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Amenazan con suspender la atención a 1.000 enfermos mentales por falta de medios
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental denuncia que la Conselleria de Sanidad adeuda el total de la subvención que debían recibir
EFE
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) informa hoy que la Comunitat Valenciana suspenderá los servicios de atención a las personas con enfermedad mental ante la falta de financiación.
FEAFES junto con otras entidades prestadoras de servicios a personas con enfermedad mental y tras la reunión mantenida el día 11 de noviembre, como consecuencia de la política seguida por el Gobierno Valenciano a través de las Consellerías de Bienestar Social y Sanidad, denuncia que la Consellería de Sanidad adeuda a fecha de 11 de noviembre el 100% de la subvención aprobada, se indica en una nota.
Como consecuencia, debe a las entidades miembro de FEAFES-CV cerca de 1 millón de Euros.Señala que para el 2009 existe una disminución en las partidas para la atención a personas con enfermedad mental, tal y como reflejan los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio del próximo año.
Igualmente, indica que por parte de la Consellería de Bienestar Social no se han cumplido los acuerdos en referencia a la forma de pago, en 3 partes de subvención, para el presente ejercicio.
Este hecho ha provocado una insostenibilidad en los recursos de atención a las personas con enfermedad mental.FEAFES ha acordado que, partir del lunes 17 de noviembre se suspenderá la prestación de servicios de atención domiciliaria para personas con enfermedad mental en la Comunitat Valenciana, afectando dicho cierre aproximadamente a 1.000 usuarios.
Asimismo, a partir del Viernes 21 y todos los viernes posteriores se van a realizar paros de un día de duración en los Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS ) y Centros de día para personas con enfermedad mental, debido a la falta de resolución y pago de la subvención íntegra de este año.
Esta medida afectará a más de 1.500 plazas, además, se realizarán concentraciones de protesta en las localidades donde están ubicados dichos centros.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que reúne desde 1983 a 211 entidades, y que representa a más de 41.000 personas con enfermedad mental y a sus familias en todo el territorio nacional.
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divendres, 14 de novembre del 2008
dissabte, 18 d’octubre del 2008
Sanitat al País valencià.
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Comunitat Valenciana Sanitat
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La atención primaria se asfixia
Los especialistas piden un cambio en el sistema y aseguran que el actual "está agotado"
Levante-EMV, ValenciaLos médicos de atención primaria han urgido a la Administración a que cambie el actual sistema de atención primaria, ya que el actual "está agotado" y los pacientes exigen más y demandan atención sobre temas como dopaje o infertilidad que necesitan "formación continúa para esos facultativos".
Así lo expresaron ayer el presidente del XXX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco; el presidente del comité organizador, Ramón García-Noblejas, y la presidenta del comité científico, María Dolores Aicart, quienes indicaron de que a este congreso asisten más de cinco mil médicos.Zarco manifestó que la Atención Primaria "está en crisis" y que "sufre una parada evolutiva" por lo que ha considerado el congreso como el "foro ideal de encuentro entre profesionales y políticos" para "reflexionar sobre los pasos a dar para cambiar el actual sistema".
García-Noblejas, por su parte, aseguró que el sistema está "enfermo" y que la Atención Primaria "está casi muerta, pese a que es la base del sistema sanitario" y reivindicó la necesidad de que se invierta en atención primaria y no solo en hospitales, "que no son la panacea".
El especialista criticó la "sobrecarga" burocrática que afrontan los médicos de familia y abogó por "adecuar las consultas, mejorar la retribución y la permanencia" de los profesionales de primaria en su trabajo para lograr mayor estabilidad.
"O se produce un cambio en el concepto y la estructura o termina por desaparecer por la falta de profesionales que huyen de la especialidad de Medicina de Familia por el hospitalocentrismo en el que estamos inmersos", declaró.
Los especialistas destacaron que el médico de primaria es "el interlocutor directo con la población" y que su trabajo es promover, "la atención, promoción y educación en la salud". Y en este sentido indicaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix, y la píldora del día después, no deben ser "más que una herramienta dentro de la prevención".
