "cantará" en el juzgado
El juez rechaza por ahora que declare por el contrato "b" y las facturas falsas del IVEX
Francesc Arabí, ValenciaLa partitura de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está escrita y ya han pasado unos cuantos por el juzgado a interpretarla. Unos se han lavado las manos (los comparecientes de la parte pagadora) y otros han declarado a coro que el IVEX, pivotando sobre las delegaciones en el exterior y con los presuntos gastos de organización como coartada, pagó cantidades millonarias a Julio Iglesias, a empresas vinculadas a él, como International Concerts, o a no se sabe quién, como Midway International o Gold Peak Trade Service. El dinero voló a cuentas de paraísos fiscales como la WA356115.000 de UBS en Nassau (Bahamas). Desfile de muchos periféricosAnte el juez han desfilado los que pagaron y los que circulaban por los aledaños. Los que cobraron y están identificados -el propio Julio Iglesias- y las citadas sociedades, de momento seguirán ausentes en el caso. El instructor de la causa, Luis Carlos Presencia Rubio, ha decidido que por ahora ni el artista ni su representante, Luis Fernando Esteban, serán imputados en el caso, como ha pedido el PSPV, que ejerce la acusación. Ni siquiera pasarán como testigos. El presunto promotor de los productos valencianos en el exterior no aportará luz sobre los recitales en los que supuestamente se hincharon gastos -lo que denunció el ex delegado en Miami, José Marquina, en este diario y ante el juez- ni sobre otros en los que se inventaron las facturas desde el primer céntimo. Esto último sucedió en México, a tenor de testimonios judiciales y de la multa de 191.000 euros que la Agencia Tributaria impuso al instituto tras expresar sus dudas de que dos firmas que cobraron 1.908.000 euros por dos recitales "hayan realizado los servicios facturados".
"En ningún caso ha sido acreditado", remarcaba Hacienda. Una parte de los pagos se hicieron con facturas por la organización del recital que Julio Iglesias ofreció el 10 de abril de 1999 en el Auditorio Nacional mexicano. Ese evento, el último de los seis de la gira mundial del artista, se convirtió en el epicentro de la causa judicial cuando, a partir de la declaración de Marquina y de las informaciones de este diario, trascendió que la empresa que cobró 1.802.434 dólares por montar ese acto (la citada Midway) no hizo nada. Fue la productora mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cedió los derechos del artista. La Agencia Tributaria, el gerente de Rac Producciones, Carlos Santos, vía aportación de documentos al fiscal; el apoderado del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho, en declaraciones al juez -en comisión rogatoria- y el ex delegado en México, Vicente Sendra, han insistido todos en la línea de indicar que fue Rac la que cargó con los gastos y que desconocían la existencia de la firma irlandesa.
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El empresario valenciano detenido por el caso Scala informa a la juez que realizó cobros raros
El imputado asegura que actuó por encargo de Antònia Ordinas y Kurt Viaene
Felipe Armendáriz/J.F.M., Palma
Francisco G. C., el empresario valenciano experto en mercadotecnia y que en la pasada legislatura facturó cientos de miles de euros al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), declaró ayer, en calidad de imputado ante la juez palmesana que instruye la operación Scala. El declarante, que fue detenido hace dos semanas en Valencia y puesto en libertad, implicó al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la ex directora-gerente de dicho consorcio, Antònia Ordinas, ambos en prisión, en extraños cobros de facturas giradas por un empresario norteamericano.
El empresario explicó que Viaene le enviaba facturas del proveedor norteamericano del CDEIB Sean Kelleher para que él las cobrara en el consorcio. Una vez cobradas estas facturas, el asesor valenciano entregaba el dinero en sobres a la gerente del consorcio Antònia Ordinas. Kelleher aparece vinculado a la sucursal del CDEIB en Los Ángeles y figura como el organizador de varios eventos promocionales en Manhattan (Nueva York) y California.
El consultor fue interrogado durante unas dos horas. Durante su primera declaración ante la policía el 3 de octubre el empresario aseguró que todos los trabajos encargados a sus consultorías por el anterior Gobierno balear del PP presidido por Jaume Matas se habían realizado. El empresario insistió ayer ante la juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la solidez y minuciosidad de sus informes.El experto en mercadotecnia manifestó tras su puesta en libertad que el actual Gobierno también ha requerido sus servicios de consultor externo para el mismo consorcio dependiente de la conselleria de Comercio.
Sin comentarios
El empresario, que tras su comparecencia de ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración, figura como administrador de dos de los principales proveedores del CDEIB: Marketing One Srategy S.L. y NTC Consultores S.L. Esta segunda compañía facturó miles de euros al consorcio.
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La juez imputa al ex conseller Cardona
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Otro peritaje sobre la forma de las facturas
El Supremo no halla indicios para imputar al ex alcalde de Burriana
El perito dice que las facturas del IVEX son "correctas" en la forma sin entrar en si son o no falsas
Alperi renuncia como concejal pero cobrará como consejero de Aguas de Alicante
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Los genoveses
Página no oficial del clan Rato.
Página no oficial Eduardo Zaplana
Página no oficial Esperanza Aguirre
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Zaplana
Corrupció
Fabra
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Denuncian ante la Fiscalía al director general de la Energía por tráfico de influencias
La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha presentado un escrito ante la Fiscalía con el fin de que ésta determine si Antonio Cejalvo cometió un delito en el proceso de adjudicación del Plan Eólico 14.
EFE
En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Ana Climent, ha explicado que la construcción de los parques eólicos de la comarca del Comtat fue adjudicada por la Dirección General de Energía a una empresa, cuyo estudio de impacto ambiental fue elaborado por una sociedad en la que figura una hermana de Cejalvo.
A su juicio, este último debería haberse abstenido en el procedimiento de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la Zona 14, a pesar de darse el caso de que fue una hermana suya quien dirigió el Estudio de Impacto Ambiental de dicha zona eólica, además de ser administradora única de la empresa que lo elaboró.
Además, se ha denunciado que Cejalvo podría haber influido en la agilización del procedimiento administrativo con el posible fin de evitar que el Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto hubiese tenido que ampliarse o repetirse, a pesar de la existencia de una recomendación efectuada por el Síndic de Greuges.
Por ello, la plataforma considera que en este proceso se han podido cometer otros dos delitos: "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función" y " delito contra las instituciones del Estado".En este último sentido, la Coordinadora considera que Cejalvo podría haber dilatado el envío de documentación y enviar información "falsa e incompleta" al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana.
Climent ha explicado que el origen de la denuncia radica al descubrir que "la persona que firmó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Plan Eólico en la Zona 14 es hermana del alto cargo responsable de la puesta en marcha del Plan Eólico Valenciano".
Además, ha recordado que Antonio Cejalvo también fue director de la Agencia Valenciana de Energía en 2001 y que las empresas beneficiarias del Plan Eólico de la zona 14 se constituyeron poco antes de la adjudicación del plan.En las fechas de la adjudicación, 2002-2003, según ha afirmado Climent, Cejalvo ocupó la Jefatura del Servicio de Energía de la Consellería de Industria.Más tarde se le nombró director de la Agencia Valenciana de Energia y posteriormente director general de Energía, "cargos que ocupa en la actualidad".
Desde estos puestos directivos, según ha manifestado Climent, Cejalvo ha ejercido y ejerce funciones de dirección y control "sobre todo aquello que esté relacionado con el Plan Eólico y, por tanto, influyó en la adjudicación a la promotora de la zona 14 que presentó un Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa cuya administradora única es su hermana".
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La Generalitat dice que las acusaciones son falsas
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Las conexiones de la trama de corrupción de Baleares llegan hasta Alicante
Felipe Armendáriz/J. F. M, Palma de Mallorca
Los presuntos delitos de alcance millonario investigados en el llamado caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB en el anterior Govern balear del Partido , podrían haberse cometido en Mallorca, en la Comunitat Valenciana e, incluso, en el extranjero. La principal encausada, Antònia Ordinas, ex directora-gerente del consorcio dependiente de la conselleria de Comercio y defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, tejió una importante red de empresarios-colaboradores-proveedores del Govern radicados en Baleares, Valencia, Alicante, Nueva York, Hong Kong y otras ciudades importantes. En Valencia, como adelantó Levante-EMV, fue arrestado un empresario que realizaba informes para el consorcio balear bajo sospecha.