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Comunitat Valenciana Sanitat
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La atención primaria se asfixia
Los especialistas piden un cambio en el sistema y aseguran que el actual "está agotado"
Levante-EMV, ValenciaLos médicos de atención primaria han urgido a la Administración a que cambie el actual sistema de atención primaria, ya que el actual "está agotado" y los pacientes exigen más y demandan atención sobre temas como dopaje o infertilidad que necesitan "formación continúa para esos facultativos".
Así lo expresaron ayer el presidente del XXX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco; el presidente del comité organizador, Ramón García-Noblejas, y la presidenta del comité científico, María Dolores Aicart, quienes indicaron de que a este congreso asisten más de cinco mil médicos.Zarco manifestó que la Atención Primaria "está en crisis" y que "sufre una parada evolutiva" por lo que ha considerado el congreso como el "foro ideal de encuentro entre profesionales y políticos" para "reflexionar sobre los pasos a dar para cambiar el actual sistema".
García-Noblejas, por su parte, aseguró que el sistema está "enfermo" y que la Atención Primaria "está casi muerta, pese a que es la base del sistema sanitario" y reivindicó la necesidad de que se invierta en atención primaria y no solo en hospitales, "que no son la panacea".
El especialista criticó la "sobrecarga" burocrática que afrontan los médicos de familia y abogó por "adecuar las consultas, mejorar la retribución y la permanencia" de los profesionales de primaria en su trabajo para lograr mayor estabilidad.
"O se produce un cambio en el concepto y la estructura o termina por desaparecer por la falta de profesionales que huyen de la especialidad de Medicina de Familia por el hospitalocentrismo en el que estamos inmersos", declaró.
Los especialistas destacaron que el médico de primaria es "el interlocutor directo con la población" y que su trabajo es promover, "la atención, promoción y educación en la salud". Y en este sentido indicaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix, y la píldora del día después, no deben ser "más que una herramienta dentro de la prevención".
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dilluns, 6 d’octubre del 2008
Comunitat Valenciana.
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Ara només cal estar alerta perquè el sàtrapa local no s'ho gasti en Fórmula 1, assessors, privatitzacions, deute de C9, ... I, a sobre, li tiri la culpa a Zapatero.
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El Gobierno destinará 85 millones para implantar la Ley de la Dependencia en la Comunitat
De la Vega ha anunciado un Plan de Acción para mejorar la independencia de las personas discapacitadas.
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy en Valencia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, un 38% más que en el presente ejercicio.
Fernández de la Vega ha hecho esta manifestaciones tras mantener una reunión con la nueva directiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), que el pasado viernes eligió a Juan Planells como presidente.
Según la vicepresidenta, durante la reunión los miembros del CERMI-CV le han transmitido su "preocupación" por el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat, una de las autonomías que "menos ha avanzado" en la aplicación de esta normativa, según ha dicho.
"Les he trasladado la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la Ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y en particular con aquellas, como es el caso de la valenciana, que han avanzado menos" en su aplicación.
La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno central "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la Ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones".
"Es un derecho de los ciudadanos y todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", ha precisado María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, Juan Planells ha explicado a los periodistas que durante la reunión han solicitado a Fernández de la Vega "transparencia" con la Ley de Dependencia, que ésta no entre "en el debate político" y que sea una normativa "de todos los españoles".
Según Planells, "hay extremos" en el desarrollo de esta Ley, ya que hay autonomías que van "más aprisa" y otras "más despacio", aunque "no es un tema de color político", y puso como ejemplo la Región de Murcia, donde gobierna el PP, "que ha hecho sus deberes y a 1 de septiembre tiene resuelto el 100% de los expedientes".
El dirigente del CERMI, entidad que representa al 95 por ciento de los más de 400.000 valencianos con discapacidad, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones"."De hecho, la Conselleria de Bienestar Social se ha reestructurado con una intención de agilizar las cosas", ha indicado Planells, quien ha considerado que el "tiempo dirá si será suficiente".
Fernández de la Vega ha informado además al CERMI-CV de que el Gobierno aprobará próximamente un Plan de Acción para personas con discapacidad, que tiene como objetivo continuar promoviendo la autonomía de las personas y diseñando y aplicando políticas públicas de forma que obtengan de ellas el mismo beneficio que el resto de las ciudadanos.
"De esa manera el Gobierno cumple su compromiso con la mejora de las condiciones y la calidad de las personas dependientes", ha indicado la vicepresidenta.
También ha destacado la estrategia global de Empleo para personas con discapacidad 2008-2012, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre y que constituirá, ha dicho, "una importante herramienta para la integración laboral" para estas personas a lo largo de la legislatura.
Las personas con discapacidad representan el 8,6% de la población activa pero solo el 4,1% del total de ocupados, ha señalado Fernández de la Vega, quien ha reiterado que la integración laboral de este colectivo es un objetivo en el que se ha trabajado activamente "y con esa estrategia se va a ver muy reforzada".
Esta "estrategia global de empleo" ha sido "negociada y consensuada" con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que existe un "elevado consenso" en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar.
Al desarrollo de esta estrategia se destinarán 3.700 millones de euros en toda España en los próximos años, de los que un 60% corresponderá a bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad, y el resto a fomentar el empleo protegido, en particular en los centros especiales de empleo.
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Com a Madrid, que hi ha una llista d'espera per a entrar en la llista d'espera? Què quedarà quan els tirem i governi l'esquerra? Ho hauran destrossat tot i repartit beneficis?
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Cervera anuncia la puesta en marcha del registro de pacientes en lista de espera
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha la primera fase del registro de pacientes en lista de espera, "centralizado e integral, que nos permitirá, entre otras cosas, conocer en tiempo real el impacto de las medidas de gestión que vayamos aplicando en cada uno de nuestros centros hospitalarios y de especialidades".
Cervera respondió así a las 24 preguntas formuladas por el diputado socialista Ignacio Subías para saber el número de pacientes en lista de espera -para la realización de exploraciones médicas- en los hospitales de la Comunitat. Cervera también indicó que en diciembre de 2007 la Agencia Valenciana de Salud tenía registrados a 2.149 pacientes en lista de espera es decir, "un 95,87% menos que en 1995".
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El partit "nacionalista i d'esquerres" que es diu Bloc ja ha expulsat l'individu de la moció de censura? Ja poden tapar-la, que la merda fa i farà pudor.
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La trama del agua late bajo la moción de censura de Calp
ARTURO RUIZ
Bloc y PP pasan página sobre un escándalo en el que hay seis imputados.
Fue uno de los grandes escándalos del pasado mandato y aún está pendiente de resolución judicial. Ahora, el caso Aguas de Calpe, por el que la empresa mixta del abastecimiento de esta población habría pagado un sobrecoste de más de un millón de euros por obras para sanear la red pública del agua, se ha convertido en el gran caballo de batalla de la moción de censura que dará la alcaldía hoy al edil del Bloc Nacionalista Valencià Ximo Tur, apoyado por el PP y el PSD.
Uno de los imputados es concejal del PP en la localidad
Aguas de Calpe pagó un millón de más por obras de la red de saneamiento
La moción desbancará del poder al PSPV y a su alcalde, Luis Serna, así como a la otra concejal nacionalista del Consistorio.
Tur ya ha advertido de que su nuevo gobierno procurará pasar página para que la presunta trama del agua no perjudique a una empresa que depende del Ayuntamiento. Sus nuevos socios del PP secundan la idea. Tienen entre sus filas a uno de los imputados, el edil popular y diputado provincial Juan Roselló, que era concejal de Aguas en 2004 cuando se aprobaron las polémicas obras, así como al propio cuñado de Roselló, Francisco Artacho, representante de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos. En cambio, los socialistas consideran que en Calp se ha cometido un fraude muy grave que debe investigarse hasta el final y por eso han aprovechado los pocos días que les quedaban de gobierno hasta el voto de censura para personarse como acusación en el proceso judicial.