En principio se baraja la Audiencia Nacional como instancia competente en la investigación, más por la posibilidad de que españoles hayan delinquido en el extranjero que por la pluralidad de comunidades autónomas donde podría haber actuado la trama.
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El empresario valenciano implicado en la trama balear sólo admite su relación comercial con altos cargos de Matas
Francisco G.C. es el administrador único de la empresa NTC Consultores, sociedad relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene
EFE
La jueza instructora del caso por una supuesta trama de corrupción en el Centro para el Desarrollo Económico de las Islas Balears (CDEIB) en el anterior Govern de Jaume Matas, Piedad Marín, ha tomado declaración hoy en calidad de imputado al empresario valenciano Francisco G.C. y a otros dos testigos.
Francisco G.C. fue detenido en Valencia el pasado 3 de octubre por su supuesta implicación en los hechos investigados, ya que es el administrador único de la empresa NTC Consultores, con sede en la capital valenciana, sociedad al parecer relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene.
Viaene permanece en la prisión de Palma junto a la ex gerente del CDEIB Antània Ordinas, y la mujer de ésta, Isabel Rosselló. Los tres están considerados los principales implicados en la trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de la Conselleria de Industria.
En su declaración, realizada bajo secreto del sumario, el empresario valenciano habría admitido su relación comercial con los ex altos cargos del Ejecutivo de Matas, pero sin entrar en mayores detalles, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.
Los otros dos testigos que hoy han comparecido ante la jueza Piedad Marín y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach son funcionarios de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía, quienes explicaron los mecanismos burocráticos que se seguían en ese departamento con los trabajos encargados a diversos empresarios.
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Un colectivo denuncia a un director general con datos que el Consell dice que son falsos
La plataforma acusa de trato de favor a Cejalvo por la intervención de su hermana en un plan eólico
M. Vilaplana, Alcoi
La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra el director general de Energía, Antonio Cejalvo Lapeña, por un presunto delito de tráfico de influencias por consanguinidad. La entidad lo acusa de no haberse abstenido en el proceso de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la zona 14, a pesar de que fue una hermana suya quien dirigió el estudio de impacto ambiental como administradora única de la empresa que lo elaboró. El Consell sostiene que todas las acusaciones son falsas, porque Cejalvo no era cargo público cuando se adjudicó y desarrolló el plan .
Responsables de la coordinadora, encabezados por su presidenta Anna Climent, explicaron ayer que en las fechas de adjudicación, entre 2002 y 2003, Antonio Cejalvo ocupó la jefatura del Servicio de Energía de la Conselleria de Industria. En mayo de 2002 se le nombró director de la Agencia Valenciana de la Energía y en julio de 2003, ya después de la adjudicación, se hizo cargo de la dirección general de Energía, cargos ambos que sigue ocupando en la actualidad. En este sentido, señalan que como jefe del Servicio de Energía, "intervino y tuvo un papel decisivo en el procedimiento de adjudicación de la construcción de los tres parques eólicos de la zona 14 a la empresa Guadalaviar, influyendo favorablemente en dicha adjudicación, a pesar de que debería haberse abstenido por consanguinidad al ser su hermana, Dolores Cejalvo Lapeña, responsable del estudio de impacto ambiental de dicho proyecto empresarial y administradora única de Green Planet, empresa que elaboró el informe" tras ser subcontratada.
La coordinadora, asimismo, afirma que Antonio Cejalvo, ya como director general de Energía, sometió a exposición e información pública el estudio de impacto ambiental, "cuando no podía intervenir en el procedimiento por tener parentesco de consanguinidad".
Aparte de tráfico de influencias, la coordinadora también ha denunciado a Antonio Cejalvo por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, se le acusa de delitos contra las instituciones del Estado, "por dilatar el envío de documentación y remitir información falsa e incompleta al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana", argumentaron. Estudio ambiental
También señalaron que la hermana de Antonio Cejalvo es secretaria del Colegio Oficial de Biólogos, que sería el encargado de visar el estudio ambiental.Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Eólico, y que también la Unión Europea se ha interesado por la cuestión a raíz de las denuncias de la coordinadora.
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La Generalitat mantiene que "no era cargo público"
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Julio Iglesias no "cantará" en el juzgado
El juez rechaza por ahora que declare por el contrato "b" y las facturas falsas del IVEX
Francesc Arabí, ValenciaLa partitura de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está escrita y ya han pasado unos cuantos por el juzgado a interpretarla. Unos se han lavado las manos (los comparecientes de la parte pagadora) y otros han declarado a coro que el IVEX, pivotando sobre las delegaciones en el exterior y con los presuntos gastos de organización como coartada, pagó cantidades millonarias a Julio Iglesias, a empresas vinculadas a él, como International Concerts, o a no se sabe quién, como Midway International o Gold Peak Trade Service. El dinero voló a cuentas de paraísos fiscales como la WA356115.000 de UBS en Nassau (Bahamas). Desfile de muchos periféricosAnte el juez han desfilado los que pagaron y los que circulaban por los aledaños. Los que cobraron y están identificados -el propio Julio Iglesias- y las citadas sociedades, de momento seguirán ausentes en el caso. El instructor de la causa, Luis Carlos Presencia Rubio, ha decidido que por ahora ni el artista ni su representante, Luis Fernando Esteban, serán imputados en el caso, como ha pedido el PSPV, que ejerce la acusación. Ni siquiera pasarán como testigos. El presunto promotor de los productos valencianos en el exterior no aportará luz sobre los recitales en los que supuestamente se hincharon gastos -lo que denunció el ex delegado en Miami, José Marquina, en este diario y ante el juez- ni sobre otros en los que se inventaron las facturas desde el primer céntimo. Esto último sucedió en México, a tenor de testimonios judiciales y de la multa de 191.000 euros que la Agencia Tributaria impuso al instituto tras expresar sus dudas de que dos firmas que cobraron 1.908.000 euros por dos recitales "hayan realizado los servicios facturados".
"En ningún caso ha sido acreditado", remarcaba Hacienda. Una parte de los pagos se hicieron con facturas por la organización del recital que Julio Iglesias ofreció el 10 de abril de 1999 en el Auditorio Nacional mexicano. Ese evento, el último de los seis de la gira mundial del artista, se convirtió en el epicentro de la causa judicial cuando, a partir de la declaración de Marquina y de las informaciones de este diario, trascendió que la empresa que cobró 1.802.434 dólares por montar ese acto (la citada Midway) no hizo nada. Fue la productora mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cedió los derechos del artista. La Agencia Tributaria, el gerente de Rac Producciones, Carlos Santos, vía aportación de documentos al fiscal; el apoderado del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho, en declaraciones al juez -en comisión rogatoria- y el ex delegado en México, Vicente Sendra, han insistido todos en la línea de indicar que fue Rac la que cargó con los gastos y que desconocían la existencia de la firma irlandesa.
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El empresario valenciano detenido por el caso Scala informa a la juez que realizó cobros raros
El imputado asegura que actuó por encargo de Antònia Ordinas y Kurt Viaene
Felipe Armendáriz/J.F.M., Palma
Francisco G. C., el empresario valenciano experto en mercadotecnia y que en la pasada legislatura facturó cientos de miles de euros al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), declaró ayer, en calidad de imputado ante la juez palmesana que instruye la operación Scala. El declarante, que fue detenido hace dos semanas en Valencia y puesto en libertad, implicó al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la ex directora-gerente de dicho consorcio, Antònia Ordinas, ambos en prisión, en extraños cobros de facturas giradas por un empresario norteamericano.
El empresario explicó que Viaene le enviaba facturas del proveedor norteamericano del CDEIB Sean Kelleher para que él las cobrara en el consorcio. Una vez cobradas estas facturas, el asesor valenciano entregaba el dinero en sobres a la gerente del consorcio Antònia Ordinas. Kelleher aparece vinculado a la sucursal del CDEIB en Los Ángeles y figura como el organizador de varios eventos promocionales en Manhattan (Nueva York) y California.