Para ello, se amparan en un dictamen de técnicos de la propia Consejería de Industria y Comercio que revela sobrecostes en la empresa del agua. Estos se produjeron sobre todo en los movimientos de tierras para las obras de saneamiento. En ese capítulo, Aguas de Calpe gastó 790.256 euros para movimientos que no se llegaron a hacer. Por ese motivo, la consejería, en la comisión de control de precios, ha impuesto al Ayuntamiento la rebaja de la tarifa del agua. El PP pretendía financiar en el recibo del agua 3,3 millones de euros de las obras y ahora sólo se podrán cobrar 2,2 millones de los bolsillos de los vecinos de Calp.
Los populares adjudicaron las obras durante la pasada legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, a la empresa Obras Hidráulicas del Levante, que hasta el momento se dedicaba al reparto de propaganda mediante el sistema de buzoneo, no tenía ninguna vinculación con este tipo de obras, carecía de trabajadores y disponía de un capital social de 3.000 euros. En ese momento estalló el escándalo, que se amplificó cuando se supo que el cuñado de Roselló había actuado como representante de Obras Hidráulicas. Ésta última tuvo, además, que subcontratar las obras a Montubo, que sí tenía experiencia en este campo y que fue la que terminó por ejecutar las actuaciones.
Además de Roselló y Artacho, también hay otros cuatro imputados: Francisco Zorrilla, gerente de Aguas de Valencia; José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo. El juez les imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. En marzo de 2006, la Unión de Consumidores (UCE) se personó en el caso para defender los intereses de los ciudadanos.
Desde la oposición, PSPV y Bloc actuaron juntos para denunciar todas estas irregularidades, pero cuando ambos partidos formaron gobierno tras las elecciones de 2007, Ximo Tur comenzó a marcar distancias con los socialistas; y mostró su desinterés en castigar al PP por la trama. De hecho, se alió con los populares a la hora de aprobar un préstamo para Aguas de Calpe de un millón de euros e impuso al PSPV, según ha reconocido este último, la presentación de un recurso contra la resolución de la Generalitat donde se desvelaba el supuesto fraude. También logró que se designara para secretario del consejo de administración de la empresa a una persona vinculada a Aguas de Valencia, en vez de a un funcionario, y bloqueó la designación de un abogado que defendiera los intereses del Ayuntamiento en la trama.
Los socialistas transigieron. "Tur amenazó con romper el pacto que entonces manteníamos con él", asegura el edil Joan Morató. Sin embargo, una vez que el portavoz del Bloc ha decidido emprender un nuevo viaje político con el PP, los socialistas se han sentido libres para denunciar todas estas situaciones. Eso sí, cuando están a punto de pasar a la oposición.
El informe de Industria alerta de que las obras de Aguas son defectuosas, lo que puede provocar serias deficiencias en el abastecimiento en el futuro. Así, advierte de que 16 de los nuevos tramos de red "se encuentran en un estado crítico o inadecuado".
El PSPV ha seguido rastreando en la gestión del PP en el pasado mandato ante su regreso al poder hoy mismo. Y ha encontrado más cosas. Los socialistas anunciaron que pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una recalificación de suelo aprobada por el gobierno del entonces alcalde popular, Javier Morató, en contra de los criterios de los técnicos "y de los intereses del propio Ayuntamiento", aseguran en el PSPV.
La recalificación tuvo lugar en 2005 y posibilitó que una parcela de 14.000 metros cuadrados en la partida de Rafol pasara de suelo rústico a dotacional, lo que provocó un aumento de su valor. Lo más llamativo del caso es que el propio Javier Morató admitió esta actuación en el pleno del pasado junio. "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenían derecho", relató el ex alcalde de Calp.
Morató justificó esta actuación explicando que desde hacía tiempo su gobierno negociaba con los propietarios para que le vendieran su parcela, que el Ayuntamiento había ocupado por error para instalar una carpa. A pesar de la recalificación, los dueños de los terrenos decidieron no venderlos y denunciaron al Consistorio por ocupación ilegal. En mayo de 2008, un juzgado dio la razón a los propietarios, por lo que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSPV, tuvo que desalojar la carpa e iniciar el expediente de expropiación forzosa de la parcela, asunto que se debatía en el pleno de junio en el que el propio Morató reveló la polémica recalificación. De ahí que los socialistas hayan enviado un vídeo del pleno a la Fiscalía. El PSPV también ha llevado gastos sin expediente de contratación de la etapa popular por 14 millones de euros.
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Ara només cal estar alerta perquè el sàtrapa local no s'ho gasti en Fórmula 1, assessors, privatitzacions, deute de C9, ... I, a sobre, li tiri la culpa a Zapatero.
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El Gobierno destinará 85 millones para implantar la Ley de la Dependencia en la Comunitat
De la Vega ha anunciado un Plan de Acción para mejorar la independencia de las personas discapacitadas.
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy en Valencia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, un 38% más que en el presente ejercicio.
Fernández de la Vega ha hecho esta manifestaciones tras mantener una reunión con la nueva directiva del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), que el pasado viernes eligió a Juan Planells como presidente.
Según la vicepresidenta, durante la reunión los miembros del CERMI-CV le han transmitido su "preocupación" por el desarrollo de la ley de Dependencia en la Comunitat, una de las autonomías que "menos ha avanzado" en la aplicación de esta normativa, según ha dicho.
"Les he trasladado la voluntad del Gobierno de continuar impulsando el despliegue de la Ley en colaboración con todas las comunidades autónomas y en particular con aquellas, como es el caso de la valenciana, que han avanzado menos" en su aplicación.
La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno central "está decidido a que todas las personas que necesiten apoyo para desarrollar su vida diaria puedan ejercer el derecho que la Ley les ha reconocido, vivan en el territorio que vivan, en igualdad de condiciones".
"Es un derecho de los ciudadanos y todas las Administraciones Públicas tenemos el deber de posibilitar su cumplimiento", ha precisado María Teresa Fernández de la Vega.
Por su parte, Juan Planells ha explicado a los periodistas que durante la reunión han solicitado a Fernández de la Vega "transparencia" con la Ley de Dependencia, que ésta no entre "en el debate político" y que sea una normativa "de todos los españoles".
Según Planells, "hay extremos" en el desarrollo de esta Ley, ya que hay autonomías que van "más aprisa" y otras "más despacio", aunque "no es un tema de color político", y puso como ejemplo la Región de Murcia, donde gobierna el PP, "que ha hecho sus deberes y a 1 de septiembre tiene resuelto el 100% de los expedientes".
El dirigente del CERMI, entidad que representa al 95 por ciento de los más de 400.000 valencianos con discapacidad, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "ha habido un retraso, pero parece que ahora se están poniendo las pilas y se están dando más resoluciones"."De hecho, la Conselleria de Bienestar Social se ha reestructurado con una intención de agilizar las cosas", ha indicado Planells, quien ha considerado que el "tiempo dirá si será suficiente".
Fernández de la Vega ha informado además al CERMI-CV de que el Gobierno aprobará próximamente un Plan de Acción para personas con discapacidad, que tiene como objetivo continuar promoviendo la autonomía de las personas y diseñando y aplicando políticas públicas de forma que obtengan de ellas el mismo beneficio que el resto de las ciudadanos.
"De esa manera el Gobierno cumple su compromiso con la mejora de las condiciones y la calidad de las personas dependientes", ha indicado la vicepresidenta.
También ha destacado la estrategia global de Empleo para personas con discapacidad 2008-2012, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre y que constituirá, ha dicho, "una importante herramienta para la integración laboral" para estas personas a lo largo de la legislatura.
Las personas con discapacidad representan el 8,6% de la población activa pero solo el 4,1% del total de ocupados, ha señalado Fernández de la Vega, quien ha reiterado que la integración laboral de este colectivo es un objetivo en el que se ha trabajado activamente "y con esa estrategia se va a ver muy reforzada".
Esta "estrategia global de empleo" ha sido "negociada y consensuada" con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, por lo que existe un "elevado consenso" en los objetivos a alcanzar y en las líneas de actuación a desarrollar.