El consultor fue interrogado durante unas dos horas. Durante su primera declaración ante la policía el 3 de octubre el empresario aseguró que todos los trabajos encargados a sus consultorías por el anterior Gobierno balear del PP presidido por Jaume Matas se habían realizado. El empresario insistió ayer ante la juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la solidez y minuciosidad de sus informes.El experto en mercadotecnia manifestó tras su puesta en libertad que el actual Gobierno también ha requerido sus servicios de consultor externo para el mismo consorcio dependiente de la conselleria de Comercio.
Sin comentarios
El empresario, que tras su comparecencia de ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración, figura como administrador de dos de los principales proveedores del CDEIB: Marketing One Srategy S.L. y NTC Consultores S.L. Esta segunda compañía facturó miles de euros al consorcio.
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La juez imputa al ex conseller Cardona
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Otro peritaje sobre la forma de las facturas
El Supremo no halla indicios para imputar al ex alcalde de Burriana
El perito dice que las facturas del IVEX son "correctas" en la forma sin entrar en si son o no falsas
Alperi renuncia como concejal pero cobrará como consejero de Aguas de Alicante
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Uno de los nuestros. Luis Fernando Cartagena.
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Los genovesesPágina no oficial del clan Rato.Página no oficial Eduardo ZaplanaPágina no oficial Esperanza AguirrePágina no oficial José María AznarTerra MíticaUrbanisme depredador.ZaplanaCorrupcióFabra
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El ex conseller Cartagena no tendrá que volver a prisión para cumplir su condena
Completará la pena con una pulsera de control telemático y estará en su casa 8 horas al día
Mercedes Gallego, AlicanteEn su casa de Valencia. Allí es donde va a cumplir la pena el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad documental al quedarse con ocho millones de las antiguas pesetas de una congregación de monjas. Instituciones Penitenciarias ha concedido al también ex alcalde de Orihuela el tercer grado inicial que le permite completar la condena con control telemático, es decir, portando una pulsera que le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas pero que, por contra, le exime de volver a la prisión de Albacete, en la que lleva desde julio y en donde anoche ingresó, tras un permiso de fin de semana, probablemente por última vez por esta causa. El ex conseller pidió su traslado a esa cárcel desde la de Villena, en la que apenas permaneció unos días tras su ingreso voluntario el 16 de julio.
La decisión del cambio de régimen penitenciario de Cartagena se ha adoptado en Madrid previo informe favorable de toda la junta de tratamiento de la prisión albaceteña, que por unanimidad estimó que debía concedérsele el tercer grado. Un criterio que tampoco fue recurrido por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria. Fuentes del caso explicaron que a favor del ex político ha pesado, fundamentalmente, que haya devuelto el dinero con el que se había quedado zanjando así la responsabilidad civil, aunque también se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, 16 años, el que se trate de su primer delito, el apoyo familiar y que el interno está «socializado». Las fuentes antes citadas agregaron que las condiciones que reúne Cartagena son «de libro» para concederle este nuevo status penitenciario que mejora sustancialmente el modo en que completará el cumplimiento de la condena. Las mismas fuentes puntualizaron que, con todo, esto no hubiera sido posible de haber superado la condena los cinco años de prisión.La resolución se ha adoptado cuando aún no se han cumplido los tres meses de su ingreso en prisión y después de que el ex conseller estuviera esperando durante años a que se le concediera el indulto que había solicitado, lo que no ocurrió. Cartagena tiene aún otro proceso penan pendiente por el caso de las primas únicas.
Cartagena: «Para cumplir una pena es necesario estar entre rejas»
«Para cumplir una condena no es necesario estar entre rejas. En casa, con el control telemático, también voy a estar cumpliendo la pena. No hay que confundir pena con castigo». Así se expresaba ayer Luis Fernando Cartagena apenas una hora antes de regresar a la prisión de Albacete, tras disfrutar de un permiso de fin de semana, para el que el probablemente será su último ingreso por esta causa. A preguntas de este diario, Cartagena explicó que está a la espera de que se resuelvan unos trámites administrativos para que se haga efectivo el cambio de grado del segundo al tercero inicial y poder regresar así a Valencia, donde seguirá cumpliendo la pena, pero ya con control telemático.
El ex conseller resaltó el hecho que hubiera habido unanimidad en la junta de tratamiento de la cárcel para acceder este cambio, solicitado por su abogado, y que desde que se produjeron los hechos «no haya tenido ni una multa de tráfico». Aseguró que «sigo con mi vocación de vivir tranquilo» y, a la pregunta de si se iba a volver a incorporar a su actividad profesional en una mercantil de telefonía, precisó que «tengo que preparar mi adaptación a la vida profesional pero no reincorporarme porque no me he ido, me han seguido pagando».
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Abren juicio a Cartagena por las primas únicas tras lograr el tercer grado en la condena que cumple
La fiscalía pide tres años para el ex conseller por fraude fiscal
. A. Martínez/D. Pamies, Alicante
El juzgado de Instrucción número cuatro de Orihuela ya ha dado por cerrada la instrucción y ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el otro caso Cartagena. El fiscal pide para el ex conseller Luis Fernando Cartagena una pena de tres años de prisión por fraude fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex político el tercer grado inicial, en la otra causa judicial y a la que fue condenado en su día a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad. Como ya publicó Levante-EMV, una pulsera de control telemático le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas, como condición para no tener que volver a la prisión de Albacete.
Sin embargo, la apertura del juicio oral no va a suponer rapidez en la celebración de la vista. A pesar de que el juzgado de lo Penal tres de Orihuela es de reciente creación, ya se encuentra totalmente colapsado. La nueva sala de lo Penal tiene cerca de 1.500 ejecutorias pendientes, así como una lista de espera de 700 señalamientos. Por ello, ayer todavía se desconocía cuándo será la fecha exacta en la que se celebrará el proceso. La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivada en la Audiencia Nacional para los directivos del Banco de Santander y otros clientes.
La implicación del ex conseller fue desgajada en su día de la causa principal por la juez Maria Teresa Palacios, que hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los directores del banco; y otra el fraude fiscal presuntamente cometido por los titulares de los productos financieros llamados cesiones de crédito, que ofrecían el reclamo de ser opacos a Hacienda. La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regular su situación con el fisco. Cartagena no se acogió a ese proceso porque no ha reconocido en ningún momento ser el titular del dinero.
El escrito de acusación, sostiene que era Cartagena quien realmente estaba tras las cuentas investigadas, que figuraban con el nombre de un empresario ilicitano ya fallecido. Según el fiscal, Cartagena declaró a Hacienda en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos, pese a que tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa al ex conseller de un fraude a Hacienda que asciende a medio millón de euros, por el que pide tres años de prisión y una multa de dos millones de euros.
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Marcos: "Hay dos varas de medir, una para el PP y otra para el resto"
Levante-EMV, Valencia
La diputada autonómica y coordinadora de EUPV, Gloria Marcos, señaló ayer que la Justicia tiene "dos varas de medir" una para el "entorno del PP" y otra para el resto, al tiempo que manifestó ayer su "indignación" por que el ex conseller de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de prisión "complete la pena en su casa" y apuntó que "es de vergüenza que Cartagena vaya a estar sólo tres meses en la prisión", señaló Glòria Marcos, que fue la única dirigente política en salir ayer a valorar el nuevo régimen penitenciario del ex alcalde de Orihuela y ex conseller.Asimismo, añadió que "esta decisión no es más que el indulto que él pedía" apuntó Marcos, quien se preguntó "cuál es el mensaje se está lanzando a la sociedad con esta actuación".
"Una justicia, según quien seas"Marcos, que en un comunicado se refirió así al acceso a una situación de tercer grado por parte de Cartagena, opinó que es "lamentable la diferencia que existe en la aplicación de la justicia según quien seas", ya que, a su juicio, al entorno del PP "se le aplica una vara de medir, pero si eres cualquier otro ciudadano se aplica otra vara". "Es vergonzoso que esto esté pasando en un país teóricamente democrático", apostilló Marcos.
La coordinadora de EUPV además añadió que la decisión de que Cartagena cumpla lo que le queda de pena en su casa es "inadmisible, no solo porque es prácticamente toda la pena la que pasará a su domicilio particular, sino porque esta acción es como darle un indulto a los pocos meses de ingresar a prisión, tal y como él pedía", dijo la diputada.
Marcos afirmó que ante este caso, "es vital hacer una reflexión y exigir que el poder judicial sea independiente, capaz de juzgar con imparcialidad, porque sino es así, están atacando los pilares básicos de la democracia". El ex conseller Cartagena ha logrado una situación penitenciaria privilegiada ya que en tres meses ha accedido a la posibilidad de cumplir la condena en su casa.
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Los genovesesPágina no oficial del clan Rato.Página no oficial Eduardo ZaplanaPágina no oficial Esperanza AguirrePágina no oficial José María AznarTerra MíticaUrbanisme depredador.ZaplanaCorrupcióFabra
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El ex conseller Cartagena no tendrá que volver a prisión para cumplir su condena
Completará la pena con una pulsera de control telemático y estará en su casa 8 horas al día
Mercedes Gallego, AlicanteEn su casa de Valencia. Allí es donde va a cumplir la pena el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad documental al quedarse con ocho millones de las antiguas pesetas de una congregación de monjas. Instituciones Penitenciarias ha concedido al también ex alcalde de Orihuela el tercer grado inicial que le permite completar la condena con control telemático, es decir, portando una pulsera que le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas pero que, por contra, le exime de volver a la prisión de Albacete, en la que lleva desde julio y en donde anoche ingresó, tras un permiso de fin de semana, probablemente por última vez por esta causa. El ex conseller pidió su traslado a esa cárcel desde la de Villena, en la que apenas permaneció unos días tras su ingreso voluntario el 16 de julio.
La decisión del cambio de régimen penitenciario de Cartagena se ha adoptado en Madrid previo informe favorable de toda la junta de tratamiento de la prisión albaceteña, que por unanimidad estimó que debía concedérsele el tercer grado. Un criterio que tampoco fue recurrido por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria. Fuentes del caso explicaron que a favor del ex político ha pesado, fundamentalmente, que haya devuelto el dinero con el que se había quedado zanjando así la responsabilidad civil, aunque también se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, 16 años, el que se trate de su primer delito, el apoyo familiar y que el interno está «socializado». Las fuentes antes citadas agregaron que las condiciones que reúne Cartagena son «de libro» para concederle este nuevo status penitenciario que mejora sustancialmente el modo en que completará el cumplimiento de la condena. Las mismas fuentes puntualizaron que, con todo, esto no hubiera sido posible de haber superado la condena los cinco años de prisión.La resolución se ha adoptado cuando aún no se han cumplido los tres meses de su ingreso en prisión y después de que el ex conseller estuviera esperando durante años a que se le concediera el indulto que había solicitado, lo que no ocurrió. Cartagena tiene aún otro proceso penan pendiente por el caso de las primas únicas.
Cartagena: «Para cumplir una pena es necesario estar entre rejas»
«Para cumplir una condena no es necesario estar entre rejas. En casa, con el control telemático, también voy a estar cumpliendo la pena. No hay que confundir pena con castigo». Así se expresaba ayer Luis Fernando Cartagena apenas una hora antes de regresar a la prisión de Albacete, tras disfrutar de un permiso de fin de semana, para el que el probablemente será su último ingreso por esta causa. A preguntas de este diario, Cartagena explicó que está a la espera de que se resuelvan unos trámites administrativos para que se haga efectivo el cambio de grado del segundo al tercero inicial y poder regresar así a Valencia, donde seguirá cumpliendo la pena, pero ya con control telemático.
El ex conseller resaltó el hecho que hubiera habido unanimidad en la junta de tratamiento de la cárcel para acceder este cambio, solicitado por su abogado, y que desde que se produjeron los hechos «no haya tenido ni una multa de tráfico». Aseguró que «sigo con mi vocación de vivir tranquilo» y, a la pregunta de si se iba a volver a incorporar a su actividad profesional en una mercantil de telefonía, precisó que «tengo que preparar mi adaptación a la vida profesional pero no reincorporarme porque no me he ido, me han seguido pagando».
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Abren juicio a Cartagena por las primas únicas tras lograr el tercer grado en la condena que cumple
La fiscalía pide tres años para el ex conseller por fraude fiscal
. A. Martínez/D. Pamies, Alicante
El juzgado de Instrucción número cuatro de Orihuela ya ha dado por cerrada la instrucción y ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el otro caso Cartagena. El fiscal pide para el ex conseller Luis Fernando Cartagena una pena de tres años de prisión por fraude fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex político el tercer grado inicial, en la otra causa judicial y a la que fue condenado en su día a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad. Como ya publicó Levante-EMV, una pulsera de control telemático le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas, como condición para no tener que volver a la prisión de Albacete.
Sin embargo, la apertura del juicio oral no va a suponer rapidez en la celebración de la vista. A pesar de que el juzgado de lo Penal tres de Orihuela es de reciente creación, ya se encuentra totalmente colapsado. La nueva sala de lo Penal tiene cerca de 1.500 ejecutorias pendientes, así como una lista de espera de 700 señalamientos. Por ello, ayer todavía se desconocía cuándo será la fecha exacta en la que se celebrará el proceso. La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivada en la Audiencia Nacional para los directivos del Banco de Santander y otros clientes.
La implicación del ex conseller fue desgajada en su día de la causa principal por la juez Maria Teresa Palacios, que hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los directores del banco; y otra el fraude fiscal presuntamente cometido por los titulares de los productos financieros llamados cesiones de crédito, que ofrecían el reclamo de ser opacos a Hacienda. La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regular su situación con el fisco. Cartagena no se acogió a ese proceso porque no ha reconocido en ningún momento ser el titular del dinero.
El escrito de acusación, sostiene que era Cartagena quien realmente estaba tras las cuentas investigadas, que figuraban con el nombre de un empresario ilicitano ya fallecido. Según el fiscal, Cartagena declaró a Hacienda en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos, pese a que tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa al ex conseller de un fraude a Hacienda que asciende a medio millón de euros, por el que pide tres años de prisión y una multa de dos millones de euros.
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Marcos: "Hay dos varas de medir, una para el PP y otra para el resto"
Levante-EMV, Valencia
La diputada autonómica y coordinadora de EUPV, Gloria Marcos, señaló ayer que la Justicia tiene "dos varas de medir" una para el "entorno del PP" y otra para el resto, al tiempo que manifestó ayer su "indignación" por que el ex conseller de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de prisión "complete la pena en su casa" y apuntó que "es de vergüenza que Cartagena vaya a estar sólo tres meses en la prisión", señaló Glòria Marcos, que fue la única dirigente política en salir ayer a valorar el nuevo régimen penitenciario del ex alcalde de Orihuela y ex conseller.Asimismo, añadió que "esta decisión no es más que el indulto que él pedía" apuntó Marcos, quien se preguntó "cuál es el mensaje se está lanzando a la sociedad con esta actuación".
"Una justicia, según quien seas"Marcos, que en un comunicado se refirió así al acceso a una situación de tercer grado por parte de Cartagena, opinó que es "lamentable la diferencia que existe en la aplicación de la justicia según quien seas", ya que, a su juicio, al entorno del PP "se le aplica una vara de medir, pero si eres cualquier otro ciudadano se aplica otra vara". "Es vergonzoso que esto esté pasando en un país teóricamente democrático", apostilló Marcos.
La coordinadora de EUPV además añadió que la decisión de que Cartagena cumpla lo que le queda de pena en su casa es "inadmisible, no solo porque es prácticamente toda la pena la que pasará a su domicilio particular, sino porque esta acción es como darle un indulto a los pocos meses de ingresar a prisión, tal y como él pedía", dijo la diputada.
Marcos afirmó que ante este caso, "es vital hacer una reflexión y exigir que el poder judicial sea independiente, capaz de juzgar con imparcialidad, porque sino es así, están atacando los pilares básicos de la democracia". El ex conseller Cartagena ha logrado una situación penitenciaria privilegiada ya que en tres meses ha accedido a la posibilidad de cumplir la condena en su casa.