Al desarrollo de esta estrategia se destinarán 3.700 millones de euros en toda España en los próximos años, de los que un 60% corresponderá a bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad, y el resto a fomentar el empleo protegido, en particular en los centros especiales de empleo.
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Com a Madrid, que hi ha una llista d'espera per a entrar en la llista d'espera? Què quedarà quan els tirem i governi l'esquerra? Ho hauran destrossat tot i repartit beneficis?
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Cervera anuncia la puesta en marcha del registro de pacientes en lista de espera
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha la primera fase del registro de pacientes en lista de espera, "centralizado e integral, que nos permitirá, entre otras cosas, conocer en tiempo real el impacto de las medidas de gestión que vayamos aplicando en cada uno de nuestros centros hospitalarios y de especialidades".
Cervera respondió así a las 24 preguntas formuladas por el diputado socialista Ignacio Subías para saber el número de pacientes en lista de espera -para la realización de exploraciones médicas- en los hospitales de la Comunitat. Cervera también indicó que en diciembre de 2007 la Agencia Valenciana de Salud tenía registrados a 2.149 pacientes en lista de espera es decir, "un 95,87% menos que en 1995".
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El partit "nacionalista i d'esquerres" que es diu Bloc ja ha expulsat l'individu de la moció de censura? Ja poden tapar-la, que la merda fa i farà pudor.
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La trama del agua late bajo la moción de censura de Calp
ARTURO RUIZ
Bloc y PP pasan página sobre un escándalo en el que hay seis imputados.
Fue uno de los grandes escándalos del pasado mandato y aún está pendiente de resolución judicial. Ahora, el caso Aguas de Calpe, por el que la empresa mixta del abastecimiento de esta población habría pagado un sobrecoste de más de un millón de euros por obras para sanear la red pública del agua, se ha convertido en el gran caballo de batalla de la moción de censura que dará la alcaldía hoy al edil del Bloc Nacionalista Valencià Ximo Tur, apoyado por el PP y el PSD.
Uno de los imputados es concejal del PP en la localidad
Aguas de Calpe pagó un millón de más por obras de la red de saneamiento
La moción desbancará del poder al PSPV y a su alcalde, Luis Serna, así como a la otra concejal nacionalista del Consistorio.
Tur ya ha advertido de que su nuevo gobierno procurará pasar página para que la presunta trama del agua no perjudique a una empresa que depende del Ayuntamiento. Sus nuevos socios del PP secundan la idea. Tienen entre sus filas a uno de los imputados, el edil popular y diputado provincial Juan Roselló, que era concejal de Aguas en 2004 cuando se aprobaron las polémicas obras, así como al propio cuñado de Roselló, Francisco Artacho, representante de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos. En cambio, los socialistas consideran que en Calp se ha cometido un fraude muy grave que debe investigarse hasta el final y por eso han aprovechado los pocos días que les quedaban de gobierno hasta el voto de censura para personarse como acusación en el proceso judicial.
Para ello, se amparan en un dictamen de técnicos de la propia Consejería de Industria y Comercio que revela sobrecostes en la empresa del agua. Estos se produjeron sobre todo en los movimientos de tierras para las obras de saneamiento. En ese capítulo, Aguas de Calpe gastó 790.256 euros para movimientos que no se llegaron a hacer. Por ese motivo, la consejería, en la comisión de control de precios, ha impuesto al Ayuntamiento la rebaja de la tarifa del agua. El PP pretendía financiar en el recibo del agua 3,3 millones de euros de las obras y ahora sólo se podrán cobrar 2,2 millones de los bolsillos de los vecinos de Calp.
Los populares adjudicaron las obras durante la pasada legislatura, cuando gobernaban con mayoría absoluta, a la empresa Obras Hidráulicas del Levante, que hasta el momento se dedicaba al reparto de propaganda mediante el sistema de buzoneo, no tenía ninguna vinculación con este tipo de obras, carecía de trabajadores y disponía de un capital social de 3.000 euros. En ese momento estalló el escándalo, que se amplificó cuando se supo que el cuñado de Roselló había actuado como representante de Obras Hidráulicas. Ésta última tuvo, además, que subcontratar las obras a Montubo, que sí tenía experiencia en este campo y que fue la que terminó por ejecutar las actuaciones.