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EpC al País Valencià.
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A la república bananera del PV el sàtrapa nostrat no sap com fer per romandre al poder i per ajudar el cap de La Cosa Seua a arribar-hi a l'estatal. El PP -Partit Proletari si jutgem con n'estan de preocupats per l'mpacte de la crisi sobre els treballadors- segueix utilitzar com a contrapoder per fer oposició les autonomies on governa, sobretot València i Madrid, passant per l'angonal les lleis estatals de superior rang i obligat compliment, encara que sigui per la via de segrestar la comunitat educativa de llurs autonomies. Utilitzar la rebel.lia contra l'EpC o en el tema de la sanitat o de la dependència no és sinó la peculiar manera de fer oposició de la nostra dreta.
Ja sabem que, com Jaime Camino fa dir al General Rojo contestant el també General -de Navarra- Mola a "Dragon Rapide": "Todos sabemos dónde tenemos los militares la bandera: en los cojones". Allí i al compte corrent té la nostra dreta la pàtria, la bandera i la parada militar del Dia de les Forces Armades -¡qué coñazo tengo para mañana!-.
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CCOO pide al TSJ que anule las instrucciones sobre Ciudadanía por "incumplir" el auto de suspensión cautelar
El sindicato considera que hay conflicto por la presencia simultánea en el aula de dos docentes y porque el profesor de inglés participa en la evaluación.
EUROPA PRESS
El sindicato CCOO ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la anulación de las instrucciones emitidas por al Conselleria de Educación sobre la impartición de la asignatura Educación para al Ciudadanía por entender que "incumplen" el contenido del auto de suspensión cautelar dictado por ese organismo y que anulaba la opción B --aprobar la materia con un trabajo-- y evaluar los conocimientos de lengua inglesa, informaron hoy fuentes sindicales.
Así, el pasado 2 de octubre, ante la misma Sala que emitió el auto de suspensión cautelar de la Orden de 10 de junio de 2008 por la que se regula la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, se presentó un escrito de Incidente de Ejecución del referido auto por entender que las Instrucciones que se publicaron el 15 de septiembre, firmadas por los directores generales de Personal y de Ordenación "entran en colisión con la parte resolutiva del auto de suspensión cautelar".
En concreto, la federación de enseñanza de CCOO entiende que el conflicto se produce "con los dos puntos nucleares de las citadas Instrucciones: la presencia simultánea en el aula de dos profesores --el de filosofía o geografía e historia y el de inglés-- y que el profesor de inglés participaba en la elaboración de los criterios de evaluación y por consiguiente en la evaluación", explicaron las mismas fuentes.El pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Justicia dio traslado a la Conselleria de Educación del escrito de CCOO de cuyo contenido son conocedores sus responsables políticos desde el viernes de la semana pasada.
"Estos saben perfectamente de la fuerza de nuestro razonamiento y que esas instrucciones serán declaradas contrarias al auto de suspensión cautelar por lo que a la Federación de Enseñanza de CCOO PV", afirmaron fuentes de la entidad, que agregaron que por ello, "no le ha extrañado que la Conselleria haya manifestado hoy en la mesa de portavoces que va a modificar las Instrucciones por lo que hace referencia a la presencia del profesor de inglés en el aula mientras se explica Educación para la Ciudadanía y que este participe en la evaluación de esa materia".
"Después de esto --prosiguieron-- ya sólo queda la Orden en su parte no suspendida que es que se dé en inglés, lo que significa que allí donde esté o haya ido un profesor o una profesora de Filosofía o de Geografía e Historia con competencias en la lengua inglesa se impartirá en esa lengua o en la que ese profesorado considere pedagógicamente oportuno, atendiendo a las capacidades y necesidades de su alumnado o a las peticiones del mismo".
Esta parte como el resto de la Orden, "al haber sido objeto de la impugnación de la Federación de Enseñanza de CCOO PV, será objeto de la sentencia que pronuncie la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, del TSJCV, pero mientras ese fallo se produce en aquellos centros en los que Educación para la Ciudadanía no haya sido adscrita a un profesor a una profesora de Filosofía o Geografía e Historia con competencias en inglés, esa asignatura se deberá impartirse en una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y respetando escrupulosamente el derecho constitucional de libertad de cátedra".
Desde CCOO PV pusieron de relieve también que desde la Conselleria se les ha manifestado que no se ha abierto expediente disciplinario alguno por esta causa, pues "obviamente, de abrirse alguno, son plenamente consciente de que una vez anuladas las instrucciones los expedientes abiertos como consecuencia del supuesto incumplimiento de las mismas carecerían de motivación y no podrían concluirse con una propuesta de sanción, por lo que estarían obligados a su archivo", argumentaron.
Finalmente, recalcaron que "en ningún caso la FE CCOO PV entrará a negociar instrucción alguna que desarrolle una orden cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia".
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Cadena contra Educación
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Educación elaborará nuevas instrucciones para impartir EpC y reitera que habrá expedientes
CCOO, UGT y STEPV abandonan la junta de portavoces y los directores de Secundaria creen que la propuesta "no supone una solución"
EUROPA PRESS
La Conselleria de Educación va a elaborar, ante las "dudas" planteadas por la actual normativa, unas "instrucciones complementarias y aclaratorias" dirigidas al profesorado de los centros de la Comunitat sobre cómo impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de facilitar que los docentes "puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley". Estas aclaraciones "se refieren exclusivamente a la organización metodológica de la asignatura", apuntaron fuentes de este departamento, que advirtieron de que quien no cumpla la norma podrá ser expedientado.Así lo han comunicado hoy representantes de la Conselleria que dirige Alejandro Font de Mora o a los sindicatos y a los directores de Secundaria, con los que se han mantenido reuniones.
Desde la Conselleria de Educación señalaron a Europa Press que, "ante las dudas planteadas por la aplicación de la actual normativa, los representantes de la Administración se han comprometido a elaborar unas instrucciones complementarias y aclaratorias dirigidas al profesorado sobre cómo impartir la asignatura para facilitar que estos puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley".
Agregaron que el director general de personal docente, David Barelles, ha manifestado a los representantes de la comunidad educativa la voluntad de "cooperar, colaborar y ayudar en todo lo posible al normal funcionamiento de los centros educativos en esta cuestión", al tiempo que reiteró que "aquellos que no cumplan la norma podrán ser expedientados".
Tras este encuentro, los sindicados FE-CCOO, FETE-UGT-PV y STEPV-Iv han abandonado la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación al "no obtener una respuesta positiva de la Conselleria para resolver el conflicto de EpC", anunciaron estas entidades en un comunicado
Los sindicatos criticaron que la Administración "no se haya comprometido a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en valenciano o castellano" y sobre las instrucciones aclaratorias consideraron que, "aun cuando es un reconocimiento explícito de que la Conselleria está haciendo mal las cosas, no resuelve el conflicto creado en el sistema educativo valenciano".
Ante esa propuesta, CCOO, UGT y STEPV han pedido "que no se abra ningún expediente a ningún profesor por EpC; que se deje a los centros impartir EpC de acuerdo con su programa lingüístico y que se elabore un calendario de negociación pactado que aborde los problemas reales que tienen los centros docentes".
Al no darse "ningún avance en la negociación", afirmaron, los tres sindicatos han pedido la convocatoria de una próxima reunión presidida por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, para "reconducir la situación" y abandonaron la reunión a la espera de una nueva convocatoria.
El otro sindicato representado en la Mesa, Anpe, entendió que con las instrucciones aclaratorias "la Conselleria accede a nuestra petición de que la asignatura EpC sea impartida por un solo profesor en el aula". Desde Anpe recordaron que son contrarios a la inclusión en el currículo de esta asignatura aunque recalcaron que acatan su impartición en inglés en la Comunitat, "siempre que los tribunales no se pronuncien en contra".
"ÚNICO AVANCE"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de directores de Secundaria, Vicent Bagetto, declaró que estas instrucciones aclaratorias han supuesto el "único avance" tras al reunión que ha mantenido el colectivo con Concha Gómez.
No obstante, Bagetto subrayó a Europa Press que esta propuesta "no significa una solución, ya que va en la misma línea que hasta el momento ha mantenido la Conselleria de Educación". "Se han ratificado en que la línea roja es la impartición de la materia en inglés", agregó el director.
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Los sindicatos aseguran que el 85% de los centros educativos participa en los encierros
Para mañana está prevista una concentración simultánea en Castelló, Alicante y Valencia en las delegaciones de la Generalitat bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión".
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Sí: una conspiració judeomasònica.
El Consell cree que las protestas contra Ciudadanía esconden intereses políticos
Rambla afirmó que "cuando se habla con los profesores, no tienen inconveniente en que se dé en inglés"
EUROPA PRESS
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró hoy que no entiende los motivos de las manifestaciones en contra de la orden de la Conselleria para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y para pedir que se imparta en valenciano o castellano. En este sentido, dijo que estas protestas "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación".
Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell señaló, tras ser preguntado por la manifestación ayer en contra de la orden autonómica de Educación para la Ciudadanía (EpC), consideró que "no hay ninguna razón" para que no se imparta esta asignatura que además puede hacerse en inglés, señaló.
En este sentido, criticó que se está "utilizando como excusa" la confrontación porque "cuando se habla con ellos --los profesores--, no tienen inconveniente en que se dé en inglés", afirmó.
Así pues, "si no tienen inconveniente en que se dé en inglés y quieren que se dé la asignatura, no entiendo por qué todas estas movilizaciones" que "creo que esconden otra cosa", apostilló.
El portavoz del Consell dijo al respecto que estas movilizaciones "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación". Pero, "frente a eso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de manifestarnos todos en las urnas" y, mientras "como Estado de Derecho, intentaremos cumplir la Ley como Gobierno" y hacerla cumplir a "todo el mundo", aseveró.
Por tanto, apuntó que "no hay ningún inconveniente" para que nuestros alumnos hablen valenciano, castellano y puedan también hablar inglés" y "como estamos convencidos de que eso es bueno para nuestra sociedad y futuro, respetando todas las opiniones que pueda tener parte de esa comunidad educativa, por decirlo de alguna forma --dijo en relación a a los manifestantes--, seguimos creyendo que este es un proyecto que es bueno para la enseñanza en la Comunitat y para el futuro de los alumnos".
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Clamor contra la política de Font de Mora
Las concentraciones anti Ciudadanía en inglés reunieron a miles de profesores, padres y alumnos
Maite Ducajú, ValenciaLa escueta pancarta resumía el malestar de los profesores, padres y alumnos que ayer se concentraron en la plaza de Manises de Valencia, ante el Palau de la Generalitat. "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió" fue el lema que firmaba, sin siglas, la Plataforma per l'Ensenyament Públic.Igual que en Valencia, con unas 3.200 personas concentradas -mil según la policía local-, las movilizaciones se repitieron en Castelló, con un millar, y en Alicante, alrededor de 3.000, según los datos que ofrecieron los sindicatos docentes al concluir la protesta en la que, sólo al final, se llegó a realizar la cadena humana, más por falta de organización que de personas. En total, unos 7.000 manifestantes -hasta 11.000 los eleva el STE- que clamaron contra "el caos" que, en su opinión, ha supuesto la política educativa del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller titular, Alejandro Font de Mora, con el eje de su normativa sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés, según repitieron uno tras otro los portavoces de las distintas organizaciones. Hacía más de diez años, y fue contra el mapa escolar, que no se daba una movilización tan secundada contra la Generalitat, recordó Luis Trapiello, de CC OO.Junto a los representantes del STE-PV, FE-CC OO, FETE-UGT, estaban los de la FAPA, la Escola Valenciana, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, el Sindicat d'Estudiants, los movimientos de renovación pedagógica, un buen porcentaje de la comunidad escolar y muchos líderes de los grupos políticos de la oposición. Por el PSPV acudieron su secretario general Jorge Alarte y Carmen Alborch; el del Bloc, Enric Morera o los responsables de UGT y CC OO, Rafael Recuenco y Joan Sifre.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, encargada de leer en valenciano el manifiesto con las reivindicaciones, realizó un simulacro con un profesor de inglés, traduciendo en esta esta lengua, de cómo se da la asignatura de Ciudadanía con dos docentes: "Do you understand?" (¿Entendéis) dijeron."El sistema educativo valenciano es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente" afirmó Piqué, quien pidió la retirada de la orden de Ciudadanía en inglés así como "la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra profesores o directivos". Subrayó, también, que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real" del castellano y el valenciano.
Durante la protesta se escucharon o leyeron lemas como "Yo también tengo Fontdemoramanía" o "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión".Los próximos días 20 y 27 están previstas nuevas concentraciones, además de una asamblea y una movilización estudiantil.
Indignación de los equipos directivosMiembros de los equipos directivos valencianos también se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat reclamando trabajar en condiciones. El presidente de la permanente, Vicent Baggetto, explicó a Levante-EMV que se habían autoconvocado para manifestar "nuestro descontento" ante las dificultades que han tenido este curso para organizarlo por las distintas instrucciones de la Conselleria de Educación o el retraso en recibirlas.
"La situación continua siendo la misma; no hay movimiento ni avance" explicó Baggetto sobre el anuncio de la conselleria de emitir unas normas que "aclaren" sus propias instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía en inglés.
"De momento, de aclaración, nada" aseguró."Si el curso ha empezado sin mayores problemas es porque los equipos directivos nos hemos dejado la piel" añadió el director del instituto Joan Fuster, de Sueca, quien recordó que "ésta es la primera vez que pasa una situación como la actual".
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El PP veta EpC en lenguas oficiales porque "muchísimos padres están encantados de que sea en inglés"
Camps dice que el secretario de la Unesco también lo apoyó y el PSPV le advierte que "pasará a la historia como presidente de los esperpentos"
Comunitat Valenciana
J. G. G., Valencia La comunidad educativa está en pie de guerra pero el PP apeló ayer a que "hay muchísimos padres que están encantados con que Educación para la Ciudadanía (EPC) se dé en inglés" para rechazar sendas propuestas del PSPV y de Compromís que reclamaban que la asignatura se imparta en una lengua oficial, castellano o valenciano, pero no en inglés con un profesor de traductor simultáneo. "No sé en qué Comunitat Valenciana vive usted; imagino que estamos en comunidades diferentes", continuó la popular Maira Barrieras al socialista Adolf Sanmartín, para insistir en que los padres demandan Education for the Citizenship para que la Comunitat sea, dijo, "pionera" en potenciar esta lengua.
El debate de la propuesta fue el colofón de una mañana en las Corts -seguida desde el palco de invitados por los sindicatos educativos- que comenzó con la pregunta del portavoz socialista, Ángel Luna, al presidente Francisco Camps. Luna, quien acusó al jefe del Consell de actuar al dictado de la "jerarquía católica", le recriminó el haber generado un "caos organizativo de todo tipo" por "torpeza, porque son unos torpes", o bien "porque quieren utilizar a los niños para una batalla moral que no se tiene que dar aquí". El PP, dijo, "sigue sin aceptar una ética pública, civil, sin estar secularizado". "Son ustedes premodernos", asestó, para ofrecerle un "pacto", "retire la orden y hablaremos en serio del asunto".
El peaje de ser "novedosos y mejorar"
Camps ni lo consideró al entenderlo como una "imposición". El presidente defendió que el modelo de EpC en inglés es "responsable, coherente y correcto", y negó que le mueva "ninguna jerarquía" ("si fuera en latín lo entendería, pero no en inglés", ironizó), sino que el Consell tomó la decisión "en aras de su propia competencia". Además del "apoyo" de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, Camps desveló que el secretario general de la Unesco le dijo en el Palau que la iniciativa era "excepcional", e incluso acusó al PSPV de "boicotear la asignatura". El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, admitió que el "proceso inicial complejo" dará paso "poco a poco a la normalidad", un precio que hay que pagar, vino a decir, si se quiere "mejorar", porque "hay que ser novedosos".
Manuel Bueno (PSPV) avisó a Camps: O rectifica o "pasará a la historia como presidente de los esperpentos".