Además de Roselló y Artacho, también hay otros cuatro imputados: Francisco Zorrilla, gerente de Aguas de Valencia; José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe; Jesús Lara, ex administrador de Obras Hidráulicas, y Salvador Ibarra, administrador de Montubo. El juez les imputa presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios. En marzo de 2006, la Unión de Consumidores (UCE) se personó en el caso para defender los intereses de los ciudadanos.
Desde la oposición, PSPV y Bloc actuaron juntos para denunciar todas estas irregularidades, pero cuando ambos partidos formaron gobierno tras las elecciones de 2007, Ximo Tur comenzó a marcar distancias con los socialistas; y mostró su desinterés en castigar al PP por la trama. De hecho, se alió con los populares a la hora de aprobar un préstamo para Aguas de Calpe de un millón de euros e impuso al PSPV, según ha reconocido este último, la presentación de un recurso contra la resolución de la Generalitat donde se desvelaba el supuesto fraude. También logró que se designara para secretario del consejo de administración de la empresa a una persona vinculada a Aguas de Valencia, en vez de a un funcionario, y bloqueó la designación de un abogado que defendiera los intereses del Ayuntamiento en la trama.
Los socialistas transigieron. "Tur amenazó con romper el pacto que entonces manteníamos con él", asegura el edil Joan Morató. Sin embargo, una vez que el portavoz del Bloc ha decidido emprender un nuevo viaje político con el PP, los socialistas se han sentido libres para denunciar todas estas situaciones. Eso sí, cuando están a punto de pasar a la oposición.
El informe de Industria alerta de que las obras de Aguas son defectuosas, lo que puede provocar serias deficiencias en el abastecimiento en el futuro. Así, advierte de que 16 de los nuevos tramos de red "se encuentran en un estado crítico o inadecuado".
El PSPV ha seguido rastreando en la gestión del PP en el pasado mandato ante su regreso al poder hoy mismo. Y ha encontrado más cosas. Los socialistas anunciaron que pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una recalificación de suelo aprobada por el gobierno del entonces alcalde popular, Javier Morató, en contra de los criterios de los técnicos "y de los intereses del propio Ayuntamiento", aseguran en el PSPV.
La recalificación tuvo lugar en 2005 y posibilitó que una parcela de 14.000 metros cuadrados en la partida de Rafol pasara de suelo rústico a dotacional, lo que provocó un aumento de su valor. Lo más llamativo del caso es que el propio Javier Morató admitió esta actuación en el pleno del pasado junio. "De la noche a la mañana, a la familia propietaria de esa parcela, que es muy conocida en Calp y con la que yo tengo relación desde hace muchos años, le tocó la lotería, ya que con la nueva calificación aumentaban a 2.903 las unidades de aprovechamiento urbanístico a las que tenían derecho", relató el ex alcalde de Calp.
Morató justificó esta actuación explicando que desde hacía tiempo su gobierno negociaba con los propietarios para que le vendieran su parcela, que el Ayuntamiento había ocupado por error para instalar una carpa. A pesar de la recalificación, los dueños de los terrenos decidieron no venderlos y denunciaron al Consistorio por ocupación ilegal. En mayo de 2008, un juzgado dio la razón a los propietarios, por lo que el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSPV, tuvo que desalojar la carpa e iniciar el expediente de expropiación forzosa de la parcela, asunto que se debatía en el pleno de junio en el que el propio Morató reveló la polémica recalificación. De ahí que los socialistas hayan enviado un vídeo del pleno a la Fiscalía. El PSPV también ha llevado gastos sin expediente de contratación de la etapa popular por 14 millones de euros.
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divendres, 3 d’octubre del 2008
Borja Mari Costa trasllada a Zapatero tot el pes de la crisi i el declara enemic públic
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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