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El Gobierno apela a un "diálogo responsable"
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A la república bananera del PV el sàtrapa nostrat no sap com fer per romandre al poder i per ajudar el cap de La Cosa Seua a arribar-hi a l'estatal. El PP -Partit Proletari si jutgem con n'estan de preocupats per l'mpacte de la crisi sobre els treballadors- segueix utilitzar com a contrapoder per fer oposició les autonomies on governa, sobretot València i Madrid, passant per l'angonal les lleis estatals de superior rang i obligat compliment, encara que sigui per la via de segrestar la comunitat educativa de llurs autonomies. Utilitzar la rebel.lia contra l'EpC o en el tema de la sanitat o de la dependència no és sinó la peculiar manera de fer oposició de la nostra dreta.
Ja sabem que, com Jaime Camino fa dir al General Rojo contestant el també General -de Navarra- Mola a "Dragon Rapide": "Todos sabemos dónde tenemos los militares la bandera: en los cojones". Allí i al compte corrent té la nostra dreta la pàtria, la bandera i la parada militar del Dia de les Forces Armades -¡qué coñazo tengo para mañana!-.
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CCOO pide al TSJ que anule las instrucciones sobre Ciudadanía por "incumplir" el auto de suspensión cautelar
El sindicato considera que hay conflicto por la presencia simultánea en el aula de dos docentes y porque el profesor de inglés participa en la evaluación.
EUROPA PRESS
El sindicato CCOO ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la anulación de las instrucciones emitidas por al Conselleria de Educación sobre la impartición de la asignatura Educación para al Ciudadanía por entender que "incumplen" el contenido del auto de suspensión cautelar dictado por ese organismo y que anulaba la opción B --aprobar la materia con un trabajo-- y evaluar los conocimientos de lengua inglesa, informaron hoy fuentes sindicales.
Así, el pasado 2 de octubre, ante la misma Sala que emitió el auto de suspensión cautelar de la Orden de 10 de junio de 2008 por la que se regula la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, se presentó un escrito de Incidente de Ejecución del referido auto por entender que las Instrucciones que se publicaron el 15 de septiembre, firmadas por los directores generales de Personal y de Ordenación "entran en colisión con la parte resolutiva del auto de suspensión cautelar".
En concreto, la federación de enseñanza de CCOO entiende que el conflicto se produce "con los dos puntos nucleares de las citadas Instrucciones: la presencia simultánea en el aula de dos profesores --el de filosofía o geografía e historia y el de inglés-- y que el profesor de inglés participaba en la elaboración de los criterios de evaluación y por consiguiente en la evaluación", explicaron las mismas fuentes.El pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Justicia dio traslado a la Conselleria de Educación del escrito de CCOO de cuyo contenido son conocedores sus responsables políticos desde el viernes de la semana pasada.
"Estos saben perfectamente de la fuerza de nuestro razonamiento y que esas instrucciones serán declaradas contrarias al auto de suspensión cautelar por lo que a la Federación de Enseñanza de CCOO PV", afirmaron fuentes de la entidad, que agregaron que por ello, "no le ha extrañado que la Conselleria haya manifestado hoy en la mesa de portavoces que va a modificar las Instrucciones por lo que hace referencia a la presencia del profesor de inglés en el aula mientras se explica Educación para la Ciudadanía y que este participe en la evaluación de esa materia".
"Después de esto --prosiguieron-- ya sólo queda la Orden en su parte no suspendida que es que se dé en inglés, lo que significa que allí donde esté o haya ido un profesor o una profesora de Filosofía o de Geografía e Historia con competencias en la lengua inglesa se impartirá en esa lengua o en la que ese profesorado considere pedagógicamente oportuno, atendiendo a las capacidades y necesidades de su alumnado o a las peticiones del mismo".
Esta parte como el resto de la Orden, "al haber sido objeto de la impugnación de la Federación de Enseñanza de CCOO PV, será objeto de la sentencia que pronuncie la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, del TSJCV, pero mientras ese fallo se produce en aquellos centros en los que Educación para la Ciudadanía no haya sido adscrita a un profesor a una profesora de Filosofía o Geografía e Historia con competencias en inglés, esa asignatura se deberá impartirse en una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y respetando escrupulosamente el derecho constitucional de libertad de cátedra".
Desde CCOO PV pusieron de relieve también que desde la Conselleria se les ha manifestado que no se ha abierto expediente disciplinario alguno por esta causa, pues "obviamente, de abrirse alguno, son plenamente consciente de que una vez anuladas las instrucciones los expedientes abiertos como consecuencia del supuesto incumplimiento de las mismas carecerían de motivación y no podrían concluirse con una propuesta de sanción, por lo que estarían obligados a su archivo", argumentaron.
Finalmente, recalcaron que "en ningún caso la FE CCOO PV entrará a negociar instrucción alguna que desarrolle una orden cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia".
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Cadena contra Educación
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Educación elaborará nuevas instrucciones para impartir EpC y reitera que habrá expedientes
CCOO, UGT y STEPV abandonan la junta de portavoces y los directores de Secundaria creen que la propuesta "no supone una solución"
EUROPA PRESS
La Conselleria de Educación va a elaborar, ante las "dudas" planteadas por la actual normativa, unas "instrucciones complementarias y aclaratorias" dirigidas al profesorado de los centros de la Comunitat sobre cómo impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de facilitar que los docentes "puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley". Estas aclaraciones "se refieren exclusivamente a la organización metodológica de la asignatura", apuntaron fuentes de este departamento, que advirtieron de que quien no cumpla la norma podrá ser expedientado.Así lo han comunicado hoy representantes de la Conselleria que dirige Alejandro Font de Mora o a los sindicatos y a los directores de Secundaria, con los que se han mantenido reuniones.
Desde la Conselleria de Educación señalaron a Europa Press que, "ante las dudas planteadas por la aplicación de la actual normativa, los representantes de la Administración se han comprometido a elaborar unas instrucciones complementarias y aclaratorias dirigidas al profesorado sobre cómo impartir la asignatura para facilitar que estos puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley".
Agregaron que el director general de personal docente, David Barelles, ha manifestado a los representantes de la comunidad educativa la voluntad de "cooperar, colaborar y ayudar en todo lo posible al normal funcionamiento de los centros educativos en esta cuestión", al tiempo que reiteró que "aquellos que no cumplan la norma podrán ser expedientados".
Tras este encuentro, los sindicados FE-CCOO, FETE-UGT-PV y STEPV-Iv han abandonado la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación al "no obtener una respuesta positiva de la Conselleria para resolver el conflicto de EpC", anunciaron estas entidades en un comunicado
Los sindicatos criticaron que la Administración "no se haya comprometido a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en valenciano o castellano" y sobre las instrucciones aclaratorias consideraron que, "aun cuando es un reconocimiento explícito de que la Conselleria está haciendo mal las cosas, no resuelve el conflicto creado en el sistema educativo valenciano".
Ante esa propuesta, CCOO, UGT y STEPV han pedido "que no se abra ningún expediente a ningún profesor por EpC; que se deje a los centros impartir EpC de acuerdo con su programa lingüístico y que se elabore un calendario de negociación pactado que aborde los problemas reales que tienen los centros docentes".
Al no darse "ningún avance en la negociación", afirmaron, los tres sindicatos han pedido la convocatoria de una próxima reunión presidida por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, para "reconducir la situación" y abandonaron la reunión a la espera de una nueva convocatoria.
El otro sindicato representado en la Mesa, Anpe, entendió que con las instrucciones aclaratorias "la Conselleria accede a nuestra petición de que la asignatura EpC sea impartida por un solo profesor en el aula". Desde Anpe recordaron que son contrarios a la inclusión en el currículo de esta asignatura aunque recalcaron que acatan su impartición en inglés en la Comunitat, "siempre que los tribunales no se pronuncien en contra".
"ÚNICO AVANCE"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de directores de Secundaria, Vicent Bagetto, declaró que estas instrucciones aclaratorias han supuesto el "único avance" tras al reunión que ha mantenido el colectivo con Concha Gómez.
No obstante, Bagetto subrayó a Europa Press que esta propuesta "no significa una solución, ya que va en la misma línea que hasta el momento ha mantenido la Conselleria de Educación". "Se han ratificado en que la línea roja es la impartición de la materia en inglés", agregó el director.
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Los sindicatos aseguran que el 85% de los centros educativos participa en los encierros
Para mañana está prevista una concentración simultánea en Castelló, Alicante y Valencia en las delegaciones de la Generalitat bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión".
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Sí: una conspiració judeomasònica.
El Consell cree que las protestas contra Ciudadanía esconden intereses políticos
Rambla afirmó que "cuando se habla con los profesores, no tienen inconveniente en que se dé en inglés"
EUROPA PRESS
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró hoy que no entiende los motivos de las manifestaciones en contra de la orden de la Conselleria para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y para pedir que se imparta en valenciano o castellano. En este sentido, dijo que estas protestas "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación".
Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell señaló, tras ser preguntado por la manifestación ayer en contra de la orden autonómica de Educación para la Ciudadanía (EpC), consideró que "no hay ninguna razón" para que no se imparta esta asignatura que además puede hacerse en inglés, señaló.
En este sentido, criticó que se está "utilizando como excusa" la confrontación porque "cuando se habla con ellos --los profesores--, no tienen inconveniente en que se dé en inglés", afirmó.
Así pues, "si no tienen inconveniente en que se dé en inglés y quieren que se dé la asignatura, no entiendo por qué todas estas movilizaciones" que "creo que esconden otra cosa", apostilló.
El portavoz del Consell dijo al respecto que estas movilizaciones "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación". Pero, "frente a eso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de manifestarnos todos en las urnas" y, mientras "como Estado de Derecho, intentaremos cumplir la Ley como Gobierno" y hacerla cumplir a "todo el mundo", aseveró.
Por tanto, apuntó que "no hay ningún inconveniente" para que nuestros alumnos hablen valenciano, castellano y puedan también hablar inglés" y "como estamos convencidos de que eso es bueno para nuestra sociedad y futuro, respetando todas las opiniones que pueda tener parte de esa comunidad educativa, por decirlo de alguna forma --dijo en relación a a los manifestantes--, seguimos creyendo que este es un proyecto que es bueno para la enseñanza en la Comunitat y para el futuro de los alumnos".
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Clamor contra la política de Font de Mora
Las concentraciones anti Ciudadanía en inglés reunieron a miles de profesores, padres y alumnos
Maite Ducajú, ValenciaLa escueta pancarta resumía el malestar de los profesores, padres y alumnos que ayer se concentraron en la plaza de Manises de Valencia, ante el Palau de la Generalitat. "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió" fue el lema que firmaba, sin siglas, la Plataforma per l'Ensenyament Públic.Igual que en Valencia, con unas 3.200 personas concentradas -mil según la policía local-, las movilizaciones se repitieron en Castelló, con un millar, y en Alicante, alrededor de 3.000, según los datos que ofrecieron los sindicatos docentes al concluir la protesta en la que, sólo al final, se llegó a realizar la cadena humana, más por falta de organización que de personas. En total, unos 7.000 manifestantes -hasta 11.000 los eleva el STE- que clamaron contra "el caos" que, en su opinión, ha supuesto la política educativa del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller titular, Alejandro Font de Mora, con el eje de su normativa sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés, según repitieron uno tras otro los portavoces de las distintas organizaciones. Hacía más de diez años, y fue contra el mapa escolar, que no se daba una movilización tan secundada contra la Generalitat, recordó Luis Trapiello, de CC OO.Junto a los representantes del STE-PV, FE-CC OO, FETE-UGT, estaban los de la FAPA, la Escola Valenciana, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, el Sindicat d'Estudiants, los movimientos de renovación pedagógica, un buen porcentaje de la comunidad escolar y muchos líderes de los grupos políticos de la oposición. Por el PSPV acudieron su secretario general Jorge Alarte y Carmen Alborch; el del Bloc, Enric Morera o los responsables de UGT y CC OO, Rafael Recuenco y Joan Sifre.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, encargada de leer en valenciano el manifiesto con las reivindicaciones, realizó un simulacro con un profesor de inglés, traduciendo en esta esta lengua, de cómo se da la asignatura de Ciudadanía con dos docentes: "Do you understand?" (¿Entendéis) dijeron."El sistema educativo valenciano es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente" afirmó Piqué, quien pidió la retirada de la orden de Ciudadanía en inglés así como "la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra profesores o directivos". Subrayó, también, que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real" del castellano y el valenciano.
Durante la protesta se escucharon o leyeron lemas como "Yo también tengo Fontdemoramanía" o "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión".Los próximos días 20 y 27 están previstas nuevas concentraciones, además de una asamblea y una movilización estudiantil.
Indignación de los equipos directivosMiembros de los equipos directivos valencianos también se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat reclamando trabajar en condiciones. El presidente de la permanente, Vicent Baggetto, explicó a Levante-EMV que se habían autoconvocado para manifestar "nuestro descontento" ante las dificultades que han tenido este curso para organizarlo por las distintas instrucciones de la Conselleria de Educación o el retraso en recibirlas.
"La situación continua siendo la misma; no hay movimiento ni avance" explicó Baggetto sobre el anuncio de la conselleria de emitir unas normas que "aclaren" sus propias instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía en inglés.
"De momento, de aclaración, nada" aseguró."Si el curso ha empezado sin mayores problemas es porque los equipos directivos nos hemos dejado la piel" añadió el director del instituto Joan Fuster, de Sueca, quien recordó que "ésta es la primera vez que pasa una situación como la actual".
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El PP veta EpC en lenguas oficiales porque "muchísimos padres están encantados de que sea en inglés"
Camps dice que el secretario de la Unesco también lo apoyó y el PSPV le advierte que "pasará a la historia como presidente de los esperpentos"
Comunitat Valenciana
J. G. G., Valencia La comunidad educativa está en pie de guerra pero el PP apeló ayer a que "hay muchísimos padres que están encantados con que Educación para la Ciudadanía (EPC) se dé en inglés" para rechazar sendas propuestas del PSPV y de Compromís que reclamaban que la asignatura se imparta en una lengua oficial, castellano o valenciano, pero no en inglés con un profesor de traductor simultáneo. "No sé en qué Comunitat Valenciana vive usted; imagino que estamos en comunidades diferentes", continuó la popular Maira Barrieras al socialista Adolf Sanmartín, para insistir en que los padres demandan Education for the Citizenship para que la Comunitat sea, dijo, "pionera" en potenciar esta lengua.
El debate de la propuesta fue el colofón de una mañana en las Corts -seguida desde el palco de invitados por los sindicatos educativos- que comenzó con la pregunta del portavoz socialista, Ángel Luna, al presidente Francisco Camps. Luna, quien acusó al jefe del Consell de actuar al dictado de la "jerarquía católica", le recriminó el haber generado un "caos organizativo de todo tipo" por "torpeza, porque son unos torpes", o bien "porque quieren utilizar a los niños para una batalla moral que no se tiene que dar aquí". El PP, dijo, "sigue sin aceptar una ética pública, civil, sin estar secularizado". "Son ustedes premodernos", asestó, para ofrecerle un "pacto", "retire la orden y hablaremos en serio del asunto".
El peaje de ser "novedosos y mejorar"
Camps ni lo consideró al entenderlo como una "imposición". El presidente defendió que el modelo de EpC en inglés es "responsable, coherente y correcto", y negó que le mueva "ninguna jerarquía" ("si fuera en latín lo entendería, pero no en inglés", ironizó), sino que el Consell tomó la decisión "en aras de su propia competencia". Además del "apoyo" de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, Camps desveló que el secretario general de la Unesco le dijo en el Palau que la iniciativa era "excepcional", e incluso acusó al PSPV de "boicotear la asignatura". El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, admitió que el "proceso inicial complejo" dará paso "poco a poco a la normalidad", un precio que hay que pagar, vino a decir, si se quiere "mejorar", porque "hay que ser novedosos".
Manuel Bueno (PSPV) avisó a Camps: O rectifica o "pasará a la historia como presidente de los esperpentos".
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El Gobierno apela a un "diálogo responsable"
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